Quieren regular a nivel nacional las fumigaciones, pero...
10:10 | 
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Polémica por pautas para regular la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas
Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional
Organismos gubernamentales y cámaras empresariales presentaron un documento en Diputados que pretende unificar criterios en el país para las fumigaciones. El manual recibió duras críticas por no contemplar el impacto en la salud y el ambiente. El biólogo Raúl Montenegro denunció que se pretende reducir al mínimo las franjas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea
Ante los crecientes conflictos que la aplicación de agroquímicos está provocando en diversas localidades del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto a otros organismos gubernamentales y cámaras empresariales del sector presentaron en la Cámara de Diputados un manual para unificar criterios a nivel nacional. El documento, denominado Pautas sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, establece 100 metros de distancia como máximo para fumigaciones terrestres y 200 para aplicación aérea, lo que fue duramente cuestionado por especialistas y organizaciones que consideraron que esos criterios violan normas vigentes y aumentan los riesgos sanitarios.
El objetivo del manual, en el que también participaron Inta, Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, colegios de ingenieros agrónomos y cámaras empresarias del agro, sería avanzar en la regulación a nivel nacional de las fumigaciones en zonas periurbanas frente a la creciente sanción de ordenanzas que restringen la aplicación de agroquímicos. Sin embargo, las distancias propuestas contradicen gran parte de las normativas provinciales y municipales aprobadas hasta ahora, que en algunos casos llegan hasta los 1500 metros.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea. Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente", afirmó.
En tanto, el abogado de las Madres de Ituzaingó Darío Ávila, especialista en Medio Ambiente, consideró “irrisorias” las distancias propuestas y mencionó estudios que demuestran que la deriva de los plaguicidas puede llegar hasta los 3.000 metros. Además, sostuvo que actualmente sería necesaria una legislación nacional que regule las fumigaciones para proteger la salud de la población pero afirmó que la misma debería representar una transición hacia un modelo productivo agroecológico, dado el “carácter tóxico, intrínseco que tienen estos productos”.
Mientras el documento fue presentado para su análisis en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Funam lanzó un petitorio para hacer que el texto deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra".
La salud y las buenas prácticas
“El clima de incertidumbre acerca de los impactos de los fitosanitarios a veces se convierte en un conflicto entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas”, afirma el documento presentado en el Congreso y en cuya elaboración participaron también la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
El texto agrega que “la eventual aplicación de estos insumos en forma inapropiada y desaprensiva entraña posibles riesgos para la salud, ya sea en forma accidental o por un manejo inadecuado de dichos productos”. En este sentido, señala que el objetivo del manual es fijar estrategias para un uso adecuado y control de la aplicación de agroquímicos en el marco de las Buenas Prácticas Fitosanitarias.
Así, se establecen, entre otras pautas, la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas durante la fumigación, la realización de controles por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales, y contar con el asesoramiento de ingenieros agrónomos.
Ante ello, especialistas y ONG cuestionaron que en la redacción del documento no se tuvieron en cuenta los diversos estudios sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente y denunciaron que en el proceso no participaron profesionales de la medicina o la biología.
Al respecto, Montenegro afirmó que el manual "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”.
Y continuó: “Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo".
Al mismo tiempo, el abogado de las Madres de Ituzaingó cuestionó la posibilidad de que las Buenas Prácticas Agrícolas o Fitosanitarias puedan efectivamente eliminar el impacto de estos productos en la salud y el ambiente. “Ya está demostrado en base a estudios de comprobación de que realmente el problema de los agrotóxicos, no se trata, como lo plantea este sector, de una correcta aplicación o de una mala aplicación”, expresó.
“La buena o la mala aplicación lo que puede llegar a establecer es una posibilidad de reducir los márgenes de peligrosidad, pero no va a desaparecer nunca, porque evidentemente al momento de llevar a cabo la fumigación entran a jugar muy fuertemente los factores climáticos y los factores climáticos por su naturaleza son absolutamente incontrolables”, dijo en relación a las dificultades que existen para prever, por ejemplo, cambios en la dirección del viento o la temperatura para evitar la deriva de agroquímicos a zonas pobladas.
A ello, Montenegro agregó que el documento “da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna", advirtió el biólogo.
Las distancias
En concreto, las pautas avaladas por el Ministerio de Agricultura establecen la creación de zonas de amortiguamiento en los alrededores de las ciudades que permitirían fumigar de manera terrestre a 100 metros de lugares poblados y de manera aérea a 200 metros de viviendas.
De cualquier manera, el texto aclara que “estas distancias recomendadas se podrán reducir a partir de la evaluación que realice el profesional actuante, en consideración a la tecnología disponible, las condiciones climáticas y el producto fitosanitario empleado”.
“Me resulta irrisorio la propuesta que hacen en términos de distancias, ellos hablan de 100 y 200 metros para fumigación terrestre y aérea cuando hay estudios que evidentemente garantizan que el fenómeno de la deriva va mucho más allá de esa distancia”, señaló Ávila.
En ese sentido, el abogado mencionó una investigación realizada por la Universidad Nacional de Luján en ese partido bonaerense, que comprobó la presencia de los productos Glifosato y 2,4 D a 3000 metros de campos fumigados de manera terrestre.
En tanto, las pautas presentadas en el Congreso fundamentan el establecimiento de distancias de 100 a 200 metros en aquellas establecidas en otros países, entre los cuales menciona el caso de España. Ante ello, Montenegro sostuvo que se utilizan datos desactualizados y que el documento “omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas".
Ley nacional
En los últimos años, la ausencia de una ley que regule la aplicación de agroquímicos a nivel nacional ha llevado a diversas provincias y municipios a establecer restricciones a las fumigaciones en zonas periurbanas ante los crecientes reclamos de los vecinos. En Córdoba, a pesar de la existencia de una legislación provincial, alrededor de 20 municipios han aprobado ordenanzas que amplían las distancias donde se permiten las pulverizaciones.
Mientras tanto, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para regular esta actividad, aunque ninguno de ellos ha prosperado. El año pasado, por ejemplo, diputados nacionales de Libres del Sur y Unidad Popular presentaron un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas en todo el país y para que las aplicaciones terrestres se realicen a no menos de 1.000 metros del límite de las zonas urbanas y periurbanas.
En ese marco, desde Funam señalaron que la intención del documento avalado por el Ministerio de Agricultura "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos”.
Y agregaron: "Fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea”.
El abogado Darío Ávila, por su parte, consideró como preocupante la posibilidad de que los criterios presentados en el documento sean utilizados para regular esta materia a nivel nacional debido a las consecuencias que implicaría para la salud de la población.
De cualquier manera, dijo que “poder contar con una ley de presupuestos mínimos del orden nacional permitiría, de alguna forma, establecer un criterio uniforme en el país respecto de aquellas iniciativas que están tomando algunas provincias y algunos municipios concretamente en cuanto a alejar las fumigaciones de las poblaciones urbanas”.
Por último, Ávila opinó que una ley nacional de ese tipo debería constituirse en una transición “hasta lograr definitivamente la erradicación de este modelo de producción” debido al impacto negativo de los agroquímicos, y que permita avanzar en “la reconfiguración a un modelo de producción agroecológica, sustentable y que genere realmente alimentos de calidad”.
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Fecha de Publicación: 11/11/2013
Fuente: El Puntal de Río Cuarto (Córdoba)
Provincia/Región: Nacional
Organismos gubernamentales y cámaras empresariales presentaron un documento en Diputados que pretende unificar criterios en el país para las fumigaciones. El manual recibió duras críticas por no contemplar el impacto en la salud y el ambiente. El biólogo Raúl Montenegro denunció que se pretende reducir al mínimo las franjas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea
Ante los crecientes conflictos que la aplicación de agroquímicos está provocando en diversas localidades del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto a otros organismos gubernamentales y cámaras empresariales del sector presentaron en la Cámara de Diputados un manual para unificar criterios a nivel nacional. El documento, denominado Pautas sobre Aplicación de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas, establece 100 metros de distancia como máximo para fumigaciones terrestres y 200 para aplicación aérea, lo que fue duramente cuestionado por especialistas y organizaciones que consideraron que esos criterios violan normas vigentes y aumentan los riesgos sanitarios.
El objetivo del manual, en el que también participaron Inta, Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, colegios de ingenieros agrónomos y cámaras empresarias del agro, sería avanzar en la regulación a nivel nacional de las fumigaciones en zonas periurbanas frente a la creciente sanción de ordenanzas que restringen la aplicación de agroquímicos. Sin embargo, las distancias propuestas contradicen gran parte de las normativas provinciales y municipales aprobadas hasta ahora, que en algunos casos llegan hasta los 1500 metros.
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de Funam, denunció que el documento pretende reducir al mínimo el ancho de las franjas periurbanas libres de plaguicidas y evitar que se prohíba la aplicación aérea. Sostuvo además que el documento "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas. Ni siquiera consultaron a áreas de salud y ambiente", afirmó.
En tanto, el abogado de las Madres de Ituzaingó Darío Ávila, especialista en Medio Ambiente, consideró “irrisorias” las distancias propuestas y mencionó estudios que demuestran que la deriva de los plaguicidas puede llegar hasta los 3.000 metros. Además, sostuvo que actualmente sería necesaria una legislación nacional que regule las fumigaciones para proteger la salud de la población pero afirmó que la misma debería representar una transición hacia un modelo productivo agroecológico, dado el “carácter tóxico, intrínseco que tienen estos productos”.
Mientras el documento fue presentado para su análisis en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, Funam lanzó un petitorio para hacer que el texto deje de tener el aval del Ministerio de Agricultura de la Nación y se proteja la salud de las personas y el ambiente y "no la salud financiera de las grandes corporaciones y de los pool de siembra".
La salud y las buenas prácticas
“El clima de incertidumbre acerca de los impactos de los fitosanitarios a veces se convierte en un conflicto entre agricultores y pobladores de las zonas periurbanas”, afirma el documento presentado en el Congreso y en cuya elaboración participaron también la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
El texto agrega que “la eventual aplicación de estos insumos en forma inapropiada y desaprensiva entraña posibles riesgos para la salud, ya sea en forma accidental o por un manejo inadecuado de dichos productos”. En este sentido, señala que el objetivo del manual es fijar estrategias para un uso adecuado y control de la aplicación de agroquímicos en el marco de las Buenas Prácticas Fitosanitarias.
Así, se establecen, entre otras pautas, la necesidad de monitorear las condiciones meteorológicas durante la fumigación, la realización de controles por parte de autoridades municipales, provinciales y nacionales, y contar con el asesoramiento de ingenieros agrónomos.
Ante ello, especialistas y ONG cuestionaron que en la redacción del documento no se tuvieron en cuenta los diversos estudios sobre el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente y denunciaron que en el proceso no participaron profesionales de la medicina o la biología.
Al respecto, Montenegro afirmó que el manual "carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”.
Y continuó: “Peor aún, considera solamente a los ingenieros agrónomos como profesionales capacitados para manejar el tema plaguicidas, cuando carecen de formación universitaria para proteger a las personas de las bajas dosis de plaguicidas, y de sus efectos sobre el sistema hormonal, endocrino y reproductivo".
Al mismo tiempo, el abogado de las Madres de Ituzaingó cuestionó la posibilidad de que las Buenas Prácticas Agrícolas o Fitosanitarias puedan efectivamente eliminar el impacto de estos productos en la salud y el ambiente. “Ya está demostrado en base a estudios de comprobación de que realmente el problema de los agrotóxicos, no se trata, como lo plantea este sector, de una correcta aplicación o de una mala aplicación”, expresó.
“La buena o la mala aplicación lo que puede llegar a establecer es una posibilidad de reducir los márgenes de peligrosidad, pero no va a desaparecer nunca, porque evidentemente al momento de llevar a cabo la fumigación entran a jugar muy fuertemente los factores climáticos y los factores climáticos por su naturaleza son absolutamente incontrolables”, dijo en relación a las dificultades que existen para prever, por ejemplo, cambios en la dirección del viento o la temperatura para evitar la deriva de agroquímicos a zonas pobladas.
A ello, Montenegro agregó que el documento “da a entender, sin siquiera analizar el grave problema de las bajas dosis, que las buenas prácticas evitan riesgos sanitarios y ambientales. Tal omisión es mucho más grave cuando consideramos que las personas que van a ser potencialmente expuestas ya tienen residuos de plaguicidas en sus tejidos, producto de exposiciones anteriores. En el caso de madres embarazadas que tienen residuos de plaguicidas, una parte es transferida por vía sanguínea a sus embriones y fetos. Y en el caso de madres que amamantan, siguen transmitiendo plaguicidas a sus bebés a través de la leche materna", advirtió el biólogo.
Las distancias
En concreto, las pautas avaladas por el Ministerio de Agricultura establecen la creación de zonas de amortiguamiento en los alrededores de las ciudades que permitirían fumigar de manera terrestre a 100 metros de lugares poblados y de manera aérea a 200 metros de viviendas.
De cualquier manera, el texto aclara que “estas distancias recomendadas se podrán reducir a partir de la evaluación que realice el profesional actuante, en consideración a la tecnología disponible, las condiciones climáticas y el producto fitosanitario empleado”.
“Me resulta irrisorio la propuesta que hacen en términos de distancias, ellos hablan de 100 y 200 metros para fumigación terrestre y aérea cuando hay estudios que evidentemente garantizan que el fenómeno de la deriva va mucho más allá de esa distancia”, señaló Ávila.
En ese sentido, el abogado mencionó una investigación realizada por la Universidad Nacional de Luján en ese partido bonaerense, que comprobó la presencia de los productos Glifosato y 2,4 D a 3000 metros de campos fumigados de manera terrestre.
En tanto, las pautas presentadas en el Congreso fundamentan el establecimiento de distancias de 100 a 200 metros en aquellas establecidas en otros países, entre los cuales menciona el caso de España. Ante ello, Montenegro sostuvo que se utilizan datos desactualizados y que el documento “omite decir, por ejemplo, que la Comunidad Europea prohibió hace cinco años toda aplicación aérea de plaguicidas".
Ley nacional
En los últimos años, la ausencia de una ley que regule la aplicación de agroquímicos a nivel nacional ha llevado a diversas provincias y municipios a establecer restricciones a las fumigaciones en zonas periurbanas ante los crecientes reclamos de los vecinos. En Córdoba, a pesar de la existencia de una legislación provincial, alrededor de 20 municipios han aprobado ordenanzas que amplían las distancias donde se permiten las pulverizaciones.
Mientras tanto, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso para regular esta actividad, aunque ninguno de ellos ha prosperado. El año pasado, por ejemplo, diputados nacionales de Libres del Sur y Unidad Popular presentaron un proyecto para prohibir las fumigaciones aéreas en todo el país y para que las aplicaciones terrestres se realicen a no menos de 1.000 metros del límite de las zonas urbanas y periurbanas.
En ese marco, desde Funam señalaron que la intención del documento avalado por el Ministerio de Agricultura "es lograr la aprobación de una ley nacional de presupuestos mínimos que prohíba la aplicación periurbana de plaguicidas pero en franjas insignificantes, así no se perjudica el redituable negocio de los cultivos transgénicos”.
Y agregaron: "Fue claramente elaborado para frenar la creciente aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben la aplicación periurbana de plaguicidas en franjas con anchos superiores a los 500 metros. También es un intento desesperado para evitar que prospere la prohibición total de la aplicación aérea”.
El abogado Darío Ávila, por su parte, consideró como preocupante la posibilidad de que los criterios presentados en el documento sean utilizados para regular esta materia a nivel nacional debido a las consecuencias que implicaría para la salud de la población.
De cualquier manera, dijo que “poder contar con una ley de presupuestos mínimos del orden nacional permitiría, de alguna forma, establecer un criterio uniforme en el país respecto de aquellas iniciativas que están tomando algunas provincias y algunos municipios concretamente en cuanto a alejar las fumigaciones de las poblaciones urbanas”.
Por último, Ávila opinó que una ley nacional de ese tipo debería constituirse en una transición “hasta lograr definitivamente la erradicación de este modelo de producción” debido al impacto negativo de los agroquímicos, y que permita avanzar en “la reconfiguración a un modelo de producción agroecológica, sustentable y que genere realmente alimentos de calidad”.
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