Abordaron el extractivismo urbano en la CABA
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Extractivismo urbano
Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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Fecha de Publicación: 06/11/2018
Fuente: Agencia TSS
Provincia/Región: CABA
Agrupaciones barriales, profesionales y académicos debatieron sobre los problemas y desafíos que enfrentan los espacios urbanos y quienes los habitan frente al impacto de la contaminación, el cambio climático y la especulación inmobiliaria, en medio del debate por la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Según un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), existen 4300 barrios populares en todo el país, en los cuales viven alrededor de 5 millones de personas. “La mitad de esos barrios fueron creados en los últimos 20 años, el mismo período de aparición y desarrollo del modelo sojero en nuestro país”, dijo el abogado ambientalista Enrique Viale durante un taller realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que académicos, profesionales y referentes de organizaciones vecinales se reunieron para reflexionar sobre el impacto de la contaminación y el calentamiento global en las desigualdades urbanas y el acceso a la alimentación y la salud de quienes viven en zonas vulnerables.
“En general, se subestima la cuestión ambiental en los países en desarrollo, como si fuera algo secundario, se cree que de eso podríamos encargarnos si fuéramos Noruega o Suecia y que aquí primero tenemos otras urgencias que atender. Pero lo que tenemos es un modelo sojero que expulsó gente del campo a las ciudades y un modelo de desarrollo de ciudad que también expulsa a partir de la especulación inmobiliaria”, agregó Viale y se refirió a lo que denomina “extractivismo urbano”, como un proceso de desplazamiento poblacional y degradación ambiental en áreas urbanas. “Buscan mercantilizar todo, hasta las relaciones sociales, y la idea de llamarlo así es para que se empiecen a unificar las luchas”, dijo el especialista.
“El metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, es un commodity”, sostuvo el arquitecto Gustavo Cañaveral, de UrbanaTV, el canal comunitario ubicado en la Villa 31. Y destacó: “No estamos en contra del desarrollo inmobiliario sino de esa burbuja que no cuenta con que la gente vaya a vivir a las construcciones, sino que las considera como un bien de cambio para grandes inversores. Es importante pensar los procesos de construcción de barrios populares y de desarrollos productivos que generen trabajo, algo que hemos logrado en la Villa 31 y en el barrio Rodrigo Bueno”, ejemplificó.
“Vivimos una situación de contaminación ambiental, entre otros motivos porque las lagunas fueron rellenadas para posibilitar la ampliación e instalación de nuevas empresas. Hay casas que nunca se inundaban y hoy se inundan. Hay pobladores que también contribuyen al relleno de esas lagunas naturales, y si tomamos fotos satelitales de hace 10 años, vemos que hemos ido ganando espacio pero restando el derecho a la salud, porque nos vamos contaminando”, dijo con preocupación Alejandro Martín Álvarez, de Villa Inflamable, en la localidad de Dock Sud, a tan solo cuatro kilómetros del centro porteño. Allí se estima que viven alrededor de 1200 familias. En la zona, hasta el año 2010 había 40 empresas y hoy son 65. “¿Cómo se instalaron? ¿Con qué permisos? ¿Se hicieron estudios de impacto ambiental previos?”, se preguntó Álvarez.
La falta respuestas a esas preguntas y la necesidad de acceder a información fue una de las problemáticas más mencionadas por los vecinos que participaron en el taller. Otro caso lo manifestaron las representates de quienes viven en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, que reclamaron que nadie les haya consultado ni explicado de qué se tratan, cómo funcionan o qué posibilidades y ventajas pueden obtener con los paneles solares que instalaron recientemente en el barrio. “Además, siempre vienen empresas de afuera a arreglarlos, cuando podrían enseñarnos a nosotros cómo repararlos y así también tendríamos una fuente de trabajo”, dijo Mónica Zárate, vecina de la villa.
“Los desastres naturales no tienen nada de naturales, sino que tienen que ver con la forma en que producimos y consumimos. No es casual que se use la dimensión individual para responsabilizar a las víctimas. Por eso, es importante el manejo de la información por parte de las comunidades. Es importante la educación y el acceso a la información para poder decidir, y eso también como responsabilidad del Estado”, sostuvo la especialista en salud pública Natalia Eche Goyemberry, de la Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Claudia Spíndola, del barrio Villa Inflamable, coincidió: “Es cierto que el Estado somos todos, pero la responsabilidad del ambiente es del Gobierno. No le podemos echar la culpa al vecino. Tenemos que mirar al verdadero causante de todo esto, y se necesitan leyes que prohíban y controlen”, afirmó.
Alimentos urbanos y contaminación informativa
“El 75% de las zonas cultivadas en Argentina es de monocultivos. Tenemos la tasa de deforestación mas alta de América Latina, lo que implica una alta concentración de tierras y expulsión de campesinos hacia las ciudades, tanto que el 92% de la población vive en las ciudades, a pesar de que, por cantidad de superficie, el país se encuentra en el octavo lugar del mundo”, dijo Marcos Filardi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA).
Además, el modelo agroindustrial dominante en el país se basa en el uso de agroquímicos. “Se tiran 400 millones de litros de agrotóxicos por año”, sostuvo Filardi y agregó que la cría de ganado y animales de granja también suele realizarse con alimentos transgénicos que han sido fumigados y se tratan con antibióticos que terminan en el suelo y agua y promueven la resistencia bacteriana. “El agua es cada vez más escasa, está concentrada en menos manos y está contaminada ya desde sus origenes en las zonas de megamineria y fracking, después pasa a la zona agraria y sigue por la industrial y fabril hasta que llega a la ciudad. Entonces, ¿qué comemos, cuál es la calidad de los alimentos?”, se preocupa el abogado.
Desde Villa Inflamable, Álvarez también sumó sus inquietudes: “Hay contaminación no solo por lo que ingerimos sino también por lo que respiramos en el aire y hasta el líquido que tragamos cuando nos lavamos. Debería declararse una emergencia de política ambiental”, advirtió.
El taller fue organizado en el marco del Primer Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias, organizado por el Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (CEAPI). “El encuentro se armó junto con una treintena de organizaciones en contraposición al Urban 20, que fue la reunión de alcaldes que coorganizó la alcaldesa de París con la Ciudad de Buenos Aires para nuclear capitales de países del G20 e intentar influir en la agenda de los países con un tinte claramente neoliberal, por lo menos en la mayoría de sus expresiones, y ajeno a la agenda de las organizaciones sociales y pobladores de nuestras ciudades”, dijo Facundo di Filipo, presidente del CEAPI. El taller también coincidió con el debate sobre el Nuevo Código Urbanístico porteño, que ampliaría los límites actuales para la construcción en la ciudad. Di Filipo destacó que dos de los conflictos más importantes a nivel urbanístico en la actualidad son los desalojos que continuamente se desarrollan en La Boca, “un barrio codiciado por el mercado inmobiliario”, y la toma de vecinos de Juárez Celman en Córdoba, “que fue desalojada violentamente dos veces”.
“En la Boca, se trata de hacer desaparecer los conventillos, de sacar a la gente y que sean reemplazados, en vez de que pasen a ser parte de la memoria histórica de nuestra ciudad y la posibilidad de mostrar adónde vivieron los inmigrantes”, ejemplificó Cañaveral. Y concluyó: “En este encuentro, las organizaciones sociales nos juntamos para pensar otro tipo de ciudad frente al modelo neoliberal”.
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