Dictamen para avanzar en la ley de semillas del agronegocio
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"Los semilleros" cosecharán su propia ley en el Congreso
Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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Fecha de Publicación: 17/11/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo dio ayer el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, el próximo 21 de noviembre en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.
La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El titular de la Comisión de Agricultura, el radical Atilio Benedetti, aseguró que el proyecto fue “el resumen de ideas que surge del mejor saber” y consideró que la derogación de la 20.247 es necesaria para “estar a la altura de los tiempos”. La Multisectorial, por el contrario, denunció que el debate parlamentario fue una “puesta en escena” y que “el proyecto nunca se hizo público”.
Las organizaciones campesinas y académicas resaltaron que la Argentina “reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales”, y cuenta con jurisprudencia específica a partir de un fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial porteña. “Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado sin el debate adecuado”, destacaron.
Benedetti, a su turno, defendió el proyecto que las multinacionales quieren imponer desde 2012, y sostuvo que se trata del “corolario de un centenar de exposiciones (...) con absoluta libertad”. Subrayó que la norma impone “un umbral que salvaguarda todos los pequeños productores de la Argentina, desde los pueblos originarios hasta aquellos cuyo nivel no exceda la categoría micro pyme”.
Dichos argumentos fueron rechazados por la Multisectorial que indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
Además, sus críticos advirtieron que el proyecto podría extinguir el “derecho de uso propio” de los agricultores -en contradicción con la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar- y hace más expeditivo el cobro de regalías “cada vez que un agricultor o agricultora utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, transformando así un derecho de todos en una excepción para quienes estén inscriptos en los registros ad-hoc”.
Los legisladores de la oposición de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación General, por su parte, señalaron que la nueva norma establece "una sola puerta de cobro". El nuevo mecanismo representará "varios cientos de millones para Monsanto-Bayer”, advirtió el legislador Luis Basterra (FpV-PJ), quien lamentó que “no hubo un proyecto sobre el cual opinar”.
Según publicó el Parlamentario.com, los legisladores Juan José Bahillo (Justicialismo), Axel Kicillof (Fpv) y Elda Pertile solicitaron continuar con el debate en comisión para incorporar los reclamos de los sectores de la agricultura familiar y las economías regionales, además de subsanar otras cuestiones, entre ellas, que “el Estado se hará cargo de parte de la patente que se le va a pagar a Monsanto”.
La Multisectorial agregó que la aprobación de la ley habilitaría la persecución contra los productores, como ya está ocurriendo en los países donde se aprobaron legislaciones similares y un “mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica”.
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