Regulación minera con inteciones de ser modificada
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Nación impulsaría una reforma en la regulación minera
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Esquiú
Provincia/Región: Nacional
Implicaría un nuevo acuerdo federal con las provincias y cambios en la ley de Tierras.
De acuerdo a lo que publicó el matutino “El Cronista”, el paquete de reformas que el gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. Sucede que la administración macrista tiene “al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta”. Para el caso, el periódico señala que se trata de “una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de Tierras”.
Como muestra de ello toma un informe de diciembre de la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros.
En el texto se advierte que “el gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.
El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993.
El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1 por ciento que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3 por ciento en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído.
Las provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.
Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.
El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.
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