Contaminación petrolera en Neuquén
19:27 | 
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Cuatro derrames de petróleo en Neuquén
Fecha de Publicación: 02/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La contaminación petrolera reapareció en Neuquén con cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Sucedió en concesiones de las empresas Petrobras e YPF, y pusieron en alerta a las organizaciones sociales y comunidades mapuches que denuncian el avance petrolero de la mano de la explotaciones de yacimientos no convencionales. Un informe oficial reveló que, sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo. Desde YPF, el jefe de Prensa, Pablo Dorfman, señaló que “la compañía actuó con la mayor celeridad posible, avisando a las autoridades correspondientes y logrando contener los derrames rápidamente”. Y recordó que, durante la nueva gestión de YPF, se “creó una dirección de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente”.
El domingo 13 se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces (norte provincial). Fueron cuatro pozos, tres de Petrobras y uno de YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, precisó que fueron “64 metros cúbicos de producción bruta y otros 110 metros cúbicos aportados por la rotura de una cañería”.
El río Colorado atraviesa cinco provincias (Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) y está bajo el monitoreo del Coirco (Comité Interjurisdiccional), compuesto por las cinco provincias y Nación. El presidente ejecutivo, Miguel Boyero, confirmó que el “derrame afectó el río”. Las empresas atribuyeron el derrame a una tormenta.
El mismo día, en Plaza Huincul (al oeste de la capital provincial), desbordó una pileta de la empresa New American Oil, en el parque petroquímico. La empresa también culpó al clima.
El 23 de enero se rompió una pileta de almacenamiento de YPF en Rincón de los Sauces y 15.000 litros de hidrocarburos cayeron en Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, solicitó a los municipios de aguas abajo (Catriel en Río Negro y 25 de Mayo en La Pampa), que tomen “medidas preventivas en el uso de agua”. Y el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) cerró el ingreso de agua proveniente del río Colorado a sus sistemas de riego. En un comunicado oficial, el DPA confirmó que el cauce del río tenía “presencia de hidrocarburos”.
El cuarto derrame se produjo el jueves 24 en el yacimiento Las Lomitas, también de YPF, a 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Fueron 2800 litros de petróleo.
Néstor Ventoso, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), responsabilizó por la contaminación petrolera a “provincia y Nación, son socios de las empresas”, y preguntó: “¿Sirve que les cobren una multa si contaminaron un río, provocaron enfermedades en la población o afectaron un acuífero?”. Desde la Asamblea, integrada por una veintena de organizaciones de Río Negro y Neuquén (entre ellas la Confederación Mapuche), cuestionan el “corrimiento de la frontera petrolera” y denuncian el avance de la explotación de yacimientos no convencionales (conocido también como “fracking”), con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y mediante bombeo extraen el hidrocarburo. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) elaboró en 2012 un informe de 22 carillas, titulado “Evaluación de la actividad petrolera”, que detalla que en 2011 hubo 1982 “incidentes denunciados”. Involucra a 18 compañías, más de 70 yacimientos y refiere sólo a la actividad que involucra a la cuenca del río.
En 2010 declararon 1164 casos, en 2009 fueron 1263 y en 2008 llegaron a 1141. Analiza todo el período 2000-2011: en doce años declararon 9135 “incidentes ambientales” y se contaminó una superficie equivalente a 240 hectáreas. Con fecha 17 de agosto de 2012, el informe oficial revela los volúmenes derramados (declarados por las empresas). En 2011 las compañías derramaron 429.000 litros de petróleo y 5,6 millones de litros de “agua de producción” (solución contaminada que contiene sales, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos).
Entre 2000 y 2011, las compañías petroleras contaminaron la cuenca del río Colorado con 4,6 millones de litros de petróleo y con 54,5 millones de litros de agua contaminada de producción.
El avance petrolero llegó hasta el área natural protegida Auca Mahuida (norte provincial). Creada en 1996 como espacio de conservación de flora y fauna, el gobierno provincial la otorgó en 2012 en concesión, para el método de fracking, a la petrolera francesa Total. Ventoso, de la Asamblea por el Agua (APCA), no duda: “No pueden controlar la extracción convencional, menos podrán con el fracking. Perforan a mayor profundidad, con más agua, más químicos. Será un desastre, no quedará río ni acuífero sin contaminar. Por eso hay que frenarlos”.
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Fecha de Publicación: 02/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La contaminación petrolera reapareció en Neuquén con cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias). Sucedió en concesiones de las empresas Petrobras e YPF, y pusieron en alerta a las organizaciones sociales y comunidades mapuches que denuncian el avance petrolero de la mano de la explotaciones de yacimientos no convencionales. Un informe oficial reveló que, sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 “incidentes ambientales” durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo. Desde YPF, el jefe de Prensa, Pablo Dorfman, señaló que “la compañía actuó con la mayor celeridad posible, avisando a las autoridades correspondientes y logrando contener los derrames rápidamente”. Y recordó que, durante la nueva gestión de YPF, se “creó una dirección de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente”.
El domingo 13 se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces (norte provincial). Fueron cuatro pozos, tres de Petrobras y uno de YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, precisó que fueron “64 metros cúbicos de producción bruta y otros 110 metros cúbicos aportados por la rotura de una cañería”.
El río Colorado atraviesa cinco provincias (Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) y está bajo el monitoreo del Coirco (Comité Interjurisdiccional), compuesto por las cinco provincias y Nación. El presidente ejecutivo, Miguel Boyero, confirmó que el “derrame afectó el río”. Las empresas atribuyeron el derrame a una tormenta.
El mismo día, en Plaza Huincul (al oeste de la capital provincial), desbordó una pileta de la empresa New American Oil, en el parque petroquímico. La empresa también culpó al clima.
El 23 de enero se rompió una pileta de almacenamiento de YPF en Rincón de los Sauces y 15.000 litros de hidrocarburos cayeron en Colorado. El subsecretario de Ambiente de Neuquén, Ricardo Esquivel, solicitó a los municipios de aguas abajo (Catriel en Río Negro y 25 de Mayo en La Pampa), que tomen “medidas preventivas en el uso de agua”. Y el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA) cerró el ingreso de agua proveniente del río Colorado a sus sistemas de riego. En un comunicado oficial, el DPA confirmó que el cauce del río tenía “presencia de hidrocarburos”.
El cuarto derrame se produjo el jueves 24 en el yacimiento Las Lomitas, también de YPF, a 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Fueron 2800 litros de petróleo.
Néstor Ventoso, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA), responsabilizó por la contaminación petrolera a “provincia y Nación, son socios de las empresas”, y preguntó: “¿Sirve que les cobren una multa si contaminaron un río, provocaron enfermedades en la población o afectaron un acuífero?”. Desde la Asamblea, integrada por una veintena de organizaciones de Río Negro y Neuquén (entre ellas la Confederación Mapuche), cuestionan el “corrimiento de la frontera petrolera” y denuncian el avance de la explotación de yacimientos no convencionales (conocido también como “fracking”), con grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y mediante bombeo extraen el hidrocarburo. El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) elaboró en 2012 un informe de 22 carillas, titulado “Evaluación de la actividad petrolera”, que detalla que en 2011 hubo 1982 “incidentes denunciados”. Involucra a 18 compañías, más de 70 yacimientos y refiere sólo a la actividad que involucra a la cuenca del río.
En 2010 declararon 1164 casos, en 2009 fueron 1263 y en 2008 llegaron a 1141. Analiza todo el período 2000-2011: en doce años declararon 9135 “incidentes ambientales” y se contaminó una superficie equivalente a 240 hectáreas. Con fecha 17 de agosto de 2012, el informe oficial revela los volúmenes derramados (declarados por las empresas). En 2011 las compañías derramaron 429.000 litros de petróleo y 5,6 millones de litros de “agua de producción” (solución contaminada que contiene sales, sólidos en suspensión, metales pesados e hidrocarburos).
Entre 2000 y 2011, las compañías petroleras contaminaron la cuenca del río Colorado con 4,6 millones de litros de petróleo y con 54,5 millones de litros de agua contaminada de producción.
El avance petrolero llegó hasta el área natural protegida Auca Mahuida (norte provincial). Creada en 1996 como espacio de conservación de flora y fauna, el gobierno provincial la otorgó en 2012 en concesión, para el método de fracking, a la petrolera francesa Total. Ventoso, de la Asamblea por el Agua (APCA), no duda: “No pueden controlar la extracción convencional, menos podrán con el fracking. Perforan a mayor profundidad, con más agua, más químicos. Será un desastre, no quedará río ni acuífero sin contaminar. Por eso hay que frenarlos”.
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Recomiendan dejar de usar glifosato en las vías
No al uso del glifosato en las vías del tren
Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
La Defensoría del Pueblo de la Nación apuntó directo al glifosato. Después de los preocupantes informes que realizó esa dependencia, recomendó esta semana a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que cese con la fumigación con glifosato en las vías de los ferrocarriles urbanos.
El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó que instruya a todas las empresas concesionarias y a las unidades operativas que asumieron la operación integral del transporte ferrocarril para que suspendan la aplicación de glifosato para el control de vegetación en vías férreas y áreas urbanas.
“La problemática se repite en muchas zonas urbanas recorridas por el ferrocarril a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió múltiples reclamos de los vecinos y vecinas que habitan en las zonas circundantes al Ferrocarril San Martín, Mitre como asimismo de las líneas General Roca y Belgrano Sur y Norte. Las quejas provienen también del interior del país, tal es el caso de un grupo de vecinos de la provincia de Santa Fe que denunciaron la fumigación con sustancias tóxicas desde vagones del ferrocarril pertenecientes a la empresa Nuevo Central Argentino SA”, se indicó en la dependencia.
Si bien hay instrucciones elaboradas por la CNRT para la aplicación de herbicidas en la zona de vías, “las denuncias recibidas ponen en duda la efectividad de dichas normas, dando cuenta de la inevitable dispersión a las zonas aledañas a las vías de los productos aplicados”.
“La aplicación de herbicidas en los corredores vegetados que acompañan la traza de los ferrocarriles afecta la biodiversidad representada por las reservas de especies animales y vegetales que se refugian en ellas, además expone a cientos de miles de vecinos, especialmente en la población de hospitales y escuelas cercanas a ellas”, asegura el funcionario público.
Las sustancias utilizadas en las formulaciones agroquímicas no son inocuas, pueden ser altamente perjudiciales y pueden producir efectos tóxicos crónicos y agudos en la salud de los seres humanos, en los animales y en toda la biodiversidad. Distintos autores dan cuenta que el glifosato puede producir disfunciones endócrinas, daño celular y daño al material genético, lo que podría generar distintas formas de cáncer, y que estos efectos se producen en dosis que están entre 500 y 4000 veces por debajo de lo que se aplica normalmente en los campos de cultivo.
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Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
La Defensoría del Pueblo de la Nación apuntó directo al glifosato. Después de los preocupantes informes que realizó esa dependencia, recomendó esta semana a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que cese con la fumigación con glifosato en las vías de los ferrocarriles urbanos.El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó que instruya a todas las empresas concesionarias y a las unidades operativas que asumieron la operación integral del transporte ferrocarril para que suspendan la aplicación de glifosato para el control de vegetación en vías férreas y áreas urbanas.
“La problemática se repite en muchas zonas urbanas recorridas por el ferrocarril a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y la Defensoría del Pueblo de la Nación recibió múltiples reclamos de los vecinos y vecinas que habitan en las zonas circundantes al Ferrocarril San Martín, Mitre como asimismo de las líneas General Roca y Belgrano Sur y Norte. Las quejas provienen también del interior del país, tal es el caso de un grupo de vecinos de la provincia de Santa Fe que denunciaron la fumigación con sustancias tóxicas desde vagones del ferrocarril pertenecientes a la empresa Nuevo Central Argentino SA”, se indicó en la dependencia.
Si bien hay instrucciones elaboradas por la CNRT para la aplicación de herbicidas en la zona de vías, “las denuncias recibidas ponen en duda la efectividad de dichas normas, dando cuenta de la inevitable dispersión a las zonas aledañas a las vías de los productos aplicados”.
“La aplicación de herbicidas en los corredores vegetados que acompañan la traza de los ferrocarriles afecta la biodiversidad representada por las reservas de especies animales y vegetales que se refugian en ellas, además expone a cientos de miles de vecinos, especialmente en la población de hospitales y escuelas cercanas a ellas”, asegura el funcionario público.
Las sustancias utilizadas en las formulaciones agroquímicas no son inocuas, pueden ser altamente perjudiciales y pueden producir efectos tóxicos crónicos y agudos en la salud de los seres humanos, en los animales y en toda la biodiversidad. Distintos autores dan cuenta que el glifosato puede producir disfunciones endócrinas, daño celular y daño al material genético, lo que podría generar distintas formas de cáncer, y que estos efectos se producen en dosis que están entre 500 y 4000 veces por debajo de lo que se aplica normalmente en los campos de cultivo.
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Chevron embargado, volverá a apelar
Chevron volvería a apelar el embargo
Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La petrolera Chevron informó ayer que no ha sido notificada aún de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de ratificar el embargo contra sus activos en el país, como informó LA NACION en su edición de ayer. Sin embargo, la empresa sugirió que volvería a apelar.
"Chevron Argentina no ha sido notificada oficialmente. Sin embargo, basado en lo que ha sido divulgado por los medios de comunicación, Chevron respetuosamente expresa su desacuerdo con la decisión", señaló el asesor de comunicaciones para América latina y África de Chevron, James Craig, en un comunicado a la agencia EFE.
Este diario informó que la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo dispuesto por el juzgado de primera instancia contra las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios futuros que recibiera la empresa, que en conjunto suman cerca de 19.000 millones de dólares.
Cuando sea notificada, Chevron Argentina "tiene la intención de ejercer todos los recursos legales a su alcance para el levantamiento de esta medida cautelar", que, en opinión de Craig, es "infundada". La compañía aún puede pedir autorización a la Cámara para recurrir a la Corte Suprema.
En diciembre, Chevron Argentina apeló el fallo del Juzgado Nacional Civil N° 61, que decretó el embargo de los activos de la empresa luego de que la justicia ecuatoriana obligó a su casa matriz a pagar una millonaria indemnización por los supuestos daños ambientales ocasionados por la petrolera Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron.
La firma norteamericana sostiene que la condena en Ecuador fue producto de un fraude.
El embargo de los activos de Chevron Argentina pone en riesgo las operaciones de la empresa en el país y el acuerdo que firmó con YPF para realizar inversiones conjuntas por unos US$ 1000 millones en la formación de Vaca Muerta.
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Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La petrolera Chevron informó ayer que no ha sido notificada aún de la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de ratificar el embargo contra sus activos en el país, como informó LA NACION en su edición de ayer. Sin embargo, la empresa sugirió que volvería a apelar."Chevron Argentina no ha sido notificada oficialmente. Sin embargo, basado en lo que ha sido divulgado por los medios de comunicación, Chevron respetuosamente expresa su desacuerdo con la decisión", señaló el asesor de comunicaciones para América latina y África de Chevron, James Craig, en un comunicado a la agencia EFE.
Este diario informó que la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el embargo dispuesto por el juzgado de primera instancia contra las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios futuros que recibiera la empresa, que en conjunto suman cerca de 19.000 millones de dólares.
Cuando sea notificada, Chevron Argentina "tiene la intención de ejercer todos los recursos legales a su alcance para el levantamiento de esta medida cautelar", que, en opinión de Craig, es "infundada". La compañía aún puede pedir autorización a la Cámara para recurrir a la Corte Suprema.
En diciembre, Chevron Argentina apeló el fallo del Juzgado Nacional Civil N° 61, que decretó el embargo de los activos de la empresa luego de que la justicia ecuatoriana obligó a su casa matriz a pagar una millonaria indemnización por los supuestos daños ambientales ocasionados por la petrolera Texaco, que posteriormente fue adquirida por Chevron.
La firma norteamericana sostiene que la condena en Ecuador fue producto de un fraude.
El embargo de los activos de Chevron Argentina pone en riesgo las operaciones de la empresa en el país y el acuerdo que firmó con YPF para realizar inversiones conjuntas por unos US$ 1000 millones en la formación de Vaca Muerta.
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Dos cartas a CFK por justicia para los Qom
Se presentaron dos cartas a la Presidenta de la Nación para pedir justicia por el Pueblo Qom
Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Chaco - Formosa - Nacional
Este miércoles se presentaron dos cartas para exigir al Ejecutivo Nacional que intervenga por los casos de represión y asesinatos de miembros del Pueblo Qom de Chaco y Formosa.
En ambos escritos -que tuvieron una gran repercusión y reunieron más de 8 mil firmas de todo el país y también del exterior- se solicita la inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días en Chaco y Formosa, el cese de las persecuciones y amenazas y que se haga justicia en todos estos casos.
Ambas misivas fueron dirigidas a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con copia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, y al Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández.
Las cartas contaron con el apoyo de investigadores/as, escritores/as, artistas, docentes y trabajadores/as de todo el país, así como de personalidades de la talla del escritor Eduardo Galeano, el historiador y periodista Osvaldo Bayer y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de la organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional Argentina, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre muchas otras.
“Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia”.
Las cartas
Por un lado, un grupo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires redactó un comunicado para repudiar la violencia contra el Pueblo Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.
“Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres, ancianos y niños (…) A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente”.
“Los permanentes actos de violencia que padecen –se expresa- difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la comunidad se incrementaron de forma alarmante”.
La carta, titulada “Repudio contra la violencia que padecen los miembros del Pueblo Qom”, se subió a un sitio de recolección de firmas (https://www.change.org/en-CA/petitions/repudio-contra-la-violencia-que-padecen-los-miembros-del-pueblo-qom) y ha recibido más de 6 mil firmas en dos semanas.
En sintonía, la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, junto a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, elaboró una carta abierta en la que le solicitó al Ejecutivo Nacional intervenga e investigue los repetidos sucesos de violencia, asesinatos y muertes dudosas que se vienen dando sobre los Pueblos indígenas de nuestro país, especialmente con el Pueblo Qom de Chaco y Formosa.
La misiva titulada “Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom” circuló por mail y recibió en una semana más de 2.300 firmas. La carta detalla sucesos acaecidos en Chaco y Formosa, como así también en otros puntos del país (Tucumán, Santiago del Estero y Patagonia), tanto con pobladores indígenas como con campesinos de distintos lugares del territorio nacional.
En ese sentido, se expresa: “aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes”.
“Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario”.
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Fecha de Publicación: 01/02/2013
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Chaco - Formosa - Nacional
Este miércoles se presentaron dos cartas para exigir al Ejecutivo Nacional que intervenga por los casos de represión y asesinatos de miembros del Pueblo Qom de Chaco y Formosa.En ambos escritos -que tuvieron una gran repercusión y reunieron más de 8 mil firmas de todo el país y también del exterior- se solicita la inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días en Chaco y Formosa, el cese de las persecuciones y amenazas y que se haga justicia en todos estos casos.
Ambas misivas fueron dirigidas a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con copia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, y al Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández.
Las cartas contaron con el apoyo de investigadores/as, escritores/as, artistas, docentes y trabajadores/as de todo el país, así como de personalidades de la talla del escritor Eduardo Galeano, el historiador y periodista Osvaldo Bayer y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de la organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional Argentina, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre muchas otras.
“Es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia”.
Las cartas
Por un lado, un grupo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires redactó un comunicado para repudiar la violencia contra el Pueblo Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.
“Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres, ancianos y niños (…) A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente”.
“Los permanentes actos de violencia que padecen –se expresa- difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la comunidad se incrementaron de forma alarmante”.
La carta, titulada “Repudio contra la violencia que padecen los miembros del Pueblo Qom”, se subió a un sitio de recolección de firmas (https://www.change.org/en-CA/petitions/repudio-contra-la-violencia-que-padecen-los-miembros-del-pueblo-qom) y ha recibido más de 6 mil firmas en dos semanas.
En sintonía, la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, junto a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil, elaboró una carta abierta en la que le solicitó al Ejecutivo Nacional intervenga e investigue los repetidos sucesos de violencia, asesinatos y muertes dudosas que se vienen dando sobre los Pueblos indígenas de nuestro país, especialmente con el Pueblo Qom de Chaco y Formosa.
La misiva titulada “Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom” circuló por mail y recibió en una semana más de 2.300 firmas. La carta detalla sucesos acaecidos en Chaco y Formosa, como así también en otros puntos del país (Tucumán, Santiago del Estero y Patagonia), tanto con pobladores indígenas como con campesinos de distintos lugares del territorio nacional.
En ese sentido, se expresa: “aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes”.
“Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario”.
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Objetan auditoría realizada a la Barrick
Organizaciones ambientalistas denuncian falta de transparencia en la auditoría realizada en la zona de Pascua Lama y Veladero
Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: Infoambiente - FARN
Provincia/Región: San Juan
La auditoría que, según el titular del Departamento de Hidráulica de San Juan, Jorge Millón, habría determinado que “las mineras no afectan glaciares”, genera serias dudas no sólo en relación a su resultado, sino también a su proceso y metodología. Las organizaciones habían alertado anteriormente sobre la falta de garantías y transparencia en la realización de las auditorías, teniendo en cuenta que el propio Millón trabajó para la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias en el país.
Este resultado es alarmante, puesto que ya quedó demostrado, con los propios Informes de Impacto Ambiental presentados por la empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama, que la afectación de glaciares y del ambiente periglacial es un hecho. El informe admite, auto incriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares y que forma parte del ambiente periglacial).
También resulta curioso que el informe admite, auto incriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost, suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares y que forma parte del ambiente periglacial, aceptando -de esta manera- la flagrante violación a la norma nacional.
“El resultado de la auditoria es vergonzoso y no hace más que evidenciar el manejo de las mineras en la provincia de San Juan para evitar la correcta aplicación de la Ley de Glaciares”, señaló Gonzalo Strano, Coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, afirmó que “la confección del inventario y las auditorías de los proyectos que están afectando las áreas glaciares y periglaciares conforman el corazón de la Ley de Glaciares. Si no se concretan adecuadamente en términos de transparencia y control, corre peligro la protección de estos ecosistemas frágiles”.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló: “lo que pasa en San Juan es surrealista: quién dirigió la “auditoría”, el actual Director del Departamento de Hidráulica provincial Jorge Millón, fue empleado de la Barrick cuando hizo el Informe de Impacto Ambiental que luego aprobó del otro lado del mostrador como funcionario público. Ahora, nuevamente como funcionario, es quien dirige la “auditoria” a sus ex-empleadores.”
Por otro lado, un informe de Greenpeace de Julio de 2011 “Barrick: minería responsable de destruir los glaciares”, da muestra que la empresa ya afectó de manera irreversible glaciares del lado chileno del proyecto Pascua Lama, y que utilizando la información publicada por la misma minera, se pudo constatar en forma fehaciente, que las obras del emprendimiento Veladero, se ubican sobre glaciares y ambiente periglacial.
Tanto el proceso como el documento final de la auditoría no cumplen con la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, puesto que no se han utilizado las definiciones legales allí establecidas, especialmente en lo relativo al ambiente periglacial. De esta manera, esta pretendida auditoría carece de valor legal en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Glaciares.
Por otra parte, no resulta clara la metodología utilizada para llegar a tales conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta la afectación del ambiente periglacial respecto al cual no constan registros de chequeo de lo “auditado”.
Recordamos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos demandas donde se solicita el inmediato cese de actividades de los proyectos “Pascua Lama” y “Veladero”, ambos de la Barrick, atento que realizan sus actividades en violación de la Ley de Protección de Glaciares.
Por último, cabe destacar que aún no se realizó en esa zona el Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), conforme lo establece la Ley de Glaciares y que esa zona, por contener actividades en ejecución de las enumeradas en el artículo 6 debió haber sido considerada como prioritaria.
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Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: Infoambiente - FARN
Provincia/Región: San Juan
La auditoría que, según el titular del Departamento de Hidráulica de San Juan, Jorge Millón, habría determinado que “las mineras no afectan glaciares”, genera serias dudas no sólo en relación a su resultado, sino también a su proceso y metodología. Las organizaciones habían alertado anteriormente sobre la falta de garantías y transparencia en la realización de las auditorías, teniendo en cuenta que el propio Millón trabajó para la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias en el país.
Este resultado es alarmante, puesto que ya quedó demostrado, con los propios Informes de Impacto Ambiental presentados por la empresa propietaria de las minas Veladero y Pascua Lama, que la afectación de glaciares y del ambiente periglacial es un hecho. El informe admite, auto incriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost (suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares y que forma parte del ambiente periglacial).
También resulta curioso que el informe admite, auto incriminando a la empresa, que el proyecto Pascua Lama afectará alrededor de 300 hectáreas de permafrost, suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares y que forma parte del ambiente periglacial, aceptando -de esta manera- la flagrante violación a la norma nacional.
“El resultado de la auditoria es vergonzoso y no hace más que evidenciar el manejo de las mineras en la provincia de San Juan para evitar la correcta aplicación de la Ley de Glaciares”, señaló Gonzalo Strano, Coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, afirmó que “la confección del inventario y las auditorías de los proyectos que están afectando las áreas glaciares y periglaciares conforman el corazón de la Ley de Glaciares. Si no se concretan adecuadamente en términos de transparencia y control, corre peligro la protección de estos ecosistemas frágiles”.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló: “lo que pasa en San Juan es surrealista: quién dirigió la “auditoría”, el actual Director del Departamento de Hidráulica provincial Jorge Millón, fue empleado de la Barrick cuando hizo el Informe de Impacto Ambiental que luego aprobó del otro lado del mostrador como funcionario público. Ahora, nuevamente como funcionario, es quien dirige la “auditoria” a sus ex-empleadores.”
Por otro lado, un informe de Greenpeace de Julio de 2011 “Barrick: minería responsable de destruir los glaciares”, da muestra que la empresa ya afectó de manera irreversible glaciares del lado chileno del proyecto Pascua Lama, y que utilizando la información publicada por la misma minera, se pudo constatar en forma fehaciente, que las obras del emprendimiento Veladero, se ubican sobre glaciares y ambiente periglacial.
Tanto el proceso como el documento final de la auditoría no cumplen con la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, puesto que no se han utilizado las definiciones legales allí establecidas, especialmente en lo relativo al ambiente periglacial. De esta manera, esta pretendida auditoría carece de valor legal en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Glaciares.
Por otra parte, no resulta clara la metodología utilizada para llegar a tales conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta la afectación del ambiente periglacial respecto al cual no constan registros de chequeo de lo “auditado”.
Recordamos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos demandas donde se solicita el inmediato cese de actividades de los proyectos “Pascua Lama” y “Veladero”, ambos de la Barrick, atento que realizan sus actividades en violación de la Ley de Protección de Glaciares.
Por último, cabe destacar que aún no se realizó en esa zona el Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), conforme lo establece la Ley de Glaciares y que esa zona, por contener actividades en ejecución de las enumeradas en el artículo 6 debió haber sido considerada como prioritaria.
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Controlan un incendio forestal en el Cerro Otto
Logran controlar el incendio forestal en el Cerro Otto
Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Río Negro
Alrededor de 70 brigadistas de distintos organismos, con la asistencia de aviones hidrantes y autobombas, lograron contener el avance del incendio que se desató el lunes en el faldeo sudeste del cerro Otto en Bariloche, y trabajan para controlarlo y reducirlo.
Según informó Pedro Curuhal, a cargo del área de Emergencias del Parque Nacional Nahuel Huapi (Pnnh), estuvieron “trabajando hasta la 1 de la madrugada de hoy y volvimos a las 7, concentrándonos en el flanco izquierdo del incendio”.
Asimismo, realizaron “un sobrevuelo del incendio en helicóptero para evaluar los sectores de mayor actividad del fuego, que se encuentran cerca del filo de la montaña, donde hay antes repetidoras de un canal de cable de la localidad”.
Curuhal remarcó que el fuego ya no avanza más “y ahora se trabaja en el control para luego iniciar las tareas de extinción”.
Por su parte, Defensa Civil informó que la repartición se concentró en cuidar las instalaciones del complejo turístico de Piedras Blancas, en esepecial con trabajo de talal de pinos, y que concurrieron al incendio 28 brigadistas del Servicio de Prevención contra Incendios Forestales (Splif), 15 de Parques Nacionales, 18 de los Bomberos Voluntarios Melipal, y varios de otros cuarteles.
Asimismo, actuaron dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego (Pnmf), que desde el martes hicieron decenas de vuelos entre el lago Nahuel Huapi y el incendio, varias autobombas de distintos cuarteles urbanos, camiones cisternas y otros equipos.
Hasta el momento no pudieron precisar la superficie afectada, por lo que la mayor preocupación es la cantidad de árboles nativos y pinos afectados.
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Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: AIM
Provincia/Región: Río Negro
Alrededor de 70 brigadistas de distintos organismos, con la asistencia de aviones hidrantes y autobombas, lograron contener el avance del incendio que se desató el lunes en el faldeo sudeste del cerro Otto en Bariloche, y trabajan para controlarlo y reducirlo.Según informó Pedro Curuhal, a cargo del área de Emergencias del Parque Nacional Nahuel Huapi (Pnnh), estuvieron “trabajando hasta la 1 de la madrugada de hoy y volvimos a las 7, concentrándonos en el flanco izquierdo del incendio”.
Asimismo, realizaron “un sobrevuelo del incendio en helicóptero para evaluar los sectores de mayor actividad del fuego, que se encuentran cerca del filo de la montaña, donde hay antes repetidoras de un canal de cable de la localidad”.
Curuhal remarcó que el fuego ya no avanza más “y ahora se trabaja en el control para luego iniciar las tareas de extinción”.
Por su parte, Defensa Civil informó que la repartición se concentró en cuidar las instalaciones del complejo turístico de Piedras Blancas, en esepecial con trabajo de talal de pinos, y que concurrieron al incendio 28 brigadistas del Servicio de Prevención contra Incendios Forestales (Splif), 15 de Parques Nacionales, 18 de los Bomberos Voluntarios Melipal, y varios de otros cuarteles.
Asimismo, actuaron dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego (Pnmf), que desde el martes hicieron decenas de vuelos entre el lago Nahuel Huapi y el incendio, varias autobombas de distintos cuarteles urbanos, camiones cisternas y otros equipos.
Hasta el momento no pudieron precisar la superficie afectada, por lo que la mayor preocupación es la cantidad de árboles nativos y pinos afectados.
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San Luis logra bajar los desmontes ilegales
San Luis redujo un 60% los desmontes ilegales en tres años
Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: Télam
Provincia/Región: San Luis
La provincia de San Luis redujo un 60 por ciento los desmontes ilegales tras aplicar la ley de bosques nativos y fortalecer la fiscalización territorial.
Así lo informó el ministerio de Medioambiente de la provincia que firmó un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para obtener imágenes satelitales de años anteriores y compararlas.
Según se afirmó oficialmente, esta metodología mejoró el control de los bosques y el cuidado, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
“Otras de las acciones que incidieron en la reducción de los desmontes a un 60%, es la vigencia de la Ley Provincial de Bosques, que establece multas monetarias y la restauración del sitio, para quienes violen las normas establecidas”, sostuvo la ministra del área, Daiana Hissa..
“En San Luis –agregó- alrededor de 4,5 millones de hectáreas están cubiertas por bosques nativos, es decir el 60%, que protegen el suelo de las fuertes lluvias y el viento, conformando los pulmones verdes de la Provincia".
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Fecha de Publicación: 31/01/2013
Fuente: Télam
Provincia/Región: San Luis
La provincia de San Luis redujo un 60 por ciento los desmontes ilegales tras aplicar la ley de bosques nativos y fortalecer la fiscalización territorial.
Así lo informó el ministerio de Medioambiente de la provincia que firmó un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), para obtener imágenes satelitales de años anteriores y compararlas.
Según se afirmó oficialmente, esta metodología mejoró el control de los bosques y el cuidado, dando paso al acceso de la tecnología de avanzada.
“Otras de las acciones que incidieron en la reducción de los desmontes a un 60%, es la vigencia de la Ley Provincial de Bosques, que establece multas monetarias y la restauración del sitio, para quienes violen las normas establecidas”, sostuvo la ministra del área, Daiana Hissa..
“En San Luis –agregó- alrededor de 4,5 millones de hectáreas están cubiertas por bosques nativos, es decir el 60%, que protegen el suelo de las fuertes lluvias y el viento, conformando los pulmones verdes de la Provincia".
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Destruyen talud de ingenio que contaminaba
Destruyen talud construido por el ingenio La Florida que le permitía contaminar
Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Tras los reiterados episodios de contaminación que cometió el ingenio tucumano La Florida, que desde noviembre a enero de este año arrojó millones de litros de vinaza en territorio santiagueño, operarios de la firma procedieron a drenar canales de riego particularmente el troncal 1- que eran utilizados como almacenamiento y medio de transporte del desecho. También, a romper un talud que permitía derivar y convertir estos cursos de agua en reservorios del efluente industrial.
“No va a haber posibilidad de que vuelvan a utilizarse como reservorio, ya no podrán cargarlo de vinaza más y no hay ningún canal que lo pueda tener, se elimina posibilidad de vuelco como tuvimos en El Palomar”, comentó a EL LIBERAL, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, que supervisó los trabajos junto con el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván. También estuvieron el director de Ambiente, Rubén Dib, y el director de Recursos Hídricos, y por los inspectores del organismo santiagueño, Walter Carabajal y Gustavo De la Silva.
Indicó que se visitó el Canal Troncal 1, que fue utilizado como pileta de reservorio de vinaza por parte del ingenio La Florida, con la construcción de taludes de contención en su recorrido. Se verificó que el ingenio tucumano, en cumplimiento de las medidas dispuestas por los organismos intervinientes, procedió a la evacuación de este reservorio y deberá destruir los taludes contenedores de la vinaza. Este reservorio, que tenía días pasados un estimado de 10 mil metros cúbicos, se utilizó para riego de cañaverales, quedando pequeños charcos que no generarían problema ambiental alguno.
Díaz Achával destacó que “se arbitraron medidas físicas (taponamiento) para que el Canal Troncal 1, nunca más pueda ser utilizado como canal de drenaje de efluentes contaminados por parte del aludido ingenio, para que deje de pender como cual espada de Damocles sobre los vecinos de El Arenal y El Palomar”.
Por otra parte, el ombudsman señaló que, en la zona, se inspeccionó el canal de reservorio de vinaza del ingenio Concepción que, con riego de campos, está reduciendo su acumulado estando próximo al Canal DP-2, arbitrándose medidas físicas (tapado) para que no pueda haber vuelcos sobre este afluente del embalse.
Díaz Achával, advirtió que “los empresarios deben entender que, en cada evento vamos a estar controlándolos, detectándolos y motorizando las sanciones que correspondan en cada caso”.
Subrayó que en 2013, “vamos a lograr que los ingenios no utilicen los canales públicos de riego como reservorios, vamos a insistir que se pongan en funcionamiento las plantas de tratamiento comprometidas y a exigir se construyan los correspondientes vinazoductos”.
Por último, se mostró satisfecho “por lo resuelto en esta crisis, donde el accionar decidido de la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, ha sido relevante, a lo que se agregó el apoyo del gobierno de Tucumán, al reclamo efectuado por esta provincia para que estos episodios no se reiteren, logrando se prohíba en toda la Provincia de Tucumán el uso de canales públicos para depósito de vinaza”.
Inminentes sanciones económicas a la firma
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, reveló que según le manifestó el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, es inminente la aplicación de dos sanciones económicas al ingenio La Florida, por sendos sumarios iniciados por los vuelcos de vinaza que afectaron a El Palomar, localidad del departamento Jiménez.
También comentó que están en trámite otras dos sanciones más, por los restantes vuelcos que se produjeron en lo que va del año. Como se recordará, el primer vuelco fue en noviembre de 2012, cuando más de 80 millones de litros de vinaza pura llegaron a la localidad por el canal del Este y luego, tres más en el corriente mes. Según explicó en su momento Montalván a este medio, la primera sanción rondará los $ 200 mil y la segunda, el medio millón de pesos.
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Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Tras los reiterados episodios de contaminación que cometió el ingenio tucumano La Florida, que desde noviembre a enero de este año arrojó millones de litros de vinaza en territorio santiagueño, operarios de la firma procedieron a drenar canales de riego particularmente el troncal 1- que eran utilizados como almacenamiento y medio de transporte del desecho. También, a romper un talud que permitía derivar y convertir estos cursos de agua en reservorios del efluente industrial.“No va a haber posibilidad de que vuelvan a utilizarse como reservorio, ya no podrán cargarlo de vinaza más y no hay ningún canal que lo pueda tener, se elimina posibilidad de vuelco como tuvimos en El Palomar”, comentó a EL LIBERAL, el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, que supervisó los trabajos junto con el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván. También estuvieron el director de Ambiente, Rubén Dib, y el director de Recursos Hídricos, y por los inspectores del organismo santiagueño, Walter Carabajal y Gustavo De la Silva.
Indicó que se visitó el Canal Troncal 1, que fue utilizado como pileta de reservorio de vinaza por parte del ingenio La Florida, con la construcción de taludes de contención en su recorrido. Se verificó que el ingenio tucumano, en cumplimiento de las medidas dispuestas por los organismos intervinientes, procedió a la evacuación de este reservorio y deberá destruir los taludes contenedores de la vinaza. Este reservorio, que tenía días pasados un estimado de 10 mil metros cúbicos, se utilizó para riego de cañaverales, quedando pequeños charcos que no generarían problema ambiental alguno.
Díaz Achával destacó que “se arbitraron medidas físicas (taponamiento) para que el Canal Troncal 1, nunca más pueda ser utilizado como canal de drenaje de efluentes contaminados por parte del aludido ingenio, para que deje de pender como cual espada de Damocles sobre los vecinos de El Arenal y El Palomar”.
Por otra parte, el ombudsman señaló que, en la zona, se inspeccionó el canal de reservorio de vinaza del ingenio Concepción que, con riego de campos, está reduciendo su acumulado estando próximo al Canal DP-2, arbitrándose medidas físicas (tapado) para que no pueda haber vuelcos sobre este afluente del embalse.
Díaz Achával, advirtió que “los empresarios deben entender que, en cada evento vamos a estar controlándolos, detectándolos y motorizando las sanciones que correspondan en cada caso”.
Subrayó que en 2013, “vamos a lograr que los ingenios no utilicen los canales públicos de riego como reservorios, vamos a insistir que se pongan en funcionamiento las plantas de tratamiento comprometidas y a exigir se construyan los correspondientes vinazoductos”.
Por último, se mostró satisfecho “por lo resuelto en esta crisis, donde el accionar decidido de la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Juan José Mussi, ha sido relevante, a lo que se agregó el apoyo del gobierno de Tucumán, al reclamo efectuado por esta provincia para que estos episodios no se reiteren, logrando se prohíba en toda la Provincia de Tucumán el uso de canales públicos para depósito de vinaza”.
Inminentes sanciones económicas a la firma
El defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával, reveló que según le manifestó el secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, es inminente la aplicación de dos sanciones económicas al ingenio La Florida, por sendos sumarios iniciados por los vuelcos de vinaza que afectaron a El Palomar, localidad del departamento Jiménez.
También comentó que están en trámite otras dos sanciones más, por los restantes vuelcos que se produjeron en lo que va del año. Como se recordará, el primer vuelco fue en noviembre de 2012, cuando más de 80 millones de litros de vinaza pura llegaron a la localidad por el canal del Este y luego, tres más en el corriente mes. Según explicó en su momento Montalván a este medio, la primera sanción rondará los $ 200 mil y la segunda, el medio millón de pesos.
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Acuerdo nuclear con China para la cuarta nuclear
Acuerdo nuclear con firma china
Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, encabezó ayer la firma de dos acuerdos suscriptos entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), que contemplan aspectos vinculados a la futura construcción en el país de la cuarta central nuclear.
El primer acuerdo se refiere a la cooperación recíproca en temas relacionados con reactores de uranio natural, incluyendo ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, así como fabricación y almacenaje de combustible nuclear, licenciamiento, extensión de vida y avances tecnológicos. Este convenio está orientado tanto a centrales locales ya en operación como a futuros proyectos, informó la cartera de Planificación Federal en un comunicado.
Por otra parte, a través de un segundo acuerdo, se estipuló la posibilidad de que Argentina actúe como plataforma tecnológica para que en conjunto –y con transferencia de tecnología y provisión de bienes y servicios de origen chino– se puedan ofrecer centrales nucleares de tecnología a terceros países con contenido argentino.
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Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, encabezó ayer la firma de dos acuerdos suscriptos entre Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), que contemplan aspectos vinculados a la futura construcción en el país de la cuarta central nuclear.
El primer acuerdo se refiere a la cooperación recíproca en temas relacionados con reactores de uranio natural, incluyendo ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, así como fabricación y almacenaje de combustible nuclear, licenciamiento, extensión de vida y avances tecnológicos. Este convenio está orientado tanto a centrales locales ya en operación como a futuros proyectos, informó la cartera de Planificación Federal en un comunicado.
Por otra parte, a través de un segundo acuerdo, se estipuló la posibilidad de que Argentina actúe como plataforma tecnológica para que en conjunto –y con transferencia de tecnología y provisión de bienes y servicios de origen chino– se puedan ofrecer centrales nucleares de tecnología a terceros países con contenido argentino.
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Dicen que la Barrick no afectó los glaciares
Las minas en producción no dañan glaciares
Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Revelaron que Veladero no afecta las masas de hielo y que Lama tampoco lo hará. Más adelante estudiarán el impacto en los que están en exploración. Es para cumplir con la Ley de Glaciares.
El Gobierno provincial, a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, hizo público ayer los trabajos que atendían a dar cumplimiento con la Ley de Protección de Glaciares y así saber si la minería afecta los cuerpos de hielo. El resultado: la mina Veladero, que está en producción desde el año 2005, no los daña; y Lama, que en algo más de un año entrará en esa fase, tampoco lo hará. En el caso de Casposo y Gualcamayo, que están a baja altura, no hay presencia de glaciares. Además, en los próximos meses se conocerá el estudio de los proyectos El Pachón y Altar, ambos de cobre y en etapa de exploración, y luego será el turno para Los Azules. Todos los informes serán enviados apenas se reanude la actividad judicial a la Corte Suprema de Justicia, según precisó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (ver recuadro en pág. 3).
El informe que ayer se presentó apunta a despejar las dudas que las organizaciones ambientalistas mantienen para con la actividad y en especial con los proyectos manejados por la minera canadiense Barrick. Según informaron, “no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”. Además aclara en otro párrafo que tampoco se han visto afectados por la dispersión de polvo, un aspecto que en el último tiempo despertó dudas.
“Éste es un hecho trascendente porque tiene que ver con la producción y el desarrollo de San Juan, pero fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente que es la premisa central de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, dijo ayer el gobernador Gioja en rueda de prensa.
Informe que va a la Corte. El documento que realizó la Unidad Especial de Auditoría Ambiental irá de inmediato al máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Guillermo De Sanctis, fiscal de Estado de la provincia, dijo ayer en la presentación de los resultados que la semana que viene (cuando se reanuda la actividad en Tribunales) llevarán esta información a Capital Federal.
“Ya en diciembre presentamos un informe de avance del estado de la auditoría ambiental y ahora vamos con la conclusión en el caso de los proyectos Veladero y Lama. Así es que corresponde como representante legal de la provincia en este juicio llevar a consideración del máximo tribunal los alcances de este informe”, dijo De Sanctis.
El exasesor legal de Gobierno aclaró tras cartón que si bien presentarán esta documentación, consideran “innecesario hacerlo en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”.
En el Gobierno provincial es vox populi que la intención es seguir trabajando en el camino que apunta a hacer valer la autonomía que gozan las provincias en este tipo de coyunturas, pero a la vez saben que intertanto tendrán que cumplir con la ley nacional vigente.
Cómo y quiénes la hicieron:
La Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que es la encargada de hacer este trabajo, debe rendirle cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada en esta primera parte de los trabajos por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna-. Estaba previsto que sean parte del mismo especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero según Millón “nos informaron que de esta primera fase les era imposible participar y sí lo harán en las otras”.
Vale recordar que había sido invitado el año pasado para esta tarea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero como este organismo es el encargado del inventario de glaciares se justificaron que no podían ser “juez y parte”. Atrás también quedó la posibilidad de auditorías externas, con la contratación de consultoras internacionales.
En cuanto a la zona en la que se trabajó con las tareas de campo, se ubicó a unos 350 km al noroeste de la capital sanjuanina, entre los 3.800 y 5300 metros sobre el nivel del mar y bajo las coordenadas 29º 20° Latitud Sur y 70º 00° Longitud Oeste, precisaron. Se trabajaron con relevamientos in situ y con imágenes satelitales.
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Fecha de Publicación: 30/01/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Revelaron que Veladero no afecta las masas de hielo y que Lama tampoco lo hará. Más adelante estudiarán el impacto en los que están en exploración. Es para cumplir con la Ley de Glaciares. El Gobierno provincial, a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, hizo público ayer los trabajos que atendían a dar cumplimiento con la Ley de Protección de Glaciares y así saber si la minería afecta los cuerpos de hielo. El resultado: la mina Veladero, que está en producción desde el año 2005, no los daña; y Lama, que en algo más de un año entrará en esa fase, tampoco lo hará. En el caso de Casposo y Gualcamayo, que están a baja altura, no hay presencia de glaciares. Además, en los próximos meses se conocerá el estudio de los proyectos El Pachón y Altar, ambos de cobre y en etapa de exploración, y luego será el turno para Los Azules. Todos los informes serán enviados apenas se reanude la actividad judicial a la Corte Suprema de Justicia, según precisó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (ver recuadro en pág. 3).
El informe que ayer se presentó apunta a despejar las dudas que las organizaciones ambientalistas mantienen para con la actividad y en especial con los proyectos manejados por la minera canadiense Barrick. Según informaron, “no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”. Además aclara en otro párrafo que tampoco se han visto afectados por la dispersión de polvo, un aspecto que en el último tiempo despertó dudas.
“Éste es un hecho trascendente porque tiene que ver con la producción y el desarrollo de San Juan, pero fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente que es la premisa central de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, dijo ayer el gobernador Gioja en rueda de prensa.
Informe que va a la Corte. El documento que realizó la Unidad Especial de Auditoría Ambiental irá de inmediato al máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Guillermo De Sanctis, fiscal de Estado de la provincia, dijo ayer en la presentación de los resultados que la semana que viene (cuando se reanuda la actividad en Tribunales) llevarán esta información a Capital Federal.
“Ya en diciembre presentamos un informe de avance del estado de la auditoría ambiental y ahora vamos con la conclusión en el caso de los proyectos Veladero y Lama. Así es que corresponde como representante legal de la provincia en este juicio llevar a consideración del máximo tribunal los alcances de este informe”, dijo De Sanctis.
El exasesor legal de Gobierno aclaró tras cartón que si bien presentarán esta documentación, consideran “innecesario hacerlo en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”.
En el Gobierno provincial es vox populi que la intención es seguir trabajando en el camino que apunta a hacer valer la autonomía que gozan las provincias en este tipo de coyunturas, pero a la vez saben que intertanto tendrán que cumplir con la ley nacional vigente.
Cómo y quiénes la hicieron:
La Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que es la encargada de hacer este trabajo, debe rendirle cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada en esta primera parte de los trabajos por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna-. Estaba previsto que sean parte del mismo especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero según Millón “nos informaron que de esta primera fase les era imposible participar y sí lo harán en las otras”.
Vale recordar que había sido invitado el año pasado para esta tarea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero como este organismo es el encargado del inventario de glaciares se justificaron que no podían ser “juez y parte”. Atrás también quedó la posibilidad de auditorías externas, con la contratación de consultoras internacionales.
En cuanto a la zona en la que se trabajó con las tareas de campo, se ubicó a unos 350 km al noroeste de la capital sanjuanina, entre los 3.800 y 5300 metros sobre el nivel del mar y bajo las coordenadas 29º 20° Latitud Sur y 70º 00° Longitud Oeste, precisaron. Se trabajaron con relevamientos in situ y con imágenes satelitales.
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Salta confirma desmontes, pero dice que son legales
Confirman desmontes a partir del año 2007
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, confirmó ayer que desde la sanción de la Ley de Bosques, en noviembre de 2007, en territorio salteño se desmontaron alrededor de 235 mil hectáreas. El funcionario corrigió de ese modo una información publicada en Informate Salta, una página digital oficialista que suele difundir y fundamentar noticias que le interesan al Gobierno provincial.
Ese medio le atribuyó a Paul haber reconocido desmontes del orden de 470 mil hectáreas.
Consultado por El Tribuno, el ingeniero Paul explicó que se desmontaron 108 mil hectáreas en 2008 y el resto, unas 120 mil más, entre 2009 y 2012. Además aclaró que esa superficie se encuentra en las áreas del ordenamiento territorial promulgado en 2010 donde está permitido el desmonte o, en todo caso, puede ser autorizado. Puntualizó, también, que los desmontes no se produjeron en San Martín, Orán ni Rivadavia, zonas que estuvieron vedadas para esta actividad por la Suprema Corte entre 2008 y 2011.
La flexibilidad
El Informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación detonó una serie de críticas donde se apunta que los desmontes en cuestión fueron realizados sin asambleas vecinales previas. Salta cuenta con casi 8.500.000 hectáreas actualmente sometidas al régimen de agroganadería espontánea, con tala y desmonte sin control y pastoreo sin manejo. Ese territorio, en vías de degradación irreversible, podría ser incorporado a la actividad productiva moderna, con conservación de bosques, reforestación, protección del suelo y de las escorrantías de agua. Además, incluiría una amplia porción de tierra a la producción de agroalimentos, con gran generación de empleo.
El ordenamiento territorial establece 1.294.778 hectáreas en la Categoría I Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal); 5.393.018 hectáreas en la Categoría II Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III Verde (permite su desmonte parcial).
La mayor superficie verde se encuentra al sur de la provincia. Pero el grueso de la superficie con potencial de explotación está en amarillo, lo cual deja lugar a una flexibilización extrema en la aplicación de la norma.
A esto se agrega el decreto 221, de 2010, donde se hace lugar a la posibilidad de que determinados productores pidan la recategorización del área. Este decreto funcionaría como gatillo para una aplicación discrecional del ordenamiento.
Según informaron ayer diputados de la oposición, el Gobierno provincial nunca informó con precisión el detalle catastral del ordenamiento. El mapa tiene los tres colores, pero ningún plano catastral que delimite cada espacio bloqueado. Lo llamativo de los desmontes en cuestión es la contradicción entre las organizaciones urbanas del ambientalismo, que satanizan el avance agropecuario y el desarrollo de las zonas marginales, y las autoridades políticas, que intentan coquetear entre esos prejuicios y las necesidades de las provincias.
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El secretario de Ambiente, Gustavo Paul, confirmó ayer que desde la sanción de la Ley de Bosques, en noviembre de 2007, en territorio salteño se desmontaron alrededor de 235 mil hectáreas. El funcionario corrigió de ese modo una información publicada en Informate Salta, una página digital oficialista que suele difundir y fundamentar noticias que le interesan al Gobierno provincial.Ese medio le atribuyó a Paul haber reconocido desmontes del orden de 470 mil hectáreas.
Consultado por El Tribuno, el ingeniero Paul explicó que se desmontaron 108 mil hectáreas en 2008 y el resto, unas 120 mil más, entre 2009 y 2012. Además aclaró que esa superficie se encuentra en las áreas del ordenamiento territorial promulgado en 2010 donde está permitido el desmonte o, en todo caso, puede ser autorizado. Puntualizó, también, que los desmontes no se produjeron en San Martín, Orán ni Rivadavia, zonas que estuvieron vedadas para esta actividad por la Suprema Corte entre 2008 y 2011.
La flexibilidad
El Informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación detonó una serie de críticas donde se apunta que los desmontes en cuestión fueron realizados sin asambleas vecinales previas. Salta cuenta con casi 8.500.000 hectáreas actualmente sometidas al régimen de agroganadería espontánea, con tala y desmonte sin control y pastoreo sin manejo. Ese territorio, en vías de degradación irreversible, podría ser incorporado a la actividad productiva moderna, con conservación de bosques, reforestación, protección del suelo y de las escorrantías de agua. Además, incluiría una amplia porción de tierra a la producción de agroalimentos, con gran generación de empleo.
El ordenamiento territorial establece 1.294.778 hectáreas en la Categoría I Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal); 5.393.018 hectáreas en la Categoría II Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III Verde (permite su desmonte parcial).
La mayor superficie verde se encuentra al sur de la provincia. Pero el grueso de la superficie con potencial de explotación está en amarillo, lo cual deja lugar a una flexibilización extrema en la aplicación de la norma.
A esto se agrega el decreto 221, de 2010, donde se hace lugar a la posibilidad de que determinados productores pidan la recategorización del área. Este decreto funcionaría como gatillo para una aplicación discrecional del ordenamiento.
Según informaron ayer diputados de la oposición, el Gobierno provincial nunca informó con precisión el detalle catastral del ordenamiento. El mapa tiene los tres colores, pero ningún plano catastral que delimite cada espacio bloqueado. Lo llamativo de los desmontes en cuestión es la contradicción entre las organizaciones urbanas del ambientalismo, que satanizan el avance agropecuario y el desarrollo de las zonas marginales, y las autoridades políticas, que intentan coquetear entre esos prejuicios y las necesidades de las provincias.
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En Córdoba marchan contra Monsanto
En Malvinas Argentinas hoy marchan contra Monsanto
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos de esa localidad se manifestarán a las 18 para exigir una consulta popular sobre la eventual radicación de la firma. También habrá movilizaciones en Entre Ríos y Buenos Aires, por lo que se tratará de una acción nacional.
Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán hoy en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar hoy desde la 18 y la concentración será en la Ruta nacional A88 y la calle San Martín.
Se dirigirán hacia la Municipalidad local donde exigirán al intendente y concejales que llamen a una consulta popular para decidir sobre la instalación de la planta de Monsanto en el lugar.
Vale recordar que la justicia ordenó a la multinacional no comenzar a operar hasta tanto no se tenga el informe ambiental. Sin embargo, en el predio la firma continúa con la construcción de la misma.
En tanto, la movilización contará con el apoyo de los vecinos de Entre Ríos, que marcharán a la misma hora hasta la Plaza 1 de mayo, mientras en Buenos Aires la Asamblea Millones Contra Monsanto se dirigirán hasta la Casa de Córdoba.
La medida de hoy fue decidida por los vecinos tras la comunicación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas sobre la aprobación comunal para la construcción de la planta.
El anuncio despertó indignación entre los vecinos que dijeron sentirse “traicionados por el intendente Daniel Arzani, que les había prometido la consulta popular”.
La Asamblea de vecinos “Malvinas lucha por la vida”, difundió recientemente un video en el que durante una reunión entre el intendente y los vecinos, un especialista ambiental, señalaba que los deshechos de la planta se quemarían en Malagueño, lo que daría inicio a otro capítulo en la pelea por el funcionamiento de Monsanto y los productos tóxicos que la planta utiliza para el tratamiento de los granos.
En tanto, señalaron como “una mentira que Monsanto vaya a utilizar sólo 40 mililitros cúbicos de agua, cuando en el proyecto figura que por día se utilizarían 100 mililitros cúbicos”.
El proyecto productivo de la cuestionada multinacional generará 400 nuevos puestos de trabajo directos en la zona, que pueden duplicarse durante la obra. Monsanto invertirá $1.500 millones de pesos para el desarrollo de esta nueva planta que será la primera de su tipo en Córdoba constituyendo, en la actualidad, la mayor inversión privada en la Provincia.
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Los vecinos de esa localidad se manifestarán a las 18 para exigir una consulta popular sobre la eventual radicación de la firma. También habrá movilizaciones en Entre Ríos y Buenos Aires, por lo que se tratará de una acción nacional.Los vecinos de Malvinas Argentinas se movilizarán hoy en rechazo a la radicación de la planta de Monsanto en la localidad y exigiendo la consulta popular. La marcha tendrá lugar hoy desde la 18 y la concentración será en la Ruta nacional A88 y la calle San Martín.
Se dirigirán hacia la Municipalidad local donde exigirán al intendente y concejales que llamen a una consulta popular para decidir sobre la instalación de la planta de Monsanto en el lugar.
Vale recordar que la justicia ordenó a la multinacional no comenzar a operar hasta tanto no se tenga el informe ambiental. Sin embargo, en el predio la firma continúa con la construcción de la misma.
En tanto, la movilización contará con el apoyo de los vecinos de Entre Ríos, que marcharán a la misma hora hasta la Plaza 1 de mayo, mientras en Buenos Aires la Asamblea Millones Contra Monsanto se dirigirán hasta la Casa de Córdoba.
La medida de hoy fue decidida por los vecinos tras la comunicación de la Municipalidad de Malvinas Argentinas sobre la aprobación comunal para la construcción de la planta.
El anuncio despertó indignación entre los vecinos que dijeron sentirse “traicionados por el intendente Daniel Arzani, que les había prometido la consulta popular”.
La Asamblea de vecinos “Malvinas lucha por la vida”, difundió recientemente un video en el que durante una reunión entre el intendente y los vecinos, un especialista ambiental, señalaba que los deshechos de la planta se quemarían en Malagueño, lo que daría inicio a otro capítulo en la pelea por el funcionamiento de Monsanto y los productos tóxicos que la planta utiliza para el tratamiento de los granos.
En tanto, señalaron como “una mentira que Monsanto vaya a utilizar sólo 40 mililitros cúbicos de agua, cuando en el proyecto figura que por día se utilizarían 100 mililitros cúbicos”.
El proyecto productivo de la cuestionada multinacional generará 400 nuevos puestos de trabajo directos en la zona, que pueden duplicarse durante la obra. Monsanto invertirá $1.500 millones de pesos para el desarrollo de esta nueva planta que será la primera de su tipo en Córdoba constituyendo, en la actualidad, la mayor inversión privada en la Provincia.
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Quieren extraer el potasio en Malargüe si o si
"El proyecto es con o sin la empresa"
Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, advirtió ayer que su "decisión política" es llevar adelante el proyecto minero de extracción de sales de potasio en Malargüe "con o sin Vale", la empresa de capitales brasileños que en los últimos días suspendió los trabajos. Reveló que la compañía pretende un diferimiento del IVA pero el gobierno argentino no está dispuesto a concederlo.
Esa situación fue analizada también este fin de semana por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en Chile, reveló el gobernador Pérez. Dijo que se expuso la posibilidad de que Vale cuente "con un recorrido alternativo de ferrocarril que una el proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza con Buenos Aires (Bahía Blanca), así como mejorar los costos en las dos provincias en lo que fuera posible y analizar la situación de la empresa, los proyectos y alternativas".
"Hay muchísimos interesados y esto es lo que se le hizo saber también a la presidenta de Brasil. Hay muchos interesados en asociarse con Vale y si Vale se retira del negocio (vamos a) ir hacia delante, es un emprendimiento muy importante", añadió. "Hoy el potasio es un fertilizante comestible que se utiliza para recuperar los campos de cultivo intensivo, como maíz, soja, trigo con grandes extensiones en todo el mundo. Es un producto valiosísimo y además cotiza muy bien en bolsa", resaltó el mandatario.
Pérez apuntó que en la reunión bilateral con Rousseff "se plantearon alternativas como buscar algún socio para que agregue financiamiento al proyecto".
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Fecha de Publicación: 29/01/2013
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, advirtió ayer que su "decisión política" es llevar adelante el proyecto minero de extracción de sales de potasio en Malargüe "con o sin Vale", la empresa de capitales brasileños que en los últimos días suspendió los trabajos. Reveló que la compañía pretende un diferimiento del IVA pero el gobierno argentino no está dispuesto a concederlo.
Esa situación fue analizada también este fin de semana por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff en Chile, reveló el gobernador Pérez. Dijo que se expuso la posibilidad de que Vale cuente "con un recorrido alternativo de ferrocarril que una el proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza con Buenos Aires (Bahía Blanca), así como mejorar los costos en las dos provincias en lo que fuera posible y analizar la situación de la empresa, los proyectos y alternativas".
"Hay muchísimos interesados y esto es lo que se le hizo saber también a la presidenta de Brasil. Hay muchos interesados en asociarse con Vale y si Vale se retira del negocio (vamos a) ir hacia delante, es un emprendimiento muy importante", añadió. "Hoy el potasio es un fertilizante comestible que se utiliza para recuperar los campos de cultivo intensivo, como maíz, soja, trigo con grandes extensiones en todo el mundo. Es un producto valiosísimo y además cotiza muy bien en bolsa", resaltó el mandatario.
Pérez apuntó que en la reunión bilateral con Rousseff "se plantearon alternativas como buscar algún socio para que agregue financiamiento al proyecto".
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Salta alcanza récord de deforestación
Urtubey marcó un récord de deforestación clandestina
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.
El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación admite, en un informe que no fue dado a publicidad oficialmente, que la Ley de Bosques sancionada el noviembre de 2007 fracasó por completo: en los últimos cinco años desaparecieron un millón de hectáreas de monte nativo. De ese total, 236.246 hectáreas se encuentran en territorio salteño.El informe fue difundido por el movimiento político Los Verdes que encabeza el exdirectivo de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, quien participó de la colocación en un ternero de un collar satelital para rastreo de yaguaretés.
Santiago del Estero encabezaría los desmontes posteriores a 2007, con 453.551 hectáreas, seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164).
El proyecto de Ley de Bosques había sido presentado en la Cámara de Diputados a fines de 2006 por el activista porteño Miguel Bonasso, quien tomara un proyecto redactado por Greenpeace. La iniciativa condenaba a todas las provincias del Norte a paralizar el desarrollo rural. Los diputados salteños Osvaldo Salum y Beatriz Daher detectaron en ese momento la gravedad de la iniciativa y lograron frenar el primer dictamen que el oficialismo, por orden expresa del entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, trataba de sancionar en trámite sumario. La reacción de los legisladores de otras provincias afectadas, especialmente, Misiones, Chaco y Santa Fe, se sumaron a la resistencia. El proyecto logró media sanción en Diputados, con la negativa de gran parte de los diputados del NOA y NEA. En esa sesión, con Villalonga en un palco del recinto, sólo se escucharon fundamentaciones en contra, pero se impuso el número que respondía al Poder Ejecutivo. Entre los salteños, votaron en contra Salum, Daher, Andrés Zottos, Antonio Lovaglio y Carlos “Querubín” Sosa. Los oficialistas Juan Manuel Urtubey y Susana Canela se sumaron a la iniciativa de Bonasso.
En el Senado, los salteños Marcelo López Arias y Sonia Escudero encabezaron el tratamiento y tras meses de consultas con expertos, redactaron otra ley, que nada tenía que ver con la de Bonasso y Villalonga.
Ordenamiento trucho
La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007.
Con Urtubey ya como gobernador, la Legislatura sancionó una ley de ordenamiento territorial acorde a las necesidades de desarrollo agropecuario y el Poder Ejecutivo la distorsionó estableciendo un cepo que impide en los hechos el desarrollo rural, pero que permite que continúe la deforestación irregular, ya sea por desmontes clandestinos blanqueados con procedimientos oscuros o por la acción predatoria del pastoreo que produjo la mayor desertificación.
Urtubey dejó la política ambiental en manos del biólogo de la UNSa, Julio Nasser, propuesto por la entonces rectora Stella Maris Pérez de Bianchi, quien organizaba campañas ambientalistas animadas por el rockero porteño Gustavo Cordera. El ordenamiento estuvo a cargo de antropólogos, porque se priorizó la estrategia social antes que el desarrollo agroganadero moderno.
¿Qué pasa con la plata?
El informe de la SAyDS indica que en febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones habían recibido unos 114 millones de pesos en concepto de Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y destaca en este punto que, a pesar de ello, el desmonte prosiguió.
Lo cierto es que la ley 26.331, en su artículo 31 incisos a y b, estableció una partida no menor del 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional, es decir 1.515 millones de pesos.
Adicionalmente, una asignación específica del dos por ciento de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, que elevaría el monto a 2.327 millones de pesos en 2012.
Enorme diferencia
La diferencia es abismal y ninguna provincia reclamó por eso. Salta, tampoco.
Ni durante la gestión de Julio Nasser, de su sucesor Francisco López Sastre ni ahora, con Alfredo de Angelis al frente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia.
Cabe señalar que en ese lapso, la provincia recibió unos 150 millones de pesos que se utilizaron como subsidios, pero que equivalen al diez por ciento de lo que correspondería según la ley y, además, no fueron aplicados a compensar económicamente a los dueños de los bosques nativos por la renta que pierden para conservar la biodiversidad que establece la legislación.
Depredación sin desarrollo
En 2012, un estudio de la Red Agroforestal Chaco Argentina ya había advertido que unas 100 mil hectáreas de bosque nativo fueron desmontadas ilegalmente en Salta desde 2008. El análisis destacó que “no se respetaron las zonas de prohibición de desmontes definidas por el Ordenamiento Territorial sancionado por la legislatura provincial”, y que “tampoco se respetaron las restricciones fijadas por la Corte Suprema de Justicia tras denuncias de organizaciones de campesinos e indígenas”. El informe contó con el apoyo técnico de la Facultad de Agronomía de la UBA y el INTA Salta. Las 100 mil hectáreas desmontadas en los últimos cuatro años corresponden, dice, a zonas señaladas como “de mediano y alto valor de conservación”. El caso salteño es especial, porque las irregularidades no solo frenan la instalación de establecimientos modernos con capacidad para generar empleo, sino que favorecen un entramado oscuro, donde, al margen de la ley que regula el desarrollo, se depreda mucho más que con una política agroganadera de la que Salta carece. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Nación constató desmontes en zonas prohibidas de Dragones, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales y falta de control por parte del gobierno provincial.
El conjunto de contradicciones e irregularidades se agrava si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2011, la tala y el desmonte estuvieron prohibidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una muy endeble defensa de parte del Ejecutivo provincial. Luego de tres años de paralización del desarrollo rural se declaró incompetente -lo que se sabía desde el principio- y devolvió la cuestión a la Justicia salteña, que nada hizo al respecto hasta ahora.
Intento de estafa con fondos de bosues
Un intento de estafa con fondos de la ley de Bosques fue decisiva en la salida del gabinete del exministro de Ambiente, Francisco López Sastre, en febrero del año pasado. El hecho se conoció cuando un empleado del banco Macro se percató de una irregularidad por parte de personas que, en dos oportunidades, intentaron crear cuentas para recibir fondos previstos por esa normativa a nombre de personas fallecidas, por un total de $258 mil.
López Sastre no pudo convencer a nadie con sus explicaciones y generó amplio rechazo cuando intentó desligarse del tema. A los senadores que lo habían citado les dijo que “si se concretaba la estafa, la culpa era del banco”, basándose en su criterio de que los controles dentro de la cartera que conducía habían sido “impecables”. Y dijo que el otorgamiento de los fondos eran responsabilidad compartida entre el Ministerio y la entidad bancaria: “La única forma de que se haga efectivo el pago es que concurra el titular de las tierras; nosotros no podemos negar que un gestor o un apoderado haga todos los trámites en el ministerio”.
En el medio de la polémica, que el Gobierno de la Provincia no pudo contener, el primer en salir del gabinete Juan Carlos Godoy, quien estaba a cargo de la agencia de Bosques Nativos. Luego le siguieron López Sastre y los subsecretarios de Gestión Ambiental, Emiliano Venier, y de Ordenamiento Territorial, Sebastián Varela.
El juez Federal 2, Miguel Medina, se hizo cargo de la investigación en la que decidió procesar a tres particulares y tres exfuncionarios en la causa que se abrió por el irregular sistema para entrega de fondos nacionales que corresponden a la conservación de Bosques.
Los procesados fueron José Luis Yáñez Benítez y Oscar Vázquez, por falsificación de documento y fraude a la administración pública en grado de tentativa; Julio Chávez por posible participación en el delito de fraude a la administración pública; el exsecretario de Ambiente Sebastián Varela, el extitular de la agencia de Bosques Nativos, Juan Carlos Godoy, y a la exasesora legal del desaparecido Ministerio, María Angeles Finetti, los tres por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez dictó la falta de mérito sobre la exsecretaria privada del Ministerio, Silvina Guillou, y liberó a Oscar Vázquez, quien estuvo encarcelado 10 meses por esta causa.
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El proyecto minero Río Colorado seguirá frenado
El principal proyecto minero seguirá parado y sin plazos
Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: No a la Mina - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
Un día después de decir oficialmente que se paralizaba hasta nuevo aviso el proyecto minero Río Colorado, en Mendoza, la brasileña Vale salió a intentar aclarar el panorama. Pero lejos de desmentir lo publicado, apenas señaló que "no anunció la suspensión del Proyecto Río Colorado en la Argentina", pero sí que " extendió el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto." En síntesis. No hay señales de que se reanuden las tareas el 4 de febrero, como se preveía, cuando se tomó la decisión de extender las vacaciones pagas a los más de 4.000 trabajadores que trabajan en el yacimiento de potasio en Malargüe, en el sur mendocino.
Ayer arreciaban las versiones sobre el cambio de discurso de Vale. Los rumores más fuertes apuntaban a cierta presión del Gobierno argentino. De hecho, en las últimas horas varias empresas proveedoras del sector minero tomaron contacto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Minería, Alejandro Mayoral, para interiorizarlo de las consecuencias que tendría para el sector la paralización del principal proyecto minero del país, en el que ya se invirtieron unos 2.000 millones de dólares y aún restan volcarse otros 3.900 millones, según los números iniciales que manejó Vale para llevar adelante este emprendimiento.
Cristina en persona anunció la puesta en marcha del proyecto, junto al CEO de Vale, Murilo Ferreira, en julio del año pasado. En ese momento se pensó que se removían las dudas que había despertado en el sector minero la obligación de liquidar en el país los dólares de sus exportaciones.
Pero la disparada del dólar "blue" también desalienta las exportaciones y las inversiones del sector. En el Gobierno sobrevuela la sospecha de que las demoras de Vale en retomar el proyecto son una forma de reclamar una mejora en la ecuación económica.
A la espera de lo que decida Vale también hay otros peso pesado: Skanska, que se encarga de la remoción de suelos, la brasileña Odebrecht y Techint, que están construyendo la mina, Camargo Correa, a cargo del tendido ferroviario. Andrade Gutiérrez (puerto) y Cartellone (tendido eléctrico) A estas compañías se les explicó, dijeron fuentes de Vale, lo mismo que se dijo ayer.
"Receso por tiempo indefinido"
El anunció también sacudió a Mendoza. De hecho ayer los funcionarios del área de Minería del gobierno de Francisco "Paco" Pérez se trasladaron a esa ciudad del sur mendocino para interiorizarse de lo que está pasando en el yacimiento.
Pérez dijo ayer: "Estamos viendo cuando nos reunimos con el CEO de Vale en Argentina". Y explicó que quiere saber cuáles son los elementos y argumentos para detener la obra. "Esto lo vamos a discutir, es un proyecto demasiado importante para Mendoza", se lamentó.
Para el sector un parate sería dramático. Cientos de pymes se equiparon especialmente para convertirse en prestadores de bienes y servicios del proyecto.
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Fecha de Publicación: 28/01/2013
Fuente: No a la Mina - Clarín
Provincia/Región: Mendoza
Un día después de decir oficialmente que se paralizaba hasta nuevo aviso el proyecto minero Río Colorado, en Mendoza, la brasileña Vale salió a intentar aclarar el panorama. Pero lejos de desmentir lo publicado, apenas señaló que "no anunció la suspensión del Proyecto Río Colorado en la Argentina", pero sí que " extendió el receso de fin de año de los trabajadores, mientras analiza las variaciones en los fundamentos económicos de dicho proyecto." En síntesis. No hay señales de que se reanuden las tareas el 4 de febrero, como se preveía, cuando se tomó la decisión de extender las vacaciones pagas a los más de 4.000 trabajadores que trabajan en el yacimiento de potasio en Malargüe, en el sur mendocino.
Ayer arreciaban las versiones sobre el cambio de discurso de Vale. Los rumores más fuertes apuntaban a cierta presión del Gobierno argentino. De hecho, en las últimas horas varias empresas proveedoras del sector minero tomaron contacto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Minería, Alejandro Mayoral, para interiorizarlo de las consecuencias que tendría para el sector la paralización del principal proyecto minero del país, en el que ya se invirtieron unos 2.000 millones de dólares y aún restan volcarse otros 3.900 millones, según los números iniciales que manejó Vale para llevar adelante este emprendimiento.
Cristina en persona anunció la puesta en marcha del proyecto, junto al CEO de Vale, Murilo Ferreira, en julio del año pasado. En ese momento se pensó que se removían las dudas que había despertado en el sector minero la obligación de liquidar en el país los dólares de sus exportaciones.
Pero la disparada del dólar "blue" también desalienta las exportaciones y las inversiones del sector. En el Gobierno sobrevuela la sospecha de que las demoras de Vale en retomar el proyecto son una forma de reclamar una mejora en la ecuación económica.
A la espera de lo que decida Vale también hay otros peso pesado: Skanska, que se encarga de la remoción de suelos, la brasileña Odebrecht y Techint, que están construyendo la mina, Camargo Correa, a cargo del tendido ferroviario. Andrade Gutiérrez (puerto) y Cartellone (tendido eléctrico) A estas compañías se les explicó, dijeron fuentes de Vale, lo mismo que se dijo ayer.
"Receso por tiempo indefinido"
El anunció también sacudió a Mendoza. De hecho ayer los funcionarios del área de Minería del gobierno de Francisco "Paco" Pérez se trasladaron a esa ciudad del sur mendocino para interiorizarse de lo que está pasando en el yacimiento.
Pérez dijo ayer: "Estamos viendo cuando nos reunimos con el CEO de Vale en Argentina". Y explicó que quiere saber cuáles son los elementos y argumentos para detener la obra. "Esto lo vamos a discutir, es un proyecto demasiado importante para Mendoza", se lamentó.
Para el sector un parate sería dramático. Cientos de pymes se equiparon especialmente para convertirse en prestadores de bienes y servicios del proyecto.
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