La justicia federal actuará contra la minera Glencore
El fiscal federal también irá contra la escombrera y ejecutivos de Glencore
Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Solicitará el retiro de los residuos y que el juez investigue a los directivos de la empresa que controla El Pachón.
La cruzada contra la escombrera que la minera chilena Los Pelambres armó en Calingasta sin autorización argentina sumó otro actor de peso. En el marco de la causa penal, el fiscal Federal Francisco Maldonado le pedirá mañana al juez Leopoldo Rago Gallo que ordene que se saquen unas 35 millones de toneladas de rocas depositadas. En sintonía con lo planteado por la provincia, solicitará además que se investiguen a los directivos de la empresa Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran los desechos. No solo eso, ya que también presentará una medida cautelar para que, hasta tanto se haga efectivo el retiro de todo el material, se lleven a cabo medidas para evitar que siga siendo un foco contaminante. Además, le dio el OK a Fiscalía de Estado para que sea parte querellante en el expediente, indicaron fuentes calificadas.
La opinión del fiscal es clave, ya que es el encargado de impulsar la acción penal y marcar algunos lineamientos a seguir en la causa. Es la primera autoridad judicial que pedirá el retiro de la escombrera, ya que antes, el planteo había sido realizado por la provincia y la propia Glencore. Ahora, Rago Gallo deberá tomar la decisión y en el caso de que le haga lugar a lo solicitado, hay quienes sostienen que, con la designación de especialistas, se tendrá que desarrollar un plan para la extracción de la montaña de rocas. Un punto que tendrá que decidir es quién o quiénes deberán hacerlo. Por un lado, está Los Pelambres, que fue quien arrojó los residuos en suelo calingastino del emprendimiento que tiene del lado chileno, entre 2007 y 2012. Y por otro está Glencore, que si es considerada solidariamente responsable, tal como lo plantea San Juan y solicitará Maldonado, no se descarta la posibilidad de que también tenga que compartir dicha tarea. Si bien esta compañía demandó y denunció a la minera chilena, recién lo hizo en 2014 y 2015 respectivamente.
Las fuentes indicaron que el fiscal solicitará el retiro para que cesen los delitos en juego (contaminación y usurpación de suelo y agua) y para preservar el medio ambiente. En ese marco, también considera que los directivos que trabajaron para la firma que tiene el proyecto El Pachón incurrieron en actos de omisión frente a la construcción de la escombrera. Es que la firma es la dueña de la propiedad y como tal, tiene un deber de vigilancia y garante del medio ambiente, inclusive por el accionar de terceros. Y cuando el infractor es una persona jurídica (una empresa), la responsabilidad recae en los directivos, según establece la ley General de Ambiente y la de Residuos Peligrosos. Una vez que estén definidos los ejecutivos que trabajaron en el lapso comprendido entre 2007 y 2012, quedarán en la mira de la Justicia si Rago Gallo así lo decide. Se daría así una situación paradójica, ya que los denunciantes y querellantes podrían perder ese último rol y quedar bajo proceso. Hoy están imputadas las exautoridades de Los Pelambres Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, más el CEO de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, Francisco Veloso.
Todo se aceleró por un informe encargado por el juez federal Rago Gallo, que señala que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas.
El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La pericia desató la movida del gobernador Sergio Uñac, que instruyó al fiscal de Estado a que se haga parte querellante en la causa penal, que pida la ampliación de la investigación contra ejecutivos de Glencore, solicite la remoción de la escombrera y presente una cautelar para que se efectúen acciones de mitigación, cosa que replicó Maldonado.
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Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Solicitará el retiro de los residuos y que el juez investigue a los directivos de la empresa que controla El Pachón.
La cruzada contra la escombrera que la minera chilena Los Pelambres armó en Calingasta sin autorización argentina sumó otro actor de peso. En el marco de la causa penal, el fiscal Federal Francisco Maldonado le pedirá mañana al juez Leopoldo Rago Gallo que ordene que se saquen unas 35 millones de toneladas de rocas depositadas. En sintonía con lo planteado por la provincia, solicitará además que se investiguen a los directivos de la empresa Glencore, ya que la compañía es la titular del terreno donde viene diciendo que explotará el proyecto de cobre El Pachón y permitió que durante años se tiraran los desechos. No solo eso, ya que también presentará una medida cautelar para que, hasta tanto se haga efectivo el retiro de todo el material, se lleven a cabo medidas para evitar que siga siendo un foco contaminante. Además, le dio el OK a Fiscalía de Estado para que sea parte querellante en el expediente, indicaron fuentes calificadas.
La opinión del fiscal es clave, ya que es el encargado de impulsar la acción penal y marcar algunos lineamientos a seguir en la causa. Es la primera autoridad judicial que pedirá el retiro de la escombrera, ya que antes, el planteo había sido realizado por la provincia y la propia Glencore. Ahora, Rago Gallo deberá tomar la decisión y en el caso de que le haga lugar a lo solicitado, hay quienes sostienen que, con la designación de especialistas, se tendrá que desarrollar un plan para la extracción de la montaña de rocas. Un punto que tendrá que decidir es quién o quiénes deberán hacerlo. Por un lado, está Los Pelambres, que fue quien arrojó los residuos en suelo calingastino del emprendimiento que tiene del lado chileno, entre 2007 y 2012. Y por otro está Glencore, que si es considerada solidariamente responsable, tal como lo plantea San Juan y solicitará Maldonado, no se descarta la posibilidad de que también tenga que compartir dicha tarea. Si bien esta compañía demandó y denunció a la minera chilena, recién lo hizo en 2014 y 2015 respectivamente.
Las fuentes indicaron que el fiscal solicitará el retiro para que cesen los delitos en juego (contaminación y usurpación de suelo y agua) y para preservar el medio ambiente. En ese marco, también considera que los directivos que trabajaron para la firma que tiene el proyecto El Pachón incurrieron en actos de omisión frente a la construcción de la escombrera. Es que la firma es la dueña de la propiedad y como tal, tiene un deber de vigilancia y garante del medio ambiente, inclusive por el accionar de terceros. Y cuando el infractor es una persona jurídica (una empresa), la responsabilidad recae en los directivos, según establece la ley General de Ambiente y la de Residuos Peligrosos. Una vez que estén definidos los ejecutivos que trabajaron en el lapso comprendido entre 2007 y 2012, quedarán en la mira de la Justicia si Rago Gallo así lo decide. Se daría así una situación paradójica, ya que los denunciantes y querellantes podrían perder ese último rol y quedar bajo proceso. Hoy están imputadas las exautoridades de Los Pelambres Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, más el CEO de Antofagasta Minerals, el grupo que controla Los Pelambres, Francisco Veloso.
Todo se aceleró por un informe encargado por el juez federal Rago Gallo, que señala que la escombrera contamina lagunas cordilleranas, es un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados, y que estos últimos podrían afectar los suelos y las napas.
El peligro además radica en que las aguas que bajan de la escombrera confluyen en el río Carnicería, uno de los afluentes del San Juan.
La pericia desató la movida del gobernador Sergio Uñac, que instruyó al fiscal de Estado a que se haga parte querellante en la causa penal, que pida la ampliación de la investigación contra ejecutivos de Glencore, solicite la remoción de la escombrera y presente una cautelar para que se efectúen acciones de mitigación, cosa que replicó Maldonado.
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