Rusia encontró en la Antártida la mayor reserva de petróleo del mundo: 30 Vaca Muerta juntas

Fecha de Publicación: 16/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Antártida


Un buque informó el hallazgo de reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, equivalente a unas 10 veces la producción total del Mar del Norte en 50 años o 30 formaciones nuequinas.
Según reveló el diario británico The Telegraph, Rusia habría encontrado en aguas británicas de la Antártida las mayores reservas de petróleo de la historia, a pesar de que la explotación de hidrocarburos en la región está estrictamente prohibida, con excepción de actividades científicas autorizadas específicamente.
La información publicada hace tres días da cuenta que los buques de investigación rusos reportaron a Moscú el hallazgo de reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, equivalente a 10 veces la producción total del Mar del Norte en 50 años o 30 Vaca Muerta juntas, teniendo en cuenta que la formación neuquina ostenta reservas por unos 16.000 millones de barriles. Esta información fue presentada con pruebas contundentes la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental, de la Cámara de los Comunes (EAC), del Reino Unido.

Quién encontró petróleo en la Antártida
El hallazgo se produjo tras una serie de estudios realizados por el buque Alexander Karpinsky, operado por Rosgeo, una agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para explotación comercial alrededor del globo.
Constituida en 2011, Rosgeo aglutina a 63 empresas del sector que han descubierto más de 1.000 yacimientos importantes de gas, oro y otros recursos, decenas de ellos, en países de Asia, Europa, África y América Latina.
The Telegraph intentó comunicarse con directivos de Rosgeo, pero no respondieron las consultas.

¿En qué parte de la Antártida encontraron el petróleo?
Se encontró en el Territorio Antártico Británico (BAT, por su siglas en inglés), el más grande y más meridional de los 14 territorios de ultramar del Reino Unido, y el menos hospitalario, ya que el 99% está cubierto de hielo. Sin embargo, en el pasado prehistórico experimentó climas más cálidos, con una vegetación que potencialmente permitió la formación de depósitos de combustibles fósiles.
El BAT se extiende al noroeste desde el Polo Sur, abrazando la Península Antártica y el Mar de Weddell, históricamente conocido por ser el lugar donde se hundió el barco Endurance de Ernest Shackleton y que ahora alberga potencialmente vastas reservas de petróleo y gas.
La mayor parte del Territorio Antártico Británico está sujeta a reclamaciones competitivas de Argentina y Chile, que seguramente se intensificarán si las pruebas sísmicas de Rusia se demuestran mediante perforaciones posteriores, situación que por ahora está en duda. Además, todavía está pendiente el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas que lleva adelante el país en la ONU.
En este marco, la prensa británica recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores cofinancia el Servicio Antártico Británico, que cuenta con cinco estaciones logísticas y de investigación y 250 empleados, con el apoyo de la Royal Navy y el barco de investigación RSS David Attenborough, todos considerados de importancia no sólo para la ciencia según los ingleses, sino también para el mantenimiento de los reclamos del Reino Unido sobre la región y, en particular, sobre el archipiélago argentino.

La polémica que despertó el hallazgo de Rusia
Una de las polémicas que se abren tras el hallazgo es si Rusia y sus aliados son capaces de sostener los compromisos internacionales que protegen a la Antártida.
El Ministro para las Américas del Reino Unido, David Rutley, dijo la semana pasada a la CAO que su departamento había decidido confiar en las garantías rusas de que sólo estaba realizando investigaciones científicas, y agregó: "Rusia ha reafirmado recientemente su compromiso con los elementos clave del tratado".
Pero la CAO decidió cuestionar la gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores de los intereses antárticos del Reino Unido tras conocer informes del Daily Maverick, una revista online sudafricana, que descubrió las actividades de Moscú después de que su barco de investigación atracara en Ciudad del Cabo.
Por este motivo, los expertos encendieron las alertas y advierten que confiar en que Rusia cumpla con sus obligaciones es ingenuo, como lo demuestra su invasión de Ucrania.
Klaus Dodds, profesor de geopolítica en el Royal Holloway College y experto en la Antártida, dijo al diario británico que las actividades de Rusia estaban mucho más cerca de la prospección de petróleo y gas que de la ciencia genuina. “El Tratado Antártico enfrenta nuevos desafíos, sobre todo por parte de Rusia, un actor de mala fe, y de una China cada vez más asertiva", afirmó.
"Rosgeo ha estado participando en estudios sísmicos y otros trabajos topográficos relacionados (…) Las actividades de Rusia deben entenderse como una decisión para socavar las normas asociadas con la investigación de estudios sísmicos y, en última instancia, un precursor de la futura extracción de recursos", completó Dodds.

¿Es posible modificar el Tratado Antártico y permitir la exploración de hidrocarburos?
La Antártida está protegida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe todos los desarrollos minerales o petroleros. En tanto que los intereses del Reino Unido son supervisados por el Ministerio de Asuntos Exteriores inglés, pero que últimamente fueron señalados de ignorar la crisis emergente. Es más, expertos advierten que la guerra con Ucrania y la rivalidad entre China y Estados Unidos son las mayores amenazas para el futuro de la Antártida.
Alan Hemmings, profesor y comandante de la estación británica de investigación antártica durante la Guerra de las Malvinas, admitió que las crecientes tensiones podrían destruir el Tratado que protegió al continente blanco del desarrollo petrolero. El Tratado se revisará en 2048, pero cualquier nación involucrada también puede abandonarlo cuando lo desee.
Hemmings, investigador de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y coautor del Manual sobre la política de la Antártida, añadió: “Nunca habrá un momento sensato para extraer hidrocarburos de la Antártida. Lo que nos hundirá a todos es cualquier intento de explotar los hidrocarburos de la Antártida".
La polémica que surge es que pareciera -según Telegraph- que justamente ese es el foco de las actividades rusas en este momento. "Estamos en medio de tensiones muy serias entre los estados occidentales y Rusia por Ucrania y entre Estados Unidos y China en relación con la hegemonía global", indicó el experto.

¿Qué dijeron las autoridades del Tratado Antártico?
El uruguayo Albert Lluberas Bonaba, secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, con sede en Buenos Aires, dijo que estos temas se discutirían en la conferencia anual de la organización en la India, pero evitó hacer comentarios sobre las tensiones en torno a las actividades de Rusia.
La misión de la Secretaría es ayudar a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) y al Comité para la Protección Ambiental (CEP) en el desempeño de sus funciones, con el objetivo de fortalecer el sistema del Tratado Antártico y garantizar que todas las actividades en la Antártida sean consistentes con los propósitos y principios del Tratado Antártico y su Protocolo sobre Protección Ambiental.
Al mismo tiempo, un vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores británico expresó que el Reino Unido "está plenamente comprometido con el Tratado Antártico y su prohibición de la explotación comercial de minerales" y recordó que "el año pasado todas las Partes del Tratado Antártico reafirmaron su compromiso continuo de trabajar juntos bajo el marco acordado, que reserva la Antártida únicamente para uso científico".

¿Cuándo se vuelven a reunir los miembros del Tratado Antártico?
Ante semejante noticia, es probable que estas cuestiones lleguen a un punto crítico y de debate al fin de mayo, en la reunión anual de signatarios del Tratado Antártico en la India, donde seguramente Rusia será cuestionada por sus presuntos planes para extraer combustibles fósiles.
La 46° Reunión Consultiva del Tratado Antártico (ATCM 46) y la 26° reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente (CEP 26) se realizarán en la ciudad de Kochi, también conocida como Cochín, al suroeste indio en el estado de Kerala, del 20 al 30 de mayo de 2024. Hasta allí llegarán casi 400 delegados, para analizar unos 64 documentos de trabajo, 184 documentos informativos, 19 documentos de la Secretaría y 57 documentos de antecedentes.
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Energía renovable: YPF Luz aumentó la generación verde y avanza con sus nuevos parques eólicos

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional


El brazo eléctrico de la petrolera de bandera, YPF Luz, presentó otro buen balance de sus operaciones del primer trimestre de 2024, en el que se destacó un incremento en la generación de energía renovable y un salto en sus ingresos. Además, la firma anunció los avances de sus nuevos parques eólicos.
La empresa, que tiene un 26% de su capacidad instalada en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), generó un total de 505 GWh de energía verde en el primer trimestre del año. Esto equivale a un salto del 11,2% respecto a los 454 GWh del mismo período del año pasado.
Los datos son oficiales y se desprenden del último reporte oficial de Resultados de la compañía.
Según indicaron, el aumento en la generación se explica por la entrada en operación del parque solar Zonda y por la mejor performance del parque eólico Manantiales Behr. El proyecto chubutense alcanzó un factor de capacidad promedio de 74,74% en marzo, su segunda mejor marca, lo que impulsó la media trimestral a 62,4%.
En cuanto a los ingresos del trimestre, informaron que fueron de 120,3 millones de dólares, lo que equivale a un salto de casi el 10% interanual.  
“Principalmente, la incorporación de los ingresos por ventas de la Central Dock Sud y los correspondientes al parque solar Zonda, durante el segundo trimestre de 2023”, indicaron desde la firma.
Si bien la participación de YPF en el Mater fue del 26% en el primer trimestre del año, a nivel interanual registraron un descenso de casi el 15%. Informaron que la disminución se debe a la entrada en operación de otros proyectos renovables.  
De la mano de los nuevos proyectos eólicos que la empresa tiene en distintos estados de obra, estiman recuperar un 10% de participación en ese mercado.  
El último parque que estrenó la compañía energética fue la granja solar Zonda, al inicio del año pasado. En la actualidad la empresa tiene dos proyectos eólicos en construcción, de los cuales uno tiene Fecha de Operación Comercial (COD) para finales de este año.  
Se trata del parque General Lavalle, que se está construyendo en la provincia de Córdoba, y tendrá una capacidad instalada de 155 MW. Según reportó YPF, el proyecto tiene un 78% de avance de obra y un CapEx estimado de unos 262 millones de dólares. La fecha de puesta en marcha será durante el cuarto trimestre de este año.
Según precisaron, las obras civiles de sitio 1 y 2 finalizaron, y solo quedan pendientes trabajos menores. Además, se avanzó en el montaje electromecánico de la Estación Transformadora y el traslado de los componentes principales de aerogeneradores al sitio alcanzó un avance del 49%.
La obra que tiene en carpeta YPF Luz es el parque eólico Cementos de Avellaneda, que tendrá unos 63 MW de potencia instalada. El CapEx de este desarrollo es menor y rondará los 80 millones de dólares.
Este nuevo proyecto contará con tecnología de Nordex, y tendrá aerogeneradores de 7 MW de potencia nominal.  
Hasta la fecha, se avanzó con los contratos de tecnología y obra que están en marcha y antes de fin de mes comenzarán el inicio de actividades de obra. La inauguración de este proyecto está fijada para el primer semestre de 2026.  
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Ley Bases: “El RIGI es un régimen de ocupación, atenta contra la protección ambiental”

Fecha de Publicación: 15/05/2024
Fuente: Canal Abierto
Provincia/Región: Nacional


Andrés Nápoli, de FARN, desgrana los principales peligros de un mamotreto legal que de ser aprobado amenaza al ambiente y los propios cimientos del federalismo. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sostiene que es absolutamente anticonstitucional.
La denominada Ley Bases, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, da por tierra con gran parte de la legislación existente referida a la protección del ambiente. Contra su posible consolidación como norma en el Senado advierte un amplio colectivo de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales. “Atenta contra la protección ambiental y contradice principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes”, sostienen en una carta enviada al cuerpo legislativo, “socava las bases necesarias para avanzar hacia un horizonte de justicia ambiental y social”.
“El R.I.G.I. es un régimen de ocupación. Atenta contra el artículo 1 de la Constitución que dice que Argentina establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal. Esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”, sostiene Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un estado adentro de un estado
“El RIGI establece una plataforma distinta para aquellos que promuevan inversiones por encima de los 200 millones de dólares hasta los 1.000 millones destinada claramente al sector minero, al sector petrolero y al agropecuario, eventualmente al portuario. Estos grandes inversores no van a tener que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, el más grave de todos diría yo, es que no se les va a poder oponer ni legislación nacional, ni legislación provincial, ni legislación municipal que pueda afectar el desarrollo de esas inversiones. Ahí vienen de la mano, los regímenes de protección ambiental”, explica Nápoli.
“Es crear una legislación y un régimen especial, es como un régimen de ocupación. Lo que pasa es que atenta contra el artículo 1 de la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice que en Argentina se establece un régimen de gobierno republicano, representativo y federal; esto afectaría al federalismo porque las provincias no podrían proponer sus propias normas”.
“Además, hay un elemento que es bastante más gravoso: es que toda ley que se le oponga es de nulidad absoluta. Es una cosa que no se ha visto nunca porque las leyes que sanciona el Congreso de la Nación, por el régimen federal, deben ser adheridas por las provincias, si la provincia no las adhiere no las toma. En este caso se pasa por encima, se salta por encima de la Constitución, por eso muchos constitucionalistas plantean que esta ley es una reforma constitucional encubierta dentro de una ley”, concluye.
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Ambiente y la Federación Argentina de Ingeniería Forestal analizaron el presente y futuro de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 13/05/2024
Fuente: Subsecretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional


En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación a través de su director de Bosques, Octavio Pérez Pardo mantuvo un encuentro con representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con el objetivo de analizar distintas líneas de trabajo de interés común que lleva adelante la dirección. En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico, además de obtener una estadística sistematizada de buenas experiencias que puedan volcarse para futuros planes en el marco de dicha ley.
En relación con la valorización de los bosques, se abordó la posibilidad de incorporar a la Federación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Comisión de Bosques, el Departamento Forestal del INTA y la división de Economía, en un trabajo que determine los impactos ambientales medibles que lleven a un análisis integrado de la importancia de sostener inversiones en materia ambiental, social y económica que se traduzcan en beneficios para generar riqueza, impactos sociales positivos y sostenibilidad ambiental.
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La lucha por el derecho ambiental

Fecha de Publicación: 11/05/2024
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


¿Cómo serán el derecho y la justicia ambiental de los próximos años?
Eso se está decidiendo ahora, por medio de una puja doctrinaria que tiene como contendientes, por un lado, a la corriente “ecologista” y, por el otro, a quienes sostienen la compatibilización entre desarrollo socio-económico y protección ambiental (en adelante, la corriente “compatibilizadora”, cuyas ideas comparto). Para orientarnos, proponemos leer -o releer- el siguiente artículo https://abogados.com.ar/quien-es-quien-en-el-derecho-ambiental-2021/28557
La contienda entre compatibilizadores y ecologistas -que involucra también a la Agenda sobre Empresa y Derechos Humanos (DDHH)- no es académica, ya que se libra en los tribunales, en los procedimientos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en foros internacionales, en las comunidades y en el ciberespacio. La verdadera acción está en ese “territorio”, que funciona como un filtro que detecta la diferencia entre teoría y realidad; entre conocimiento fundamental y conocimiento cosmético; entre nitidez conceptual y exceso de abstracción.
Mientras tanto, en la “biblioteca”, la doctrina “expansiva” (representada por Néstor Cafferatta y sus discípulos) permanece mayoritaria gracias a su reconocida capacidad de producir réplicas casi idénticas de sí misma. Todo paradigma jurídico materializa, en un momento determinado, la idea sociopolítica dominante en la sociedad. La corriente arriba mencionada transita en paralelo con las ideas preferidas durante las últimas décadas por la mayoría de la sociedad argentina, cuyas características son el estado-centrismo, la desconfianza hacia la economía de mercado y la tolerancia al capitalismo clientelar. A falta de una dimensión generalista, la doctrina “expansiva” sostiene un derecho ambiental autorreferencial y cuasi-soberano, que es “mucho más que una especialidad” (1).    
El derecho es una cuestión práctica, no un amontonamiento de ríos de tinta, citas eruditas, notas al pie y frases en latín. Cuando un orden vetusto ya no convence resulta confrontado porque “el derecho es de los que luchan”. Lo que enseña el best seller La Lucha por el Derecho (1872), de Rudolph von Ihering, también se refleja en el presente del Derecho Ambiental argentino. Por eso, tomamos prestado para este trabajo el título elegido por el gran jurista alemán (con las adaptaciones del caso).
Fue a principios de ésta tercera década del siglo XXI cuando el credo “ecologista” -más elemental, pero más discernible- corrió a la doctrina “expansiva” de uno de los extremos del debate ambiental.  Aún prevalente desde el punto de vista cuantitativo, la doctrina “expansiva” hoy marcha por la “avenida del medio”: voluminosa, pero política y emotivamente menos gravitante. Sin perjuicio de lo anterior, “ecologistas” y “expansivos” cultivan importantes vínculos, y comparten la ética de “buenos y malos” que hemos criticado –por autocomplaciente- en otro artículo (2). La única diferencia fundamental que subsiste es que el credo “ecologista” rechaza abiertamente la Teoría del Desarrollo Sostenible y abraza la Teoría del Ecologismo Profundo, que postula “los límites del crecimiento”. Ésa es la última frontera que la doctrina “expansiva” no cruzó… hasta el momento (3).
Como dijimos, la doctrina “compatibilizadora” se ubica en el otro extremo del debate ambiental. Esta valora –no idealiza- la positividad del sector privado, especialmente la de aquel que es más representativo del mercado; así como también la positividad del Estado, pero no de “cualquier” Estado (4). Partiendo de una visión generalista, sostiene la autonomía relativa del derecho ambiental en el marco de la unidad del derecho, entendida ésta como subordinación a los principios constitucionales e interacción (inter-dependencia) con el resto del ordenamiento jurídico (casi siempre desde su posición de normativa de orden público).
Concluida la preeminencia de la doctrina “expansiva” (5), la “lucha por el derecho ambiental” es el enfrentamiento entre “compatibilizadores” y “ecologistas” por imponer el nuevo arquetipo dominante.

Los cuatro principios ordenadores del derecho ambiental
La doctrina “expansiva” desarrolló y la doctrina “ecologista” adoptó -con gran sentido de la oportunidad- una concepción del derecho ambiental que gira exclusivamente alrededor de dos de los principios ordenadores del derecho ambiental que establece la Constitución Nacional (CN): I) el Paradigma Ambiental establecido por los Arts. 41 y 43 de la CN y por la Ley General del Ambiente 25675 (LGA); y II) el Paradigma Social conformado principalmente por el Art. 75, incs. 17 y 23; y el Art. 14 bis, CN; así como por el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), con jerarquía constitucional en los términos del Art. 75, inc. 22, CN); y por el Acuerdo de Escazú sobre Ambiente y DDHH, ratificado por la ley nacional Nº 27566.
¿Es posible que gran parte de lo que se escribió y leímos sobre derecho ambiental durante las últimas dos décadas adolezca de omisiones fundamentales?
La respuesta es “sí”. Al calor de aquel abordaje “bipartito” se escribieron y publicaron innumerables libros, artículos y ponencias, pero lo cierto es que existen otros dos principios ordenadores del derecho ambiental que dicho abordaje subestima (doctrina expansiva) o rechaza (doctrina ecologista), a saber: III) el Paradigma Republicano, articulador de todos los demás, conformado por: a) la constelación de valores que conforman el estado de derecho (Arts. 14, 15, 16, 18, 19, 28, 33 CN); b) la  democracia republicana y representativa (Arts. 1, 5 y 6, CN); c) la inviolabilidad de la propiedad (Art. 17 CN); y d) la supremacía de la Constitución (Art. 31, CN); y IV) el Paradigma del Desarrollo, establecido por: a) el Art. 41 CN, que señala que se debe propender a la “utilización racional” de los recursos naturales; b) el Art. 75, inc. 18 CN, que establece que el Congreso de la Nación proveerá lo conducente a la prosperidad del país, promoverá la industria, el establecimiento de nuevas industrias y las inversiones extranjeras (el Art. 125 CN reconoce potestades similares a las provincias); y c) el Art. 75, inc. 19 CN, que ordena “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo”.
En resumen: el Derecho Ambiental de la Constitución se apoya en estas “cuatro patas de la mesa”: I) El Paradigma Ambiental; II) El Paradigma Social; III) El Paradigma Republicano; y IV) El Paradigma del Desarrollo.
A fuerza de repeticiones y de citas endogámicas, los autores “expansivos” colocaron en la “biblioteca” su noción de un derecho ambiental “de circuito cerrado”, que se apoya en solo dos de las cuatro patas de la mesa. Esa concepción desnivelada influyó a un sector de la doctrina ambiental argentina, que desde entonces deambula alrededor de la “trampa de la especialidad” (6).  La corriente “ecologista” tomó como propia dicha concepción desnivelada y, apalancándose en ella a) postula “prohibir por las dudas”, en lugar de “regular estrictamente”; b) fusiona academia con activismo socio-ambiental; y c) procura arrimar la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados del derecho ambiental a la teoría del ecologismo profundo, para luego utilizarlos como “eslogan” en su activismo político y judicial (de esto último hablaremos en la segunda parte de este artículo) (7).   

¿De qué sorprenderse?
La corriente doctrinaria “compatibilizadora” tiene una concepción nivelada del derecho ambiental, es decir, apoyada sobre los cuatro Principios Ordenadores del Derecho Ambiental que establece la CN. Los autores “compatibilizadores” abogan por la armonización entre ellos y, por lo tanto, sostienen que es necesario “regular estrictamente y prohibir excepcionalmente”. Dicha posición responde a la teoría del desarrollo sostenible que, con sus luces y sus sombras, es la adoptada por nuestra CN; así como por la casi totalidad de las constituciones, los gobiernos y las organizaciones multilaterales del mundo.
El abordaje “bipartito” del derecho ambiental -propuesto por la doctrina “expansiva” y usufructuado por la doctrina “ecologista”- no convenció a la Justicia. Tanto es así, que éste nunca hizo pie más allá de la primera instancia.  
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) reafirmó el Paradigma Republicano en el fallo «Coihue» (2022) (8) y el Paradigma del Desarrollo en los fallos «Salas» y «Telefónica Móviles» (9).  La Justicia hizo lo propio en varios fallos «Post-Escazú» (10). ¿De qué sorprenderse?  La CN conforma un sistema integrado por principios entrelazados entre sí: “La Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema” (11).
Con apenas algo de formación generalista se advierte la gravitación del paradigma republicano y el paradigma del desarrollo en el derecho, la justicia y la política ambiental nacional.  Veamos algunos ejemplos:

A. El Paradigma del Desarrollo -que conlleva tanto la dimensión económica como su intersección con la dimensión social- califica la Sostenibilidad.  Tal como Siano puntualiza en un artículo que merece muchas relecturas: “No hay Desarrollo Sostenible si no hay Desarrollo” (12). En razón de eso, “… no debe buscarse oposición entre medio ambiente y desarrollo, sino complementariedad” (CSJN, Fallo “Salas”).  La CSJN resalta el vínculo del Paradigma del Desarrollo con el principio de equidad intergeneracional (Paradigma Ambiental): “La tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras” (CSJN, Fallo “Salas”).
B. En razón de lo dispuesto por su Art. 31 (Paradigma Republicano), la CN prevalece sobre las normas de rango inferior.  Pero eso no es todo: la CN -junto con todo el “bloque de legalidad” y los principios generales del derecho que constituyen su causa y fundamento- también está por encima de la invocación de cualquier “entidad” (nación, patria, pueblo, sector político, raza, etnia, clase social, deidad, etcétera), o “relato” (religión, ideología, cosmovisión, tradición, agenda particularista; etcétera).  Por ejemplo, si la invocación de la religión mayoritaria o la de una deidad como Viracocha se pusieran en entredicho con el estado de derecho, son esas invocaciones las que deben dar un paso al costado.
C. Con fundamento en la democracia representativa (Paradigma Republicano), ni las audiencias públicas, ni las consultas previas, ni los mecanismos de participación pública tienen ni podrían tener carácter “asambleario” ni legalmente vinculante, ya que las personas que participan no lo hacen en calidad de “representantes del pueblo”.
D. Con fundamento en lo dispuesto en el Art. 75, inc. 19, CN (Paradigma del Desarrollo), el derecho ambiental se vale del progreso científico y tecnológico para reducir el margen de conjeturas.  La “rigurosidad técnica” del derecho ambiental (13) se traduce en la vigencia de un modelo racional de prueba (mediciones, análisis, muestreos, modelos informáticos, estudios técnicos; monitoreos; estándares; etcétera), sin perjuicio del margen de apreciación propio de la sana crítica judicial y de la admisión de que no todo conocimiento es científico.
E. La CSJN reafirmó el derecho de propiedad (Paradigma Republicano) como una institución fundamental para el Derecho Ambiental en el fallo “Coihue”, al que la doctrina mayoritaria dedicó algunos comentarios poco entusiastas. Sin embargo, Esaín rompió filas con efusividad: “Los derechos individuales no deben ser sacrificados sino armonizados con la protección del entorno” … “al nivel más alto, el mensaje de la sentencia de la Corte es que nuestro modelo de desarrollo sostenible no consiente normativas que por proteger el ambiente impidan el desarrollo, las actividades productivas, la propiedad privada” … “el derecho al ambiente tampoco es absoluto, debe coordinarse, armonizarse” (14).
F. Pasado el ímpetu inicial, decayó rápidamente el intento por posicionar al Principio de No Regresión como una suerte de “contenido pétreo” impuesto por el derecho ambiental al resto del orden jurídico. Quedó muy claro que no constituye un impedimento de la variabilidad normativa cuando la misma se justifica en necesidades públicas, en avances técnicos y en el interés general; así como tampoco como un límite a la potestad estatal de preferir tal o cual curso de acción por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En el entendimiento de que el concepto ambiental de “regresión” no puede ser determinado en abstracto, el Principio de No Regresión permanece como el deber de justificar la causa y de desarrollar la motivación de cada ley o acto administrativo de alcance particular o general que modifique la normativa ambiental.

Los ejemplos arriba mencionados no hacen más que confirmar la autonomía relativa del derecho ambiental, al tiempo que desmienten su carácter autárquico y cuasi-soberano, idea cultivada por la doctrina “expansiva” y cosechada por la doctrina “ecologista”.
El difícil equilibrio entre desarrollo socioeconómico y protección ambiental exige que se acentúe el Paradigma Ambiental y el Paradigma Social, pero salvaguardando los demás Principios Ordenadores de la CN.

Conclusiones
En materia de interpretación, la CSJN señala que debe preferirse la que mejor concuerde con todos los principios consagrados por nuestra CN.
La falta de apego al universo de valores que conforman el Paradigma Republicano, la subestimación del Paradigma del Desarrollo y la desvirtuación del Paradigma Social condujeron a nuestro país a la imposibilidad de satisfacer siquiera las necesidades presentes (no hablemos de las de las futuras generaciones). Esto se comprueba en niveles nunca vistos de miseria, indigencia e improductividad: una gigantesca inequidad intergeneracional, una verdadera traición al espíritu del Art. 41, CN (15).
El Paradigma del Desarrollo no es el enemigo sino el aliado de la compasión y de los derechos sociales. La doctrina “compatibilizadora” remarca el Principio N° 5 de la Declaración de Río de 1992: “Erradicar la pobreza como requisito indispensable del Desarrollo Sostenible”. Dicho principio reafirma la línea iniciada por la Conferencia de Estocolmo de 1972, y se ve consagrado como ODS N° 1 (“Fin de la Pobreza”) en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, al tiempo que los ODS N° 8, 9, 10 y 12 lo retroalimentan (16).
Lorenzetti, quien a pesar de su cercanía académica no debe ser confundido con la doctrina “expansiva”, advirtió que el ecologismo “opone dialécticamente desarrollo versus preservación del medio ambiente” (17), a pesar de que -según la CN- no son ni podrían ser valores opuestos.  No en vano la CSJN destaca que “uno de los principios fundamentales en materia interpretativa consiste en lograr la coherencia y mutua compatibilidad de normas de igual jerarquía” (18).
No hay Sostenibilidad sin producción, sin trabajo y sin una cierta prosperidad material.  Sin Desarrollo, no hay equidad intergeneracional.  Sin progreso económico (Art. 75, inc. 19, CN) no hay desarrollo humano ni justicia social.
Dicho esto, el Paradigma del Desarrollo no es lo que fue décadas atrás.  Sin perjuicio de la aplicación del Principio de Progresividad (Art. 4, LGA), el mismo supone hoy la adhesión a la Agenda Climática.  El Paradigma del Desarrollo debe entenderse alineado con el Protocolo de Kyoto (Ley Nac. 25438) y el Acuerdo de París (Ley Nac. 27270), que dieron nuevo contenido al Principio de Sustentabilidad (Art. 4, LGA), y lo encauzan hacia su confluencia con el Paradigma Ambiental.  En la actualidad, el Paradigma del Desarrollo se define internacionalmente como aquel que está en consonancia con la Agenda de Descarbonización.  En nuestro país y en la mayoría del mundo es -a la fecha- una agenda de mercado (19) que se impone progresivamente desde las principales empresas a su cadena de valor; así como también desde el sector bancario, financiero, y asegurador, bajo el compromiso de financiar y asegurar proyectos en la medida de su alineamiento con el Acuerdo de París (20).
La Sostenibilidad se apoya en tres columnas: ambiental, social y económica, principio que se mantiene invariable a lo largo de todos los hitos convencionales que mencionamos.  Decir “ambiental, social y económica”, significa aludir al Paradigma Ambiental, al Paradigma Social y al Paradigma del Desarrollo, todos ellos articulados alrededor del Paradigma Republicano.
La CN y el derecho ambiental internacional son el escollo a vencer por parte del credo “ecologista” si de lo que se trata es de perpetuar el “no crecimiento”.    

Por Horacio J. Franco - Socio de Franco Abogados – Consultores Ambientales www.francoabogados.com.ar  

NOTAS
(1) Cafferatta, Néstor; Cuestiones actuales de Derecho Ambiental (obra colectiva); ED 2007, págs. 9 -11.
(2) Ver Franco, Horacio; Ecosistemas e Inversiones Privadas frente a la Responsabilidad del Estado por omisión; https://abogados.com.ar/ecosistemas-e-inversiones-privadas-frente-a-la-responsabilidad-del-estado-por-omision/32706 – 31/05/2023.
(3) Siano relata el esfuerzo de autores de las corrientes “ecologista” y “expansiva” (a las que llama colectivamente la doctrina “populista”) por “cancelar” el concepto de “Desarrollo Sostenible” mediante el sencillo recurso de borrar dicha terminología constitucional de su narrativa. Ver Título “g” en Siano, Juan M; Los sofismas del populismo ambiental argentino; EL DERECHO; ED-MVDCCCII-9; 09/2023.  Si la doctrina “expansiva” en bloque terminara de atravesar ese límite, su identidad perecería absorbida por el “ecologismo”.
(4) Ver Siano, Juan M. y Franco, Horacio; El Manifiesto Compatibilizador; https://abogados.com.ar/derecho-ambiental-el-manifiesto-compatibilizador/31208 – 08/09/2022.
(5) Analizaremos las causas que explican este fin de ciclo en la segunda parte de este artículo. La preeminencia de la doctrina “expansiva” ocurrió desde fines de 2002, cuando fue sancionada la Ley General del Ambiente 25675 (LGA), hasta aproximadamente 2021, cuando ubicamos -de manera tentativa- el impacto de dos eventos transformadores: A) el ascenso de hitos sociales como la Agenda sobre Empresa y DDHH; la Agenda sobre Pueblos Originarios; y el Acuerdo de Escazú; y B) la consolidación de la Agenda de Descarbonización como hito del mercado.
(6) La «trampa de la especialidad» es un concepto que aplica al pensamiento jurídico que se enfoca tanto en una parcela del conocimiento, que se torna insatisfactorio para gestionar profesionalmente la realidad en toda su amplitud, complejidad y diversidad.  Es mejor no quedar atrapados allí …  El antídoto consiste en constatar la unidad del derecho y tomar conciencia de que la formación generalista es ineludible como plataforma para el desarrollo exitoso de cualquier especialidad.
(7) Los conceptos jurídicos son “indeterminados” cuando están sujetos a interpretación, dado que sus alcances y límites no fueron establecidos de manera precisa.
(8) “Coihue SRL c/ Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”; CSJN 3162/2004 (40-C) / CS1 Originario, 18/11/2021).
(9) Ver Franco, Horacio; La Corte Suprema encarriló el Principio Precautorio Ambiental;  https://abogados.com.ar/la-corte-suprema-encarrilo-el-principio-precautorio-ambiental/30311 – 22/04/2022.
(10) Ver Sanz, Ignacio y Franco, Horacio; Se afirma la interpretación sensata del Acuerdo de Escazú;  https://abogados.com.ar/se-afirma-la-interpretacion-sensata-del-acuerdo-de-escazu/32434 – 14/04/2023.
(11) Linares Quintana, Segundo V.; Reglas para la Interpretación Constitucional; Plus Ultra; 1988; pág. 84.
(12) Ver Siano, Juan Martín; El Desarrollo Humano como objetivo de la Constitución Nacional y fundamento de la eficacia del Derecho Ambiental; EL DERECHO MMXMVI – 646; 19/05/2022.   
(13) Conf. Mosset Iturraspe, Jorge; Daño Ambiental; Tº I; Ed. Rubinzal Culzoni, 1999; pág. 21.
(14) Esaín, José A.; La Corte y los confines del Derecho Ambiental; LL 9/03/2022 pág. 6 y ss.
(15) Según el Observatorio de la Deuda Social (UCA), en diciembre de 2024 la pobreza llegó a 57,4% de la población, el mayor valor en 20 años: casi 27 millones de pobres.
(16) Nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico; Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura; Nº 10: Reducción de las Desigualdades; Nro 12: Producción Responsable y Consumo Responsable.  También se vinculan con el Desarrollo los ODS Nro 2: Hambre Cero, Nº 3: Salud y Bienestar; Nº 4: Educación de Calidad; Nº 6: Agua Limpia y Saneamiento; y Nº 7: Energía Asequible y No Contaminante.
(17) Lorenzetti, Ricardo; Las normas fundamentales de Derecho Privado; Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1995.  Como miembro de la CSJN y como codificador, Lorenzetti contribuyó a frenar las iniciativas más próximas al “ecologismo” que fueron impulsadas por la doctrina “expansiva” (ver Nota al Pie N° 7).
(18) Fallos, 272:107.
(19) A la fecha, sólo en la Unión Europea (UE) y en algunos países (Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá), así como en varios estados de los EEUU (California, Nueva York, Massachusetts, Oregon, Washington), la Agenda de Descarbonización se impone también a través de metas legales obligatorias.
(20) Ver Inglese, José Luis y Franco, Horacio; Net Zero: la versión “hard” de la Sostenibilidad; Gerencia Ambiental; Ed. 295; https://gerencia-ambiental.com/295_abril2023/index.html#page=1 – Nº del 03/2023.
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Casi medio centenar de despidos en Acumar frenan el proceso de transformación del Riachuelo

Fecha de Publicación: 09/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Riachuelo


Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.
Con el modus operandi que caracteriza al mileísmo, el viernes a última hora llegaron casi medio centenar de despidos a trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). En su mayoría, con contratos o pases a planta desde 2020 o con intimaciones a jubilarse por su edad. Este lunes hubo protesta y retención de tareas, con un paro convocado para mañana martes. El ajuste repercute sobre el proceso de saneamiento y políticas ambientales ordenado por la Justicia que en el último tiempo había tenido la grata noticia de la aparición de especies que no se veían hacía años.
Los mensajes enviados desde Recursos Humanos causaron indignación pero no sorpresa. Entre el personal de Acumar ya habían recibido gran cantidad de intimaciones por supuestos incumplimientos en asistencias y horarios. Sobre esa base se concretaron despidos con causa, por lo que no habría indemnizaciones.

Modus operandi
“El viernes a la noche, con el modus operandi que tienen, empezaron a llegar alrededor de 40 despidos y algunas sanciones como suspensiones por determinado tiempo. Pero ya antes de Pascuas empezaron a mandar intimaciones por incumplimientos laborales bastante truchos. Hubo 120 intimaciones en un comienzo, después otras 20 a compañeros ‘jubilables’, luego otras 90 y la semana pasada otro puñado. Las intimaciones eran por supuestas ausencias o cuestiones de horarios, se valieron del registro biométrico y cuando hay home office por ejemplo eso no está. O en áreas territoriales hay planillas remitidas a Recursos Humanos que luego no se cargaban, hay compañeras –sobre todo, mujeres- que estaban dos veces por semana en los barrios relevando población, haciendo tareas de contención, de acompañamiento en huertas, de apoyo escolar. Todo lo que es abordaje social previo y posterior a la relocalización de las familias”, describió un trabajador que fue intimado pero aún no recibió notificación de despido.
Los despidos, alertó, tienen que ver con la reestructuración orquestada por la nueva gestión, a cargo del abogado chaqueño Lucas Figueras, quien ya había pasado por la función pública de la mano de Cambiemos. “Hubo despidos en las áreas de salud –que se encarga del relevamiento sanitario de la población-, de adecuación ambiental, de laboratorio, que desaparece del organigrama con la reestructuración del nuevo presidente”, enumeró el empleado, poco después de la asamblea y el ruidazo realizados para visbilizar el conflicto desde el edificio de Esmeralda 255.

“Ahora peligra todo”
Acumar es el organismo público creado luego del fallo de la Corte Suprema de 2008 en la Causa Mendoza, que obligó al Estado (nacional, provincial y porteño) a avanzar en el saneamiento del río y sus afluentes. Se encarga de coordinar la política ambiental del curso de agua golpeado por largas décadas de contaminación industrial, cloacal y domiciliaria.
El proceso –largo e inconcluso- mostró avances en los últimos años. Lo saben quienes se acercaron al Riachuelo en el último tiempo. “Hemos tenido la posibilidad de navegarlo y no hay olor, se ve fauna y flora, el camino de sirga está avanzado. Antes de 2020 ya no había olor. Falta mucho por hacer, pero es una situación en la que se puede estar en el río. El año pasado hubo audiencia pública por un proyecto de navegabilidad y ahora va a quedar en stand by. Acumar trabaja mucho con cooperativas y se sabe que no les dan plata, eso también va a quedar a la buena de Dios”, describió otro trabajador que prefirió no dar su nombre, por razones obvias.
“La mitad de los trabajadores despedidos están todo el día en territorio. El 9 de abril el presidente tenía que ir al juzgado de Morón a dar un parte del estado de avance de la causa y planteó la restructuración. Quiere trasladar responsabilidades los municipios, algo que va en contra del fallo Mendoza”, advirtió.
Una de las mujeres despedidas llevaba más de una década en Acumar. “En lo que hace a lo que yo me ocupo, relocalización, las familias en situaciones malas de vida la han mejorado sobre todo a partir de 2021, cuando el Ministerio de Vivienda empezó a dar impulso y financiamiento a los municipios para que terminen las obras que estaban iniciadas y paradas. A partir de eso tuvimos mucha actividad y las obras se reactivaron, fue un período de mucho trabajo, cuando antes habían estado detenidas bastante, con el macrismo totalmente detenidas”, recordó.
Y lamentó: “En lo personal, me cortaron el deseo y el estímulo de laburo. Ahora peligra totalmente todo. Se pararon todas las obras. A las familias de la cuenca las va a afectar, porque siempre hay cosas para reparar en las viviendas entregadas y las cooperativas de trabajo no están cobrando. Nadie va a reparar nada”.
En marzo, el portal Letra P publicó que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, tenían en la mira a Figueras por sus demoras para recortar el 45% del personal de Acumar. Finalmente, parece que puso la motosierra en marcha como le pedían.

“Maniobras fraudulentas”
“Este vaciamiento responde a la decisión política de retirar al Estado de tareas que son fundamentales. Es lamentable que acudan a maniobras fraudulentas para despedir personal”, escribió en redes sociales el ex titular de Acumar, Martín Sabbatella. “Nuestra experiencia de gestión en el organismo nos deja en claro que cada trabajador y cada trabajadora cumple con absoluta dignidad sus tareas para lograr cumplimentar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia –agregó- Son trabajadorxs que con sus tareas contribuyen a mejorar la calidad de vida de toda la población de la Cuenca Matanza Riachuelo, con compromiso y dedicación cumplen las misiones del organismo para lograr el saneamiento del río, prevenir futuros daños, y hacer de este territorio un lugar más habitable y con mejor calidad ambiental”.
“Desguazar ACUMAR también implica violar la Ley 26.168 que protege la Cuenca y reconoce a lxs vecinxs el derecho a vivir en un ambiente sano, como indica el artículo 41 de la Constitución Nacional. La motosierra de Milei nos demuestra una vez más que la variable de ajuste son los trabajadores. En ACUMAR no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora”, sostuvo.
Una de las respuestas que recibió Sabbatella fue de una de esas trabajadoras: “La mitad de mis compañeros está intimado por inasistencias injustificadas de forma fraudulenta. Son trabajadores que cumplieron día a día sus tareas. Sin embargo y haciendo una necesaria autocrítica, durante tu gestión hubo funcionarios que ni cargaron nuestros presentismos y nos dejaron a merced de esta nueva gestión que nos acusa y criminaliza tratándonos de ñoquis”.

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Parques Nacionales: Monsanto al gobierno, los privados al poder

Fecha de Publicación: 07/05/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nombró al frente de Conservación de Áreas Protegidas a Leonardo Sarquis, ex CEO de la empresa de agroquímicos. Recortes y ataques a un sector clave para el patrimonio del país.
Los antecedentes de Leonardo Sarquis –primero como gerente del gigante Monsanto y luego como ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal– no parecen ser los mejores argumentos para justificar su desembarco como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN). O sí. “Su designación guarda lógica con el pensamiento nefasto del actual gobierno nacional, pero no deja de sorprender tanta irracionalidad institucional”, se queja el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro. Enseguida aporta la explicación: “Sarquis fue el ideólogo de la Resolución del Veneno, que autorizó las fumigaciones con agrotóxicos a cero metros de las viviendas, las escuelas rurales, los ríos y lagunas. Y también, aunque parezca increíble, de las reservas naturales. Por eso decimos que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas”.
Publicada en el Boletín Oficial del 17 de diciembre de 2018, la Resolución N° 246-MAGP-18 firmada por el entonces ministro Sarquis habilitaba a partir del 1° de enero de 2019 la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”.
En febrero de 2019, luego del repudio unánime de las asambleas de vecinos y organizaciones sociales y ambientalistas, el gobierno de Vidal decidió suspender la resolución por un año. Desde entonces (y ya con Axel Kicillof en funciones) las prórrogas de la suspensión se sucedieron, evidenciando la nula voluntad política de derogarla.
“Sarquis es un lobbysta activo del agronegocio, que opera alternando las consultorías privadas y los cargos públicos, promoviendo y consolidando el modelo agroindustrial ecocida. Un genuino caso de puertas giratorias”, lo describe Cabaleiro en Naturaleza.ar, y agrega que “exhibe con auto-exaltaciones su paso como CEO de Monsanto, una empresa atravesada por el daño ambiental ocasionado a través de su paquete tecnológico para su uso en la agricultura, que comprende la utilización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) asociados con agrotóxicos, principalmente el herbicida cancerígeno glifosato”.
Si bien se espera por un anuncio oficial, desde hace unos días Sarquis se pasea por las oficinas de Parques Nacionales. “Con la asunción del nuevo gobierno –explica una fuente– hay un caos total en el sistema de cargos de los organismos públicos. En el caso de Parques Nacionales se sabe que lo quieren desmantelar y por eso hay direcciones que todavía no tienen nombramientos. Pero mientras tanto se necesita que sigan funcionando operativamente, que alguien firme y por eso lo trajeron a Sarquis”.

Sin protección
En junio de 2022, la por entonces candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, fue la única diputada que votó en contra de la creación de nuevos Parques Nacionales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, justificó luego en sus redes sociales. Sin darse cuenta sembró las primeras pistas de lo que sería una política de Estado en su gobierno: el desinterés por la preservación de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los cálculos de los propios trabajadores de Parques Nacionales, la intención de las nuevas autoridades es llegar a diciembre de 2024 con un recorte del 50% del personal. La motosierra ya se había prendido a fines de marzo, cuando no se le renovaron contratos a unos 80 trabajadores entre profesionales, técnicos y administrativos. El Parque Nacional Lanín, en Neuquén, fue el que sufrió las mayores bajas, lo que motivó una serie de protestas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de San Martín de Los Andes.
Argentina tiene 55 áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural y cultural del país. La conservación hoy está en peligro. También son una fuente turística, aunque el gobierno no se muestra preocupado por promover las visitas: el lunes 13 de mayo las entradas a los Parques Nacionales aumentarán un 400 por ciento.
«Iniciaremos una auditoría que revele a todos los argentinos en qué estado encontramos los parques en aspectos ambientales, sociales, económicos, el desarrollo turístico y la relación con las comunidades originarias», prometió Cristian Larsen al asumir como presidente de la APN hace un mes atrás. Al igual que con las universidades, la excusa de las «auditorías» para tapar el ajuste. Para cumplir con el propósito encomendado por Javier Milei, Larsen debió pedir licencia como miembro del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) en representación del PRO.
Pero la designación de Larsen causó rechazo entre los trabajadores de la Televisión Pública por considerarlo “el brazo ejecutor de las políticas de Hernán Lombardi de rebaja salarial, violación de convenios y censura en TVP y Radio Nacional durante el macrismo”. Además, señalaron que “cuando ostentó el cargo de auditor interno entre 2017 y 2019 se denunciaron numerosas irregularidades que deben ser investigadas”. Sobre su rol de auditor interno de RTA, la Oficina Anticorrupción “dio cuenta de irregularidades», como fue «una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”. La “mancha” en el legajo de Larsen (un apellido que curiosamente portan decenas de trabajadores de Parques Nacionales) no alcanzó a convencerlo de bajar el perfil. En sus redes sociales se lo ve posando con el presidente y su hermana Karina, celebrando el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner o militando el cierre de la agencia Télam.  «
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La Argentina pagará caro la inacción en materia ambiental

Fecha de Publicación: 06/05/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Pese a que nuestra economía depende del ambiente, no hay conciencia del valor que supone cuidar los ecosistemas
La Argentina es peculiar. Es el octavo territorio más extenso del mundo, del Trópico de Capricornio a regiones polares. Goza de una diversidad única de climas y ecoregiones: selvas, bosques, desiertos, estepas, cadenas montañosas y extensas llanuras. Integra la quinta cuenca hídrica del planeta. El agua abunda en el 30% del territorio, pero el 70% es árido o semiárido. La Cordillera de los Andes, con sus nieves y glaciares, provee el agua para la población y actividad económica de estas regiones. Posee además un extenso territorio oceánico.
La población es acotada, mal distribuida: el 92% es urbana, concentrada en pocas ciudades, entre ellas la megaurbe del AMBA, donde reside más de la tercera parte de la población del país.
La economía argentina se basa en la producción agropecuaria y derivados. La mayoría de las exportaciones tienen valor agregado bajo a medio. Hoy el valor de las materias primas es una parte cada vez menor del flujo del comercio internacional. Esta situación presiona sobre los ecosistemas del país. Incluyendo al turismo, gran parte de nuestra economía es ambiente dependiente: vendemos clima, agua y suelo. Exportamos riqueza ambiental.
Las sequías que han impactado nuestro país en los últimos 16 años –peor aún la gran sequía 2022-2023– exponen el grado de dependencia y vulnerabilidad socio-económica del modelo basado en una baja diversidad de productos primarios ante perturbaciones ambientales naturales y antropogénicas.
Dado que ambiente y clima son la esencia de nuestra economía, sería razonable pensar que el cuidado del ambiente es prioritario para los ciudadanos y toda la dirigencia. También lo sería la optimización de su uso económico, su puesta en valor para conquistar mercados.
Sin embargo, no es así. El cuidado del ambiente no es relevante para amplios sectores de la ciudadanía, aun sufriendo vulnerabilidades derivadas de la crisis ambiental.
Leyes no faltan. La Constitución de 1994 contempla el derecho al ambiente sano. De ella se desprenden un conjunto de leyes para preservar sistemas naturales. La mayoría fueron fruto de intensos debates, con aportes del sector de I+D. Leyes como la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos y la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares proveen a la preservación de ecosistemas, garantizan la continuidad de sus servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico. Son leyes distinguidas en Estados Unidos y Europa.
Pero lo cierto es que estas leyes no reciben los medios para su aplicación o no se las aplica correctamente o se las ignora.
Existen movimientos ambientalistas, pero varios promueven slogans desvinculados de las realidades de los ecosistemas locales y del conocimiento científico. Algunos son cooptados por ideologías partidarias. En la dirigencia se observa escaso interés en la problemática ambiental. No perciben la relación entre la crisis ambiental y la crisis socioeconómica. Algunos sectores políticos la hacen propia solo para hablar mucho, hacer poco, o encubrir destrucción ambiental.
En suma, la crisis ambiental queda inmersa en múltiples grietas, en el desconocimiento y la indiferencia de nuestra sociedad y la dirigencia público-privada.
Las soluciones para nuestro país exigen conocer la dinámica de los sistemas ambientales, la identificación de los desequilibrios y sus causas. Se necesitan sistemas de monitoreo ambiental y análisis científico propios, cuestiones caprichosamente desfinanciadas o abandonadas.
No siempre fue así. En 1872 Sarmiento aprobó por ley la creación del hoy Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tercera institución de su tipo en el mundo, y las primeras academias nacionales de ciencias. Avellaneda crea el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en 1879. En 1903, el gobierno de Roca apoya la Campaña Antártica Nacional Escocesa y en 1904 establece la primera base antártica permanente del mundo, la Base Orcadas. Roca asienta las bases de lo que luego será el valioso sistema de parques nacionales. Son solo algunos ejemplos.

La crisis ambiental
Los problemas ambientales del país son múltiples. Veamos algunos desde la ciencia. El 30% del territorio sufre degradación de suelos de importante a severa. Tal degradación incluye diversos procesos: pérdida importante de nutrientes, erosión, desertificación. La pérdida de biodiversidad microbiana del suelo, fundamental en el ciclo de nutrientes y la fijación de dióxido de carbono atmosférico (CO2), es importante.
La crisis de los suelos se asocia con cambios en el uso de suelos: falta de gestión, destrucción de bosques y pastizales nativos. La rica biodiversidad de nuestros ecosistemas cae por la expansión sin control de la frontera agropecuaria que destruye ecosistemas sin importar las consecuencias ni siquiera para la misma producción que busca expandirse. Los mecanismos de degradación interactúan y se potencian.
La pérdida de cobertura vegetal y trama de raíces que frenan el impacto de lluvias fuertes y retienen el agua promueve la erosión. Además, acelera el escurrimiento del agua hacia las cuencas hídricas, causando inundaciones más rápidas y frecuentes o procesos de sequía más intensos, según el estado del clima. El lavado de suelos facilita la contaminación de los ríos con los múltiples productos químicos tóxicos de la actividad agraria, industrial o minera.
Ríos y napas sufren la contaminación de aguas por falta de tratamiento adecuado de efluentes urbanos e industriales. Se detectaron psicofármacos en aguas del Paraná. Los stocks de agua se están desregulando por extracción excesiva de agua de napas, derretimiento de glaciares y nieve permanentes por el calentamiento global y eventos meteorológicos y climáticos extremos cada vez más frecuentes.
La generación eléctrica con combustibles fósiles y el cambio en el uso de suelos son las principales causas del cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero moderadas, similares a las de Suecia. Aquí son ineficientes y costosas por fallas sistémicas, por destrucción ambiental. Reducir estas emisiones es necesario. Pero ante cambios climáticos que ya están ocurriendo debe adaptarse la infraestructura, la vivienda, la salud, la producción. Se requiere capacidad propia para evaluar cómo serán los cambios, para diseñar políticas de adaptación eficientes. Sin estas acciones los costos sociales, las pérdidas económicas, productivas y ambientales crecen.

Revertir la tendencia
Podríamos describir otros procesos de la crisis ambiental nacional (contaminación del aire, pesca, humedales, especies foráneas, entre otros) y sus múltiples sinergias negativas. Pero es relevante considerar que también existen procesos para revertir la situación: soluciones productivas de raíz ecosistémica.
Existen técnicas que no solo cuidan el ambiente mediante actividades productivas, sino que las potencian. Productores ya aplican la ganadería regenerativa y silvoganadería en distintos puntos del país. El uso de la fauna autóctona en la industria textil, láctea y cárnica es otro ejemplo. El uso responsable con valor agregado de la biodiversidad en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmética debería desarrollarse. El desarrollo de tecnologías de energía renovables solar, eólica y marina es esencial para el país y genera productos exportables de alto valor agregado. El rol del Estado en cuidado del entorno, certificación de calidad ambiental y desarrollo de conocimientos en favor de toda la sociedad es indeclinable.
Nos debemos un serio debate para revertir esta crisis. El cuidado ambiental es fundamental para proteger y diversificar nuestras producciones, generar empleo, valor agregado y abrir mercados. El desarrollo del conocimiento científico y técnico local es ineludible: universidades, Conicet, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Conae. La transferencia a la sociedad, y en particular a las pymes que no pueden costearlo, es un deber. Las pymes son pilares de la economía. El conocimiento es el otro pilar.
El costo social, económico y ambiental de la inacción es mucho mayor.

Por Pablo O. Canziani
Miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, investigador de la UTN/Conicet y miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la Unesco
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El gobierno cortó el presupuesto para la construcción de la central nuclear Carem y 570 empleados quedaron sin trabajo

Fecha de Publicación: 04/05/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Acusan un desfinanciamiento total de parte del gobierno de Milei y advierten de posibles presiones desde Estados Unidos. Se trataría del primer reactor de potencia diseñado en el país que podría llevar energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo.
El gobierno de Javier Milei asumió con un programa de fuerte ajuste presupuestario en todos los sectores del Estado, aunque sin discriminar algunas áreas de alta importancia estratégica como la nuclear, y eso es lo que se viene sintiendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que este 30 de abril confirmó la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares que estaban muy avanzados y podrían generar no sólo el abastecimiento de energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo, sino que también la exportación de reactores que traerían millones de dólares al país.
En efecto, unos 570 trabajadores, obreros de la construcción, quedaron sin trabajo en la obra que sería la primera central construida íntegramente en Argentina con tecnología de vanguardia. Así lo confirmaron desde dicho organismo a PERFIL. Si bien los proyectos venían sufriendo desfinanciamiento desde gestiones anteriores a la de La Libertad Avanza, en este caso se tornó "totalmente inviable" porque con una inflación de 280% interanual, el gobierno sólo prorrogó el presupuesto de diciembre de 2022 y además congeló los fondos de un fideicomiso que sustenta la vida de estas obras. "Algo parecido a lo que pasó con universidades públicas y Conicet", precisaron.
"Por el ajuste presupuestario se suspendieron los contratos con el servicio de transporte al Centro Atómico Ezeiza y el servicio médico. Lo que imposibilitaba trabajar. Ahora fueron restituidos pero no sabemos hasta cuando", detallaron. El gobierno liberó un fondo que sólo alcanza para cubrir esas cuestiones, entre otras, pero que no cubre las deudas de los proyectos e imposibilita las tareas operativas. Con esos fondos, la CNEA estima que sólo podría llegar hasta el próximo mes de junio.
Estas condiciones impactaron en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el Reactor Argentino Multipropósito RA-10. Luego de conciliaciones obligatorias con la Secretaria de Trabajo de mediadora y meses sin respuesta de algún funcionario del gobierno, se formalizó la desvinculación primero de 69 trabajadores, luego la crisis sumó unos 100 más y la reacción de la UOCRA seccional Zárate a cargo de Julio González, sindicato que aglutinan a los trabajadores involucrados, fue exigir una respuesta concreta y evitar extender una voluntad que ya parecía tomada: suspender las obras. Al finalizar esa reunión, los 570 trabajadores de la obra del CAREM ubicada en Zárate quedaron sin trabajo.
 
La renuncia de la presidenta de la CNEA
Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, vinculada al kirchnerismo, vio venir que la crisis que ya venían sufriendo de las gestiones del macrismo y el albertismo empeoraría con la llegada de Milei y antes del cambio de gobierno presentó su renuncia, aunque no se la aceptaban porque no conseguían un reemplazo que quisiera tomar la tarea de, indirectamente, romper estos grandes proyectos y ganarse el desprestigio entre colegas del ámbito nuclear.
En un escrito dirigido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, precisó las cifras alarmantes del organismo: "A comienzos de año, con el secretario de Energía habíamos quedado en que el crédito que se otorgara se iba a pagar. Eso no fue cierto. Hasta el viernes, no habían pagado absolutamente nada del presupuesto 2024, excepto salarios y becas. Veníamos sobreviviendo porque nos habían pagado una deuda de 2023 (...) Después de eso, nos pagaron 3.000 millones que representan el 11% nada más de todo lo que nos deben".
Serquis agregó que "en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se le había asignado a la CNEA una cuota total para devengar durante todo el primer trimestre de $26.337.326.448, sin considerar los sueldos. A la fecha, sorteando muchos obstáculos presupuestarios, se ha logrado devengar $10.435.166.814 y está devengando otros $8.343.614.745 que suman $18.778.781.559 y configurarán la deuda exigible al momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales por ejecutar toda la cuota de gasto durante todo este primer trimestre del año, no se hicieron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores, con la única excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas".
Asimismo, la carta de Serquis coincide con la mirada de unos 13 gerentes que firmaron el comunicado advirtiendo la situación crítica y la necesidad de fondos inmediata.
 
Argentina, entre China y Estados Unidos: las presiones geopolíticas
La otra variable que acusan desde la CNEA es sin dudas la geopolítica. Por un lado, destacaron que ya desde el gobierno de Alberto Fernández, con presencia del ex secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, la embajada de Estados Unidos había estado presente en las obras. "Antes llegó a haber más de 800 empleados", aseguraron para manifestar que desde ese entonces hubo pequeñas olas de despido de 50 personas.
Vale destacar que CAREM, al ser un proyecto de vanguardia internacional, compite justamente con dos monstruos estadounidenses: Westinghouse y General Electric, empresas de primera línea mundial. "Nuestro proyecto es uno de los mas avanzados porque empezó antes, y además se destaca que es el que menor inversión tiene", argumentaron.
Por otro lado, expresaron que "desde que vino la generala Richardson a la Argentina se cayó más puntualmente el desarrollo de esta obra". En el encuentro que la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, tuvo en Ushuaia con el presidente Javier Milei, se dejó en claro que la principal preocupación era la actividad de la base espacial China en Neuquén. Sin embargo, hay otra gran preocupación que tienen en el Norte para con Argentina, y es el desarrollo de la cuarta central nuclear, Atucha III, donde el gigante asiático tenía interés en financiar, ya que la Argentina es el único país de la región que domina la energía nuclear, y la producción de reactores permitiría la exportación a vecinos. Uno de los compromisos que habría asumido Milei es de monitorear y disolver esas iniciativas también.

Qué son el Carem y el RA10
El Carem es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina, ubicado en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).
“Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar)”, dice, aún, la página oficial del gobierno.
El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar oficialmente en construcción.
Por su parte, el RA-10 es el reactor multipropósito que se desarrollaba en el Centro Atómico de Ezeiza, que permitirá cuadruplicar la producción de radioisótopos de uso médico para estudios médicos. Puede producir silicio dopado por transmutación neutrónica, un producto de alta demanda global para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y ofrecer innumerables servicios para la ciencia y tecnología como la producción, testeado y estudio de materiales.
Este reactor estaba en un 90% realizado y a pocos meses de terminarse. Podría representar un ingreso de dólares que ayudaría, por ejemplo, a la financiación del CAREM.

¿Cuánta plata y tiempo hacen falta?
Una de las pocas voces críticas del CAREM es la de Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear bajo el gobierno de Macri, época en la que los proyectos no estaban bajo la órbita de la empresa estatal Nucleoeléctrica (la cual el gobierno de Milei pretende privatizar) sino de Techint, quien cuestionó todos las barreras que viene afrontando y el tiempo y dinero que se viene gastando. Según su análisis, heredó una obra inicial que devolvió al 70% y en la última época no logró avances.
Desde la CNEA reconocen algunas problemáticas pero aseguran que es "mentira" y que fue la gestión de Serquis, ahora saliente, la que heredó una obra al 30% y que dejó al 70%. En esa línea, advierten que uno de los problemas que sufren es el desfinanciamiento y los despidos. "No es que necesitamos menos, es al revés, necesitamos más personal".
En cuanto al presupuesto, Gadano asegura que hace falta una inversión de 400 millones de dólares para terminar con la obra, mientras que Serquis habla de entre 200 y 300 millones de dólares. "Es mucho dinero, pero cuando vemos que se gastaron 600 millones de dólares en la compra de aviones F-16 entendemos que es una cuestión de elegir prioridades", lamentaron.
"Es importante entender que con estas obras terminadas, los reactores que podríamos exportar podrían ser cada uno por 4 mil millones de dólares, dinero con el cual se podría financiar todo. Incluso está previsto que podríamos capitalizar hasta un 25% de este mercado", concluyeron.
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Organizaciones denuncian los impactos ambientales que tendrá la aprobación de la Ley Bases

Fecha de Publicación: 03/05/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Un comunicado de la Fundación Ambiente y Recurso Naturales (FARN) subraya que el nuevo proyecto de ley considera la regulación ambiental como una molestia. Advierte sobre la reducción de la participación ciudadana y los privilegios otorgados a industrias extractivas.
Este martes la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases. La iniciativa del oficialismo consta de más de 200 artículos y establece la emergencia energética, económica y financiera por un período de un año. Sin embargo, En la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que pese a que este nuevo proyecto no incluye un capítulo específico de desregulación ambiental, sí hay capítulos que plantean un riesgo en la materia. Puntualmente referidos al acceso a la energía, la protección de los bosques y el manejo del fuego.
Entre los derechos socioambientales que se perderían de convertirse en ley la iniciativa, figuran: la posible sustitución de las audiencias públicas para definir proyectos, la creación de un régimen de privilegios en materia tributaria, cambiaria y aduanera, modificaciones en la Ley de Hidrocarburos y la posible cancelación de fondos para políticas ambientales.
En “La amenaza fantasma. Un nuevo proyecto de Ley Ómnibus sin capítulo ambiental”, FARN explica: “Este nuevo proyecto sostiene una concepción en la cual la regulación ambiental es una molestia o incluso un ‘costo’. La disminución de espacios de participación ciudadana, la delegación legislativa en materia de gestión ambiental de hidrocarburos y el otorgamiento de privilegios para las industrias extractivas a través de políticas de fomento económico sin mirada social ni ambiental ponen en riesgos los derechos ambientales delas generaciones presentes y futuras”, detalla el comunicado.
Cuáles son los principales puntos de la nueva ley que afectan al ambiente

1. Audiencias públicas optativas:
El capítulo III del proyecto propone modificar la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Al referirse a las audiencias públicas, que son instancias de participación ciudadana sobre proyectos vinculados al ambiente y el cuidado de los ecosistemas, este procedimiento “podrá ser complementado o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo, técnica o jurídicamente, para el logro de la mejor y más eficiente participación de los interesados y la adopción del acto de que se trate”.
“Esta modificación brindaría a las autoridades una amplia esfera discrecional para decidir si una audiencia pública tendrá lugar o será reemplazada por otro mecanismo alternativo que, fuera de la consulta pública, no está especificado por la ley”, advierte FARN.

2. Modificaciones a la Ley de Hidrocarburos:
El nuevo proyecto de Ley Bases contiene 51 modificaciones, derogaciones o nuevos artículos sobre la Ley de Hidrocarburos (Ley 17.319). “Estos cambios normativos apuntan a liberar las exportaciones y a quitar atribuciones de intervención por parte del Estado Nacional en el mercado para fijar precios y garantizar el abastecimiento energético interno”, explica FARN en el documento.
Además, detallan que el proyecto propende a flexibilizar y agilizar el acceso de las firmas a nuevas concesiones, reduce los controles y la fiscalización estatal, y fija plazos de concesión de 30 años para yacimientos no convencionales y de 35 para las plataformas offshore. Esto último contradice abiertamente los compromisos climáticos asumidos por la Argentina al ratificar el Acuerdo de París.

3. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 161 del proyecto de ley dispone la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este tiene por objetivo atraer inversiones de más de US$200 millones con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
En el último documento publicado por FARN explican: “Ninguno de los artículos específicos del RIGI en la nueva Ley Ómnibus impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental. Tampoco establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
”La desregulación y los beneficios otorgados por el RIGI en materia tributaria, cambiaria y regulatoria promocionan un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador que, a lo largo delos últimos años, tuvo como consecuencia la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y, por ende, la calidad democrática”, subrayan.

4. La posible cancelación de fondos fiduciarios:
El artículo 5 del proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Existe una multiplicidad de fondos fiduciarios, entre los que se encuentran algunos de relevancia para la política ambiental, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Desde FARN explican que estos fondos, junto a otros orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, “son pilares de las políticas ambientales”. Tienen una vital relevancia para la protección de los Bosques Nativos en el sostenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, y para dotar de herramientas presupuestarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
“Entender a estos fondos como meras ‘cajas’ sin reconocer su importancia en términos de protección y cuidado del ambiente es un error que puede traer serias consecuencias para la preservación de los ecosistemas de nuestro país”, advierte FARN en el documento.
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El costo ambiental de UPM: hidrofobia, uso excesivo del agua y contaminación

Fecha de Publicación: 02/05/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos


Las operaciones del gigante mundial de la celulosa, UPM, tienen un efecto directo y comprobado sobre diferentes ecosistemas del Uruguay, muestran varios estudios, los cuales muchas veces son opacados por el efecto económico que tiene esa actividad industrial en el país.
UPM 2, ubicada en Pueblo Centenario y responsable del vertido de un millón de soda caústica al arroyo Sauce, arroja sus efluentes al Río Negro y, desde allí, los mismos llegarán hasta el Rio Uruguay, ya afectado por la contaminación proveniente de UPM Fray Bentos (ex Botnia), afectando la zona de pesquería.
El daño de los desechos que la compañía finlandesa arroja al río –ampliamente denunciado por las ciudades costeras del margen argentino- ya ha provocado afectación en los peces que lo habitan.
De acuerdo a un estudio del grupo de investigación Latitud, los peces expuestos al efluente de UPM Fray Bentos producen la mitad de huevos que lo habitual. Además, los peces macho capturados río abajo de la planta de celulosa tenían atrofia testicular.
Pero los efectos de las operaciones de UPM no solo afectan a las especies nativas, garantía de un ecosistema saludable. También son clave en profundizar una problemática que padece el Uruguay, que tiene que ver con el agua, su disponibilidad y calidad.
UPM 2, la mayor planta de celulosa del mundo, extrae diariamente 129 millones de litros de agua de Río Negro. El año pasado, en medio de la crisis hídrica y cuando el área metropolitana del país no poseía agua potable, las plantas de celulosa no sufrieron ninguna afectación en el suministro de agua.
A ello se suma una nueva alerta: el declarado estado de hidrofobia en los suelos como consecuencia de la excesiva plantación de pinos y eucaliptus para abastecer como materia prima a las dos plantas de la compañía finlandesa.
“Este hecho condiciona, por la acumulación de compuestos orgánicos la no penetración de agua de lluvias a las napas, provocando sequias de las mismas y falta de pasturas para la producción agropecuaria, y el aumento de la escorrentía y la erosión, provocan aguas sin freno que van a cañadas, arroyos y ríos provocando violentas inundaciones”, alertó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en base a un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

El derrame en Pueblo Centenario, el peor accidente químico en la historia
UPM 2 arrojó al arroyo Sauce un millón de soda caústica en un accidente que si bien ocurrió en agosto pasado, tomó estado público en octubre y fue reconocido por la empresa recién un mes después.
Las consecuencias, documentadas por el Ministerio de Ambiente, fueron pérdida de especies vegetales de flora acuática y arraigada, como así también una posible destrucción de microalgas, y la muerte de más de 250 peces.
ONG vecinales y ambientales habían denunciado desde junio pasado filtraciones en las piletas de tratamiento de la planta Paso de los Toros.
Empresa y gobierno dieron por saldada la cuestión con una multa de 182.000 dólares –inicialmente el monto era de u$s 42.000-, considerada irrisoria por los activistas que señalaron que UPM obtiene ganancias diarias por 650.000 dólares.
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Qué alertas despierta sobre el cambio climático en la Argentina un informe internacional

Fecha de Publicación: 30/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Dengue, trastornos neurológicos, diabetes, daño pulmonar, mortalidad por olas de calor, disminución de la mano de obra y pérdida de horas de trabajo, algunas de las incidencias negativas según Lancet Countdown Latinoamérica
Según el informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica, el cambio climático ha demostrado tener en la Argentina consecuencias cuantificables tanto en la salud como en la economía. La población de bajos recursos suele sufrirlas en mayor medida. Desde 2000, las temperaturas medias de verano han ido aumentando 0.04°C por año y los registros de 2022 demuestran que son 1.2°C más elevados que los que la institución utiliza como referencia (1986-2005). Las olas de calor llegaron a generar pérdidas de 300 millones de horas laborales y de US$1.300 millones. Las precipitaciones, cada vez más frecuentes, elevaron el potencial transmisor del dengue un 18% respecto del que tenían en la década ´50.
A pesar de los datos negativos, el estudio rescata a nivel local algunas mejoras: la reducción de emisiones de gases del transporte y de la industria disminuyeron la mortalidad en un 36.9% entre 2005 y 2020. Tanto la Argentina como los demás países de América Latina deberán implementar políticas multidisciplinarias si quieren reducir los efectos que el deterioro medioambiental tiene sobre la población.
Lancet Countdown Latinoamérica es un centro de colaboración independiente y multidisciplinario que realiza desde 2022 el seguimiento de los vínculos entre la salud y el cambio climático en América Latina, una de las regiones con mayores desigualdades sociales. Depende del compromiso de 23 instituciones académicas regionales, de agencias de las Naciones Unidas y de 34 investigadores de todo el mundo. Tres especialistas argentinos participan de la iniciativa; entre ellos Marina Romanell, directora ejecutiva del Lancet Countdown Global, su predecesora a escala mundial desde 2015.
El informe 2023 de Lancet Countdown Latinoamérica resalta la importancia de las políticas climáticas intersectoriales y del fortalecimiento de los sistemas de salud. La adaptabilidad al cambio climático y la necesidad inminente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son otros de los puntos destacados este año. En su segunda edición, contempla además un apartado especial con datos de la Argentina.
“Los informes de Lancet son importantes porque permiten hacer un seguimiento de como los diferentes países avanzan para enfrentar los impactos del cambio climático en la salud”, dijo a LA NACION Stella Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
“El estudio destaca el desafío de abordar la planificación de la salud en relación al cambio climático en el nivel subnacional”, dijo Francisco Chesini, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental y coautor del informe. “La Argentina ha realizado avances en ese sentido en Neuquén, Misiones y Tucumán, gracias a un financiamiento otorgado por el Fondo Verde para el Clima. Fue la primera vez que financió un proyecto del sector salud a nivel mundial”, indicó.

La olas de calor en la economía
Según Lancet Countdown Latinoamérica, en la Argentina las altas temperaturas son uno de los mayores problemas para la salud. Las desigualdades latentes agravan aún más su impacto.
“Cuando las temperaturas son altas, el cuerpo no puede regular bien la pérdida de calor”, dijo a LA NACION Yasna Palmeiro Silva, investigadora y coautora del informe. “Esto deriva en diversos síntomas: dolor de cabeza, desmayos, palpitaciones y calambres. Puede causar daños en los riñones y de otros órganos e incluso la muerte”, sostuvo.
Según el informe, entre 2000 y 2022, las temperaturas medias de verano aumentaron en 0.04°C cada año en la Argentina. Los registros de 2022 superaron en 1.2°C al período de referencia de la institución (1986-2005).
Los adultos mayores de 65 años experimentaron, entre 2013-2022, un 220% más de días de olas de calor que en el período de referencia, según una estimación ponderada de Lancet. En el caso de los menores de un año el aumento es de 187%.
“En el caso de la Argentina, como la población está envejeciendo rápidamente, el riesgo es mayor. La implementación de alertas tempranas por parte de los organismos oficiales y la adecuada preparación puede ayudar a reducir los daños”, sostuvo Palmeiro Silva.
La exposición al calor afecta también a la actividad económica, en la medida que perjudica la salud de los trabajadores, sus empleos y la productividad laboral. Tal como expone Lancet, entre 2013 y 2022, se perdieron en la Argentina 300 millones de horas laborales por la acción de las altas temperaturas, lo que significa un aumento del 116% en comparación con el decenio 1991-2000. Equivale a una merma potencial de ingresos de US$1.300 millones al año, concentrados principalmente en los sectores de construcción y servicios.
El potencial transmisor del dengue es también consecuencia del cambio climático. El aumento del calor provoca mayores precipitaciones y favorece la proliferación de esa infección ocasionada por el mosquito vector aún en áreas nuevas. Entre 2013 y 2022, la capacidad de transmisión de Aedes aegypti en la Argentina aumentó un 18% en comparación con el período 1951-1960.

La presión de los combustibles fósiles
Todo subsidio destinado a los combustibles fósiles implica, para Lacent Latinoamérica, utilizar fondos públicos para financiar emisiones que perjudican la salud. Tal como lo expone en su último informe, la Argentina en 2020 destinó a ese tipo de subsidios US$4.600 millones, monto que equivale a un 10.5% del gasto en salud. “Está por debajo del promedio regional (17%) y por encima de países como Ecuador (8.3%) y Chile (5,6%)”, dijo a LA NACION Oscar Melo, académico del Centro de Cambio Global de Chile y coautor del informe.
“Para lograr una transición rápida y efectiva hacia fuentes de energía más limpias, es crucial que los gobiernos cesen la promoción de la quema de combustibles fósiles a través de subsidios y, en su lugar, redirijan recursos para facilitar una transición saludable hacia la neutralidad de emisiones”, sostiene en el estudio Lancet Latinoamérica.
La baja adopción de energías renovables limpias eleva el riesgo de enfermedades y la mortalidad, y sobrecarga el sistema de salud. Afecciones respiratorias y cardiovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, trastornos neurológicos, problemas de gestación son, según el informe, algunas de las principales dolencias que recaen luego sobre los sistemas sanitarios.
En América Latina, el uso de combustibles sólidos contaminantes para cocinar y calentar es elevado. Además, millones de personas están expuestas a niveles altos de contaminación por PM2.5 (partículas finas menores a 2.5 micrómetros que pueden penetrar los pulmones y afectar la salud).
“Si bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores, baja el material particulado PM2.2″, dijo Hartinger, directora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Como dato positivo, el informe destaca que en la Argentina en 2022 el 99.9% de la población urbana y el 97.8% de la población rural dependía de combustibles limpios para cocinar. Además, la tasa de mortalidad prematura atribuible a PM2.5 derivado de combustibles fósiles disminuyó en un 36.9% entre 2005 y 2020, principalmente por reducción de emisiones del transporte y la industria.
Las políticas públicas desempeñan, según Lancet Latinoamérica, un papel crucial en la construcción de resiliencia frente a las múltiples amenazas climáticas; no solo a nivel nacional, sino también municipal. En ese sentido, el respaldo financiero, es vital para que las ciudades y poblaciones logren una buena adaptación, pero también para que puedan implementar medidas que mitiguen el cambio climático.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Argentina cuenta con planes y estrategias. “El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, publicado en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 146/2023, posee como enfoque transversal la salud”, dijo Camila Mercure responsable del área de política climática de FARN. “También contamos con la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático, aprobada en 2023 bajo la Resolución conjunta Nº 2/2023″. El problema, tal como asegura Mercure, es que si bien varias políticas están definidas, no cuentan todavía con financiamiento.
En América Latina la interrelación de políticas públicas ambientales y sanitarias son fundamentales para lograr progresos interdisciplinarios más contundentes. Dependerán, sin embargo, de que los fondos destinados sean acordes a las necesidades.
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