UPM: amplian monitoreo luego de 8 años de La Haya
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Ocho años después de un fallo por las pasteras, Argentina y Uruguay amplían el monitoreo del río
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El plan es completar el control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya.
Buenos Aires y Montevideo aprovecharon el Día Mundial del Medio Ambiente para anunciar que comenzarán a implementar el llamado Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay. Este completará un control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya tras el juicio por el conflicto por la instalación de una procesadora de pasta de papel en Fray Bentos. En realidad, el anuncio se hizo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de vigilar los emprendimientos en ese río.
"Este monitoreo abarca los 500 km de jurisdicción compartida entre Argentina y Uruguay, desde Monte Caseros – Bella Unión hasta su desembocadura en el Río de la Plata, el cual será ejecutado por del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay", señaló la información oficial.
La parte que ahora se pactó para monitorear completará el acuerdo puesto en marcha a partir del fallo de los tribunales de las Naciones Unidas en 2010, y el intercambio de notas entre los ex cancilleres de Cristina Kirchner (Héctor Timerman) y José Mujica (Luis Almagro). Estos funcionarios establecieron la creación de un comité científico, que en principio se puso a monitorear las áreas de impacto medioambiental de la pastera que en principio se conoció como Orion, luego tomó el nombre de la finlandesa Botnia, y hoy está en manos de UPM. El monitoreo también debía abarcar la zona de influencia de la pastera y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el río Uruguay. Esos estudios se hacían aguas superficiales.
Luego de un reclamo de ambientalistas entrerrianos, el gobierno de Néstor Kirchner nacionalizó la causa y se enfrentó con el presidente Tabaré Vázquez, cuando los monitoreos de la zona se hacían puntualmente y a través de campañas conocidas como Procon. Hubo por ejemplo, una "campaña" en 2003 y otra en 2005, el año en que empezó a agudizarse la tensión que tuvo momentos de grave enfrentamiento verbal entre los dos presidentes.
Después, aunque Cristina Kirchner y Mujica tuvieron cruces, los dos presidentes buscaron remontar el vínculo y encarrilar la cuestión del monitoreo en cumplimiento con lo dictaminado por la Haya. Según supo Clarín, se han detectado rastros de contaminación que la CARU reporta a sus respectivas cancillerías (los científicos son tanto uruguayos como argentinos). Por ejemplo, la ex Botnia (hoy UPM) mostró una alta concentración de sólidos sedimentables en dos momentos, se informó a este diario
Los que se lanzó ahora es un programa de monitoreo integral del Río Uruguay a lo largo de 500 kilómetros de orillas compartidas. Pero además, se integran todas las matrices ambientales (el agua, los sedimentos y la biota, u organismos vivos). Por otro lado, se hará un estudio de costas y luego se agregarán otros aspectos, hasta llegar a un total de siete programas
"El monitoreo se llevará a cabo con tres equipos de técnicos que tomaran muestras y realizarán otras mediciones in situ. Las mismas se realizarán simultáneamente durante dos días en las zonas norte, centro y sur a lo largo de los 500 km de río compartido", afirmó la CARU.
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El plan es completar el control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya.
Buenos Aires y Montevideo aprovecharon el Día Mundial del Medio Ambiente para anunciar que comenzarán a implementar el llamado Plan de Monitoreo Integral del Río Uruguay. Este completará un control bilateral de los niveles de contaminación que había empezado de manera parcial tras el fallo de las cortes de La Haya tras el juicio por el conflicto por la instalación de una procesadora de pasta de papel en Fray Bentos. En realidad, el anuncio se hizo a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo binacional encargado de vigilar los emprendimientos en ese río.
"Este monitoreo abarca los 500 km de jurisdicción compartida entre Argentina y Uruguay, desde Monte Caseros – Bella Unión hasta su desembocadura en el Río de la Plata, el cual será ejecutado por del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay", señaló la información oficial.
La parte que ahora se pactó para monitorear completará el acuerdo puesto en marcha a partir del fallo de los tribunales de las Naciones Unidas en 2010, y el intercambio de notas entre los ex cancilleres de Cristina Kirchner (Héctor Timerman) y José Mujica (Luis Almagro). Estos funcionarios establecieron la creación de un comité científico, que en principio se puso a monitorear las áreas de impacto medioambiental de la pastera que en principio se conoció como Orion, luego tomó el nombre de la finlandesa Botnia, y hoy está en manos de UPM. El monitoreo también debía abarcar la zona de influencia de la pastera y la desembocadura del Río Gualeguaychú en el río Uruguay. Esos estudios se hacían aguas superficiales.
Luego de un reclamo de ambientalistas entrerrianos, el gobierno de Néstor Kirchner nacionalizó la causa y se enfrentó con el presidente Tabaré Vázquez, cuando los monitoreos de la zona se hacían puntualmente y a través de campañas conocidas como Procon. Hubo por ejemplo, una "campaña" en 2003 y otra en 2005, el año en que empezó a agudizarse la tensión que tuvo momentos de grave enfrentamiento verbal entre los dos presidentes.
Después, aunque Cristina Kirchner y Mujica tuvieron cruces, los dos presidentes buscaron remontar el vínculo y encarrilar la cuestión del monitoreo en cumplimiento con lo dictaminado por la Haya. Según supo Clarín, se han detectado rastros de contaminación que la CARU reporta a sus respectivas cancillerías (los científicos son tanto uruguayos como argentinos). Por ejemplo, la ex Botnia (hoy UPM) mostró una alta concentración de sólidos sedimentables en dos momentos, se informó a este diario
Los que se lanzó ahora es un programa de monitoreo integral del Río Uruguay a lo largo de 500 kilómetros de orillas compartidas. Pero además, se integran todas las matrices ambientales (el agua, los sedimentos y la biota, u organismos vivos). Por otro lado, se hará un estudio de costas y luego se agregarán otros aspectos, hasta llegar a un total de siete programas
"El monitoreo se llevará a cabo con tres equipos de técnicos que tomaran muestras y realizarán otras mediciones in situ. Las mismas se realizarán simultáneamente durante dos días en las zonas norte, centro y sur a lo largo de los 500 km de río compartido", afirmó la CARU.
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En el Día del Ambiente, Bergman promociona lo forestal
En el Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional lanzó ForestAR 2030
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental.
En la celebración del Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional presentó ForestAR 2030, una estrategia interministerial desarrollada junto a los sectores clave para generar el crecimiento de una economía forestal sustentable en Argentina. El lanzamiento, realizado en Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, junto a sus pares de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
Durante el acto, los funcionarios firmaron una carta de intención y de trabajo colaborativo por la cual acordaron aunar esfuerzos a fin promover la industria forestal sustentable en sus distintas áreas de incumbencia. Además se comprometieron a posicionar al país dentro del contexto forestal internacional. Cabe señalar que la iniciativa, encabezada por la cartera nacional de Ambiente, es impulsada también por los ministerios de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
“Forestar 2030 es un proyecto de todos los argentinos, una plataforma nacional y federal, coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e implica ya un logro de trabajo articulado y compromiso global”, aseguró Bergman. “Tenemos que traducir el problema del cambio climático en una oportunidad; el impulso a una economía de múltiple efecto, a partir de la comunicación y educación respecto a los beneficios ecosistémicos del bosque y de la cadena de valor de la madera, de planes de inversión, de la generación de nuevos negocios y de la creación de puestos de trabajo”, agregó.
En el salón Pueblos Originarios de Casa de Gobierno Bergman aseguró: “No solo deforestar cero es nuestra meta, sino que también lo es la reforestación mediante un trabajo convergente y sinérgico, donde encontramos la trazabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cabe destacar que en materia de reforestación de especies nativas el Ministerio de Ambiente lleva a cabo el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados (PNRBND), que promueve la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de estos ecosistemas con diferentes grados de degradación. Asimismo, fomenta el restablecimiento de la biodiversidad, la regulación hídrica, la conservación del suelo y la calidad del agua, la fijación de los gases con efecto invernadero y la recuperación de los medios de sustento para las poblaciones locales.
De acuerdo con el aporte científico de la organización ambiental global TNC, la forestación es una de las principales soluciones naturales y de bajo costo para mitigar el cambio climático, y permite también dar cumplimiento a los Objetivos de un Desarrollo Sustentable (ODS). En ese sentido, ForestAR 2030 se inscribe en el marco de las acciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
La plataforma ForestAR apunta además al fortalecimiento de una economía de mercado, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Mesa Foresto Industrial, que reúne a distintas carteras del Gabinete y a productores, representantes de industrias y sindicatos del comercio de la madera, el papel y sus derivados. En ese ámbito, la meta propuesta al 2030 es alcanzar dos millones de hectáreas forestadas en todo el país.
“Celebro la iniciativa de Forestar 2030, esta plataforma interministerial que nos permitirá trabajar de forma mancomunada hacia el objetivo de ser un país con mejor ambiente, con más inversión y mejora del empleo. La foresto industria argentina involucra más de 100 mil empleos directos e intervienen unas 7000 pymes de distinto nivel de transformación de la madera. Si el sector crece esto puede multiplicarse, generando mayor trabajo para todos los argentinos”, dijo el ministro de Agroindustria.
Por su parte, el titular de la cartera de Educación de la Nación señaló: “La única manera de encarar una verdadera transformación es poner el foco en un desarrollo económico, social y ambiental sostenible y el primer paso es la educación. Esta gestión piensa en el futuro. Nuestros chicos necesitan aprender que son los dueños de ese futuro y convertirse en ciudadanos del mundo responsables. Solo es factible crecer con una visión a largo plazo; ForestAR 2030 se inscribe dentro de las políticas públicas que piensan la Argentina hacia delante y puede ser una piedra angular del cambio cultural que nuestra nación necesita”.
Para finalizar, Quintana aseguró: “Nos toca honrar este mandato de cambio que la sociedad nos pide. Y tenemos que llevarlo adelante construyendo un país más equitativo, más sustentable y pensando en particular en los más vulnerables, y hacerlo cuidándolos a ellos y a la Casa común”.
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La iniciativa apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental.
En la celebración del Día Mundial del Ambiente, el Gobierno nacional presentó ForestAR 2030, una estrategia interministerial desarrollada junto a los sectores clave para generar el crecimiento de una economía forestal sustentable en Argentina. El lanzamiento, realizado en Casa de Gobierno, estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, junto a sus pares de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; de Educación, Alejandro Finocchiaro; y el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
Durante el acto, los funcionarios firmaron una carta de intención y de trabajo colaborativo por la cual acordaron aunar esfuerzos a fin promover la industria forestal sustentable en sus distintas áreas de incumbencia. Además se comprometieron a posicionar al país dentro del contexto forestal internacional. Cabe señalar que la iniciativa, encabezada por la cartera nacional de Ambiente, es impulsada también por los ministerios de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
“Forestar 2030 es un proyecto de todos los argentinos, una plataforma nacional y federal, coordinada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, e implica ya un logro de trabajo articulado y compromiso global”, aseguró Bergman. “Tenemos que traducir el problema del cambio climático en una oportunidad; el impulso a una economía de múltiple efecto, a partir de la comunicación y educación respecto a los beneficios ecosistémicos del bosque y de la cadena de valor de la madera, de planes de inversión, de la generación de nuevos negocios y de la creación de puestos de trabajo”, agregó.
En el salón Pueblos Originarios de Casa de Gobierno Bergman aseguró: “No solo deforestar cero es nuestra meta, sino que también lo es la reforestación mediante un trabajo convergente y sinérgico, donde encontramos la trazabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Cabe destacar que en materia de reforestación de especies nativas el Ministerio de Ambiente lleva a cabo el Programa Nacional de Restauración de Bosques Nativos Degradados (PNRBND), que promueve la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de estos ecosistemas con diferentes grados de degradación. Asimismo, fomenta el restablecimiento de la biodiversidad, la regulación hídrica, la conservación del suelo y la calidad del agua, la fijación de los gases con efecto invernadero y la recuperación de los medios de sustento para las poblaciones locales.
De acuerdo con el aporte científico de la organización ambiental global TNC, la forestación es una de las principales soluciones naturales y de bajo costo para mitigar el cambio climático, y permite también dar cumplimiento a los Objetivos de un Desarrollo Sustentable (ODS). En ese sentido, ForestAR 2030 se inscribe en el marco de las acciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
La plataforma ForestAR apunta además al fortalecimiento de una economía de mercado, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Mesa Foresto Industrial, que reúne a distintas carteras del Gabinete y a productores, representantes de industrias y sindicatos del comercio de la madera, el papel y sus derivados. En ese ámbito, la meta propuesta al 2030 es alcanzar dos millones de hectáreas forestadas en todo el país.
“Celebro la iniciativa de Forestar 2030, esta plataforma interministerial que nos permitirá trabajar de forma mancomunada hacia el objetivo de ser un país con mejor ambiente, con más inversión y mejora del empleo. La foresto industria argentina involucra más de 100 mil empleos directos e intervienen unas 7000 pymes de distinto nivel de transformación de la madera. Si el sector crece esto puede multiplicarse, generando mayor trabajo para todos los argentinos”, dijo el ministro de Agroindustria.
Por su parte, el titular de la cartera de Educación de la Nación señaló: “La única manera de encarar una verdadera transformación es poner el foco en un desarrollo económico, social y ambiental sostenible y el primer paso es la educación. Esta gestión piensa en el futuro. Nuestros chicos necesitan aprender que son los dueños de ese futuro y convertirse en ciudadanos del mundo responsables. Solo es factible crecer con una visión a largo plazo; ForestAR 2030 se inscribe dentro de las políticas públicas que piensan la Argentina hacia delante y puede ser una piedra angular del cambio cultural que nuestra nación necesita”.
Para finalizar, Quintana aseguró: “Nos toca honrar este mandato de cambio que la sociedad nos pide. Y tenemos que llevarlo adelante construyendo un país más equitativo, más sustentable y pensando en particular en los más vulnerables, y hacerlo cuidándolos a ellos y a la Casa común”.
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Pascua-Lama: ¿los chinos podrán?
Creen que Shandong sí podrá hacer el proyecto binacional Pascua Lama
Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A fin de año, la firma china le presentará al Ejecutivo un informe sobre la viabilidad del proyecto. Hay entusiasmo.
En el Ejecutivo están entusiasmados, pero son cautos. Estiman que no hay impedimento para que la empresa china, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, pueda hacerse cargo del proyecto binacional Pascua Lama, como anticipó DIARIO DE CUYO el domingo pasado. La expectativa surge porque la firma canadiense fue multada y sancionada a clausurar el proyecto en Chile. Pero además, Barrick ya les indicó a sus accionistas que el proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía y lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora". Por eso, el Ejecutivo local le pedirá a la empresa que lleve adelante el cierre de la mina, medida que puede allanar el camino para la participación de la firma oriental. Para conocer si puede llevar adelante el proyecto binacional, Shandong realizará un informe que, según confirmó ayer el gobernador Sergio Uñac, será presentado por las autoridades chinas antes de fin de año.
Fuentes oficiales indicaron que el ingreso de otra empresa que no sea Barrick para ejecutar el proyecto es clave. Es que entienden que la firma canadiense no tuvo buenos resultados a ambos lados de la cordillera y que "si cambian los personajes, podemos comenzar a transitar un camino nuevo", sostuvieron. Es más, no descartan que pueda haber tratativas con las autoridades nacionales de ambos países para que el proyecto tenga el visto bueno y se pueda avanzar con su objetivo original, que sea binacional.
La iniciativa en Pascua Lama contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país paralizaron el proyecto porque en la construcción se afectó tanto un río con aguas ácidas y fauna y flora de la zona, entre otros puntos. Por eso la empresa fue multada con 11,5 millones de pesos y con la clausura total y definitiva del proyecto. Así surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero eso quedó frenado por completo por la empresa, decisión que fue anunciada en abril en la presentación de su informe financiero.
Sin el desarrollo de tareas en un futuro cercano, el ministro de Minería Alberto Hensel confirmó que le solicitarán a la empresa canadiense el cierre del proyecto, lo que implica tareas de remediación del lugar donde están instalados quipos, campamentos y estructuras que fueron edificadas. Incluso las fuentes indicaron que esa solicitud será enviada en las próximas semanas a la empresa para que se detalle cómo realizarán los trabajos, la mano de obra requerida, el tiempo que demorarán en el cierre y el monto a destinar.
Según dijo ayer Uñac, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el viernes con el presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, "hacia fin de año me van a presentar un informe y están mirando si puede ser Lama o Lama- Pascua, teniendo en cuenta que también pueden hacer minería subterránea".
Sobre las expectativas que genera la participación china, el ministro Hensel sostuvo que "esto puede generar nuevas instancias de negociación". Además, aseguró que "por las conversaciones que hemos tenido, siempre entendimos que Shandong tiene un objetivo más amplio que su participación en Veladero, sobre todo mirando al Valle del Cura y el potencial minero que tiene San Juan".
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Fecha de Publicación: 10/06/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
A fin de año, la firma china le presentará al Ejecutivo un informe sobre la viabilidad del proyecto. Hay entusiasmo.
En el Ejecutivo están entusiasmados, pero son cautos. Estiman que no hay impedimento para que la empresa china, Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, pueda hacerse cargo del proyecto binacional Pascua Lama, como anticipó DIARIO DE CUYO el domingo pasado. La expectativa surge porque la firma canadiense fue multada y sancionada a clausurar el proyecto en Chile. Pero además, Barrick ya les indicó a sus accionistas que el proyecto no cumple con los criterios de inversión de la compañía y lo dejó como "una opción para el desarrollo en el futuro si la economía mejora". Por eso, el Ejecutivo local le pedirá a la empresa que lleve adelante el cierre de la mina, medida que puede allanar el camino para la participación de la firma oriental. Para conocer si puede llevar adelante el proyecto binacional, Shandong realizará un informe que, según confirmó ayer el gobernador Sergio Uñac, será presentado por las autoridades chinas antes de fin de año.
Fuentes oficiales indicaron que el ingreso de otra empresa que no sea Barrick para ejecutar el proyecto es clave. Es que entienden que la firma canadiense no tuvo buenos resultados a ambos lados de la cordillera y que "si cambian los personajes, podemos comenzar a transitar un camino nuevo", sostuvieron. Es más, no descartan que pueda haber tratativas con las autoridades nacionales de ambos países para que el proyecto tenga el visto bueno y se pueda avanzar con su objetivo original, que sea binacional.
La iniciativa en Pascua Lama contemplaba la extracción de oro a cielo abierto, pero las autoridades y la Justicia del vecino país paralizaron el proyecto porque en la construcción se afectó tanto un río con aguas ácidas y fauna y flora de la zona, entre otros puntos. Por eso la empresa fue multada con 11,5 millones de pesos y con la clausura total y definitiva del proyecto. Así surgió la alternativa subterránea, que partiría del lado argentino, pero eso quedó frenado por completo por la empresa, decisión que fue anunciada en abril en la presentación de su informe financiero.
Sin el desarrollo de tareas en un futuro cercano, el ministro de Minería Alberto Hensel confirmó que le solicitarán a la empresa canadiense el cierre del proyecto, lo que implica tareas de remediación del lugar donde están instalados quipos, campamentos y estructuras que fueron edificadas. Incluso las fuentes indicaron que esa solicitud será enviada en las próximas semanas a la empresa para que se detalle cómo realizarán los trabajos, la mano de obra requerida, el tiempo que demorarán en el cierre y el monto a destinar.
Según dijo ayer Uñac, al ser consultado sobre la reunión que mantuvo el viernes con el presidente de Shandong Gold, Chen Yumin, "hacia fin de año me van a presentar un informe y están mirando si puede ser Lama o Lama- Pascua, teniendo en cuenta que también pueden hacer minería subterránea".
Sobre las expectativas que genera la participación china, el ministro Hensel sostuvo que "esto puede generar nuevas instancias de negociación". Además, aseguró que "por las conversaciones que hemos tenido, siempre entendimos que Shandong tiene un objetivo más amplio que su participación en Veladero, sobre todo mirando al Valle del Cura y el potencial minero que tiene San Juan".
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Restauración hidrológica de turberas en el sur
Logran la restauración hidrológica de humedales impactados por actividades productivas
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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La venta de información del Estado hacia las mineras
Venden información confidencial del Estado para negocio minero
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca
Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública, y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio. Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.
Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina. ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país. Que peligro para la patria.
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Proyectan un corredor ecológico en la Ruta 114 de Corrientes
Proyectan crear un corredor ecológico en la Ruta 114 para proteger la flora y fauna
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Desmontes,
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legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
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Minería: la meseta central chubutense también preocupada
"Estamos tensos y preocupados por la embestida megaminera"
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El Padre Tono Sanchez, párroco de los pueblos que componen la meseta central chubutenses se refirió a la profunda discriminación que trae aparejada las opiniones divididas que hay respecto a la explotación minera en la zona. "En Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo", dijo los antimineros "son dejados de lado".
El Padre Tono Sánchez se hizo reconocido en el resto de la provincia cuando consiguió alzar su voz en la cumbre minera organizada en Telsen. Desde entonces, es reconocido por su militancia a favor de la vida y del cuidado de los recursos naturales. Ahora, se manifestó preocupado por la cantidad de intereses que impulsan la discusión minera en la meseta y el regadero de consecuencias sociales que eso trae aparejado.
En la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado", sintetizó. "Estamos altamente nerviosos, preocupados y tensos por toda la embestida megaminera de nuevo en Chubut".
En este sentido, describió que se vive frente " a una presión ¿virulenta del Gobierno Nacional, no solo de los sectores promineros sino de toda la actividad política nacional, que quieren imponer en cualquier lugar, y no solo en Chubut, la megaminería. Según ellos es una fuente de salvación". Dijo que el despliegue es en toda la Meseta y en la Provincia "y no solo en el área central y norte".
El párroco recordó que "en 2013 hubo una embestida de propaganda y de querer influir en todos los espíritus de la Meseta. Hace unos 20 días, después de la experiencia que tuvieron en Puerto Madryn -la reunión en el Ecocentro organizada por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Minería Argentina- de comenzar con una bolsa de trabajo para las empresas megamineras; después siguieron por la Meseta Central y la Meseta Norte comenzando por Paso de Indios; Paso del Sapo; Lagunita Salada; Gastre; Gan Gan y en Telsen".
El cura reflexionó que el trabajo minero "es una promesa en el aire y en el tiempo porque dicen que ahora no pero en algún momento se va a abrir la megaminería. Es una falacia, ya que es una actividad por ahora ilegal. Pensando mal, esto es una presión contra pobres. Es una presión psicológica más fuerte que antes" y agregó que "el mensaje es ¿qué están haciendo ustedes que dejan sin la posibilidad de trabajo a cinco mil familias?".
Asimismo, Tono Sández en diálogo con Radio Cadena 3 aseguró que se trata de "una lucha desigual, no solo contra Pan American Silver (Proyecto Navidad) y otras multinacionales o gremios o asociaciones sino también contra el poder político"
Manifestó el padre Tono que "Acá en la Meseta si alguien es antiminero está señalado y dejado de lado. En una comuna, que estaba cercana a la comunidad, porque es muy cristiana, porque el cura no es prominero dijeron entonces que no hay ninguna colaboración y ninguna ayuda, no solo para una actividad eclesial sino social. Es por defender la no megaminería".
Precisó que "en Gastre es impresionante la presión psicológica y discriminación social e incluso religiosa. Se crea un problema de convivencia enorme. En Telsen está comenzando a pasar lo mismo porque el cura estuvo presente en la famosa cumbre pro minera (a la que asistió el ministro de Energía, Juan José Aranguren). No castigan al cura pero sí a la comunidad cristiana".
"En la Meseta no son todos promineros – advirtió - Que no presenten esa bandera porque no es cierta. Hay un montón de gente que está en desacuerdo".
Además se preguntó "¿Cuándo los jefes comunales se reunieron en defensa y en promoción del campo?. Sólo se han reunido cuando ha venido la (empresa) minera o el Gobierno Nacional, entonces son un cuerpo que está favor de la actividad megaminera", concluyó.
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Se desifla el plan nuclear por cuestiones económicas nomás
El plan nuclear se queda sin energía
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos diversificación, un combo que se pierde con la decisión
A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.
En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.
La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).
El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).
“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).
El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.
Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.
Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.
También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.
Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.
La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.
Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.
“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.
El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.
Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.
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Glifosato en todos lados
Fuerte advertencia de científicos por la presencia de un peligroso herbicida
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Dïa (Buenos Aires)
Provincia/Región: Nacional
Se trata del glifosato, que se encuentra en diferentes lugares de la Ciudad, cuyo uso ha crecido en la producción agropecuaria
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de glifosato, un peligroso herbicida con potencial carcinogénico, están presenten en diferentes concentraciones, en la lluvia que cae en el centro de nuestra ciudad, en el algodón, gasas, peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos, en todo nuestro sistema ambiental.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces y el uso de este herbicida es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental.
Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y esto puede producir desde leucemia, distintos tipos de linfomas, patologías tiroideas, enfermedades cutáneas, y hasta daños genéticos, remarcan desde la casa de altos estudios.
Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), un organismo de doble dependencia UNLP-Conicet, remarcó: “el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser un herbicida generalista porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies después de 20 años del uso de este compuesto comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual decidió aumentarse la cantidad del químico por hectárea”.
Según Marino, “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
Y detalló: “en las distintas muestras ambientales que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90 % de la carga total de plaguicidas de la muestra”.
Creciente Uso
“Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénico, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, y en el caso del algodón 40 litros por hectárea por año. Las dosis han ido aumentando porque ya no hacen el mismo efecto que hacían al principio y esto se debe a la resistencia que van generando las distintas especies”, explicó el investigador.
El glifosato es un contaminante seudopersistente que se deposita en el suelo y en el ambiente que no logra degradar la cantidad que ingresa, y se acumula a razón de un miligramo por kilo por año.
En cada lluvia cae Glifosato
Un estudio del CIM, demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, cae glifosato asociado a la gota de lluvia. Esto se comprobó midiendo concentración de glifosato en la lluvia.
La presencia del herbicida está presente sobre todo en la zona que va dese la provincia de Santa Fe hasta la ciudad de Luján en la provincia de Buenos Aires.
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Un ejemplo de agricultura y ganadería sustentable y rentable
Córdoba: una fundación de ingleses y argentinos hace 100% de producción orgánica
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.
Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.
Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Ser ambientalmente sustentable, producir y ganar dinero. Todo eso es posible a la vez. Ese es el mensaje con el que insisten desde la estancia Las Dos Hermanas, de 4200 hectáreas ubicadas en Arias, en el departamento cordobés de Marcos Juárez.
Hace 35 años, el establecimiento resolvió no usar agroquímicos ni fertilizantes con químicos y, después, extendieron el concepto a las semillas genéticamente modificadas.
Marcelo Frías, administrador de la estancia, señaló a LA NACION que parte de la función es que a quien le interese un "modelo que es rentable" lo pueda replicar.
Las Dos Hermanas es refugio de Vida Silvestre desde 1989. Es área natural protegida e integra la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas. También es parte de Aves Argentinas (ONG que trabaja por la revalorización y el cuidado de las aves), de Alianza del Pastizal y del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (Mapo).
"Tenemos un fuerte compromiso con la conservación y lo plasmamos produciendo de manera amigable", dijo Frías. Las 4200 hectáreas están certificadas como 100% orgánicas. Allí se hace ganadería orgánica, agricultura y conservación de la biodiversidad.
La estancia pertenece a una fundación (integrada por cinco ingleses y tres argentinos) a quienes dejaron las tierras las hermanas Raquel y Pamela Schiele, quienes heredaron el campo del que se fueron muy niñas cuando murió su papá. Regresaron a Inglaterra pero en 1947 comenzaron a hacer largas visitas y se instalaron. Ellas ordenaron no usar más agroquímicos.
"Hacemos la agricultura que se hacía antes de la irrupción de los agroquímicos. El manejo de las malezas es conociendo las malezas de los lotes, hacer el manejo adecuado ya sea con labores previas y combate mecánico haciendo rotativa una o dos veces, un escardillo vibro, un escardillo y finalmente limpieza manual con una cuadrilla", explicó.
En agricultura extensiva la estancia -que es miembro de Pampa Orgánica Norte, integrada por ocho grandes productores- hace cultivos de invierno (avena, cebada, centeno y trigo) y de verano (girasol, soja, maíz, sorgo y productos especiales como maíz pisingallo y girasol de confitería).
Destinan a la actividad 1000 hectáreas con un rinde promedio de 2,5 toneladas por hectárea; lo que implica una producción de unas 3 millones de toneladas al año. En granos el mayor demandante es Estados Unidos, aunque también proveen a emprendimientos internos medianos y chicos.
"Los rindes de soja son de 2 toneladas por hectárea y los de trigo 2,5 toneladas por hectárea. Tenemos mejores precios que lo convencional, 35% más en promedio en los granos, y menores costos", explicó.
Ganadería
Cuentan con 6000 cabezas de ganado. Hacen cría, recría y engorde tanto para atender el mercado interno como para exportar (principalmente a Europa). Para el consumo doméstico venden a través de la marca MOO (Meet Organic Organization), que formaron junto a otros productores orgánicos.
Frías apuntó que la demanda de productos orgánicos en la Argentina crece de la mano de las nuevas generaciones "que ya tienen una cultura del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad".
Entiende que, desde los gobiernos, empezó a extenderse el apoyo y, en conjunto, hace que la demanda se fortalezca.
Investigación
La Fundación Las Dos Hermanas -que no recibe donaciones ni subsidios- apoya con sus recursos cinco líneas de investigación del Conicet que se realizan en 500 hectáreas del campo que "nunca" fueron explotadas ni intervenidas.
"Existen muy pocas zonas así en la Argentina de pastizal pampeano", dijo Frías. En ese espacio los técnicos hacen seguimiento de la población y de la evolución de los pastos y cuatro monitoreos al año de aves (hay 150 especies).
Además, en la laguna Las Tunas miden la calidad del agua y la evolución de los anfibios y otro equipo controla los suelos y los animales de tierra (lombrices y ácaros). "Todo esto nos permite contar con indicadores y líneas de base de monitoreo para automedirnos y avanzar en nuestro trabajo", resumió Frías.
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La Pampa prohibe el trasvase de ríos interprovinciales
La Pampa: prohibieron el trasvase de ríos interprovinciales
Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado.
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado a otras cuencas hídricas, informaron hoy fuentes parlamentarias. El proyecto fue aprobado ayer por 25 votos con el apoyo del PJ, Pueblo Nuevo, Frente Pampeano Cívico y Social, conformado por radicales y socialistas.
También lo acompañó el Frente Renovador, mientras que el PRO lo rechazó por “falta de debate”. En rigor, la iniciativa que fue presentada en el 2014 por el diputado radical Martín Berhongaray, se desarchivó y se modificó en la sesión de ayer por la tarde, ante un planteo del bloque oficialista. El diputado Berhongaray explicó que con esta norma "se prohíbe la derivación de caudales desde cualquiera de los ríos que pertenecen a La Pampa”.
Este proyecto prohíbe “en particular la exportación de agua que pretende realizar Mendoza desde el río Grande hacia el Atuel”, indicó el legislador. La Pampa y Mendoza están en plena disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el río Atuel, a partir de una demanda presentada por el gobierno pampeano por el corte del río interprovincial aguas arriba.
La propuesta aprobada por los legisladores se alinea en contra del pretendido "trasvasamiento proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento desde la cuenca del río Colorado a la cuenca del Atuel”, según se fundamentó en la ley. Berhongaray agregó que la ley “es una herramienta más para la provincia" porque “permanentemente los funcionarios mendocinos insisten con resolver la problemática del Atuel, incorporándole caudales desde otras cuencas”.
Con esto, destacó el presidente de la comisión de la comisión de Ecología, “se destierra de plano esa posibilidad hasta tanto no se avance con el trasvase compensador de al menos 50 metros cúbicos por segundo, desde el río Negro al Colorado”. Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, aseguró que la normativa “prohíbe entregar cupos de agua del río Colorado que le pertenecen a La Pampa”.
Y, afirmó que la legislación “marca que evidentemente nuestra provincia está cuidando el cupo de agua del Colorado”, que también pasa por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza, que conforman el comité de cuenca, Coirco. La ley aprobada en la Legislatura “prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales del cupo establecido para La Pampa en el marco del Estatuto y Programa Único de distribución de caudales del Coirco”.
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Fecha de Publicación: 07/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado.
La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por mayoría una ley que establece la prohibición al trasvase de los ríos interprovinciales, especialmente a la exportación de agua de la cuenca del río Colorado a otras cuencas hídricas, informaron hoy fuentes parlamentarias. El proyecto fue aprobado ayer por 25 votos con el apoyo del PJ, Pueblo Nuevo, Frente Pampeano Cívico y Social, conformado por radicales y socialistas.
También lo acompañó el Frente Renovador, mientras que el PRO lo rechazó por “falta de debate”. En rigor, la iniciativa que fue presentada en el 2014 por el diputado radical Martín Berhongaray, se desarchivó y se modificó en la sesión de ayer por la tarde, ante un planteo del bloque oficialista. El diputado Berhongaray explicó que con esta norma "se prohíbe la derivación de caudales desde cualquiera de los ríos que pertenecen a La Pampa”.
Este proyecto prohíbe “en particular la exportación de agua que pretende realizar Mendoza desde el río Grande hacia el Atuel”, indicó el legislador. La Pampa y Mendoza están en plena disputa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el río Atuel, a partir de una demanda presentada por el gobierno pampeano por el corte del río interprovincial aguas arriba.
La propuesta aprobada por los legisladores se alinea en contra del pretendido "trasvasamiento proyectado a partir del embalse Portezuelo del Viento desde la cuenca del río Colorado a la cuenca del Atuel”, según se fundamentó en la ley. Berhongaray agregó que la ley “es una herramienta más para la provincia" porque “permanentemente los funcionarios mendocinos insisten con resolver la problemática del Atuel, incorporándole caudales desde otras cuencas”.
Con esto, destacó el presidente de la comisión de la comisión de Ecología, “se destierra de plano esa posibilidad hasta tanto no se avance con el trasvase compensador de al menos 50 metros cúbicos por segundo, desde el río Negro al Colorado”. Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos pampeano, Javier Schlegel, aseguró que la normativa “prohíbe entregar cupos de agua del río Colorado que le pertenecen a La Pampa”.
Y, afirmó que la legislación “marca que evidentemente nuestra provincia está cuidando el cupo de agua del Colorado”, que también pasa por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Mendoza, que conforman el comité de cuenca, Coirco. La ley aprobada en la Legislatura “prohíbe todo trasvase y/o exportación de caudales del cupo establecido para La Pampa en el marco del Estatuto y Programa Único de distribución de caudales del Coirco”.
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes
Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional
Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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Santa Fe avanza en la fiscalía ambiental
"Buscamos una persecución penal adecuada del delito ambiental"
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fiscal general Jorge Baclini explicó los alcances de la nueva área de coordinación que funcionará en el ámbito de la Justicia provincial.
Hace pocos días la Justicia provincial anunció la creación de un área de Coordinación en investigación de Delitos Ambientales, toda una novedad a nivel regional que apunta a ayudar con información y pericias técnicas a los fiscales que avancen con causas relacionadas con denuncias ambientales. La idea es replicar un modelo que ya existe en varias provincias del norte del país, donde la megaminería genera problemas de contaminación graves que se han traducido en fuertes movilizaciones sociales. En Santa Fe los mayores riesgos ambientales vienen por otro lado y tienen que ver con contaminación de agua, tierra o aire por parte de industrias y del sector agropecuario. Así lo explicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien destacó que se creó una guía de acción para fiscales que investiguen delitos ambientales, y que además se avanzó en la formación de una policía especializada en el tratamiento de este tipo de denuncias.
—¿Por qué se tomó la decisión de crear un área específica para los delitos ambientales?
—Venimos observando algunos casos en distintos lugares de denuncias sobre daños al medioambiente, a veces con consecuencias para las personas. Es un síntoma de alerta que hace que se empiece a trabajar con el medioambiente y generar una persecución penal adecuada.
—Hay un énfasis puesto en la capacitación?
—Se trata de hechos no tan comunes que generan que los fiscales reciban una capacitación específica y puntual, así como las áreas criminalísticas. Hay que saber extraer muestras y tener laboratorios con aparatos que puedan analizar las pruebas y ver si las denuncias pueden ser constituidas como delitos. No es una unidad fiscal sino un área de consultoría que brinda apoyo y líneas de trabajo a los fiscales que trabajan con estos delitos. Esto se reforzará a futuro con una red de fiscales que trabajen temas ambientales en la provincia.
—¿Cuáles son las problemáticas ambientales más frecuentes en Santa Fe?
—Son problemáticas relacionadas con el agua, los ríos y algunas industrias que vierten fluidos. También ha habido denuncias de contaminación de aire y tierra relacionadas con fumigaciones. Esas son las denuncias más comunes.
—¿Santa Fe corría de atrás en relación a estos problemas?
—No hay todavía un gran desarrollo de la persecución penal de delitos ambiental en el país. Hay algunas provincias del norte que han avanzado en relación a la megaminería, pero hasta ahora en Santa Fe no había sido considerado desde lo penal mas allá de algunas investigaciones. Esta área busca paliar eso con la puesta en marcha de una guía de actuación para los fiscales, que es un instructivo de trabajo para saber cómo deben actual los fiscales en estos casos y cuáles son los delitos que se pueden investigar.
—La idea es tener un protocolo de actuación?
—Queremos una red de fiscales capacitados y la guía contiene los pasos y la secuencia que hay que seguir cuando ocurre un hecho: hay jurisprudencia y recomendaciones técnicas para la investigación.
—¿Esto se acompaña con acción policial también?
—Hay un área dentro de la policía de investigaciones que se ocupará de estos hechos tanto en el norte como en el sur de la provincia. Esto es importante porque genera capacitación.
—¿Es difícil investigar el delito ambiental?
—Son hechos no son tan comunes ni tan frecuentes. Se puede recibir una denuncia inmediata pero la determinación de ese hecho no será inmediata. Hay que ver si se hicieron los controles y actuar en el momento justo, tiene cierta complejidad. A veces causa efectos dilatados en el tiempo. Estamos trabajando mucho en capacitación en el Ministerio Público y la policía, ya hay gente especializada y seguiremos en esto.
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Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fiscal general Jorge Baclini explicó los alcances de la nueva área de coordinación que funcionará en el ámbito de la Justicia provincial.
Hace pocos días la Justicia provincial anunció la creación de un área de Coordinación en investigación de Delitos Ambientales, toda una novedad a nivel regional que apunta a ayudar con información y pericias técnicas a los fiscales que avancen con causas relacionadas con denuncias ambientales. La idea es replicar un modelo que ya existe en varias provincias del norte del país, donde la megaminería genera problemas de contaminación graves que se han traducido en fuertes movilizaciones sociales. En Santa Fe los mayores riesgos ambientales vienen por otro lado y tienen que ver con contaminación de agua, tierra o aire por parte de industrias y del sector agropecuario. Así lo explicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, quien destacó que se creó una guía de acción para fiscales que investiguen delitos ambientales, y que además se avanzó en la formación de una policía especializada en el tratamiento de este tipo de denuncias.
—¿Por qué se tomó la decisión de crear un área específica para los delitos ambientales?
—Venimos observando algunos casos en distintos lugares de denuncias sobre daños al medioambiente, a veces con consecuencias para las personas. Es un síntoma de alerta que hace que se empiece a trabajar con el medioambiente y generar una persecución penal adecuada.
—Hay un énfasis puesto en la capacitación?
—Se trata de hechos no tan comunes que generan que los fiscales reciban una capacitación específica y puntual, así como las áreas criminalísticas. Hay que saber extraer muestras y tener laboratorios con aparatos que puedan analizar las pruebas y ver si las denuncias pueden ser constituidas como delitos. No es una unidad fiscal sino un área de consultoría que brinda apoyo y líneas de trabajo a los fiscales que trabajan con estos delitos. Esto se reforzará a futuro con una red de fiscales que trabajen temas ambientales en la provincia.
—¿Cuáles son las problemáticas ambientales más frecuentes en Santa Fe?
—Son problemáticas relacionadas con el agua, los ríos y algunas industrias que vierten fluidos. También ha habido denuncias de contaminación de aire y tierra relacionadas con fumigaciones. Esas son las denuncias más comunes.
—¿Santa Fe corría de atrás en relación a estos problemas?
—No hay todavía un gran desarrollo de la persecución penal de delitos ambiental en el país. Hay algunas provincias del norte que han avanzado en relación a la megaminería, pero hasta ahora en Santa Fe no había sido considerado desde lo penal mas allá de algunas investigaciones. Esta área busca paliar eso con la puesta en marcha de una guía de actuación para los fiscales, que es un instructivo de trabajo para saber cómo deben actual los fiscales en estos casos y cuáles son los delitos que se pueden investigar.
—La idea es tener un protocolo de actuación?
—Queremos una red de fiscales capacitados y la guía contiene los pasos y la secuencia que hay que seguir cuando ocurre un hecho: hay jurisprudencia y recomendaciones técnicas para la investigación.
—¿Esto se acompaña con acción policial también?
—Hay un área dentro de la policía de investigaciones que se ocupará de estos hechos tanto en el norte como en el sur de la provincia. Esto es importante porque genera capacitación.
—¿Es difícil investigar el delito ambiental?
—Son hechos no son tan comunes ni tan frecuentes. Se puede recibir una denuncia inmediata pero la determinación de ese hecho no será inmediata. Hay que ver si se hicieron los controles y actuar en el momento justo, tiene cierta complejidad. A veces causa efectos dilatados en el tiempo. Estamos trabajando mucho en capacitación en el Ministerio Público y la policía, ya hay gente especializada y seguiremos en esto.
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