Chaco profundiza los controles sobre el Yaguareté
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Reforzarán controles de caza furtiva del Yaguareté y proteger la fauna chaqueña
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Chaco Día a Día
Provincia/Región: Chaco
El gobernador Domingo Peppo se reunió en Buenos Aires con la ONG Yaguareté con el objetivo de apostar a las políticas de protección y concientización para el cuidado de las especies. Durante el encuentro, se analizó la situación de peligro en la que se encuentra la especie en la provincia del Chaco y se definió trabajar en una agenda conjunta para fomentar su preservación y luchar contra la caza furtiva.
El gobernador Domingo Peppo se reunió con el director de la ONG Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, una fundación sin fines de lucro destinada a la protección del tigre americano en Argentina.
“Destacamos el rol de la ONG y les dejo mi compromiso de llevar adelante una agenda de acciones para fomentar la protección del yaguareté a través de políticas que refuercen los controles de caza furtiva y fortalecer el cuidado de las áreas protegidas en la provincia”, afirmó el gobernador.
En la oportunidad, el mandatario detalló que se habló “de fortalecer la concepción colectiva del cuidado, prevención y para que aumente la cantidad de especies que existen en la provincia”. Para ello buscarán concretar una serie de convenios: “Esto se condice con una fuerte política de protección, eliminación de los mitos y comenzar el cuidado para evitar la caza pero reforzando la presencia del Estado a través de la actividad constante, tomando ejemplos de trabajos realizados por la ONG en Misiones”, mencionó el gobernador.
“Debemos crear áreas nuevas, asignar recursos para la activación de protocolos de intervención de trabajo y cuidado teniendo en cuenta que el medio ambiente y la riqueza del Chaco es fundamental para el desarrollo de la provincia”, remarcó.
En ese sentido, aludió: “la idea es fortalecer el trabajo guardapaerques crear un especie institución con más recursos y una fuerte política de concientización y ampliación de zonas de reservas lo que queremos ir incorporando de forma progresiva en el Chaco”.
Fortalecer los controles
Por su parte el titular de la fundación, Nicolás Lodeiro Ocampo, señaló que lo primordial “es fortalecer el control y terminar la cacería en la región de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero” y agregó: “todavía hay una superficie de monte en la provincia del Chaco que puede albergar yaguaretés”.
“Lo que propusimos al gobernador es una serie de medidas que tiene que ver con la creación de nuevas áreas protegidas en la provincia y la mejor implementación de las que ya existen como el Parque Provincial Fuerte Esperanza y Loro Hablador”, afirmó.
Doleiro también, se refirió a la necesidad de “institucionalizar de un cuerpo de guardaparques, dictar capacitaciones y dotarlos de todos los instrumentos para que puedan cumplir con su rol de cuidar las áreas protegidas y fortalecer el control de cacería en todas las regiones”. Además, reclamar penas más duras contra cazadores: “hoy lo que se requiere que el Estado defienda a las especies desde el Fiscalía de Estado que querelle e impulse las penas para mostrar al que quiere seguir cazando, que esto le saldrá muy caro desde el punto de vista económico y penal”, enfatizó.
“Estamos en el momento en el que vemos cómo se extingue en nuestras narices y tenemos alrededor de 25 yaguaretés en la región. Contar con la palabra del gobernador y que instruya a su gente para se aboquen a estas acciones, es muy importante y gratificante para nosotros”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Chaco Día a Día
Provincia/Región: Chaco
El gobernador Domingo Peppo se reunió en Buenos Aires con la ONG Yaguareté con el objetivo de apostar a las políticas de protección y concientización para el cuidado de las especies. Durante el encuentro, se analizó la situación de peligro en la que se encuentra la especie en la provincia del Chaco y se definió trabajar en una agenda conjunta para fomentar su preservación y luchar contra la caza furtiva.
El gobernador Domingo Peppo se reunió con el director de la ONG Red Yaguareté, Nicolás Lodeiro Ocampo, una fundación sin fines de lucro destinada a la protección del tigre americano en Argentina.
“Destacamos el rol de la ONG y les dejo mi compromiso de llevar adelante una agenda de acciones para fomentar la protección del yaguareté a través de políticas que refuercen los controles de caza furtiva y fortalecer el cuidado de las áreas protegidas en la provincia”, afirmó el gobernador.
En la oportunidad, el mandatario detalló que se habló “de fortalecer la concepción colectiva del cuidado, prevención y para que aumente la cantidad de especies que existen en la provincia”. Para ello buscarán concretar una serie de convenios: “Esto se condice con una fuerte política de protección, eliminación de los mitos y comenzar el cuidado para evitar la caza pero reforzando la presencia del Estado a través de la actividad constante, tomando ejemplos de trabajos realizados por la ONG en Misiones”, mencionó el gobernador.
“Debemos crear áreas nuevas, asignar recursos para la activación de protocolos de intervención de trabajo y cuidado teniendo en cuenta que el medio ambiente y la riqueza del Chaco es fundamental para el desarrollo de la provincia”, remarcó.
En ese sentido, aludió: “la idea es fortalecer el trabajo guardapaerques crear un especie institución con más recursos y una fuerte política de concientización y ampliación de zonas de reservas lo que queremos ir incorporando de forma progresiva en el Chaco”.
Fortalecer los controles
Por su parte el titular de la fundación, Nicolás Lodeiro Ocampo, señaló que lo primordial “es fortalecer el control y terminar la cacería en la región de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero” y agregó: “todavía hay una superficie de monte en la provincia del Chaco que puede albergar yaguaretés”.
“Lo que propusimos al gobernador es una serie de medidas que tiene que ver con la creación de nuevas áreas protegidas en la provincia y la mejor implementación de las que ya existen como el Parque Provincial Fuerte Esperanza y Loro Hablador”, afirmó.
Doleiro también, se refirió a la necesidad de “institucionalizar de un cuerpo de guardaparques, dictar capacitaciones y dotarlos de todos los instrumentos para que puedan cumplir con su rol de cuidar las áreas protegidas y fortalecer el control de cacería en todas las regiones”. Además, reclamar penas más duras contra cazadores: “hoy lo que se requiere que el Estado defienda a las especies desde el Fiscalía de Estado que querelle e impulse las penas para mostrar al que quiere seguir cazando, que esto le saldrá muy caro desde el punto de vista económico y penal”, enfatizó.
“Estamos en el momento en el que vemos cómo se extingue en nuestras narices y tenemos alrededor de 25 yaguaretés en la región. Contar con la palabra del gobernador y que instruya a su gente para se aboquen a estas acciones, es muy importante y gratificante para nosotros”, finalizó.
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Futuro puente Santa Fe-Paraná sin muchos datos ambientales
Vecinos de la Costa quieren conocer el impacto del futuro puente Santa Fe-Paraná
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Nación impulsa la trazabilidad en los productos forestales
Avanza el control forestal en Argentina
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente nacional impulsa la trazabilidad en los productos forestales y busca combatir el transporte y el comercio ilegales de la madera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del director nacional de Bosques Juan Pedro Cano, presentó a técnicos y autoridades de provincias patagónicas y del norte argentino el sistema de administración, control y verificación forestal (SACVeFor), una herramienta de influencia directa en la mejora y el control del manejo forestal que permitirá elevar la transparencia y la fiscalización sobre el uso de los bosques nativos.
“Buscamos tener mejores herramientas para transparentar la gestión ambiental y mejorar la trazabilidad y control de los bosques”, destacó Cano.
Mediante un taller desarrollado en dos jornadas, el primer día con representantes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y el segundo con representantes de Catamarca, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Misiones y Formosa, profundizaron en la implementación del sistema de guía única electrónica desarrollado por el Ministerio de Ambiente nacional para obtener trazabilidad en los productos forestales y combatir el transporte y el comercio ilegales de madera.
Durante la actividad se compartieron experiencias de las realidades locales y regionales en el registro, tránsito y control de productos madereros, se abordaron las utilidades del sistema y se realizaron pruebas para su posterior utilización.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente nacional impulsa la trazabilidad en los productos forestales y busca combatir el transporte y el comercio ilegales de la madera.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través del director nacional de Bosques Juan Pedro Cano, presentó a técnicos y autoridades de provincias patagónicas y del norte argentino el sistema de administración, control y verificación forestal (SACVeFor), una herramienta de influencia directa en la mejora y el control del manejo forestal que permitirá elevar la transparencia y la fiscalización sobre el uso de los bosques nativos.
“Buscamos tener mejores herramientas para transparentar la gestión ambiental y mejorar la trazabilidad y control de los bosques”, destacó Cano.
Mediante un taller desarrollado en dos jornadas, el primer día con representantes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, y el segundo con representantes de Catamarca, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Misiones y Formosa, profundizaron en la implementación del sistema de guía única electrónica desarrollado por el Ministerio de Ambiente nacional para obtener trazabilidad en los productos forestales y combatir el transporte y el comercio ilegales de madera.
Durante la actividad se compartieron experiencias de las realidades locales y regionales en el registro, tránsito y control de productos madereros, se abordaron las utilidades del sistema y se realizaron pruebas para su posterior utilización.
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Como se prepara Argentina para el cambio climático
Las claves del plan que prepara Argentina para adaptarse al cambio climático
Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La historia del hombre es la historia de la adaptación. Una de sus mayores fortalezas para permanecer en un planeta tan distinto a los largo de los siglos. Pero el cambio climático exige un desafío mayor: hacer profundas transformaciones sociales, económicas y productivas a una velocidad como nunca antes.
Tras asegurarse una donación internacional de u$s 3 millones para financiarlo, Argentina elabora su Plan Nacional de Adaptación, que espera presentar en 2019, con acciones para minimizar los impactos adversos del calentamiento global. Ámbito.com dialogó con Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y desarrollo Sustentable, Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático y Lucas Di Pietro, coordinador de Adaptación al Cambio Climático, para conocer sus características y alcances.
Un plan vivo
Carlos Gentile: Queremos sentar las bases para disminuir el impacto de los eventos de cambio climático y generar respuestas. Es un plan vivo, al que todo el tiempo estamos reviendo, dividido en tres ejes: Agroindustria, Industria e Infraestructura. La adaptación necesita una mirada nacional y estratégica, que sea más que la suma de planes sectoriales. Precisa mapas de riesgo, nuevos estudios y un Informe País que haga un diagnóstico actualizado sobre los efectos del calentamiento global.
Soledad Aguilar: En la mitigación se venía trabajando desde antes, pero con las políticas de adaptación empezamos desde cero. Queremos tener listo el plan para 2019. Pero antes, como la adaptación en definitiva es un tema local, debemos hablar con cientos de municipios. Cada uno de ellos deberá desarrollar su plan, será un proceso que llevara unos 10 años. Además estamos haciendo manuales para inundaciones, para planificación urbana, cursos de capacitación on line, queremos llegar a todos lados.
Lucas Di Pietro: A nivel federal, cada provincia nos indica cuáles son sus preocupaciones y hasta donde quiere involucrarse. Están muy interesadas en los planes regionales. La Patagonia para dar respuesta a los incendios, porque las provincias ven que aumentaron en alcance y frecuencia. El Litoral busca amortiguar el exceso hídrico y las inundaciones. Cuyo necesita paliar el déficit de agua. En el norte, el desafío es contener los deslaves.
Cuestión de fondos
CG: El plan traccionará proyectos específicos para después salir a buscar financiamiento con las provincias o municipios. Los dos fondos más grandes que existen son el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima, nosotros sabemos qué tipo de proyectos presentar y cómo tienen que estar escritos para aplicar. Debemos tener una estrategia clara, para que después no haya ciudades o provincias tratando de aplicar a fondos aislados, es preferible organizarse bajo una visión estratégica.
SA: Los organismos buscan que el dinero tenga un sentido, no quieren invertir en esfuerzos perdidos. Por eso es importante que el plan de adaptación diseñado para el país se replique a las provincias.
LDP: Con distintos recursos se están llevando adelante proyectos en paralelo. Así obtuvimos u$s 5 millones para obras en el sur de la provincia de Buenos Aires y otros u$s 5 millones para Chaco. Estamos trabajando en una donación importante de u$s 14 millones para obras en Entre Ríos (en conjunto con Uruguay) y otra muy importante para la cuenca del río Luján.
El rol de los privados
LDP: Las industrias y el sector privado necesitan que el Gobierno tome la iniciativa y de señales claras de su política climática. Sin un marco, las empresas invierten pero no saben en qué.
CG: Las empresas piden claridad. Hay que ordenarlas para que no mezclen responsabilidad social con políticas sustentables. Pero los empresarios ya empiezan a entender que es una inversión: si las vías de los ferrocarriles están dobladas por el calor los afecta directamente, porque no pueden trasladar la producción.
SA: Cuando marcamos la línea tuvimos buenas experiencias. A los sectores productivos los afectan las olas de calor, las inundaciones, por eso deben tener un manejo adaptativo. Pero hay que tener cuidado con las leyes muy estáticas, porque para la adaptación se necesita feedback permanente y normas regulatorias flexibles. Nada de lo que se haga va a durar inmutable 10 años.
Clima vs. Cambio climático
CG: Hay una gran diferencia entre clima y cambio climático. Si examinas las series históricas de las inundaciones, vas a obtener estadísticas de las crecidas de los ríos y su recurrencia, y vas a hacer las defensas en base a eso. Pero el cambio climático plantea que ya no alcanzan esas series históricas para proyectar, no basta con mirar hacia atrás.
LDP: El cambio climático te obliga a encontrar nuevas alternativas. Si las sequías te afectan los cultivos hay que desarrollar semillas más resistentes. En un caso extremo, si retrocede un glaciar y se pierde una fuente de agua, habrá que mover una comunidad entera. Lugares que viven del esquí enfrentan situaciones irreversibles de menor cantidad de nieve. En Suiza cubren la nieve con telas especiales para que no se evapore, pero son medidas muy caras.
SA: Las zonas que cada vez tienen menos días de nieve deberán generar alternativas viables y diversificar la oferta turística. El concepto es ese: adaptarse a lo que hay y a lo que vendrá. Tratar de reducir el impacto con medidas preventivas y ver qué se hace con los efectos, aunque entre lo que estamos viendo y lo que va a venir hay un montón de incertidumbres. Todo el tiempo corregimos los datos en nuevos escenarios, es un proceso circular en el que cuando llegas al final tenés que volver a empezar.
El agua y el fuego
SA: Los dos temas más importantes para nuestro país son las inundaciones y los incendios, porque son los que causan más muertes. Claro que no existe la prevención de esos problemas, pero sí de sus impactos. Es importante que la gente conozca cómo enfrentar el problema para prepararse: por eso en el sur saben cómo manejarse ante un incendio y en el resto del país cuando hay un incendio se pierde todo. En las islas del Tigre cuando sube el agua la gente sigue haciendo su vida y cuando llueve afuera del Delta es un desastre. La cultura de relacionamiento con el fenómeno es diferente.
CG: En el momento que pase un desastre no se verá este trabajo. Un ejemplo: cuando los sistemas de alerta temprana detectan que el índice de materia seca puede disparar probabilidad de incendios, se avisa a la provincia para que prepare el dispositivo y planeen cortafuegos para que no se propague. Es así: lo que hacemos se nota cuando algo no pasa, cuando el desastre se produce pero impacta menos en la población
LDP: Las inundaciones son un gran tema: en algunos sectores causan el 80% de los impactos económicos. Pero además desencadena efectos sobre temas sanitarios, por los vectores de enfermedad, los mosquitos, etc. Brasil lo sufrió con el zika y la fiebre amarilla.
Objetivo: resiliencia
SA: A los ingenieros y arquitectos les enseñan a mirar todo dimensionando para atrás, entonces construyen como se construyó históricamente en esa zona. Ahora logramos que los proyectos PPP (Participación Público Privada) pasen por acá, y aunque no tenemos poder de veto, recomendamos que miren las proyecciones, que las viviendas sean sustentables y tengan determinadas características. No podemos superponernos con su tarea, pero somos un valor agregado.
CG: La adaptación al cambio climático tiene que cruzar toda la infraestructura. Una represa o un puente pueden durar 80 años, y si proyectas a futuro la ocurrencia de eventos relacionados con el clima no es la misma que en el siglo previo. Nosotros señalamos todo lo que tendría que considerar un estudio de impacto ambiental, para que esté presente la adaptación al cambio climático en la planificación de una obra.
LDP: Uno de los manuales que estamos haciendo está dirigido a las obras, para que al momento de construir una ruta, una hidroeléctrica, una vivienda o un barrio privado se tengan en cuenta estas situaciones. El monitoreo también es muy importante, porque quizás desde las buenas intenciones se toman decisiones que en realidad aumentan la vulnerabilidad. Todo el tiempo hay que estar recalculando. En Córdoba, por ejemplo, se había hecho una defensa contra las inundaciones. Cuando llegaron las lluvias fueron mayores a lo previsto, la corriente superó las barreras y quedó cercada, no podía salir. Durante cinco semanas la ciudad estuvo tapada por el agua.
Una puerta abierta
CG: Hay cosas que no tienen vuelta atrás, en el gabinete de cambio climático ampliado participan ONGs, ámbito académico, sector privado, las provincias. No aseguro que otro gobierno seguirá los planes 100%, pero es difícil cerrar una puerta que fue abierta. Son planes que trascienden gobiernos, ningún presidente o gobernador correrá el riesgo de perder fondos para la adaptación, con el costo político y el impacto mediático que eso podría tener.
LDP: En EEUU, la posición anticlima de Trump provocó que muchos estados digan: "Ya que no vas a hacer nada, yo redoblo mi apuesta". Tanto alcaldes republicanos como demócratas incrementaron sus objetivos climáticos. Acá pasará lo mismo: si el gobierno no quiere hacer nada a nivel nacional, lo hará cada provincia.
SA: Los técnicos trascienden a los gobiernos y seguirán con esto. Está pensado para sostenerse, por eso nos relacionamos con todas las provincias sin depender del signo político. Cuando un líder político no le da importancia al tema posiblemente se frena, pero no desaparece.
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Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
La historia del hombre es la historia de la adaptación. Una de sus mayores fortalezas para permanecer en un planeta tan distinto a los largo de los siglos. Pero el cambio climático exige un desafío mayor: hacer profundas transformaciones sociales, económicas y productivas a una velocidad como nunca antes.
Tras asegurarse una donación internacional de u$s 3 millones para financiarlo, Argentina elabora su Plan Nacional de Adaptación, que espera presentar en 2019, con acciones para minimizar los impactos adversos del calentamiento global. Ámbito.com dialogó con Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y desarrollo Sustentable, Soledad Aguilar, directora nacional de Cambio Climático y Lucas Di Pietro, coordinador de Adaptación al Cambio Climático, para conocer sus características y alcances.
Un plan vivo
Carlos Gentile: Queremos sentar las bases para disminuir el impacto de los eventos de cambio climático y generar respuestas. Es un plan vivo, al que todo el tiempo estamos reviendo, dividido en tres ejes: Agroindustria, Industria e Infraestructura. La adaptación necesita una mirada nacional y estratégica, que sea más que la suma de planes sectoriales. Precisa mapas de riesgo, nuevos estudios y un Informe País que haga un diagnóstico actualizado sobre los efectos del calentamiento global.
Soledad Aguilar: En la mitigación se venía trabajando desde antes, pero con las políticas de adaptación empezamos desde cero. Queremos tener listo el plan para 2019. Pero antes, como la adaptación en definitiva es un tema local, debemos hablar con cientos de municipios. Cada uno de ellos deberá desarrollar su plan, será un proceso que llevara unos 10 años. Además estamos haciendo manuales para inundaciones, para planificación urbana, cursos de capacitación on line, queremos llegar a todos lados.
Lucas Di Pietro: A nivel federal, cada provincia nos indica cuáles son sus preocupaciones y hasta donde quiere involucrarse. Están muy interesadas en los planes regionales. La Patagonia para dar respuesta a los incendios, porque las provincias ven que aumentaron en alcance y frecuencia. El Litoral busca amortiguar el exceso hídrico y las inundaciones. Cuyo necesita paliar el déficit de agua. En el norte, el desafío es contener los deslaves.
Cuestión de fondos
CG: El plan traccionará proyectos específicos para después salir a buscar financiamiento con las provincias o municipios. Los dos fondos más grandes que existen son el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima, nosotros sabemos qué tipo de proyectos presentar y cómo tienen que estar escritos para aplicar. Debemos tener una estrategia clara, para que después no haya ciudades o provincias tratando de aplicar a fondos aislados, es preferible organizarse bajo una visión estratégica.
SA: Los organismos buscan que el dinero tenga un sentido, no quieren invertir en esfuerzos perdidos. Por eso es importante que el plan de adaptación diseñado para el país se replique a las provincias.
LDP: Con distintos recursos se están llevando adelante proyectos en paralelo. Así obtuvimos u$s 5 millones para obras en el sur de la provincia de Buenos Aires y otros u$s 5 millones para Chaco. Estamos trabajando en una donación importante de u$s 14 millones para obras en Entre Ríos (en conjunto con Uruguay) y otra muy importante para la cuenca del río Luján.
El rol de los privados
LDP: Las industrias y el sector privado necesitan que el Gobierno tome la iniciativa y de señales claras de su política climática. Sin un marco, las empresas invierten pero no saben en qué.
CG: Las empresas piden claridad. Hay que ordenarlas para que no mezclen responsabilidad social con políticas sustentables. Pero los empresarios ya empiezan a entender que es una inversión: si las vías de los ferrocarriles están dobladas por el calor los afecta directamente, porque no pueden trasladar la producción.
SA: Cuando marcamos la línea tuvimos buenas experiencias. A los sectores productivos los afectan las olas de calor, las inundaciones, por eso deben tener un manejo adaptativo. Pero hay que tener cuidado con las leyes muy estáticas, porque para la adaptación se necesita feedback permanente y normas regulatorias flexibles. Nada de lo que se haga va a durar inmutable 10 años.
Clima vs. Cambio climático
CG: Hay una gran diferencia entre clima y cambio climático. Si examinas las series históricas de las inundaciones, vas a obtener estadísticas de las crecidas de los ríos y su recurrencia, y vas a hacer las defensas en base a eso. Pero el cambio climático plantea que ya no alcanzan esas series históricas para proyectar, no basta con mirar hacia atrás.
LDP: El cambio climático te obliga a encontrar nuevas alternativas. Si las sequías te afectan los cultivos hay que desarrollar semillas más resistentes. En un caso extremo, si retrocede un glaciar y se pierde una fuente de agua, habrá que mover una comunidad entera. Lugares que viven del esquí enfrentan situaciones irreversibles de menor cantidad de nieve. En Suiza cubren la nieve con telas especiales para que no se evapore, pero son medidas muy caras.
SA: Las zonas que cada vez tienen menos días de nieve deberán generar alternativas viables y diversificar la oferta turística. El concepto es ese: adaptarse a lo que hay y a lo que vendrá. Tratar de reducir el impacto con medidas preventivas y ver qué se hace con los efectos, aunque entre lo que estamos viendo y lo que va a venir hay un montón de incertidumbres. Todo el tiempo corregimos los datos en nuevos escenarios, es un proceso circular en el que cuando llegas al final tenés que volver a empezar.
El agua y el fuego
SA: Los dos temas más importantes para nuestro país son las inundaciones y los incendios, porque son los que causan más muertes. Claro que no existe la prevención de esos problemas, pero sí de sus impactos. Es importante que la gente conozca cómo enfrentar el problema para prepararse: por eso en el sur saben cómo manejarse ante un incendio y en el resto del país cuando hay un incendio se pierde todo. En las islas del Tigre cuando sube el agua la gente sigue haciendo su vida y cuando llueve afuera del Delta es un desastre. La cultura de relacionamiento con el fenómeno es diferente.
CG: En el momento que pase un desastre no se verá este trabajo. Un ejemplo: cuando los sistemas de alerta temprana detectan que el índice de materia seca puede disparar probabilidad de incendios, se avisa a la provincia para que prepare el dispositivo y planeen cortafuegos para que no se propague. Es así: lo que hacemos se nota cuando algo no pasa, cuando el desastre se produce pero impacta menos en la población
LDP: Las inundaciones son un gran tema: en algunos sectores causan el 80% de los impactos económicos. Pero además desencadena efectos sobre temas sanitarios, por los vectores de enfermedad, los mosquitos, etc. Brasil lo sufrió con el zika y la fiebre amarilla.
Objetivo: resiliencia
SA: A los ingenieros y arquitectos les enseñan a mirar todo dimensionando para atrás, entonces construyen como se construyó históricamente en esa zona. Ahora logramos que los proyectos PPP (Participación Público Privada) pasen por acá, y aunque no tenemos poder de veto, recomendamos que miren las proyecciones, que las viviendas sean sustentables y tengan determinadas características. No podemos superponernos con su tarea, pero somos un valor agregado.
CG: La adaptación al cambio climático tiene que cruzar toda la infraestructura. Una represa o un puente pueden durar 80 años, y si proyectas a futuro la ocurrencia de eventos relacionados con el clima no es la misma que en el siglo previo. Nosotros señalamos todo lo que tendría que considerar un estudio de impacto ambiental, para que esté presente la adaptación al cambio climático en la planificación de una obra.
LDP: Uno de los manuales que estamos haciendo está dirigido a las obras, para que al momento de construir una ruta, una hidroeléctrica, una vivienda o un barrio privado se tengan en cuenta estas situaciones. El monitoreo también es muy importante, porque quizás desde las buenas intenciones se toman decisiones que en realidad aumentan la vulnerabilidad. Todo el tiempo hay que estar recalculando. En Córdoba, por ejemplo, se había hecho una defensa contra las inundaciones. Cuando llegaron las lluvias fueron mayores a lo previsto, la corriente superó las barreras y quedó cercada, no podía salir. Durante cinco semanas la ciudad estuvo tapada por el agua.
Una puerta abierta
CG: Hay cosas que no tienen vuelta atrás, en el gabinete de cambio climático ampliado participan ONGs, ámbito académico, sector privado, las provincias. No aseguro que otro gobierno seguirá los planes 100%, pero es difícil cerrar una puerta que fue abierta. Son planes que trascienden gobiernos, ningún presidente o gobernador correrá el riesgo de perder fondos para la adaptación, con el costo político y el impacto mediático que eso podría tener.
LDP: En EEUU, la posición anticlima de Trump provocó que muchos estados digan: "Ya que no vas a hacer nada, yo redoblo mi apuesta". Tanto alcaldes republicanos como demócratas incrementaron sus objetivos climáticos. Acá pasará lo mismo: si el gobierno no quiere hacer nada a nivel nacional, lo hará cada provincia.
SA: Los técnicos trascienden a los gobiernos y seguirán con esto. Está pensado para sostenerse, por eso nos relacionamos con todas las provincias sin depender del signo político. Cuando un líder político no le da importancia al tema posiblemente se frena, pero no desaparece.
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Operativo en Misiones para destrir trampas "parís"
Ecología: En importante operativo en conjunto destruyen trampas parís sobre Arroyo Bonito
Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Luego de la detección, realizada con la utilización de medios aéreos, de nueve trampas – tipo Paris – sobre el cauce del arroyo Bonito en el municipio de Campo Ramón, se concreto un gran operativo con el despliegue de cerca de 100 efectivos, para la destrucción de las trampas identificadas, las cuales obstaculizaban el cauce del arroyo, generando un gran daño ambiental, no sólo por la captura indiscriminada y furtiva de peces sino también por alterar toda la dinámica del ecosistema acuático del Arroyo afluente del Uruguay, y del que también toma agua el municipio de Oberá.
El Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, libró órdenes de allanamiento para actuar a los fines de hacer cesar el delito ambiental.
El Ministerio de Ecología y de RNR de Misiones encabezado por el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Ecología Alan Benítez Vortisc. También participaron el Comisario General Lorenzo Viera, subjefe de Seguridad de la Policía de la provincia y con el amplio apoyo del ministerio de Gobierno en la figura del Ministro Marcelo Pérez, y la Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón Oberá.
Con el despliegue desde las primeras horas de la mañana del día viernes 8 de junio y que culminó pasado el mediodía del sábado 9 de junio, los efectivos de las distintas fuerzas, acompañados por guardaparques y guardafaunas del Ministerio de Ecología, se procedió a diseñar la logística y la división de los distintos grupos para proceder a la ruptura de trampas. A continuación, y luego de caminar una importante distancia en zona de monte, por una picada que es utilizada por los infractores ambientales, se procedió la destrucción con herramientas manuales para ocasionar un mínimo impacto, de las trampas.
En el marco del operativo también se destruyeron cebaderos, sobrados, así como también se detuvo y decomisó un camión con leña que no poseía la guía correspondiente.
Lass trampas tipo parís son empalizadas que se realizan sobre el cauce del río o arroyo con troncos de distintos diámetros y tacuaras, unidas con cables y clavos, conformando una entramada imposible de superar para los peces, que caen en la trampa y son recolectados en canastas o sobre una malla de tacuaras.
La desarticulación de las trampas permitirá que las aguas del arroyo recuperen su normal dinámica y la rica biodiversidad del mismo, que con el paso del tiempo, recuperara su misma composición y estructura.
Se destaca la importancia del trabajo articulado y conjunto entre los Ministerios de Ecología y de Gobierno, guardaparques, guardafaunas, guardabosques e integrantes de la Policía provincial y la Gendarmería nacional, así como también la participación del poder Judicial, a los fines de perseguir hechos que atentan contra el medio ambiente y la naturaleza misionera.
Se llego al lugar donde se procedió a la destrucción de un campamento lindante al lugar donde estaban instaladas las trampas que son utilizadas para capturar peces de manera ilegal. Fue así que tras un arduo trabajo se logro quitar los embalses de ubicados en varios sectores del arroyo, los cuales generaban una obstaculización.
Cabe resaltar el importante acompañamiento del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional Argentina, quienes aportaron la logística previa al operativo como ser los medios aéreos y demás pericias que ayudaron a descubrir la grave situación que sucedía en el cauce del arroyo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Luego de la detección, realizada con la utilización de medios aéreos, de nueve trampas – tipo Paris – sobre el cauce del arroyo Bonito en el municipio de Campo Ramón, se concreto un gran operativo con el despliegue de cerca de 100 efectivos, para la destrucción de las trampas identificadas, las cuales obstaculizaban el cauce del arroyo, generando un gran daño ambiental, no sólo por la captura indiscriminada y furtiva de peces sino también por alterar toda la dinámica del ecosistema acuático del Arroyo afluente del Uruguay, y del que también toma agua el municipio de Oberá.
El Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, libró órdenes de allanamiento para actuar a los fines de hacer cesar el delito ambiental.
El Ministerio de Ecología y de RNR de Misiones encabezado por el Ministro de Ecología Juan Manuel Díaz, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Ecología Alan Benítez Vortisc. También participaron el Comisario General Lorenzo Viera, subjefe de Seguridad de la Policía de la provincia y con el amplio apoyo del ministerio de Gobierno en la figura del Ministro Marcelo Pérez, y la Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón Oberá.
Con el despliegue desde las primeras horas de la mañana del día viernes 8 de junio y que culminó pasado el mediodía del sábado 9 de junio, los efectivos de las distintas fuerzas, acompañados por guardaparques y guardafaunas del Ministerio de Ecología, se procedió a diseñar la logística y la división de los distintos grupos para proceder a la ruptura de trampas. A continuación, y luego de caminar una importante distancia en zona de monte, por una picada que es utilizada por los infractores ambientales, se procedió la destrucción con herramientas manuales para ocasionar un mínimo impacto, de las trampas.
En el marco del operativo también se destruyeron cebaderos, sobrados, así como también se detuvo y decomisó un camión con leña que no poseía la guía correspondiente.
Lass trampas tipo parís son empalizadas que se realizan sobre el cauce del río o arroyo con troncos de distintos diámetros y tacuaras, unidas con cables y clavos, conformando una entramada imposible de superar para los peces, que caen en la trampa y son recolectados en canastas o sobre una malla de tacuaras.
La desarticulación de las trampas permitirá que las aguas del arroyo recuperen su normal dinámica y la rica biodiversidad del mismo, que con el paso del tiempo, recuperara su misma composición y estructura.
Se destaca la importancia del trabajo articulado y conjunto entre los Ministerios de Ecología y de Gobierno, guardaparques, guardafaunas, guardabosques e integrantes de la Policía provincial y la Gendarmería nacional, así como también la participación del poder Judicial, a los fines de perseguir hechos que atentan contra el medio ambiente y la naturaleza misionera.
Se llego al lugar donde se procedió a la destrucción de un campamento lindante al lugar donde estaban instaladas las trampas que son utilizadas para capturar peces de manera ilegal. Fue así que tras un arduo trabajo se logro quitar los embalses de ubicados en varios sectores del arroyo, los cuales generaban una obstaculización.
Cabe resaltar el importante acompañamiento del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional Argentina, quienes aportaron la logística previa al operativo como ser los medios aéreos y demás pericias que ayudaron a descubrir la grave situación que sucedía en el cauce del arroyo.
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Riachuelo: Corte Suprema pisar saber los responsables
La responsabilidad de los agentes contaminantes
Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a entregar el informe actualizado, que podría reunir a más de 1500 responsables. Los vecinos denuncian que la información no se revisa desde hace diez años.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de diez días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado actualizado de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace diez años podría ascender a más de 1500 según el cuerpo colegiado que realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se conoció el jueves es significativo y podría ser una señal de que el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno, selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los más afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo muy alto.
La actualización de la información que solicita la justicia es clave porque las cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son por lo menos 1500 porque –sostienen– desde hace diez años no se actualiza la información.
Según el Mapa de Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios, 339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731 establecimientos industriales considerados de control prioritario, los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el consumo humano.
Desde hace una década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que representa.
Desde la Acumar, en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables –gobierno nacional, bonaerense y porteño– debían y deben aún hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que se enfrentan cada día.
Durante décadas se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas, inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la zona.
Si bien una pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la salud.
Según un informe presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada agente contaminante.
En el informe que realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si los hubiera.
Ante la no respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los controlará.
También acusaron a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los parámetros para permitirla”.
Juan Carlos Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca se concretó.
El ambientalista reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
El plomo es un veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto. Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en edad fecunda.
Según la OMS, el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.
Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de disposición humana se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.
La OMS sostiene que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También advierten desde el organismo internacional que en el caso de las embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo
La Corte Suprema emplazó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a entregar el informe actualizado, que podría reunir a más de 1500 responsables. Los vecinos denuncian que la información no se revisa desde hace diez años.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de diez días para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado actualizado de las empresas declaradas como “agentes contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace diez años podría ascender a más de 1500 según el cuerpo colegiado que realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se conoció el jueves es significativo y podría ser una señal de que el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno, selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los más afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo muy alto.
La actualización de la información que solicita la justicia es clave porque las cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son por lo menos 1500 porque –sostienen– desde hace diez años no se actualiza la información.
Según el Mapa de Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios, 339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731 establecimientos industriales considerados de control prioritario, los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el consumo humano.
Desde hace una década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que representa.
Desde la Acumar, en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables –gobierno nacional, bonaerense y porteño– debían y deben aún hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que se enfrentan cada día.
Durante décadas se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas, inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la zona.
Si bien una pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la salud.
Según un informe presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada agente contaminante.
En el informe que realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si los hubiera.
Ante la no respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los controlará.
También acusaron a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los parámetros para permitirla”.
Juan Carlos Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca se concretó.
El ambientalista reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
El plomo es un veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto. Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en edad fecunda.
Según la OMS, el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y graves problemas de salud pública.
Esta sustancia tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de disposición humana se suele medir la concentración de plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro.
La OMS sostiene que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas, como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También advierten desde el organismo internacional que en el caso de las embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.
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A pesar de las experiencias... se viene la minería del uranio
Energía: ¿El retorno de la minería del uranio a la Argentina?
Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El memorando de entendimiento firmado en enero pasado por Argentina y Rusia permitiría reactivar la minería del uranio en nuestro país.
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú en enero pasado durante la visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en nuestro país. Participaron de su firma el canciller Jorge Faurie, en representación del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; y los presidentes del grupo ruso Uranium One, Vasily Konstantinov, y de la empresa UrAmerica Argentina, Omar Adra.
Desde 1997, cuando se suspendieron las actividades mineras en Sierra Pintada, las necesidades de la industria nuclear local han sido satisfechas por el mercado internacional. En los últimos años, las importaciones de uranio natural provinieron principalmente de Canadá y, en menor medida, de Kazajstán, con precios promedio que oscilaron entre los 120 y los 170 dólares por kilo.
El próximo año, cuando vuelva a operar Embalse –tras la parada técnica para su repotenciación y extensión de vida–, el consumo anual de las instalaciones nucleares argentinas estará en el orden de las 220 toneladas de uranio natural. A mediano plazo, la puesta en marcha de la cuarta y quinta centrales sumará una demanda adicional de 280 toneladas anuales, lo que arrojaría un total de 500 toneladas anuales.
De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Promoción Minera, los recursos de uranio identificados en la Argentina ascienden a 31.685 toneladas. El cálculo surge de la sumatoria de los recursos razonablemente asegurados y de los inferidos –a un precio menor o igual a 130 dólares por kilo– de seis yacimientos: Sierra Pintada (Mendoza), Don Otto (Salta), Cerro Solo, Laguna Colorada, Laguna Salada y Meseta Central, estos cuatro últimos ubicados en la provincia de Chubut.
El objetivo de UrAmerica, una compañía que tiene diez años en el sector, es posicionar a nuestro país como productor de uranio para abastecer tanto la demanda local como regional. "Argentina no puede desperdiciar su potencial en un momento en el cual el mundo tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en un contexto en el que, para 2030, va a haber el doble de reactores nucleares de los que están funcionando actualmente", señaló, en diálogo con DEF, Omar Adra, el fundador y presidente de la compañía argentina firmante del memorando.
Al contexto global de presión sobre la oferta de uranio, se suma un factor geopolítico que afectará directamente al mercado: el fin del proceso de desarme nuclear, del que procedía alrededor del 30 % del abastecimiento del uranio, ahora destinado a usos civiles.
La búsqueda de recursos adicionales de uranio se convierte, entonces, en una necesidad para atender la futura demanda de la industria. Con el foco puesto en el desarrollo del potencial argentino, su empresa ha desarrollado en los últimos años un ambicioso programa exploratorio en la Meseta Central chubutense. Tal como informa en su página web, "el posicionamiento actual de las propiedades de UrAmerica cubre áreas altamente prospectivas para la exploración de uranio, incluyendo más de 145.000 hectáreas que se encuentran rodeando el Cerro Solo, que es el depósito de uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de más alto grado en Argentina, y el open pit –mina a cielo abierto– de Los Adobes (histórico), ambos controlados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)".
Adra dejó en claro, ante la consulta de DEF, que "con el valor actual del mineral en el mercado, la opción del open pit no es económicamente viable para el uranio".
En octubre de 2011, la empresa selló una alianza estratégica con el coloso canadiense Cameco, el mayor productor mundial de uranio. "A pesar del accidente de Fukushima (ocurrido en marzo de 2011) y más allá de las circunstancias del mercado, Cameco consideró que el desarrollo de la cuenca de Chubut, con un potencial uranífero comparable al de Kazajstán, debía ser atendido porque estaba claro que en el futuro iba a faltar uranio en el mercado", explicó el presidente de UrAmerica.
Kazajstán tuvo un plan estratégico en los últimos quince años, con la decisión del gobierno de desarrollar su potencial uranífero. Entre 2001 y 2013, el país centroasiático multiplicó por diez su producción, al pasar de 2022 a 22.550 toneladas anuales. Luego de un pico de producción de 24.560 toneladas en 2015, se decidió un leve recorte que ubica su producción actual en torno a las 23.000 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 40 % del total mundial.
El resultado fue el mayor programa de exploración de uranio en el menor período de tiempo: se perforaron 24.000 metros en solo 18 meses, lo que le valió a UrAmerica el reconocimiento del organismo internacional. Con el resultado de la exploración realizada juntamente con la empresa canadiense Cameco, se determinó que los recursos inferidos de la Meseta Central ascienden a 19,1 millones de libras de óxido de uranio (U308), con una ley promedio de 310 partes por millón, lo que implica que estamos ante un yacimiento económicamente explotable.
En el flamante memorando, el aporte que hará Uranium One, subsidiaria de Rosatom y consolidada desde hace siete años como la cuarta productora mundial de uranio, será el know-how del método de recuperación in situ, que permite la extracción del mineral sin movimiento de suelos y con un menor impacto sobre el medioambiente, en línea con el concepto de smart mining (minería inteligente). El uranio se mantiene en el yacimiento y se inyecta, mediante un sistema de pozos, un agente lixiviante que permite disolver el mineral. La solución uranífera es posteriormente bombeada hacia la superficie, donde se procesa gradualmente hasta obtener un concentrado de óxido de uranio (U3O8), más conocido como yellow cake.
La recuperación in situ no utiliza ningún tipo de contaminante, no genera escombreras ni depósitos de desechos y asegura el estado inicial de las aguas subterráneas. En el caso del proyecto de la Meseta Central, el agua que se utilizará no es apta para consumo humano y solo es aplicable a usos industriales y a riego en forma limitada. Los acuíferos tampoco tienen conexión con la cuenca del Río Chubut. "Cuando se aplica el método y se lo entiende claramente, la gente se familiariza, y la preocupación ambiental pasa a ser una cuestión secundaria", sostuvo Adra, quien añadió que "incluso se puede caminar por encima de la mina donde se está produciendo".
"Es la primera vez que el gobierno de Rusia hace un intercambio de tecnología en un área sensible como es la nuclear", destacó el titular de UrAmerica, quien acompañó en septiembre del año pasado al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante su visita a Karatau (Kazajstán), donde Uranium One explota, junto con la estatal kazaja Kazatomprom, una mina de uranio con el método de recuperación in situ.
La principal dificultad que existe hoy en Chubut es la vigencia de la ley provincial que suspendió la actividad minera extractiva en el territorio provincial y el uso de cianuro en sus procesos de producción. La norma, conocida como Ley 5001, fue sancionada en abril de 2003, luego de una consulta no vinculante, en la que los ciudadanos de Esquel rechazaron la instalación de un proyecto operado por la empresa Meridian Gold en las cercanías de esa localidad.
En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense dictó una nueva ley que suspendió durante 120 días el inicio de cualquier actividad minera metalífera y estableció para el futuro que cualquier aprovechamiento minero debería contar con la denominada "licencia social", para lo cual estableció el mecanismo de la "consulta popular vinculante, que abarcó la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración".
En los últimos años, hubo una serie de intentos frustrados por avanzar en la "zonificación minera" del territorio chubutense, una condición establecida por la Ley 5.001 que, a pesar de los 15 años transcurridos, nunca se implementó. Con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el Ministerio de Energía y Minería hizo un guiño en este sentido. Entre los principales impulsores de esta política, se encuentra el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, que, en el pasado, desde su cargo de secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), había calificado la política antiminera de Chubut como "inconstitucional" y había pedido que se escuchara la opinión de los habitantes de la Meseta Central, una zona que en los últimos 30 años ha perdido cerca del 40 % de su población.
En mayo del año pasado, se desarrolló la Cumbre Ambiental promovida por el fallecido exgobernador Mario Das Neves, quien expresó en aquella oportunidad su rechazo a la explotación de uranio en Chubut. "No hay uranio para nadie; no lo vamos a explotar porque eso sí contamina y es peligroso", manifestó el entonces mandatario provincial. Posteriormente, Chubut se negó a firmar el Nuevo Acuerdo Federal Minero, por el cual el Estado Nacional y veinte provincias se comprometieron a unificar estándares, así como cuestiones impositivas y ambientales de la actividad. Aunque no ha variado su postura respecto de la asumida por Das Neves, su sucesor Mariano Arcioni, con apenas seis meses en el cargo, se ha mostrado abierto al debate y se ha comprometido a respetar la voluntad de los chubutenses y la decisión que adopten los legisladores respecto de la eventual zonificación minera del territorio.
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Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El memorando de entendimiento firmado en enero pasado por Argentina y Rusia permitiría reactivar la minería del uranio en nuestro país.
Luego de más de dos décadas de paralización del sector, el memorando de entendimiento para la exploración y explotación de uranio, suscripto en Moscú en enero pasado durante la visita oficial del presidente Mauricio Macri, abre las puertas para reactivar la producción de este estratégico mineral en nuestro país. Participaron de su firma el canciller Jorge Faurie, en representación del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; y los presidentes del grupo ruso Uranium One, Vasily Konstantinov, y de la empresa UrAmerica Argentina, Omar Adra.
Desde 1997, cuando se suspendieron las actividades mineras en Sierra Pintada, las necesidades de la industria nuclear local han sido satisfechas por el mercado internacional. En los últimos años, las importaciones de uranio natural provinieron principalmente de Canadá y, en menor medida, de Kazajstán, con precios promedio que oscilaron entre los 120 y los 170 dólares por kilo.
El próximo año, cuando vuelva a operar Embalse –tras la parada técnica para su repotenciación y extensión de vida–, el consumo anual de las instalaciones nucleares argentinas estará en el orden de las 220 toneladas de uranio natural. A mediano plazo, la puesta en marcha de la cuarta y quinta centrales sumará una demanda adicional de 280 toneladas anuales, lo que arrojaría un total de 500 toneladas anuales.
De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Promoción Minera, los recursos de uranio identificados en la Argentina ascienden a 31.685 toneladas. El cálculo surge de la sumatoria de los recursos razonablemente asegurados y de los inferidos –a un precio menor o igual a 130 dólares por kilo– de seis yacimientos: Sierra Pintada (Mendoza), Don Otto (Salta), Cerro Solo, Laguna Colorada, Laguna Salada y Meseta Central, estos cuatro últimos ubicados en la provincia de Chubut.
El objetivo de UrAmerica, una compañía que tiene diez años en el sector, es posicionar a nuestro país como productor de uranio para abastecer tanto la demanda local como regional. "Argentina no puede desperdiciar su potencial en un momento en el cual el mundo tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en un contexto en el que, para 2030, va a haber el doble de reactores nucleares de los que están funcionando actualmente", señaló, en diálogo con DEF, Omar Adra, el fundador y presidente de la compañía argentina firmante del memorando.
Al contexto global de presión sobre la oferta de uranio, se suma un factor geopolítico que afectará directamente al mercado: el fin del proceso de desarme nuclear, del que procedía alrededor del 30 % del abastecimiento del uranio, ahora destinado a usos civiles.
La búsqueda de recursos adicionales de uranio se convierte, entonces, en una necesidad para atender la futura demanda de la industria. Con el foco puesto en el desarrollo del potencial argentino, su empresa ha desarrollado en los últimos años un ambicioso programa exploratorio en la Meseta Central chubutense. Tal como informa en su página web, "el posicionamiento actual de las propiedades de UrAmerica cubre áreas altamente prospectivas para la exploración de uranio, incluyendo más de 145.000 hectáreas que se encuentran rodeando el Cerro Solo, que es el depósito de uranio alojado en rocas sedimentarias más grande y de más alto grado en Argentina, y el open pit –mina a cielo abierto– de Los Adobes (histórico), ambos controlados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)".
Adra dejó en claro, ante la consulta de DEF, que "con el valor actual del mineral en el mercado, la opción del open pit no es económicamente viable para el uranio".
En octubre de 2011, la empresa selló una alianza estratégica con el coloso canadiense Cameco, el mayor productor mundial de uranio. "A pesar del accidente de Fukushima (ocurrido en marzo de 2011) y más allá de las circunstancias del mercado, Cameco consideró que el desarrollo de la cuenca de Chubut, con un potencial uranífero comparable al de Kazajstán, debía ser atendido porque estaba claro que en el futuro iba a faltar uranio en el mercado", explicó el presidente de UrAmerica.
Kazajstán tuvo un plan estratégico en los últimos quince años, con la decisión del gobierno de desarrollar su potencial uranífero. Entre 2001 y 2013, el país centroasiático multiplicó por diez su producción, al pasar de 2022 a 22.550 toneladas anuales. Luego de un pico de producción de 24.560 toneladas en 2015, se decidió un leve recorte que ubica su producción actual en torno a las 23.000 toneladas anuales, lo que representa alrededor del 40 % del total mundial.
El resultado fue el mayor programa de exploración de uranio en el menor período de tiempo: se perforaron 24.000 metros en solo 18 meses, lo que le valió a UrAmerica el reconocimiento del organismo internacional. Con el resultado de la exploración realizada juntamente con la empresa canadiense Cameco, se determinó que los recursos inferidos de la Meseta Central ascienden a 19,1 millones de libras de óxido de uranio (U308), con una ley promedio de 310 partes por millón, lo que implica que estamos ante un yacimiento económicamente explotable.
En el flamante memorando, el aporte que hará Uranium One, subsidiaria de Rosatom y consolidada desde hace siete años como la cuarta productora mundial de uranio, será el know-how del método de recuperación in situ, que permite la extracción del mineral sin movimiento de suelos y con un menor impacto sobre el medioambiente, en línea con el concepto de smart mining (minería inteligente). El uranio se mantiene en el yacimiento y se inyecta, mediante un sistema de pozos, un agente lixiviante que permite disolver el mineral. La solución uranífera es posteriormente bombeada hacia la superficie, donde se procesa gradualmente hasta obtener un concentrado de óxido de uranio (U3O8), más conocido como yellow cake.
La recuperación in situ no utiliza ningún tipo de contaminante, no genera escombreras ni depósitos de desechos y asegura el estado inicial de las aguas subterráneas. En el caso del proyecto de la Meseta Central, el agua que se utilizará no es apta para consumo humano y solo es aplicable a usos industriales y a riego en forma limitada. Los acuíferos tampoco tienen conexión con la cuenca del Río Chubut. "Cuando se aplica el método y se lo entiende claramente, la gente se familiariza, y la preocupación ambiental pasa a ser una cuestión secundaria", sostuvo Adra, quien añadió que "incluso se puede caminar por encima de la mina donde se está produciendo".
"Es la primera vez que el gobierno de Rusia hace un intercambio de tecnología en un área sensible como es la nuclear", destacó el titular de UrAmerica, quien acompañó en septiembre del año pasado al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, durante su visita a Karatau (Kazajstán), donde Uranium One explota, junto con la estatal kazaja Kazatomprom, una mina de uranio con el método de recuperación in situ.
La principal dificultad que existe hoy en Chubut es la vigencia de la ley provincial que suspendió la actividad minera extractiva en el territorio provincial y el uso de cianuro en sus procesos de producción. La norma, conocida como Ley 5001, fue sancionada en abril de 2003, luego de una consulta no vinculante, en la que los ciudadanos de Esquel rechazaron la instalación de un proyecto operado por la empresa Meridian Gold en las cercanías de esa localidad.
En noviembre de 2014, la Legislatura chubutense dictó una nueva ley que suspendió durante 120 días el inicio de cualquier actividad minera metalífera y estableció para el futuro que cualquier aprovechamiento minero debería contar con la denominada "licencia social", para lo cual estableció el mecanismo de la "consulta popular vinculante, que abarcó la región o localidades afectadas por el proyecto de exploración".
En los últimos años, hubo una serie de intentos frustrados por avanzar en la "zonificación minera" del territorio chubutense, una condición establecida por la Ley 5.001 que, a pesar de los 15 años transcurridos, nunca se implementó. Con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, el Ministerio de Energía y Minería hizo un guiño en este sentido. Entre los principales impulsores de esta política, se encuentra el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, que, en el pasado, desde su cargo de secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), había calificado la política antiminera de Chubut como "inconstitucional" y había pedido que se escuchara la opinión de los habitantes de la Meseta Central, una zona que en los últimos 30 años ha perdido cerca del 40 % de su población.
En mayo del año pasado, se desarrolló la Cumbre Ambiental promovida por el fallecido exgobernador Mario Das Neves, quien expresó en aquella oportunidad su rechazo a la explotación de uranio en Chubut. "No hay uranio para nadie; no lo vamos a explotar porque eso sí contamina y es peligroso", manifestó el entonces mandatario provincial. Posteriormente, Chubut se negó a firmar el Nuevo Acuerdo Federal Minero, por el cual el Estado Nacional y veinte provincias se comprometieron a unificar estándares, así como cuestiones impositivas y ambientales de la actividad. Aunque no ha variado su postura respecto de la asumida por Das Neves, su sucesor Mariano Arcioni, con apenas seis meses en el cargo, se ha mostrado abierto al debate y se ha comprometido a respetar la voluntad de los chubutenses y la decisión que adopten los legisladores respecto de la eventual zonificación minera del territorio.
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Chubut y minería, sombra omnipresente
La megaminería, sombra y promesa omnipresente
Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Aparece en todas las conversaciones. En las carpas de la protesta gremial y las dependencias públicas tomadas, en los despachos oficiales y las oficinas opositoras. Como maleficio o como promesa, la posibilidad de que la minería a cielo abierto se instale en Chubut es una sombra omnipresente en esta provincia.
Ese debate se aceleró por el discurso prominero del presidente Mauricio Macri y la dependencia de recursos nacionales que hoy exhibe la administración de Mariano Arcioni. Pero escaló aún más desde que el ministro de Energía de, Juan José Aranguren, visitó a intendentes de la meseta chubutense interesados en activar el Proyecto Navidad, uno de los mayores yacimientos de plata del mundo.
Pese a que la minería a cielo abierto está prohibida por ley 5001 en Chubut, el yacimiento tiene dueño: la canadiense Pan American Silver, que promete invertir 1000 millones de dólares y extraer 22 millones de onzas de plata al año.
Números mágicos ante la necesidad de dólares de la Casa Rosada y la gobernación. De hecho, quienes tratan con Arcioni reconocen un cambio en el discurso del gobernador, que contrasta con la campaña antiminera que compartió con Mario Das Neves en 2015 y repitió en 2017, como candidato a diputado.
De todos modos, la posibilidad de que la Legislatura apruebe algún cambio al status quo antiminero parece lejana. Arcioni carece de votos en el recinto. Lo mismo que Cambiemos. Y el partido de Das Neves y el kirchnerismo nunca avalarán una aventura que cosecha un amplio rechazo en las encuestas.
"Buscan empobrecernos para que aceptemos la megaminería. Desde el Gobierno lo presentan como la única alternativa para aumentarnos los salarios. Pero sabemos que no va a dejar nada", denuncian en la carpa que enfrenta el ingreso a la Gobernación.
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Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Aparece en todas las conversaciones. En las carpas de la protesta gremial y las dependencias públicas tomadas, en los despachos oficiales y las oficinas opositoras. Como maleficio o como promesa, la posibilidad de que la minería a cielo abierto se instale en Chubut es una sombra omnipresente en esta provincia.
Ese debate se aceleró por el discurso prominero del presidente Mauricio Macri y la dependencia de recursos nacionales que hoy exhibe la administración de Mariano Arcioni. Pero escaló aún más desde que el ministro de Energía de, Juan José Aranguren, visitó a intendentes de la meseta chubutense interesados en activar el Proyecto Navidad, uno de los mayores yacimientos de plata del mundo.
Pese a que la minería a cielo abierto está prohibida por ley 5001 en Chubut, el yacimiento tiene dueño: la canadiense Pan American Silver, que promete invertir 1000 millones de dólares y extraer 22 millones de onzas de plata al año.
Números mágicos ante la necesidad de dólares de la Casa Rosada y la gobernación. De hecho, quienes tratan con Arcioni reconocen un cambio en el discurso del gobernador, que contrasta con la campaña antiminera que compartió con Mario Das Neves en 2015 y repitió en 2017, como candidato a diputado.
De todos modos, la posibilidad de que la Legislatura apruebe algún cambio al status quo antiminero parece lejana. Arcioni carece de votos en el recinto. Lo mismo que Cambiemos. Y el partido de Das Neves y el kirchnerismo nunca avalarán una aventura que cosecha un amplio rechazo en las encuestas.
"Buscan empobrecernos para que aceptemos la megaminería. Desde el Gobierno lo presentan como la única alternativa para aumentarnos los salarios. Pero sabemos que no va a dejar nada", denuncian en la carpa que enfrenta el ingreso a la Gobernación.
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Avanza el monitoreo del agua de la costa del Río de la Plata
Se fortalece el monitoreo de la calidad del agua de la costa del Río de la Plata
Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, llevó adelante una nueva reunión de la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales (RIIGLO) que monitorea la calidad del agua en toda la costa del Río de la Plata. Se presentaron los resultados de los estudios realizados en el año 2017 y se evaluó su aplicación al ordenamiento ambiental del territorio costero.
La RIIGLO es integrada por los municipios de San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realiza muestreos estacionales de calidad de agua (verano, otoño, invierno y primavera), lo que permite adoptar medidas en toda el área ribereña para cuidar el agua y la salud de la población.
En el taller, la cartera ambiental nacional y las jurisdicciones analizaron los resultados obtenidos en las campañas del año 2017. Se propuso la elaboración de índices de calidad de agua y se compartieron experiencias de ordenamiento ambiental del territorio. La actividad se enmarca en el programa de gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, el cual desarrolla instrumentos para evaluar el estado de conservación de los cuerpos de agua del país, monitorear su evolución y aportar información de calidad a la ciudadanía y los decisores públicos.
En ese sentido, el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil señaló: “Estos encuentros nos permiten fortalecer la coordinación con los gobiernos locales para la gestión ambiental de las costas del Río de la Plata a partir de diagnósticos sólidos sobre el estado del agua”. “La salud de los ecosistemas acuáticos es fundamental para preservar las contribuciones que estos realizan al bienestar de la población. Por el ejemplo, el acceso al agua potable, la amortiguación de inundaciones, la protección de la biodiversidad, la provisión de alimentos y la mitigación del cambio climático, entre otros”.
La cartera de Ambiente acompaña a los municipios en las mediciones, realiza análisis en el lugar de oxígeno disuelto, temperatura y pH. También se analizan en laboratorio 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo. Los datos del muestreo se encuentran disponibles en el Sistema Nacional de Calidad de Agua http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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Fecha de Publicación: 13/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, llevó adelante una nueva reunión de la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales (RIIGLO) que monitorea la calidad del agua en toda la costa del Río de la Plata. Se presentaron los resultados de los estudios realizados en el año 2017 y se evaluó su aplicación al ordenamiento ambiental del territorio costero.
La RIIGLO es integrada por los municipios de San Fernando, Tigre, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realiza muestreos estacionales de calidad de agua (verano, otoño, invierno y primavera), lo que permite adoptar medidas en toda el área ribereña para cuidar el agua y la salud de la población.
En el taller, la cartera ambiental nacional y las jurisdicciones analizaron los resultados obtenidos en las campañas del año 2017. Se propuso la elaboración de índices de calidad de agua y se compartieron experiencias de ordenamiento ambiental del territorio. La actividad se enmarca en el programa de gestión ambiental del agua y los ecosistemas acuáticos, el cual desarrolla instrumentos para evaluar el estado de conservación de los cuerpos de agua del país, monitorear su evolución y aportar información de calidad a la ciudadanía y los decisores públicos.
En ese sentido, el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil señaló: “Estos encuentros nos permiten fortalecer la coordinación con los gobiernos locales para la gestión ambiental de las costas del Río de la Plata a partir de diagnósticos sólidos sobre el estado del agua”. “La salud de los ecosistemas acuáticos es fundamental para preservar las contribuciones que estos realizan al bienestar de la población. Por el ejemplo, el acceso al agua potable, la amortiguación de inundaciones, la protección de la biodiversidad, la provisión de alimentos y la mitigación del cambio climático, entre otros”.
La cartera de Ambiente acompaña a los municipios en las mediciones, realiza análisis en el lugar de oxígeno disuelto, temperatura y pH. También se analizan en laboratorio 15 parámetros que intentan reflejar el impacto de las diversas fuentes contaminantes que recibe el Río de la Plata, entre ellos hay parámetros físico-químicos básicos, microbiológicos que dan cuenta de la contaminación de origen cloacal, contaminantes orgánicos, metales pesados e hidrocarburos de diverso origen industrial, e indicadores de eutrofización, todos ellos para contrastar con niveles de referencia que permiten conocer si es apto desde el punto de vista recreativo con contacto directo. Los datos del muestreo se encuentran disponibles en el Sistema Nacional de Calidad de Agua http://calidaddeagua.ambiente.gob.ar
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Se extiende el plazo de limpieza del Riachuelo
Riachuelo: nuevo plazos de obra para la limpieza y allanamiento en Acumar
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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El INTA Santa Cruz será incluído en el informe del IPCC
El INTA Santa Cruz participará en la elaboración del próximo informe del IPCC
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Nuevo Dïa
Provincia/Región: Santa Cruz
El Dr. Pablo Peri, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, fue convocado a participar en la elaboración del sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Peri (INTA-UNPA-CONICET), responsable del grupo de Investigación Forestal Agrícola y Manejo del Agua, participará como autor principal del “Grupo II” que se ocupará de cuantificar el impacto del cambio climático y de la adaptación y la vulnerabilidad ante este fenómeno. En total el IPCC está conformado por tres grupos de trabajo: El Grupo de trabajo I se ocupará de las bases físicas del cambio climático y el Grupo III de la mitigación del cambio climático.
Según explican en el sitio web oficial “el IPCC es un órgano internacional creado en 1988 bajo la esfera de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, estimar sus potenciales repercusiones medioambientales y socioeconómicas, así como analizar alternativas para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos”.
El IPCC es un órgano científico que pública periódicamente informe de evaluación que examinan la más reciente evidencia climática y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Nuevo Dïa
Provincia/Región: Santa Cruz
El Dr. Pablo Peri, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, fue convocado a participar en la elaboración del sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Peri (INTA-UNPA-CONICET), responsable del grupo de Investigación Forestal Agrícola y Manejo del Agua, participará como autor principal del “Grupo II” que se ocupará de cuantificar el impacto del cambio climático y de la adaptación y la vulnerabilidad ante este fenómeno. En total el IPCC está conformado por tres grupos de trabajo: El Grupo de trabajo I se ocupará de las bases físicas del cambio climático y el Grupo III de la mitigación del cambio climático.
Según explican en el sitio web oficial “el IPCC es un órgano internacional creado en 1988 bajo la esfera de Naciones Unidas con el objetivo de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, estimar sus potenciales repercusiones medioambientales y socioeconómicas, así como analizar alternativas para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos”.
El IPCC es un órgano científico que pública periódicamente informe de evaluación que examinan la más reciente evidencia climática y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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¿Originarios de la Meseta a favor de la minería en Chubut?
Referentes de pueblos originarios de la Meseta, a favor del desarrollo minero en Chubut
Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Fecha de Publicación: 12/06/2018
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut
Referentes locales de comunidades de pueblos originarios se expresaron a favor del desarrollo de la minería en la Meseta Central de Chubut, durante la jornada “La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros. El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible”, que se llevó a cabo hoy viernes en el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”, con organización de Green Cross Argentina y la Fundación Ecologista Verde.
La apertura del evento, que durante la mañana y la tarde incluyó talleres, paneles y presentaciones con experiencias locales e internacionales, estuvo a cargo de Marisa Arienza, referente de Green Cross Argentina; Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación Ecologista Verde; y contó con las participaciones de Evaristo Cual, de la comunidad mapuche-tehuelche Mallín de los Cual, de la Meseta Central; y de Francisco Chiquichano, de la Comunidad Blancuntre Yala Laubat.
El auditorio “Germán Sopeña”, del MEF, se mostró con una buena concurrencia integrada, entre otros, por jefes comunales y referentes sociales de la Meseta, así como representantes de comunidades originarias de otras provincias, como Salta, Tucumán y Jujuy; y de Canadá, con la experiencia de la comunidad Tahltan; y vecinos en general.
Luego de saludar a los presentes en lengua mapuche, Evaristo Cual comentó que vive en la Comunidad Mallín, en Gan Gan: “Tengo mi pequeña producción en el campo. Nosotros trabajamos 1.200 hectáreas con mi papá, mi hermano y mi familia. La comunidad de los Cual tiene 5.000 hectáreas, y son cuatro establecimientos que tienen 1.000 hectáreas cada uno aproximadamente”.
“Uno quiere seguir viviendo en la tierra, en el lugar donde nació. Pero los esquemas productivos en la Meseta están deteriorados, por lo cual vemos la necesidad de reactivar la economía. Yo no sé si la actividad minera va a servir sola para reactivar la economía. Pero por el conocimiento que tengo, no existe otra actividad que pueda hacerlo”, indicó.
Dijo que “esta ciudad en la que estamos, Trelew, tiene más de 120 años. Gan Gan tiene 130. Y podemos ver cómo ha sido el desequilibrio en el desarrollo de ambos lugares. Si bien tenemos potencial turístico, no tenemos los recursos para desarrollar esa actividad. Y para el sector político es más beneficios traer los recursos turísticos a las grandes ciudades que a la Meseta. Por ejemplo, el dinosaurio que se encontró en la Meseta está en el museo en el que estamos hoy”, dijo, en alusión al Feruglio. “Pero tranquilamente podría estar en Los Altares, a menos de 200 kilómetros de acá”, afirmó.
“Con esto quiero decir que, si tenemos este recurso, lo aprovechemos para reactivar la economía en la zona. No estoy diciendo que empecemos a trabajar en minería y destruyamos todo. Necesitamos seguir viviendo ahí, y queremos hacerlo de una manera sustentable”, concluyó.
En tanto, Francisco Chiquichano se expresó abiertamente a favor de la minería. “De lo que se trata en la Meseta no es de destruir, sino de construir; de desarrollar los recursos naturales”.“Como siempre, hay posiciones a favor y en contra. Pero hay que preguntarse quién y por qué se opone. Es fácil oponerse al trabajo y al desarrollo cuando la gente tiene recursos”, afirmó.
“La Meseta está hoy prácticamente deshabitada, cada vez quedamos menos. Los que quedamos en la Meseta patagónica tenemos más de 60 años, pero queremos que los jóvenes tengan oportunidades”.
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Confirman que pesticidas mataron 70 millones de abejas
Confirmado: un pesticida mató a los 70 millones de abejas en Traslasierra
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Hace tres meses, aparecieron muertas todas en un solo día. Falta que se precisen el producto y el origen.
Villa Dolores. Más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo, en un solo día, en una zona puntual del valle de Traslasierra. Recién tres meses después, se confirma la causa de la mortandad masiva: los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habría fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado.
Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de dos millones de pesos, reclaman ahora un resarcimiento.
“Hubo una aplicación de algún pesticida que mató a las abejas, estamos tratando de identificar en qué propiedad fue. Pronto nos llegarán los resultados finales del Ceprocor (laboratorio de la Provincia) y la semana que viene nos reuniremos para dar todas las precisiones”, señaló Matías Fernández, miembro del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) en su delegación de Villa Dolores.
Fernández indicó a La Voz que los análisis realizados por el Senasa y por la Universidad Nacional de Río Cuarto confirmaron ya que una fumigación habría causado el intenso daño. De ese modo, se confirma la presunción de los productores apícolas de la zona. Hasta ahora, esa presunción no tenía pruebas de laboratorio.
De la docena de apicultores afectados, la mayoría prefiere no hablar hasta tanto no se revelen los resultados totales de los análisis. Admiten, de todos modos, que enfrentan un año de especial dificultad ante la merma muy notoria de su producción, y esperan que en la próxima primavera la situación empiece paulatinamente a mejorar con la recuperación de las colmenas.
920 colmenas
En los primeros días de marzo, en un área cercana a la localidad de La Paz, al sur del valle de Traslasierra, se produjo una alarmante mortandad de abejas. “Se arruinaron 920 colmenas, y la pérdida en general superó los dos millones de pesos, una cifra altísima para nosotros. Algunos productores perdieron más de la mitad de lo que tenían”, apuntó ayer Marcelo Sosa, presidente de la Asociación Apícola de Traslasierra, que nuclea a pequeños y medianos productores de la zona. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, y que no vuelva a suceder. Y queremos recuperar lo perdido”, planteó.
Sosa, del paraje Los Romeros, recordó: “No sólo perdimos las abejas y la miel, sino también la cera y las cajas, que quedan contaminadas y no se pueden volver a usar. Toda mi vida trabajé en esto y nunca vi una mortandad tan grande”. Luego detalló: “Hemos hablado con los afectados y pediremos un resarcimiento de un núcleo y de un kilogramo de cera por cada colmena perdida; aunque no sabemos quién lo pagaría”. Se estima que cada núcleo, que da base a una colmena, tiene un costo aproximado de 700 pesos, y cada kilogramo de cera, unos 150 pesos.
“Perdí la mitad de lo que tenía, me está salvando mi hermano, que se dedica a lo mismo pero no fue afectado”, acotó Alfredo Montenegro, apicultor de 62 años, del paraje Loma Bola.
80 mil. Se estima que cada colmena alberga unas 80 mil abejas. Por eso se considera que hubo al menos 70 millones de abejas muertas.
La mortandad afectó a una zona muy puntual
Un área apícola cerca de La Paz y del límite con San Luis.
Por la cantidad de bosque nativo subsistente y la floración temprana de especies vegetales “melíferas”, el sur de Traslasierra es muy valorado para la producción de miel. Una decena de apicultores medianos (de unas 400 colmenas), y unos 20 granjeros con colmenas integran el sector apícola de esa zona, cuya producción se vende en el país. Pero también productores de otras regiones arriendan campos para colocar sus colmenas entre agosto y diciembre.
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Dos cachorros de yaguareté más
Nacieron dos cachorros de yaguareté en los Esteros del Iberá
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La madre había sido trasladada al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en la reserva privada de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes.
El trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con Conservation Land Trust (CLT) dio como resultado el nacimiento de dos cachorros de yaguareté que fortalecen la conservación de esta especie en peligro de extinción.
Tania, la madre de los cachorros, es hija de Tobuna. Ambos ejemplares habían sido trasladados al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en el marco del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, que lleva adelante la cartera que encabeza el ministro Sergio Bergman. Chiqui, el padre, nació en vida libre y fue llevado al Refugio Faunístico Atinguy, después de que unos cazadores mataran a su madre. Tanto Tania como los cachorros están actualmente en una “paridera” de madera que se construyó dentro de un fragmento de bosque, de hectárea y media, desde donde son observados continuamente a través de un sistema de videovigilancia.
Lo sucedido cobra relevancia porque se estima que quedan menos de 250 individuos en el país, amenazados, entre otras causas, por la pérdida de su hábitat, la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas.
El yaguareté (Panthera onca)fue incluido como especie prioritaria en el Plan de Acción Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para su conservación. Con una inversión acumulada de $ 1.300.000, se encuentran en ejecución proyectos para abordar sus principales amenazas, que promueven buenas prácticas ganaderas para minimizar el conflicto del yaguareté con los pobladores de su área de distribución; se presta apoyo en tareas de control y fiscalización contra la caza furtiva y el comercio ilícito; se llevan a cabo actividades de educación ambiental y se realizan estrategias de comunicación y capacitación.
Asimismo, la cartera de Ambiente lleva adelante el “Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté”, saldando así una deuda institucional de 16 años. Para la implementación de esta iniciativa, se conformó un Comité de Gestión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales (APN), de cada una de las regiones del área de distribución de la especie (NEA, NOA y Chaco), de las organizaciones de la sociedad civil y del sector científico-académico.
El esfuerzo fue posible gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Conservation Land Trust (CLT); Criadouro Onça Pintada; Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO); Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Abastecimiento de Brasil (MAPA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Ministerio de Turismo de Corrientes.
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Corrientes
La madre había sido trasladada al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en la reserva privada de San Alonso, en los Esteros del Iberá, Corrientes.
El trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con Conservation Land Trust (CLT) dio como resultado el nacimiento de dos cachorros de yaguareté que fortalecen la conservación de esta especie en peligro de extinción.
Tania, la madre de los cachorros, es hija de Tobuna. Ambos ejemplares habían sido trasladados al Centro de Cría de Yaguareté (CECY) en el marco del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, que lleva adelante la cartera que encabeza el ministro Sergio Bergman. Chiqui, el padre, nació en vida libre y fue llevado al Refugio Faunístico Atinguy, después de que unos cazadores mataran a su madre. Tanto Tania como los cachorros están actualmente en una “paridera” de madera que se construyó dentro de un fragmento de bosque, de hectárea y media, desde donde son observados continuamente a través de un sistema de videovigilancia.
Lo sucedido cobra relevancia porque se estima que quedan menos de 250 individuos en el país, amenazados, entre otras causas, por la pérdida de su hábitat, la caza, la persecución para evitar ataques al ganado y los atropellamientos en rutas.
El yaguareté (Panthera onca)fue incluido como especie prioritaria en el Plan de Acción Extinción Cero, con el objetivo de fortalecer las acciones y políticas para su conservación. Con una inversión acumulada de $ 1.300.000, se encuentran en ejecución proyectos para abordar sus principales amenazas, que promueven buenas prácticas ganaderas para minimizar el conflicto del yaguareté con los pobladores de su área de distribución; se presta apoyo en tareas de control y fiscalización contra la caza furtiva y el comercio ilícito; se llevan a cabo actividades de educación ambiental y se realizan estrategias de comunicación y capacitación.
Asimismo, la cartera de Ambiente lleva adelante el “Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté”, saldando así una deuda institucional de 16 años. Para la implementación de esta iniciativa, se conformó un Comité de Gestión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales (APN), de cada una de las regiones del área de distribución de la especie (NEA, NOA y Chaco), de las organizaciones de la sociedad civil y del sector científico-académico.
El esfuerzo fue posible gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Conservation Land Trust (CLT); Criadouro Onça Pintada; Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO); Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Abastecimiento de Brasil (MAPA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Ministerio de Turismo de Corrientes.
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Absa deberá dejar de contaminar el Arroyo Maldonado
Fallo judicial le ordena a Absa que deje de contaminar el Arroyo Maldonado
Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado de Faltas Nº 2 hizo lugar a una cautelar. Determinó que se vuelcan efluentes sin tratamiento en la zona de 1 y 92. La polución “supera ampliamente los límites legales”, afirman. Harán una denuncia penal
Insuficientes en cantidad y capacidad, abandonadas o con mantenimiento mínimo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales son en nuestra región meros reservorios que los concentran, canalizan y vierten en diferentes arroyos. Concebidas para purificar, hacen lo contrario. Vecinos de Villa Elvira damnificados por recurrentes desbordes de aguas servidas acaban de ser beneficiados por un fallo de la Justicia de Faltas local, que ordena a Absa regularizar la situación en las viviendas, y además dejar de contaminar el curso inferior del arroyo Maldonado.
Concretamente, el Juzgado de Faltas Nº2 platense, con competencia en defensa del consumidor, dictó una medida cautelar contra la empresa estatal que provee de agua potable y acceso a la red cloacal a los habitantes de la Región -y subsidiariamente, por lo tanto también contra la Provincia de Buenos Aires-, intimándola a instalar un grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90, y a garantizar la atención de las eventuales emergencias por su mal funcionamiento.
Al mismo tiempo, el juez Dante Rusconi determinó que en plazo de treinta días deberá cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos por la normativa de aplicación” en el Maldonado, pasante a sólo cien metros de las instalaciones de bombeo que además de la impulsión cloacal incluyen un pozo de extracción con dispositivos potabilizadores.
La Justicia de Faltas llegó a estas conclusiones tras corroborar que “las conductas de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima consisten en, por un lado, el presunto incumplimiento de la prestación del servicio público de desagües cloacales a su cargo y la falta de atención de las emergencias relacionadas con el mismo; y por otro, el bombeo de efluentes cloacales sin tratar y por encima de los parámetros legales desde una estación de su propiedad ubicada en 1 y 90, que son vertidos al curso del arroyo Maldonado, con un aparente impacto sanitario y ambiental de gravedad”.
Voceros de la firma intimada manifestaron anoche que “llegadas las notificaciones oficiales, se están analizando los pasos a seguir”. En su descargo oficial, según consta en el expediente de la causa, Absa había indicado que realizó varias obras para mejorar el funcionamiento de las cloacas en la zona y que los desbordes era consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico paralizaban y obligaban a reiniciar la planta.
Nuestra ciudad cuenta con varias estaciones de rebombeo cloacal, que recogen las aguas servidas de diferentes zonas; algunas de ellas están en 9 y 35 -maneja el caudal de la parte noroeste del casco histórico-; 122 y 66 -encauza los líquidos del sudeste del casco y su periferia-; 115 y 514 -cubre a las localidades del norte platense-; y 1 y 90, que sirve a amplios sectores del este y sudeste, incluyendo a Villa Elvira.
La planta de Ringuelet está desde hace tiempo en la mira de los vecinos, ambientalistas y la Justicia, por vuelcos en el arroyo El Gato; el emisario cloacal de avenida 66 (Río de La Plata) vierte toneladas de desechos crudos en las costas berissenses, y el de 1 y 90 en el Maldonado, que desagua en una amplia zona de bañados y luego en el Plata, a la altura de Los Talas.
En los últimos años, sus falencias fueron denunciadas una y otra vez por los vecinos de una localidad cada vez más poblada, y con asentamientos formados sobre tierras usurpadas que crecen a ritmo vertiginoso. De hecho, la “pluma” de contaminación que dibuja sobre la superficie del agua se ve claramente en las plataformas de mapas satelitales que ofrecen diferentes sitios de Internet.
El colapso de las estaciones elevadoras y purificadoras de efluentes cloacales es responsabilidad de sus operadores pero además, en parte, es una manifestación de problemas mayores como la densificación urbana descontrolada, las conexiones clandestinas y los acciones antirreglamentarias de miles de vecinos que conectan los desagües pluviales de sus viviendas a las cámaras sépticas.
En abril de 2016, Barrio Jardín y Villa Elvira se quedaron sin agua, y Absa adujo que la estación elevadora había sido “vandalizada”; en otra oportunidad, la firma explicó que “ante las intensas lluvias”, el lugar había colapsado, “en gran medida por la cantidad de viviendas que tienen conectados en forma indebida los desagües pluviales directamente a la red cloacal”.
Desde la Justicia de Faltas se precisó que “al detectarse vertido de efluentes sin tratar directamente en el arroyo Maldonado se dio intervención a la Justicia Penal Federal y se dispusieron medidas para diagnosticar el daño ambiental y la recomposición que deba realizarse en el futuro; mientras el límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, se verificaron valores entre 43.000 y 46.000, por dar apenas un ejemplo”.
Límite
Veinte veces más contaminación que la permitida hay en el arroyo Maldonado, cerca de la planta de bombeo cloacal de ABSA en 1 y 90. El límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, y se verificaron valores entre 43.000 y 46.000
Treinta
Días tiene ABSA para hacer cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos”. Además se la intimó a instalar un grupo electrógeno para “asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90”
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Fecha de Publicación: 11/06/2018
Fuente: El Día de La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
El Juzgado de Faltas Nº 2 hizo lugar a una cautelar. Determinó que se vuelcan efluentes sin tratamiento en la zona de 1 y 92. La polución “supera ampliamente los límites legales”, afirman. Harán una denuncia penal
Insuficientes en cantidad y capacidad, abandonadas o con mantenimiento mínimo, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales son en nuestra región meros reservorios que los concentran, canalizan y vierten en diferentes arroyos. Concebidas para purificar, hacen lo contrario. Vecinos de Villa Elvira damnificados por recurrentes desbordes de aguas servidas acaban de ser beneficiados por un fallo de la Justicia de Faltas local, que ordena a Absa regularizar la situación en las viviendas, y además dejar de contaminar el curso inferior del arroyo Maldonado.
Concretamente, el Juzgado de Faltas Nº2 platense, con competencia en defensa del consumidor, dictó una medida cautelar contra la empresa estatal que provee de agua potable y acceso a la red cloacal a los habitantes de la Región -y subsidiariamente, por lo tanto también contra la Provincia de Buenos Aires-, intimándola a instalar un grupo electrógeno para asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90, y a garantizar la atención de las eventuales emergencias por su mal funcionamiento.
Al mismo tiempo, el juez Dante Rusconi determinó que en plazo de treinta días deberá cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos por la normativa de aplicación” en el Maldonado, pasante a sólo cien metros de las instalaciones de bombeo que además de la impulsión cloacal incluyen un pozo de extracción con dispositivos potabilizadores.
La Justicia de Faltas llegó a estas conclusiones tras corroborar que “las conductas de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima consisten en, por un lado, el presunto incumplimiento de la prestación del servicio público de desagües cloacales a su cargo y la falta de atención de las emergencias relacionadas con el mismo; y por otro, el bombeo de efluentes cloacales sin tratar y por encima de los parámetros legales desde una estación de su propiedad ubicada en 1 y 90, que son vertidos al curso del arroyo Maldonado, con un aparente impacto sanitario y ambiental de gravedad”.
Voceros de la firma intimada manifestaron anoche que “llegadas las notificaciones oficiales, se están analizando los pasos a seguir”. En su descargo oficial, según consta en el expediente de la causa, Absa había indicado que realizó varias obras para mejorar el funcionamiento de las cloacas en la zona y que los desbordes era consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico paralizaban y obligaban a reiniciar la planta.
Nuestra ciudad cuenta con varias estaciones de rebombeo cloacal, que recogen las aguas servidas de diferentes zonas; algunas de ellas están en 9 y 35 -maneja el caudal de la parte noroeste del casco histórico-; 122 y 66 -encauza los líquidos del sudeste del casco y su periferia-; 115 y 514 -cubre a las localidades del norte platense-; y 1 y 90, que sirve a amplios sectores del este y sudeste, incluyendo a Villa Elvira.
La planta de Ringuelet está desde hace tiempo en la mira de los vecinos, ambientalistas y la Justicia, por vuelcos en el arroyo El Gato; el emisario cloacal de avenida 66 (Río de La Plata) vierte toneladas de desechos crudos en las costas berissenses, y el de 1 y 90 en el Maldonado, que desagua en una amplia zona de bañados y luego en el Plata, a la altura de Los Talas.
En los últimos años, sus falencias fueron denunciadas una y otra vez por los vecinos de una localidad cada vez más poblada, y con asentamientos formados sobre tierras usurpadas que crecen a ritmo vertiginoso. De hecho, la “pluma” de contaminación que dibuja sobre la superficie del agua se ve claramente en las plataformas de mapas satelitales que ofrecen diferentes sitios de Internet.
El colapso de las estaciones elevadoras y purificadoras de efluentes cloacales es responsabilidad de sus operadores pero además, en parte, es una manifestación de problemas mayores como la densificación urbana descontrolada, las conexiones clandestinas y los acciones antirreglamentarias de miles de vecinos que conectan los desagües pluviales de sus viviendas a las cámaras sépticas.
En abril de 2016, Barrio Jardín y Villa Elvira se quedaron sin agua, y Absa adujo que la estación elevadora había sido “vandalizada”; en otra oportunidad, la firma explicó que “ante las intensas lluvias”, el lugar había colapsado, “en gran medida por la cantidad de viviendas que tienen conectados en forma indebida los desagües pluviales directamente a la red cloacal”.
Desde la Justicia de Faltas se precisó que “al detectarse vertido de efluentes sin tratar directamente en el arroyo Maldonado se dio intervención a la Justicia Penal Federal y se dispusieron medidas para diagnosticar el daño ambiental y la recomposición que deba realizarse en el futuro; mientras el límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, se verificaron valores entre 43.000 y 46.000, por dar apenas un ejemplo”.
Límite
Veinte veces más contaminación que la permitida hay en el arroyo Maldonado, cerca de la planta de bombeo cloacal de ABSA en 1 y 90. El límite para esta clase de vuelcos es de 2.000 coliformes fecales, y se verificaron valores entre 43.000 y 46.000
Treinta
Días tiene ABSA para hacer cesar el vertido de efluentes cloacales “que excedan los parámetros establecidos”. Además se la intimó a instalar un grupo electrógeno para “asegurar el funcionamiento sin interrupciones de la estación elevadora cloacal de 1 y 90”
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