Avanza el saneamiento del Riachuelo
04:55 | 
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Avanza el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo
Fecha de Publicación: 08/01/2010
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Buenos Aires
Las obras comenzarán en octubre próximo y apuntan a mejorar el transporte y la disposición de los efluentes industriales. La inversión será de u$s 700 millones
El plan de limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo, alguna vez descripta como “el mayor problema ambiental de la Argentina” por su grado de contaminación, ya se ha puesto en marcha.
La inversión total para la realización de estas obras es de u$s 700 millones, de los cuales el gobierno nacional aportará u$s 240 millones, y el monto restante se cubrirá con un crédito del Banco Mundial, que se destinará a apoyar la reconversión industrial de las pequeñas y medianas empresas asentadas en los márgenes de esta cuenca, a través de aportes no reembolsables.
Las obras, que apuntan a mejorar el transporte y la disposición de los efluentes industriales, fueron licitadas el mes pasado para la construcción del Colector Margen Izquierdo, la planta de pretratamiento Riachuelo, el emisario sub fluvial Planta Riachuelo y el desvío Baja Costanera.
El próximo paso en el proceso licitatorio tendrá lugar en marzo próximo, y consistirá en el llamado a las empresas calificadas para presentar las ofertas técnicas y económicas para la realización de las obras.
“Todo el proceso de adjudicación culminará en el segundo semestre del 2010, y se estima que las obras comenzarán en octubre, con una duración de tres años”, según informaron fuentes de Aysa.
Las obras licitadas son complementarias al conjunto de actividades que deben realizar tanto el Estado Nacional como los doce municipios que integran la cuenca (la ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano), para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema en la llamada “Causa Mendoza”.
Afectados
Unas tres millones y medio de personas son parte de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Todos estos municipios se encuentran actualmente afectadas por la alta contaminación, producto del vertido de 125.000 metros cúbicos diarios de efluentes industriales (25%) y 375.000 metros cúbicos de efluentes cloacales por día (75%).
Fecha de Publicación: 08/01/2010
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Buenos Aires
Las obras comenzarán en octubre próximo y apuntan a mejorar el transporte y la disposición de los efluentes industriales. La inversión será de u$s 700 millones
El plan de limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo, alguna vez descripta como “el mayor problema ambiental de la Argentina” por su grado de contaminación, ya se ha puesto en marcha.
La inversión total para la realización de estas obras es de u$s 700 millones, de los cuales el gobierno nacional aportará u$s 240 millones, y el monto restante se cubrirá con un crédito del Banco Mundial, que se destinará a apoyar la reconversión industrial de las pequeñas y medianas empresas asentadas en los márgenes de esta cuenca, a través de aportes no reembolsables.
Las obras, que apuntan a mejorar el transporte y la disposición de los efluentes industriales, fueron licitadas el mes pasado para la construcción del Colector Margen Izquierdo, la planta de pretratamiento Riachuelo, el emisario sub fluvial Planta Riachuelo y el desvío Baja Costanera.
El próximo paso en el proceso licitatorio tendrá lugar en marzo próximo, y consistirá en el llamado a las empresas calificadas para presentar las ofertas técnicas y económicas para la realización de las obras.
“Todo el proceso de adjudicación culminará en el segundo semestre del 2010, y se estima que las obras comenzarán en octubre, con una duración de tres años”, según informaron fuentes de Aysa.
Las obras licitadas son complementarias al conjunto de actividades que deben realizar tanto el Estado Nacional como los doce municipios que integran la cuenca (la ciudad de Buenos Aires y once partidos del conurbano), para cumplir con la sentencia de la Corte Suprema en la llamada “Causa Mendoza”.
Afectados
Unas tres millones y medio de personas son parte de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Todos estos municipios se encuentran actualmente afectadas por la alta contaminación, producto del vertido de 125.000 metros cúbicos diarios de efluentes industriales (25%) y 375.000 metros cúbicos de efluentes cloacales por día (75%).
Quieren eliminar los transformadores con PCB
Quieren eliminar los transformadores tóxicos de PCB en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2010
Fuente: ANI Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires buscará avanzar este semestre con una ley para darle un marco legal a la erradicación de transformadores con PCB, sustancia clasificada internacionalmente como probable cancerígena.
El tema es complejo ya que muchos de los transformadores que se encuentran en todos los municipios bonaerenses contienen esta sustancia y no son muchos las compañías que se dedican a la declorinación que se debe realizar sobre el aceite de los aparatos.
Si bien el 31 de diciembre venció una resolución bonaerense del año 2002 que establecía ese día como tope para la eliminación del PCB (bifenilos Policlorados) en equipos eléctricos cerrados, el Gobierno estiró los plazos por doce meses y avanzará en una ley para regular la situación definitivamente.
En el territorio provincial funcionan actualmente 750 transformadores registrados oficialmente que tienen entre 2 y 50 partes de PCB por millón, mientras que unos 6 mil deberían estar fuera de uso desde fin de año. Es que estos transformadores tienen más de 50 partes de PCB por millón, algo que prohíbe la ley nacional 25.670.
En tanto, la resolución dictada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) se destaca por establecer límites más exigentes, ya que permite el funcionamiento de aquellos aparatos que estén por debajo de las 2 partes de PCB por millón.
A más tardar en mayo, el Ejecutivo quiere tener presentada la nueva normativa en la Legislatura, y para ello junto a representantes de los prestatarios de la Provisión de Energía Eléctrica (Edelap, Eden, Edes y Edea), las cinco federaciones que agrupan a las cooperativas eléctricas y la Unión Industrial de la Provincia formarán una comisión de trabajo.
PCB es la sigla del policlorinato bifenilo, una sustancia que integra una lista de tóxicos que deberían desaparecer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la Argentina, se lo introdujo como líquido aislante y refrigerante de transformadores eléctricos en los años 60. También se usa en papel carbónico, fluidos hidráulicos, lubricantes y en los aditivos del petróleo.
Fecha de Publicación: 07/01/2010
Fuente: ANI Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires buscará avanzar este semestre con una ley para darle un marco legal a la erradicación de transformadores con PCB, sustancia clasificada internacionalmente como probable cancerígena.
El tema es complejo ya que muchos de los transformadores que se encuentran en todos los municipios bonaerenses contienen esta sustancia y no son muchos las compañías que se dedican a la declorinación que se debe realizar sobre el aceite de los aparatos.
Si bien el 31 de diciembre venció una resolución bonaerense del año 2002 que establecía ese día como tope para la eliminación del PCB (bifenilos Policlorados) en equipos eléctricos cerrados, el Gobierno estiró los plazos por doce meses y avanzará en una ley para regular la situación definitivamente.
En el territorio provincial funcionan actualmente 750 transformadores registrados oficialmente que tienen entre 2 y 50 partes de PCB por millón, mientras que unos 6 mil deberían estar fuera de uso desde fin de año. Es que estos transformadores tienen más de 50 partes de PCB por millón, algo que prohíbe la ley nacional 25.670.
En tanto, la resolución dictada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) se destaca por establecer límites más exigentes, ya que permite el funcionamiento de aquellos aparatos que estén por debajo de las 2 partes de PCB por millón.
A más tardar en mayo, el Ejecutivo quiere tener presentada la nueva normativa en la Legislatura, y para ello junto a representantes de los prestatarios de la Provisión de Energía Eléctrica (Edelap, Eden, Edes y Edea), las cinco federaciones que agrupan a las cooperativas eléctricas y la Unión Industrial de la Provincia formarán una comisión de trabajo.
PCB es la sigla del policlorinato bifenilo, una sustancia que integra una lista de tóxicos que deberían desaparecer, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la Argentina, se lo introdujo como líquido aislante y refrigerante de transformadores eléctricos en los años 60. También se usa en papel carbónico, fluidos hidráulicos, lubricantes y en los aditivos del petróleo.
San Luis denunció penalmente a Repsol
La provincia de San Luis denunció penalmente a Repsol
Fecha de Publicación: 06/01/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Luis
Fiscalía de Estado presentó hoy la denuncia debido al derrame de combustible que se produjo por la rotura de un oleoducto perteneciente a dicha empresa y que está ubicado a 4000 metros de la ruta 7 en cercanías del Río Nuevo y a 2500 metros de la localidad de Juan Jorba.
Entre los aspectos más importantes de la denuncia penal contra Repsol YPF, se destaca lo siguiente:
1) La inmediata suspensión del uso del Poliducto Villa Mercedes-Monte Cristo perteneciente a la Empresa YPF S.A., inter se realice un peritaje a cargo del I.N.T.I, de todo el ramal, sobre la superficie interna y externa del caño, y especialmente el estado de su costura longitudinal, a los fines de determinar el estado de conservación, el grado de desgaste y deterioro del mismo, y consecuentemente su factibilidad de uso en el futuro.
2) Asimismo, se realice, por parte del INTI, un peritaje sobre el caño por el cual se produjo el derrame, debiendo establecer las causas de la rotura del mismo.
3) El Monitoreo de la calidad del agua destinada a uso humano a través de análisis en las perforaciones de la localidad de Juan Jorba y de vecinos al punto de derrame de gasoil, con una periodicidad mensual (una vez por mes durante el primer año desde la fecha del derrame). Si los resultados fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos) los análisis se realizarán con carácter preventivo y durante el segundo año después de la fecha del derrame con una periodicidad trimestral (cada tres meses durante el segundo año).
4) Monitoreo de la calidad del agua destinada al consumo como bebida de ganado, mediante análisis en las perforaciones existentes en la zona, agua abajo del punto de derrame, con una periodicidad mensual (todos los meses durante los primeros seis meses) y si los valores fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos), espaciarlos cada trimestralmente (cada tres meses durante los siguientes dos año).
5) Seguimiento y monitoreo a los fines de evitar la propagación de agua contaminada o su migración a zonas no contaminadas, mediante:
a) Colocación de barreras superficiales, consistentes en terraplenes con material arcilloso o material con características impermeabilizantes que detenga el hidrocarburo, delimitando la zona afectada a los fines de evitar la escorrentía de aguas contaminadas hacia zonas o áreas de aguas y suelos limpios.
b) Adopción de acciones tendientes a remediar el suelo afectado, hasta que se verifiquen en su composición valores de hidrocarburos menores a 100 ppm, utilizando la tecnología de Landfarming EX SITU. Dicho estudio deberá realizarse por empresas con probada experiencia a nivel nacional e internacional, debiendo presentar los resultados de análisis de hidrocarburos correspondientes, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Resolución SCCyRP-010-2008.-
c) Adopción de medidas tendientes a remediar el agua superficial y subterránea mediante la utilización de técnicas aprobadas por la EPA -Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos- y a través de empresas de certificada experiencia.
d) Monitoreo del agua superficial de la zona afectada con una periodicidad semanal, hasta que los valores sean inferiores a 50 ppm.
6) Construcción de tres pozos freáticos de control cercanos a la zona de derrame, aguas abajo para monitoreo de las aguas subterráneas y de la presencia de hidrocarburos.
7) Requerir a la empresa responsable la colocación de cañones de estruendo o personal a fin de ahuyentar la avifauna, como asimismo, rescatar los ejemplares de fauna afectados por el derrame. Realizar una barrera que impida el paso de la fauna terrestre hacia la zona afectada. Recolectar los ejemplares de fauna muertos, previo inventario.
8) Implementación de un plan de forestación de especies autóctonas en especie y cantidad igual o superior al inventario realizado en el plan de contingencias previamente presentado.
Fecha de Publicación: 06/01/2010
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: San Luis
Fiscalía de Estado presentó hoy la denuncia debido al derrame de combustible que se produjo por la rotura de un oleoducto perteneciente a dicha empresa y que está ubicado a 4000 metros de la ruta 7 en cercanías del Río Nuevo y a 2500 metros de la localidad de Juan Jorba.
Entre los aspectos más importantes de la denuncia penal contra Repsol YPF, se destaca lo siguiente:
1) La inmediata suspensión del uso del Poliducto Villa Mercedes-Monte Cristo perteneciente a la Empresa YPF S.A., inter se realice un peritaje a cargo del I.N.T.I, de todo el ramal, sobre la superficie interna y externa del caño, y especialmente el estado de su costura longitudinal, a los fines de determinar el estado de conservación, el grado de desgaste y deterioro del mismo, y consecuentemente su factibilidad de uso en el futuro.
2) Asimismo, se realice, por parte del INTI, un peritaje sobre el caño por el cual se produjo el derrame, debiendo establecer las causas de la rotura del mismo.
3) El Monitoreo de la calidad del agua destinada a uso humano a través de análisis en las perforaciones de la localidad de Juan Jorba y de vecinos al punto de derrame de gasoil, con una periodicidad mensual (una vez por mes durante el primer año desde la fecha del derrame). Si los resultados fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos) los análisis se realizarán con carácter preventivo y durante el segundo año después de la fecha del derrame con una periodicidad trimestral (cada tres meses durante el segundo año).
4) Monitoreo de la calidad del agua destinada al consumo como bebida de ganado, mediante análisis en las perforaciones existentes en la zona, agua abajo del punto de derrame, con una periodicidad mensual (todos los meses durante los primeros seis meses) y si los valores fuesen negativos (ausencia de hidrocarburos), espaciarlos cada trimestralmente (cada tres meses durante los siguientes dos año).
5) Seguimiento y monitoreo a los fines de evitar la propagación de agua contaminada o su migración a zonas no contaminadas, mediante:
a) Colocación de barreras superficiales, consistentes en terraplenes con material arcilloso o material con características impermeabilizantes que detenga el hidrocarburo, delimitando la zona afectada a los fines de evitar la escorrentía de aguas contaminadas hacia zonas o áreas de aguas y suelos limpios.
b) Adopción de acciones tendientes a remediar el suelo afectado, hasta que se verifiquen en su composición valores de hidrocarburos menores a 100 ppm, utilizando la tecnología de Landfarming EX SITU. Dicho estudio deberá realizarse por empresas con probada experiencia a nivel nacional e internacional, debiendo presentar los resultados de análisis de hidrocarburos correspondientes, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Resolución SCCyRP-010-2008.-
c) Adopción de medidas tendientes a remediar el agua superficial y subterránea mediante la utilización de técnicas aprobadas por la EPA -Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos- y a través de empresas de certificada experiencia.
d) Monitoreo del agua superficial de la zona afectada con una periodicidad semanal, hasta que los valores sean inferiores a 50 ppm.
6) Construcción de tres pozos freáticos de control cercanos a la zona de derrame, aguas abajo para monitoreo de las aguas subterráneas y de la presencia de hidrocarburos.
7) Requerir a la empresa responsable la colocación de cañones de estruendo o personal a fin de ahuyentar la avifauna, como asimismo, rescatar los ejemplares de fauna afectados por el derrame. Realizar una barrera que impida el paso de la fauna terrestre hacia la zona afectada. Recolectar los ejemplares de fauna muertos, previo inventario.
8) Implementación de un plan de forestación de especies autóctonas en especie y cantidad igual o superior al inventario realizado en el plan de contingencias previamente presentado.
Desmontan la selva por una cancha de golf
Desmontan la selva misionera para hacer una cancha de golf
Fecha de Publicación: 06/01/2010
Fuente: Mas Producción
Provincia/Región: Misiones
En Puerto Iguazú, Ecología autorizó el desmonte para hacer una cancha de golf tanto es que el titular de la Dirección de Bosques Nativos, Rubén Baumgratz, confirmó que “es un desmonte autorizado dentro del área de las 600 hectáreas". El permiso habría sido dado a la cadena de hoteles Hilton, antes de la sanción de Ley de Bosques. Afecta directamente a la comunidad mbya Yryapú.
El campo de golf, será un campo para competiciones internacionales y contará con 18 hoyos, en el medio habrá también un lago artificial.
Fecha de Publicación: 06/01/2010
Fuente: Mas Producción
Provincia/Región: Misiones
En Puerto Iguazú, Ecología autorizó el desmonte para hacer una cancha de golf tanto es que el titular de la Dirección de Bosques Nativos, Rubén Baumgratz, confirmó que “es un desmonte autorizado dentro del área de las 600 hectáreas". El permiso habría sido dado a la cadena de hoteles Hilton, antes de la sanción de Ley de Bosques. Afecta directamente a la comunidad mbya Yryapú.
El campo de golf, será un campo para competiciones internacionales y contará con 18 hoyos, en el medio habrá también un lago artificial.
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Buscan identificar a quienes tiran basura
Buscan identificar a quienes tiran basura
Fecha de Publicación: 05/01/2010
Fuente: La opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
Inspectores municipales salen a recolectar evidencia de las personas que arrojan sus residuos en lugares no permitidos. La basura en caminos rurales se junta por toneladas y quieren poner freno a esta práctica.
Además, se incorporó equipamiento que se destinará únicamente al mantenimiento de los sectores más problemáticos.
A pesar de contar con un servicio de recolección domiciliaria que funciona de manera eficaz; de tener una estación receptora de residuos clasificados disponible y de contar con un relleno sanitario que es modelo en todo el país, los rafaelinos siguen generando basurales a cielo abierto en las afueras de la zona urbana y la basura en esos sectores se sigue juntando en toneladas.
Es por eso que desde el Municipio se busca poner fin a esta situación a través de operativos conjuntos de control y limpieza que permitan frenar esta práctica cada vez más extendida.
De acuerdo a lo informado a LA OPINION por la secretaria de Servicios Públicos, Marta Engler, desde hace tiempo se viene trabajando en la identificación de la personas que llevan a cabo estas conductas.
La tarea es realizada por inspectores municipales destinados a buscar entre la basura algún tipo de evidencia que permita contactar al responsable de ese acto.
En este sentido, ciertos residuos de papelería como facturas o recibos, fueron los que posibilitaron tomar contacto con algunos vecinos involucrados con el arrojo de basura en la vía pública.
Las pruebas obtenidas no resultan suficientes para iniciar las acciones legales correspondientes. No obstante ello, permiten efectuar una advertencia a los responsables para que no vuelvan a cometer esta falta.
"Muchos, no reconocen que tiran la basura. Esto a veces no es fácil demostrar y habría que encontrarlos en el mismo momento en que lo están haciendo. Por eso, en general, se elige las horas de la noche o de la madrugada para arrojar la basura en estos lugares", explicó Engler.
El trabajo realizado hasta el momento permitió conocer que, en ocasiones, se trata de recolectores anónimos que juntan la basura de pequeños comercios y la tiran en cualquier lado.
"Este tipo de situaciones se dan en forma reiterada. Por lo general se trata de lugares donde nos damos cuenta de que no puede haber sido el dueño el que haya arrojado los residuos. Pero que, sin dudas, fue gente contratada por él", agregó la funcionaria.
Más allá de estos casos particulares, Engler reconoció que se trata de una práctica extendida a lo largo de kilómetros y kilómetros de la ciudad. Incluso, existen vecinos que en distintos sectores, colaboran con la Municipalidad a la hora de identificar a las personas que tiran basura o de advertir sobre la presencia de estos focos de suciedad.
Para este año ya se ha previsto la incorporación de un nuevo equipamiento que se destinará exclusivamente a estas tareas. Hasta ahora, el área no contaba con una pala mecánica para llevar a cabo la recolección y los operativos dependía de Obras Públicas.
Gracias a las adquisiciones realizadas, a partir de 2010 la pala y los camiones recolectores estarán disponibles las 24 horas. Un equipamiento que en los próximos días será puesto en exhibición y que complementará el trabajo que ya se viene haciendo. "Vamos a seguir con los controles.
Esto es dinero que no debería ser gastado", concluyó Engler.
Fecha de Publicación: 05/01/2010
Fuente: La opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
Inspectores municipales salen a recolectar evidencia de las personas que arrojan sus residuos en lugares no permitidos. La basura en caminos rurales se junta por toneladas y quieren poner freno a esta práctica.
Además, se incorporó equipamiento que se destinará únicamente al mantenimiento de los sectores más problemáticos.
A pesar de contar con un servicio de recolección domiciliaria que funciona de manera eficaz; de tener una estación receptora de residuos clasificados disponible y de contar con un relleno sanitario que es modelo en todo el país, los rafaelinos siguen generando basurales a cielo abierto en las afueras de la zona urbana y la basura en esos sectores se sigue juntando en toneladas.
Es por eso que desde el Municipio se busca poner fin a esta situación a través de operativos conjuntos de control y limpieza que permitan frenar esta práctica cada vez más extendida.
De acuerdo a lo informado a LA OPINION por la secretaria de Servicios Públicos, Marta Engler, desde hace tiempo se viene trabajando en la identificación de la personas que llevan a cabo estas conductas.
La tarea es realizada por inspectores municipales destinados a buscar entre la basura algún tipo de evidencia que permita contactar al responsable de ese acto.
En este sentido, ciertos residuos de papelería como facturas o recibos, fueron los que posibilitaron tomar contacto con algunos vecinos involucrados con el arrojo de basura en la vía pública.
Las pruebas obtenidas no resultan suficientes para iniciar las acciones legales correspondientes. No obstante ello, permiten efectuar una advertencia a los responsables para que no vuelvan a cometer esta falta.
"Muchos, no reconocen que tiran la basura. Esto a veces no es fácil demostrar y habría que encontrarlos en el mismo momento en que lo están haciendo. Por eso, en general, se elige las horas de la noche o de la madrugada para arrojar la basura en estos lugares", explicó Engler.
El trabajo realizado hasta el momento permitió conocer que, en ocasiones, se trata de recolectores anónimos que juntan la basura de pequeños comercios y la tiran en cualquier lado.
"Este tipo de situaciones se dan en forma reiterada. Por lo general se trata de lugares donde nos damos cuenta de que no puede haber sido el dueño el que haya arrojado los residuos. Pero que, sin dudas, fue gente contratada por él", agregó la funcionaria.
Más allá de estos casos particulares, Engler reconoció que se trata de una práctica extendida a lo largo de kilómetros y kilómetros de la ciudad. Incluso, existen vecinos que en distintos sectores, colaboran con la Municipalidad a la hora de identificar a las personas que tiran basura o de advertir sobre la presencia de estos focos de suciedad.
Para este año ya se ha previsto la incorporación de un nuevo equipamiento que se destinará exclusivamente a estas tareas. Hasta ahora, el área no contaba con una pala mecánica para llevar a cabo la recolección y los operativos dependía de Obras Públicas.
Gracias a las adquisiciones realizadas, a partir de 2010 la pala y los camiones recolectores estarán disponibles las 24 horas. Un equipamiento que en los próximos días será puesto en exhibición y que complementará el trabajo que ya se viene haciendo. "Vamos a seguir con los controles.
Esto es dinero que no debería ser gastado", concluyó Engler.
Glaciares: Diferencias Ley Maffei - Ley Filmus
Glaciares: Diferencias Ley Maffei - Ley Filmus
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En el contrapunto de la presente edición, decidimos investigar las diferencias entre la Ley de protección de glaciares vetada por la Presidente Cristina F.de Kirchner, y el proyecto de Ley recientemente aprobado por el Senado de la Nación y en vías de convertirse en Ley una vez que sea tratado en Diputados. Por el nombre de los legisladores que impulsaron cada proyecto, definiremos a la Ley vetada como Ley Maffei y al Proyecto que está pronto a convertirse en Ley, Ley Filmus.
1- Nombre de la Ley?
Ley Maffei: “Ley de Presupuestos Mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”
Ley Filmus: “Ley de Presupuestos Mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”
2- Objetivo de la Ley? (Art.1)
Ley Maffei: . La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
Ley Filmus: La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y las actividades industriales; como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la generación de energía hidroeléctrica; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado Nacional, según el lugar en que se ubiquen.
3-¿ Zonas que protege? (Art.2)
Ley Maffei: “se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
Ley Filmus: “Definiciones. A los efectos de la presente ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el Artículo 1. Se entiende por: a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión. b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria. c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente del ambiente glacial y periglacial protegido, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Diferencia: La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente “tocado” o que habrán de intervenir.
4-¿ Actividades prohibidas en la zona de protección que establece la Ley?
Ley Maffei: Según el Art. 6, en los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica.
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo.
d) La instalación de industrias.
Ley Filmus: Actividades Prohibidas. Se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2, o sus funciones señaladas en el artículo 1, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular, en los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2, las siguientes actividades: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos. c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera. d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Diferencia: el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones ambiguas.
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege.
5- Qué sucede con las actividades que se desarrollan actualmente en la zona protegida y que quedan comprendidas entre las actividades consideradas como prohibidas por el Art. 6
Ley Maffei: Artículo 18. Las actividades descritas en el artículo 6 en ejecución al momento de la sanción de la presente ley deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que tenga por principal objeto de estudio el o los glaciares afectados. En caso de verificarse impacto negativo se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
Ley Filmus: Art. 15: Disposición Transitoria. En un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la autoridad de aplicación nacional un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo
6, se consideren prioritarias. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado Instituto le requiera. Las autoridades competentes deberán, en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas, a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales generados sobre los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2. El costo de la auditoría correrá por cuenta de los titulares responsables de las actividades. Los resultados de la auditoría deberán presentarse a las autoridades competentes. En caso de verificarse impactos significativos, dichas autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Diferencia: La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de la empresa multinacional Barrick Gold.
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
En el contrapunto de la presente edición, decidimos investigar las diferencias entre la Ley de protección de glaciares vetada por la Presidente Cristina F.de Kirchner, y el proyecto de Ley recientemente aprobado por el Senado de la Nación y en vías de convertirse en Ley una vez que sea tratado en Diputados. Por el nombre de los legisladores que impulsaron cada proyecto, definiremos a la Ley vetada como Ley Maffei y al Proyecto que está pronto a convertirse en Ley, Ley Filmus.
1- Nombre de la Ley?
Ley Maffei: “Ley de Presupuestos Mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”
Ley Filmus: “Ley de Presupuestos Mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar”
2- Objetivo de la Ley? (Art.1)
Ley Maffei: . La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
Ley Filmus: La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y las actividades industriales; como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la generación de energía hidroeléctrica; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado Nacional, según el lugar en que se ubiquen.
3-¿ Zonas que protege? (Art.2)
Ley Maffei: “se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
Ley Filmus: “Definiciones. A los efectos de la presente ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el Artículo 1. Se entiende por: a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formado por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión. b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria. c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen esta relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos. Son parte constituyente del ambiente glacial y periglacial protegido, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua”.
Diferencia: La “ley” Filmus elimina del artículo 2° la definición de “ambiente periglacial”, achicando notablemente el bien jurídico tutelado. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la norma “el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”, como describía el proyecto original, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras.
La ley separa glaciares ocultos de glaciares de escombros, términos que a las corporaciones les permitirá decir, cuando lo requieran, a que categoría corresponde el glaciar eventualmente “tocado” o que habrán de intervenir.
4-¿ Actividades prohibidas en la zona de protección que establece la Ley?
Ley Maffei: Según el Art. 6, en los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica.
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo.
d) La instalación de industrias.
Ley Filmus: Actividades Prohibidas. Se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2, o sus funciones señaladas en el artículo 1, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance. Se prohíben, en particular, en los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2, las siguientes actividades: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos. c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera. d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Diferencia: el artículo 6º de la ley Filmus, intenta “prohibir las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos”. Que es como decirle a la minera que puede operar sin provocar las afectaciones señaladas (su condición natural). El artículo 6º dice que se prohíbe la exploración y explotación minera o hidrocarburífera. Pero ¿en qué condiciones? ¿De qué forma? Se trata de aquellas actividades que impliquen por ejemplo “trasladar glaciares, destruirlos o interferir en su avance.” Es decir, se prohíbe únicamente la actividad minera en los cuerpos protegidos definidos en un artículo, el 2º, que solo brinda definiciones ambiguas.
Por ello, desde un punto de vista estrictamente jurídico y para una efectiva protección de los glaciares y del ambiente periglacial, la posible sanción definitiva de este proyecto de ley resulta un insalvable escollo jurídico porque termina de legitimar las actividades actualmente en ejecución sobre las áreas que supuestamente protege.
5- Qué sucede con las actividades que se desarrollan actualmente en la zona protegida y que quedan comprendidas entre las actividades consideradas como prohibidas por el Art. 6
Ley Maffei: Artículo 18. Las actividades descritas en el artículo 6 en ejecución al momento de la sanción de la presente ley deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que tenga por principal objeto de estudio el o los glaciares afectados. En caso de verificarse impacto negativo se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
Ley Filmus: Art. 15: Disposición Transitoria. En un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción de la presente ley, el IANIGLA presentará a la autoridad de aplicación nacional un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo
6, se consideren prioritarias. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado Instituto le requiera. Las autoridades competentes deberán, en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas, a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales generados sobre los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2. El costo de la auditoría correrá por cuenta de los titulares responsables de las actividades. Los resultados de la auditoría deberán presentarse a las autoridades competentes. En caso de verificarse impactos significativos, dichas autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Diferencia: La diferencia con la ley vetada es sustancial, atento que el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental en la norma original empezaba a correr a partir de la sanción de la ley. Con la nueva redacción, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de la empresa multinacional Barrick Gold.
Un hospital para la fauna silvestre
Un hospital para la fauna silvestre funciona en plena selva misionera
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Misiones
Se recuperaron unos 5000 animales, incluida una perdiz gigante en riesgo de extinción
Sobre la ruta que une Puerto Iguazú con el parque nacional que alberga las cataratas se encuentra un hospital muy singular. Entre senderos y pasarelas rodeadas de vegetación color verde intenso, un grupo de "enfermeros" atienden a los integrantes de la fauna autóctona de la selva misionera.
Junto al Parque Nacional Iguazú, sobre la ruta nacional N° 12, funciona el Centro Güirá Oga, donde un equipo de 14 especialistas en rescate, rehabilitación y recría ya atendió a unos 5000 animales. Muchos de ellos están en riesgo de extinción, como el macuco, una perdiz gigante amenazada por la caza, incluida aquella para subsistir en los alrededores, o el loro vinoso, que se atesora como mascota.
"El centro viene a cubrir en el país un importante espacio en el estudio y la conservación de especies ligadas al último remanente significativo de la selva paranaense en el mundo. Desde su creación, se atendió a más de 5000 animales", explicó el licenciado Adrián Giachino, director de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara e integrante del Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y Diagnósticos de la Universidad Maimónides.
Las 19 hectáreas de selva conservada que ocupa el centro son aprovechadas al máximo y, en parte, facilitan bastante el proceso de recuperación, rehabilitación y reintroducción de las especies silvestres, que van desde mariposas hasta yacarés o monos carayá. "El diagnóstico rápido y el tratamiento de un ejemplar de una especie en peligro de extinción ayudan no sólo a salvar su vida, sino también a favorecer la subsistencia de toda esa especie", agregó Giachino.
El hospital tiene las instalaciones necesarias para atender a los animales lastimados o decomisados del tráfico ilegal. En la nursery , guardias de biólogos y veterinarios controlan a los recién nacidos rechazados por sus padres, enfermos o lastimados en las incubadoras y los pequeños cubiles a modo de camas de internación.
El quirófano está equipado para evitar trasladar a los animales. Se hacen cirugías de baja y alta complejidad, programadas o de urgencia, con o sin anestesia, además del consultorio para exámenes de rutina, curaciones, cirugías reconstructivas, ecografías u obtención de semen.
El lugar es un paisaje protegido y está coadministrado por la Fundación Azara y el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, lo que permite que allí funcione un proyecto de investigación y de conservación de la fauna local. Eso se aprecia en una visita. Setecientos metros adentro de la selva, los senderos de tierra y las pasarelas de madera revelan unas 40 especies centenarias de vegetación autóctona, con árboles de hasta 30 metros de alto.
Por esa frondosa vegetación revolotean muchas de las 50 especies de mariposas que habitan en la zona y más de las 150 aves que eligen el centro para construir sus nidos, como el halcón montés chico, el urutaú o el cacique lomo rojo. Pero no todos los "pacientes" vuelven a su hábitat. Los 120 huéspedes permanentes no lograrían sobrevivir libres.
Es el caso de aves baleadas o golpeadas en las alas, un tucán al que le cortaron las patas con una motosierra en un desmonte o venados y gatos silvestres atropellados al cruzar la ruta, que serían presa fácil sin poder cazar para subsistir. Se los puede ver al caminar por una pasarela elevada que pasa frente a recintos al aire libre que recrean el hábitat natural de esa fauna misionera. En una estación rodeada por un arroyo con una cascada conviven monos carayá, venados, carpinchos y yacarés. En el área de nutrición se ve de cerca cómo se prepara el alimento para cada huésped.
Las instalaciones, amigables con la naturaleza, se construyeron en los espacios libres que fue dejando la caída de los árboles después de una tormenta; la red eléctrica semisubterránea evita el tendido aéreo y el desmalezamiento.
Si se visita la zona por turismo, Giachino recomendó: no comprar cuadritos con mariposas, no llevarse orquídeas ni comprarlas en los puestos que las ofrecen cerca de la ruta ni aceptar o comprar animales. "Esto ayuda a no fomentar el tráfico de flora y fauna -dijo-. La selva aún posee muchos recursos naturales, que se van destruyendo antes de descubrirlos."
Más información
* ¿Dónde queda? El Centro Hüirá Oga está ubicado a 5 kilómetros de Puerto Iguazú, en Misiones, sobre la ruta nacional N° 12.
* ¿Cuánto dura la visita? El circuito a pie de 600 metros se puede recorrer en aproximadamente una hora y media.
* ¿Es gratuito? No, con el valor de la entrada se colabora con el mantenimiento de los animales. Su valor es de $ 30 para adultos y de 10 pesos para menores de 10 años y los jubilados.
* ¿Dónde se puede consultar? En Internet, guiraoga.fundacionazara.org.ar .
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Misiones
Se recuperaron unos 5000 animales, incluida una perdiz gigante en riesgo de extinción
Sobre la ruta que une Puerto Iguazú con el parque nacional que alberga las cataratas se encuentra un hospital muy singular. Entre senderos y pasarelas rodeadas de vegetación color verde intenso, un grupo de "enfermeros" atienden a los integrantes de la fauna autóctona de la selva misionera.
Junto al Parque Nacional Iguazú, sobre la ruta nacional N° 12, funciona el Centro Güirá Oga, donde un equipo de 14 especialistas en rescate, rehabilitación y recría ya atendió a unos 5000 animales. Muchos de ellos están en riesgo de extinción, como el macuco, una perdiz gigante amenazada por la caza, incluida aquella para subsistir en los alrededores, o el loro vinoso, que se atesora como mascota.
"El centro viene a cubrir en el país un importante espacio en el estudio y la conservación de especies ligadas al último remanente significativo de la selva paranaense en el mundo. Desde su creación, se atendió a más de 5000 animales", explicó el licenciado Adrián Giachino, director de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara e integrante del Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y Diagnósticos de la Universidad Maimónides.
Las 19 hectáreas de selva conservada que ocupa el centro son aprovechadas al máximo y, en parte, facilitan bastante el proceso de recuperación, rehabilitación y reintroducción de las especies silvestres, que van desde mariposas hasta yacarés o monos carayá. "El diagnóstico rápido y el tratamiento de un ejemplar de una especie en peligro de extinción ayudan no sólo a salvar su vida, sino también a favorecer la subsistencia de toda esa especie", agregó Giachino.
El hospital tiene las instalaciones necesarias para atender a los animales lastimados o decomisados del tráfico ilegal. En la nursery , guardias de biólogos y veterinarios controlan a los recién nacidos rechazados por sus padres, enfermos o lastimados en las incubadoras y los pequeños cubiles a modo de camas de internación.
El quirófano está equipado para evitar trasladar a los animales. Se hacen cirugías de baja y alta complejidad, programadas o de urgencia, con o sin anestesia, además del consultorio para exámenes de rutina, curaciones, cirugías reconstructivas, ecografías u obtención de semen.
El lugar es un paisaje protegido y está coadministrado por la Fundación Azara y el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo de Misiones, lo que permite que allí funcione un proyecto de investigación y de conservación de la fauna local. Eso se aprecia en una visita. Setecientos metros adentro de la selva, los senderos de tierra y las pasarelas de madera revelan unas 40 especies centenarias de vegetación autóctona, con árboles de hasta 30 metros de alto.
Por esa frondosa vegetación revolotean muchas de las 50 especies de mariposas que habitan en la zona y más de las 150 aves que eligen el centro para construir sus nidos, como el halcón montés chico, el urutaú o el cacique lomo rojo. Pero no todos los "pacientes" vuelven a su hábitat. Los 120 huéspedes permanentes no lograrían sobrevivir libres.
Es el caso de aves baleadas o golpeadas en las alas, un tucán al que le cortaron las patas con una motosierra en un desmonte o venados y gatos silvestres atropellados al cruzar la ruta, que serían presa fácil sin poder cazar para subsistir. Se los puede ver al caminar por una pasarela elevada que pasa frente a recintos al aire libre que recrean el hábitat natural de esa fauna misionera. En una estación rodeada por un arroyo con una cascada conviven monos carayá, venados, carpinchos y yacarés. En el área de nutrición se ve de cerca cómo se prepara el alimento para cada huésped.
Las instalaciones, amigables con la naturaleza, se construyeron en los espacios libres que fue dejando la caída de los árboles después de una tormenta; la red eléctrica semisubterránea evita el tendido aéreo y el desmalezamiento.
Si se visita la zona por turismo, Giachino recomendó: no comprar cuadritos con mariposas, no llevarse orquídeas ni comprarlas en los puestos que las ofrecen cerca de la ruta ni aceptar o comprar animales. "Esto ayuda a no fomentar el tráfico de flora y fauna -dijo-. La selva aún posee muchos recursos naturales, que se van destruyendo antes de descubrirlos."
Más información
* ¿Dónde queda? El Centro Hüirá Oga está ubicado a 5 kilómetros de Puerto Iguazú, en Misiones, sobre la ruta nacional N° 12.
* ¿Cuánto dura la visita? El circuito a pie de 600 metros se puede recorrer en aproximadamente una hora y media.
* ¿Es gratuito? No, con el valor de la entrada se colabora con el mantenimiento de los animales. Su valor es de $ 30 para adultos y de 10 pesos para menores de 10 años y los jubilados.
* ¿Dónde se puede consultar? En Internet, guiraoga.fundacionazara.org.ar .
Yacyretá ingresa en su última fase
Anunciaron que el plan de terminación de Yacyretá ingresa en su última fase
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Misiones
El Plan de Terminación de la hidroeléctrica Yacyretá ha entrado en su etapa final, según informó la entidad binacional que administra la represa, a la vez que agradeció a las empresas que intervinieron en el proceso mientras avanzan las obras de tratamiento costero y relleno en la capital de Misiones, Posadas.
El programa incluye obras que se desarrollan desde Corrientes hasta Paraguay, sobre todo el territorio que alcanza la megaestructura, en su momento, una de las creaciones de ingeniería para la generación de energía más grandes del mundo en si tipo.
Uno de sus brazos se encuentra en la localidad correntina de Ituzaingó, y el otro, a 320 kilómetros al Sudeste de Asunción, capital del Paraguay, a 250 al Este de Corrientes Capital junto a Ayolas sobre ‘Los rápidos de Apipé‘, cuyo embalse principal yace en los alrededores de la isla de Yacyretá y Talavera.
El Plan de Terminación de Yacyretá lleva casi una década sin completarse, en ocasiones, totalmente frenado, acumula deudas con las empresas que han sido contratadas para ese trabajo, a la vez que denuncias de corrupción y pedidos de restitución para los funcionarios a cargo.
Los gobiernos de Paraguay y Argentina, que comparten la administración de la represa, esperan al inaugurar las nuevas obras, obtener más regalías en dinero por la venta de electricidad a otros países limítrofes e incrementar la alimentación de sus propios sistemas energéticos actualmente todos en crisis por desabastecimiento.
Demanda
En tanto, federaciones de empresas, entidades civiles, y representantes de los estados de las provincias afectadas por las obras, como Corrientes, piden al gobierno argentino líneas directas con la represa para garantizar las condiciones energéticas necesarias para el desarrollo de la industria porque confían que así despegarán sus economías.
De acuerdo al informe difundido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), actualmente las obras del Plan se concentran en la ciudad de Candelaria, en la provincia de Misiones, donde, básicamente, se realizan obras de tratamiento costero y relleno; junto a la ejecución de avenida Costanera de 410 metros de longitud.
Las construcciones incluyen la recomposición de la trama urbana, el mejoramiento de calles existentes; obras de saneamiento y playas públicas; la ejecución de áreas verdes y reservas naturales urbanas. El tratamiento costero se extiende por 22 kilómetros.
Una vez finalizada, la cota de la represa alcanzará 83 metros, lo que ha causado serias protestas entre las poblaciones sobre la costa en el Paraguay, a la vez que hay expectativas entre los empresarios del arroz en Corrientes que esperan generar un nuevo cauce hacia sus plantaciones para salvarlas a futuro de la sequía.
Fecha de Publicación: 04/01/2010
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Misiones
El Plan de Terminación de la hidroeléctrica Yacyretá ha entrado en su etapa final, según informó la entidad binacional que administra la represa, a la vez que agradeció a las empresas que intervinieron en el proceso mientras avanzan las obras de tratamiento costero y relleno en la capital de Misiones, Posadas.
El programa incluye obras que se desarrollan desde Corrientes hasta Paraguay, sobre todo el territorio que alcanza la megaestructura, en su momento, una de las creaciones de ingeniería para la generación de energía más grandes del mundo en si tipo.
Uno de sus brazos se encuentra en la localidad correntina de Ituzaingó, y el otro, a 320 kilómetros al Sudeste de Asunción, capital del Paraguay, a 250 al Este de Corrientes Capital junto a Ayolas sobre ‘Los rápidos de Apipé‘, cuyo embalse principal yace en los alrededores de la isla de Yacyretá y Talavera.
El Plan de Terminación de Yacyretá lleva casi una década sin completarse, en ocasiones, totalmente frenado, acumula deudas con las empresas que han sido contratadas para ese trabajo, a la vez que denuncias de corrupción y pedidos de restitución para los funcionarios a cargo.
Los gobiernos de Paraguay y Argentina, que comparten la administración de la represa, esperan al inaugurar las nuevas obras, obtener más regalías en dinero por la venta de electricidad a otros países limítrofes e incrementar la alimentación de sus propios sistemas energéticos actualmente todos en crisis por desabastecimiento.
Demanda
En tanto, federaciones de empresas, entidades civiles, y representantes de los estados de las provincias afectadas por las obras, como Corrientes, piden al gobierno argentino líneas directas con la represa para garantizar las condiciones energéticas necesarias para el desarrollo de la industria porque confían que así despegarán sus economías.
De acuerdo al informe difundido por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), actualmente las obras del Plan se concentran en la ciudad de Candelaria, en la provincia de Misiones, donde, básicamente, se realizan obras de tratamiento costero y relleno; junto a la ejecución de avenida Costanera de 410 metros de longitud.
Las construcciones incluyen la recomposición de la trama urbana, el mejoramiento de calles existentes; obras de saneamiento y playas públicas; la ejecución de áreas verdes y reservas naturales urbanas. El tratamiento costero se extiende por 22 kilómetros.
Una vez finalizada, la cota de la represa alcanzará 83 metros, lo que ha causado serias protestas entre las poblaciones sobre la costa en el Paraguay, a la vez que hay expectativas entre los empresarios del arroz en Corrientes que esperan generar un nuevo cauce hacia sus plantaciones para salvarlas a futuro de la sequía.
Aguardan una convocatoria de Uruguay
Ambientalistas aguardan una convocatoria de Uruguay para debatir por Botnia
Fecha de Publicación: 03/01/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta José Pouler afirmó que si "existe convocatoria de Uruguay, la asamblea concurrirá" y reiteró que es "bienvenido el diálogo" sobre la instalación de la pastera Botnia.
"Si hay una reunión vamos a estar presentes, siempre buscamos el diálogo", indicó. En tanto, negó las versiones que hablaban de un supuesto encuentro de asambleístas con el mandatario electo José Mujica y afirmó que sólo se trató de un “rumor”.
Los asambleístas mantienen su lucha en rechazo a la instalación de la pastera Botnia, en Fray Bentos, de hecho los bloqueos en los accesos a Uruguay continúan y no se piensa en la posibilidad de abandonarlos. Los ambientalistas esperan que se pueda lograr un encuentro con el nuevo presidente José Mujica para analizar las consecuencias que genera Botnia en el medio ambiente. Negaron un posible encuentro con Mujica.
En los últimos días se habló de un posible encuentro con Mujica, pero lo cierto es que nada de eso es cierto y que aún no se produjo ningún acercamiento.
El asambleísta José Pouler aseguró que "es un rumor" la supuesta reunión que habrían mantenido algunos miembros de la Asamblea de Gualeguaychú con el electo presidente uruguayo. Sin embargo, sostuvo que "si hay una convocatoria, vamos a estar presentes".
"Oficialmente no ha habido reunión, pero quedan dudas", dijo y agregó que "los asambleístas siempre hacemos público lo que se refiere al movimiento".
En ese sentido, marcó que "el rumor más grande lo da el entorno de Mujica, sin embargo él no hizo declaraciones y sus allegados niegan haber dado esa información".
Además, dijo que en la asamblea realizada anoche todos los asambleístas negaron haber mantenido contacto con el presidente electo de Uruguay.
"Lo que me queda es la incertidumbre de saber si se hizo la reunión y si se hizo en saber en que avanzaron porque no lo hicieron publico", aseguró Pouler.
Consultado sobre cómo pudo haberse llegado a concretar la reunión, Pouler afirmó que "mucha gente tiene vínculos de diverso tipo".
Sin embargo, Pouler dejó abierta la posibilidad para que se concrete de forma oficial una reunión.
"Quedó claro que es bienvenido el diálogo, todas las mociones que hubo en la asamblea fueron en ese sentido", dijo y agregó: "Si hay una reunión vamos a estar presentes, siempre buscamos el diálogo".
Fecha de Publicación: 03/01/2010
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Entre Ríos
El asambleísta José Pouler afirmó que si "existe convocatoria de Uruguay, la asamblea concurrirá" y reiteró que es "bienvenido el diálogo" sobre la instalación de la pastera Botnia.
"Si hay una reunión vamos a estar presentes, siempre buscamos el diálogo", indicó. En tanto, negó las versiones que hablaban de un supuesto encuentro de asambleístas con el mandatario electo José Mujica y afirmó que sólo se trató de un “rumor”.
Los asambleístas mantienen su lucha en rechazo a la instalación de la pastera Botnia, en Fray Bentos, de hecho los bloqueos en los accesos a Uruguay continúan y no se piensa en la posibilidad de abandonarlos. Los ambientalistas esperan que se pueda lograr un encuentro con el nuevo presidente José Mujica para analizar las consecuencias que genera Botnia en el medio ambiente. Negaron un posible encuentro con Mujica.
En los últimos días se habló de un posible encuentro con Mujica, pero lo cierto es que nada de eso es cierto y que aún no se produjo ningún acercamiento.
El asambleísta José Pouler aseguró que "es un rumor" la supuesta reunión que habrían mantenido algunos miembros de la Asamblea de Gualeguaychú con el electo presidente uruguayo. Sin embargo, sostuvo que "si hay una convocatoria, vamos a estar presentes".
"Oficialmente no ha habido reunión, pero quedan dudas", dijo y agregó que "los asambleístas siempre hacemos público lo que se refiere al movimiento".
En ese sentido, marcó que "el rumor más grande lo da el entorno de Mujica, sin embargo él no hizo declaraciones y sus allegados niegan haber dado esa información".
Además, dijo que en la asamblea realizada anoche todos los asambleístas negaron haber mantenido contacto con el presidente electo de Uruguay.
"Lo que me queda es la incertidumbre de saber si se hizo la reunión y si se hizo en saber en que avanzaron porque no lo hicieron publico", aseguró Pouler.
Consultado sobre cómo pudo haberse llegado a concretar la reunión, Pouler afirmó que "mucha gente tiene vínculos de diverso tipo".
Sin embargo, Pouler dejó abierta la posibilidad para que se concrete de forma oficial una reunión.
"Quedó claro que es bienvenido el diálogo, todas las mociones que hubo en la asamblea fueron en ese sentido", dijo y agregó: "Si hay una reunión vamos a estar presentes, siempre buscamos el diálogo".
Agua podrida en Río Negro y Neuquén
Agua podrida
Fecha de Publicación: 03/01/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Contrapunto entre el obispo Melani y el gobernador Sapag por actividades que afectan el medio ambiente. Lapidario informe sobre contaminación en arroyos de la ciudad capital y sectores de los ríos Limay y Neuquén.
Los problemas de contaminación en la provincia crecen y los reclamos también. Existen demandas de preservación del medio ambiente surgidas a partir del desarrollo de proyectos como el de la explotación minera en Campana Mahuida, por los derrames petroleros en diferentes áreas y por los líquidos cloacales y otros desechos que van a parar sin tratamiento a los ríos Neuquén y Limay en la ciudad capital.
En una entrevista con este diario concedida antes de Navidad, el obispo Marcelo Melani habló del tema. "En muchas partes de la provincia hay situaciones de contaminación o cuestiones de la naturaleza que preocupan y mucho", dijo el obispo.
En la lista de agresores al medio ambiente Melani incluyó a las industrias que "provocan imposibilidad de vida futura". Fue una alusión indirecta a la extracción de minerales y de hidrocarburos.
En Loncopué, un cura, José María D´Orfeo, encabeza un movimiento de vecinos que reclaman dos cosas: minería con controles y métodos menos contaminantes y la consulta previa a las comunidades mapuches que viven en el lugar, tal como lo establecen las constituciones nacional y provincial y tratados internacionales.
Melani tiene posición tomada sobre este asunto y una visión diferente a la de Jorge Sapag. El gobernador reconoció semanas atrás que no hay sintonía con el obispo en cuestiones de minería y admitió que tampoco comparten el mismo criterio en torno a los reclamos de los mapuches, en particular sobre el referido a disputas por la propiedad de las tierras. Dijo que hace falta más diálogo para entenderse en estos temas. Y sobre la consulta a los mapuches de Campana Mahuida admitió implícitamente un error porque, si hubo consulta previa, no quedó documentada.
Últimamente el gobernador y el obispo no han hablado demasiado sobre estos temas y probablemente no lo hagan en breve: Sapag ahora se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura y Melani sigue al frente de la diócesis, aunque existen versiones de que en febrero el Vaticano designará al obispo coadjutor, una especie de intervención al obispado de Neuquén.
La deuda
Ni el actual gobierno ni los anteriores impulsaron el debate de cuestiones ambientales para instalarlas en la agenda pública, como un método de generar conciencia en la sociedad de lo que significa defender el patrimonio. La principal actividad económica privada de Neuquén es la extracción de hidrocarburos que, al igual que la minería, es también contaminante.
Sin embargo, las preocupaciones sobre este tema han surgido cuando se instalaron a fuerza de reclamos o cuando se conocieron informes puntuales, como el difundido a fines del año pasado por la Defensoría del Pueblo que contrató un trabajo para actualizar información sobre la calidad del agua que rodea a la ciudad capital.
A raíz de ese trabajo, realizado por el laboratorio de un organismo oficial que no está vinculado a la provincia ni al municipio, se sabe que sigue habiendo mucha porquería en los arroyos de la ciudad de Neuquén y que se mantiene deficitario el sistema de saneamiento de líquidos cloacales, con lo cual se confirma que continúa, en forma progresiva, la contaminación de sectores de los ríos Limay y Neuquén.
El trabajo de los especialistas determinó que la mayoría de los resultados de las muestras obtenidas exceden "de manera significativa y alarmante" los límites permitidos por una ley provincial que regula sobre el agua.
Para llegar a la contundente conclusión se controlaron nueve puntos de los arroyos Durán y Villa María y la salida de tres plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Las muestras fueron evaluadas por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Universidad Nacional de Cuyo. Ese informe fue presentado recientemente en la Justicia Federal para sumarlo como prueba a una investigación que ya estaba iniciada.
El responsable de echar bacterias contaminantes a los ríos es el Estado a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una empresa que no acompañó con obras de infraestructura el crecimiento de la demanda del servicio en la ciudad de la Patagonia de mayor explosión demográfica.
Por esta razón, las plantas del EPAS procesan menos líquido del que ingresa, aunque hay una esperanza: para el 2010 la empresa tiene programadas obras por 225,9 millones de pesos en toda la provincia.
Un efecto conocido de lo que ocurre con los líquidos cloacales se observa con intensidad en el río Neuquén. Desde la municipalidad se admitió que varios kilómetros del curso de agua están contaminados. El tramo en riesgo comprende desde Parque Industrial hasta la confluencia con el río Limay. A consecuencia de esto, el único balneario ubicado sobre el río Neuquén, al final de la calle Figueroa, no se puede utilizar.
Los balnearios que están sobre el Limay no están comprometidos, según la información difundida por las autoridades municipales.
Sobre el río Neuquén descargan sin procesar los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Parque Industrial y también los del barrio Rincón de Emilio, donde existe otra instalación con insuficiente capacidad de procesamiento.
Las consecuencias pueden ser más peligrosas si se tiene en cuenta que 250.000 personas beben agua de los mismos ríos, purificada con cloro. Por ahora dicen que no hay riesgo, pero habría que cuidarla un poco más para que siga siendo apta para consumo humano.
Fecha de Publicación: 03/01/2010
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Contrapunto entre el obispo Melani y el gobernador Sapag por actividades que afectan el medio ambiente. Lapidario informe sobre contaminación en arroyos de la ciudad capital y sectores de los ríos Limay y Neuquén.
Los problemas de contaminación en la provincia crecen y los reclamos también. Existen demandas de preservación del medio ambiente surgidas a partir del desarrollo de proyectos como el de la explotación minera en Campana Mahuida, por los derrames petroleros en diferentes áreas y por los líquidos cloacales y otros desechos que van a parar sin tratamiento a los ríos Neuquén y Limay en la ciudad capital.
En una entrevista con este diario concedida antes de Navidad, el obispo Marcelo Melani habló del tema. "En muchas partes de la provincia hay situaciones de contaminación o cuestiones de la naturaleza que preocupan y mucho", dijo el obispo.
En la lista de agresores al medio ambiente Melani incluyó a las industrias que "provocan imposibilidad de vida futura". Fue una alusión indirecta a la extracción de minerales y de hidrocarburos.
En Loncopué, un cura, José María D´Orfeo, encabeza un movimiento de vecinos que reclaman dos cosas: minería con controles y métodos menos contaminantes y la consulta previa a las comunidades mapuches que viven en el lugar, tal como lo establecen las constituciones nacional y provincial y tratados internacionales.
Melani tiene posición tomada sobre este asunto y una visión diferente a la de Jorge Sapag. El gobernador reconoció semanas atrás que no hay sintonía con el obispo en cuestiones de minería y admitió que tampoco comparten el mismo criterio en torno a los reclamos de los mapuches, en particular sobre el referido a disputas por la propiedad de las tierras. Dijo que hace falta más diálogo para entenderse en estos temas. Y sobre la consulta a los mapuches de Campana Mahuida admitió implícitamente un error porque, si hubo consulta previa, no quedó documentada.
Últimamente el gobernador y el obispo no han hablado demasiado sobre estos temas y probablemente no lo hagan en breve: Sapag ahora se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura y Melani sigue al frente de la diócesis, aunque existen versiones de que en febrero el Vaticano designará al obispo coadjutor, una especie de intervención al obispado de Neuquén.
La deuda
Ni el actual gobierno ni los anteriores impulsaron el debate de cuestiones ambientales para instalarlas en la agenda pública, como un método de generar conciencia en la sociedad de lo que significa defender el patrimonio. La principal actividad económica privada de Neuquén es la extracción de hidrocarburos que, al igual que la minería, es también contaminante.
Sin embargo, las preocupaciones sobre este tema han surgido cuando se instalaron a fuerza de reclamos o cuando se conocieron informes puntuales, como el difundido a fines del año pasado por la Defensoría del Pueblo que contrató un trabajo para actualizar información sobre la calidad del agua que rodea a la ciudad capital.
A raíz de ese trabajo, realizado por el laboratorio de un organismo oficial que no está vinculado a la provincia ni al municipio, se sabe que sigue habiendo mucha porquería en los arroyos de la ciudad de Neuquén y que se mantiene deficitario el sistema de saneamiento de líquidos cloacales, con lo cual se confirma que continúa, en forma progresiva, la contaminación de sectores de los ríos Limay y Neuquén.
El trabajo de los especialistas determinó que la mayoría de los resultados de las muestras obtenidas exceden "de manera significativa y alarmante" los límites permitidos por una ley provincial que regula sobre el agua.
Para llegar a la contundente conclusión se controlaron nueve puntos de los arroyos Durán y Villa María y la salida de tres plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Las muestras fueron evaluadas por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de la Universidad Nacional de Cuyo. Ese informe fue presentado recientemente en la Justicia Federal para sumarlo como prueba a una investigación que ya estaba iniciada.
El responsable de echar bacterias contaminantes a los ríos es el Estado a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una empresa que no acompañó con obras de infraestructura el crecimiento de la demanda del servicio en la ciudad de la Patagonia de mayor explosión demográfica.
Por esta razón, las plantas del EPAS procesan menos líquido del que ingresa, aunque hay una esperanza: para el 2010 la empresa tiene programadas obras por 225,9 millones de pesos en toda la provincia.
Un efecto conocido de lo que ocurre con los líquidos cloacales se observa con intensidad en el río Neuquén. Desde la municipalidad se admitió que varios kilómetros del curso de agua están contaminados. El tramo en riesgo comprende desde Parque Industrial hasta la confluencia con el río Limay. A consecuencia de esto, el único balneario ubicado sobre el río Neuquén, al final de la calle Figueroa, no se puede utilizar.
Los balnearios que están sobre el Limay no están comprometidos, según la información difundida por las autoridades municipales.
Sobre el río Neuquén descargan sin procesar los líquidos cloacales que ingresan a la planta de Parque Industrial y también los del barrio Rincón de Emilio, donde existe otra instalación con insuficiente capacidad de procesamiento.
Las consecuencias pueden ser más peligrosas si se tiene en cuenta que 250.000 personas beben agua de los mismos ríos, purificada con cloro. Por ahora dicen que no hay riesgo, pero habría que cuidarla un poco más para que siga siendo apta para consumo humano.
Menemismo: megaminería y contaminación
Menemismo: megaminería y contaminación
Fecha de Publicación: 02/01/2010
Fuente: Página/12 - Por Fernando “Pino” Solanas
Provincia/Región: Nacional
Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold que expone mi película Tierra sublevada/Oro impuro desataron la ira del gobernador de San Juan que, ante cada presentación del film en las provincias, mandó sus camionetas con sus involucrados intentando ensuciar los estrenos, pero siempre recibieron el repudio de los asistentes. José Luis Gioja me retó a un debate público en televisión, pero dos veces faltó a la cita y envió a su hermano –el senador César Gioja– que, con abierta desfachatez y cinismo, negó mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que está produciendo la explotación que ellos defienden. Desde sus medios sanjuaninos, el gobernador minero lanzó una campaña queriendo demostrar que yo estaba contra la minería y, siendo diputado en los años ’90, había votado las leyes mineras que él impulsara. Pero fui un consecuente opositor a todas ellas, con la única excepción de haber aprobado en la Comisión de Recursos Naturales el anteproyecto de Protección Ambiental Minera (Nº 24.585/95 e introducida al Código de Minería). Ninguno imaginaba los estragos que produciría la megaminería y no se había puesto en marcha ninguno de sus yacimientos. Meses después, me opuse y no lo voté en el recinto cuando se lo convirtió en ley.
Vale la pena recordar las trayectorias: al comienzo de los ’90, los hermanos Gioja eran operadores de Menem y agentes de la Barrick Gold, con la misión de facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina y poder asociarse comercialmente a ella. Eran los tiempos en que yo denunciaba a Menem como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio, Y.P.F. y los recursos, mientras sus “compañeros” me perseguían con juicios y amenazas y me agredían con seis tiros en mis piernas. Se vivía la derrota y el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” –justificaba el ministro Dromi, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano–, mientras se oía decir en el Congreso que los portafolios con dólares se distribuían en los despachos. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con grandes reservas metalíferas. El entonces diputado José Luis Gioja era uno de los más leales levantamanos de Menem, que votó todas las leyes privatizadoras del modelo y lo instaló en la presidencia de la Comisión de Minería de Diputados para impulsar el paquete de leyes que le dictaban las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de Santa Gema Bentonita, la empresa familiar que fundaron para abastecer a la Barrick Gold.
Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.
Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?
A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.
Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.
Fecha de Publicación: 02/01/2010
Fuente: Página/12 - Por Fernando “Pino” Solanas
Provincia/Región: Nacional
Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold que expone mi película Tierra sublevada/Oro impuro desataron la ira del gobernador de San Juan que, ante cada presentación del film en las provincias, mandó sus camionetas con sus involucrados intentando ensuciar los estrenos, pero siempre recibieron el repudio de los asistentes. José Luis Gioja me retó a un debate público en televisión, pero dos veces faltó a la cita y envió a su hermano –el senador César Gioja– que, con abierta desfachatez y cinismo, negó mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que está produciendo la explotación que ellos defienden. Desde sus medios sanjuaninos, el gobernador minero lanzó una campaña queriendo demostrar que yo estaba contra la minería y, siendo diputado en los años ’90, había votado las leyes mineras que él impulsara. Pero fui un consecuente opositor a todas ellas, con la única excepción de haber aprobado en la Comisión de Recursos Naturales el anteproyecto de Protección Ambiental Minera (Nº 24.585/95 e introducida al Código de Minería). Ninguno imaginaba los estragos que produciría la megaminería y no se había puesto en marcha ninguno de sus yacimientos. Meses después, me opuse y no lo voté en el recinto cuando se lo convirtió en ley.
Vale la pena recordar las trayectorias: al comienzo de los ’90, los hermanos Gioja eran operadores de Menem y agentes de la Barrick Gold, con la misión de facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina y poder asociarse comercialmente a ella. Eran los tiempos en que yo denunciaba a Menem como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio, Y.P.F. y los recursos, mientras sus “compañeros” me perseguían con juicios y amenazas y me agredían con seis tiros en mis piernas. Se vivía la derrota y el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” –justificaba el ministro Dromi, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano–, mientras se oía decir en el Congreso que los portafolios con dólares se distribuían en los despachos. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con grandes reservas metalíferas. El entonces diputado José Luis Gioja era uno de los más leales levantamanos de Menem, que votó todas las leyes privatizadoras del modelo y lo instaló en la presidencia de la Comisión de Minería de Diputados para impulsar el paquete de leyes que le dictaban las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de Santa Gema Bentonita, la empresa familiar que fundaron para abastecer a la Barrick Gold.
Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.
Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?
A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.
Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.
Promoción para "Bosques" Cultivados
Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados
Fecha de Publicación: 01/01/2010
Fuente: Corrientes On Line
Provincia/Región: Corrientes
Con una aprobación unánime para solicitar la prórroga de la Ley 25080 de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados, esta mañana se reunieron los integrantes de la Comisión Asesora de la Región Mesopotámica de esa norma, con el objeto de tratar sobre los avances en la documentación que acompañará el pedido de prórroga, cuyo vencimiento está previsto para el año entrante, evaluar un informe sobre lo logrado a partir de la sanción de la norma y definir aspectos de la reglamentación de funcionamiento de la comisión, entre los temas principales
Participaron de este encuentro el ministro de Producción, Trabajo y Turismo, Alfredo Aun; el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestres; el coordinador de la Ley 25080, Alberto Cortés; la directora de Forestación de la Nación, Mirta Rosa Larrieu; el subsecretario de Bosques y Forestación de Misiones, Juan Daniel Gauto, y los directores del área Héctor Perucchi, Horacio Ciampela y Pedro Méndez; Ermela Aguer, de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos; Christian Lamieux, de APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes); Jorge Pujato, de AFoMe; Rodolfo Goth y José Saiz, de AFoA NEA y Daniel Duran, de AMADAYAP (Asociación de Madereros, Aserraderos yAfines del Alto Paraná)– COIFORM (Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones), además de técnicos del ministerio sede del encuentro.
El ing. Cortés abrió la reunión señalando que el gobierno nacional tiene la voluntad de impulsar la prórroga de la Ley y que para ello solicitó que esta Comisión elabore la documentación técnica necesaria para respaldar el pedido ante el Congreso y que como respuesta a consultas ante el cuerpo legal del organismo nacional, se sugirió la modificación del artículo 17 de la Ley. En el mismo se establece la vigencia de la misma por 10 años y con la modificación se busca llevarla a 20; es decir, 10 años más. Así se agilizaría el trámite ante la legislatura, que por tratarse de una norma que requiere de un presupuesto plurianual, cuenta con un plazo relativamente corto para el proceso que conlleva prever los fondos para su ejecución.
El representante de Misiones insistió en el pedido de esa provincia, de modificar el artículo 4º presentando como argumento las experiencias de las gestiones anteriores en el ámbito nacional, respecto de diferencia de criterios en la utilización de las tierras que antes tenían bosques nativos, entre nación y provincia. Señaló que si bien esta gestión había sabido comprender la problemática e ideó mecanismos de consulta ante la provincia para la aprobación de los Planes forestales, cualquier cambio podía desnaturalizar el espíritu de la ley y complicar su ejecución.
El artículo en cuestión entiende por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación, y que al momento de la sanción de la presente ley no estén cubiertas por masas arbóreas nativas o bosques permanentes o protectores, éstos últimos definidos previamente como tales por las autoridades provinciales, salvo la existencia de un plan de manejo sustentable para bosques degradados a fin de enriquecerlos, aprobado por la provincia respectiva.
Luego de un largo debate, se coincidió en que con la vigencia de la ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos, podían allanarse con certeza futuras interpretaciones que obstaculicen el desarrollo de la 25080, con lo cual se decidió incorporar en el pedido de prórroga, que el artículo 4º haga referencia a aquella norma. Con el consenso alcanzado entre los integrantes de la comisión, se continuó trabajando en la información técnica a remitir a la SAGPyA, acompañando al pedido.
El ministro Aun sugirió que teniendo en cuenta las dificultades obtenidas en el pasado con la ejecución de la ley de bosque cultivados, el informe que se eleve a la Secretaría contenga los múltiples beneficios de esa norma para las economías provinciales y nacional y su repercusión en el plano social, por ser una gran generadora de fuentes de trabajo y su capacidad para potenciar la industrialización, además de los sistemas silvopastoriles y la generación de bionergía, entre otras actividades a las que se les está dando un fuerte impulso. Se indicó además que de no prorrogarse, muchos pequeños y medianos forestadores desaparecerán y solo permanecerán en el sector los grandes forestadores, con el riesgo de propiciar el avance de la frontera agrícola sobre tierras aptas y muy aptas para la forestación.
El ministro propuso plantear la prórroga como tema en la próxima reunión del Consejo Federal Agropecuario, previsto para fines de abril en Jujuy, para que las provincias forestales soliciten otros diez años de vigencia, en forma oficial.
Fecha de Publicación: 01/01/2010
Fuente: Corrientes On Line
Provincia/Región: Corrientes
Con una aprobación unánime para solicitar la prórroga de la Ley 25080 de Promoción de Inversiones para Bosques Cultivados, esta mañana se reunieron los integrantes de la Comisión Asesora de la Región Mesopotámica de esa norma, con el objeto de tratar sobre los avances en la documentación que acompañará el pedido de prórroga, cuyo vencimiento está previsto para el año entrante, evaluar un informe sobre lo logrado a partir de la sanción de la norma y definir aspectos de la reglamentación de funcionamiento de la comisión, entre los temas principales
Participaron de este encuentro el ministro de Producción, Trabajo y Turismo, Alfredo Aun; el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestres; el coordinador de la Ley 25080, Alberto Cortés; la directora de Forestación de la Nación, Mirta Rosa Larrieu; el subsecretario de Bosques y Forestación de Misiones, Juan Daniel Gauto, y los directores del área Héctor Perucchi, Horacio Ciampela y Pedro Méndez; Ermela Aguer, de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos; Christian Lamieux, de APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes); Jorge Pujato, de AFoMe; Rodolfo Goth y José Saiz, de AFoA NEA y Daniel Duran, de AMADAYAP (Asociación de Madereros, Aserraderos yAfines del Alto Paraná)– COIFORM (Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones), además de técnicos del ministerio sede del encuentro.
El ing. Cortés abrió la reunión señalando que el gobierno nacional tiene la voluntad de impulsar la prórroga de la Ley y que para ello solicitó que esta Comisión elabore la documentación técnica necesaria para respaldar el pedido ante el Congreso y que como respuesta a consultas ante el cuerpo legal del organismo nacional, se sugirió la modificación del artículo 17 de la Ley. En el mismo se establece la vigencia de la misma por 10 años y con la modificación se busca llevarla a 20; es decir, 10 años más. Así se agilizaría el trámite ante la legislatura, que por tratarse de una norma que requiere de un presupuesto plurianual, cuenta con un plazo relativamente corto para el proceso que conlleva prever los fondos para su ejecución.
El representante de Misiones insistió en el pedido de esa provincia, de modificar el artículo 4º presentando como argumento las experiencias de las gestiones anteriores en el ámbito nacional, respecto de diferencia de criterios en la utilización de las tierras que antes tenían bosques nativos, entre nación y provincia. Señaló que si bien esta gestión había sabido comprender la problemática e ideó mecanismos de consulta ante la provincia para la aprobación de los Planes forestales, cualquier cambio podía desnaturalizar el espíritu de la ley y complicar su ejecución.
El artículo en cuestión entiende por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación, y que al momento de la sanción de la presente ley no estén cubiertas por masas arbóreas nativas o bosques permanentes o protectores, éstos últimos definidos previamente como tales por las autoridades provinciales, salvo la existencia de un plan de manejo sustentable para bosques degradados a fin de enriquecerlos, aprobado por la provincia respectiva.
Luego de un largo debate, se coincidió en que con la vigencia de la ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos, podían allanarse con certeza futuras interpretaciones que obstaculicen el desarrollo de la 25080, con lo cual se decidió incorporar en el pedido de prórroga, que el artículo 4º haga referencia a aquella norma. Con el consenso alcanzado entre los integrantes de la comisión, se continuó trabajando en la información técnica a remitir a la SAGPyA, acompañando al pedido.
El ministro Aun sugirió que teniendo en cuenta las dificultades obtenidas en el pasado con la ejecución de la ley de bosque cultivados, el informe que se eleve a la Secretaría contenga los múltiples beneficios de esa norma para las economías provinciales y nacional y su repercusión en el plano social, por ser una gran generadora de fuentes de trabajo y su capacidad para potenciar la industrialización, además de los sistemas silvopastoriles y la generación de bionergía, entre otras actividades a las que se les está dando un fuerte impulso. Se indicó además que de no prorrogarse, muchos pequeños y medianos forestadores desaparecerán y solo permanecerán en el sector los grandes forestadores, con el riesgo de propiciar el avance de la frontera agrícola sobre tierras aptas y muy aptas para la forestación.
El ministro propuso plantear la prórroga como tema en la próxima reunión del Consejo Federal Agropecuario, previsto para fines de abril en Jujuy, para que las provincias forestales soliciten otros diez años de vigencia, en forma oficial.
Exportaciones de biodiesel crecieron un 31,5%
En 2009 las exportaciones de biodiesel crecieron un 31,5%
Fecha de Publicación: 01/01/2010
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Fueron declaradas 1,394 millones de toneladas contra 1,059 millones en 2008. En diciembre el valor promedio del biocombustible se ubicó en 841 u$s/tonelada (versus 865 u$s/t el aceite de soja).
En diciembre pasado se declararon exportaciones argentinas de biodiesel por 151.044 toneladas a un precio promedio ponderado de 841 u$s/tonelada, un valor 0,9% superior al registrado en octubre de este año (833 u$s/tonelada).
En el año 2009 las ventas externas declaradas de biodiesel fueron de 1,394 millones de toneladas, una cifra 31,5% superior a la registrada en el mismo período de 2008.
La dispersión de precios sigue siendo bastante significativa: en diciembre pasado se registraron 57 operaciones con valor mínimo declarado de 775 u$s/tonelada y un máximo de 931 u$s/tonelada. Los datos corresponden a la posición arancelaria 3824.90.29.100P del SIM/Afip.
El 67,4% de las ventas externas declaradas en noviembre se destinaron a España, mientras que el 28,0% fue remitido a los Países Bajos (Holanda/Bélgica) y el 4,6% restante a Perú (no se registraron ventas a EE.UU.).
Más allá del crecimiento registrado por las exportaciones argentinas de biodiesel en lo que va del presente año, los precios promedio del commodity siguen siendo muy bajos (vale mencionar que el precio FOB oficial del aceite de soja crudo a granel, insumo base del biodiesel en la Argentina, en diciembre pasado fue en promedio de 865 u$s/tonelada).
Si bien la actividad se ve favorecida por un tratamiento impositivo diferencial (el biodiesel tiene retenciones del 14%), los números del sector no son precisamente favorables con los actuales valores FOB.
Las principales firmas que operan en el sector son Renova, localizada en San Lorenzo y propiedad de Glencore y Vicentín; Ecofuel, ubicada en Puerto San Martín y controlada por Aceitera General Deheza y Bunge Argentina; Louis Dreyfus Commodities en Gral. Lagos; Patagonia Bioenergía, localizada en San Lorenzo y controlada por Energía & Soluciones y Cazenave y Asociados; y Explora, ubicada en San Martín y controlada por el grupo inversor chileno Meck.
Fecha de Publicación: 01/01/2010
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
Fueron declaradas 1,394 millones de toneladas contra 1,059 millones en 2008. En diciembre el valor promedio del biocombustible se ubicó en 841 u$s/tonelada (versus 865 u$s/t el aceite de soja).
En diciembre pasado se declararon exportaciones argentinas de biodiesel por 151.044 toneladas a un precio promedio ponderado de 841 u$s/tonelada, un valor 0,9% superior al registrado en octubre de este año (833 u$s/tonelada).
En el año 2009 las ventas externas declaradas de biodiesel fueron de 1,394 millones de toneladas, una cifra 31,5% superior a la registrada en el mismo período de 2008.
La dispersión de precios sigue siendo bastante significativa: en diciembre pasado se registraron 57 operaciones con valor mínimo declarado de 775 u$s/tonelada y un máximo de 931 u$s/tonelada. Los datos corresponden a la posición arancelaria 3824.90.29.100P del SIM/Afip.
El 67,4% de las ventas externas declaradas en noviembre se destinaron a España, mientras que el 28,0% fue remitido a los Países Bajos (Holanda/Bélgica) y el 4,6% restante a Perú (no se registraron ventas a EE.UU.).
Más allá del crecimiento registrado por las exportaciones argentinas de biodiesel en lo que va del presente año, los precios promedio del commodity siguen siendo muy bajos (vale mencionar que el precio FOB oficial del aceite de soja crudo a granel, insumo base del biodiesel en la Argentina, en diciembre pasado fue en promedio de 865 u$s/tonelada).
Si bien la actividad se ve favorecida por un tratamiento impositivo diferencial (el biodiesel tiene retenciones del 14%), los números del sector no son precisamente favorables con los actuales valores FOB.
Las principales firmas que operan en el sector son Renova, localizada en San Lorenzo y propiedad de Glencore y Vicentín; Ecofuel, ubicada en Puerto San Martín y controlada por Aceitera General Deheza y Bunge Argentina; Louis Dreyfus Commodities en Gral. Lagos; Patagonia Bioenergía, localizada en San Lorenzo y controlada por Energía & Soluciones y Cazenave y Asociados; y Explora, ubicada en San Martín y controlada por el grupo inversor chileno Meck.
Dakar: Otro pedido de suspensión
Dakar: Otro pedido de suspensión
Fecha de Publicación: 30/12/2009
Fuente: ESPN
Provincia/Región: Nacional
Una entidad civil reclamó este miércoles al gobierno argentino que ordene la suspensión del rally Dakar si las autoridades de ese espectáculo no contratan un seguro por daño ambiental.
El pedido fue elevado al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, por la organización "Ecología y Desarrollo Asociación Civil", que advirtió que si no es escuchado su reclamo acudirá a la Justicia.
La entidad que preside Juan Pablo Unamuno notificó a Bibiloni que "en cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Ambiente y la resolución COFEMA 178/2009, intimó a la empresa Organización Dakar SA" para que cumpla con "la obligación de contar con un Seguro por Daño Ambiental de incidencia colectiva para la realización" del rally.
"Hemos tomado conocimiento de la negativa de Organización Dakar SA de cumplir con dichos extremos, y hemos llevado a cabo la consulta a la Cámara Aseguradora Argentina de Riesgo Ambiental (CAARA), que agrupa a las compañías que ofrecen el seguro en el ramo ambiental, que nos ha informado que no se cuenta con seguro alguno contratado" por la firma, dijo.
Añadió la ONG que "nuestro interés por la preservación y cuidado del medio ambiente nos lleva a que, ante tamaño emprendimiento y evento, se deban tomar todos y cada uno de los recaudos necesarios para minimizar los riesgos ambientales y que, además, se cumpla con la Ley General de Ambiente".
Ecología y Desarrollo recordó que las normas "exigen que la empresa organizadora cuente con un seguro que garantice el financiamiento de la remediación de los eventuales daños ambientales que se produjeran por su actividad".
Así, reclamó a Bibiloni que "proceda a adoptar todas las medidas que su competencia exige" para intimar a la organizadora del rally para que cumpla esa obligación y, en caso contrario, "adopte la decisión de suspender la realización del evento".
Asimismo, advirtió que, si el Gobierno no adopta medidas acudirá a la Justicia para reclamar la suspensión de la carrera e incluso accionar contra los funcionarios.
Fecha de Publicación: 30/12/2009
Fuente: ESPN
Provincia/Región: Nacional
Una entidad civil reclamó este miércoles al gobierno argentino que ordene la suspensión del rally Dakar si las autoridades de ese espectáculo no contratan un seguro por daño ambiental.
El pedido fue elevado al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, por la organización "Ecología y Desarrollo Asociación Civil", que advirtió que si no es escuchado su reclamo acudirá a la Justicia.
La entidad que preside Juan Pablo Unamuno notificó a Bibiloni que "en cumplimiento del artículo 22 de la Ley General de Ambiente y la resolución COFEMA 178/2009, intimó a la empresa Organización Dakar SA" para que cumpla con "la obligación de contar con un Seguro por Daño Ambiental de incidencia colectiva para la realización" del rally.
"Hemos tomado conocimiento de la negativa de Organización Dakar SA de cumplir con dichos extremos, y hemos llevado a cabo la consulta a la Cámara Aseguradora Argentina de Riesgo Ambiental (CAARA), que agrupa a las compañías que ofrecen el seguro en el ramo ambiental, que nos ha informado que no se cuenta con seguro alguno contratado" por la firma, dijo.
Añadió la ONG que "nuestro interés por la preservación y cuidado del medio ambiente nos lleva a que, ante tamaño emprendimiento y evento, se deban tomar todos y cada uno de los recaudos necesarios para minimizar los riesgos ambientales y que, además, se cumpla con la Ley General de Ambiente".
Ecología y Desarrollo recordó que las normas "exigen que la empresa organizadora cuente con un seguro que garantice el financiamiento de la remediación de los eventuales daños ambientales que se produjeran por su actividad".
Así, reclamó a Bibiloni que "proceda a adoptar todas las medidas que su competencia exige" para intimar a la organizadora del rally para que cumpla esa obligación y, en caso contrario, "adopte la decisión de suspender la realización del evento".
Asimismo, advirtió que, si el Gobierno no adopta medidas acudirá a la Justicia para reclamar la suspensión de la carrera e incluso accionar contra los funcionarios.
Nuevo ordenamiento de la pesca argentina
Este 1 de enero comienza otro tiempo para la pesca industrial
Fecha de Publicación: 30/12/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Desde el primer día de 2010 rige el nuevo ordenamiento de la pesca argentina con el sistema de cuotificación. Al mismo tiempo comienza a tener vigencia la exigencia de trazabilidad de Europa para todos los pescados que ingresen a sus mercados.
Para la pesca industrial en el mundo, y en especial en la Argentina, este 1 de enero señala un gran cambio: es la fecha en la que comenzará a regir el sistema de cuotas como también el requisito de trazabilidad para continuar en el mercado de la Unión Europea o para ingresar en él; dos condiciones a las que deberán adaptarse, sí o sí, las empresas del sector.
El ingeniero Ernesto Godelman, de Cedepesca -ONG comprometida con la pesca sustentable-, es optimista porque cree que el sistema pesquero argentino podría responder satisfactoriamente a esos desafíos.
Cedepesca, desde hace cuatro años llamada Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, nació poco más de una década atrás para denunciar la dramática escasez de los recursos ictícolas como consecuencia de la excesiva explotación, y actualmente tiene proyección internacional, con filiales en distintos países de América Latina.
Desde que surgió, la organización habría de acompañar todos los procesos traumáticos de la actividad, especialmente aquel derivado del acuerdo con la Unión Europea, que determinó una incidencia de la flota de barcos congeladores sobre la extracción de la merluza en el Mar Argentino superior al 60 por ciento. Luego vendría aquel histórico "barcazo" de 1999, que por primera vez obligó a los congeladores a actuar al sur del paralelo 48, mediante la aplicación del decreto 189/99 que sigue vigente hoy.
Un cambio para mejor
Consultado sobre la situación actual de la actividad pesquera, comparándola con aquel tiempo de conflictividad, Godelman reconoce un cambio para mejor a lo largo de estos últimos diez años, si bien su observación sobre la actualidad del ordenamiento pesquero en la Argentina es sumamente crítico (ver columna de su autoría).
"Ahora dijo el especialista en diálogo con este diario? la cuota para los congeladores no supera el 20 o 22 por ciento tratándose de la merluza. Se da una cierta ecuación de equilibrio. Unos diez barcos congeladores se transformaron en fresqueros, y esto ha sido bueno para lo social porque dio más trabajo en tierra. La deuda que se mantiene se refiere a que la capacidad de pesca es la misma o superior a la del 1997, resultado de que hay barcos modernizados, o estirados, que mejoraron los motores. La flota de Rawson es un ejemplo: era de madera y ahora es de acero.
En términos de nacionalización o extranjerización de la flota pesquera en el Mar Argentino, ¿cuál es la realidad, actualmente?
En merluza y variado costero hoy predomina la flota argentina, que es la que opera en Mar del Plata. En langostino el predominio es de los españoles; en merluza de cola, Japón; en merluza negra, Noruega; y en calamar, los asiáticos, Corea, Taiwán.
¿Hay un tiempo nuevo en la pesca mundial? Lo pregunto pensando en este requisito europeo de la trazabilidad (conocer el origen y recorrido de cada producto que ingresa al mercado).
Sí, existen nuevas políticas. Por ellas se impone la condición ahora de hacer una evaluación del impacto económico y social. La UE ha establecido un combate a al pesca ilegal, no declarada y no regulada. Y esto obliga a quienes le venden pescado a poner en orden sus circuitos de trazabilidad.
¿Y Argentina, entonces, cómo puede responder a esta exigencia?
El sector pesquero argentino está en condiciones de atender estos requerimientos, que además nos ayudan a resolver nuestra transparencia interna. La verdad de Argentina es contraria a algunos supuestos negativos. En un reciente encuentro cumbre sobre pesca sostenible que tuvo lugar en Vigo se destacó que la Argentina se encuentra entre los ochos países que mejor cumplen con las nuevas condiciones.
La cuotificación
¿Cuál es la opinión que asume Cedepesca frente a la cuotificación?
En principio se ve como muy positivo que haya una diferenciación entre el stock del sur y el del norte, antes había una cuota única. Se mantiene además la relación entre la flota pesquera y la congeladora y esto más la asignación de las cuotas sociales creemos que le da más estabilidad al sistema. Y las empresas ganan previsibilidad al darles cuotas de aquí a 15 años. Pero la estabilidad sería ilusoria si no se ajusta el manejo del recurso. Por esto, las empresas que están en una mejor posición deberían comprometerse aún más en que todo se ordene, que se consoliden los controles y que se termine con los casos de subdeclaraciones y negociados subalternos.
Por último, ¿cómo describe la proyección internacional de la ONG?
Cedepesca coordina a nivel latinoamericano un foro de información sobre la pesca internacional, vinculándose con una red océanos-mundial, a la que se integran instituciones educativas, acuarios y otras asociaciones civiles y divulgativas. Además, desde hace dos años Cedepesca está asociada a una de las más grandes ONG del mundo, la Sutainable Fisheries Parnership (Alianza para Pesquerías Sostenibles), que tiene su sede central en Indonesia.
¿Qué suponen las Ecocertificaciones Pesqueras, a las que han aludido recientes gacetillas del centro?
Puede decirse que son otro fenómeno de los últimos diez años en el escenario pesquero mundial. Son como las ISO para la pesca. Se trata de una expresiones más notables del movimiento "seafood sostenible". Una de estas ecoetiquetas en pesca comprenden más de 30 indicadores, aquellos que se deben tener para alcanzar esa certificación.
Hoy en día el 40 por ciento del salmón se comercializa avalado por estas certificaciones, en pescados blancos el porcentual es del 30 por ciento, un 18 $% en langosta. Y en términos globales, un 9 por ciento de todo lo que es pesca para consumo humano está bajo certificación. Argentina ya cuenta con pesquería certificada en vieira, una de las únicas dos pesquerías certificadas en América Latina, la otra es la de la langosta en México. Ahora desde Argentina se intenta certificar la merluza de cola y el subsecretario de Pesca, Yauhar, ya declaró varias veces que hay interés en avanzar en este proceso con la merluza.
Fecha de Publicación: 30/12/2009
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Desde el primer día de 2010 rige el nuevo ordenamiento de la pesca argentina con el sistema de cuotificación. Al mismo tiempo comienza a tener vigencia la exigencia de trazabilidad de Europa para todos los pescados que ingresen a sus mercados.
Para la pesca industrial en el mundo, y en especial en la Argentina, este 1 de enero señala un gran cambio: es la fecha en la que comenzará a regir el sistema de cuotas como también el requisito de trazabilidad para continuar en el mercado de la Unión Europea o para ingresar en él; dos condiciones a las que deberán adaptarse, sí o sí, las empresas del sector.
El ingeniero Ernesto Godelman, de Cedepesca -ONG comprometida con la pesca sustentable-, es optimista porque cree que el sistema pesquero argentino podría responder satisfactoriamente a esos desafíos.
Cedepesca, desde hace cuatro años llamada Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, nació poco más de una década atrás para denunciar la dramática escasez de los recursos ictícolas como consecuencia de la excesiva explotación, y actualmente tiene proyección internacional, con filiales en distintos países de América Latina.
Desde que surgió, la organización habría de acompañar todos los procesos traumáticos de la actividad, especialmente aquel derivado del acuerdo con la Unión Europea, que determinó una incidencia de la flota de barcos congeladores sobre la extracción de la merluza en el Mar Argentino superior al 60 por ciento. Luego vendría aquel histórico "barcazo" de 1999, que por primera vez obligó a los congeladores a actuar al sur del paralelo 48, mediante la aplicación del decreto 189/99 que sigue vigente hoy.
Un cambio para mejor
Consultado sobre la situación actual de la actividad pesquera, comparándola con aquel tiempo de conflictividad, Godelman reconoce un cambio para mejor a lo largo de estos últimos diez años, si bien su observación sobre la actualidad del ordenamiento pesquero en la Argentina es sumamente crítico (ver columna de su autoría).
"Ahora dijo el especialista en diálogo con este diario? la cuota para los congeladores no supera el 20 o 22 por ciento tratándose de la merluza. Se da una cierta ecuación de equilibrio. Unos diez barcos congeladores se transformaron en fresqueros, y esto ha sido bueno para lo social porque dio más trabajo en tierra. La deuda que se mantiene se refiere a que la capacidad de pesca es la misma o superior a la del 1997, resultado de que hay barcos modernizados, o estirados, que mejoraron los motores. La flota de Rawson es un ejemplo: era de madera y ahora es de acero.
En términos de nacionalización o extranjerización de la flota pesquera en el Mar Argentino, ¿cuál es la realidad, actualmente?
En merluza y variado costero hoy predomina la flota argentina, que es la que opera en Mar del Plata. En langostino el predominio es de los españoles; en merluza de cola, Japón; en merluza negra, Noruega; y en calamar, los asiáticos, Corea, Taiwán.
¿Hay un tiempo nuevo en la pesca mundial? Lo pregunto pensando en este requisito europeo de la trazabilidad (conocer el origen y recorrido de cada producto que ingresa al mercado).
Sí, existen nuevas políticas. Por ellas se impone la condición ahora de hacer una evaluación del impacto económico y social. La UE ha establecido un combate a al pesca ilegal, no declarada y no regulada. Y esto obliga a quienes le venden pescado a poner en orden sus circuitos de trazabilidad.
¿Y Argentina, entonces, cómo puede responder a esta exigencia?
El sector pesquero argentino está en condiciones de atender estos requerimientos, que además nos ayudan a resolver nuestra transparencia interna. La verdad de Argentina es contraria a algunos supuestos negativos. En un reciente encuentro cumbre sobre pesca sostenible que tuvo lugar en Vigo se destacó que la Argentina se encuentra entre los ochos países que mejor cumplen con las nuevas condiciones.
La cuotificación
¿Cuál es la opinión que asume Cedepesca frente a la cuotificación?
En principio se ve como muy positivo que haya una diferenciación entre el stock del sur y el del norte, antes había una cuota única. Se mantiene además la relación entre la flota pesquera y la congeladora y esto más la asignación de las cuotas sociales creemos que le da más estabilidad al sistema. Y las empresas ganan previsibilidad al darles cuotas de aquí a 15 años. Pero la estabilidad sería ilusoria si no se ajusta el manejo del recurso. Por esto, las empresas que están en una mejor posición deberían comprometerse aún más en que todo se ordene, que se consoliden los controles y que se termine con los casos de subdeclaraciones y negociados subalternos.
Por último, ¿cómo describe la proyección internacional de la ONG?
Cedepesca coordina a nivel latinoamericano un foro de información sobre la pesca internacional, vinculándose con una red océanos-mundial, a la que se integran instituciones educativas, acuarios y otras asociaciones civiles y divulgativas. Además, desde hace dos años Cedepesca está asociada a una de las más grandes ONG del mundo, la Sutainable Fisheries Parnership (Alianza para Pesquerías Sostenibles), que tiene su sede central en Indonesia.
¿Qué suponen las Ecocertificaciones Pesqueras, a las que han aludido recientes gacetillas del centro?
Puede decirse que son otro fenómeno de los últimos diez años en el escenario pesquero mundial. Son como las ISO para la pesca. Se trata de una expresiones más notables del movimiento "seafood sostenible". Una de estas ecoetiquetas en pesca comprenden más de 30 indicadores, aquellos que se deben tener para alcanzar esa certificación.
Hoy en día el 40 por ciento del salmón se comercializa avalado por estas certificaciones, en pescados blancos el porcentual es del 30 por ciento, un 18 $% en langosta. Y en términos globales, un 9 por ciento de todo lo que es pesca para consumo humano está bajo certificación. Argentina ya cuenta con pesquería certificada en vieira, una de las únicas dos pesquerías certificadas en América Latina, la otra es la de la langosta en México. Ahora desde Argentina se intenta certificar la merluza de cola y el subsecretario de Pesca, Yauhar, ya declaró varias veces que hay interés en avanzar en este proceso con la merluza.
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