El ajuste nacional entrega la Quebrada del Condorito al fuego

Fecha de Publicación: 18/10/2025
Fuente: Portal LaTinta
Provincia/Región: Nacional - Córdoba


El incendio forestal más grave del año en Córdoba arrasa con 5.000 hectáreas del Parque Nacional Quebrada del Condorito y el fuego revela el abandono estatal a nivel nacional. Con apenas ocho brigadistas asignados, sueldos por debajo de la canasta básica y contratos trimestrales, el gobierno de Javier Milei expone al personal, al ambiente y a las comunidades al avance de una catástrofe que pudo haberse evitado. «Ni la prevención ni el combate de los incendios pueden llevarse adelante de manera eficiente en estas condiciones», dicen desde el colectivo Brigadistas en Lucha. Denuncian precarización laboral, desinversión y una falta total de planificación frente al fuego, cada vez más frecuente por la crisis climática.
Un voraz incendio forestal comenzó el viernes pasado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en plena temporada alta de turismo por el fin de semana largo. El fuego, que surgió por el incendio de un vehículo estacionado sobre la ruta de Altas Cumbres, se propagó rápidamente por los pastizales nativos y afectó directamente a la reserva, dejando un saldo de 14 autos calcinados y la evacuación de al menos 130 personas.
A cinco días del inicio, el fuego ya arrasó más de 5.000 hectáreas y continúa activo. Este martes, nuevas imágenes mostraban la tarea constante de las y los brigadistas, que combaten las llamas sin descanso en una zona de difícil acceso, bajo condiciones climáticas extremas.

“Con el fuego al cuello”: el gravísimo vaciamiento en Parques Nacionales
El incendio en la Quebrada del Condorito expone una situación crítica que desde hace tiempo vienen denunciando trabajadores del sector. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el gobierno de Javier Milei mantiene solo ocho brigadistas asignados al parque, responsables de cubrir más de 37.000 hectáreas protegidas.
Este desastre ocurre apenas una semana después de que combatientes de incendios forestales de la Administración de Parques Nacionales difundieran un comunicado de emergencia titulado “Con el fuego al cuello”, donde advirtieron lo que hoy ya se está materializando: una temporada crítica, con menos recursos, menos personal y condiciones cada vez más precarias.
“En Parques Nacionales, de 430 combatientes de incendios forestales que éramos a principio de 2024, solo quedamos 363 para atender más de 5.000.000 de hectáreas”, señalaron desde el colectivo Brigadistas en Lucha.
En el mismo documento, los y las trabajadoras denunciaron que perciben salarios de apenas $550.000, muy por debajo de la canasta básica, y se encuentran bajo contratos trimestrales, sin estabilidad ni garantías laborales. Desde la Coordinación Nacional de ATE Parques Nacionales, también advirtieron sobre una desinversión sistemática que pone en riesgo tanto el ambiente como la seguridad de quienes trabajan en su protección. «Cuidar a quienes cuidan nuestros parques es una urgencia nacional», sostienen desde el gremio. Además, remarcaron la falta de planificación a largo plazo para enfrentar incendios forestales cada vez más intensos, en un contexto agravado por la crisis climática.
“La degradación sistemática de los ya bajos salarios, la NO apertura de los ámbitos paritarios, la inestabilidad laboral y la negativa del Ministerio de Transformación de Sturzenegger a incorporar más personal al Estado forman parte de un plan que daña irreversiblemente al Sistema Federal de Manejo de Fuego del que somos parte, junto con otras instituciones nacionales y provinciales. La regresión salarial es tal que muchas compañeras y compañeros se ven obligados al pluriempleo, mientras el trabajo en el monte exige máxima concentración, descanso adecuado y seguridad”, explican en el comunicado.

El Parque asediado
Creado en 1996, el Parque Nacional Quebrada del Condorito protege casi 40.000 hectáreas de pastizales de altura en las Sierras Grandes de Córdoba. Es una de las áreas protegidas más importantes de la región por su biodiversidad única y su rol como reserva hídrica.
Entre sus especies emblemáticas, se encuentran el cóndor andino, zorros, guanacos, lagartijas serranas y una gran variedad de aves. También conserva bosques de tabaquillos y el imponente paredón que da nombre al parque.
Además, forma parte de la cuenca Pampa de Achala, de la cual nacen ríos fundamentales para Córdoba: el San Pedro, Primero, Segundo, San Antonio, Yuspe y San José, además de arroyos como el Yacanto y El Durazno. Este sistema abastece de agua a gran parte de la provincia. Por supuesto, la afectación de estos ambientes implica una pérdida ecológica grave y compromete los servicios ecosistémicos que sostienen a las poblaciones aguas abajo.

Condiciones extremas y negligencia y la temporada recién comienza
El incendio se produce en un contexto de alerta extrema por riesgo de incendios forestales en toda la provincia, con temperaturas elevadas, humedad muy baja y vientos intensos que favorecen la propagación del fuego. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un trimestre con temperaturas por encima del promedio en gran parte del país, especialmente en la Patagonia, que ya viene de un invierno seco.
La combinación entre crisis climática, desinversión estatal y déficit de personal capacitado deja al sistema en una situación de vulnerabilidad.
“Ni la prevención ni el combate de los incendios pueden llevarse adelante de manera eficiente en estas condiciones”, afirman desde Brigadistas en Lucha. Mientras tanto, el fuego sigue avanzando sobre uno de los parques más emblemáticos de Córdoba, en una imagen que lamentablemente ya no sorprende.
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Tucumán y Santiago del Estero intensifican controles ambientales en la cuenca Salí-Dulce

Fecha de Publicación: 11/10/2025
Fuente: Portal PrimeraFuente
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero 

Los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto para el cuidado ambiental de la cuenca Salí-Dulce.
El ministro de Economía y Producción tucumano, Daniel Abad, mantuvo un encuentro con el defensor del Pueblo santiagueño, Daniel Edgardo Escobar Correa, donde se acordó intensificar el monitoreo de la calidad del agua y la supervisión de los afluentes industriales.

Balance de la zafra y coordinación interprovincial
Durante la reunión, de la que también participaron el secretario de Producción, Eduardo Castro, y el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, se evaluaron los controles realizados durante la reciente zafra azucarera.
Eduardo Castro destacó que el acompañamiento de la provincia vecina ha sido fundamental para garantizar que los ingenios cumplan con las normativas ambientales, señalando que se realizaron inspecciones y análisis continuos de la calidad del agua que desemboca en el dique Frontal.
Por su parte, Daniel Escobar Correa valoró la coordinación constante con las autoridades tucumanas, especialmente en la fiscalización de los establecimientos vinculados a la industria azucarera, la base productiva de Tucumán.

Monitoreo y desafíos ambientales
El defensor del Pueblo santiagueño informó que el monitoreo de los establecimientos industriales está llegando a su fin con "muy pocos episodios" de contaminación. Indicó que algunos sucesos aislados, como la mortalidad de peces, responden en gran medida a causas naturales, aunque en ocasiones se combinan con la contaminación y el bajo nivel de precipitaciones que afectó a Tucumán.
En la misma línea, Facundo Moreno Majnach (Subsecretario de Medio Ambiente) explicó que el acuerdo de monitoreo entre ambas provincias, vigente desde hace tiempo, permite un control riguroso de la presencia de vinaza y ceniza en los cursos de agua durante la temporada de zafra.
De cara al fin de la zafra, y ante la estacional reducción de los caudales hídricos, ambas provincias anunciaron que se intensificarán los controles sobre la calidad del agua y los efluentes industriales para preservar el equilibrio ecológico de la cuenca.
Las autoridades de ambas provincias subrayaron su total colaboración para seguir trabajando coordinadamente en el saneamiento de la cuenca Salí-Dulce, garantizando un desarrollo productivo responsable.
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Cambio climático: casi 3 de cada 4 compromisos asumidos por la Argentina están estancados o muestran pocos avances

Fecha de Publicación: 09/10/2025
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Nacional


El 73% de 100 objetivos oficiales vinculados a la agenda climática en la Argentina no están camino a cumplirse para 2030. El dato surge de un análisis del Observatorio Nacional de Acción Climática, una nueva plataforma pública que muestra los compromisos oficiales asumidos por el Estado nacional en 23 documentos normativos y estratégicos nacionales.
En el análisis, coordinado por la fundación Sustentabilidad Sin Fronteras y del cual formaron parte más de 20 organizaciones multisectoriales -entre las que se encuentra Chequeado-, cada objetivo quedó clasificado en un único estado de avance con evidencia documentada y trazable, a partir de pedidos de acceso a la información y del trabajo técnico independiente de las organizaciones.
Sólo el 16% de los objetivos vinculados a la agenda climática van camino a cumplirse para 2030
La evaluación del Observatorio sobre las 100 metas se agruparon en 7 estados de avance: “sin información”, “imposible de cumplir”, “sin avances”, “avance leve”, “avance moderado”, “cumplimiento esperado” y “cumplido”.
El análisis del Observatorio mostró que un 17% de las metas se encuentra “imposible de cumplir” en el plazo establecido, 20% “sin avances” y 36% con “avance leve”. Es decir, casi 3 de cada 4 (73%) de los objetivos planteados van camino a incumplirse para 2030.
Del resto, el 10% es de “avance moderado”, 3% con “cumplimiento esperado” y 3% “cumplido”, osea, un 16%. El restante 11% no tiene información para evaluar las metas.
Entre las metas imposibles de cumplir, se encuentran, por ejemplo, erradicar los basurales a cielo abierto, no superar las emisiones de 372 MtCO2e (megatoneladas de dióxido de carbono equivalente) en 2025 y desarrollar y aumentar la producción de hidrógeno en al menos 1 Mt (megatonelada) en 2030 y 5 Mt a 2050.
Entre las que tienen un avance leve, se encuentran la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector energético al 2030 y alcanzar una penetración de autos eléctricos deI 2% deI parque de vehículos.
Por su parte, metas como ser carbono neutral al 2050 (alcanzar un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero; esto es, emitir a la atmósfera la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías) y ampliar el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) al 2030, con 23 provincias con “capacidades de monitoreo y respuesta temprana de deforestación”, se encuentran sin avances.
Mariano Villares, cofundador de Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF), señaló que “los datos muestran que una parte sustantiva de la agenda climática nacional no está en trayectoria hacia 2030. El problema central es la falta de seguimiento y recursos asignados. Cuando no hay información pública ni responsables visibles, no se corrige a tiempo”.
Cabe recordar que la Ley 27.520 obliga al Estado a contar con un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, cuya implementación pública efectiva sigue siendo “insuficiente”.
Para SSF, “la falta de avances en adaptación (al cambio climático) agrava las pérdidas por eventos extremos, los daños a la infraestructura y a las cadenas de suministro, eleva costos de seguros, afecta la salud y la productividad, y tensiona la seguridad hídrica y alimentaria”.
Los resultados de cada meta están detallados en la web del Observatorio, cada ficha registra la fuente utilizada y la clasificación se actualizará cada 6 meses. En la sección “Biblioteca” se concentra la normativa, los planes y los documentos oficiales que respaldan el monitoreo, con enlaces directos a las fuentes primarias para facilitar verificación y trazabilidad.
Del análisis de las metas participaron más de 20 organizaciones, entre las que se encuentran Chequeado, Fundar, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Sustentar, Democracia en Red, Círculo de Políticas Ambientales, Regenerar, Fundación Vida Silvestre, Laboratorio de Transición, Universidad Austral, Estudio Beccar Varela, CADER, LIECS, Ambiente Sano, SIBSA, Flacso, Chequeado, Argentina 1.5, UNSAM Ambiente y Política, Essential Energy Holding y Club de Roma Capítulo Argentino. Cada organización colaboró como evaluadora en objetivos seleccionados según su experiencia.

Plan de Manejo del Fuego y faros de conservación
Como parte del análisis, Chequeado evaluó 4 metas del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, elaborado en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos). La primera de ellas evalúa que, para el 2030, el 100% de las áreas protegidas prioritarias cuenten “con un plan de manejo de fuego con su respectivo plan operativo implementándose y evaluándose”.
Desde la Administración de Parques Nacionales respondieron, a través de un pedido de acceso a la información, que -de un total de 43 áreas protegidas que requieren contar con un plan de manejo del fuego- se ha logrado avanzar con la aprobación de 30 planes.
De las 13 restantes, 10 tienen avanzado su proceso de elaboración. En las otras 3, se espera iniciar el proceso en los próximos meses. Por eso, la meta se encuentra con un “cumplimiento esperado”.
Por otro lado, este medio analizó la meta que establece que, para el 2030, “todas las provincias tienen planes de manejo del fuego que incluyen consideraciones de cambio climático” y consideró que el objetivo tiene un avance leve. Ante los pedidos formales de información no se obtuvo respuesta que acredite la conformación de mesas intersectoriales e interjurisdiccionales para acompañar ese proceso, ni un cronograma federal de actualización de planes.
A nivel provincial, se observan planes y protocolos operativos en varias jurisdicciones, pero son escasos los casos que integran de manera explícita análisis de vulnerabilidad y escenarios climáticos con medidas de adaptación. 
También tiene un avance leve la meta que propone la existencia de 147 Faros de conservación en funcionamiento para 2030. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional respondieron a Chequeado en un pedido de acceso a la información que existen actualmente 21 torres de detección a las que accede el Gobierno nacional, y detallaron la ubicación de cada una. Señalaron que “no habría un aumento de torres de detección temprana, sino que se está trabajando en el fortalecimiento y uso de plataformas (a través del SINAME) que brindan información de detección satelital cada veinte minutos en todo el territorio nacional”.
El Plan también plantea la existencia de “27 torres de detección temprana de incendios en funcionamiento” para 2023, pero esto se encuentra imposible de cumplir.
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Defender los glaciares es un tema de supervivencia

Fecha de Publicación: 03/10/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Organizaciones ambientalistas destacaron la importancia de la Ley de Glaciares frente a los intentos del gobierno de modificarla. 
A 15 años de la sanción de la Ley de Glaciares un panel de especialistas planteó la necesidad de seguir defendiéndola, frente a los intentos del Gobierno y de las empresas mineras de recortar el área de protección. Y destacaron su importancia a la hora de proteger el agua y los ecosistemas.
En semicírculo, se sentaron Agostina Rossi Serra --especialista en biodiversidad de GreenPeace--, Pía Marchegiani --directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)--, Enrique Viale --presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA)-- y Saúl Zeballos de la Asamblea Jáchal no se toca que en su regazo llevaba una bandera argentina.
"Cuando se planteó y cuando se propuso, no sabíamos que hoy --15 años después-- este contexto de crisis climática iba a ser tan extremo. Es por eso que tenemos que defenderla, tenemos que protegerla... No tenemos que permitir que se flexibilice esa ley, como se está buscando, porque implicaría una regresión ambiental: se está hablando de dejar de proteger el ambiente periglacial, que es una reserva de agua dulce estratégica igual que los propios glaciares", detalló Rossi Serra.
"Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos", sintetizó Rossi Serra. "Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática", subrayó. 

Apertura democrática
En tanto, Viale destacó que 2010 "era un momento de ampliación democrática", ya que la ley se sancionó en la misma época que el Matrimonio Igualitario y después de largas horas de debate en el Congreso y de meses de debate público. "Si se retrocede en una ley de estas características, es un golpe muy fuerte a la democracia. Además de ser inconstitucional porque es una regresión ambiental", detalló el abogado.
Marchegiani describió el contexto como un "avance contra las instituciones democráticas, contra la agenda ambiental --en especial, la ley de biodiversidad y la ley de bosques, que son centrales en la Argentina... Siempre fueron resistidas en el momento de la sanción, pero también después con medidas cautelares en San Juan y Jujuy, cuando los sectores mineros dijeron 'esta ley acá no se aplica'. Pero la protección estratégica del agua es para todo el país y para toda su economía, no para un sector económico".
Justamente, los fundamentos del veto de 2008 fueron la presión de las provincias cordilleranas "a pedido de una multinacional muy poderosa a la cabeza: Barrick Gold", recordó Viale. La Corte Suprema tuvo que ordenar que se aplique la ley, pero con el gobierno de Mauricio Macri y el de Javier Milei se "reedita la misma discusión, el mismo texto", afirmó Marchegiani.

"Se reedita el mismo texto"
Según Viale, el texto de la ley Ómnibus que modificaba la Ley de Glaciares tenía "exactamente la misma letra" que el borrador filtrado del Ministerio de Ambiente de 2017 --a cargo de Sergio Bergman-- "porque lo escriben los abogados de Barrick Gold". Zeballos sumó que la modificación permitía 44 proyectos mineros porque proponía reducir la zona de protección de las zonas glaciares y periglaciares, permitiendo que se usen para actividades extractivas o contaminantes, y limitar su definición a "recarga de cuenca hídrica". En especial, desprotegía a los glaciares de menos de una hectárea, que son los más abundantes fuera de la Patagonia (por ejemplo, en los Andes desérticos).
"Los proyectos fueron limitados... Sin la protección legal, los hubieran destruido directamente. La ley es una herramienta concreta para la protección de glaciares. El ambiente periglaciar y el glaciar van juntos. Es una unidad ecosistémica, no hay una sin la otra y tienen que estar conectados", completó Marchegiani. A su vez, Viale explicó: "Los glaciares en nuestro país son fundamentales ya que funcionan como nuestras fábricas de agua. Lo que la megaminería nos quiere sacar cuando amenaza la ley son nuestras cuencas y ríos. Desde la cordillera alimentan a poblaciones mucho más allá de las fronteras provinciales. De ellos depende una enorme trama de vida, inclusive la actividad económica y la salud de nuestros ecosistemas. En ese sentido, los glaciares y su ambiente periglaciar son fábricas de vida. Están cada vez más amenazados por la crisis climática, y por eso tenemos que cuidarlos más que nunca".

Cianuro y mercurio
"Cinco años después de la sanción, en uno de sus proyectos mineros hubo un derrame, como consecuencia de la no aplicación de la ley", sostuvo Viale. Zeballos tomó la palabra para representar a su comunidad: "se cumplieron 10 años el derrame de cianuro y mercurio de Barrick Gold sobre la cuenta del río Jachal". Todavía sigue contaminado, así que el pueblo sanjuanino recibe agua del acuífero Huachi, también conocido como Pampa del Chañar. Pero el sanjuanino advirtió que el proyecto "Esperanza", de extracción de cobre y tierras raras, va a hacer distintas perforaciones de entre cinco mil y diez mil metros en el acuífero, "sobre las recargas de la última fuente de agua pura que le queda a Jáchal". 
También en San Juan, Luis Caputo, ministro de Economía, anunció la semana pasada en la red social X el proyecto extractivista Los Azules. Basándose en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) --aprobado en la Ley Bases--, destruiría geoformas glaciares y periglaciares que miden menos de 1 hectárea y que, si bien siguen estando protegidas por la ley, no están inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). Zeballos denunció irregularidades en la inclusión de glaciares pequeños que, sin estar en el inventario, quedan "totalmente desprotegidos ante el avance de la minería", concluyó el sanjuanino.
Así, Viale reafirmó: "la seguridad jurídica no es sólo para las grandes corporaciones. Nosotros, las comunidades, también queremos seguridad jurídica, que se aplique la Ley de Glaciares". Desde el panel advirtieron que frenarán los intentos de las mineras de flexibilizar y violar esta ley que no prohíbe la minería, sino que no permite que la desaarrollen donde nacen los ríos, el agua y la vida argentina.
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Camino a la COP30: un grupo de provincias armaron un frente climático contra la política ambiental de Javier Milei

Fecha de Publicación: 02/10/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


En Córdoba, 14 provincias conformaron un Parlamento del Clima para rechazar una posible salida de la Argentina del pacto climático y marcar distancia de la posición oficial
Las provincias se posicionan con mayor nitidez contra la política ambiental del Gobierno de Javier Milei. La semana pasada, en la Legislatura de Córdoba, 14 jurisdicciones se reunieron en la segunda sesión del “Parlamento del Clima” para rechazar una posible salida de la Argentina del Acuerdo de París.
Desde el Ejecutivo nacional no hay definiciones, aún no está claro si asistirá ni cómo se presentará a la próxima Cumbre del Clima (COP 30), que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, Brasil. Según pudo saber LA NACION, esto se definirá muy cerca del evento. 
A pesar de ello, se preparan documentos para ese encuentro, pero “falta la palabra de Cancillería”, que tendría la decisión final. El año pasado, durante la COP 29 en Bakú, el Gobierno optó por retirar a la delegación argentina en plena negociación, una decisión que generó un escándalo internacional y sembró dudas sobre el comportamiento que tendrá el Gobierno.
El Parlamento del Clima está conformado por las comisiones de Ambiente de 14 de las 23 provincias y busca instalar una agenda paralela frente a lo que califican como “desarticulación de la política climática nacional”. Así lo definió Abraham Galo, titular de la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables de Córdoba y presidente del bloque federal por dos años.
El encuentro no es vinculante, aunque apunta a generar influencia y marcar un camino político dentro del Poder Legislativo con una impronta federal. “Tenemos que seguir con el trabajo que veníamos haciendo, a pesar de tener por primera vez un Gobierno nacional negacionista”, afirmó Galo. 
Ante la consulta, desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación catalogaron estos esfuerzos provinciales como meros gestos electorales con vistas a octubre. “Nos hemos reunido con las provincias a través del Consejo Federal del Medio Ambiente y estamos funcionando como órgano coordinador para la elaboración de los planes de respuesta al cambio climático”, describieron. Para ellos, estas iniciativas provinciales utilizan argumentos “ideologizados” y plantearon que hay otros espacios en los que hay un encuentro federal. “Participamos de los encuentros de la Alianza Verde del Clima y también a través del Consejo Federal de Inversiones, en donde el Tesoro pone partidas”, añadieron.
Pero más allá del debate político, hay varios expertos que resaltaron una necesidad financiera para explicar los movimientos provinciales. Una asesora que trabaja con casi todas las provincias del país en materia de política ambiental y climática, explicó que muchas de estas iniciativas están atadas de manera primordial con la búsqueda de financiamiento internacional. “Sobre todo veo que lo buscarían implementar para proyectos vinculados al pago por servicios ambientales, en especial para incentivar a los productores a conservar los ecosistemas nativos”, explicó.
Recordemos que, tras la no actualización del presupuesto 2025, hubo una caída generalizada de la cooperación para las provincias que al cierre del año pasado sufrieron una caída real del 9,8%, y en la que la provincia de Buenos Aires sufrió el golpe más fuerte. Las acciones del oficialismo durante la primera sesión de debate sobre el presupuesto 2026 sembraron fuertes sospechas de que hay una intención de boicotear la búsqueda de consenso para tener una versión actualizada.
La tensión entre los gobernadores porque consideran que hubo promesas incumplidas por parte del Gobierno, ha desembocado, entre otras cosas, en la búsqueda de fondos que provengan de la banca multilateral o de acuerdos entre gobiernos subnacionales. El Consejo Federal de Inversiones ha asesorado a varias provincias para impulsar también mecanismos de adaptación al cambio climático. “Mucho tiene que ver con renovación o mejoramiento de infraestructura, pero con una perspectiva de adaptación”, dijo una asesora cercana a los gobiernos provinciales. 
Participaron representantes de Catamarca, de la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Córdoba. También estuvo presente la vicegobernadora cordobesa Myrian Prunotto y una delegación uruguaya.
De acuerdo con observadores presentes, la sesión fue más declarativa que programática. Los legisladores provinciales manifestaron su rechazo al “negacionismo” del Gobierno nacional, pero no trazaron una hoja de ruta con medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. En la declaración oficial instaron a promover un consenso legislativo que “blinde cualquier posible salida del Acuerdo de París”.
María Eugenia Mancini, legisladora correntina y cofundadora del espacio, explicó que el parlamento es una iniciativa pionera que esperan que se replique en otros países; solo en Estados Unidos hubo un experimento similar. “Vamos a presentar al Campeón de Alto Nivel de la COP 30 y al embajador de Brasil en la Argentina este modelo de innovación institucional legislativa que no tiene antecedentes en el mundo. Gracias a las provincias, el liderazgo climático argentino se mantiene en lo alto. Siempre fuimos grandes actores en la cooperación internacional”, señaló.
El Parlamento del Clima no es nuevo. En 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, hubo un primer intento impulsado por el exdiputado y cineasta Fernando “Pino” Solanas (quien falleció en 2020) y Sebastián Navarro, aunque no tuvo continuidad. Según Mancini, eso se debió a divisiones impulsadas desde el Gobierno nacional de entonces. En esta segunda sesión se conformaron comisiones conjuntas para establecer un programa de trabajo federal y ya hay reuniones previstas para este año y el próximo. A pesar de ello, la agenda no termina de ser nítida. Según informaron desde el “Parlamento”, es misión de las comisiones marcar una ruta de trabajo.

Un bloque federal
El Parlamento del Clima es solo una de las iniciativas provinciales que buscan distanciarse de la agenda ambiental de Milei. La de mayor fuerza surgió en junio pasado, durante la Conferencia Climática Internacional celebrada también en Córdoba.
Ese encuentro reunió a 5500 asistentes de más de 20 países y contó con seis gobernadores: Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Raúl Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones) y Carlos Sadir (Jujuy). También participaron la vicegobernadora de Entre Ríos, Lisa Griselda Aluani, y Amador Sánchez Rico, entonces representante de la Unión Europea en Argentina.
“Hoy, lamentablemente, la Argentina salió de la visión de defensa del clima. Estamos en un país negacionista. No lo compartimos. Si estamos aquí es porque resistimos, con un compromiso personal y una responsabilidad histórica. El día de mañana podremos mirar a nuestros hijos y nietos”, había declarado Llaryora en ese momento.
Esa conferencia abrió la puerta a nuevas alianzas interprovinciales e internacionales. Según un asesor de gobiernos provinciales en política climática, existe la intención de conformar un frente subnacional en la COP 30 que sostenga una agenda distinta a la del Gobierno nacional.
Pocos días después, hubo otro encuentro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, encabezado por la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar y con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La idea, nuevamente, fue delinear una agenda propia de cara a la cumbre de Belém do Pará.
El 8 y 9 de octubre se realizará un nuevo encuentro federal, “Camino a la COP30”, impulsado por la Alianza Verde Argentina. Se espera la participación de representantes de Entre Ríos y La Pampa, además de funcionarios de la embajada brasileña.
Más allá de los actos políticos, todavía hay un camino largo para recorrer en lo que respecta a la normatividad climática provincial. Hasta ahora, solo ocho de ellas cuentan con leyes distritales de cambio climático y, a pesar de que la mayoría de las jurisdicciones están trabajando en ello, solo tres tienen aprobados sus planes de acción frente a riesgos climáticos como inundaciones o incendios. 
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Presupuesto 2026: el Gobierno asignó el número más bajo de la historia para la protección de bosques nativos

Fecha de Publicación: 29/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Vida Silvestre Argentina alertó que el proyecto enviado al Congreso adjudica apenas el 3,5% de lo previsto por la Ley 26.331. Con ese nivel de recursos, advierten, las provincias no podrán fiscalizar ni restaurar áreas degradadas y la deforestación continuará avanzando.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2026 contempla el financiamiento más bajo desde la sanción de la Ley de Bosques, en 2007. 
Según la Fundación Vida Silvestre Argentina, la propuesta del Poder Ejecutivo destina apenas el 3,5% de los fondos que establece la norma, una reducción que representa el desfinanciamiento más grave en casi dos décadas de implementación.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos estableció que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques debe recibir, como mínimo, el 0,3% del presupuesto nacional. 
Para 2026, ese monto equivaldría a $444.207 millones. Sin embargo, el proyecto oficial prevé solo $15.843 millones, a los que se suman $1624 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
“La Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea. Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre.

El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Jaramillo.
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques también pone en riesgo compromisos internacionales asumidos por la Argentina. El país se propuso alcanzar la carbononeutralidad en 2050 y reducir la deforestación, en línea con el Acuerdo de París de 2015 y el Convenio de Diversidad Biológica.
“Es hora de asumir los compromisos y salvar nuestros bosques. Conservarlos es esencial para preservar nuestra salud, bienestar y supervivencia”, concluyó el director de Vida Silvestre.
El proyecto de presupuesto será debatido en el Congreso en las próximas semanas. Desde las organizaciones ambientales advierten que el resultado de esa discusión será determinante para el futuro de la Ley de Bosques y para la conservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.
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Agenda 2030 a bajo costo: Desde la cartera ambiental piden que se reconozcan a los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) dentro de esas metas

Fecha de Publicación: 27/09/2025
Fuente: Bichos de campo
Provincia/Región: Nacional


El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es “alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación”.
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados “bonos verdes”, el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. “Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible”, aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
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Javier Milei redobló su rechazo a la Agenda 2030 ante la Organización de las Naciones Unidas

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


En su intervención en la Asamblea General, el presidente además cuestionó la autoridad del organismo como ente supranacional. Eduardo Sartelli, Sixto Cristiani y Daniel Lipovetzky debatieron en "Comunistas" cómo diseñar una política ambiental que no conspire contra el desarrollo nacional. 
"Los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", expresó este miércoles el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Oficialmente conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 17 desafíos globales que la componen interconectan metas en términos de erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente contra el cambio climático y garantizar prosperidad para todas las naciones. En esa línea, Milei aseguró que tales metas no deben imponerse por encima de la libertad individual, y denunció que la ONU ha derivado hacia un gobierno supranacional de burócratas que “pretenden decidir qué debe hacer cada Estado”.
La tensión que subyace en la Agenda 2030 criticada por el mandatario fue abordada por los integrantes de la mesa en "Comunistas". El historiador Eduardo Sartelli planteó que la agenda ambiental —y en general las dimensiones ecológicas del desarrollo— no pueden pensarse por separado de las estructuras económicas. Citó como ejemplo las políticas ambientales de Francia, que en su visión también responden a la protección de su sector agrícola contra las importaciones de otros países productores de sus mismas materias primas provenientes del campo.
Para Sartelli, el problema ambiental más urgente en Argentina no es "salvar ballenas", sino enfrentar realidades concretas como las que sufren diariamente las millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo. “Se soluciona con un plan de desarrollo que diga ‘no’ a la destrucción innecesaria, y que avance hacia paradigmas eléctricos”, afirmó, criticando severamente lo que calificó como un "ambientalismo cínico” que, según él, protege fronteras externas pero deja al país sin cambios necesarios para la población.​
También invitado al programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, Sixto Cristiani, candidato a diputado nacional y licenciado en Administración de Empresas, asumió un giro doctrinal: “Si sos libertario, vamos a tener que transformar la economía hacia una de matriz ecológica”, apuntó. Advirtió que China ya está avanzando en la transición energética que va de los combustibles fósiles a las energías alternativas y que, de no transformarse,  Argentina perderá los "empleos del siglo XXI". No obstante, propuso que el país exporte recursos fósiles como petróleo o gas mientras que a nivel doméstico evolucione hacia energías renovables, ambivalencia por la que Sartelli le salió al cruce y la criticó.
Por su parte, Daniel Lipovetzky, candidato a diputado nacional y abogado con experiencia en comercio internacional, sostuvo que el cambio climático no puede utilizarse como un “obstáculo” para el desarrollo, sino como una materia que permitra articular la defensa de los recursos con la equidad. Según Lipovetzky, el desafío argentino radica en no caer en extremos: ni negar el problema ni quedar atrapado en regulaciones que paralicen la actividad productiva.
El debate encendido en "Comunistas" a partir de la crítica ensayada por Milei mantiene relevancia internacional en un contexto donde el alza de las temperaturas globales no se detiene, al tiempo que a nivel geopolítico se produce un reordenamiento de fuerzas donde las naciones buscan posicionarse política y comercialmente de la manera más favorable a sus propios intereses.
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Política ausente, futuro incierto: el ocaso de la ley que impulsó las energías limpias en Argentina

Fecha de Publicación: 26/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde la urgencia por frenar la crisis climática debiese acelerar la transición energética, Argentina camina en sentido opuesto. Con una matriz energética construida sobre una base fósil, el gas y el petróleo componen más de 80 % del consumo a nivel nacional, una dependencia que ya cumple décadas y condiciona cualquier intento de transición.
En medio de esta trayectoria, la sanción de la Ley Nacional 27.191 en 2015 representó para el país un punto de quiebre, con metas obligatorias para diversificar la matriz energética, previsibilidad jurídica e incentivos fiscales. Hoy apenas 16 % de la generación proviene de fuentes limpias, lejos de 20 % fijado por la ley.
Con el vencimiento de la Segunda Etapa del régimen, la legislación – y el sector renovable- enfrenta un panorama incierto. Con instrumentos de financiamiento vacíos, un gobierno que niega el cambio climático y una prórroga de la ley centrada solo en incentivos económicos, la situación se agrava para las renovables no convencionales.
Pero Argentina no es solo su gobierno nacional. Al interior del territorio varias provincias ensayan hace casi una década modelos descentralizados y esquemas propios anclados en sus recursos, capacidades y prioridades locales. Sin certezas sobre cómo continuará el respaldo legal de las renovables, ¿podrán estos modelos asumir temporalmente el liderazgo de la transición energética? ¿Hasta qué punto puede sostenerse la agenda nacional cuando hoy su motor son experiencias provinciales dispersas?

Un marco legal que se queda atrás y uno nuevo que no acelera
En 2015, con la sanción de la Ley 27.191, Argentina dio un paso importante al fijar metas nacionales para el desarrollo de energías renovables. Estructurada en dos partes, la Segunda Etapa de la 27.191 fijó como meta 20 % de participación de renovables en la matriz energética argentina para diciembre de 2025, con incentivos para acompañar su crecimiento; un objetivo que hoy está lejos de alcanzarse.
La 27.191 surgió tras múltiples intentos previos. La Ley 25.019 de 1998 y la Ley 26.190 de 2006 sentaron precedentes, pero sus resultados fueron limitados por la ausencia de mecanismos financieros sólidos y la dependencia de fondos estatales en un país con macroeconomía inestable.
Con alto riesgo país, costo de capital elevado y marcos jurídicos poco confiables, los inversores de grandes proyectos no tenían garantías de retorno. Como señala Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader).
“en Argentina, invertir en renovables requiere capital intensivo, lo que en Argentina es extremadamente caro. Sin garantías de pago, sin fondos de respaldo y con volatilidad cambiaria, el riesgo percibido por los inversores hace que muchos proyectos no sean viables”, afirma.
Ante este escenario, la 27.191 buscó corregir parte de estas falencias. Además de las metas obligatorias, creó un marco jurídico más claro para inversores y mecanismos como el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que ofrecía garantías de pago, préstamos e inversión en proyectos.
También incorporó beneficios fiscales como devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA), amortización acelerada de bienes de capital, exenciones sobre ganancias y dividendos y franquicias para importar equipos. Herramientas que generaron previsibilidad y permitieron a los grandes usuarios cumplir obligaciones de consumo con contratos seguros y precios de referencia, fomentando además la diversificación de la matriz.
En 2017 se sumó la Ley 27.424 de generación distribuida, que habilitó a usuarios residenciales, pymes y cooperativas a convertirse en “prosumidores”, instalando paneles solares y volcando excedentes a la red, ampliando así la participación de actores pequeños en la transición energética.
Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la institucionalidad de las renovables se debilitó. El Foder quedó prácticamente inactivo y la Ley 27.424 sufrió la derogación de capítulos clave mediante el Decreto 70/2023, lo que debilitó su implementación.
En paralelo, la Ley 27.742 de 2024 otorgó beneficios fiscales y facilidades cambiarias al sector de hidrocarburos, consolidando un marco aún más favorable a los combustibles fósiles.
Ante la ausencia de una estrategia estatal clara, el desarrollo de renovables depende hoy de actores privados que priorizan la maximización de beneficios económicos.
Una lógica que, para Álvarez,  es insostenible ya que “ningún país del mundo, ni de economía planificada, ni de economía capitalista, ni mixta, deja que la matriz energética la resuelva el mercado».
«La decisión política define el rumbo; los privados compiten entre sí para ver quién lo hace más eficiente y/o más barato, una vez dada la estrategia, la tecnología y las fuentes elegidas. Nunca se deja librado a que gane el más barato solo considerando el valor presente del KWh generado como único parámetro tomado en cuenta para decidir”, añadió.
En paralelo, la 27.191 enfrenta este año lo que se conoce como su próximo “vencimiento”, la finalización de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento de Energías Renovables, prevista para el 31 de diciembre de 2025. Esa fecha marca el plazo para que las fuentes renovables alcancen el 20% del consumo eléctrico nacional, según el artículo 5.
Más allá del plazo, y aunque tanto la ley como los capítulos sobre incentivos fiscales, acceso a fuentes renovables y el Foder continúan operando, este año también expiran beneficios promocionales condicionados a la ejecución de proyectos dentro de la Segunda Etapa.
Según el artículo 6 de la Ley 27.191, los emprendimientos iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025 acceden a devoluciones de IVA, amortizaciones aceleradas y otros incentivos. Pasada esa fecha, las nuevas inversiones quedarían fuera de estas ventajas.
Sin una prórroga o una Tercera Etapa, las metas y beneficios para nuevos proyectos dejan de aplicarse, generando un vacío para la expansión renovable y un retroceso de las condiciones óptimas de mercado para el desarrollo de grandes proyectos.
A pesar de este escenario de “transicione el que pueda”, las renovables se mantienen atractivas como instrumento de inversión y generación de divisas, lo que dialoga con la visión no intervencionista del actual gobierno.
Tal es ese atractivo que en agosto de 2025 un grupo de más de veinte legisladores oficialistas presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para extender la vigencia de la Ley 27.191 hasta diciembre de 2045. La iniciativa busca mantener exenciones de impuestos, cánones y regalías a nivel nacional, provincial y municipal, y resguardar la seguridad jurídica para que el uso de renovables no impacte la rentabilidad de los proyectos. E
El texto también prevé modificaciones estructurales, eliminando la obligación de que los grandes consumidores compren energía renovable a través de Cammesa, flexibilizando los precios máximos en contratos y facultando cambios en el régimen para fomentar la diversificación tecnológica y geográfica, la incorporación de medición inteligente y la gestión de la demanda.
Con estas reformas, el marco normativo se orienta a dar mayor libertad y previsibilidad a la inversión privada, facilitando la expansión de proyectos renovables de gran escala, aunque sin traducirse necesariamente en una política de transición energética integral.
Como explica Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “para que las renovables cumplan un rol estratégico en la matriz energética es necesario articular más actores, definir la demanda y construir una narrativa común sobre qué tipo de energías se desea promover, no librarlas a los megaproyectos”.
En la misma línea, Álvarez también advierte que “este proyecto de continuidad de la 27.191 se limita a asegurar beneficios fiscales y la intangibilidad de los contratos hasta 2045. Sirve para un sector de la industria, para los inversores en grandes parques, que demandan grandes inversiones, pero en términos de política sectorial, no es suficiente. Hace falta un plan de transición, con una hoja de ruta asociada”.

Un país atrapado en los fósiles y en el desorden
Una pregunta válida para cualquier lector, incluso para quien escribe estas líneas, es por qué, siendo las renovables más baratas y con recursos solares y eólicos abundantes, Argentina no logra abrirse camino hacia una transición energética. La respuesta no es simple pues el país arrastra una dependencia estructural de los combustibles fósiles que condiciona cualquier intento de cambio.
Esto se explicaría, en parte, por un esquema de subsidios que refuerza la inercia en el país. Solo en el primer trimestre de 2025 el Estado destinó más de 420 000 millones de pesos (310 millones de dólares) a empresas hidrocarburíferas, frente a apenas 2889 millones (2,13 millones de dólares) asignados a renovables y eficiencia energética, el nivel más bajo en cinco años según el Monitor de Presupuesto de FARN.
Sin embargo, el desequilibrio no se explica únicamente por la composición de la matriz, sino también por la infraestructura que la sostiene.
El Sistema Argentino de Interconexión lleva dos décadas con escasa expansión, y sin nuevas líneas de transmisión resulta imposible despachar la energía limpia generada en regiones como la Patagonia o el noroeste argentino.
Como comenta Elisabeth Möhle en conversación para esta nota, el problema de la transición radica también en la infraestructura paralizada. “Sin una red de transporte modernizada, la transición energética queda atrapada en promesas que caen en saco roto”, asegura. 
En ese sentido, Möhle aclara, además, que, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi, régimen promocional quea proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares) funcionó para algunos grandes parques.
Pero, añade, «el Rigi no resuelve para las renovables los problemas de infraestructura y los problemas más políticos de si va a estar esa demanda de seguir avanzando con la transición. Para mí, puede haber funcionado para algunos parques, pero si hubieses tenido la infraestructura, ahí van a entrar más proyectos renovables, porque al final son grandes inversiones”.
Ante este panorama, surge la pregunta de cómo ordenar todo esto para abrir un camino viable hacia la transición energética. Para algunos, la respuesta no está solo en la macroeconomía, los subsidios o la infraestructura, sino en un marco legal que provea consenso político.
En este sentido, Möhle destaca que “lo importante es que haya una ley, la ley que ordene y dé cierta previsión. Que puedas remontar, revalidar ese consenso que tuviste en 2015 con la sanción de la ley”.

Provincias en resistencia de la mano de la generación distribuida
Argentina hoy se encuentra en un punto de inflexión, con un eclipse institucional y político que sin embargo alumbra otros aspectos, quizás relegados detrás de las lógicas de mercados, que también alzan la bandera de la transición. Al interior del país, diversas provincias han comenzado, incluso antes de la sanción de la 27.191, a diseñar estrategías propias para no quedar atrapadas en la dependencia fósil.
Para aquellas que no poseen grandes yacimientos hidrocarburíferos, las renovables son tanto una oportunidad de diversificación económica como de soberanía energética.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, despliega hace años un modelo de transición energética propio que no convoca únicamente al gran inversor. “Estamos trabajando para posicionar un modelo de transición energética subnacional que lidere a nivel nacional”, comentó Cecilia Mijich, subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en la provincia.
En 2006, la Legislatura de Santa Fe sancionó la Ley 12.692, que estableció un régimen promocional provincial para la investigación, desarrollo, generación y uso de energías renovables no convencionales.
Esa norma marcó el inicio de la transición energética santafesina, al sentar las bases legales para proyectos solares y eólicos (entre otras), con beneficios fiscales por 15 años para los emprendimientos habilitados.
Desde entonces, la provincia no ha dejado de avanzar, institucionalizando el proceso a través de nuevos marcos como la Ley 14.259, que consolidaron un piso regulatorio para dar continuidad a los programas.
Hoy, con el Programa Prosumidores 4.0, se amplió la potencia máxima permitida a 1,5 MW y se ofrecen tarifas diferenciales durante ocho años, lo que asegura previsibilidad a quienes invierten. “Cualquier usuario que se anote en Prosumidores 4.0 tiene garantizados los incentivos por cinco años. Incluso si cambia el gobierno, eso no se puede revertir”, subraya Mijich.
El programa, que ya tuvo versiones anteriores, desde el piloto inicial en 2016 hasta la reformulación de 2020, ha sumado cientos de usuarios residenciales, pymes, cooperativas y municipios.
A agosto de 2025, según datos compartidos por la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la provincia, esta cuenta con 1.407 usuarios generadores conectados y una potencia renovable instalada de 10.277,1 kW en todos los programas vigentes, lo que refleja un crecimiento sostenido de la generación distribuida año tras año.
“Son cientos de prosumidores que producen su energía y la inyectan a la red, y eso crea un efecto demostración muy fuerte en toda la provincia”, remarcó Mijich,
El esquema se sostiene, además, con herramientas como el Fondo de Energías Renovables, líneas de crédito provinciales con tasas bonificadas y convenios con bancos, que facilitan el acceso a equipamiento solar y eólico para pequeños y medianos usuarios.
“La clave está en que no se trata de una política coyuntural, sino de una política pública con horizonte de largo plazo. En Santa Fe tenemos un marco provincial, financiamiento propio y actores preparados para sostener la transición”, destacó Mijich.
Señala también cómo “ese andamiaje [legal y financiero] es lo que da confianza.  Cuando una pyme invierte en solar, sabe que el Estado provincial respalda esa decisión y que no se va a caer con el próximo cambio de gestión”.
Al marco de incentivos financieros se le suma un capital técnico y científico que es clave para la provincia, con más de 160 proveedores vinculados a energías renovables y eficiencia energética, gestores capacitados, etiquetadores de vivienda y magísteres en energías renovables formados en universidades públicas.
Esta red territorial asegura que la política energética no dependa de cambios de administración y que los proyectos puedan concretarse en distintos niveles, desde pequeños sistemas residenciales de 3 kW hasta parques solares privados de varios megavatios que venderán energía directamente a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
“El ecosistema santafesino tiene una ventaja enorme, hay proveedores locales, hay investigación aplicada y hay formación de recursos humanos. Eso garantiza que la transición energética sea una realidad productiva y tecnológica”, enfatiza Mijich. “Lo que construimos es un círculo virtuoso, usuarios que instalan, empresas que proveen, universidades que forman, y un Estado que articula. Ese es el verdadero sentido de la transición”, asegura.

¿El camino es la descentralización?
Donde el Estado nacional se retira, los modelos provinciales pueden momentáneamente hacer frente al desinterés. Pero surge la pregunta inevitable: ¿pueden estas iniciativas locales sostener una transición energética en mayor escala?
“El desarrollo de la generación distribuida en Argentina está muy atrasado si nos comparamos con Brasil”, señala Möhle. “Tenemos mucho menos capacidad instalada, y eso afecta varias dimensiones: transporte, inversión, financiamiento. Incluso la falta de metas claras es un obstáculo crítico por sí sola. La electricidad sigue siendo muy barata comparada con otros países, y eso desincentiva a individuos y empresas a instalar sistemas propios”, agrega.
Möhle explica que, aun cuando las provincias avanzan, las soluciones de menor escala no transforman la matriz energética nacional. “En muchas provincias del sur o patagónicas, donde la elección tecnológica no es tan evidente, los gobernadores priorizan eficiencia económica o energética antes que motivos climáticos”, dice.
A esta perspectiva, Álvarez agrega que las provincias tienen una ventana de oportunidad para liderar la transición en redes de distribución y generación distribuida, pero advierte que el modelo descentralizado puede profundizar desigualdades, dadas por la diferente dotación de recursos, tintes políticos y articulación entre carteras ministeriales intra provincia.
“No es deseable que cada provincia se ‘salve sola’. Santa Fe, Córdoba y Mendoza podrán avanzar; otras provincias del centro o norte verán pasar las oportunidades. La brecha se ensanchará y el individualismo provincial, en las que cuentan con recursos propios, podría tender a crecer”, sostiene.
Desde esta perspectiva, aunque el liderazgo provincial no puede reemplazar un marco nacional, genera evidencia, capacidades técnicas y marcos regulatorios que podrían ser un insumo clave para políticas nacionales más sólidas.
Para Mercure, aunque la descentralización no garantiza la transición, probar y sostener iniciativas locales es indispensable frente a la incertidumbre nacional.
“Cuando asumió la administración de Milei, nos enfocamos [desde Farn] primero en política climática nacional, y vimos que con este gobierno no iba a pasar nada. Entonces empezamos a mirar a otros niveles, identificando provincias con iniciativas en generación distribuida. La gran mayoría tenía algún tipo de plan subnacional, aunque coordinar con áreas de energía, agro o industria sigue siendo un desafío. Aun así, hay ganas de avanzar, y debemos aprovecharlo”, explica.
Mercure subraya que estas experiencias locales no son perfectas, pero que son dignas de rescatar y visibilizar aún más cuando el gobierno nacional se ausenta: “No me parece imposible mayor protagonismo por parte de las provincias. Hay que buscar soluciones, escuchar a las provincias, apoyar sus ideas. La generación distribuida también puede solventar problemas sociales, ambientales, fomentar inclusión y desarrollo local. Por lo menos necesitamos intentar y sostener la transición frente a la incertidumbre”.
En cuanto a la prórroga de la Ley 27.191 enviada a la Cámara de Diputados, esta podría asegurar la continuidad de incentivos hasta 2045, aunque no contempla objetivos de participación de energías renovables.
Respecto a las expectativas,  Álvarez subraya que “si no hay metas claras, la acción provincial y comunitaria no puede compensar la inacción nacional».
«Tenemos la oportunidad de transformar esta situación mediante una ley de transición con una hoja de ruta asociada que posibilite al país al financiamiento climático internacional y así bajar el precio de la energía local al mismo tiempo que se genera más empleo por unidad de energía generada. Es lo que tenemos, y tenemos que aprovecharlo”, considera.
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Guardaparques de Misiones, referentes en conservación y reconocidos entre los mejores de Latinoamérica

Fecha de Publicación: 20/09/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El mérito de esta distinción se sustenta en un plan de capacitación continua, que prepara a cada agente para enfrentar los desafíos del terreno. Los entrenamientos abarcan medicina táctica, manejo progresivo de armas, técnicas de rastreo y cartografía, lo que garantiza respuestas eficaces en situaciones de emergencia.
El Cuerpo de Guardaparques de Misiones fue distinguido como uno de los mejores de América Latina y el Caribe, un reconocimiento que resalta su excelencia en conservación, formación profesional y compromiso con la biodiversidad.
Con más de 130 integrantes, los guardaparques misioneros se destacan no solo por la vigilancia territorial y la protección de los ecosistemas, sino también por la prevención de delitos ambientales y la educación ambiental en comunidades locales, consolidándose como un modelo de gestión en la región.

Formación constante y profesionalismo
El mérito de esta distinción se sustenta en un plan de capacitación continua, que prepara a cada agente para enfrentar los desafíos del terreno. Los entrenamientos abarcan medicina táctica, manejo progresivo de armas, técnicas de rastreo y cartografía, lo que garantiza respuestas eficaces en situaciones de emergencia.
“Esta formación es clave para nuestros agentes, ya que los prepara para los desafíos diarios en el terreno”, afirmó Jorge Bondar, intendente del Cuerpo de Guardaparques.
Las capacitaciones, avaladas y financiadas por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, combinan instancias teóricas y prácticas que se actualizan periódicamente. Un ejemplo reciente fue el curso de Medicina Táctica, donde los agentes aprendieron protocolos de atención de heridas por armas de fuego y evacuación de víctimas.

Proyección y próximos pasos
El plan de formación 2025 incluye un ciclo de cuatro cursos, de los cuales ya se realizaron dos. Los próximos están programados para noviembre y diciembre, consolidando la preparación de los agentes frente a distintos escenarios.

Más allá de la vigilancia
El rol de los guardaparques va mucho más allá del control y la custodia de los recursos naturales. También realizan tareas de educación ambiental, prevención de delitos ecológicos y acompañamiento a las comunidades que viven en entornos naturales. Su labor, muchas veces en condiciones adversas, es clave para la sostenibilidad de los recursos de Misiones y el fortalecimiento de la identidad ambiental de la provincia.
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Contra el negacionismo climático: un informe revela cómo se construye la acción climática desde las provincias argentinas

Fecha de Publicación: 19/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


En un contexto donde el negacionismo climático se ha instalado en el discurso oficial, las provincias argentinas comienzan a marcar el rumbo en materia de adaptación y mitigación.
La Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras presentó el primer Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales, un relevamiento integral que compara avances en planes, inventarios, marcos normativos, financiamiento y participación ciudadana.
Radiografía federal de la acción climática
El informe sistematiza datos oficiales de todas las jurisdicciones del país. Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
- Planes provinciales validados: solo La Pampa, Jujuy y Misiones cuentan con planes de respuesta convalidados por el gobierno nacional
- Institucionalidad climática: el 54 % de las provincias tienen áreas específicas dedicadas al cambio climático
- Inventarios de GEI: 7 provincias elaboraron sus propios inventarios (Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe)
- Leyes marco: 8 jurisdicciones cuentan con legislación específica (CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa)
- Emisiones concentradas: la provincia de Buenos Aires representa el 34 % de las emisiones nacionales

Financiamiento limitado y dependencia de fondos nacionales
El acceso a recursos internacionales sigue siendo una barrera estructural.
La mayoría de las provincias dependen del Consejo Federal de Inversiones (CFI) o de cooperación nacional, con escaso acceso a financiamiento internacional.
Esta limitación pone en riesgo la sostenibilidad de los planes climáticos y la capacidad de respuesta ante eventos extremos como sequías, inundaciones e incendios.
“El federalismo climático está en construcción. La capacidad de las provincias será clave para cumplir los compromisos internacionales”, señaló Mariano Villares, cofundador de la Fundación.

Negacionismo climático: una amenaza global con impacto local
Rechazo a la evidencia científica, intereses económicos y desinformación estructural.
El informe se publica en un momento donde el negacionismo climático se manifiesta como:
- Rechazo del consenso científico sobre el calentamiento global
- Presión de industrias extractivas, como la de los hidrocarburos
- Mecanismos psicológicos de negación frente a amenazas existenciales
- Manipulación informativa y ocultamiento de pruebas, como imágenes satelitales de pérdida de hielos
- Resistencia a políticas climáticas que transformen sectores económicos clave

Visibilizar, comparar y aprender: el valor del informe
Una herramienta para reducir asimetrías y fortalecer la gobernanza ambiental. El documento no establece rankings, sino que ofrece una fotografía comparativa que permite:
- Tomar decisiones informadas
- Aprender entre pares
- Ordenar la información pública disponible
En un país donde el gobierno nacional niega la crisis climática, son las provincias las que intentan construir respuestas concretas desde sus territorios.
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Presupuesto. Denuncian fuertes ajustes en la política ambiental

Fecha de Publicación: 18/09/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Según los especialistas, el proyecto del Gobierno impulsa menores partidas para la protección de bosques, el control de la contaminación y el manejo del fuego
El proyecto de presupuesto que el gobierno de Javier Milei presentó este lunes expone con claridad, según los expertos consulados por LA NACION, la marginación que su agenda asigna a la protección ambiental y a la atención de la crisis climática. Para los especialistas, la reducción de fondos destinados a este área no constituye un hecho aislado ni sorpresivo: es, más bien, la confirmación de una línea de continuidad en la administración libertaria desde su llegada al poder en diciembre de 2023.
Según se detalla en el proyecto de ley de presupuesto 2026, la función de Ecología y Medio Ambiente enfrentará una caída del 21% en términos reales respecto de lo designado en el año en curso, considerando la inflación promedio. El monto total previsto asciende a 213.721 millones de pesos. Hasta agosto pasado se había ejecutado poco menos del 60% de lo aprobado, lo que anticipa un fuerte impacto sobre gran parte de las políticas de conservación y protección de bosques nativos.
La contracción no se limita a un área en particular: alcanza a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, a la protección de bosques nativos y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). “El presupuesto para bosques nativos es 96% inferior a lo que debería según lo estipula la ley y cayó un 31,27% con respecto a la asignación de 2025”, advirtió Ariel Slipak, economista e integrante del equipo de análisis presupuestario de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los fondos destinados a bosques se dirigen principalmente a productores agrícolas, bajo la lógica de incentivar la conservación y la reforestación dentro de un ordenamiento territorial aprobado por los gobiernos provinciales. Sin embargo, la reducción casi total de esos recursos compromete la eficacia de esos planes. “Sin financiamiento, los ordenamientos pierden su función. No hay presupuesto para que se implementen correctamente”, señaló Matías Cena Trebucq, analista económico en FARN.
En paralelo, la asignación de fondos a la Subsecretaría de Ambiente tendría una baja en términos reales del 32,7%. En la Administración de Parques Nacionales se proyecta un incremento real del 25,68% con respecto a este año, aunque, al comparar con los recursos disponibles en 2023, todavía implica una caída acumulada del 26,3%. Este tipo de contrastes, advirtieron los expertos, muestra cómo los aumentos anunciados en algunos rubros no logran compensar la pérdida de capacidad presupuestaria que viene arrastrándose desde hace dos años.
La organización FARN también enfatizó que, en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el empeño del Gobierno de expandir actividades productivas como la minería, la energía y la agricultura, la política ambiental debilitada suma presión sobre ecosistemas que ya enfrentan altos niveles de degradación. Cena Trebucq destacó en particular el Programa de Evaluación y Control Ambiental, destinado a financiar estudios de impacto ambiental previos a proyectos de envergadura.
Estos estudios son fundamentales para prevenir daños en cuerpos de agua, suelos, biodiversidad o incluso en la salud de las comunidades. “En el nuevo proyecto de presupuesto se contempla una caída del 54,2% [en el Programa de Evaluación y Control Ambiental]”, precisó el economista, y agregó que las reducciones no se limitan a lo financiero: también disminuye la cantidad de inspecciones destinadas a controlar efluentes industriales y residuos peligrosos.
Otro de los recortes significativos se observa en el SNMF. Según los cálculos de FARN, para el año próximo habría una caída del 51,85% del presupuesto que se asignó a ese servicio para este año. La comparación muestra una reducción drástica de la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, un problema que en los últimos años ha escalado en magnitud. Si bien el presupuesto del manejo del fuego no solo se compone de lo designado al SNMF, los expertos plantean que es un primer indicador. “Falta analizar cuánto asignará Parques Nacionales y el Ministerio de Seguridad a este tema”, añadió Slipak. 
“Esto refleja lo que Milei sostiene en sus discursos. Ni el ambiente ni el clima son contemplados. El Gobierno ve como única política económica el recorte presupuestario para sostener el equilibrio fiscal. Pero si ocurren inundaciones como la de Bahía Blanca o incendios como los de la Patagonia y eso significa déficit fiscal, ¿qué hacemos?”, cuestionó el economista de FARN.
En conjunto, los datos del presupuesto 2026 muestran que, lejos de priorizar el fortalecimiento de la política ambiental en un contexto de crisis climática global, el Gobierno profundiza el sendero de desinversión en el área. “En caso de que la inflación promedio sea mayor a la proyectada por el Gobierno, que apunta a 13,9%, las caídas podrían ser superiores a las analizadas”, destacó Cena Trebucq.
Para los especialistas, este rumbo implica no solo menos recursos, sino también una menor capacidad del Estado para responder a emergencias ambientales, cumplir con compromisos internacionales y garantizar condiciones básicas de protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen directamente de ella.
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