Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan y la provincia renuncia a cobrarle multas


El megaproyecto minero Vicuña, amparado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, avanza sobre una zona de glaciares en San Juan mediante un acuerdo que exime a la empresa de sanciones ambientales y traslada cualquier disputa a un tribunal arbitral internacional.

El proyecto Vicuña, presentado como la mayor inversión minera de la historia argentina, con un desembolso inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones, ya está en marcha en la Cordillera sanjuanina. Controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, y fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Ambos yacimientos están situados al límite con Chile, sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, un cuerpo que estaba protegido por la normativa anterior hasta que una reforma de la Ley de Glaciares limitó ese resguardo.

Un glaciar ya intervenido
Según un informe de impacto socioambiental elaborado por un observatorio que integra a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín, el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fueron intervenidos por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos, con el consiguiente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino. El proyecto contempla además un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa área glaciar, según documentó también la organización ambientalista Greenpeace, que impulsó junto a otras entidades una campaña que reunió cerca de 900.000 firmas en menos de dos semanas tras la reforma de la ley. La demanda energética del emprendimiento podría alcanzar los 700 megavatios, más que el consumo de toda la población de San Juan, lo que ya generó disputas con otras mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente. A esto se suma la preocupación por el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala sobre cuencas como la del río Jáchal.

El acuerdo con la provincia
Una vez modificada la Ley de Glaciares, el 5 de agosto directivos de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso, ratificada dos semanas después por la Legislatura sanjuanina con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto, de 57 páginas, condiciona cualquier reclamo económico o por daños ambientales, tanto del Estado provincial como del nacional, durante los próximos 71 años. El documento establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de "daños e impacto ambiental", pero un análisis del economista sanjuanino Hugo Berozzi determinó que esa suma en realidad funciona como un pago único y por adelantado que cubre cualquier concepto de daño ambiental futuro, y que buena parte de ella se destinará a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, obra necesaria para la logística de la propia mina. "La provincia renuncia a imponer cualquier multa o reparación ambiental" adicional durante toda la vida útil del proyecto, advirtió Berozzi.

Regalías congeladas y sin obras compensatorias
El acuerdo también congela las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento, pese a que la normativa nacional habilita a elevarlas hasta el 5% para nuevos proyectos mineros. Esa garantía se extiende a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 kilómetros, lo que abarca más de la mitad del departamento de Iglesia. Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia dejaría de percibir un ingreso estimado en 491,2 millones de dólares a valor presente. El pacto elimina además la obligación de construir infraestructura hídrica para restituir el agua consumida en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia, unas 34.000 personas, así como dos proyectos de energías renovables, dos productivos, dos de preservación ambiental y la plantación de 10.000 árboles nativos previstos originalmente como compensación de la huella de carbono. Tampoco se exige contratación de proveedores o mano de obra local si la empresa demuestra que no cumplen requisitos o tienen precios más altos, algo que ya generó polémica luego de que se adjudicara la construcción del campamento modular del proyecto a un consorcio de empresas chinas.

Arbitraje internacional y consecuencias
Uno de los puntos más cuestionados es que la provincia renuncia a juzgar disputas ambientales, tributarias o de fiscalización en tribunales locales o nacionales: toda diferencia se resolverá de forma inapelable ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Según Berozzi, esto entra en conflicto con distintos artículos de la Constitución provincial de San Juan y expone al Estado a riesgos de indemnizaciones millonarias ante laudos adversos. Días después de publicar su informe, el economista fue despedido de su puesto en el área de análisis de riesgo crediticio del Fondo de Garantías de la provincia, donde trabajaba desde hacía seis años, en lo que definió como una decisión vinculada a sus críticas al acuerdo. Un investigador del observatorio que analizó el caso resumió el trasfondo de la operación: "cualquier intento futuro de regular podrá ser respondido con una demanda millonaria" ante ese tribunal internacional.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Río Negro

El recorte de personal técnico y de guardaparques compromete la prevención de incendios y la fiscalización en reservas territoriales

Informes sobre gestión de áreas protegidas y biología de la conservación analizan el impacto del desmantelamiento operativo en la resiliencia de los ecosistemas.

Un relevamiento sobre la capacidad institucional de conservación en Argentina advierte sobre una alarmante contracción en la planta de personal de la Administración de Parques Nacionales. La desvinculación y no renovación de contratos que afectó a más de un centenar de trabajadores especializados —entre los que se cuentan brigadistas de incendios, científicos, administrativos de campo y personal territorial de fiscalización— compromete de forma directa el resguardo de millones de hectáreas bajo protección federal. Esta desarticulación de equipos técnicos reduce la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas y deja vulnerables zonas de alto valor biológico frente al avance de la intrusión ilegal y la caza furtiva.

Deterioro operativo, paros de respuesta e incendios forestales
La disminución crítica del personal de campo altera la frecuencia de patrullajes y la capacidad de rápida intervención. La reducción de brigadistas forestales limita las tareas de prevención física durante la temporada de sequía, paralizando la creación de cortafuegos y el mantenimiento de senderos operativos. Asimismo, la falta de personal administrativo y técnico ralentiza los trámites de evaluación de impacto ambiental requeridos para concesiones turísticas y proyectos dentro de las reservas. Esta vacancia funcional debilita la presencia estatal en zonas de frontera ambiental, lo que facilita el ingreso no detectado de especies exóticas invasoras, la tala clandestina de maderas nativas y el asentamiento no planificado en franjas amortiguadoras.
Factores de vulnerabilidad directa derivados del desfinanciamiento institucional:
- Disminución de brigadas contra incendios: Menor cobertura territorial y mayor tiempo de respuesta ante focos ígneos primarios.
- Interrupción de programas de monitoreo de fauna: Suspensión de censos de especies amenazadas y seguimiento fotográfico de depredadores.
- Riesgo en la seguridad de visitantes: Reducción de guardaparques para la atención de emergencias médicas y rescates en zonas agrestes.

Evaluaciones científicas sobre la integridad de las reservas
Estudios coordinados por la Administración de Parques Nacionales (APN), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) concuerdan en que la efectividad de las reservas depende de su capacidad de manejo activo. Las investigaciones señalan que la mera delimitación cartográfica de un parque nacional no garantiza la preservación de su biodiversidad si no se cuenta con la densidad de guardaparques por kilómetro cuadrado recomendada por los estándares internacionales de conservación.

Fortalecimiento institucional para la conservación del patrimonio natural
Garantizar la protección efectiva del sistema nacional de áreas protegidas exige restituir el financiamiento operativo y la estabilidad laboral de los cuerpos técnicos. Preservar la estructura profesional de Parques Nacionales resulta imprescindible para resguardar los servicios ecosistémicos de recarga hídrica, fijación de carbono y conservación de biodiversidad en todo el territorio argentino.


Fecha de Publicación: 18/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal EconomiaSustentable, Administración de Parques Nacionales (APN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
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El Poder Ejecutivo busca llevar tranquilidad al sector agropecuario tras las dudas generadas por la tipificación del delito ambiental


Frente a la contundente preocupación expresada por entidades del campo y productores agropecuarios, el Gobierno nacional aclaró los alcances del proyecto de ley que busca incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, desmintiendo que las actividades productivas tradicionales vayan a ser criminalizadas de forma arbitraria.

La iniciativa legislativa orientada a tipificar el delito de "ecocidio" e incorporar los crímenes ambientales de gran escala dentro del Código Penal de la República Argentina desencadenó una intensa polémica política e institucional entre el Poder Ejecutivo y las principales cámaras empresarias del sector agroindustrial. Dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y diversas asociaciones de productores expresaron un enérgico rechazo al texto borrador, advirtiendo que la inclusión de figuras legales ambiguas —conocidas doctrinalmente como "leyes penales en blanco"— podría generar un marco de severa inseguridad jurídica para la actividad ganadera y agrícola regular. Ante la escalada del conflicto y el temor empresarial a sanciones penales por prácticas operativas cotidianas, voceros del Gobierno salieron a bajar la tensión, asegurando de forma categórica que la normativa está diseñada exclusivamente para sancionar estragos ambientales dolosos de gran magnitud y que no afectará el desarrollo productivo tradicional.

La controversia jurídica sobre la "ley penal en blanco"
El núcleo central del debate técnico-jurídico radica en la utilización del recurso legislativo de las "leyes penales en blanco", es decir, aquellas normas sustantivas que fijan una sanción o pena pero remiten la definición del comportamiento prohibido a reglamentaciones administrativas variables o a decretos provinciales secundarias. Juristas, penalistas y asesores legales de las entidades del campo sostienen que este mecanismo viola el principio constitucional de legalidad y tipicidad penal, ya que deja a criterio de un funcionario de turno la determinación de qué práctica agrícola (como el uso de fitosanitarios, la quema controlada de pastizales o la limpieza de rodeos) constituye o no un delito ambiental grave. La falta de definiciones taxativas y claras en el proyecto original encendió las alarmas sobre una eventual judicialización masiva de los productores y la discrecionalidad estatal al momento de fiscalizar los predios rurales.
Para desglosar la matriz del desacuerdo entre el sector productivo y los redactores del proyecto, especialistas en derecho ambiental e hídrico señalan los siguientes puntos de fricción institucionales:
- Incertidumbre en los umbrales de daño: La ausencia de parámetros cuantificables y objetivos sobre qué escala de alteración ecosistémica califica como "ecocidio" genera interpretaciones encontradas entre jueces y fiscales.
- Solapamiento con normativas provinciales de ambiente: Las jurisdicciones subnacionales poseen sus propios códigos de faltas y leyes de presupuestos mínimos, lo que podría derivar en una doble penalización o un conflicto de competencias jurisdiccionales.
- Riesgo para las inversiones y el crédito agropecuario: La amenaza de imputaciones penales o embargos cautelares sobre unidades productivas afecta la previsibilidad financiera y el acceso a financiamiento internacional para el sector agroexportador.

La respuesta oficial y los mecanismos de concertación legislativa
Frente al frente de tormenta abierto con el ámbito rural, representantes del Ministerio de Justicia y del área ambiental de la Nación explicaron que la intención de la norma es dotar al Estado argentino de una herramienta penal efectiva para castigar a actores que provoquen desastres ecológicos masivos e irreversibles, tales como incendios intencionales a gran escala para especulación inmobiliaria, vertidos industriales altamente tóxicos en cuencas hídricas interprovinciales o la deforestación ilegal masiva en áreas protegidas por la Ley de Bosques. Desde el Gobierno enfatizaron que el proyecto ingresará a comisiones parlamentarias en el Congreso de la Nación sujeto a modificaciones, abriendo una mesa de diálogo técnico con los representantes de las cadenas bioindustriales para perfeccionar la redacción de los artículos, precisar las definiciones técnicas y garantizar que la ley no interfiera con las buenas prácticas agrícolas ni con la producción sustentable.

El desafío de equilibrar la tutela ambiental con la seguridad jurídica
Este conflicto deja al descubierto la complejidad estructural que enfrenta la Argentina al momento de actualizar su legislación penal en clave ambiental. Mientras que organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho ambiental destacan la urgencia de contar con un capítulo de delitos contra el ambiente para frenar el avance impune de la degradación ecológica, el sector productivo demanda garantías claras de que las leyes no se transformen en herramientas punitivas arbitrarias que desincentiven la inversión. Alcanzar un equilibrio técnico que proteja de manera efectiva los bienes comunes de la Nación sin vulnerar las garantías constitucionales del debido proceso ni atentar contra la competitividad del campo argentino representa uno de los mayores desafíos legislativos para el Congreso en la presente agenda parlamentaria.


Fecha de Publicación: 03/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Justicia de la Nación Argentina
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La catástrofe en el Himalaya reaviva con fuerza el reclamo por el control y la protección de los glaciares en Argentina


El colapso de un bloque de hielo colgante y el consecuente desprendimiento de tierras ocurrido recientemente en la región del Everest, en Nepal, no solo conmovió a la comunidad internacional por su saldo de devastación material y pérdidas humanas, sino que activó de inmediato las alertas ecológicas en otros rincones del planeta con sistemas montañosos similares. En la República Argentina, asambleas socioambientales, científicos y defensores de los derechos de la naturaleza capitalizaron el trágico suceso para relanzar con carácter de urgencia sus reclamos históricos sobre la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial a lo largo de la cordillera de los Andes. Los expertos advierten que las dinámicas de inestabilidad física observadas en el Himalaya, exacerbadas de forma directa por el calentamiento global de la atmósfera, guardan peligrosas similitudes estructurales con la situación actual de los cuerpos de hielo sudamericanos, los cuales sufren un acelerado proceso de degradación y desmoronamiento ante la falta de controles efectivos y la constante presión de actividades extractivas industriales.

Similitudes estructurales y el fenómeno de los lagos glaciares
El desastre en Asia puso bajo la lupa técnica un fenómeno hidrológico y geológico que los glaciólogos argentinos vienen monitoreando con extrema preocupación: las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares (conocidas internacionalmente como GLOF, por sus siglas en inglés). A medida que las temperaturas medias globales se elevan, los glaciares de montaña no solo retroceden en superficie, sino que vierten volúmenes masivos de agua de deshielo que quedan retenidos por frágiles diques naturales de roca y sedimentos inestables. En la cordillera andina, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, existen cientos de estas formaciones hídricas que, ante un eventual desprendimiento de roca o hielo superior, podrían colapsar y generar flujos aluvionales violentos capaces de borrar del mapa a poblaciones e infraestructuras ubicadas en los valles inferiores.
Para dimensionar la complejidad de esta amenaza silenciosa en el territorio argentino, los especialistas sugieren desglosar los factores de riesgo en los siguientes puntos clave:
- Inestabilidad de las laderas de alta montaña: El derretimiento del permafrost (el suelo congelado que actúa como el cemento natural de las rocas) debilita las pendientes de los cerros, facilitando desprendimientos masivos de rocas sobre los cuerpos de agua.
- Vulnerabilidad de las cuencas hídricas: Los lagos glaciares formados recientemente carecen de salidas de agua consolidadas, lo que incrementa la presión hidrostática sobre las morrenas naturales que los contienen.
- Proximidad de asentamientos y obras de infraestructura: El crecimiento del turismo de montaña y la construcción de emprendimientos viales o energéticos en zonas elevadas expone a más personas y bienes materiales a potenciales aludes.

La parálisis legal y la amenaza de las reformas normativas
La tragedia en Nepal reactivó de forma inmediata el debate político y judicial en torno a la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Glaciares en Argentina, una normativa de vanguardia internacional que, desde su sanción, ha sido objeto de permanentes disputas y resistencias por parte de corporaciones mineras y gobiernos provinciales con intereses extractivos. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que las recientes propuestas oficiales de reforma y flexibilización legislativa impulsadas a nivel nacional buscan reducir drásticamente el área de protección legal del ambiente periglacial para facilitar la radicación de megaproyectos mineros de oro, cobre y litio en las nacientes de las cuencas hídricas. Este escenario de desregulación ambiental es percibido por la comunidad científica como una temeraria invitación a la catástrofe, ya que la remoción de suelos congelados y la detonación de roca viva en la alta montaña alteran de forma irreversible el equilibrio mecánico y térmico de los glaciares circundantes, acelerando el riesgo de colapsos estructurales similares al del Himalaya.

El rol crítico del Inventario Nacional de Glaciares
Frente a la inminencia de un escenario climático cada vez más hostil, la comunidad científica nucleada en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y diversas universidades nacionales insiste en la necesidad imperiosa de dotar de un financiamiento presupuestario sólido y continuo al Inventario Nacional de Glaciares. Este registro técnico constituye la herramienta fundamental del Estado argentino para identificar, mapear y monitorear la evolución de todos los cuerpos de hielo del país, sirviendo no solo como un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas de adaptación al cambio climático, sino también como un sistema cartográfico preventivo ante riesgos geológicos. Los activistas socioambientales enfatizan que descuidar o subfinanciar estas herramientas de monitoreo estratégico equivale a avanzar a ciegas por la cordillera, ignorando las claras advertencias físicas que la naturaleza está manifestando a escala global y desoyendo el trágico espejo que hoy representa la región del Everest para los pueblos andinos.


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Agencia EFEVerde, Portal El País América
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El Gobierno designa al nuevo titular de Parques Nacionales tras dos meses de parálisis institucional


Luego de un prolongado y sumamente preocupante período de sesenta días de acefalía que mantuvo en vilo a los sectores científicos, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ambientales de toda la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación del nuevo funcionario que asumirá de forma inmediata la conducción de la Administración de Parques Nacionales (APN). Este organismo, cuya trascendencia es vital para la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el manejo sustentable de las millones de hectáreas que componen el sistema de áreas protegidas en todo el territorio nacional, se encontraba sumido en una profunda y peligrosa parálisis técnico-administrativa debido a la falta de una firma autorizada en su cúspide jerárquica. La esperada designación llega en un momento de máxima tensión sectorial, caracterizado por recurrentes reclamos sindicales debido a la precarización del personal, un severo congelamiento de las partidas presupuestarias en un contexto de alta inflación y la inminente necesidad de coordinar de manera urgente los comités internacionales y locales de emergencia de cara a una temporada que se prevé meteorológicamente hostil en términos de incendios forestales. La comunidad conservacionista respiró con un alivio relativo ante el fin del vacío de poder, pero mantiene una mirada rigurosa y expectante sobre el perfil del nuevo directivo, cuya tarea inmediata será resucitar una estructura burocrática estatal que quedó virtualmente congelada durante el invierno, afectando la soberanía ambiental y el control efectivo en los rincones más remotos y vulnerables del patrimonio natural argentino.

El impacto de la parálisis administrativa y los desafíos operativos de la nueva gestión
El flamante director asume el máximo cargo de la Administración de Parques Nacionales con una agenda repleta de urgencias acumuladas y un escenario institucional severamente precarizado por las políticas de ajuste fiscal y reestructuración estatal. Durante los dos meses en los que el organismo permaneció acéfalo, la ausencia de una autoridad legal con capacidad de firma bloqueó de manera sistemática los procesos más elementales de la gestión pública cotidiana, desde la adquisición de insumos básicos y combustibles para los vehículos de patrullaje de los guardaparques en el terreno, hasta la ejecución de partidas presupuestarias internacionales ya asignadas y destinadas exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura turística y de seguridad en las reservas naturales. El nuevo funcionario, cuya trayectoria técnica previa combina experiencia en la gestión de recursos públicos y un perfil marcadamente alineado con las directrices de eficiencia económica que promueve la actual administración nacional, tendrá la titánica e inmediata tarea de destrabar los miles de expedientes internos paralizados que amenazaban con interrumpir servicios esenciales. Asimismo, se verá obligado a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo político y laboral con los sindicatos que representan a los trabajadores de Parques Nacionales y al personal operativo distribuido en las provincias, quienes venían advirtiendo que la falta de conducción y de lineamientos claros no solo desmoralizaba al cuerpo de profesionales, sino que dejaba al descubierto vastas extensiones de fronteras naturales frente a actividades ilícitas como la caza furtiva, la pesca clandestina, el desmonte ilegal y la usurpación de tierras fiscales.

El foco en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la crisis de los brigadistas
Uno de los puntos más críticos, urgentes e ineludibles que deberá afrontar la nueva conducción de la APN de forma articulada con el Ministerio de Seguridad es la optimización y el despliegue logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dentro de las áreas protegidas nacionales y sus zonas de amortiguación ecológica. Ante los rigurosos pronósticos meteorológicos de mediano y largo plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan una temporada estival caracterizada por temperaturas inusualmente elevadas y una extrema sequía estructural ligada a las anomalías climáticas en la cuenca del Plata y la región andina, las alarmas están completamente encendidas. La comunidad científica y los colectivos vecinales de áreas sensibles como la Patagonia andina, las Yungas del norte de Salta y Jujuy, y el macrosistema del Delta del Paraná venían denunciando con desesperación que la falta de autoridades formales en Parques Nacionales ponía en serio riesgo los planes preventivos de contingencia ante catástrofes ígneas. La ausencia de contratos renovados, la falta de mantenimiento de las aeronaves hidrantes y las demoras en las capacitaciones específicas para los brigadistas forestales locales son herencias de la acefalía que el nuevo titular deberá resolver contrarreloj antes de que el inicio del verano transforme las alertas en incendios incontrolables. La capacidad del funcionario para coordinar recursos con los gobernadores provinciales, optimizar el equipamiento técnico de las cuadrillas terrestres y asegurar los fondos necesarios para los viáticos y sueldos de los brigadistas —quienes históricamente han reclamado estabilidad laboral y equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad— será la primera gran prueba de fuego que determinará la viabilidad y el éxito de su administración en el corto plazo.

El nuevo esquema económico: concesiones turísticas y autofinanciamiento estatal
El debate de fondo que rodeará las decisiones del nuevo director de la Administración de Parques Nacionales está directamente vinculado con el cambio de paradigma económico que el Gobierno nacional busca implementar en todas las áreas del Estado, impulsando un modelo donde el autofinanciamiento y las inversiones privadas jueguen un rol central. La nueva conducción tiene el mandato político de revisar minuciosamente el estado de todas las concesiones turísticas vigentes dentro de las reservas más visitadas del país, tales como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El objetivo gubernamental es modernizar e incrementar los cánones de explotación de los servicios de hotelería, gastronomía, transporte náutico y excursiones de aventura, buscando transformar a la APN en un organismo financieramente sostenible que dependa cada vez menos de las transferencias directas del Tesoro Nacional. Si bien esta estrategia es vista con buenos ojos por sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, el turismo masivo y las cámaras empresariales regionales, genera una profunda preocupación y un fuerte rechazo entre los sectores más conservacionistas y los científicos de la ecología. Estos expertos advierten que una apertura desmedida e insuficientemente regulada a las lógicas del mercado y la explotación comercial comercial privada podría vulnerar el principio fundamental de intangibilidad que rige sobre las áreas naturales protegidas, provocando un impacto ambiental irreversible por contaminación, acumulación de residuos, sobreexplotación de recursos hídricos y alteración del comportamiento de las especies faunísticas nativas.

Repercusiones, desconfianza y expectativas en el sector ambientalista argentino
La oficialización del nombramiento fue recibida con una marcada dosis de cautela, escepticismo y demandas puntuales por parte de las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente en la Argentina, tales como la Fundación Vida Silvestre, la Asociación Aves Argentinas y la Red Yaguareté. A través de diversos comunicados y declaraciones públicas, los referentes del sector han coincidido en señalar que el patrimonio natural del país y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de biodiversidad no pueden quedar supeditados a los tiempos de la burocracia política ni a visiones estrictamente fiscalistas de la gestión pública. Las ONG exigen de manera unánime que el nuevo titular convoque de manera perentoria a mesas de trabajo técnicas y participativas que incluyan a la comunidad científica, las universidades nacionales y los representantes locales, garantizando que los criterios científicos y de conservación ecológica se mantengan por encima de cualquier interés corporativo o inmobiliario. La gran encrucijada del nuevo funcionario consistirá en demostrar que es posible cumplir con los estándares de control del gasto público exigidos por el Ejecutivo nacional sin descuidar el rol indelegable e histórico del Estado como guardián y protector de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. La preservación del yaguareté en el norte, del huemul en los bosques del sur, y de los humedales y pastizales nativos frente al constante avance de la frontera agropecuaria e industrial serán los verdaderos hitos ambientales que juzgarán la gestión de este nuevo capítulo institucional de Parques Nacionales.

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Diario Infobae, Agencia Télam
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Glifosato en Misiones: el impulso a su vuelta abre un fuerte capitulo político en la provincia

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua presentó la iniciativa para dejar sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, que se tratará en la Legislatura, busca restablecer el insumo clave para las economías regionales.
El gobierno de Misiones formalizó un cambio de rumbo en su política agroindustrial que impacta tanto en las chacras como en el tablero político del NEA.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a los diputados de su bloque, Movimiento por lo que Viene, para presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164). 
Dicho artículo, sancionado en junio de 2023 bajo la conducción legislativa del histórico conductor provincial Carlos Rovira, imponía la prohibición total del uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial.
La restricción original, que establecía un esquema de transición, debió aplicarse plenamente a mediados de 2025 y luego fue prorrogada por decreto hasta 2030, pero el nuevo proyecto busca directamente eliminar el límite legal.
La decisión oficial responde a los insistentes reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, que alertaban sobre una pérdida crítica de competitividad.
Los productores de yerba mate, té, tabaco y el sector forestal sostienen que la eliminación del herbicida tradicional, sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevaba drásticamente los costos de producción. 
Frente a las malezas del clima subtropical, los bioinsumos distribuidos demandaban mayor mano de obra y sucesivas pasadas de maquinaria, reduciendo los rindes de las parcelas. 

El respaldo de las entidades del campo
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró de manera inmediata la decisión del mandatario misionero y destacó que el proyecto para derogar la prohibición del glifosato representa un paso fundamental para devolverle previsibilidad y viabilidad operativa al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Desde el gremialismo agropecuario enfatizaron además que este avance es el resultado directo de un reclamo sostenido en defensa de la realidad productiva regional.
En su mensaje difundido en X, la SRA subrayó el rol activo que mantuvo durante todo el conflicto, combinando el acompañamiento a los agricultores con acciones institucionales y judiciales para defender el derecho a producir. 
Al respecto, señalaron en redes sociales que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”, respaldando así el giro adoptado por el Ejecutivo provincial.
Asimismo, la dirigencia ruralista valoró especialmente que la gobernación haya escuchado las demandas del campo tras meses de incertidumbre operativa.
Explicaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atentaba directamente contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino.
Con este aval de peso expresado en las redes, la iniciativa suma un firme respaldo del arco productivo nacional de cara a su inminente tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.
Las entidades gremiales aseguraron que seguirán de cerca la discusión parlamentaria para garantizar que el campo recupere definitivamente la libertad de trabajar con los insumos autorizados a nivel nacional.

Quiebre político
El trasfondo de la medida expone un punto de inflexión histórico en la política de Misiones: la ruptura abierta entre el gobernador Passalacqua y Carlos Rovira, quien ejerció una hegemonía absoluta en el poder provincial durante las últimas dos décadas.
La ley de bioinsumos de 2023 había sido la bandera ambientalista del rovirismo para posicionar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Sin embargo, la presión del sector productivo obligó al Ejecutivo a priorizar el pragmatismo económico sobre el relato político local.
El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior.
La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los exigentes países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local. 
La iniciativa también desactiva un polémico esquema comercial que enardecía a las bases agrarias. 
La ley de 2023 coincidió con el desembarco y la fuerte promoción estatal de la firma privada Agro Sustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
El Estado misionero compraba casi la totalidad de su producción para distribuirla de forma gratuita en las chacras, utilizando incluso fondos específicos como el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La controversia estalló cuando auditorías técnicas y denuncias de la oposición revelaron que el producto estrella de la firma para sustituir el glifosato, denominado Bioherb, no contaba con las certificaciones obligatorias de SENASA.
Con el ingreso de este proyecto a la Cámara de Representantes, el esquema de compras centralizadas a proveedores predilectos del Estado queda desactivado, abriendo el juego a la libre competencia que demandaban las economías regionales.
La reforma inicia su debate parlamentario la próxima semana en las comisiones legislativas, marcando no solo el regreso de un insumo clave para el campo, sino también una profunda reconfiguración en el liderazgo político del oficialismo misionero. 
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“El gobierno habla de proyectos e inversiones, pero no hicieron la Evaluación Ambiental Estratégica” 

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: Diario Provincia23
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La referente de la ONG Manekenk, Nancy Fernández, expuso tras la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente los duros cuestionamientos realizados a la gestión del subsecretario de Pesca, Diego Marcioni. Reveló que la normativa exige un estudio ambiental participativo previo a cualquier emprendimiento productivo o acuícola, el cual demora entre 12 y 15 meses y ni siquiera fue iniciado. Advirtió además sobre el rechazo social a iniciativas como las de Newsan en Almanza, las intenciones de instalar salmonicultura en Malvinas y el constante debilitamiento de las áreas ambientales en la estructura del Estado.
Durante el encuentro del Consejo Provincial de Medio Ambiente desarrollado la semana pasada en Tierra del Fuego, representantes de la Universidad, el CADIC, la Legislatura, ONGs y municipios le exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, sobre los proyectos acuícolas en cartera. A lo largo del debate se dejó en evidencia la falta de certezas técnicas e instrumentos legales clave para el desarrollo del sector, situando a la provincia ante un escenario de falta de certeza en materia de recursos marinos y planificación territorial.
Ante la consulta en Radio Provincia sobre las explicaciones brindadas por la Subsecretaría de Pesca respecto a las propuestas productivas impulsadas por la provincia, la referente ambientalista señaló que la gestión se ha caracterizado por un despliegue de enunciaciones teóricas y cartas de intención que no se traducen en realidades concretas. Indicó Nancy Fernández que “tal como Marcioni nos tiene acostumbrados, es todo teoría, todo papel, son posibles inversiones, posibles cartas de intención, posibles proyectos, pero la verdad que en concreto no hay ni uno”.
Al referirse a las iniciativas vigentes, hizo hincapié en el proyecto impulsado por la firma Newsan en Puerto Almanza para el cultivo de mejillones, sobre el cual pesan múltiples objeciones locales. En ese sentido, expresó que la propuesta “ha tenido serios cuestionamientos no solo por parte de la comunidad de Almanza; la comunidad científica también lo ha expresado y la comunidad de los pescadores artesanales también”, sumando además la preocupación planteada por el sector turístico frente al avance de la actividad en el agua.
Al abordar los aspectos legales y de planificación indispensables para este tipo de desarrollos, recordó las exigencias contempladas en la reglamentación de la Ley Provincial 1355 y su modificatoria 1601. Detalló que una de las primeras preguntas formuladas al funcionario fue precisamente cuándo darán comienzo a la Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el propio decreto que él redactó establece que no puede encararse ningún proyecto sin dicho paso. Sobre la falta de precisiones por parte de la cartera pesquera, remarcó que el funcionario respondió que “ya vamos a arrancar, ya vamos a empezar”, dejando entrever que se prometen iniciativas sin definir previamente dónde ni cómo se implementarán.
Respecto al alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, la referente remarcó que se trata de un proceso integral donde las distintas áreas de gobierno, científicos, comunidades de pueblos originarios, ONGs y vecinos definen de manera participativa el uso de cada sector del territorio. Explicó que este trabajo “debe estar liderado por un área determinada del gobierno o a través de una consultora, es un proceso largo que puede durar entre 12 y 15 meses”, añadiendo que hoy esa herramienta no existe para la pesca y la acuicultura, por lo cual la ley impide avanzar con cualquier tipo de emprendimiento.
En relación con el ordenamiento del Canal Beagle, subrayó que se requiere igualmente una zonificación participativa para definir las zonas destinadas al turismo, la pesca artesanal, el buceo o las actividades náuticas. Al evaluar el desempeño de las autoridades en el manejo del área, aseveró que “lo han manejado generando que la gente pierda confianza con el sistema, con el área, con el tema, porque vemos que saltan sorpresas por todos lados”.
Consultada sobre la posible presencia de salmonicultura en el archipiélago atlántico, ratificó la necesidad de realizar un reclamo de soberanía y exigencia de cumplimiento normativo ante la intención de instalar granjas en la zona de las Islas Malvinas. Consideró que el gobierno provincial y el nacional deben sostener una postura firme, dado que “hoy no se podría instalar ningún tipo de emprendimiento productivo si no está hecha la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, esto incluye también a las Islas Malvinas”. Asimismo, anticipó que si las autoridades intentaran avanzar con algún proyecto productivo, sin cumplir los pasos ambientales fijados por la ley, desde el sector que representa presentarán inmediatamente una medida judicial cautelar.
Sobre los temas locales vinculados a la agenda del Consejo y los recientes debates en torno a la gestión de residuos o el relleno sanitario municipal, reconoció que no formaron parte de la última sesión debido a un temario previo concertado, aunque se comprometió a que el asunto sea incluido en el encuentro del mes de octubre. Manifestó que frente a estas problemáticas “estamos igualmente preocupados, estamos en contacto con el concejal y estamos en contacto con la municipalidad para hacer estos pedidos de informe”.
Finalmente, al analizar las reestructuraciones administrativas que reducen la jerarquía de las carteras ambientales en los distintos niveles del Estado, criticó la pérdida de autonomía y de presupuesto que sufren estos organismos. Reflexionó que “cada vez que un área ambiental se subsume a otra área y se junta con otra área, suele perder presencia, perder protagonismo, incluso lo que más pierde es presupuesto, que es lo que necesita para funcionar”. Calificó esta tendencia como un desarmado generalizado de la política ambiental e insistió en que siempre resulta ser “el área que nadie quiere, como la papa caliente”, concluyendo que ante los ajustes presupuestarios los gobiernos suelen relegar el estatus de la gestión ambiental.
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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El Gobierno derogó programas mineros y avanza con un reordenamiento normativo del sector 

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
La Secretaría de Minería derogó una serie de programas, reglamentos y planes operativos vinculados al sector minero, en el marco del proceso de reorganización administrativa y racionalización del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas a transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental. 
Según los considerandos, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que promueve la optimización del funcionamiento del Sector Público Nacional con el objetivo de avanzar hacia una gestión más transparente, ágil, eficiente y orientada a la reducción de estructuras estatales.
El Gobierno argumentó que los programas y regímenes alcanzados por la derogación perdieron vigencia, resultan obsoletos o ya no son compatibles con los lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad.

Qué normas derogó la Secretaría de Minería
La Resolución 64/2026 derogó ocho normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo.
Entre ellas figuran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían aprobado el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esa norma tenía un carácter transitorio y excepcional, por lo que correspondía su derogación una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su dictado.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Además, se dejaron sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales. La segunda había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.

El argumento oficial: simplificación y eficiencia
En los considerandos, la Secretaría de Minería sostuvo que la permanencia formal de esas normas resultaba incompatible con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El texto oficial plantea que la actual gestión busca revisar, adecuar o suprimir programas y regímenes que no se ajusten a los estándares de austeridad exigidos por la coyuntura económica.
También señala que varias de las estructuras derogadas perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, la resolución indica que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes.

Los convenios vigentes no se caen
La derogación de las normas no implica la interrupción automática de convenios ya firmados. La resolución aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.
Para eso, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes, junto con las normas de administración financiera vigentes.
De esa manera, el Gobierno busca separar la derogación normativa hacia adelante del control sobre obligaciones ya asumidas.

Un nuevo marco para la política minera
La decisión se produce en un momento de fuerte expectativa sobre el crecimiento de la minería argentina, impulsado principalmente por el litio, el cobre, el oro y la plata.
El sector aparece entre los principales candidatos a generar divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno busca reordenar la estructura normativa heredada y concentrar la política minera en instrumentos considerados más compatibles con la actual administración.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Minería deberá definir bajo qué nuevas herramientas reemplazará aquellas funciones que, según la propia norma, serán absorbidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
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La Ley de Manejo del Fuego terminó en incendio

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Al final, la meneada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” quedó reducida a solo dos capítulos, que también sufrieron retoques. La presión social también volteó las modificaciones pensadas por Sturzenegger, validadas por Milei y defendidas por Bullrich a favor de los incendios especulativos.
Por segundo día consecutivo, la oposición demostró que la presión política y social tiene consecuencias. La movilización que resistió una feroz represión en las inmediaciones del Congreso y el trabajo parlamentario del interbloque Popular le arrebataron a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada otro capítulo clave: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que abrían la puerta a la especulación inmobiliaria. Sin esos capítulos, el Gobierno solo pudo aprobar los desalojos exprés y las nuevas restricciones a las expropiaciones.
Durante su cierre, Patricia Bullrich tuvo que dar explicaciones por los más de 17 cambios que sufrió el dictamen original. “Quieren que termine mal, quieren que fracase todo”, dijo, molesta. El encargado de anunciar el retiro del capítulo IV fue el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto. El otro responsable político del fracaso fue Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.
Según explicaron desde el bloque peronista a este diario, los cambios introducidos en la última versión del dictamen afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas. La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho de Wado de Pedro.
“Quisieron meter una ley para vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, escribió De Pedro en X.
El senador dedicó buena parte de la jornada a reunir los apoyos de Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo plantado en 36 votos, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes que exponerse a una nueva derrota en el recinto.
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Ley de Tierras: ante el riesgo de derrota en el Senado, el Gobierno eliminó el capítulo más polémico del proyecto

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Patricia Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para poder sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa en el recinto. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie, pero tiene menos resistencias. 
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el "no": según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como "un despropósito" ideado para "volver terratenientes a los amigos" de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
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La apuesta argentina a materias primas genera pocos empleos y riesgo ambiental

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La apuesta argentina a materias primas avanza a todo vapor bajo el gobierno de Javier Milei, pero los números muestran una paradoja: las exportaciones crecen 24% mientras las inversiones caen 7,6% y el empleo retrocede en minería, hidrocarburos y fábricas proveedoras. El modelo promete dólares, pero economistas advierten que las divisas netas pueden resultar insuficientes para un país endeudado con ahorristas dolarizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos extractivos en Vaca Muerta y la minería andina. Mientras tanto, el Congreso Nacional debate una ley de extranjerización de tierras que facilitaría la compra de territorio productivo por parte de capitales foráneos. La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Neuquén y habló en primera persona del plural sobre el desempeño de petróleo, gas y minería, según declaraciones reproducidas por elDiarioAR.

Por qué las divisas pueden no alcanzar
Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, advirtió en el diario Clarín que es difícil prever una avalancha de dólares. Las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor escenario, a USD 3.500, muy por debajo de Noruega (USD 29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según un paper de los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak citado por elDiarioAR.
De las exportaciones brutas hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades giradas al exterior y las importaciones necesarias para explotar los recursos, explicó Rapetti. El flujo neto de divisas será bastante menor. Además, el Banco Central arranca con reservas netas negativas y los habitantes ahorran en dólares, lo que exige un nivel alto de reservas propias para sostener la confianza.

Empleos que caen, amenazas que crecen
Las inversiones en la economía argentina cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según el estudio Ferreres citado por la fuente. El trabajo cayó en minas, pozos y fábricas de equipos y herramientas. Protestas por despidos en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor, en Córdoba, marcaron el clima social de agosto.
El riesgo ambiental avanza desde los Andes al mar. Proyectos mineros como Josemaría, parte del complejo Vicuña, avanzan sin evaluaciones de impacto acumulativo en zonas cordilleranas. En Vaca Muerta, el fracking multiplica la demanda de agua en una región semiárida, mientras los derrames de hidrocarburos quedan subregistrados por falta de controles independientes.
Las exportaciones de hidrocarburos del primer semestre estuvieron influidas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán, que elevaron los precios internacionales del crudo. Ese impulso es transitorio. Hay consenso entre economistas sobre que Argentina nadará en dólares y resolverá su restricción externa, pero no todos suscriben: Rapetti y otros analistas advierten que el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas y en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares.
Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. El campo recibió rebaja de retenciones, aunque no fueron eliminadas. La minería y los hidrocarburos concentran los incentivos del RIGI. El derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente pasa de potencial a concreto.
La pregunta de fondo es quién gana con este modelo: las corporaciones extractivas extranjeras que se llevan utilidades, o una economía local que necesita empleo, divisas netas y territorios habitables. Los datos del primer semestre de 2026 sugieren que la respuesta aún está abierta, pero el balance provisional no favorece a la segunda.
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Ambiente sin conducción: la Nación lleva más de un mes sin subsecretario

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La renuncia de Fernando Brom dejó vacante la conducción de la Subsecretaría de Ambiente. Aunque el despacho quedó transitoriamente bajo la órbita del secretario de Turismo y Ambiente, la falta de una autoridad específica profundiza los interrogantes sobre el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda del Gobierno nacional.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación lleva más de un mes sin una autoridad política propia. Fernando Brom renunció al cargo con efecto desde el 26 de junio y, hasta el momento, el Gobierno no anunció a su reemplazante. La situación vuelve a exponer el debilitamiento institucional de un área estratégica para coordinar políticas climáticas, proteger los recursos naturales y representar al país en los principales debates ambientales internacionales.
La renuncia fue aceptada mediante la Resolución 62/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial. La misma norma encomendó al secretario de Turismo y Ambiente la atención y firma del despacho de la Subsecretaría, como mecanismo transitorio para garantizar la continuidad administrativa. En términos estrictos, el organismo no se encuentra completamente paralizado, pero carece de una autoridad dedicada exclusivamente a conducirlo y fijar sus prioridades.
La diferencia no es menor. La firma de expedientes permite sostener el funcionamiento cotidiano, pero no reemplaza la conducción política necesaria para negociar partidas presupuestarias, coordinar posiciones con las provincias, impulsar nuevas regulaciones o intervenir en discusiones que enfrentan intereses productivos, económicos y ambientales.

Un área estratégica relegada
La estructura ambiental nacional tiene competencias sobre recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión climática, evaluación y control ambiental y articulación con las distintas jurisdicciones. También interviene en cuestiones vinculadas con bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales.
La prolongación de la vacante aparece, por lo tanto, como algo más que una demora administrativa. Constituye una señal política sobre la posición subordinada que ocupa la agenda ambiental dentro de un Gobierno concentrado en la desregulación económica, el impulso de inversiones extractivas y la reducción de la estructura estatal.
Desde diciembre de 2023, el área ambiental perdió jerarquía institucional y quedó incorporada a una secretaría que también concentra las políticas de turismo. La falta de un subsecretario profundiza ese proceso y reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir con una mirada ambiental propia frente a decisiones relacionadas con minería, hidrocarburos, infraestructura, energía y explotación de recursos naturales.
Uno de los debates más sensibles es el futuro de la Ley de Glaciares. En un escenario marcado por el avance de proyectos de cobre, litio y oro en zonas cordilleranas, la autoridad ambiental debería aportar criterios técnicos, coordinar con las provincias y garantizar que las decisiones productivas respeten los presupuestos mínimos de protección establecidos por la legislación nacional.
La ausencia de una conducción específica también puede afectar el vínculo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones. Ese espacio resulta fundamental para coordinar políticas sobre incendios forestales, bosques nativos, residuos, biodiversidad, cambio climático y evaluación de grandes proyectos.

La agenda climática, sin un referente definido
El vacío institucional se produce, además, en un momento clave para la política climática. Argentina debe sostener sus compromisos bajo el Acuerdo de París, avanzar con planes de adaptación, actualizar inventarios de gases de efecto invernadero y definir estrategias para reducir emisiones en sectores como energía, transporte, producción e infraestructura.
A ello se suma la preparación de la posición argentina para la COP31, que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Históricamente, la autoridad ambiental nacional tuvo un papel central en la coordinación técnica de la delegación argentina y en la articulación con Cancillería, las provincias, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.
Sin un funcionario claramente responsable, el país llega debilitado a una negociación internacional en la que estarán en juego el financiamiento climático, la adaptación, la transición energética y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
La vacancia también puede generar consecuencias económicas. Los mercados internacionales, los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión incorporan cada vez más exigencias sobre trazabilidad, emisiones, biodiversidad y estándares ambientales. Una política nacional sin conducción clara no solo debilita los controles, sino que reduce la previsibilidad para las propias actividades productivas.
La designación de un nuevo subsecretario no resolverá por sí sola el retroceso de la política ambiental. Sin embargo, la demora en cubrir el cargo revela una definición más profunda: mientras se aceleran las decisiones vinculadas con minería, hidrocarburos e infraestructura, la autoridad encargada de evaluar y controlar sus consecuencias permanece sin una conducción política específica.
En un contexto atravesado por incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso del territorio, mantener vacante la principal autoridad ambiental operativa del Estado nacional no constituye un detalle burocrático. Es la expresión institucional del lugar marginal que el Gobierno le asigna actualmente a la protección del ambiente.
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