Desvelan contaminación subterránea tras explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 29/05/2024
Fuente: Opinando San Nicolás
Provincia/Región: Buenos Aires


Un reciente informe oficial ha arrojado luz sobre la preocupante contaminación del agua subterránea luego de la explosión en la planta de Atanor. La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ha confirmado la presencia de atrazina y sus derivados en el Acuífero Puelche, una fuente vital de suministro de agua para varias localidades, incluyendo San Nicolás.
La investigación de la ADA, que incluyó análisis de múltiples pozos en la zona circundante a la fábrica de Atanor, reveló la presencia de sustancias químicas peligrosas en todas las muestras tomadas. Estos resultados han generado preocupación entre los vecinos de la zona, quienes ahora exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades.
Este hallazgo llega tras un informe previo de Greenpeace que detectó atrazina en el suelo después del estallido en la planta química. A pesar de los intentos de Atanor por refutar estas afirmaciones, los análisis oficiales confirman la presencia de esta sustancia en el agua subterránea.
El abogado Fabián Maggi, quien está llevando a cabo una causa legal por contaminación contra Atanor, subrayó la importancia de la calidad del agua utilizada en la planta y señaló que las perforaciones alcanzan profundidades que conectan con el Acuífero Puelche.
Ante la gravedad de la situación, los vecinos afectados han presentado una solicitud al Concejo Deliberante local, instando a que se les proporcione agua embotellada como medida preventiva. Gabriel Godoy, uno de los residentes cercanos a la planta, expresó su preocupación por la falta de acción inmediata por parte de las autoridades.
La explosión en la fábrica de Atanor, ocurrida el 20 de marzo, no solo ha provocado la clausura de la planta, sino que también ha desencadenado una crisis de salud pública debido a la contaminación del agua. Los efectos a largo plazo de este incidente continúan siendo motivo de gran preocupación para la comunidad local.
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Luego de 16 años de impunidad, lograron clausurar en Entre Ríos un deposito ilegal de bidones de agroquímicos

Fecha de Publicación: 27/05/2024
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Entre Ríos


Imitando una costumbre sana del gobierno de Córdoba -que publica los operativos y clausuras a depósitos y pulverizadoras por no cumplir con las buenas prácticas agrícolas en la provincia-, las nuevas autoridades de Entre Ríos informaron que se clausuró un estableciendo donde se almacenaban ilegalmente envases de fitosanitarios y que había trabajado con total impunidad durante los últimos 16 años.
“Con una orden judicial, el Gobierno de Entre Ríos concretó este miércoles, en inmediaciones de la ciudad de Aranguren, la clausura de un establecimiento donde se efectuaba el acopio ilegal de envases de fitosanitarios. Durante los últimos 16 años se sucedieron inspecciones en el lugar sin que, hasta ahora, se haga efectiva una sanción, en defensa del ambiente y la salud pública”, transmitió el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia.
El ministro a cargo de ese organismo, Guillermo Willy Bernaudo, dio a entender que esta será una nueva línea de trabajo en la gestión de Rogelio Frigerio. “Trabajamos muy a conciencia para que se comprenda la importancia de dar a los envases vacíos el destino establecido en los canales formales”, indicó, dando cuenta de que existen en territorio entrerriano Centros de Almacenaniento Transitorio de envases de agroquímicos, armados junto a la Fundación CampoLimpio, “para que los productores accedan a un servicio de calidad, tan sustentable y sostenible”.
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Confirman altos valores de contaminación en San Nicolás tras la explosión en Atanor

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


Greenpeace detectó atrazina en muestras tomadas en el suelo frente a la fábrica y también en viviendas y veredas cercanas a la planta
La organización ambientalista Greenpeace publicó este jueves los resultados de las muestras que un equipo tomó en San Nicolás, en cercanías de la planta de Atanor, tras la explosión de un reactor ocurrida el pasado 20 de marzo. A través de hisopados, la organización ambientalista detectó altas tasas de atrazina, un compuesto tóxico prohibido por la Unión Europea en 2004 y Estados Unidos.
El análisis de las muestras tomadas el 22 de marzo, 48 horas posteriores a la explosión, detectó atrazina en todos los puntos muestreados, en un radio que va desde los 150 a 350 metros de la planta.
Se trata de un compuesto tóxico prohibido en la Unión Europea desde 2004 y restringido en Estados Unidos. Es uno de los herbicidas más utilizados en el país. Se estima que esta sustancia puede permanecer en el ambiente hasta cien días.
Precisamente, las muestras fueron recolectadas de las paredes de las viviendas y de las veredas. También, se realizó un muestreo de suelo frente a la fábrica.

 Liberación de agrotóxicos tras la explosión en Atanor
Activistas de la organización habían visitado las inmediaciones de la planta de Atanor en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de la explosión con liberación de agrotóxicos, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024, para recolectar información y testimonios sobre lo ocurrido.
Estos resultados confirmaron, una vez más, los impactos de la fabricación de atrazina en la comunidad, como vienen denunciando los vecinos desde hace años, y tal como surge de las sentencias judiciales.
 Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta.
“Las historias de la contaminación provocada por Atanor no son recientes. Esta empresa cuenta con reiteradas denuncias de los vecinos desde hace dos décadas, algunas llegaron a la justicia por la contaminación a la que se ven expuestos”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace.
“Atanor continúa con sus actividades pese a una sentencia judicial del año pasado por contaminar y provocar severos daños en la salud de las personas”, amplió.
“Estas nuevas muestras aportan datos concretos de contaminación por atrazina en San Nicolás. Vamos a seguir exponiendo la contaminación y exigiendo que se investiguen las causas y el impacto de la explosión de manera urgente”, agregó Mingo.

Atanor: resultados del análisis de las muestras
Se tomaron muestras en pared y piso de casas vecinas, al exterior de la calle, mediante hisopados.
La primera muestra arrojó 1,555 µg/cm2, mientras que la segunda fue de 1,775 µg/cm2. En tanto, en el segundo lugar se tomaron muestras mediante hisopado en la vereda frente a la planta de Atanor y muestras de suelo también en el mismo punto.
En la tercera muestra, a través de hisopado, los valores arrojaron 11,083 µg/cm2, mientras que en la cuarta el muestreo indicó 481,83 ± 60,27 µg/kg.
Estos resultados indican la mayor concentración en la muestra 3 respecto de las muestras 1 y 2, indicando la cercanía al punto donde se liberó el compuesto y reforzando los resultados de dispersión hacia el barrio donde fueron tomadas las muestras 1 y 2.
Desde Greenpeace señalaron que la muestra de suelo presenta una alta concentración, independientemente de un desvío alto producto de la heterogeneidad de la muestra.

Qué es la atrazina
La atrazina es un herbicida que se comercializa desde la década del 60. Es un compuesto tóxico que se utiliza principalmente para el control de malezas. En Argentina, es uno de los tres plaguicidas más utilizados, pese a que está prohibido en 37 países, incluida la Unión Europea.
El Ministerio de Ambiente nacional analizó en 2021 los impactos del herbicida en el ambiente y la salud y constató "los riesgos inherentes al uso de la atrazina como herbicida".
Cabe aclarar que la exposición humana a este producto químico ocurre por distintas vías y escenarios de exposición y esto puede causar una multiplicidad de efectos dañinos. Este herbicida es moderadamente persistente en suelo y agua (entre 30 y 100 días).
Greenpeace ya había denunciado penalmente a la empresa por contaminación de agua en 1998. En ese momento, Atanor contaba con una planta en Llavallol y se analizaron muestras tomadas del Arroyo Rey (parte de la cuenca Matanza - Riachuelo) mediante las cuales se constató la contaminación con elementos tóxicos.
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Escuelas fumigadas: el Conicet hará un estudio inédito sobre contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 16/04/2024
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Un equipo de investigadoras firmó un convenio con Amsafé para desarrollar el proyecto que busca establecer los daños a la salud entre los trabajadores docentes de contextos rurales
La ruta provincial 18 cruza el corazón del sur agropecuario de la provincia. Son unos 70 kilómetros de asfalto que se extienden desde Rosario hasta la localidad bonaerense de Pergamino. Es también el lugar donde un grupo de investigadoras del Conicet junto a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé, el gremio que agrupa a la docencia de escuelas públicas) desarrollarán una investigación inédita para determinar las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de quienes trabajan en las escuelas.
El proyecto se denomina "Docentes rurales y salud", y abarca a los educadores que trabajan en escuelas del ámbito de la ruralidad, en Rosario, Villa del Plata, El Caramelo, Alvear, Piñero, Álvarez, Coronel Domínguez, Uranga, Acebal, Pavón Arriba, Santa Teresa y Peyrano, las localidades que se extienden a la vera de la ruta 18.
Desde hace tiempo, Amsafé está denunciando las complicaciones a la salud que existen entre los maestros de estos establecimientos, principalmente relacionadas con la fumigación de campos con agroquímicos. "Ahora decidimos hacer un estudio más profundo para acceder a información científica sobre las consecuencias que tiene la contaminación ambiental para la salud de los docentes que trabajan en contextos rurales", explicó Gabriela Meglio, secretaria adjunta de Amsafé Rosario.
Para eso, desde el sindicato están convocando a maestros y profesores que se desempeñan en escuelas rurales para sumarse a la investigación. Pueden participar del estudio personas de entre 25 y 60 años, que no tengan enfermedades crónicas. En forma anónima se les realizará una entrevista y se les tomará una muestra de saliva para analizar.
Meglio destacó que es la primera vez que en la provincia se llevará adelante una investigación de esa magnitud. "La Asamblea de la Ruta 18 realizó análisis del agua que arrojaron presencia de contaminantes en las napas, pero es la primera vez que el tema se enfoca en la salud de los trabajadores de la educación", señaló.
En total, en la provincia hay unas 800 escuelas rurales. En cada establecimiento trabajan entre uno y diez docentes, en función de la cantidad de alumnos y de grados. Más de una vez, desde el gremio denunciaron que las fumigaciones de agrotóxicos llegaban hasta la puerta de las escuelas, incluso cuando alumnos y docentes estaban dando clases. "Ahora queremos contar con información científica sobre las consecuencias que tiene esta actividad", consideró.

La investigación
El trabajo quedará en manos de un equipo interdisciplinario de científicas del Conicet, especializadas en estos temas tanto desde la biología como desde las ciencias sociales, que se presentaron y obtuvieron un subsidio para financiar la investigación.
"Nuestra tarea consiste, por un lado, en analizar muestras genéticas de docentes rurales de la provincia de Santa Fe. Pero también indagar sobre cómo las y los masetros perciben su ambiente de trabajo", detalló Lucía Caisso, especialista en Antropología de la Educación, que lleva tiempo relevando temas relacionados con el ambiente y experiencias educativas en escuelas rurales de nivel primario de la región pampeana.
Concretamente, indicó, se entrevistará a los docentes sobre si se sienten expuestos a contaminantes en su trabajo, su estado de salud y si asocian las enfermedades con su actividad laboral. Después, las biólogas observarán si en las muestras de laboratorio existen aberraciones cromosómicas vinculadas a la contaminación ambiental.
Caisso advirtió que "hay muchos docentes rurales que perciben que desarrollan su tarea en un ambiente contaminado" y apuntó que si bien el problema más estudiado es la contaminación por fumigaciones no es el único. También hay escuelas que están en cercanía de basurales, que suelen incendiarse, o que se abastecen de agua con altos niveles de arsénico.
La investigadora señaló que a nivel mundial existen varios estudios realizados sobre poblaciones expuestas a contaminantes ambientales, sobre todo en relación al impacto entre los trabajadores agrícolas. Pero hasta ahora no se había tomado como objeto de estudio la docencia rural desde una perspectiva de la salud ocupacional.
En Córdoba y Buenos Aires hay antecedentes de investigaciones sobre genotoxicidad, pero en Santa Fe la labor científica se enfocó sobre la contaminación en napas de agua, animales anfibios o se abordaron los riesgos en poblaciones humanas desde una perspectiva epidemiológica.

La resistencia a un modelo
En la década del 90, el país cambio su modelo de producción agropecuaria. El viejo sistema de producción tradicional se transformó completamente a partir de los sistemas de siembra con semillas genéticamente modificadas que necesitan ser tratadas con agroquímicos para el control de plagas, enfermedades de las plantas y malezas, con el objetivo de generar altos rendimientos. El producto más utilizado en los cultivos extensivos de los campos santafesinos es el cuestionado glifosato.
"Es un modelo irresponsable que no repara en los daños que puede ocasionar", apuntó Gustavo Ludueña, vecino de la localidad de Álvarez y referente de la Asamblea de Pueblos Fumigados de la Ruta 18, o “La 18”, como se la llama habitualmente
El grupo comenzó a reunirse hace cinco años para denunciar las consecuencias de la aplicación de "distintos venenos" en los campos de las localidades que se extienden a lo largo del corredor vial. Otras organizaciones llevan más tiempo peleando por el mismo tema, algunas más de una década.
"En la legislatura provincial ya presentamos varios proyectos para alejar las fumigaciones de los pueblos. Pero no hubo avances. Todos los intentos por modificar la ley de productos fitosanitarios (Nº 11.273) se cayeron. En 2019 logramos que una iniciativa tuviera el aval de Diputados, pero como el Senado no abordó el tema, perdió estado parlamentario", señaló.
La ley provincial actual prohíbe la fumigación a 500 metros de los cascos urbanos, pero deja a libertad de municipios y comunas regular sobre los productos considerados de banda verde y azul, en estas categorías se encuentra el glifosato.
Vega reconoce que a nivel municipal hubo intentos para reglamentar su aplicación, "algunos obligados por algún fallo judicial y otros, a partir de la lucha de vecinas y vecinos, avanzaron en modificaciones y de un límite de 0 metro para la aplicación de agroquímicos pasaron a una distancia de 100 a 150 metros, que no son nada pero que de alguna manera sientan precedentes sobre el daño que esos productos imprimen en el ambiente y en la salud de las personas".
Hace tres años, la comunidad educativa de la escuela del paraje El Caramelo, en la localidad de Villa Amelia denunciaron la actividad de un avión mosquito que fumigaba los campos justo cuando los alumnos estaban por terminar el día de clases y sus padres y madres los esperaban en la puerta.
"Allí antes se fumigaba contra el alambrado y actualmente la comuna tiene una ordenanza que prohíbe aplicar agrotóxicos a una distancia menor de 200 metros de establecimientos educativos", recordó Ludueña. En otras comunas, hay aún mucho camino por andar.
Los docentes de escuelas rurales que quieran sumarse a la investigación que indaga sobre las consecuencias de la contaminación ambiental en su lugar de trabajo pueden comunicarse a los teléfonos 341-6-482718 (Gabriela) y 341-3-477485 (Valeria).
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Ley de Agroquímicos: Diputados escucharon a ambientalistas

Fecha de Publicación: 13/04/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


La comisión de Recursos Naturales recibió a referentes ecologistas para enriquecer el proyecto de ley de Agroquímicos, que avanza en su tratamiento.
Se reunió nuevamente la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja para continuar con el debate sobre el proyecto de ley de Agroquímicos, formalmente llamada "Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios".
En el Salón de los Pasos Perdidos continuaron el abordaje del proyecto junto con representantes de organizaciones ambientalistas, quienes dieron a conocer sus opiniones sobre la iniciativa.
El presidente de la comisión, Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), consideró que fue una reunión “muy positiva” con más de 10 oradores. “Como habíamos dicho, cada 15 días convocamos a los diferentes actores de la sociedad civil, fundamentalmente relacionados al ambiente, salud y producción, a los funcionarios y a toda la gente que entienda que tiene algo para aportar”, manifestó.
El legislador indicó que cuando llegue el momento la comisión emitirá el dictamen con el consenso de los diputados. “Tenemos responsabilidad de gobierno y de legislar. Por eso tenemos que avanzar en estándares mucho más modernos en términos ambientales, tener consideración sobre la salud de la población y darle algún tipo de previsibilidad a los productores”, agregó.

Palabra de ambientalistas
Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista de Paraná, una de las entidades que estuvo presente en el encuentro, expresó: “Vinimos a exponer lo que se viene discutiendo hace más de 20 años sobre el modelo de producción y la incidencia que tienen los productos que se utilizan sobre la salud de la población”.
“De acuerdo con lo que ha expresado la Justicia, el Estado debe reglamentar la actividad a través de un rigorismo científico que demuestre que no habrá ningún tipo de consecuencias sobre la salud”, agregó Sasia.
En la anterior reunión, realizada el 26 de marzo, los legisladores escucharon la opinión de especialistas del ámbito de la salud pertenecientes a diferentes organismos vinculados con la temática.
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Diputados reanuda el debate sobre la regulación de agroquímicos en Entre Ríos

Fecha de Publicación: 26/03/2024
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Este martes se tratará la continuidad del proyecto de ley que establece la regulación de la fumigación con agroquímicos. La iniciativa fue presentada durante la gestión de Gustavo Bordet.
El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.
En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.
“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.
“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.

El proyecto
El proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.
A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.
A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros.
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Diputados analizaron en comisión el proyecto de ley de agroquímicos

Fecha de Publicación: 09/03/2024
Fuente: Uno Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos


Diputados abre el micrófono para debatir Ley de Agroquímicos
La Cámara de Diputados convocará a productores, ambientalistas, universidades y otros sectores para opinar sobre la ley que debe regular las fumigaciones.
 Diputados convocarán a representantes de distintos sectores a opinar sobre el proyecto de Buenas Prácticas en el Uso de Agroquímicos, que comenzó a tratarse este miércoles en la primera reunión del año de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara Baja provincial.
La propuesta, que fue presentada por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gustavo Bordet, tiene como objetivo la "protección y conservación de la salud, del ambiente y de la producción agropecuaria", mediante la utilización de "buenas prácticas" en la utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios.
La iniciativa declara que se busca asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas, tanto de origen vegetal como animal, así como la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción.
El diputado Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión, destacó que el expediente tiene estado parlamentario desde 2022 y que se buscará avanzar con la participación de representantes de distintos sectores.
“Fue una reunión informativa, en la propusimos una agenda de trabajo en el marco de la comisión, para convocar a los diferentes sectores a los que le interesa que se apruebe la ley: productores, ambientalistas, gente de la salud, universidades, profesionales, expertos y funcionarios de las diferentes áreas de gobierno”, señaló Rossi.
Por su parte, la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), coincidió: “La idea es consensuar una agenda de trabajo para poder tratar esta iniciativa, así como otros que están en la comisión”.
“Con diferencias que podemos llegar a tener en algunos puntos, sabemos que hay una necesidad de tener una ley. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que, después de tantos intentos fallidos, podamos tenerla esta vez”, manifestó la legisladora.
Finalmente, mencionó que la iniciativa sigue los criterios que resolvió el Poder Judicial y que encomendó legislar a los integrantes de las cámaras parlamentarias.
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CABA: el distrito urbano con mayor omnipresencia de agroquímicos

Fecha de Publicación: 22/02/2024
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Capital Federal


Así lo indican estudios científicos que comprobaron la existencia de glifosato y otros agroquímicos en sangre y orina de habitantes de zonas no rurales del AMBA, que llegarían a través del agua, frutas, verduras, polvo de hogar e, incluso, a través de la lluvia. Qué hay detrás del agronegocio y sus efectos en la salud.
La provincia de Buenos Aires es la principal exportadora de soja para alimentación animal, por lo que la utilización de agrotóxicos en los campos no es novedad. Los plaguicidas como el glifosato, 2.4D o atrazina, y los insecticidas como endosulfán o clorpirifos son altamente tóxicos y desde hace años causan graves daños a la salud de las comunidades cercanas a las cosechas donde se los utilizan.
Algunos de éstos pueden ser cancerígenos, incluso el clorpirifos que a pesar de estar prohibido en Argentina, su adquisición continúa siendo de fácil acceso. La falta de controles férreos a la actividad agrícola nos trae a una nueva problemática: el peligro ya no sólo es rural, la toxicidad llegó a la Ciudad.
Esta situación creciente abre nuevas incógnitas: cuánto perjudica a la salud, qué organismos estatales deberían intervenir o cómo evitar que lleguen a nosotros estos agroquímicos.
Entre los trabajos de investigación que buscan brindar algunas respuestas se destacan dos. Uno de ellos es el Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), que fue lanzado en septiembre de 2020 y trabaja con un consorcio de institutos de investigación de 10 países europeos y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como representante de nuestro país. Tiene como objetivo evaluar el impacto de los agroquímicos en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas.
De igual forma, se creó el Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente), perteneciente a la ONG latinoamericana Democracia en Red, que realizó más de 200 análisis de orina humana durante el primer semestre de 2023.
La finalidad fue medir el nivel de exposición a los agroquímicos en personas de entornos rurales, que estuvieran cerca de campos donde se haga aplicación y en las zonas urbanas del AMBA.
En diálogo con @elargentinodiario, Don Powa, coordinador de este último proyecto, explicó: “El estudio lo hicimos en tres distritos distintos: unos netamente rurales, uno periurbano y uno 100% urbano, que fue en CABA. Medimos en Saladillo, Lobos y Mar Chiquita como el enfoque rural; y en La Matanza con enfoque periurbano porque lo hicimos en un asentamiento que está justo en el borde del partido, que se llama Barrio Nicole, donde de un lado tenés ciudad y del otro lado tenés campo”, detalló.
Contra todo pronóstico, aseguró que se sorprendieron cuando los resultados arrojaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el lugar con mayor positividad de agroquímicos en orina humana: 23%.
«Hacemos testeos con voluntarios y yo mismo fui uno. Vivo en Colegiales y me encontraron 4,5 partes por millón de glifosato en orina, mientras que el piso de detección es 1. Ahora tenemos pruebas concretas de que esta contaminación nos afecta a todos”, explicó.
Aunque los estudios sobre la proveniencia de estos químicos continúan, las personas que dieron positivo en sus estudios declararon tener altos consumos de frutas y verduras, y también de agua de red, embotellada e incluso filtrada.
“La gente de CABA claramente no tiene exposición por vía aérea a esta contaminación, a diferencia de los habitantes de municipios de provincia que sí, ya que están más cerca de las cosechas, aunque faltan estudios para que esto esté 100% probado”, señaló Powa.
Y alertó: “La principal hipótesis de cómo llegan estos agroquímicos a los porteños es a través de las frutas y verduras que entran por el mercado central. Y en Provincia, detectamos agroquímicos en el agua de red de pueblos como Vidal y Mar de Cobos; y en el agua de lluvia de Mar Chiquita, por ende, también en sus napas”.
Argentina vive del agronegocio y es la principal fuente de divisas. Por lo tanto, Don Powa planteó que no sólo es un problema de salud pública y ambiental, sino también “del modelo de generación de divisas a nivel país”: “La proyección es que los mercados internacionales se van a ir cerrando a este tipo de producciones. Esto implica empezar a pensar modelos de transición para la próxima década porque por ahí también se nos va a cortar a nosotros”.

Silenciamiento
En diálogo con este medio, Claudio De Francesco, biólogo, investigador del CONICET y voluntario del Proyecto Sprint, explicó que la participación de Argentina en el mencionado proyecto debería concluir recién en el año 2025, pero finalizó tempranamente por decisión de las autoridades institucionales de INTA.
“Con esta decisión, tomada por Mariano Garmendia, presidente del INTA; y Nacira Muñoz, vicepresidenta, Argentina se aleja de trabajar en las vías de reducción de la exposición a plaguicidas detectada en esta primera etapa del proyecto en forma conjunta con especialistas en neurociencias, medicina, toxicología, políticas públicas, economía, agronomía, veterinaria, entre otras áreas científicas”, detalló De Francesco.
El INTA, en ese marco, prohibió la publicación de los resultados del proyecto aunque igualmente lograron trascender: Argentina duplica o triplica la cantidad de plaguicidas que son utilizados en Europa, según la zona de estudio. Es que, en nuestro país, también se realizan mezclas de químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
Según comentó De Francesco, la justificación del organismo fue que “la investigación en humanos estaba fuera de su ámbito de incumbencia”. No obstante, en el contrato original firmado entre INTA y Sprint se especificaba que se realizarían muestreos en ambiente, animales, plantas y también en humanos, ocupándose de esta actividad específicamente profesionales del área de Salud, como finalmente ocurrió.
Tras este cambio institucional de opinión, el entrevistado adhirió: “También empezaron a decir que nuestros datos eran confidenciales. Sin embargo, los datos eran y son personales. Lo que yo quiera hacer con mis datos como voluntario es responsabilidad mía”.
Por lo expuesto, consideró también que el INTA debe una respuesta: “Cuando llegaron los resultados, que fueron muchos plaguicidas en sangre, orina, materia fecal y en el aire que respiramos, se desentendió de nosotros”.
Y finalizó: “El proyecto Sprint contaba con presupuesto de la Comisión Europea, permitía la interacción profesional de los científicos argentinos con otros, de otras partes del mundo y quedó trunco, dejó un sabor amargo en muchas personas, no solo en los voluntarios, así como muchas preguntas”.

Falta de control y reclamos
El INTA prohibió así que se realizara la segunda etapa de la investigación del Proyecto Sprint que consistía en la explicación de esos resultados y el diseño de caminos para disminuir la exposición a los plaguicidas.
Pero la responsabilidad de la falta de correcto control sobre la utilización de agrotóxicos no debe estar unificada. Mientras que De Francesco señaló que “a pesar de tener una buena Ley Ambiental, falta claridad en las reglas y en la regulación de la producción y comercialización”, Don Powa adhirió que la responsabilidad de diseñar y hacer cumplir “la normativa que regula el manejo, las distancias, las autoridades de control, las recetas electrónicas, la zonificación es de injerencia municipal”.
La autoridad máxima más próxima al domicilio de las personas afectadas, paradójicamente, podría tener la solución.

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Agua con glifosato en La Matanza: la Justicia ordenó entregar bidones de agua potable a una familia fumigada

Fecha de Publicación: 09/01/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


Ante los constantes problemas de salud de sus hijos, una mamá golpeó puertas hasta dar con una toxicóloga que asoció esas dolencias a los agrotóxicos del entorno. Comenzó así una lucha que logró alejar las fumigaciones del Barrio Nicole. Ahora, un nuevo fallo de la Cámara Federal prioriza su derecho al acceso al agua segura.
El último día hábil del año que se fue, la Cámara Federal de San Martín otorgó una medida cautelar que obliga a la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de La Matanza a entregar bidones de agua potable a una familia de Barrio Nicole que lleva años luchando contra los agrotóxicos y sus efectos. Tras conseguir frenar las fumigaciones a su alrededor, el nuevo fallo entiende que los niveles de glifosato detectados en el agua representan un riesgo y que debe respetarse su derecho a acceder a agua segura.
La lucha de Erika Gebel empezó por los problemas de salud de sus hijos. Sarpullidos, erupciones, sangrados de nariz, dolores de cabeza, descomposturas, pérdida de peso, molestias en las articulaciones. En la búsqueda de explicaciones a esos síntomas dio con una toxicóloga que apuntó a los agroquímicos en su entorno. Y el reclamo de una familia se convirtió en el reclamo de todo un barrio, en el municipio que es corazón del territorio bonaerense.
El reciente fallo de la Justicia Federal implica un paso más y hace lugar al pedido de acceso a agua potable planteado por esa familia, que logró reunir pruebas sobre la presencia de glifosato en sus cuerpos y también en el agua de pozo que consumen. Lo que sigue: hacer extensiva la exigencia de bidones a todo el barrio, también afectado por el agua contaminada.

La cuestión del agua y el glifosato
“Si bien la Cámara está resolviendo sobre la cautelar y no el tema de fondo, pone sobre la mesa la cuestión de cuál tiene que ser el valor de seguridad del agua. Lo venimos sosteniendo en causas como Pergamino: se tiene que tomar el valor de referencia de la Unión Europea (UE), que estableció que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar los 0,1 ug/l (microgramos por litro) por cada uno, y si hay varios el cóctel no puede superar los 0,5”, dijo el abogado Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos y representante de la familia demandante.
“El problema es que Código Alimentario, que es la pauta de referencia en Argentina, incluye un par de agrotóxicos pero -salvo dos- los otros fueron prohibidos hace 30 años”, agregó el abogado. El glifosato, sospechado de cancerígeno, no está incluido en ese parámetro. “La Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) trajo como referencia la normativa de Estados Unidos y Canadá, que usan niveles exorbitantes. Lo que decimos es que se tiene que aplicar principio pro homine: el mejor criterio de protección que exista. Porque lo que está en juego es la salud”, remarcó Cabaleiro. Y cuestionó la “complicidad de Acumar”, que hizo el primer informe sobre el agua del Barrio Nicole, en el laboratorio de AYSA, y concluyó que no había glifosato, “pero el sistema que se usó tiene un nivel de detección a partir de los 500 microgramos, lo cual es una barbaridad”. Luego, un estudio de la Universidad de Buenos Aires costeado por la comunidad arrojó la presencia de 2,5 microgramos por litro de glifosato en el agua que consumía la familia en su vivienda.
“En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio, como sustento de ese derecho”, firmaron los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, al revocar la resolución emitida en mayo y ordenar “que se adopten las medidas necesarias para la entrega de agua segura a la familia actora”.

La lucha de una familia
Hace once años, cuando Érika llegó al barrio, le gustaba ver el vehículo que pasaba regando el campo frente a su casa. Porque ella, en un primer momento, creía que eso que arrojaban sobre los cultivos era agua. Pero no. Era un mosquito fumigando plantaciones de soja.
Pasó un tiempo hasta que asoció esa postal con los olores que percibía. Y, luego, con los síntomas en los cuerpos de sus hijos e hijas. Atravesó un largo periplo de tres años hasta que una voz médica le advirtió sobre el riesgo que implicaba para esos cuerpos la exposición a agroquímicos.
“Vine a vivir acá cuando mis hijos tenían 7 y 5 años, y 8 meses. Al toque empezaron los síntomas. Llegué un verano y al mes que habían fumigado yo empecé a ir al hospital. Los primeros síntomas son similares a una alergia. Nadie me dijo ‘señora, es porque vive ahí, se tiene que ir’. Yo no sabía. Vine a vivir al campo creyendo que iba a respirar aire puro”, lamentó, en diálogo con Tiempo.
Según consta en la causa judicial, en 2020 la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez –a cargo de Elda Cargnel- le dijo que los problemas de salud de la familia “podían estar relacionados con la exposición a los agrotóxicos, por lo que se les indicaron análisis de orina sobre presencia de glifosato, que dieron positivo en dos de sus integrantes”.
Al año siguiente, la toxicóloga les recomendó “que no tomen agua de la perforación y que debían mudarse de continuar las fumigaciones con agrotóxicos”. Érika pudo irse a alquilar a otro sitio, pero solo por un tiempo. Después, no le quedó otra que volver y seguir luchando por cuidar el entorno y la salud de su familia. Y en ese camino impulsó la organización de la Asamblea de vecinos envenenados por glifosato en la Matanza y el reclamo comunal.
“Se logró una cautelar sobre mil metros de distancia para las fumigaciones y después que el Consejo Deliberante sacara una resolución por mil metros en toda La Matanza. La ordenanza es del 28 de diciembre de 2022, pero no se publicaba en el Boletín Oficial. Hasta que se hizo una marcha y se planteó el tema y se logró recién en agosto de 2023”, recordó el abogado Cabaleiro. Tras ese logro, faltaba resolver el acceso al agua limpia.
“Esto es una de las victorias para festejar. No es el fin, es apenas el comienzo. Vengo solventando el agua de mi casa hasta para lavarme los dientes. Compro agua mineral, que sale muy cara. No sé cuándo empezarán a llegar los bidones, pero ya deberían estar hace dos años”, planteó la mujer que encabezó esta lucha.
El nuevo fallo fue una buena noticia en ese sentido. Pero queda pendiente no sólo alcanzar el cumplimiento efectivo de la medida sino que también llegue al resto de las vecinas y vecinos afectados por el agua contaminada, algo en lo que trabaja el abogado de Naturaleza de Derechos, junto a una ONG que se presentará en representación de la comunidad.
“Sabemos que si no lo hacemos público, esto queda en el silencio. La labor de nuestra asamblea es alertar a la población de que el agua está contaminada, que hay una ordenanza que limita las fumigaciones, que se debe extender la red de agua potable. Al menos, para que otras personas no digan ‘no sabía’.”, cerró Érika.
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Antes de irse, el extitular del INTA retiró al organismo de un proyecto global para medir el impacto de los agroquímicos en personas y ambiente

Fecha de Publicación: 30/12/2023
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional

Mariano Garmendia dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei. Antes, firmó una resolución que quita a la Argentina de SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea. En octubre, ya había prohibo difundir los resultados de una investigación de una profesional de INTA Balcarce, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa.
El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.
Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.
En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.
De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.
También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.
Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.
“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.
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Amparo ambiental: declaran la inconstitucionalidad de una resolución sobre uso de agroquímicos

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: El Día de Gualeguaychú
Provincia/Región: Entre Ríos


Lo resolvió la justicia entrerriana en relación a un amparo realizado por ciudadanos de la provincia. La resolución cuestionada establecía una distancia de fumigación rechazada por los perjudicados
En el marco del legajo “Rosso, Ximena C/ Haberkorn, César Gabriel, Roskopf, Sonia, Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y Comuna Colonia Ensayo S/ Acción de Amparo Ambiental” (Expte. nº 1869)”, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Mattoras resolvió hacer parcialmente lugar al amparo y consecuentemente decretar la inconstitucionalidad de resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos.
En ese sentido las normas declaradas inconstitucionales son siguientes: resolución N° 47/04, su artículo 2° cuando reza: “Limitar el uso de agroquímicos en lugares próximos a caseríos lindantes a lotes de uso productivo, a una distancia de 50 metros”; y de la resolución N° 49/04, su artículo 1° cuando reza: “Suspender las aplicaciones terrestres en una distancia de seguridad establecida en 50 m. entre el límite del cultivo tratado y el curso de agua permanente”, y su artículo 2° cuando reza: “Si en las proximidades de los lotes a tratar, existieran casas, cursos de agua permanentes o laguna, la aplicación aérea de plaguicidas deberá suspenderse en una distancia de seguridad de 100 m. entre la vivienda y el curso de agua y/o el cultivo”.
Asimismo dispuso que en relación a las distancias para las pulverizaciones con agroquímicos que se efectúen en las adyacencias del lote denominado “Tierra Alta I” ubicado en Colonia Ensayo Departamento Diamante, se apliquen las previsiones ínsitas en los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto 2239/19, computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio. Ello, hasta que “el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión, a través del dictado de la Ley que corresponda…, en un plazo razonable y conforme la naturaleza representativa de la Legislatura, que habilita el debate de distintas fuerzas políticas; y, posibilita la participación de especialistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y sujetos involucrados” – cfr. sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia in re “FORO ECOLOGISTA DE PARANA (3) Y OTRO C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO” Causa N° 24321, del 28/10/19). 2.
La acción de amparo fue presentada con el objeto de que se ordene el cese de una actividad contaminante con impacto directo en el Loteo denominado Tierra Alta, en razón de las fumigaciones terrestres con agrotóxicos que se realizan en las adyacencias de la mencionada zona, lo cual, según un grupo de vecinos, da plena legitimación procesal como actores en términos generales por su calidad de habitantes.
El amparo fue dirigido contra el titular del predio ubicado en la zona lindera a la urbanidad, Cesar Gabriel Haberkon, dato que surge del acta de infracción 009/2023 DGA, con domicilio en Colonia Ensayo zona Rural, Domiciliado en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural, y la Sra. Sonia Roskopf domiciliada en Ruta provincial 11 Km 17, Colonia Ensayo zona Rural y/o quienes se encuentren en posesión, arrendamiento o propiedad cuya heredad se encuentra contigua a las viviendas familiares en la cual habitan los propietarios de las viviendas ubicadas en el Loteo Tierra Alta, en la localidad de Colonia Ensayo, y/o quien/es resulte/en titular/es y/o responsable/es de las explotaciones agrícolas que en ellos se realizan, con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1100 metros contados desde el límite del Loteo.
En la presentación realizada se señala “exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus 2 adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico.
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Don Powa: «Hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires»

Fecha de Publicación: 15/12/2023
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El 21,62% de las personas testeadas en Mar Chiquita tienen glifosato en orina. El dato de Proyecto PIS se suma a evidencias previas sobre agrotóxicos en agua y ambiente en distintos puntos bonaerenses y en CABA. "Se requiere una mirada integral, un enfoque transicional e incorporar la variable de salud pública", alerta el director de Democracia en Red.
Las evidencias se acumulan y comienzan a dialogar entre sí. Distintos estudios prueban la presencia de agrotóxicos en aire, agua, suelo y hasta en el polvo de las casas, así como en sangre, orina y materia fecal. “No es precipitado decir que hay omnipresencia de agroquímicos por distintos vectores en todo Buenos Aires”, planteó Don Powa, director de Democracia en Red, la ONG que encabeza Proyecto PIS (Pesticidas Introducidos Silenciosamente) y analiza la presencia de glifosato y derivados en la orina de hombres y mujeres de distintos distritos bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires.
Powa se refirió a esa “omnipresencia” tras dar a conocer los resultados de PIS en Mar Chiquita: en 21,62% de los testeos de orina realizados allí se detectaron glifosato y su metabolito AMPA. El 88% de quienes dieron positivo no viven en un ámbito rural, cerca de las fumigaciones, sino en el ejido urbano del partido.
Dos meses atrás, había causado revuelo la difusión de datos similares sobre CABA, muy lejos de los pueblos fumigados. De todos los lugares analizados por PIS, Ciudad de Buenos Aires fue el que registró mayor positividad: 9 de las 39 muestras analizadas tenían restos del cuestionado herbicida. Es decir, el 23.08% de los casos.

En todas partes
“Los datos dialogan con los de otros estudios de la zona que ayudan a dar un diagnóstico bastante más integral o sistémico sobre la situación, no es solo nuestra información. Los distintos estudios muestran, en Mar Chiquita y en municipios que la bordean, presencia de agroquímicos en el sistema de agua de red -es tal vez lo más problemático: el agua de canilla tiene gran variedad de agroquímicos-; hay en el aire dentro del ejido urbano, en el agua de lluvia, en las napas subterráneas y están los datos del estudio Sprint, que midió aire, materia fecal, sangre, orina y polvo domiciliario”, enumeró Powa.
El proyecto Sprint dio que hablar por los resultados que arrojó y por las denuncias sobre intentos de silenciar esos resultados. Se trata de un estudio internacional con diez países europeos y la Argentina. La pata local estaba encabezada por la investigadora de Virginia Aparicio, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Pero el Consejo Directivo de esa entidad decidió frenar la difusión de los datos obtenidos. ¿Qué decían? Que en las muestras argentinas hay menos variedad pero más concentración de agrotóxicos que en las europeas. En ese marco, se hallaron trazas de agroquímicos en el 100% de las personas testeadas de Mar Chiquita.
“Se podría redundar con más datos, pero la conclusión de Sprint y la nuestra es la misma: hay omnipresencia de agroquímicos distintos y no hay un único vector. No es que entran porque falta una barrera forestal -que falta-, sino que también entran por agua, si está en la lluvia entran también en las huertas orgánicas. Esto pasa en Mar Chiquita y en una docena de municipios de la zona. Y es una hipótesis para toda la Provincia de Buenos Aires, no es precipitado decirlo”, remarcó Powa.

Glifosato en el cuerpo
Fabiana Sicco tiene 58 años, es arquitecta y vive en Mar de Cobo –localidad del partido de Mar Chiquita- desde hace dos décadas. Fue una de las voluntarias de Proyecto PIS y así supo que tenía glifosato en la orina. “Para mí fue la confirmación de algo que ya me imaginaba. Vivo a 400 metros de la Ruta 11, estamos rodeados por campos y me fumigaron en tres oportunidades”, contó.
Recuerda a la perfección esos tres episodios en los que sintió de forma directa el impacto de las fumigaciones sobre su cuerpo. Las tres veces, en la ruta. “La primera vez fue hace unos nueve años. Venía con mi familia y empezamos a sentir olor a químico. Cerramos las ventanillas, pero el olor era insoportable. Cuando entramos a Mar de Cobo, en el campo estaban fumigando con mosquitos”.
“A partir de la primera fumigación, a los poco meses, me diagnosticaron diabetes de tipo 1, inmunosupresora. Se puede dar en adultos, pero no es tan común. En la última fumigación, yendo a Mar del Plata, me broté y estaba como ahogada. En la salita de Mar de Cobo me pusieron oxígeno pero no me quisieron poner en el certificado médico que esto había sido por la fumigación. Me dijeron que tenían orden de no hacerlo”, relató a Tiempo.
Además de esas aplicaciones sobre los campos que atravesó en forma directa, “cada vez que fumigan a la noche me doy cuenta porque siento dolor en los pulmones, es como si me apretaran los pulmones. Y se ven las luces en el campo cuando fumigan de noche”.
Después de su diagnóstico, Sicco se empezó a enterar de más enfermedades en la zona. “Me crucé con amiga del pueblo con cáncer de esófago, el segundo caso que escuchaba. Es raro en un pueblo chico, de 3000 habitantes. Empecé a relacionar cosas”. A partir de entonces comenzó a militar por el freno a las fumigaciones desde la Asamblea Paremos el Desierto Verde.

En el territorio
En Mar Chiquita rige desde 2020 una ordenanza que establece que no se puede fumigar a menos de 200 metros de escuelas rurales y a 25 de cursos de agua, entre otros parámetros. Previamente, una cautelar había ordenado el freno a las aplicaciones con agroquímicos en un rango mayor, pero el reclamo local indicaba que se incumplía.
En tanto, las organizaciones sociales en territorio lograron reunir abundante evidencia sobre la situación que denuncian. Entre 2021 y 2022, desde Gesta Colectiva –conformado por investigadores del Conicet- analizaron la presencia de agroquímicos en aire, agua de red y de pozo. Nueve de las diez muestras dieron positivo.
Luego, en octubre de este año, se realizó un monitoreo ambiental entre Proyecto PIS y el Centro de alfabetización ecológica Quinta Esencia: se comprobó la presencia de agroquímicos en el agua de red, de lluvia y de pozo en Coronel Vidal, dentro de Mar Chiquita. A esto se sumaron los datos de Proyecto Sprint.
“No tengo una posición de decir ‘agroquímicos sí o no’ de forma binaria. Busco soluciones realistas, posibles. Se requiere una mirada integral sobre el tema. No es una ordenanza o una sola cosa, hace falta un enfoque transicional. Tarde o temprano esto va a cerrar mercados: cuanto antes empecemos los procesos de transición, mejor parados vamos a estar para cuando eso suceda”, planteó Powa. Y resaltó la necesidad de “incorporar la variable de salud pública” al abordaje del tema.
En un contexto sociopolítico donde lo público tambalea, a instancias de la propuesta de Javier Milei para achicar el Estado nacional, el referente de Democracia en Red señala que “lo que tal vez era un problema ahora puede ser una oportunidad. Porque quien mayor poder de policía y ordenamiento territorial tiene son los municipios, luego la Provincia. Y la Nación casi no regula ni ordena. Así que la realidad nacional, si bien puede afectar por generar pautas generales, en términos reales no afecta”.
Además de la difusión de resultados de glifosato en orina en distintos puntos (Lobos, Saladillo, La Matanza, CABA y Mar Chiquita), en el marco de Proyecto PIS lanzaron herramientas para entender y cotejar ordenanzas sobre fumigaciones en cada partido, y un mapa donde ver áreas pobladas, escuelas rurales, cursos de agua y demás aspectos que tanto municipios como productores y habitantes deberían conocer para saber cómo actuar y cuándo reclamar. También diseñaron afiches para que cada comunidad pueda tener a mano un compendio de los datos que necesita ante una fumigación: que el tractor tenga patente, que haya viento en contra, que esté el ingeniero agrónomo, entre otros ítems.
“Estas herramientas deberían servir para que el Municipio controle la ordenanza y la gente sepa desde dónde hacer denuncias. Incorporamos contactos de docentes de escuelas rurales, porque la ordenanza obliga a que avisen al director ante aplicaciones en la zona. También les sirve a los productores. A toda la comunidad, entendiendo a los productores como parte de la comunidad”, concluyó Powa.
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Agroquímicos: El caso que puso límites a las fumigaciones en un municipio bonaerense

Fecha de Publicación: 07/12/2023
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia limitó las fumigaciones por tierra en Pehuajó tras un caso en el que resultó afectada una familia. El HCD deberá sancionar una ordenanza en 90 días.
La Justicia Federal estableció una zona de exclusión para la aplicación terrestre de agroquímicos en la ciudad de Pehuajó- la aérea se encuentra prohibida- y fijó un plazo de 90 días al Concejo Deliberante para que dicte una ordenanza regulatoria. Fue en marco de una medida cautelar solicitada por una fiscal local a raíz de un caso de intoxicación de una familia en la localidad rural de Francismo Madero.
La medida estará vigente durante ese lapso e implica que habrá dos áreas de 300 metros cada una: la más próxima a las zonas pobladas, con una prohibición total de aplicación; la segunda, con productos de baja toxicidad y de baja volatilidad, explicó el sitio judicial Fiscales.org.
Se trata de una disposición tomada por el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, quien hizo lugar a una medida cautelar requerida por la fiscal federal María Cecilia Mc Intosh.
La decisión judicial fue adoptada el 27 de noviembre pasado, luego de una audiencia pública donde el juez recibió diferentes planteos y aportes. Allí participaron las víctimas, las personas que explotan el predio fumigado, los representantes de los ministerios públicos, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Municipalidad de Pehuajó, del Concejo Deliberante, del área de salud, activistas ambientales, propietarios rurales y otros miembros de la comunidad.

Agroquímicos: el caso de una familia intoxicada y la respuesta judicial
En la investigación penal, la fiscal Mc Intosh había solicitado la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres o aéreas, respecto de un campo de aproximadamente 25 hectáreas, situado en la localidad de Francisco Madero.
El caso se había iniciado como consecuencia de la denuncia formulada por el padre de una niña que vive frente al predio fumigado. En el caso se constató que la fumigación repercutió en forma directa en la salud de al menos cuatro personas (entre ellas, dos niños), que, a las pocas horas de ser alcanzadas por las sustancias, se sintieron afectadas a nivel respiratorio y necesitaron la intervención de personal de salud de la Unidad Sanitaria local y del Hospital de Pehuajó.
El pedido de la fiscalía para la suspensión de las fumigaciones se fundó en la defensa del derecho a la salud y al medio ambiente sano, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el derecho a la vida, previsto en los artículos 33, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y en los principios de precaución y prevención, establecidos en el artículo 4 de la Ley 25.675, general del Ambiente.
La fiscalía luego amplió los fundamentos expuestos en la petición cautelar y aportó los antecedentes de un caso similar que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, con intervención del fiscal federal Matías Di Lello.
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Vivir con agroquímicos en el cuerpo: "Representamos lo que la población argentina consume todos los días"

Fecha de Publicación: 16/11/2023
Fuente: Unidiversidad
Provincia/Región: Nacional


Nair de los Ángeles Pereira es una de las 73 personas voluntarias del proyecto internacional Sprint, que busca medir el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la ciudadanía en diferentes países. Contó a Unidiversidad cómo es vivir con plaguicidas en el cuerpo.
“Es hora de acabar con el mito de que los plaguicidas son necesarios para alimentar al mundo. Yo y otras 72 personas somos el ejemplo del peligro que causan”, dijo Nair de los Ángeles Pereira. La bióloga e investigadora del Conicet vive con más de diez sustancias tóxicas en su cuerpo. Esta certeza la tiene luego de conocer los resultados alarmantes de un estudio internacional en el que participó junto a ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. El informe reveló que Argentina tiene los niveles de concentración más altos de agroquímicos en los alimentos, lo que se traduce en sustancias peligrosas para el cuerpo y el ambiente. Todo un dato que a nivel local derivó en un cerco informativo.
En 2017, Nair y toda su familia se mudaron a una casa ubicada en Sierra de los Padres, a menos de mil metros de campos fumigados, en una de las zonas rurales de General Pueyrredón (Buenos Aires), históricamente expuesta a los agroquímicos por ser parte del cinturón frutihortícola.
En noviembre de 2021, mientras cursaba el embarazo de su hija, esta bióloga e investigadora del Conicet, se presentó como voluntaria junto a otras 72 personas para que se tomaran las muestras necesarias en el marco de un estudio a escala internacional llamado "Transición sostenible de protección vegetal: un enfoque de salud global 2020/2025)” (Sprint, por sus siglas en inglés), que inició en 2020 y se desarrollará durante un total de cinco años. Se trata de una iniciativa que evalúa el impacto de los agroquímicos en la vida cotidiana de la gente en diferentes países.
El estudio se encuentra financiado por el Banco Mundial, participan Holanda, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza, República Checa y Argentina, elegida por la Unión Europea por ser uno de los principales países exportadores de soja y otros cultivos para el consumo de su ganado.
En nuestro país, el muestreo en sangre, orina y materia fecal se llevó a cabo a fines del 2021 en distintos lugares del sur de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y los ecosistemas. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es el organismo nacional a cargo del desarrollo y seguimiento del estudio a nivel local, liderado por la doctora Virginia Aparicio.
Entre los resultados que se dieron a conocer se confirmó que las 73 personas analizadas en el país tienen restos de hasta 10 agroquímicos en la sangre, de 6 a 13 en la orina, 18 en la materia fecal y hasta 86 plaguicidas diferentes en el polvo de sus casas.  Entre los venenos detectados está el glifosato. Si bien, estas conclusiones son una muestra de diferentes poblaciones de Buenos Aires, Nair afirmó que son reflejo de lo que pasa en el todo el país.
Muchas de las personas analizadas viven lejos de las fumigaciones, por lo que se considera a estos plaguicidas de carácter “omnipresente”: se encontraron venenos en los alimentos, en el polvo del hogar, en los granos de cultivos, en animales, en alimentos para animales, en suelos y hasta en el agua.
“El día que me entregaron los resultados del estudio me resultó muy alarmante. Si bien sospechaba que algo me estaba sucediendo, en especial por los repetidos tratamientos de fertilidad que tuve que hacer para tener a mi hija, pude corroborar que los plaguicidas que están en mi cuerpo causan justamente impacto directo en el sistema reproductivo”, detalló la bióloga. En junio recibieron los resultados de manera particular, ya que la publicación de los resultados de manera pública fue suspendida por decisión del INTA.
Su preocupación creció aún más por la falta de respuesta por parte del Estado y del INTA, que de hecho intentó tapar las conclusiones obtenidas. “El 6 de junio, el INTA y la doctora Aparicio iban a dar una charla para detallar los resultados, pero fue suspendida. De hecho, (el organismo) prohíbe hasta el día de la fecha que ella hable del proyecto Sprint”, remarcó.
“Por privado se nos ofreció acceder a nuestros análisis personales, pero nadie nos dijo cómo seguir. El gran problema es que además de la cantidad de agroquímicos que nos causan daño de manera individual, no se sabe qué puede causar la mezcla de tantos agrotóxicos, la interacción entre los mismos plaguicidas y sus metabolitos. Por eso, exigimos una explicación: es realmente alarmante que absolutamente todos los que participamos del estudio Sprint tengamos al menos 10 plaguicidas en sangre, manifestó.
Nair recalcó que los 73 voluntarios y voluntarias son una muestra de lo que pasa en el país. "Representamos todo lo que el resto de la población argentina consume todos los días”, dijo y advirtió que: “Para aquellos que podrían pensar que esto me sucede a mí porque estoy en Sierra de los Padres a menos de 1000 metros de campos fumigados, hay que resaltar que la misma cantidad de plaguicidas fueron encontrados en personas que viven en la ciudad de Mar del Plata y en otros sitios de la provincia. La gran preocupación que mantenemos — y por la que exigimos respuesta por parte del Estado— es que esta mezcla de plaguicidas que corroboramos tener en nuestros cuerpos llega a los platos de todos los ciudadanos. Por eso es vital que el INTA continúe siendo parte de este estudio y, además, que nos dé una respuesta certera”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la utilización masiva e inadecuada de algunos insecticidas y herbicidas puede provocar múltiples enfermedades e incluso la muerte. De hecho, el organismo internacional afirma que por intoxicación de pesticidas unas 200.000 personas mueren al año.

Qué dijeron desde el INTA
En los primeros días de octubre, el presidente del INTA Mariano Garmendia reconoció un error inicial por parte de la institución en torno al abordaje del proyecto y planteó que ahora buscará subsanar e involucrar a los ministerios de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires por su peso en materia de salud pública. Según la bióloga, esta fue la primera vez que el organismo se pronunció de manera pública en el marco del Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y la Economía Social que se desarrolló días atrás en Paraná, Entre Ríos.
Nair también contactó en varias oportunidades a representantes del INTA para conocer en qué situación actual se encuentra el organismo y para que pudieran brindar explicaciones, pero desde allí se disculparon por no contar con una respuesta oficial.
El reclamo de los voluntarios y las voluntarias del estudio junto a otras organizaciones socioambientales de la provincia de Buenos Aires inició en junio, cuando de manera paralela a los resultados obtenidos, el organismo estatal “pospuso” la publicación del estudio que tenía previsto para el 21 de ese mes. En este sentido, Nair —como vocera del resto de las personas voluntarias— consideró que el cambio de dirección radical se debe al “peso” que contienen esos indicadores de interés público y a las posibles consecuencias para la industria agropecuaria.

Carta para exigir respuesta
El 23 de septiembre de este año, el conjunto de voluntarios y voluntarias examinadas elevó una carta al Consejo Directivo del INTA. En el documento pidieron que se continúe con su participación en este proyecto de investigación de vital importancia y cuestionaron que “alegar como motivo de suspensión que los estudios realizados exceden la incumbencia del INTA por involucrar a la salud humana (NO-2023-69067079- APN-DN#INTA y RESOL-2023-399-APN-CD#INTA) es un fundamento insuficiente”.
“Por un lado, el proyecto Sprint está formado por un equipo multidisciplinario que incluye a profesionales de la salud de alto reconocimiento nacional e internacional. Por otro lado, el Consejo Directivo como máxima autoridad de INTA puede, de considerarlo necesario, generar estrategias y movilizar recursos humanos del Estado que gestionen las acciones necesarias en el área de la salud para dar continuidad a un proyecto de alto impacto productivo, ambiental y social como Sprint. Además, el acuerdo firmado entre el INTA y el proyecto Sprint (RESOL-2020-477-APN-CD#INTA) especificaba claramente ser aceptado y avalado por el INTA”, expusieron.
Nair resaltó que el pedido de respuesta oficial es para que toda la sociedad se entere de lo que se está consumiendo con los alimentos, lo que se bebe al tomar agua y lo que se respira, ya que los niveles de plaguicidas encontrados en las muestras argentinas fueron muy superiores a los obtenidos en las muestras de la Unión Europea.
En ese contexto, tiene peso el Acuerdo de Escazú que Argentina firmó en 2020. Este establece para América Latina y el Caribe el derecho al acceso a la información ambiental, además de la participación pública en la toma de decisiones.

Los resultados del estudio Sprint en Argentina y Europa
El miércoles 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), que se realizó en Nueva York, se conocieron por primera vez los resultados del proyecto Sprint de forma pública y masiva.
De los resultados compartidos, se supo que en Argentina uno de los agrotóxicos más usados para fumigaciones es herbicida glifosato.
En este sentido, investigadores presentes en la conferencia virtual señalaron —en relación a las muestras de fluidos humanos— que hay presencia de glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) en orina en el 86,1% de los argentinos y las argentinas muestreadas y en el 35,2% de los europeos y las europeas. Al analizar las heces humanas, en tanto, se detectó ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los y las bonaerenses.
Por otro lado, se supo que el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos. Asimismo, que el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo; un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial; rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar, entre otros datos de relevancia.
Más allá de las concentraciones de cada agrotóxico, especialistas señalaron que el principal problema es que tanto en Europa como en Argentina se encontraron varios químicos a la vez, y no hay todavía estudios que muestren qué pasa con esas mixturas. En este sentido, una de las investigaciones que está llevando adelante Sprint es ver qué pasa con las mixturas de agroquímicos en lombrices.
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe convalidó los 1.000 metros libres de agroquímicos en Sastre

Fecha de Publicación: 09/11/2023
Fuente: Diario La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El máximo órgano de Justicia provincial rechazó la queja interpuesta por el municipio y confirmó la protección a los vecinos. La decisión sienta precedente para futuros litigios que podrían impulsar otras comunidades afectadas por las fumigaciones
 La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.
Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.
 La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos
Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.
No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.
De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.
Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales
En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.
También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.
Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.
En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.
Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.
En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.
“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.
La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.
Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.
El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte
El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.
“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.
También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue
En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible
Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.
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