Nueva jornada nacional sobre cambio climático
08:41 | 
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Jornada de trabajo por el Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático
Fecha de Publicación: 08/09/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como parte de su contribución a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) hospedó la jornada Estado de Situación del Proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, organizada en el marco de la misión de supervisión del proyecto. El evento tuvo lugar el lunes 2 de septiembre, en el salón “Presidente Néstor Kirchner” de la cartera, ubicado en San Martín 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Dr. Ricardo Salvioli, Jefe de Asesores de la Secretaría, fue el responsable de oficiar la apertura en representación de su titular, el Dr. Juan José Mussi, seguido por Tuuli Bernardini, especialista ambiental del Banco Mundial; el Dr. Nazareno Castillo Marin, Director de Cambio Climático de la cartera y el Lic. Daniel Calabrese, responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).
Tras las palabras inaugurales, técnicos de la UEP y de la Dirección de Cambio Climático compartieron con los presentes el estado actual y los avances del proyecto. A continuación fue el turno de la Dra. Carolina Vera, Directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), quien disertó sobre la “Confiabilidad e Incertidumbre de las Proyecciones de Cambio Climático en Argentina”. Finalmente, el Ing. Gabriel Vázquez Amábile, líder del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), protagonizó una exposición sobre “Evaluación de Necesidades Tecnológicas”. El encuentro concluyó con una nueva intervención del Lic. Calabrese, quien agradeció a los presentes su participación en el proyecto.
Sobre el Proyecto
Entre las obligaciones asumidas con la CMNUCC, la Argentina debe comunicarle sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, sus programas nacionales tendientes a mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, y toda otra información relevante para el logro del objetivo de la Convención. Por este motivo, la SAyDS, a través de su Dirección de Cambio Climático, se encuentra abocada a la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, tras las emitidas en 1997 -revisada en 1999- y en 2007. Ésta contempla la participación de organismos del Estado y de sectores no gubernamentales -científico, privado, empresarial, sindical, sociedad civil- como miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto: los primeros integrados en su Comité de Conducción; y los otros como participantes del Gabinete Técnico Asesor.
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Fecha de Publicación: 08/09/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como parte de su contribución a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) hospedó la jornada Estado de Situación del Proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, organizada en el marco de la misión de supervisión del proyecto. El evento tuvo lugar el lunes 2 de septiembre, en el salón “Presidente Néstor Kirchner” de la cartera, ubicado en San Martín 451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El Dr. Ricardo Salvioli, Jefe de Asesores de la Secretaría, fue el responsable de oficiar la apertura en representación de su titular, el Dr. Juan José Mussi, seguido por Tuuli Bernardini, especialista ambiental del Banco Mundial; el Dr. Nazareno Castillo Marin, Director de Cambio Climático de la cartera y el Lic. Daniel Calabrese, responsable de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP).
Tras las palabras inaugurales, técnicos de la UEP y de la Dirección de Cambio Climático compartieron con los presentes el estado actual y los avances del proyecto. A continuación fue el turno de la Dra. Carolina Vera, Directora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), quien disertó sobre la “Confiabilidad e Incertidumbre de las Proyecciones de Cambio Climático en Argentina”. Finalmente, el Ing. Gabriel Vázquez Amábile, líder del Proyecto Ambiente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), protagonizó una exposición sobre “Evaluación de Necesidades Tecnológicas”. El encuentro concluyó con una nueva intervención del Lic. Calabrese, quien agradeció a los presentes su participación en el proyecto.
Sobre el Proyecto
Entre las obligaciones asumidas con la CMNUCC, la Argentina debe comunicarle sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, sus programas nacionales tendientes a mitigar y facilitar la adecuada adaptación al cambio climático, y toda otra información relevante para el logro del objetivo de la Convención. Por este motivo, la SAyDS, a través de su Dirección de Cambio Climático, se encuentra abocada a la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, tras las emitidas en 1997 -revisada en 1999- y en 2007. Ésta contempla la participación de organismos del Estado y de sectores no gubernamentales -científico, privado, empresarial, sindical, sociedad civil- como miembros de la Unidad Ejecutora del Proyecto: los primeros integrados en su Comité de Conducción; y los otros como participantes del Gabinete Técnico Asesor.
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Piden que el BID deje de financiar la incineración
El BID financia proyectos de incineración que violan la Ley de Basura Cero
Fecha de Publicación: 07/09/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Greenpeace solicitó hoy al representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo, Hugo Florez Timoran, explicaciones sobre el impulso de esa institución a proyectos de incineración de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, contrarios a la vigente Ley 1854 conocida como Basura Cero.
“La incineración con recuperación de energía, como propone el BID, es la peor opción porque demanda la generación constante de residuos para quemar, y que la ley exige utilizar para reciclado“
En la carta enviada la organización ambientalista expresó: “El BID está proponiendo alternativas de tratamiento de residuos expresamente prohibidas por la ley de Basura Cero” (1) . El envío se hizo luego de la presentación del estudio “Posibilidad de instalación de una planta de incineración para los residuos generados en la Ciudad de Buenos Aires” elaborado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (2)
"Como organización ambiental que viene trabajando hace años por la correcta gestión de los residuos, veríamos con agrado que la institución que Usted representa financie proyectos que promuevan a los gobiernos a desarrollar políticas de reciclado y compostaje de los residuos, teniendo en cuenta que, en un mundo finito, tirar y quemar recursos no es la solución adecuada", sugiere Greenpeace
La Ley de Basura Cero, sancionada en el año 2005, prohíbe en su artículo 7 la combustión en cualquiera de sus formas de los RSU generados en la Ciudad de Buenos Aires, en su jurisdicción o fuera de ella.
Además, las organizaciones ambientalistas denunciaron que dentro de las alternativas de financiamiento analizadas en el proyecto encomendado por el BID se incorporan los fondos del Programa GENREN -Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables-, y esto incumple la ley 26.190 que no incluye a los residuos sólidos urbanos como fuente renovable.
La generación de energía a partir de residuos urbanos no orgánicos no puede ser nunca considerada como renovable, en tanto los residuos no lo son. Se trata de descartes de productos fabricados con recursos naturales agotables y finitos como el hierro, el aluminio, el petróleo, la madera u otros.
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Fecha de Publicación: 07/09/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Greenpeace solicitó hoy al representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo, Hugo Florez Timoran, explicaciones sobre el impulso de esa institución a proyectos de incineración de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, contrarios a la vigente Ley 1854 conocida como Basura Cero. “La incineración con recuperación de energía, como propone el BID, es la peor opción porque demanda la generación constante de residuos para quemar, y que la ley exige utilizar para reciclado“
En la carta enviada la organización ambientalista expresó: “El BID está proponiendo alternativas de tratamiento de residuos expresamente prohibidas por la ley de Basura Cero” (1) . El envío se hizo luego de la presentación del estudio “Posibilidad de instalación de una planta de incineración para los residuos generados en la Ciudad de Buenos Aires” elaborado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (2)
"Como organización ambiental que viene trabajando hace años por la correcta gestión de los residuos, veríamos con agrado que la institución que Usted representa financie proyectos que promuevan a los gobiernos a desarrollar políticas de reciclado y compostaje de los residuos, teniendo en cuenta que, en un mundo finito, tirar y quemar recursos no es la solución adecuada", sugiere Greenpeace
La Ley de Basura Cero, sancionada en el año 2005, prohíbe en su artículo 7 la combustión en cualquiera de sus formas de los RSU generados en la Ciudad de Buenos Aires, en su jurisdicción o fuera de ella.
Además, las organizaciones ambientalistas denunciaron que dentro de las alternativas de financiamiento analizadas en el proyecto encomendado por el BID se incorporan los fondos del Programa GENREN -Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables-, y esto incumple la ley 26.190 que no incluye a los residuos sólidos urbanos como fuente renovable.
La generación de energía a partir de residuos urbanos no orgánicos no puede ser nunca considerada como renovable, en tanto los residuos no lo son. Se trata de descartes de productos fabricados con recursos naturales agotables y finitos como el hierro, el aluminio, el petróleo, la madera u otros.
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No para de polemizar el fracking en Río Negro
Polemizan en el Concejo por el fracking
Fecha de Publicación: 07/09/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante donde se discute un proyecto de ordenanza de la Coalición Cívica-ARI para prohibir el fracking en la ciudad, disertaron representantes del Instituto Argentino de Petroleo y Gas. Luego de la exposición el presidente de la comisión, Juan Prezzoli dijo que quedó demostrado que la fractura hidráulica no representa riesgos.
"Con rigor científico se demostró que la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es perfectamente realizable sin riesgos, si se hace cumpliendo la exigente legislación ambiental provincial", aseguró.
Agregó que "algunos dirigentes políticos deben desistir de recurrir a los oportunismos políticos que se evidencian en este tipo de proyectos, que sin mayor análisis siembran la duda en la población, generando una idea errónea de nuestro desarrollo hidrocarburífero".
Desde la CC-ARI informaron que el ingeniero Roberto Ochandio, de la Asamblea Permanente por el Agua, aseguró a los concejales que "no se sabe qué productos químicos se inyectan porque las empresas se reservan esa información, pero de los que sí se saben están el benceno, etilbenceno y tolueno. La gente expuesta a ellos tiene malformaciones y cáncer".
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Fecha de Publicación: 07/09/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
En la Comisión de Ecología del Concejo Deliberante donde se discute un proyecto de ordenanza de la Coalición Cívica-ARI para prohibir el fracking en la ciudad, disertaron representantes del Instituto Argentino de Petroleo y Gas. Luego de la exposición el presidente de la comisión, Juan Prezzoli dijo que quedó demostrado que la fractura hidráulica no representa riesgos.
"Con rigor científico se demostró que la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es perfectamente realizable sin riesgos, si se hace cumpliendo la exigente legislación ambiental provincial", aseguró.
Agregó que "algunos dirigentes políticos deben desistir de recurrir a los oportunismos políticos que se evidencian en este tipo de proyectos, que sin mayor análisis siembran la duda en la población, generando una idea errónea de nuestro desarrollo hidrocarburífero".
Desde la CC-ARI informaron que el ingeniero Roberto Ochandio, de la Asamblea Permanente por el Agua, aseguró a los concejales que "no se sabe qué productos químicos se inyectan porque las empresas se reservan esa información, pero de los que sí se saben están el benceno, etilbenceno y tolueno. La gente expuesta a ellos tiene malformaciones y cáncer".
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Denuncia por la aprobación irregular de la Intacta RR2
Una ONG ambientalista objeta una nueva semilla
Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.
Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia Federal que es “irregular” la forma en que fue aprobada la nueva estrella del agro, la semilla de soja Intacta RR2, de la empresa Monsanto.Argumentó que en la aprobación no hubo consulta pública, como establece la ley argentina, y que carece del debido estudio de impacto ambiental. La organización cuestionó el accionar de los organismos estatales y sostuvo que se omitió frondosa bibliografía científica sobre los efectos negativos en salud y ambiente de los transgénicos. La acción judicial solicita que se anule la aprobación de la soja y se suspenda la comercialización de la semilla. La denuncia explicita, como trasfondo, la forma en la que se aprueban los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina. Monsanto defendió la aprobación de la nueva soja.
El 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó la resolución 446/12, de aprobación de la nueva generación de soja, llamada Intacta RR2 Pro. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y ya se aseguró el cobro de regalías.
El 19 de marzo, el Celma presentó una acción ante el juez en lo Contencioso y Administrativo Ernesto Marinelli y solicitó frenar su comercialización.
Entre las primeras medidas, el juez permitió que la parte denunciante (Celma) accediera al expediente administrativo de aprobación. Son casi tres mil fojas, con mucho lenguaje técnico. Tras la lectura legal, la organización concluyó que no hubo convocatoria a audiencia pública (leyes 24.375 y 25.675), para que los distintos sectores de la sociedad puedan informarse y expresar sus opiniones, “lo cual hace nulo al procedimiento administrativo”; que no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y que la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Celma sostiene que el Estado no realizó estudios.
De acuerdo con la denuncia del centro, en la foja 2 del expediente se detallan los estudios realizados. Entre otros, con el subtítulo (Aspectos) “Moleculares” presenta cuatro estudios, todos realizados por Monsanto. Sobre “actividad biológica” presenta tres trabajos, también todos de la misma empresa solicitante. La organización sostiene que se repite la situación en “aptitud nutricional” (un trabajo) y “toxicidad crónica” (dos trabajos de la misma Monsanto).
Fernando Cabaleiro, del Celma, cuestionó el rol de la Conabia y del Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). “Se basan sólo y exclusivamente en los estudios realizados por la propia firma solicitante, Monsanto. No existe ninguna observación ni pregunta sobre los trabajos presentados por la empresa”, afirmó el abogado y señaló que en la foja 37, documento de decisión con el que la Conabia aprobó la nueva soja, se visualizan “once garabatos-firmas, sin aclaración de nombres, especialidad ni cargos. Pudo ser cualquiera. Es insólita la impunidad con la que dan luz verde a una semilla que abarcará millones de hectáreas”, cuestionó.
Monsanto señaló en un comunicado que Intacta RR2 se aprobó “cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Resolución 763/11 del Ministerio de Agricultura”, que regula la autorización de transgénicos. La empresa valoró la acción de la Conabia y Senasa. El escrito de Monsanto sostiene que “las normas que regulan el proceso de aprobación no prevén audiencia pública” y afirmó que “Argentina cuenta con un sistema regulatorio consistente con los estándares internacionales; el principio subyacente de la normativa argentina es la seguridad y a tales fines las evaluaciones sólo permiten argumentos científicos, sólidos y estrictos”.
La soja transgénica abarca en Argentina 20 millones de hectáreas (la mitad del área cultivada). Fue aprobada en 1996 por el entonces secretario de Agricultura Felipe Solá y su expediente de autorización fue secreto hasta abril de 2009. Diecisiete años después de la primera soja transgénica, Cabaleiro comparó: “La historia parece repetirse, la forma en que se aprobó esta nueva soja es muy similar a lo sucedido en 1996”. Afirmó que es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en Argentina y exigió que “la aprobación no se haga a carpeta cerrada. El procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy los organismos oficiales ignoran abiertamente”.
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La minería divide Mendoza
Minería: el debate que hoy divide a la clase política de Mendoza
Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La discusión sobre la explotación minera es una deuda pendiente. Fuego cruzado entre el socialismo y el justicialismo por la instalación del tema en clima electoral.
Pocos debates como el de la minería dividen tanto las aguas en el océano político de Mendoza. En rigor de la verdad, casi no hay debate. En parte por la sensibilidad del tema, en parte por la falta de información y de voluntad política para dar una discusión que, más temprano que tarde, la sociedad mendocina está pidiendo. La sola puesta en escena del tema en medio de una campaña generó una polémica entre el Frente Amplio Progresista y el Frente para la Victoria.
Sin vueltas, desde el Frente Amplio Progresista apuntaron al oficialismo y por no darle curso a la discusión. “No hay un debate serio y está claro que el oficialismo no va a propiciarlo, porque no le conviene. ¿Cómo van a hablar de fracking o de minería si son los que trajeron a Chevron al país”, disparó Alberto Montbrun.
El fin de semana pasado, Montbrun participó en un encuentro en el que debatió cara a cara con los candidatos Nicolás Del Caño (FIT) y Patricia Giménez (UCR), en una de las pocas instancias en las que los candidatos pudieron discutir sobre cuestiones ambientales.
Por la dureza de las posturas, no parece que las oportunidades para hablar de minería fueran a abundar en la campaña que se avecina. Es que, del otro lado, las respuestas no tardaron en llegar. El diputado nacional del FPV Omar Félix criticó la postura de Montbrun y lo tildó de “facilista”. “Debatir estos temas en un escenario electoral puede prestarse para que algunos pícaros digan lo que la gente quiere escuchar. No hay que entrar es estas chicanas baratas, hechas por quienes saben que nunca tendrán la responsabilidad de gobernar para resolver los problemas de los mendocinos. Desde afuera es muy fácil oponerse a todo”, respondió Félix.
El sanrafaelino que acompaña a Alejandro Abraham e intentará renovar su banca en el Congreso de la Nación dejó claro que para el oficialismo no es momento de debatir de minería. “A ciertos temas, como el de la minería, hay que ponerlos a resguardo, bajo un paraguas. Discutirlo hoy, cuando no hay ningún proyecto serio, es darles de comer a los oportunistas”, dijo tajante Félix.
De uno y otro lado
Afortunadamente, no sólo de peleas se nutre el debate minero en Mendoza. Ya sea a favor o en contra, cada sector político tiene una clara postura a mano a la que recurrir por si la sociedad mendocina se lo exige.
La cautela es la bandera que levanta el justicialismo. En plena carrera a las PASO, Alejandro Abraham pidió diferenciar las realidades departamentales. “No es lo mismo hablar de minería en el Uco, donde militan la defensa del agua, que hacerlo en el Este, donde la industria metalmecánica es fuerte y se vería beneficiada”, había apuntado Abraham.
Félix, su compañero de fórmula, fue más allá y pidió un abordaje integral. “Está claro que Mendoza tiene necesidad de ampliar la matriz productiva, pero si vamos a hablar de minería hay que hablar seriamente de un camino que garantice la seguridad ambiental. También hay que afinar el sistema de regalías y, como estamos hablando de recursos no renovables, hay que ver de qué forma son retribuidos los beneficios a la sociedad”, analizó.
En el Partido Demócrata, en cambio, ven en la minería una salida a las dificultades económicas que tiene Mendoza. “La provincia está fundida y tenemos la posibilidad de salir adelante aprovechando una actividad que ha hecho crecer a muchos países en todo el mundo. Hay que pensar en todas las alternativas para ampliar la matriz productiva, no veo por qué excluir a la minería”, opinó Luis Rosales, candidato del PD.
Pero también hay quienes creen que el abanico no se agota en la minería y la explotación de recursos no renovables. Para Daniel Cassia, candidato de Compromiso Federal, la minería perjudica a otras actividades que fortalecen las economías regionales. “En otras provincias, hay proyectos agrícolas que están en riesgo por la proximidad de megaemprendimientos mineros metalíferos y de uranio. En Mendoza, que tiene al turismo como pilar, la consecuencia sería la contaminación visual y la reducción de áreas”, cerró Cassia.
La Ley 7722 está a salvo de discusiones
Pocos son los acuerdos a los que arriban candidatos y legisladores a la hora de hablar de minería. Pero hay uno que se destaca por sobre el resto: la utilidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de exploración y explotación minera.
La normativa entró en vigencia en junio de 2007, durante la gestión de Cobos, y, pese a que la Suprema Corte de Justicia debe resolver un pedido de inconstitucionalidad elevado por empresarios mineros, es defendida por el grueso de los sectores.
“Mendoza es muy estricta en términos técnico legales. Hay que aprovechar esto y buscar inversores serios, que estén dispuestos a ser sometidos a los controles que, por otro lado, el Estado debe intensificar”, expresó el demócrata Luis Rosales.
Alberto Montbrun defendió la norma, pero no sin hacer algunas salvedades: “No hay que olvidar que lo que hizo que la ley se dictaminara fue la presión popular y no el gobierno de Cobos, que fue el que le abrió las puertas de Mendoza a la Barrick Gold”, dijo.
Para el dirigente del FAP, la ley tiene aspectos muy positivos, como el involucramiento de los municipios como espacios de contralor.
Desde el Gobierno confían en la 7722 como en una herramienta clave para defender los recursos no renovables. El domingo, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, puso a la provincia a la altura de California en cuanto a las exigencias para explotación minera.
La norma busca poner a salvo los recursos naturales, con el agua como máxima prioridad. “Se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”, dice el primer artículo del texto que está en boca de todos.
El obstáculo que aún debe sortear la ley de minería es el pedido de inconstitucionalidad que partió desde el sector minero y que está en manos de la Justicia. “Consideramos que la Ley 7722 es discriminatoria y violatoria del derecho a desarrollar una industria lícita de interés público, tal como taxativamente lo expresa el Código Minero Argentino, como así también conculca el derecho a la igualdad prohibiendo el uso de sustancias sólo a la minería metalífera, a la vez que las permite a otras industrias en las mismas circunstancias”, reza un comunicado elaborado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.
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Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
La discusión sobre la explotación minera es una deuda pendiente. Fuego cruzado entre el socialismo y el justicialismo por la instalación del tema en clima electoral.Pocos debates como el de la minería dividen tanto las aguas en el océano político de Mendoza. En rigor de la verdad, casi no hay debate. En parte por la sensibilidad del tema, en parte por la falta de información y de voluntad política para dar una discusión que, más temprano que tarde, la sociedad mendocina está pidiendo. La sola puesta en escena del tema en medio de una campaña generó una polémica entre el Frente Amplio Progresista y el Frente para la Victoria.
Sin vueltas, desde el Frente Amplio Progresista apuntaron al oficialismo y por no darle curso a la discusión. “No hay un debate serio y está claro que el oficialismo no va a propiciarlo, porque no le conviene. ¿Cómo van a hablar de fracking o de minería si son los que trajeron a Chevron al país”, disparó Alberto Montbrun.
El fin de semana pasado, Montbrun participó en un encuentro en el que debatió cara a cara con los candidatos Nicolás Del Caño (FIT) y Patricia Giménez (UCR), en una de las pocas instancias en las que los candidatos pudieron discutir sobre cuestiones ambientales.
Por la dureza de las posturas, no parece que las oportunidades para hablar de minería fueran a abundar en la campaña que se avecina. Es que, del otro lado, las respuestas no tardaron en llegar. El diputado nacional del FPV Omar Félix criticó la postura de Montbrun y lo tildó de “facilista”. “Debatir estos temas en un escenario electoral puede prestarse para que algunos pícaros digan lo que la gente quiere escuchar. No hay que entrar es estas chicanas baratas, hechas por quienes saben que nunca tendrán la responsabilidad de gobernar para resolver los problemas de los mendocinos. Desde afuera es muy fácil oponerse a todo”, respondió Félix.
El sanrafaelino que acompaña a Alejandro Abraham e intentará renovar su banca en el Congreso de la Nación dejó claro que para el oficialismo no es momento de debatir de minería. “A ciertos temas, como el de la minería, hay que ponerlos a resguardo, bajo un paraguas. Discutirlo hoy, cuando no hay ningún proyecto serio, es darles de comer a los oportunistas”, dijo tajante Félix.
De uno y otro lado
Afortunadamente, no sólo de peleas se nutre el debate minero en Mendoza. Ya sea a favor o en contra, cada sector político tiene una clara postura a mano a la que recurrir por si la sociedad mendocina se lo exige.
La cautela es la bandera que levanta el justicialismo. En plena carrera a las PASO, Alejandro Abraham pidió diferenciar las realidades departamentales. “No es lo mismo hablar de minería en el Uco, donde militan la defensa del agua, que hacerlo en el Este, donde la industria metalmecánica es fuerte y se vería beneficiada”, había apuntado Abraham.
Félix, su compañero de fórmula, fue más allá y pidió un abordaje integral. “Está claro que Mendoza tiene necesidad de ampliar la matriz productiva, pero si vamos a hablar de minería hay que hablar seriamente de un camino que garantice la seguridad ambiental. También hay que afinar el sistema de regalías y, como estamos hablando de recursos no renovables, hay que ver de qué forma son retribuidos los beneficios a la sociedad”, analizó.
En el Partido Demócrata, en cambio, ven en la minería una salida a las dificultades económicas que tiene Mendoza. “La provincia está fundida y tenemos la posibilidad de salir adelante aprovechando una actividad que ha hecho crecer a muchos países en todo el mundo. Hay que pensar en todas las alternativas para ampliar la matriz productiva, no veo por qué excluir a la minería”, opinó Luis Rosales, candidato del PD.
Pero también hay quienes creen que el abanico no se agota en la minería y la explotación de recursos no renovables. Para Daniel Cassia, candidato de Compromiso Federal, la minería perjudica a otras actividades que fortalecen las economías regionales. “En otras provincias, hay proyectos agrícolas que están en riesgo por la proximidad de megaemprendimientos mineros metalíferos y de uranio. En Mendoza, que tiene al turismo como pilar, la consecuencia sería la contaminación visual y la reducción de áreas”, cerró Cassia.
La Ley 7722 está a salvo de discusiones
Pocos son los acuerdos a los que arriban candidatos y legisladores a la hora de hablar de minería. Pero hay uno que se destaca por sobre el resto: la utilidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de exploración y explotación minera.
La normativa entró en vigencia en junio de 2007, durante la gestión de Cobos, y, pese a que la Suprema Corte de Justicia debe resolver un pedido de inconstitucionalidad elevado por empresarios mineros, es defendida por el grueso de los sectores.
“Mendoza es muy estricta en términos técnico legales. Hay que aprovechar esto y buscar inversores serios, que estén dispuestos a ser sometidos a los controles que, por otro lado, el Estado debe intensificar”, expresó el demócrata Luis Rosales.
Alberto Montbrun defendió la norma, pero no sin hacer algunas salvedades: “No hay que olvidar que lo que hizo que la ley se dictaminara fue la presión popular y no el gobierno de Cobos, que fue el que le abrió las puertas de Mendoza a la Barrick Gold”, dijo.
Para el dirigente del FAP, la ley tiene aspectos muy positivos, como el involucramiento de los municipios como espacios de contralor.
Desde el Gobierno confían en la 7722 como en una herramienta clave para defender los recursos no renovables. El domingo, el secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni, puso a la provincia a la altura de California en cuanto a las exigencias para explotación minera.
La norma busca poner a salvo los recursos naturales, con el agua como máxima prioridad. “Se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”, dice el primer artículo del texto que está en boca de todos.
El obstáculo que aún debe sortear la ley de minería es el pedido de inconstitucionalidad que partió desde el sector minero y que está en manos de la Justicia. “Consideramos que la Ley 7722 es discriminatoria y violatoria del derecho a desarrollar una industria lícita de interés público, tal como taxativamente lo expresa el Código Minero Argentino, como así también conculca el derecho a la igualdad prohibiendo el uso de sustancias sólo a la minería metalífera, a la vez que las permite a otras industrias en las mismas circunstancias”, reza un comunicado elaborado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.
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Cuenca del río Salí-Dulce: piden un manejo integral
Ombudsman de Nación exigió un manejo integral de la cuenca del río Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
El defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, exigió un manejo integral de la cuenca del río Salí-Dulce y una participación política más activa del Gobierno de Córdoba al momento que se discute esta problemática hídrica con las provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Tucumán.
“La situación de la cuenca del río Salí-Dulce es cada vez más seria y exige un manejo integral para determinar una solución definitiva a los diversos problemas que existen. Es cierto que el cauce tiene cada vez menos agua y que ha cambiado como consecuencia de la erosión y la acumulación de sedimentos pero también el río se ve afectado por otros factores como son el desmonte indiscriminado en Salta, la contaminación que producen las fábricas de azúcar en Tucumán, los incendios, los canales clandestinos que extraen agua”, destacó Sella en diálogo con LA MAÑANA.
El defensor del Pueblo Adjunto sigue con particular interés la problemática de la Cuenca del Río Salí-Dulce desde hace años.
“Los caudales de agua que debe liberar Santiago del Estero fueron establecidos en 1967 y el último convenio entre las provincias data de 2007. Córdoba participa del Comité de Cuenca pero no en la medida de lo necesario. Creemos que debe haber una presencia política más importante ya que en esa provincia mediterránea concluye el río Salí-Dulce en el Mar de Ansenuza. Sin un rol más activo de Córdoba no podemos hacer nada para mejorar la situación de la cuenca y de los diversos problemas que la afectan”, continuó Sella.
El ombudsman adjunto de la Nación coincidió con algunos de los conceptos vertidos en Miramar por el fotógrafo Santiago Badra, quien aseguró con pruebas fotográficas que el río Dulce dejó de aportar agua a la laguna Mar Chiquita.
Causas del problema
“Es verdad que se ha modificado el curso del río como consecuencia de la erosión y de la acumulación de sedimentos. Pero también es cierto que Santiago del Estero y todo el norte de Córdoba padecen una grave sequía y eso puede haber potenciado la disminución del caudal que llega a Córdoba. El Mar de Ansenuza se ve afectado por esta situación, pero también por los otros problemas que se producen en Santiago del Estero y Tucumán”, agregó el funcionario federal.
De acuerdo a lo informado por el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Marcelo Cámara, el año pasado Santiago del Estero respeto la liberación de los caudales establecidos en el convenio de 2007, aunque ahora se van a hacer mediciones en dos puntos específicos- el Paso de la Cina y el del Oscar- para ver como ha evolucionado la cuestión.
“Queremos que tanto los gobiernos de Córdoba, como de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Tucumán le den importancia a la cuestión y tengan una intervención política trascendente en el Comité de Cuenca. Es la única forma de acordar las acciones para preservar este río tan importante y por supuesto la laguna Mar Chiquita”, concluyó Sella. En Tucumán y Santiago del Estero ya han acciones correctivas en marcha pero ahora quieren sumar también a Córdoba.
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Fecha de Publicación: 06/09/2013
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
El defensor del Pueblo Adjunto de la Nación, Anselmo Sella, exigió un manejo integral de la cuenca del río Salí-Dulce y una participación política más activa del Gobierno de Córdoba al momento que se discute esta problemática hídrica con las provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Tucumán.
“La situación de la cuenca del río Salí-Dulce es cada vez más seria y exige un manejo integral para determinar una solución definitiva a los diversos problemas que existen. Es cierto que el cauce tiene cada vez menos agua y que ha cambiado como consecuencia de la erosión y la acumulación de sedimentos pero también el río se ve afectado por otros factores como son el desmonte indiscriminado en Salta, la contaminación que producen las fábricas de azúcar en Tucumán, los incendios, los canales clandestinos que extraen agua”, destacó Sella en diálogo con LA MAÑANA.
El defensor del Pueblo Adjunto sigue con particular interés la problemática de la Cuenca del Río Salí-Dulce desde hace años.
“Los caudales de agua que debe liberar Santiago del Estero fueron establecidos en 1967 y el último convenio entre las provincias data de 2007. Córdoba participa del Comité de Cuenca pero no en la medida de lo necesario. Creemos que debe haber una presencia política más importante ya que en esa provincia mediterránea concluye el río Salí-Dulce en el Mar de Ansenuza. Sin un rol más activo de Córdoba no podemos hacer nada para mejorar la situación de la cuenca y de los diversos problemas que la afectan”, continuó Sella.
El ombudsman adjunto de la Nación coincidió con algunos de los conceptos vertidos en Miramar por el fotógrafo Santiago Badra, quien aseguró con pruebas fotográficas que el río Dulce dejó de aportar agua a la laguna Mar Chiquita.
Causas del problema
“Es verdad que se ha modificado el curso del río como consecuencia de la erosión y de la acumulación de sedimentos. Pero también es cierto que Santiago del Estero y todo el norte de Córdoba padecen una grave sequía y eso puede haber potenciado la disminución del caudal que llega a Córdoba. El Mar de Ansenuza se ve afectado por esta situación, pero también por los otros problemas que se producen en Santiago del Estero y Tucumán”, agregó el funcionario federal.
De acuerdo a lo informado por el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Marcelo Cámara, el año pasado Santiago del Estero respeto la liberación de los caudales establecidos en el convenio de 2007, aunque ahora se van a hacer mediciones en dos puntos específicos- el Paso de la Cina y el del Oscar- para ver como ha evolucionado la cuestión.
“Queremos que tanto los gobiernos de Córdoba, como de Santiago del Estero, Salta, Catamarca y Tucumán le den importancia a la cuestión y tengan una intervención política trascendente en el Comité de Cuenca. Es la única forma de acordar las acciones para preservar este río tan importante y por supuesto la laguna Mar Chiquita”, concluyó Sella. En Tucumán y Santiago del Estero ya han acciones correctivas en marcha pero ahora quieren sumar también a Córdoba.
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Cuyo y La Pampa debatieron sobre el bosque nativo
Cuyo y La Pampa se reunieron en San Luis para hablar de bosque nativo
Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: ANSL
Provincia/Región: Nacional
Las conclusiones del encuentro serán presentadas en octubre al Consejo Federal de Medio Ambiente que vicepreside la ministra Daiana Hissa.
Terrazas del Portezuelo fue sede de una reunión regional de bosque nativo, de la que participaron representantes de San Juan, La Rioja, Mendoza, La Pampa y San Luis.
Si bien el temario del encuentro fue amplio, se avanzó en la definición y particularidades de bosques nativos según establece el CoFeMa, aspectos relacionados a la rendición de los fondos y, fundamentalmente, se compartieron experiencias, dado que las provincias tienen en sus bosques características similares.
“Una de las propuestas que consensuamos fue trabajar en la publicación regional conjunta de planes y modalidades que destaquen el manejo y uso sustentable del bosque nativo, contar las experiencias por regiones. También intercambiamos criterios y modalidades para la rendición de fondos”, destacó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
Otro aspecto en el que hubo coincidencia fue en la optimización de los mecanismos formales y de comunicación entre las diferentes autoridades de aplicación de la ley, Nación y Provincia. “En este sentido, vamos a pedir al CoFeMa la regulación del transporte interjurisdiccional de productos forestales para poder trabajar todos bajo el mismo protocolo de acción”, adelantó Heider.
Al CoFeMa se elevará también la necesidad de que las instituciones de investigación y extensión adecuen el desarrollo de sus proyectos al cumplimiento de la Ley de Bosques.
Todo esto será presentado en la próxima reunión del CoFeMa a desarrollarse el mes próximo en Chubut. “Por último acordamos que para esta reunión, los temas a abordar no estén ya prestablecidos, sino que surjan de las necesidades de las provincias”, concluyó Heider.
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Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: ANSL
Provincia/Región: Nacional
Las conclusiones del encuentro serán presentadas en octubre al Consejo Federal de Medio Ambiente que vicepreside la ministra Daiana Hissa.Terrazas del Portezuelo fue sede de una reunión regional de bosque nativo, de la que participaron representantes de San Juan, La Rioja, Mendoza, La Pampa y San Luis.
Si bien el temario del encuentro fue amplio, se avanzó en la definición y particularidades de bosques nativos según establece el CoFeMa, aspectos relacionados a la rendición de los fondos y, fundamentalmente, se compartieron experiencias, dado que las provincias tienen en sus bosques características similares.
“Una de las propuestas que consensuamos fue trabajar en la publicación regional conjunta de planes y modalidades que destaquen el manejo y uso sustentable del bosque nativo, contar las experiencias por regiones. También intercambiamos criterios y modalidades para la rendición de fondos”, destacó el jefe de Programa Biodiversidad, Jorge Heider.
Otro aspecto en el que hubo coincidencia fue en la optimización de los mecanismos formales y de comunicación entre las diferentes autoridades de aplicación de la ley, Nación y Provincia. “En este sentido, vamos a pedir al CoFeMa la regulación del transporte interjurisdiccional de productos forestales para poder trabajar todos bajo el mismo protocolo de acción”, adelantó Heider.
Al CoFeMa se elevará también la necesidad de que las instituciones de investigación y extensión adecuen el desarrollo de sus proyectos al cumplimiento de la Ley de Bosques.
Todo esto será presentado en la próxima reunión del CoFeMa a desarrollarse el mes próximo en Chubut. “Por último acordamos que para esta reunión, los temas a abordar no estén ya prestablecidos, sino que surjan de las necesidades de las provincias”, concluyó Heider.
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Botnia: Urribarri se expresó sobre suba del cupo
Urribarri cuestionó el incremento de producción de pastera UPM
Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
Urribarri adelantó que "a través de la Cancillería argentina requerí precisiones del gobierno oriental sobre las versiones y las declaraciones oficiales sobre la instalación de una nueva pastera (en ese país) y la ampliación del cupo de producción de UPM".
El presidente uruguayo, José Mujica, dijo el viernes 16 de agosto -en el marco del Consejo de las Américas-, que UPM quiere aumentar un 20 por ciento la producción, para llegar a 1,3 millones de toneladas anuales.
El anuncio también fue cuestionado por la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que preside el entrerriano Hernán Orduna, por el aumento “de hecho” de la producción, que ya llegó a 1,1 millón de toneladas autorizado, y por la falta de respuestas que debe brindar la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya –DINAMA- sobre el impacto de este incremento.
El funcionamiento de la pastera de capitales finlandeses UPM y sus efectos sobre el río Uruguay “han sido puestos bajo la vigilancia continua de la CARU y del Comité Científico, por lo que no pueden ser objeto de modificaciones adoptadas por la propia planta o autorizadas por el Uruguay de manera unilateral”, advirtió la CARU.
La pastera acaba de anunciar que el próximo 14 de septiembre deberá parar su actividad para realizar las tareas de mantenimiento “habituales” en mecánica general, lavado de equipos y soldaduras.
Paralelamente, la empresa adelantó que “el reinicio de las operaciones”, previsto para el 25 de septiembre, “está sujeto a la aprobación del permiso por parte del Estado para incrementar su producción de 1,1 a 1,3 millones de toneladas anuales.
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Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Entre Ríos
Urribarri adelantó que "a través de la Cancillería argentina requerí precisiones del gobierno oriental sobre las versiones y las declaraciones oficiales sobre la instalación de una nueva pastera (en ese país) y la ampliación del cupo de producción de UPM".
El presidente uruguayo, José Mujica, dijo el viernes 16 de agosto -en el marco del Consejo de las Américas-, que UPM quiere aumentar un 20 por ciento la producción, para llegar a 1,3 millones de toneladas anuales.
El anuncio también fue cuestionado por la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay, que preside el entrerriano Hernán Orduna, por el aumento “de hecho” de la producción, que ya llegó a 1,1 millón de toneladas autorizado, y por la falta de respuestas que debe brindar la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya –DINAMA- sobre el impacto de este incremento.
El funcionamiento de la pastera de capitales finlandeses UPM y sus efectos sobre el río Uruguay “han sido puestos bajo la vigilancia continua de la CARU y del Comité Científico, por lo que no pueden ser objeto de modificaciones adoptadas por la propia planta o autorizadas por el Uruguay de manera unilateral”, advirtió la CARU.
La pastera acaba de anunciar que el próximo 14 de septiembre deberá parar su actividad para realizar las tareas de mantenimiento “habituales” en mecánica general, lavado de equipos y soldaduras.
Paralelamente, la empresa adelantó que “el reinicio de las operaciones”, previsto para el 25 de septiembre, “está sujeto a la aprobación del permiso por parte del Estado para incrementar su producción de 1,1 a 1,3 millones de toneladas anuales.
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Tucumán: controlan la quema de caña por medios aéreos
Realizaron nuevos controles aéreos para prevenir la quema de caña
Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: El Siglo (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
Fecha de Publicación: 05/09/2013
Fuente: El Siglo (Tucumán)
Provincia/Región: Tucumán
El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Cesar Nieva,
acompañado por la fiscal de la VIII Nominación, Adriana Giannoni, y el
secretario de Medio Ambiente provincial, Alfredo Montalbán, supervisaron
personalmente los operativos que se realizaron en la zona Oeste y Sur
de la provincia.
"Dimensionamos las implicancias que tiene la quema de caña para la provincia y sobre todo para la sociedad. Se trata de una práctica ilegal que es penada por la ley", afirmó la fiscal Adriana Giannoni.
La titular de la fiscalía VIII afirmó que se debe realizar un trabajo preventivo en conjunto entre la Justicia y las distintas áreas del Gobierno. "Combatir la quema de caña es una tarea del Estado en su conjunto. El trabajo articulado entre todos los responsables es fundamental para frenar estos delitos", afirmó.
Montalbán, por su parte, destacó la presencia de la fiscal en el operativo y afirmó que se trabaja en la coordinación de los operativos que se aplicarán en los próximos días y también en la zafra 2014. "Se debe realizar un trabajo junto a la gente de Catastro, para que una vez detectado el foco de incendio se llegue rápidamente a determinar quién es el titular del campo y sobre él actuar", sentenció.
En tanto, Nieva, afirmó que los operativos continuarán durante las próximas semanas. "Permanentemente estamos realizando este tipo de trabajo, y los vamos a extender hasta la finalización de la zafra 2013", culminó.
"Dimensionamos las implicancias que tiene la quema de caña para la provincia y sobre todo para la sociedad. Se trata de una práctica ilegal que es penada por la ley", afirmó la fiscal Adriana Giannoni.
La titular de la fiscalía VIII afirmó que se debe realizar un trabajo preventivo en conjunto entre la Justicia y las distintas áreas del Gobierno. "Combatir la quema de caña es una tarea del Estado en su conjunto. El trabajo articulado entre todos los responsables es fundamental para frenar estos delitos", afirmó.
Montalbán, por su parte, destacó la presencia de la fiscal en el operativo y afirmó que se trabaja en la coordinación de los operativos que se aplicarán en los próximos días y también en la zafra 2014. "Se debe realizar un trabajo junto a la gente de Catastro, para que una vez detectado el foco de incendio se llegue rápidamente a determinar quién es el titular del campo y sobre él actuar", sentenció.
En tanto, Nieva, afirmó que los operativos continuarán durante las próximas semanas. "Permanentemente estamos realizando este tipo de trabajo, y los vamos a extender hasta la finalización de la zafra 2013", culminó.
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Córdoba No Nuclear presiona al debate
La coalición Córdoba No Nuclear entregó las 25 mil firmas a la Legislatura
Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Córdoba No Nuclear
Provincia/Región: Córdoba
Las organizaciones que integran la coalición “Córdoba No Nuclear” (1) presentaron hoy en la legislatura provincial las 25.000 firmas en apoyo al proyecto que busca prohibir la energía atómica en la provincia. Las firmas se encuadran dentro del mecanismo de “Iniciativa Popular” según lo establecido por la ley 7811; por lo que el proyecto deberá ser tratado por los legisladores en los 120 días siguientes a su giro a comisión. El proyecto por la desnuclearización deberá ser debatido en el transcurso de este año. A través de esta iniciativa las ONG buscan que no se extienda la vida útil de la central de Embalse (2).
“Hoy comienza un debate histórico para Córdoba y también a nivel nacional. Estamos convencidos de que la política energética no puede continuar ejecutándose a espaldas de la opinión ciudadana. Estamos abriendo un debate que desde el Estado no se ha querido abrir y queremos discutir la extensión de la vida útil de la central de Embalse”, señalaron desde las organizaciones.
Las firmas fueron recibidas por el presidente provisorio de la legislatura, el legislador Carlos Alesandri, quien estuvo acompañado de los referentes de cada bloque político dentro de la Cámara. Por su parte, las organizaciones impulsoras de la iniciativa estuvieron acompañadas por un representante de la ONG Poder Ciudadano, que sigue de cerca los procesos de participación y vela por la transparencia institucional.
“Para nosotros es muy importante el acompañamiento de los ciudadanos cordobeses en esta iniciativa, por eso queremos asegurarnos que se cumplan todos los mecanismos previstos en la ley”, explicaron desde la coalición antinuclear. Esperamos que la presidenta de la legislatura, Alicia Pregno, o en su ausencia Carlos Alesandri, y los presidentes de las comisiones que tienen el proyecto a su cargo, impulsen su tratamiento en forma urgente y participativa”, concluyeron.
Participá ahora de la campaña por una Córdoba No Nuclear, hacé click aquí
NOTAS
(1) Coalición conformada por CEDHA, Eco-Sitio, Fundación Hölderin, FUNDEPS, Fundación Natura, Greenpeace, Los Verdes, y TierraVida.
http://www.cordobanonuclear.org/
(2) El proyecto de ley tiene como objetivo prohibir en el territorio de la provincia la generación nucleoeléctrica, la construcción de repositorios nucleares, el transporte de material radiactivo y la extracción de minerales nucleares a partir del 1 de enero de 2014. Para leerlo hacé click aquí
Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Córdoba No Nuclear
Provincia/Región: Córdoba
Las organizaciones que integran la coalición “Córdoba No Nuclear” (1) presentaron hoy en la legislatura provincial las 25.000 firmas en apoyo al proyecto que busca prohibir la energía atómica en la provincia. Las firmas se encuadran dentro del mecanismo de “Iniciativa Popular” según lo establecido por la ley 7811; por lo que el proyecto deberá ser tratado por los legisladores en los 120 días siguientes a su giro a comisión. El proyecto por la desnuclearización deberá ser debatido en el transcurso de este año. A través de esta iniciativa las ONG buscan que no se extienda la vida útil de la central de Embalse (2). “Hoy comienza un debate histórico para Córdoba y también a nivel nacional. Estamos convencidos de que la política energética no puede continuar ejecutándose a espaldas de la opinión ciudadana. Estamos abriendo un debate que desde el Estado no se ha querido abrir y queremos discutir la extensión de la vida útil de la central de Embalse”, señalaron desde las organizaciones.
Las firmas fueron recibidas por el presidente provisorio de la legislatura, el legislador Carlos Alesandri, quien estuvo acompañado de los referentes de cada bloque político dentro de la Cámara. Por su parte, las organizaciones impulsoras de la iniciativa estuvieron acompañadas por un representante de la ONG Poder Ciudadano, que sigue de cerca los procesos de participación y vela por la transparencia institucional.
“Para nosotros es muy importante el acompañamiento de los ciudadanos cordobeses en esta iniciativa, por eso queremos asegurarnos que se cumplan todos los mecanismos previstos en la ley”, explicaron desde la coalición antinuclear. Esperamos que la presidenta de la legislatura, Alicia Pregno, o en su ausencia Carlos Alesandri, y los presidentes de las comisiones que tienen el proyecto a su cargo, impulsen su tratamiento en forma urgente y participativa”, concluyeron.
Participá ahora de la campaña por una Córdoba No Nuclear, hacé click aquí
NOTAS
(1) Coalición conformada por CEDHA, Eco-Sitio, Fundación Hölderin, FUNDEPS, Fundación Natura, Greenpeace, Los Verdes, y TierraVida.
http://www.cordobanonuclear.org/
(2) El proyecto de ley tiene como objetivo prohibir en el territorio de la provincia la generación nucleoeléctrica, la construcción de repositorios nucleares, el transporte de material radiactivo y la extracción de minerales nucleares a partir del 1 de enero de 2014. Para leerlo hacé click aquí
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Nuevos problemas para Pascua Lama en Chile
Presentan otro recurso de protección contra Pascua Lama por irregularidades en obras
Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El recurso fue presentado por una abogada ante la Corte de Apelaciones de Copiapó por entender que se realizaron al menos 16 obras que no se encuentran autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente del vecino país.
La abogada Barbara Salinas presentó hoy ante la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de protección en contra de Minera Nevada SpA, filial en Chile de Barrick y titular del proyecto minero binacional Pascua Lama, por los eventuales "actos ilegales y arbitrarios de instalación, ejecución y/o realización de 16 obras y actividades en el marco del proyecto, que no se encuentran autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)".
Dichos actos tampoco formarían parte ni se enmarcarían dentro de aquellas obras y actividades excepcionalmente autorizadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó en el marco de su resolución de abril pasado y que tienen relación con el cumplimiento de las tareas de mitigación establecidas, luego de la formulación de los cargos en contra de la iniciativa, y que apuntan a posibilitar a futuro su reapertura, estable el recurso.
Además sostiene que estos actos vulneran flagrantemente y de manera grave garantías constitucionales como el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
A mediados de julio la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección interpuesto en septiembre por las comunidades diaguitas del valle del Huasco, manteniendo la paralización del proyecto.
En abril dicho tribunal ordenó paralizar completamente las obras de la iniciativa tras acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto.
La resolución de la Corte de Copiapó estuvo en línea con la sanción aplicada por la Superintendencia de Medio Ambientem (SMA), que el 24 de mayo aplicó una multa de unos $8 mil millones a Barrick y paralizó las obras de la iniciativa hasta que la empresa no ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su RCA.
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Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El recurso fue presentado por una abogada ante la Corte de Apelaciones de Copiapó por entender que se realizaron al menos 16 obras que no se encuentran autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente del vecino país.
La abogada Barbara Salinas presentó hoy ante la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de protección en contra de Minera Nevada SpA, filial en Chile de Barrick y titular del proyecto minero binacional Pascua Lama, por los eventuales "actos ilegales y arbitrarios de instalación, ejecución y/o realización de 16 obras y actividades en el marco del proyecto, que no se encuentran autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)".
Dichos actos tampoco formarían parte ni se enmarcarían dentro de aquellas obras y actividades excepcionalmente autorizadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó en el marco de su resolución de abril pasado y que tienen relación con el cumplimiento de las tareas de mitigación establecidas, luego de la formulación de los cargos en contra de la iniciativa, y que apuntan a posibilitar a futuro su reapertura, estable el recurso.
Además sostiene que estos actos vulneran flagrantemente y de manera grave garantías constitucionales como el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
A mediados de julio la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección interpuesto en septiembre por las comunidades diaguitas del valle del Huasco, manteniendo la paralización del proyecto.
En abril dicho tribunal ordenó paralizar completamente las obras de la iniciativa tras acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto.
La resolución de la Corte de Copiapó estuvo en línea con la sanción aplicada por la Superintendencia de Medio Ambientem (SMA), que el 24 de mayo aplicó una multa de unos $8 mil millones a Barrick y paralizó las obras de la iniciativa hasta que la empresa no ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su RCA.
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Etiquetas:
Barrick Gold,
legislación y derecho ambiental,
minería,
Pascua Lama,
San Juan
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Mendoza quiere un zoo virtual
La Secretaría apoyará un proyecto piloto para crear un zoo virtual
Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Secretaría de Ambiente de la provincia de Mendoza y la Fundación Luis Piedrabuena suscribieron una carta de intención, con el objeto de llevar a cabo el Proyecto “Prueba Piloto de Zoo Virtual y Jardín Botánico Interactivo”.
El Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS, Ariel López y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Mendoza, Marcos Zandomeni entienden que la implementación del proyecto conjugará en una estrategia educativa, una herramienta de protección de la biodiversidad y un canal que permitirá incrementar el conocimiento científico respecto de la flora y la fauna.
La iniciativa pone énfasis en la implementación de nuevas tecnologías que permitirán conocer a los animales en sus hábitats naturales de manera virtual. Además, se prevé que la información pueda accederse desde diferentes lugares a través de la implementación de dispositivos smartphones o tablets.
Esta iniciativa fue suscripta en oportunidad de la última Asamblea Extraordinaria de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente que se realizó en Mendoza el 30 y 31 de Julio pasado, y fue presentada por la provincia anfitriona a todos los Ministros y Secretarios de Ambiente, en el intercambio de experiencias en educación presentadas por las provincias, como una herramienta de educación ambiental innovadora en el uso de nuevas tecnologías.
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Fecha de Publicación: 04/09/2013
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Mendoza
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Secretaría de Ambiente de la provincia de Mendoza y la Fundación Luis Piedrabuena suscribieron una carta de intención, con el objeto de llevar a cabo el Proyecto “Prueba Piloto de Zoo Virtual y Jardín Botánico Interactivo”.
El Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS, Ariel López y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Mendoza, Marcos Zandomeni entienden que la implementación del proyecto conjugará en una estrategia educativa, una herramienta de protección de la biodiversidad y un canal que permitirá incrementar el conocimiento científico respecto de la flora y la fauna.
La iniciativa pone énfasis en la implementación de nuevas tecnologías que permitirán conocer a los animales en sus hábitats naturales de manera virtual. Además, se prevé que la información pueda accederse desde diferentes lugares a través de la implementación de dispositivos smartphones o tablets.
Esta iniciativa fue suscripta en oportunidad de la última Asamblea Extraordinaria de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente que se realizó en Mendoza el 30 y 31 de Julio pasado, y fue presentada por la provincia anfitriona a todos los Ministros y Secretarios de Ambiente, en el intercambio de experiencias en educación presentadas por las provincias, como una herramienta de educación ambiental innovadora en el uso de nuevas tecnologías.
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Atucha II sigue avanzando hacia su puesta en marcha
Atucha II informó de otro paso hacia la apertura
Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: El Debate
Provincia/Región: Buenos Aires
Atucha II informó de otro paso hacia la apertura de la central al conectarse el Sistema de Control Internacional de Material Nuclear. A partir de ahora será visitada periódicamente por inspectores de organismos de control internacional.
Poco a poco los plazos para la puesta en marcha de la nueva Central Nuclear de Atucha II se van cumpliendo. Nucleoeléctrica Argentina informó de que comenzó a funcionar el Sistema de Control Internacional de Material Nuclear. Con este paso Atucha II se encuentra muy cerca de conectarse a la red eléctrica que se tiene prevista para fin de año.
Será visitada por inspectores
Nucleoeléctrica Argentina informa que comenzó a funcionar en la Central Nuclear Atucha II el sistema de Control Internacional de Material Nuclear, requisito necesario para obtener la licencia de operación.
Este hito es de gran importancia en el proceso de la puesta en marcha de la planta. Surge de los compromisos que la República Argentina asumió con la comunidad internacional en el uso pacífico de la energía nuclear. El sistema es verificado y aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Agencia Brasileña Argentina de Control y Contabilidad de Mate-rial Nuclear (ABACC) y la Auto-ridad Regulatoria Nuclear Argen-tina (ARN).
Las tareas consistieron en poner en funcionamiento el contador de combustibles gastados, montaje de sensores, colocación de cáma-ras de video y precintar los bloques de hormigón que cierran el edificio del reactor.
Con este equipamiento se procede a verificar la existencia de elementos combustibles en la central, con la información enviada en forma periódica a los organismos de control como OIEA, ABACC, y ARN.
A partir de ahora, Atucha II, al igual que todas las centrales nucleares en operación, será visitada periódicamente por inspectores de los organismos de control que recogerán la información, ve-rificando que nuestro país respeta su compromiso de usar la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos.
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Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: El Debate
Provincia/Región: Buenos Aires
Atucha II informó de otro paso hacia la apertura de la central al conectarse el Sistema de Control Internacional de Material Nuclear. A partir de ahora será visitada periódicamente por inspectores de organismos de control internacional.Poco a poco los plazos para la puesta en marcha de la nueva Central Nuclear de Atucha II se van cumpliendo. Nucleoeléctrica Argentina informó de que comenzó a funcionar el Sistema de Control Internacional de Material Nuclear. Con este paso Atucha II se encuentra muy cerca de conectarse a la red eléctrica que se tiene prevista para fin de año.
Será visitada por inspectores
Nucleoeléctrica Argentina informa que comenzó a funcionar en la Central Nuclear Atucha II el sistema de Control Internacional de Material Nuclear, requisito necesario para obtener la licencia de operación.
Este hito es de gran importancia en el proceso de la puesta en marcha de la planta. Surge de los compromisos que la República Argentina asumió con la comunidad internacional en el uso pacífico de la energía nuclear. El sistema es verificado y aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Agencia Brasileña Argentina de Control y Contabilidad de Mate-rial Nuclear (ABACC) y la Auto-ridad Regulatoria Nuclear Argen-tina (ARN).
Las tareas consistieron en poner en funcionamiento el contador de combustibles gastados, montaje de sensores, colocación de cáma-ras de video y precintar los bloques de hormigón que cierran el edificio del reactor.
Con este equipamiento se procede a verificar la existencia de elementos combustibles en la central, con la información enviada en forma periódica a los organismos de control como OIEA, ABACC, y ARN.
A partir de ahora, Atucha II, al igual que todas las centrales nucleares en operación, será visitada periódicamente por inspectores de los organismos de control que recogerán la información, ve-rificando que nuestro país respeta su compromiso de usar la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos.
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Entre Ríos: Sin ley de bosques piden informes
Sin ley de bosques, en Diputados pidieron conocer sobre los desmontes en la provincia
Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Julián Rubio (UCR-Gualeguay), presentó un pedido de informes con el apoyo de sus pares de bancada Agustín Federik (Paraná), Fuad Sosa (Nogoyá), Jorge Monge (Diamante) y Pedro Ullua (Sauce de Luna) sobre los desmontes en territorio entrerriano. El reclamo se da en un marco en el que autoconvocados de Paraná, piden por la norma provincial de ordenamiento territorial del bosque nativo, a cinco años de la sanción de la Ley nacional Nº 26.331, y en el que se dispuso el archivo en la Cámara Baja de la iniciativa que había enviado el Ejecutivo entrerriano, para redactar un texto nuevo desde cero. Los diputados radicales piden saber “si el Poder Ejecutivo, tiene conocimiento, de los desmontes en la Provincia de Entre Ríos, en desmedro de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del bosque nativo dentro del territorio provincial, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los art. 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional”, según el pedido al que accedió Recintonet.
Asimismo, piden conocer si “el gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción cuenta con un plan de monitoreo, seguimiento, inspección y evaluación técnica para evitar los desmontes a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en galería en todo el territorio de la provincia”.
También, los legisladores pretenden ser informados sobre si “el Ministerio de la Producción y/o el organismo competente lleva un registro de todas las actas de infracción, procedimientos administrativos, clausuras de campos, decomiso de las maquinarias y herramientas utilizadas para el desmonte. Y en su caso remita a esa Honorable Cámara de Diputados, copias de las mismas”.
Por último, piden informes respecto a inspecciones, el resultado de las mismas y copia de esos informes y actas que se hayan realizado.
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Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado provincial Julián Rubio (UCR-Gualeguay), presentó un pedido de informes con el apoyo de sus pares de bancada Agustín Federik (Paraná), Fuad Sosa (Nogoyá), Jorge Monge (Diamante) y Pedro Ullua (Sauce de Luna) sobre los desmontes en territorio entrerriano. El reclamo se da en un marco en el que autoconvocados de Paraná, piden por la norma provincial de ordenamiento territorial del bosque nativo, a cinco años de la sanción de la Ley nacional Nº 26.331, y en el que se dispuso el archivo en la Cámara Baja de la iniciativa que había enviado el Ejecutivo entrerriano, para redactar un texto nuevo desde cero. Los diputados radicales piden saber “si el Poder Ejecutivo, tiene conocimiento, de los desmontes en la Provincia de Entre Ríos, en desmedro de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del bosque nativo dentro del territorio provincial, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los art. 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional”, según el pedido al que accedió Recintonet.
Asimismo, piden conocer si “el gobierno provincial a través del Ministerio de la Producción cuenta con un plan de monitoreo, seguimiento, inspección y evaluación técnica para evitar los desmontes a tala rasa de bosques, montes nativos y selvas en galería en todo el territorio de la provincia”.
También, los legisladores pretenden ser informados sobre si “el Ministerio de la Producción y/o el organismo competente lleva un registro de todas las actas de infracción, procedimientos administrativos, clausuras de campos, decomiso de las maquinarias y herramientas utilizadas para el desmonte. Y en su caso remita a esa Honorable Cámara de Diputados, copias de las mismas”.
Por último, piden informes respecto a inspecciones, el resultado de las mismas y copia de esos informes y actas que se hayan realizado.
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Botnia: podría estar parada hasta noviembre
La planta de celulosa UPM (ex Botnia) podría mantener inactiva su producción hasta noviembre
Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Espera la autorización del gobierno de José Mujica para incrementar su actividad; la oposición cree que se trata de un gesto amistoso hacia Cristina Kirchner antes de octubre
Los gestos amistosos del presidente uruguayo José Mujica con su par argentina Cristina Kirchner generan otra vez un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que lleva al Parlamento a la paralización de la producción de la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia).
En las últimas horas, la empresa papelera advirtió al gobierno que su detención anual para mantenimiento deberá extenderse en forma extraordinaria, debido a que no le dieron la autorización para el incremento de producción.
Productores forestales que se ven perjudicados por la actitud del gobierno de Mujica advirtieron ya sobre el impacto en el mercado, mientras el caso preocupa a los trabajadores que quedarán suspendidos y a todos los que tienen relación indirecta con la actividad forestal, de transporte y de exportación.
Hace un año y tres meses que la autoridad ambiental del Uruguay emitió un pronunciamiento favorable a la solicitud de UPM para aumentar la fabricación de pasta de 1.100.000 toneladas hasta las 1.300.000 toneladas, pero el gobierno de Mujica no firmó el aval.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a LA NACION que el Gobierno no ha rechazado ese pedido, pero reconoció que no hay decisión aún.
La empresa esperaba que llegara la autorización previa a la detención anual de actividad para el mantenimiento de la planta, a efectos de acotar ese tiempo y seguir produciendo. Pero como no puede pasarse del límite que tiene autorizado, al terminar agosto informó que la paralización será mucho más extensa. En lugar de 11 días de suspensión de producción, deberá hacerlo por dos meses.
Traslado de petición
El gobierno de Mujica trasladó el pedido a la Cancillería y el asunto fue derivado a la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La Argentina no ha dado respuesta, aunque presentó inquietudes y aún corre plazo para que el tema quede sin resolución en ese ámbito, y Uruguay decida avalar a UPM para que aumente su producción.
El presidente Mujica ha pedido a los que trabajan en este tema que se manejen con prudencia y que tengan en cuenta su posición de privilegiar un buen diálogo con el gobierno kirchnerista.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente había establecido en mayo de 2012, que "no se prevé que existan impactos negativos residuales de significación en caso que se acceda a lo solicitado por la empresa, en lo que refiere a permitir una producción anual de 1.300.000 toneladas de ADT/año y con un límite máximo que no exceda el 5%".
Oposición
Los diputados del Partido Nacional Alvaro Delgado y Jaime Trobo comunicaron hoy que citarán de forma urgente al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y al canciller, Luis Almagro, a las comisiones parlamentarias de Industria y de Asuntos Internacionales, "para que expliquen esta decisión".
Sostienen que pretenden indagar "si la negativa del gobierno responde a algún tipo de presión o pedido de su par argentino, que deberá afrontar elecciones legislativas el próximo 27 de octubre"
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Fecha de Publicación: 03/09/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Espera la autorización del gobierno de José Mujica para incrementar su actividad; la oposición cree que se trata de un gesto amistoso hacia Cristina Kirchner antes de octubreLos gestos amistosos del presidente uruguayo José Mujica con su par argentina Cristina Kirchner generan otra vez un enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición, que lleva al Parlamento a la paralización de la producción de la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia).
En las últimas horas, la empresa papelera advirtió al gobierno que su detención anual para mantenimiento deberá extenderse en forma extraordinaria, debido a que no le dieron la autorización para el incremento de producción.
Productores forestales que se ven perjudicados por la actitud del gobierno de Mujica advirtieron ya sobre el impacto en el mercado, mientras el caso preocupa a los trabajadores que quedarán suspendidos y a todos los que tienen relación indirecta con la actividad forestal, de transporte y de exportación.
Hace un año y tres meses que la autoridad ambiental del Uruguay emitió un pronunciamiento favorable a la solicitud de UPM para aumentar la fabricación de pasta de 1.100.000 toneladas hasta las 1.300.000 toneladas, pero el gobierno de Mujica no firmó el aval.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo a LA NACION que el Gobierno no ha rechazado ese pedido, pero reconoció que no hay decisión aún.
La empresa esperaba que llegara la autorización previa a la detención anual de actividad para el mantenimiento de la planta, a efectos de acotar ese tiempo y seguir produciendo. Pero como no puede pasarse del límite que tiene autorizado, al terminar agosto informó que la paralización será mucho más extensa. En lugar de 11 días de suspensión de producción, deberá hacerlo por dos meses.
Traslado de petición
El gobierno de Mujica trasladó el pedido a la Cancillería y el asunto fue derivado a la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La Argentina no ha dado respuesta, aunque presentó inquietudes y aún corre plazo para que el tema quede sin resolución en ese ámbito, y Uruguay decida avalar a UPM para que aumente su producción.
El presidente Mujica ha pedido a los que trabajan en este tema que se manejen con prudencia y que tengan en cuenta su posición de privilegiar un buen diálogo con el gobierno kirchnerista.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente había establecido en mayo de 2012, que "no se prevé que existan impactos negativos residuales de significación en caso que se acceda a lo solicitado por la empresa, en lo que refiere a permitir una producción anual de 1.300.000 toneladas de ADT/año y con un límite máximo que no exceda el 5%".
Oposición
Los diputados del Partido Nacional Alvaro Delgado y Jaime Trobo comunicaron hoy que citarán de forma urgente al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y al canciller, Luis Almagro, a las comisiones parlamentarias de Industria y de Asuntos Internacionales, "para que expliquen esta decisión".
Sostienen que pretenden indagar "si la negativa del gobierno responde a algún tipo de presión o pedido de su par argentino, que deberá afrontar elecciones legislativas el próximo 27 de octubre"
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