Glamping de lujo en Parques Nacionales: crecen las dudas
Parques Nacionales declara de interés campings de lujo de una empresa francesa en cuatro parques
La Resolución 370/2026 respalda la propuesta de Huttopia para instalar alojamientos de alta gama en Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces, mientras trabajadores y prestadores locales advierten por los impactos y el modelo de gestión de las áreas protegidas.
La Administración de Parques Nacionales declaró de interés la propuesta de la empresa francesa Huttopia para desarrollar y gestionar campings de alta gama dentro de áreas protegidas de la Argentina. La decisión, formalizada en la Resolución 370/2026, abre la puerta a un modelo de alojamiento privado en cuatro de los parques más emblemáticos del país. Trabajadores, prestadores turísticos y organizaciones ambientales expresaron su preocupación.
La firma, especializada en ecoturismo y en el llamado glamping, propone instalar parcelas para carpas propias y alojamientos equipados desmontables en cuatro parques nacionales: Iguazú, en Misiones; Iberá, en Corrientes; Los Glaciares, en Santa Cruz, y Los Alerces, en Chubut. Su plan contempla hasta seis establecimientos en el país hacia 2030, con una inversión estimada de entre 3 y 5 millones de euros. Una de las ubicaciones posibles es Bahía Escondida, en Los Glaciares.
De París a los parques
La propuesta tomó impulso a comienzos de octubre, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con directivos de la empresa durante una gira por París. La iniciativa forma parte de una política que Parques Nacionales impulsa junto al Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, para ampliar la participación privada en las áreas protegidas.
Desde el organismo aclararon que la declaración de interés no equivale a una adjudicación. El paso siguiente es una evaluación técnica y, después, una licitación pública abierta a todos los interesados que cumplan los requisitos. La empresa, por su parte, señaló que la delimitación final de los sitios dependerá de estudios técnicos y ambientales. Huttopia ya opera un camping en Mar Azul, en la costa bonaerense, fuera de un área protegida.
Agua, energía y fuego dentro del parque
Las críticas llegaron desde los territorios. Pablo Perret, de la entidad turística ACATEC, de El Calafate, contó que se enteraron del proyecto por la prensa. Advirtió que un alojamiento dentro del parque requeriría agua, energía y tratamiento de efluentes, además de aumentar el riesgo de incendios. Según su visión, se tratará de “algo elitista”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimó que una carpa equipada en Los Glaciares costaría entre 100 y 190 dólares por noche.
Alejo Fardjoume, delegado de ATE en Parques Nacionales, recordó que las áreas protegidas fueron creadas para conservar la biodiversidad y cuestionó que la falta de financiamiento se use como argumento para habilitar negocios. A su juicio, los parques deben impulsar las economías locales; de lo contrario, “estamos generando enclaves”. Las diputadas Ana María Ianni y Sabrina Selva presentaron pedidos de informes en el Congreso para conocer los detalles y condiciones de los proyectos.
Una tendencia que se acelera
El caso no es aislado. A fines de octubre, el Parque Nacional Tierra del Fuego autorizó que tres megayates fondearan durante cerca de una semana en la bahía Lapataia. Tras los reclamos, la agencia a cargo suspendió las operaciones alegando razones climáticas. En Santa Cruz, un proyecto de 24 cabañas de una empresa de capitales cataríes en la Reserva Provincial Península de Magallanes, vecina al glaciar Perito Moreno, quedó frenado en la Justicia.
A eso se suma la flexibilización de las reglas para prestadores turísticos aprobada en noviembre del año pasado. Esa medida eliminó la obligación general de contratar guías y simplificó los permisos para actividades consideradas de bajo impacto, y la Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz presentó un amparo en su contra.
Menos recursos para cuidar
El avance de los negocios privados contrasta con la situación presupuestaria del sistema. Trabajadores del organismo denuncian falta de equipamiento, salarios bajos y renuncias de brigadistas con años de experiencia que solo se reemplazan en parte. Ariel Slipak, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce los recursos para la prevención de incendios y deja a la Subsecretaría de Ambiente con un 84,3% menos de financiamiento que en 2023.
Mientras tanto, 15 de los 39 parques nacionales activaron planes de contingencia ante El Niño. El debate de fondo es qué modelo de áreas protegidas quiere el país: uno centrado en la conservación y el acceso público, o uno en el que la gestión dependa cada vez más de la rentabilidad privada.
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Tiempo Argentino, El Resaltador, Prensa Mercosur, Noticias Ambientales, Administración de Parques Nacionales, ATE Parques Nacionales, FARN, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Senasa deja de controlar si el destino no lo pide
El Senasa dejará de hacer controles fitosanitarios obligatorios cuando el país comprador no los pida
La Resolución 952/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, unifica el régimen de certificación de exportaciones vegetales y deja la inspección obligatoria sujeta a lo que exija cada mercado de destino.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) modificó las reglas con las que controla las exportaciones de productos vegetales. Desde este lunes, cuando el país comprador no exija una inspección fitosanitaria, el organismo ya no la realizará de manera obligatoria. La medida quedó establecida en la Resolución 952/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo.
La norma unifica en un solo texto el régimen de inspección y certificación de exportaciones y reexportaciones. Alcanza a granos, frutas, hortalizas, semillas y otros productos vegetales, pero también a materiales, contenedores, instalaciones y medios de transporte que puedan albergar o dispersar plagas.
Qué cambia en la práctica
Hasta ahora, la lógica variaba según el producto. Algunos, como los granos sin procesar, pasaban por un control obligatorio del Senasa. En otros, como la harina de soja, los pellets o los aceites, la intervención dependía de lo que pidiera el comprador. Con la nueva resolución, ese segundo criterio se extiende a todos los artículos vegetales: el control será obligatorio solo cuando lo requiera la organización fitosanitaria del país de destino.
Si el destino no lo exige, el exportador podrá pedir igualmente la intervención del organismo de manera optativa. En ese caso recibirá un Certificado de Exportación de Productos Vegetales Procesados, mientras que el Certificado Fitosanitario quedará reservado para los controles obligatorios. Todos los trámites se harán a través de un sistema digital, el Cert-POV. La resolución deroga tres normas anteriores, de 2014 y 2017, y rige desde su publicación.
Los argumentos oficiales
En los considerandos, el Senasa sostiene que la medida busca respaldar las exportaciones argentinas frente a “un contexto de mayores exigencias en el ámbito internacional”. También apunta a ordenar una normativa dispersa y a concentrar los recursos donde los mercados los reclaman. El organismo afirma que el nuevo esquema permitirá minimizar el riesgo de dispersión de plagas y asegurar alimentos sanos e inocuos.
El criterio tiene respaldo en el sistema internacional. Bajo la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, de la que la Argentina es parte, la certificación de exportaciones se organiza en función de los requisitos que fija cada país importador para evitar el ingreso de plagas a su territorio.
Un organismo bajo presión
La resolución llega en un contexto de fuerte desregulación del sector agropecuario y de recortes en el propio Senasa. En 2025, el Gobierno eliminó inspecciones presenciales y habilitaciones de galpones de empaque en la cadena frutícola, y especialistas advirtieron entonces sobre los riesgos para los mercados exigentes. Durante este año, los trabajadores del organismo denunciaron recortes presupuestarios, retiros voluntarios y despidos, y realizaron paros nacionales que afectaron las exportaciones.
La Junta Interna del Senasa en Rosario advirtió entonces que “la credibilidad sanitaria cuesta años construirla”. Ese es el punto que preocupa a parte del sector. La reputación de un país exportador no depende solo de cumplir lo que pide cada comprador, sino también de la capacidad de su organismo de control para detectar problemas antes de que lleguen a destino. La semana pasada, además, el Instituto Nacional de Vitivinicultura abrió un plan de retiros voluntarios tras eliminar cientos de regulaciones.
Por qué importa para el ambiente
La sanidad vegetal es también una cuestión ambiental. Las plagas que viajan con granos, frutas, maderas, embalajes o contenedores pueden convertirse en especies invasoras y dañar cultivos y ecosistemas en los países de destino. El comercio internacional es una de sus principales vías de dispersión, y por eso los controles en origen funcionan como una primera barrera.
Al mismo tiempo, una menor presencia del Estado en la cadena exportadora abre interrogantes sobre la vigilancia de otros aspectos, como los residuos de agroquímicos, que mercados como la Unión Europea controlan con creciente rigor. Con el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo, y con nuevas exigencias como el reglamento contra la deforestación, se pondrá a prueba la capacidad del Senasa para certificar la calidad de lo que exporta el país. Hasta el momento, ni las entidades del sector ni los gremios se pronunciaron sobre la nueva resolución.
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal Bichos de Campo, Diario Primera Edición, Portal La Política Online
Argentina sigue con una calificación climática insuficiente
La Argentina mantiene una calificación climática altamente insuficiente, según un análisis
El Climate Action Tracker advierte que la baja de emisiones responde a la recesión y no a nuevas políticas, que la meta presentada en 2025 apenas las reduce un 6% y que la expansión de los hidrocarburos en Vaca Muerta va en sentido contrario.
La política climática argentina sigue lejos de lo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. Así lo concluye la última evaluación del Climate Action Tracker (CAT), una iniciativa científica independiente que analiza los compromisos y las políticas de los países, y que mantiene a la Argentina en la categoría de “altamente insuficiente”, tanto por sus metas como por sus acciones concretas. Según el informe, si todos los países siguieran un enfoque similar, el calentamiento global podría superar los 3 °C y llegar hasta los 4 °C hacia fines de siglo.
En su actualización anterior, el CAT había ubicado al país en la categoría más baja, “críticamente insuficiente”. La mejora, sin embargo, no responde a nuevas políticas. “Este cambio no refleja nuevas acciones climáticas de Argentina, sino que es resultado de menores emisiones históricas”, aclaró la organización.
Menos emisiones, pero por la recesión
De acuerdo con el análisis, las emisiones del país cayeron alrededor de un 4% entre 2022 y 2024, tras el rebote posterior a la pandemia. Pero el CAT atribuye esa baja a la contracción económica y a la menor demanda de energía, y no a un cambio estructural en la matriz energética. Por eso advierte que, si la economía vuelve a crecer sin cambios en la intensidad de las emisiones ni en la política climática, las emisiones podrían volver a subir.
Una meta que casi no reduce
El informe también evaluó la tercera contribución determinada a nivel nacional (NDC) de la Argentina, presentada en noviembre de 2025 por la Subsecretaría de Ambiente. El compromiso fija un tope de emisiones netas de 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e) tanto para 2030 como para 2035, y abarca todos los gases y sectores del inventario nacional.
Para el CAT, esa meta representa apenas una reducción del 6% respecto de los niveles de 2022. Si se excluye el sector de uso del suelo, los límites incluso suben de 360 a 365 millones de toneladas entre 2030 y 2035, lo que implica que las emisiones seguirían creciendo en lugar de bajar, como exige el objetivo de 1,5 °C. Para alinearse con esa meta, el país debería fijar topes un 37% más bajos en 2030 y un 49% menores en 2035.
El Gobierno, por su parte, defendió la NDC como un compromiso realista. “La ambición debe ser siempre lo posible”, sostuvo al presentarla el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, quien destacó que la actualización amplía la cobertura del inventario y es un requisito para que el país participe en los mercados de carbono del Acuerdo de París. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en cambio, cuestionó la falta de una hoja de ruta, la escasa participación pública y la contradicción entre las metas y el impulso a la expansión petrolera y gasífera.
Vaca Muerta en el centro
Uno de los principales cuestionamientos apunta al rumbo energético. El Gobierno promueve la expansión de la producción y exportación de petróleo y gas, sobre todo en Vaca Muerta, con el apoyo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y proyecta que el superávit comercial energético podría pasar de 6.000 millones de dólares en 2024 a 44.000 millones en 2035, impulsado por las exportaciones de gas natural licuado.
Mientras tanto, las energías renovables, sin contar las grandes represas hidroeléctricas, cubrieron el 15% del consumo eléctrico, frente a una meta del 20% para 2025, y el gas aportó el 54% de la generación eléctrica de ese año.
Metano y uso del suelo
El informe señala además la falta de metas y medidas específicas para reducir el metano, que representó el 29% de las emisiones nacionales en 2022, alrededor de dos tercios provenientes de la ganadería. En el sector de bosques y uso del suelo, que en los últimos veinte años explicó en promedio más del 20% de las emisiones del país, el CAT reclama mantener y reforzar las políticas que limitan la deforestación.
Las recomendaciones
Entre sus recomendaciones, la organización plantea fijar metas más ambiciosas para 2030 y 2035, garantizar recursos humanos y financieros para aplicar las políticas climáticas vigentes, dejar de apoyar la expansión de la producción de hidrocarburos, reactivar los instrumentos de promoción de las energías renovables y diseñar una estrategia baja en carbono para la agricultura, la ganadería y el uso del suelo.
La evaluación llega mientras se desarrolla la COP31 en Antalya, Turquía, donde los países discuten cómo cerrar la brecha entre sus compromisos y lo que exige la ciencia.
Fecha de Publicación: 14/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Portal Bichos de Campo; Climate Action Tracker; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
León XIV habló de la riqueza natural argentina
León XIV pidió cuidar la riqueza natural argentina y que sus recursos beneficien a las comunidades
En su primer discurso ante las autoridades del país, el Papa mencionó el agua, la energía y los minerales de la Argentina, y planteó que su aprovechamiento debe preservar los territorios y contribuir al bienestar de quienes los habitan.
En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV dedicó un pasaje al patrimonio natural del país y a la forma en que se aprovechan sus recursos. Ante el presidente Javier Milei, gobernadores, legisladores, jueces, diplomáticos y representantes de la sociedad civil reunidos en el Palacio Libertad, en Buenos Aires, el pontífice sostuvo el domingo 8 de noviembre que el desarrollo económico no puede separarse del cuidado de la tierra ni del bienestar de quienes habitan los territorios.
“Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, afirmó el Papa, y mencionó los campos, las reservas de agua, las fuentes de energía y los minerales del país, que, según dijo, ofrecen amplias posibilidades de desarrollo. Pero enseguida planteó una condición: una ecología auténticamente humana, explicó, debe unir el cuidado de la creación con el de las personas, de modo que el aprovechamiento de esos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios.
Una visita con agenda social y ambiental
El discurso fue la primera intervención pública de León XIV ante las autoridades nacionales, tras una reunión privada en la Casa Rosada, en el marco de una gira que incluyó Uruguay y que continuará en Perú. El pontífice recordó que llegaba a la patria de su antecesor, Francisco, y abordó temas como la democracia, la educación, el trabajo, la tecnología y la solidaridad entre generaciones. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, señaló en otro tramo de su mensaje.
En el pasaje ambiental, el Papa también se refirió a la dimensión regional de los bienes naturales, al recordar que los grandes ríos unen territorios y que los ecosistemas se prolongan de un país a otro. Además, mencionó a los pueblos originarios, cuya presencia, dijo, precede al nacimiento de la nación.
Su mensaje no rechazó la producción ni la explotación de recursos, sino que puso el foco en para quién se produce y en cómo se distribuyen los beneficios. En esa línea, pidió favorecer las oportunidades y la iniciativa privada, y procurar que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades.
La herencia de Laudato si’
El planteo retoma la perspectiva de Laudato si’, la encíclica de 2015 en la que Francisco propuso el concepto de ecología integral, que vincula la crisis ambiental con la social. Desde el inicio de su pontificado, León XIV dio continuidad a esa línea: en julio de 2025 celebró una misa dedicada al cuidado de la creación, y en sus mensajes ambientales relacionó el deterioro ecológico con la pobreza, los conflictos y la desigualdad. En mayo de este año publicó además la encíclica Magnifica humanitas, en la que denunció nuevas formas de esclavitud vinculadas a la extracción de tierras raras que alimenta a la industria tecnológica.
El pontífice, nacido en Chicago en 1955 como Robert Francis Prevost, conoce de cerca la realidad sudamericana: como sacerdote agustino trabajó durante años en Perú, en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.
Un país de recursos en disputa
Las palabras del Papa resuenan en un país donde el uso de los bienes naturales está en el centro del debate público. Según el primer Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018, la Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren unos 8.484 kilómetros cuadrados, una reserva estratégica de agua dulce cuya protección quedó en discusión tras la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada este año y cuestionada ante la Justicia por provincias y organizaciones ambientales.
En materia energética, un estudio de la Secretaría de Energía de agosto de 2026 estimó en 30.170 millones de barriles el petróleo técnicamente recuperable en Vaca Muerta, una cifra de recursos y no de reservas comprobadas. En cuanto a los minerales, un relevamiento de 2025 identificó 18,6 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en reservas y unos 197,9 millones en recursos estimados, en el centro de la expansión minera del Noroeste.
La visita del Papa siguió el martes 10 con una misa en Córdoba y una vigilia juvenil en Buenos Aires, y concluirá el miércoles 11 en la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú. Según los organizadores, unas 2,5 millones de personas participaron de la misa del lunes en Palermo, la mayor convocatoria de su pontificado.
Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; Canal 26; Perfil; Letra P; Buenos Aires Times
Nación deja de limpiar el Riachuelo y la Provincia denuncia
Riachuelo: Nación deja de limpiar el río y la Provincia denuncia el abandono del saneamiento
El Gobierno nacional dejará de financiar la limpieza del cauce principal y la recolección de residuos en la ribera de cuatro municipios del sur del conurbano, mientras la Provincia advierte que ACUMAR fue vaciada y que debe afrontar la tarea con fondos propios.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que la Nación abandona el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Lo informó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en su conferencia de prensa del lunes 2 de noviembre. Según Bianco, el Gobierno nacional comunicó la semana pasada que dejará de financiar la limpieza del cauce principal del río y la recolección de residuos en tramos de su ribera. Hasta ahora, esa tarea estaba a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La medida alcanza a las riberas de Lanús y Lomas de Zamora y a 35 puntos de arrojo de basura en Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. De acuerdo con Bianco, esos servicios se prestaban a través de cooperativas mediante licitaciones. En 2025 no hubo nuevas convocatorias, pero se prorrogaron los contratos, y para 2026 la Nación anunció que no volverá a contratarlos.
Los arroyos, el primer recorte
No es el primer retiro. Hasta 2023, ACUMAR financiaba con cooperativas la limpieza del cauce principal y de unos 103 kilómetros de arroyos de la cuenca. Según el ministro, al inicio de la gestión de Javier Milei la Nación le comunicó a la Provincia: “De los arroyos no nos hacemos más cargo, que se haga cargo la Provincia”. Desde entonces, la Provincia sostiene esa tarea con fondos propios y hoy limpia 21 arroyos, más de 71 kilómetros, con diez cooperativas. “Nos pasó el fardo, nos pasó la obligación y nosotros lo seguimos haciendo”, afirmó Bianco.
Un organismo sin recursos
El funcionario aportó cifras sobre el ajuste en ACUMAR, según datos de la Provincia:
- el presupuesto del organismo cayó un 58% en 2024 y un 61% en 2025 respecto de 2023, con una baja real del 74% en el último año;
- el presupuesto previsto para 2026 es un 65% inferior al de 2023;
- la planta de personal se redujo a la mitad, con unos 350 despidos;
- la ejecución de gastos de capital es prácticamente nula desde el cambio de gestión.
A esto se suma el proyecto de Presupuesto 2027. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los fondos para la cuenca serían un 91,5% menores en términos reales que los de 2023.
La Provincia enumeró las consecuencias. Hay obras paralizadas:
- la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano, en Bernal, con un 51% de avance;
- el río subterráneo para llevar agua al sur de Quilmes, con un 70%;
- la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, con un 14%.
De las 17.771 viviendas previstas para relocalizar a familias que viven en la ribera, se entregaron 7.541 hasta 2023 y no se iniciaron nuevas. Tampoco registraron ejecución los programas de plan sanitario de emergencia, urbanización de barrios populares, desagües pluviales, control de la contaminación industrial y ordenamiento territorial. Además, se interrumpieron las evaluaciones de riesgo sanitario.
Bianco aseguró que la Provincia invirtió un 50% más que ACUMAR en la porción bonaerense de la cuenca. Entre esas obras están la tercera etapa del arroyo Dupuy, en La Matanza; el entubamiento del canal Rivadavia Sur, en Marcos Paz, con un 93% de avance, y el programa Completar, que busca terminar viviendas que quedaron inconclusas. Sin embargo, advirtió que asumir nuevas obligaciones sin recursos adicionales genera dificultades, y vinculó el retiro nacional con los riesgos de inundaciones que podría traer El Niño.
Una deuda ambiental de dos décadas
La cuenca Matanza-Riachuelo es objeto de una de las causas ambientales más emblemáticas de la Argentina. En 2008, en la causa Mendoza, la Corte Suprema condenó al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a sanear el río. ACUMAR quedó a cargo de ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. En octubre de 2024, el máximo tribunal dio por concluida su supervisión, al considerar que los objetivos institucionales de su fallo estaban cumplidos, y dejó en manos del organismo la responsabilidad de cumplir el plan.
Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni ACUMAR respondieron públicamente a las críticas de la Provincia, y tampoco se informó cómo se reorganizarán las tareas que dejarán de financiarse. Mientras tanto, los municipios ribereños del sur del conurbano quedan a la espera de saber quién se hará cargo de la limpieza del río.
Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: El Diario Sur; Portal InfoRegión; Portal ImpulsoBaires; Grupo La Provincia; Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; ACUMAR; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Virginia Aparicio: “La ciencia se rebate con ciencia”
“El pueblo merece conocer los resultados”: habla la científica exonerada por el INTA
Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en la Argentina el proyecto SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones que motivaron su exoneración, denunció censura y reclamó que se difundan los resultados del estudio.
“La ciencia se rebate con ciencia, no con menos ciencia”. Con esa frase cerró Virginia Aparicio el mensaje que difundió tras ser notificada de su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Es la sanción más grave prevista para el empleo público: la aparta del organismo y le impide volver a ocupar cargos en el Estado. La investigadora, que coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT sobre plaguicidas, rechazó las acusaciones en su contra y reclamó que los resultados de su trabajo se den a conocer.
En un video grabado y compartido en redes sociales, Aparicio se presentó como investigadora del INTA y del CONICET y servidora pública con más de 20 años de trabajo en el sistema científico. Explicó que el proyecto se inició en 2020 con autorización del propio INTA. Gracias a él, dijo, fue posible documentar la presencia y distribución de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas.
“El pueblo merece conocer los resultados”
La científica sostuvo que el organismo le inició un sumario justamente por participar de ese proyecto, y que a partir de 2023 comenzó una campaña para desacreditar la investigación y su rol en ella. Planteó que la sociedad, como pueblo, merece conocer los resultados de las investigaciones públicas. Según Aparicio, el INTA debe hacerse responsable de la vulneración de los derechos de las personas que participaron como voluntarias del estudio y responder ante la comunidad.
Aparicio enmarcó su caso en un problema más amplio: advirtió que en democracia no pueden aceptarse procesos de censura, persecución ni falta de libertad para investigar. Agradeció el acompañamiento recibido y pidió que la sigan apoyando.
En declaraciones periodísticas, la investigadora afirmó que no hay nada claro que justifique su apartamiento de la administración pública. Sostuvo, además, que la decisión busca generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren. En una carta abierta a la comunidad había escrito: “La ciencia pública no existe para confirmar lo que queremos escuchar”. Y agregó que la posibilidad de incomodar no es una falla de la ciencia, sino una condición de su independencia.
Qué encontró el proyecto
SPRINT, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, analizó plaguicidas y sus mezclas en el ambiente, los alimentos y las personas. En la Argentina, el estudio se realizó en el sudeste bonaerense con 73 voluntarios, a quienes se les tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos. Entre los compuestos detectados figuran mezclas de plaguicidas, entre ellos el glifosato y el clorpirifos. El glifosato apareció en la orina del 84% de las personas estudiadas.
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año retiró al organismo del proyecto y abrió el sumario. El 15 de octubre de 2026, días antes de conocerse la sanción, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce.
La posición del INTA
El Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración el 26 de octubre mediante la Resolución 366. El organismo le atribuyó dos faltas. La primera, haber usado las facultades de su cargo para fines ajenos a la función, al otorgar sin autorización formal un rol en el manejo de datos a su pareja, un investigador retirado. La segunda, un uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. La propia resolución reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal ni se acreditó un beneficio económico personal, y ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. En un comunicado que no la nombra, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.
Respaldo y próximos pasos
Universidades nacionales, gremios del sector, organizaciones socioambientales e integrantes de la comunidad científica expresaron su rechazo a la medida y su solidaridad con la investigadora. Además, impulsaron una carta abierta en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. La defensa de Aparicio considera agotada la vía administrativa y evalúa llevar el caso a la Justicia.
Fecha de Publicación: 31/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Elonce, Portal Trama Educativa, Diario Textual, Bichos de Campo, INTA
INTA exoneró a la científica que midió agroquímicos
El INTA exoneró a Virginia Aparicio, la científica que midió agroquímicos en personas
El Consejo Directivo del organismo aplicó la sanción más grave del empleo público a la investigadora de Balcarce que coordinó el proyecto europeo SPRINT. Ella rechaza las acusaciones y anticipó que irá a la Justicia.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Aparicio coordinó en la Argentina el proyecto internacional SPRINT, que midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y en el cuerpo de personas del sudeste bonaerense. El Consejo Directivo del organismo adoptó la decisión el lunes 26 de octubre mediante la Resolución 366. Es la sanción más grave prevista para el empleo público nacional: la deja fuera del INTA y del Estado.
Aparicio es ingeniera agrónoma, trabaja en el INTA desde 1997 y también es investigadora del CONICET. Dedicó más de dos décadas al estudio de suelos, agua y plaguicidas. Ella y parte de la comunidad científica consideran infundadas las acusaciones administrativas en su contra.
Qué midió el proyecto SPRINT
SPRINT es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con un presupuesto de 14 millones de euros, y coordinado por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Analizó más de 200 plaguicidas y sus mezclas en suelo, agua, aire, alimentos, animales y personas. La Argentina fue el único país participante fuera de Europa; el INTA aprobó su incorporación en mayo de 2020.
En 2021 se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, entre productores, trabajadores rurales, vecinos y consumidores. Entre los resultados, se detectó glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas y se identificaron mezclas de plaguicidas. Según un informe técnico del proyecto de febrero de 2023, ninguna ingesta calculada de glifosato superó la ingesta diaria admisible de referencia. Los autores advirtieron, de todos modos, que los datos de salud disponibles no eran adecuados para un análisis epidemiológico.
Del freno al sumario
En junio de 2023, el INTA suspendió la presentación institucional de los resultados argentinos. En diciembre de ese año dispuso la salida del organismo del proyecto y abrió un sumario que se extendió casi tres años, con ocho imputaciones y trece agentes investigados.
La resolución sostiene que Aparicio incurrió en dos faltas previstas en la ley marco de empleo público. La primera es haber usado las facultades del cargo para fines ajenos a la función. Según el INTA, dio un rol en la coordinación y supervisión de datos a su pareja, el investigador retirado José Luis Costa, sin autorización formal ni declaración de conflicto de interés. La segunda es el uso indebido del patrimonio estatal en la administración de los fondos europeos del proyecto. Sin embargo, el propio texto reconoce que no se determinó un perjuicio fiscal y que no se acreditó un beneficio económico.
El organismo hizo además otros reproches. Señaló que se centralizaron análisis en el exterior sin autorización y que se reemplazó el comité de ética previsto por el de un programa de bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También marcó diferencias entre el protocolo original y la composición final de los grupos de voluntarios. La resolución ordena comunicar los hechos a la Oficina Anticorrupción. Otros agentes recibieron suspensiones, como el director de la estación Balcarce, Facundo Quiroz, con 15 días, y el resto fue eximido.
En un comunicado que no menciona a la investigadora, el INTA afirmó que “reafirma su compromiso con la evidencia confiable”.
La respuesta de Aparicio
Aparicio pidió la nulidad del sumario por indefensión y trato discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó el planteo al considerar que se garantizó su derecho de defensa, y su defensa anticipó que recurrirá a la Justicia. La investigadora sostiene que la decisión excede lo administrativo y que busca “instalar temor entre sus colegas para desalentar investigaciones sobre temas sensibles”. En una entrevista reciente había descrito con crudeza su situación dentro del organismo: “Parezco un poco leprosa en los pasillos del Inta”.
El 15 de octubre, días antes de conocerse la resolución, Aparicio presentó a título personal sus mediciones ante el Concejo Deliberante de Balcarce. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) y ATE Conicet impulsan una campaña contra la exoneración. Organizaciones de pueblos fumigados, científicos y organismos de derechos humanos también rechazaron la medida.
El caso reabre el debate sobre el uso de agroquímicos en el país y sobre las condiciones para investigar sus efectos en la salud y el ambiente.
Fecha de Publicación: 28/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Diario Textual, Portal Bichos de Campo, INTA
Biodiversidad: Argentina debe acelerar sus metas a 2030
Argentina necesita acelerar sus compromisos de biodiversidad hacia 2030, advierte un informe de FARN
En plena COP17, un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales concluye que el país desarrolló herramientas para cumplir las metas globales, pero sin resultados verificables, con financiamiento insuficiente y un informe nacional todavía pendiente.
Mientras en Ereván, Armenia, la COP17 de biodiversidad realiza el primer balance global de los compromisos para frenar la pérdida de naturaleza, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advierte que la Argentina necesita acelerar la implementación de sus metas. El documento, titulado “Metas Mundiales de Biodiversidad a 2030: escenario argentino rumbo a la COP17”, concluye que el país avanzó en el diseño de herramientas, pero todavía no logró resultados verificables en el territorio.
El análisis evalúa cómo avanza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, el instrumento con el que la Argentina traduce a escala nacional los compromisos del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022 con 23 metas para 2030.
Herramientas sin resultados
Según el informe, se desarrollaron metodologías, procedimientos e instrumentos para avanzar en las metas nacionales, pero esos avances aún no se reflejan en mejoras concretas para los ecosistemas. “El desafío ahora es convertir esos compromisos en acciones concretas”, resumió Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad de FARN.
El documento identifica una serie de obstáculos que se repiten: financiamiento insuficiente, capacidades institucionales limitadas, débil coordinación entre la Nación y las provincias y entre los distintos organismos, información pública incompleta y falta de indicadores adecuados para medir el progreso.
Un dato muestra el retraso: el séptimo informe nacional que la Argentina debía presentar ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica en febrero de 2026 todavía está pendiente. A nivel global, más del 70% de las 196 Partes del convenio ya entregó ese reporte, según la Secretaría del organismo.
Sin datos sobre la inversión
El informe señala que no existe una cifra oficial que permita conocer cuánto invierte el país en total en la conservación de la biodiversidad, y que los presupuestos públicos no están suficientemente vinculados con las metas de la estrategia nacional. Esa falta de información dificulta evaluar si los recursos alcanzan para cumplir los objetivos.
La restauración de ecosistemas es otro de los puntos críticos. En la Argentina, unas 4,6 millones de hectáreas se encuentran bajo algún proceso de restauración, lo que equivale apenas al 4,6% de la superficie degradada estimada. La meta global establece que al menos el 30% de los ecosistemas degradados esté bajo restauración efectiva en 2030.
El costo de no actuar
La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias económicas. FARN cita un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que advierte que el deterioro de la naturaleza podría reducir el producto interno bruto real de la región en un 3,3% hacia 2030.
Las recomendaciones
Entre sus propuestas, FARN plantea garantizar la continuidad de las políticas de biodiversidad a lo largo del tiempo, fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas, asegurar un financiamiento suficiente y accesible y mejorar el monitoreo de las metas.
La organización también reclama la sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso, y advierte sobre la necesidad de evitar retrocesos en la protección ambiental. En ese sentido, pide evaluar los efectos de las reformas de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego sobre los suelos, los ecosistemas y los riesgos asociados al clima. Además, insiste en garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Un examen global
El informe llega en un momento clave. En la COP17, que se extenderá hasta el 30 de octubre, los países revisan por primera vez los avances hacia las metas de 2030, en un contexto en el que menos de la mitad de los objetivos nacionales evaluados en el mundo avanza al ritmo necesario. Las negociaciones giran en torno al financiamiento, la reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza y la llamada hoja de ruta de Ereván, que busca acelerar la implementación.
Para la Argentina, uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas de la región, el diagnóstico de FARN es una señal de alerta: a cuatro años de 2030, las herramientas están, pero los resultados todavía no se ven.
Fecha de Publicación: 23/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La agenda ambiental quedó relegada en el Congreso
Un informe advierte que la agenda ambiental quedó relegada en el Congreso durante 2026
El balance del Círculo de Políticas Ambientales señala que, de las 24 leyes sancionadas hasta septiembre, la de mayor peso ambiental fue la reforma de la Ley de Glaciares, a la que considera un retroceso en la protección.
La agenda ambiental volvió a quedar en un segundo plano en el Congreso de la Nación durante 2026. Así lo advierte el “Balance de actividades en el Congreso” elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó el trabajo legislativo desde el inicio del período ordinario de sesiones hasta septiembre y lo describió como una actividad de “intensidad desigual, fragmentada y con avances limitados”.
En ese lapso, el Poder Legislativo sancionó 24 leyes. Entre ellas, la de mayor impacto ambiental fue también la más cuestionada: la reforma de la Ley de Glaciares, que el informe considera un retroceso en el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
La reforma de la Ley de Glaciares
La modificación de la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, fue sancionada en abril por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en medio de protestas, y promulgada por el Poder Ejecutivo ese mismo mes. La nueva norma limita la protección a los cuerpos de hielo y zonas periglaciares que tengan una función hídrica “efectiva y relevante”, en lugar de resguardarlos como reservas estratégicas de agua.
Además, traslada a las provincias buena parte del control que antes ejercía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y establece que las actividades industriales y extractivas solo quedarán prohibidas cuando impliquen una “alteración relevante” del ambiente, un concepto que deberá definir cada jurisdicción. Organizaciones ambientales advirtieron que el cambio abre la puerta a la minería en zonas antes protegidas y pone en riesgo el agua de regiones como Cuyo.
Pocos avances
Entre los escasos avances, el informe destaca la ratificación de dos acuerdos internacionales: uno vinculado al Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un problema que afecta especialmente al Mar Argentino.
También menciona que, el 8 de septiembre, tres comisiones del Senado firmaron un dictamen conjunto sobre mercados de carbono, aunque el tema todavía no llegó al recinto.
Una deuda que se arrastra
El diagnóstico no es nuevo. En sus balances anteriores, el CPA ya había señalado que el Congreso no sancionó ninguna ley ambiental en 2024, salvo una declaración de emergencia por los incendios en Córdoba, y que en la primera mitad de 2025 tampoco se aprobó ninguna. En aquel momento, la directora de la organización, María Eugenia Testa, advirtió que nunca habían visto tan poca actividad en las comisiones.
Los temas pendientes
El informe enumera una larga lista de cuestiones que siguen sin tratamiento. Entre ellas figuran la transición energética, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, la eficiencia energética, la gestión de envases, la prevención de incendios forestales y la trazabilidad de la actividad pesquera. También señala la posible discusión del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar, que busca proteger los océanos más allá de las aguas territoriales.
El otro gran desafío será el Presupuesto Nacional 2027, que definirá cuántos recursos tendrán la conservación de áreas protegidas, el combate de incendios, la transición energética y los organismos de control ambiental.
Un escenario con nuevas discusiones
Mientras tanto, otros debates con fuerte impacto ambiental comenzaron a moverse en las últimas semanas. En el Senado, un plenario de comisiones empezará a analizar proyectos para regular el cierre de minas, y en Diputados avanza el tratamiento de la reforma del régimen de biocombustibles y la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
El balance del CPA expone una paradoja: mientras la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se aceleran, con inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes en el país, la agenda ambiental sigue relegada en el Congreso, donde las pocas leyes aprobadas en la materia apuntaron más a flexibilizar protecciones que a reforzarlas.
Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Congreso de la Nación Argentina.
Denuncian desmontes en territorio wichí de Salta
Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta
Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.
Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.
Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.
Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.
Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.
Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.
Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina
Presupuesto 2027: $39 por mes por hectárea de bosque nativo
El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo
Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.
Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.
La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.
Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.
El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.
Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.
Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina
La Corte dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros
La Corte Suprema dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros
El máximo tribunal rechazó una demanda del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata y revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno a través de un decreto en 2023. La decisión reavivó el rechazo de la oposición y del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Con esa decisión, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había declarado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre ese artículo del decreto, y dejó firme, en los hechos, la eliminación de los límites que existían para que extranjeros compraran tierras rurales en el país.
El origen del conflicto judicial
El caso comenzó cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata presentó un amparo contra el Estado Nacional para que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011, que regulaba y limitaba la posesión, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Según planteó la organización, eliminar ese marco de protección facilitaba la extranjerización del territorio y la formación de latifundios, con impacto directo sobre la soberanía nacional y la integridad territorial del país. En primera instancia, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata había rechazado la presentación, por considerar que la entidad de excombatientes no tenía legitimación suficiente para litigar. Pero en marzo de 2024 la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU y ordenó registrar la causa como proceso colectivo, con el argumento de que la soberanía nacional constituye un bien colectivo. El Estado apeló entonces ante la Corte Suprema.
Qué dijo la Corte
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró procedente el recurso del Estado y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación activa: consideró que no se configuró un "caso" o "controversia" judicial concreta que habilitara la intervención de los tribunales. Según explicó el tribunal, la soberanía territorial es un elemento constitutivo del propio Estado y, por eso, no puede encuadrarse como un "bien colectivo" en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, lo que impide que una asociación civil como el CECIM reclame en su representación. La Corte remarcó, de todos modos, que su decisión se limitó exclusivamente a resolver la falta de legitimación de la parte actora, y aclaró expresamente que no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/2023 ni interfiere en las facultades del Congreso para tratar la norma.
La reacción de Kicillof y la oposición
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como "el fallo de la infamia" en un mensaje publicado en la red social X. "La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular", escribió, y agregó: "lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial". El gobernador recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso contra un proyecto impulsado por el Gobierno, denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que buscaba introducir modificaciones sobre la Ley de Tierras y que el Ejecutivo terminó retirando del Senado por no reunir los votos necesarios. "Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros", sostuvo Kicillof, quien cerró su descargo con la consigna "¡Argentina para los argentinos!". Otros referentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda también criticaron el fallo y reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023, tal como ya había hecho el Senado. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que, a partir de esta resolución, "Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización", y remarcó que ahora la responsabilidad de revertir la situación queda en manos del Congreso.
Fecha de Publicación: 01/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae, Diario El Eco de Tandil, Diario La Nueva, Página 12
Denuncian fuertes recortes ambientales en el Presupuesto 2027
Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sobre el proyecto de Presupuesto 2027 detectó una caída del 26,8% en las partidas ambientales respecto de 2023, mientras cuestiona una llamativa revisión a la baja en el cálculo del beneficio fiscal otorgado al sector minero.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que profundiza la reducción de los recursos destinados a políticas socioambientales, en paralelo a un fuerte beneficio fiscal para el sector minero. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, las partidas ambientales caen un 26,8% respecto de 2023, con recortes puntuales en áreas como bosques nativos, manejo del fuego y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La Subsecretaría de Ambiente sufrirá una reducción del 10,84% respecto de 2026 y del 84,3% en comparación con 2023, mientras que el programa de "Articulación y Educación Ambiental" directamente dejó de figurar en el proyecto. Según el documento, las funciones de "Ecología y desarrollo sostenible" y "Agua Potable y Alcantarillado" representan en conjunto menos del 0,24% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional, frente al 9,21% que insume el pago de la deuda pública y sus intereses: por cada 100 pesos presupuestados, el Estado destinaría 9 al pago de deuda y menos de 24 centavos a ecología, agua potable y alcantarillado combinados.
Bosques nativos, muy por debajo de lo que exige la ley
Para 2027 se prevén $28.322,56 millones entre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos, una cifra que según FARN queda muy por debajo de lo que exige el artículo 31 de la Ley de Bosques: el fondo debería contar con $606.304 millones, equivalentes al 0,3% del presupuesto nacional. "Para mantenerse dentro de la Ley de Bosques el Gobierno debería realizar un aporte casi 25 veces mayor al que propone", señala el informe. A la reducción de fondos se suma una meta física mucho más acotada: el proyecto prevé financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de bosques nativos, frente a los 1.200 y 1.000 planes que se habían previsto para 2022 y 2023, respectivamente. El propio análisis cuestiona además la ejecución real de estos fondos: fue nula en 2024, alcanzó el 31% en 2025 y llegó apenas al 16,9% en los primeros ocho meses de 2026.
Incendios y saneamiento, con menos recursos que en 2023
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego tendrá asignados $38.815 millones en 2027, un aumento real del 60,1% respecto de 2026 pero una caída del 55,8% frente a 2023. Con esos fondos se proyectan 3.600 horas de vuelo para prevención y combate, la capacitación de 1.950 brigadistas y el equipamiento de 14 brigadas, mientras que en materia de prevención se prevé elaborar 1.950 informes de alerta temprana, apenas 100 más que en 2026 pero 781 menos que la meta de 2023. El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo también retrocede: sus partidas son, en términos reales, un 91,5% menores que las de 2023, cuando representaban el 0,315% del presupuesto nacional, frente al 0,037% proyectado para 2027. El informe recuerda que persisten objetivos pendientes de la causa judicial "Mendoza": más del 40% de la población de la cuenca sigue sin cobertura cloacal, casi el 60% de las soluciones habitacionales permanece sin terminar, y uno de cada cuatro establecimientos declarados "Agentes Contaminantes" todavía no adecuó sus aspectos ambientales significativos.
La discrepancia en el beneficio tributario a la minería
El punto más llamativo del análisis es la forma en que el proyecto calcula el gasto tributario de los regímenes de promoción minera. Para el Régimen de Promoción de la Actividad Minera, el Presupuesto 2027 estima un gasto de $89.820 millones para ese año, pero al comparar esa metodología con la que se había usado en el Presupuesto 2026, aparece una diferencia enorme: aquel proyecto había calculado $508.954,1 millones para 2025 y $595.896 millones para 2026, mientras que el nuevo estima para esos mismos años apenas $57.836,4 millones y $71.971,2 millones, respectivamente. "Estas diferencias plantean interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular su costo fiscal y sobre las razones que explican una revisión tan significativa", sostiene el informe. A esto se suma que el proyecto todavía no estima el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pese a que hasta agosto de 2026 ya fueron aprobados 22 proyectos bajo ese régimen por casi 47.073 millones de dólares, según el propio texto presupuestario.
Una discusión que se repite año tras año
Para FARN, el problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino también cuánto deja de recaudar por estos regímenes de promoción: "si el superávit fiscal es realmente la prioridad, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto y dónde recortar, sino también en cuánto, por qué y en beneficio de quién el Estado decide dejar de recaudar", plantea el documento, que estima que con apenas el 39,5% del superávit fiscal proyectado alcanzaría para sostener en términos reales todas las partidas ambientales analizadas. La organización viene documentando esta misma tendencia de manera sostenida desde 2024: ese año había señalado caídas de hasta 58% en áreas clave, en 2025 la Subsecretaría de Ambiente cayó un 68,9% y el año pasado el recorte proyectado ya rondaba el 80% en términos reales, un patrón que, según el nuevo informe, el Presupuesto 2027 profundiza en lugar de revertir.
Fecha de Publicación: 25/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EconomíaSustentable, Portal FuturoSustentable, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos
Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos
Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.
Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.
El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.
De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.
El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.
El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.
Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo
Una minera romperá un glaciar en San Juan sin multas
Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan y la provincia renuncia a cobrarle multas
El megaproyecto minero Vicuña, amparado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, avanza sobre una zona de glaciares en San Juan mediante un acuerdo que exime a la empresa de sanciones ambientales y traslada cualquier disputa a un tribunal arbitral internacional.
El proyecto Vicuña, presentado como la mayor inversión minera de la historia argentina, con un desembolso inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones, ya está en marcha en la Cordillera sanjuanina. Controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, y fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Ambos yacimientos están situados al límite con Chile, sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, un cuerpo que estaba protegido por la normativa anterior hasta que una reforma de la Ley de Glaciares limitó ese resguardo.
Un glaciar ya intervenido
Según un informe de impacto socioambiental elaborado por un observatorio que integra a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín, el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fueron intervenidos por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos, con el consiguiente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino. El proyecto contempla además un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa área glaciar, según documentó también la organización ambientalista Greenpeace, que impulsó junto a otras entidades una campaña que reunió cerca de 900.000 firmas en menos de dos semanas tras la reforma de la ley. La demanda energética del emprendimiento podría alcanzar los 700 megavatios, más que el consumo de toda la población de San Juan, lo que ya generó disputas con otras mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente. A esto se suma la preocupación por el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala sobre cuencas como la del río Jáchal.
El acuerdo con la provincia
Una vez modificada la Ley de Glaciares, el 5 de agosto directivos de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso, ratificada dos semanas después por la Legislatura sanjuanina con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto, de 57 páginas, condiciona cualquier reclamo económico o por daños ambientales, tanto del Estado provincial como del nacional, durante los próximos 71 años. El documento establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de "daños e impacto ambiental", pero un análisis del economista sanjuanino Hugo Berozzi determinó que esa suma en realidad funciona como un pago único y por adelantado que cubre cualquier concepto de daño ambiental futuro, y que buena parte de ella se destinará a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, obra necesaria para la logística de la propia mina. "La provincia renuncia a imponer cualquier multa o reparación ambiental" adicional durante toda la vida útil del proyecto, advirtió Berozzi.
Regalías congeladas y sin obras compensatorias
El acuerdo también congela las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento, pese a que la normativa nacional habilita a elevarlas hasta el 5% para nuevos proyectos mineros. Esa garantía se extiende a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 kilómetros, lo que abarca más de la mitad del departamento de Iglesia. Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia dejaría de percibir un ingreso estimado en 491,2 millones de dólares a valor presente. El pacto elimina además la obligación de construir infraestructura hídrica para restituir el agua consumida en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia, unas 34.000 personas, así como dos proyectos de energías renovables, dos productivos, dos de preservación ambiental y la plantación de 10.000 árboles nativos previstos originalmente como compensación de la huella de carbono. Tampoco se exige contratación de proveedores o mano de obra local si la empresa demuestra que no cumplen requisitos o tienen precios más altos, algo que ya generó polémica luego de que se adjudicara la construcción del campamento modular del proyecto a un consorcio de empresas chinas.
Arbitraje internacional y consecuencias
Uno de los puntos más cuestionados es que la provincia renuncia a juzgar disputas ambientales, tributarias o de fiscalización en tribunales locales o nacionales: toda diferencia se resolverá de forma inapelable ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Según Berozzi, esto entra en conflicto con distintos artículos de la Constitución provincial de San Juan y expone al Estado a riesgos de indemnizaciones millonarias ante laudos adversos. Días después de publicar su informe, el economista fue despedido de su puesto en el área de análisis de riesgo crediticio del Fondo de Garantías de la provincia, donde trabajaba desde hacía seis años, en lo que definió como una decisión vinculada a sus críticas al acuerdo. Un investigador del observatorio que analizó el caso resumió el trasfondo de la operación: "cualquier intento futuro de regular podrá ser respondido con una demanda millonaria" ante ese tribunal internacional.
Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Río Negro
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