En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
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Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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