La catástrofe en el Himalaya reaviva con fuerza el reclamo por el control y la protección de los glaciares en Argentina


El colapso de un bloque de hielo colgante y el consecuente desprendimiento de tierras ocurrido recientemente en la región del Everest, en Nepal, no solo conmovió a la comunidad internacional por su saldo de devastación material y pérdidas humanas, sino que activó de inmediato las alertas ecológicas en otros rincones del planeta con sistemas montañosos similares. En la República Argentina, asambleas socioambientales, científicos y defensores de los derechos de la naturaleza capitalizaron el trágico suceso para relanzar con carácter de urgencia sus reclamos históricos sobre la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial a lo largo de la cordillera de los Andes. Los expertos advierten que las dinámicas de inestabilidad física observadas en el Himalaya, exacerbadas de forma directa por el calentamiento global de la atmósfera, guardan peligrosas similitudes estructurales con la situación actual de los cuerpos de hielo sudamericanos, los cuales sufren un acelerado proceso de degradación y desmoronamiento ante la falta de controles efectivos y la constante presión de actividades extractivas industriales.

Similitudes estructurales y el fenómeno de los lagos glaciares
El desastre en Asia puso bajo la lupa técnica un fenómeno hidrológico y geológico que los glaciólogos argentinos vienen monitoreando con extrema preocupación: las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares (conocidas internacionalmente como GLOF, por sus siglas en inglés). A medida que las temperaturas medias globales se elevan, los glaciares de montaña no solo retroceden en superficie, sino que vierten volúmenes masivos de agua de deshielo que quedan retenidos por frágiles diques naturales de roca y sedimentos inestables. En la cordillera andina, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, existen cientos de estas formaciones hídricas que, ante un eventual desprendimiento de roca o hielo superior, podrían colapsar y generar flujos aluvionales violentos capaces de borrar del mapa a poblaciones e infraestructuras ubicadas en los valles inferiores.
Para dimensionar la complejidad de esta amenaza silenciosa en el territorio argentino, los especialistas sugieren desglosar los factores de riesgo en los siguientes puntos clave:
- Inestabilidad de las laderas de alta montaña: El derretimiento del permafrost (el suelo congelado que actúa como el cemento natural de las rocas) debilita las pendientes de los cerros, facilitando desprendimientos masivos de rocas sobre los cuerpos de agua.
- Vulnerabilidad de las cuencas hídricas: Los lagos glaciares formados recientemente carecen de salidas de agua consolidadas, lo que incrementa la presión hidrostática sobre las morrenas naturales que los contienen.
- Proximidad de asentamientos y obras de infraestructura: El crecimiento del turismo de montaña y la construcción de emprendimientos viales o energéticos en zonas elevadas expone a más personas y bienes materiales a potenciales aludes.

La parálisis legal y la amenaza de las reformas normativas
La tragedia en Nepal reactivó de forma inmediata el debate político y judicial en torno a la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Glaciares en Argentina, una normativa de vanguardia internacional que, desde su sanción, ha sido objeto de permanentes disputas y resistencias por parte de corporaciones mineras y gobiernos provinciales con intereses extractivos. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que las recientes propuestas oficiales de reforma y flexibilización legislativa impulsadas a nivel nacional buscan reducir drásticamente el área de protección legal del ambiente periglacial para facilitar la radicación de megaproyectos mineros de oro, cobre y litio en las nacientes de las cuencas hídricas. Este escenario de desregulación ambiental es percibido por la comunidad científica como una temeraria invitación a la catástrofe, ya que la remoción de suelos congelados y la detonación de roca viva en la alta montaña alteran de forma irreversible el equilibrio mecánico y térmico de los glaciares circundantes, acelerando el riesgo de colapsos estructurales similares al del Himalaya.

El rol crítico del Inventario Nacional de Glaciares
Frente a la inminencia de un escenario climático cada vez más hostil, la comunidad científica nucleada en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y diversas universidades nacionales insiste en la necesidad imperiosa de dotar de un financiamiento presupuestario sólido y continuo al Inventario Nacional de Glaciares. Este registro técnico constituye la herramienta fundamental del Estado argentino para identificar, mapear y monitorear la evolución de todos los cuerpos de hielo del país, sirviendo no solo como un insumo indispensable para el diseño de políticas públicas de adaptación al cambio climático, sino también como un sistema cartográfico preventivo ante riesgos geológicos. Los activistas socioambientales enfatizan que descuidar o subfinanciar estas herramientas de monitoreo estratégico equivale a avanzar a ciegas por la cordillera, ignorando las claras advertencias físicas que la naturaleza está manifestando a escala global y desoyendo el trágico espejo que hoy representa la región del Everest para los pueblos andinos.


Fecha de Publicación: 01/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Agencia EFEVerde, Portal El País América
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El Gobierno designa al nuevo titular de Parques Nacionales tras dos meses de parálisis institucional


Luego de un prolongado y sumamente preocupante período de sesenta días de acefalía que mantuvo en vilo a los sectores científicos, las organizaciones no gubernamentales y los colectivos ambientales de toda la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación del nuevo funcionario que asumirá de forma inmediata la conducción de la Administración de Parques Nacionales (APN). Este organismo, cuya trascendencia es vital para la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el manejo sustentable de las millones de hectáreas que componen el sistema de áreas protegidas en todo el territorio nacional, se encontraba sumido en una profunda y peligrosa parálisis técnico-administrativa debido a la falta de una firma autorizada en su cúspide jerárquica. La esperada designación llega en un momento de máxima tensión sectorial, caracterizado por recurrentes reclamos sindicales debido a la precarización del personal, un severo congelamiento de las partidas presupuestarias en un contexto de alta inflación y la inminente necesidad de coordinar de manera urgente los comités internacionales y locales de emergencia de cara a una temporada que se prevé meteorológicamente hostil en términos de incendios forestales. La comunidad conservacionista respiró con un alivio relativo ante el fin del vacío de poder, pero mantiene una mirada rigurosa y expectante sobre el perfil del nuevo directivo, cuya tarea inmediata será resucitar una estructura burocrática estatal que quedó virtualmente congelada durante el invierno, afectando la soberanía ambiental y el control efectivo en los rincones más remotos y vulnerables del patrimonio natural argentino.

El impacto de la parálisis administrativa y los desafíos operativos de la nueva gestión
El flamante director asume el máximo cargo de la Administración de Parques Nacionales con una agenda repleta de urgencias acumuladas y un escenario institucional severamente precarizado por las políticas de ajuste fiscal y reestructuración estatal. Durante los dos meses en los que el organismo permaneció acéfalo, la ausencia de una autoridad legal con capacidad de firma bloqueó de manera sistemática los procesos más elementales de la gestión pública cotidiana, desde la adquisición de insumos básicos y combustibles para los vehículos de patrullaje de los guardaparques en el terreno, hasta la ejecución de partidas presupuestarias internacionales ya asignadas y destinadas exclusivamente al mantenimiento de la infraestructura turística y de seguridad en las reservas naturales. El nuevo funcionario, cuya trayectoria técnica previa combina experiencia en la gestión de recursos públicos y un perfil marcadamente alineado con las directrices de eficiencia económica que promueve la actual administración nacional, tendrá la titánica e inmediata tarea de destrabar los miles de expedientes internos paralizados que amenazaban con interrumpir servicios esenciales. Asimismo, se verá obligado a reestablecer de manera urgente los canales de diálogo político y laboral con los sindicatos que representan a los trabajadores de Parques Nacionales y al personal operativo distribuido en las provincias, quienes venían advirtiendo que la falta de conducción y de lineamientos claros no solo desmoralizaba al cuerpo de profesionales, sino que dejaba al descubierto vastas extensiones de fronteras naturales frente a actividades ilícitas como la caza furtiva, la pesca clandestina, el desmonte ilegal y la usurpación de tierras fiscales.

El foco en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y la crisis de los brigadistas
Uno de los puntos más críticos, urgentes e ineludibles que deberá afrontar la nueva conducción de la APN de forma articulada con el Ministerio de Seguridad es la optimización y el despliegue logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego dentro de las áreas protegidas nacionales y sus zonas de amortiguación ecológica. Ante los rigurosos pronósticos meteorológicos de mediano y largo plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipan una temporada estival caracterizada por temperaturas inusualmente elevadas y una extrema sequía estructural ligada a las anomalías climáticas en la cuenca del Plata y la región andina, las alarmas están completamente encendidas. La comunidad científica y los colectivos vecinales de áreas sensibles como la Patagonia andina, las Yungas del norte de Salta y Jujuy, y el macrosistema del Delta del Paraná venían denunciando con desesperación que la falta de autoridades formales en Parques Nacionales ponía en serio riesgo los planes preventivos de contingencia ante catástrofes ígneas. La ausencia de contratos renovados, la falta de mantenimiento de las aeronaves hidrantes y las demoras en las capacitaciones específicas para los brigadistas forestales locales son herencias de la acefalía que el nuevo titular deberá resolver contrarreloj antes de que el inicio del verano transforme las alertas en incendios incontrolables. La capacidad del funcionario para coordinar recursos con los gobernadores provinciales, optimizar el equipamiento técnico de las cuadrillas terrestres y asegurar los fondos necesarios para los viáticos y sueldos de los brigadistas —quienes históricamente han reclamado estabilidad laboral y equiparación salarial con otras fuerzas de seguridad— será la primera gran prueba de fuego que determinará la viabilidad y el éxito de su administración en el corto plazo.

El nuevo esquema económico: concesiones turísticas y autofinanciamiento estatal
El debate de fondo que rodeará las decisiones del nuevo director de la Administración de Parques Nacionales está directamente vinculado con el cambio de paradigma económico que el Gobierno nacional busca implementar en todas las áreas del Estado, impulsando un modelo donde el autofinanciamiento y las inversiones privadas jueguen un rol central. La nueva conducción tiene el mandato político de revisar minuciosamente el estado de todas las concesiones turísticas vigentes dentro de las reservas más visitadas del país, tales como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Nahuel Huapi. El objetivo gubernamental es modernizar e incrementar los cánones de explotación de los servicios de hotelería, gastronomía, transporte náutico y excursiones de aventura, buscando transformar a la APN en un organismo financieramente sostenible que dependa cada vez menos de las transferencias directas del Tesoro Nacional. Si bien esta estrategia es vista con buenos ojos por sectores vinculados al desarrollo inmobiliario, el turismo masivo y las cámaras empresariales regionales, genera una profunda preocupación y un fuerte rechazo entre los sectores más conservacionistas y los científicos de la ecología. Estos expertos advierten que una apertura desmedida e insuficientemente regulada a las lógicas del mercado y la explotación comercial comercial privada podría vulnerar el principio fundamental de intangibilidad que rige sobre las áreas naturales protegidas, provocando un impacto ambiental irreversible por contaminación, acumulación de residuos, sobreexplotación de recursos hídricos y alteración del comportamiento de las especies faunísticas nativas.

Repercusiones, desconfianza y expectativas en el sector ambientalista argentino
La oficialización del nombramiento fue recibida con una marcada dosis de cautela, escepticismo y demandas puntuales por parte de las principales organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la conservación del medio ambiente en la Argentina, tales como la Fundación Vida Silvestre, la Asociación Aves Argentinas y la Red Yaguareté. A través de diversos comunicados y declaraciones públicas, los referentes del sector han coincidido en señalar que el patrimonio natural del país y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de biodiversidad no pueden quedar supeditados a los tiempos de la burocracia política ni a visiones estrictamente fiscalistas de la gestión pública. Las ONG exigen de manera unánime que el nuevo titular convoque de manera perentoria a mesas de trabajo técnicas y participativas que incluyan a la comunidad científica, las universidades nacionales y los representantes locales, garantizando que los criterios científicos y de conservación ecológica se mantengan por encima de cualquier interés corporativo o inmobiliario. La gran encrucijada del nuevo funcionario consistirá en demostrar que es posible cumplir con los estándares de control del gasto público exigidos por el Ejecutivo nacional sin descuidar el rol indelegable e histórico del Estado como guardián y protector de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país. La preservación del yaguareté en el norte, del huemul en los bosques del sur, y de los humedales y pastizales nativos frente al constante avance de la frontera agropecuaria e industrial serán los verdaderos hitos ambientales que juzgarán la gestión de este nuevo capítulo institucional de Parques Nacionales.

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Diario La Nación, Diario Infobae, Agencia Télam
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Glifosato en Misiones: el impulso a su vuelta abre un fuerte capitulo político en la provincia

Fecha de Publicación: 31/08/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Misiones


El gobernador Hugo Passalacqua presentó la iniciativa para dejar sin efecto la norma promovida en 2023 por Carlos Rovira. El proyecto, que se tratará en la Legislatura, busca restablecer el insumo clave para las economías regionales.
El gobierno de Misiones formalizó un cambio de rumbo en su política agroindustrial que impacta tanto en las chacras como en el tablero político del NEA.
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó a los diputados de su bloque, Movimiento por lo que Viene, para presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (Ley XVI-N.º 164). 
Dicho artículo, sancionado en junio de 2023 bajo la conducción legislativa del histórico conductor provincial Carlos Rovira, imponía la prohibición total del uso de glifosato y sus componentes en todo el territorio provincial.
La restricción original, que establecía un esquema de transición, debió aplicarse plenamente a mediados de 2025 y luego fue prorrogada por decreto hasta 2030, pero el nuevo proyecto busca directamente eliminar el límite legal.
La decisión oficial responde a los insistentes reclamos de la mesa de enlace nacional y de las cooperativas agrícolas locales, que alertaban sobre una pérdida crítica de competitividad.
Los productores de yerba mate, té, tabaco y el sector forestal sostienen que la eliminación del herbicida tradicional, sin alternativas biológicas eficaces y económicamente accesibles en el mercado, elevaba drásticamente los costos de producción. 
Frente a las malezas del clima subtropical, los bioinsumos distribuidos demandaban mayor mano de obra y sucesivas pasadas de maquinaria, reduciendo los rindes de las parcelas. 

El respaldo de las entidades del campo
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró de manera inmediata la decisión del mandatario misionero y destacó que el proyecto para derogar la prohibición del glifosato representa un paso fundamental para devolverle previsibilidad y viabilidad operativa al sector.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad remarcó que se trata de “una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria”.
Desde el gremialismo agropecuario enfatizaron además que este avance es el resultado directo de un reclamo sostenido en defensa de la realidad productiva regional.
En su mensaje difundido en X, la SRA subrayó el rol activo que mantuvo durante todo el conflicto, combinando el acompañamiento a los agricultores con acciones institucionales y judiciales para defender el derecho a producir. 
Al respecto, señalaron en redes sociales que “este nuevo escenario demuestra la importancia de sostener una representación gremial firme, presente y comprometida con las necesidades de los productores”, respaldando así el giro adoptado por el Ejecutivo provincial.
Asimismo, la dirigencia ruralista valoró especialmente que la gobernación haya escuchado las demandas del campo tras meses de incertidumbre operativa.
Explicaron que la quita de herramientas de manejo tradicionales, en un marco de alta competencia y exigencia de los mercados internacionales, atentaba directamente contra la sustentabilidad económica de las familias rurales del Noreste argentino.
Con este aval de peso expresado en las redes, la iniciativa suma un firme respaldo del arco productivo nacional de cara a su inminente tratamiento en la Cámara de Representantes de Misiones.
Las entidades gremiales aseguraron que seguirán de cerca la discusión parlamentaria para garantizar que el campo recupere definitivamente la libertad de trabajar con los insumos autorizados a nivel nacional.

Quiebre político
El trasfondo de la medida expone un punto de inflexión histórico en la política de Misiones: la ruptura abierta entre el gobernador Passalacqua y Carlos Rovira, quien ejerció una hegemonía absoluta en el poder provincial durante las últimas dos décadas.
La ley de bioinsumos de 2023 había sido la bandera ambientalista del rovirismo para posicionar a Misiones como la primera provincia “sustentable” del país. Sin embargo, la presión del sector productivo obligó al Ejecutivo a priorizar el pragmatismo económico sobre el relato político local.
El nuevo texto legislativo introduce una cláusula de mercado que reconecta a la provincia con los estándares del comercio exterior.
La normativa estipula que la obligatoriedad de implementar insumos biológicos en el agro quedará condicionada a que estos productos cuenten con la homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y, de forma simultánea, sean validados por los exigentes países compradores de las exportaciones misioneras, como los Estados Unidos, principal destino del té local. 
La iniciativa también desactiva un polémico esquema comercial que enardecía a las bases agrarias. 
La ley de 2023 coincidió con el desembarco y la fuerte promoción estatal de la firma privada Agro Sustentable, instalada en el Parque Industrial de Posadas.
El Estado misionero compraba casi la totalidad de su producción para distribuirla de forma gratuita en las chacras, utilizando incluso fondos específicos como el Fondo Especial del Tabaco (FET).
La controversia estalló cuando auditorías técnicas y denuncias de la oposición revelaron que el producto estrella de la firma para sustituir el glifosato, denominado Bioherb, no contaba con las certificaciones obligatorias de SENASA.
Con el ingreso de este proyecto a la Cámara de Representantes, el esquema de compras centralizadas a proveedores predilectos del Estado queda desactivado, abriendo el juego a la libre competencia que demandaban las economías regionales.
La reforma inicia su debate parlamentario la próxima semana en las comisiones legislativas, marcando no solo el regreso de un insumo clave para el campo, sino también una profunda reconfiguración en el liderazgo político del oficialismo misionero. 
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“El gobierno habla de proyectos e inversiones, pero no hicieron la Evaluación Ambiental Estratégica” 

Fecha de Publicación: 28/08/2026
Fuente: Diario Provincia23
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La referente de la ONG Manekenk, Nancy Fernández, expuso tras la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente los duros cuestionamientos realizados a la gestión del subsecretario de Pesca, Diego Marcioni. Reveló que la normativa exige un estudio ambiental participativo previo a cualquier emprendimiento productivo o acuícola, el cual demora entre 12 y 15 meses y ni siquiera fue iniciado. Advirtió además sobre el rechazo social a iniciativas como las de Newsan en Almanza, las intenciones de instalar salmonicultura en Malvinas y el constante debilitamiento de las áreas ambientales en la estructura del Estado.
Durante el encuentro del Consejo Provincial de Medio Ambiente desarrollado la semana pasada en Tierra del Fuego, representantes de la Universidad, el CADIC, la Legislatura, ONGs y municipios le exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Diego Marcioni, sobre los proyectos acuícolas en cartera. A lo largo del debate se dejó en evidencia la falta de certezas técnicas e instrumentos legales clave para el desarrollo del sector, situando a la provincia ante un escenario de falta de certeza en materia de recursos marinos y planificación territorial.
Ante la consulta en Radio Provincia sobre las explicaciones brindadas por la Subsecretaría de Pesca respecto a las propuestas productivas impulsadas por la provincia, la referente ambientalista señaló que la gestión se ha caracterizado por un despliegue de enunciaciones teóricas y cartas de intención que no se traducen en realidades concretas. Indicó Nancy Fernández que “tal como Marcioni nos tiene acostumbrados, es todo teoría, todo papel, son posibles inversiones, posibles cartas de intención, posibles proyectos, pero la verdad que en concreto no hay ni uno”.
Al referirse a las iniciativas vigentes, hizo hincapié en el proyecto impulsado por la firma Newsan en Puerto Almanza para el cultivo de mejillones, sobre el cual pesan múltiples objeciones locales. En ese sentido, expresó que la propuesta “ha tenido serios cuestionamientos no solo por parte de la comunidad de Almanza; la comunidad científica también lo ha expresado y la comunidad de los pescadores artesanales también”, sumando además la preocupación planteada por el sector turístico frente al avance de la actividad en el agua.
Al abordar los aspectos legales y de planificación indispensables para este tipo de desarrollos, recordó las exigencias contempladas en la reglamentación de la Ley Provincial 1355 y su modificatoria 1601. Detalló que una de las primeras preguntas formuladas al funcionario fue precisamente cuándo darán comienzo a la Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el propio decreto que él redactó establece que no puede encararse ningún proyecto sin dicho paso. Sobre la falta de precisiones por parte de la cartera pesquera, remarcó que el funcionario respondió que “ya vamos a arrancar, ya vamos a empezar”, dejando entrever que se prometen iniciativas sin definir previamente dónde ni cómo se implementarán.
Respecto al alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, la referente remarcó que se trata de un proceso integral donde las distintas áreas de gobierno, científicos, comunidades de pueblos originarios, ONGs y vecinos definen de manera participativa el uso de cada sector del territorio. Explicó que este trabajo “debe estar liderado por un área determinada del gobierno o a través de una consultora, es un proceso largo que puede durar entre 12 y 15 meses”, añadiendo que hoy esa herramienta no existe para la pesca y la acuicultura, por lo cual la ley impide avanzar con cualquier tipo de emprendimiento.
En relación con el ordenamiento del Canal Beagle, subrayó que se requiere igualmente una zonificación participativa para definir las zonas destinadas al turismo, la pesca artesanal, el buceo o las actividades náuticas. Al evaluar el desempeño de las autoridades en el manejo del área, aseveró que “lo han manejado generando que la gente pierda confianza con el sistema, con el área, con el tema, porque vemos que saltan sorpresas por todos lados”.
Consultada sobre la posible presencia de salmonicultura en el archipiélago atlántico, ratificó la necesidad de realizar un reclamo de soberanía y exigencia de cumplimiento normativo ante la intención de instalar granjas en la zona de las Islas Malvinas. Consideró que el gobierno provincial y el nacional deben sostener una postura firme, dado que “hoy no se podría instalar ningún tipo de emprendimiento productivo si no está hecha la evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, esto incluye también a las Islas Malvinas”. Asimismo, anticipó que si las autoridades intentaran avanzar con algún proyecto productivo, sin cumplir los pasos ambientales fijados por la ley, desde el sector que representa presentarán inmediatamente una medida judicial cautelar.
Sobre los temas locales vinculados a la agenda del Consejo y los recientes debates en torno a la gestión de residuos o el relleno sanitario municipal, reconoció que no formaron parte de la última sesión debido a un temario previo concertado, aunque se comprometió a que el asunto sea incluido en el encuentro del mes de octubre. Manifestó que frente a estas problemáticas “estamos igualmente preocupados, estamos en contacto con el concejal y estamos en contacto con la municipalidad para hacer estos pedidos de informe”.
Finalmente, al analizar las reestructuraciones administrativas que reducen la jerarquía de las carteras ambientales en los distintos niveles del Estado, criticó la pérdida de autonomía y de presupuesto que sufren estos organismos. Reflexionó que “cada vez que un área ambiental se subsume a otra área y se junta con otra área, suele perder presencia, perder protagonismo, incluso lo que más pierde es presupuesto, que es lo que necesita para funcionar”. Calificó esta tendencia como un desarmado generalizado de la política ambiental e insistió en que siempre resulta ser “el área que nadie quiere, como la papa caliente”, concluyendo que ante los ajustes presupuestarios los gobiernos suelen relegar el estatus de la gestión ambiental.
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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El Gobierno derogó programas mineros y avanza con un reordenamiento normativo del sector 

Fecha de Publicación: 14/08/2026
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Minería dejó sin efecto una serie de resoluciones vinculadas a planes, transferencias de fondos, importaciones, monitoreo ambiental y coordinación federal. La medida forma parte del proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley Bases y no afectará los convenios ya firmados.
La Secretaría de Minería derogó una serie de programas, reglamentos y planes operativos vinculados al sector minero, en el marco del proceso de reorganización administrativa y racionalización del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida fue formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el secretario de Minería, Luis Enrique Lucero, dejó sin efecto resoluciones dictadas entre 2008 y 2022, vinculadas a transferencias de fondos a provincias y municipios, minería social, planificación estratégica, análisis de importaciones, género en minería y monitoreo ambiental. 
Según los considerandos, la decisión se enmarca en la Ley Bases, que promueve la optimización del funcionamiento del Sector Público Nacional con el objetivo de avanzar hacia una gestión más transparente, ágil, eficiente y orientada a la reducción de estructuras estatales.
El Gobierno argumentó que los programas y regímenes alcanzados por la derogación perdieron vigencia, resultan obsoletos o ya no son compatibles con los lineamientos actuales de eficiencia, eficacia y austeridad.

Qué normas derogó la Secretaría de Minería
La Resolución 64/2026 derogó ocho normas previas de la Secretaría de Minería y del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo.
Entre ellas figuran las resoluciones 55/2008 y 134/2008, que habían aprobado el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a provincias, municipios y otros entes, junto con una versión posterior de ese esquema.
También quedó sin efecto la Resolución 36/2020, que había aprobado la adaptación del Plan Nacional de Minería Social durante la emergencia sanitaria. Para el Gobierno, esa norma tenía un carácter transitorio y excepcional, por lo que correspondía su derogación una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su dictado.
La medida también derogó la Resolución 47/2020, que creó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino; la Resolución 138/2020, que puso en marcha la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones; y la Resolución 255/2021, que creó la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas.
Además, se dejaron sin efecto las resoluciones 50/2022 y 53/2022. La primera había prorrogado por 180 días el plazo para presentar rendiciones de fondos recibidos por provincias en proyectos de minería social, huellas mineras y programas sociales. La segunda había creado el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería.

El argumento oficial: simplificación y eficiencia
En los considerandos, la Secretaría de Minería sostuvo que la permanencia formal de esas normas resultaba incompatible con los principios de simplificación y eficiencia administrativa.
El texto oficial plantea que la actual gestión busca revisar, adecuar o suprimir programas y regímenes que no se ajusten a los estándares de austeridad exigidos por la coyuntura económica.
También señala que varias de las estructuras derogadas perdieron operatividad o que sus funciones deberán ser absorbidas por nuevas instancias de coordinación.
En el caso del Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería, la resolución indica que su implementación deberá ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes.

Los convenios vigentes no se caen
La derogación de las normas no implica la interrupción automática de convenios ya firmados. La resolución aclara que la medida no afectará los derechos y obligaciones nacidos de acuerdos suscriptos bajo la vigencia de las normas derogadas.
Esos compromisos deberán continuar con su ejecución, rendición de cuentas y, en caso de corresponder, acciones de recupero.
Para eso, se aplicará el Reglamento General del ex-Ministerio de Desarrollo Productivo para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y otros entes, junto con las normas de administración financiera vigentes.
De esa manera, el Gobierno busca separar la derogación normativa hacia adelante del control sobre obligaciones ya asumidas.

Un nuevo marco para la política minera
La decisión se produce en un momento de fuerte expectativa sobre el crecimiento de la minería argentina, impulsado principalmente por el litio, el cobre, el oro y la plata.
El sector aparece entre los principales candidatos a generar divisas e inversiones en los próximos años, pero el Gobierno busca reordenar la estructura normativa heredada y concentrar la política minera en instrumentos considerados más compatibles con la actual administración.
La Resolución 64/2026 entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Desde ahora, la Secretaría de Minería deberá definir bajo qué nuevas herramientas reemplazará aquellas funciones que, según la propia norma, serán absorbidas por mecanismos alternativos o nuevas instancias de coordinación.
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La Ley de Manejo del Fuego terminó en incendio

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Al final, la meneada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” quedó reducida a solo dos capítulos, que también sufrieron retoques. La presión social también volteó las modificaciones pensadas por Sturzenegger, validadas por Milei y defendidas por Bullrich a favor de los incendios especulativos.
Por segundo día consecutivo, la oposición demostró que la presión política y social tiene consecuencias. La movilización que resistió una feroz represión en las inmediaciones del Congreso y el trabajo parlamentario del interbloque Popular le arrebataron a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada otro capítulo clave: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que abrían la puerta a la especulación inmobiliaria. Sin esos capítulos, el Gobierno solo pudo aprobar los desalojos exprés y las nuevas restricciones a las expropiaciones.
Durante su cierre, Patricia Bullrich tuvo que dar explicaciones por los más de 17 cambios que sufrió el dictamen original. “Quieren que termine mal, quieren que fracase todo”, dijo, molesta. El encargado de anunciar el retiro del capítulo IV fue el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto. El otro responsable político del fracaso fue Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.
Según explicaron desde el bloque peronista a este diario, los cambios introducidos en la última versión del dictamen afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas. La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho de Wado de Pedro.
“Quisieron meter una ley para vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, escribió De Pedro en X.
El senador dedicó buena parte de la jornada a reunir los apoyos de Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo plantado en 36 votos, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes que exponerse a una nueva derrota en el recinto.
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Ley de Tierras: ante el riesgo de derrota en el Senado, el Gobierno eliminó el capítulo más polémico del proyecto

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Patricia Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para poder sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa en el recinto. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie, pero tiene menos resistencias. 
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el "no": según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como "un despropósito" ideado para "volver terratenientes a los amigos" de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
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La apuesta argentina a materias primas genera pocos empleos y riesgo ambiental

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La apuesta argentina a materias primas avanza a todo vapor bajo el gobierno de Javier Milei, pero los números muestran una paradoja: las exportaciones crecen 24% mientras las inversiones caen 7,6% y el empleo retrocede en minería, hidrocarburos y fábricas proveedoras. El modelo promete dólares, pero economistas advierten que las divisas netas pueden resultar insuficientes para un país endeudado con ahorristas dolarizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos extractivos en Vaca Muerta y la minería andina. Mientras tanto, el Congreso Nacional debate una ley de extranjerización de tierras que facilitaría la compra de territorio productivo por parte de capitales foráneos. La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Neuquén y habló en primera persona del plural sobre el desempeño de petróleo, gas y minería, según declaraciones reproducidas por elDiarioAR.

Por qué las divisas pueden no alcanzar
Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, advirtió en el diario Clarín que es difícil prever una avalancha de dólares. Las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor escenario, a USD 3.500, muy por debajo de Noruega (USD 29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según un paper de los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak citado por elDiarioAR.
De las exportaciones brutas hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades giradas al exterior y las importaciones necesarias para explotar los recursos, explicó Rapetti. El flujo neto de divisas será bastante menor. Además, el Banco Central arranca con reservas netas negativas y los habitantes ahorran en dólares, lo que exige un nivel alto de reservas propias para sostener la confianza.

Empleos que caen, amenazas que crecen
Las inversiones en la economía argentina cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según el estudio Ferreres citado por la fuente. El trabajo cayó en minas, pozos y fábricas de equipos y herramientas. Protestas por despidos en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor, en Córdoba, marcaron el clima social de agosto.
El riesgo ambiental avanza desde los Andes al mar. Proyectos mineros como Josemaría, parte del complejo Vicuña, avanzan sin evaluaciones de impacto acumulativo en zonas cordilleranas. En Vaca Muerta, el fracking multiplica la demanda de agua en una región semiárida, mientras los derrames de hidrocarburos quedan subregistrados por falta de controles independientes.
Las exportaciones de hidrocarburos del primer semestre estuvieron influidas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán, que elevaron los precios internacionales del crudo. Ese impulso es transitorio. Hay consenso entre economistas sobre que Argentina nadará en dólares y resolverá su restricción externa, pero no todos suscriben: Rapetti y otros analistas advierten que el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas y en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares.
Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. El campo recibió rebaja de retenciones, aunque no fueron eliminadas. La minería y los hidrocarburos concentran los incentivos del RIGI. El derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente pasa de potencial a concreto.
La pregunta de fondo es quién gana con este modelo: las corporaciones extractivas extranjeras que se llevan utilidades, o una economía local que necesita empleo, divisas netas y territorios habitables. Los datos del primer semestre de 2026 sugieren que la respuesta aún está abierta, pero el balance provisional no favorece a la segunda.
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Ambiente sin conducción: la Nación lleva más de un mes sin subsecretario

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La renuncia de Fernando Brom dejó vacante la conducción de la Subsecretaría de Ambiente. Aunque el despacho quedó transitoriamente bajo la órbita del secretario de Turismo y Ambiente, la falta de una autoridad específica profundiza los interrogantes sobre el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda del Gobierno nacional.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación lleva más de un mes sin una autoridad política propia. Fernando Brom renunció al cargo con efecto desde el 26 de junio y, hasta el momento, el Gobierno no anunció a su reemplazante. La situación vuelve a exponer el debilitamiento institucional de un área estratégica para coordinar políticas climáticas, proteger los recursos naturales y representar al país en los principales debates ambientales internacionales.
La renuncia fue aceptada mediante la Resolución 62/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial. La misma norma encomendó al secretario de Turismo y Ambiente la atención y firma del despacho de la Subsecretaría, como mecanismo transitorio para garantizar la continuidad administrativa. En términos estrictos, el organismo no se encuentra completamente paralizado, pero carece de una autoridad dedicada exclusivamente a conducirlo y fijar sus prioridades.
La diferencia no es menor. La firma de expedientes permite sostener el funcionamiento cotidiano, pero no reemplaza la conducción política necesaria para negociar partidas presupuestarias, coordinar posiciones con las provincias, impulsar nuevas regulaciones o intervenir en discusiones que enfrentan intereses productivos, económicos y ambientales.

Un área estratégica relegada
La estructura ambiental nacional tiene competencias sobre recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión climática, evaluación y control ambiental y articulación con las distintas jurisdicciones. También interviene en cuestiones vinculadas con bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales.
La prolongación de la vacante aparece, por lo tanto, como algo más que una demora administrativa. Constituye una señal política sobre la posición subordinada que ocupa la agenda ambiental dentro de un Gobierno concentrado en la desregulación económica, el impulso de inversiones extractivas y la reducción de la estructura estatal.
Desde diciembre de 2023, el área ambiental perdió jerarquía institucional y quedó incorporada a una secretaría que también concentra las políticas de turismo. La falta de un subsecretario profundiza ese proceso y reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir con una mirada ambiental propia frente a decisiones relacionadas con minería, hidrocarburos, infraestructura, energía y explotación de recursos naturales.
Uno de los debates más sensibles es el futuro de la Ley de Glaciares. En un escenario marcado por el avance de proyectos de cobre, litio y oro en zonas cordilleranas, la autoridad ambiental debería aportar criterios técnicos, coordinar con las provincias y garantizar que las decisiones productivas respeten los presupuestos mínimos de protección establecidos por la legislación nacional.
La ausencia de una conducción específica también puede afectar el vínculo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones. Ese espacio resulta fundamental para coordinar políticas sobre incendios forestales, bosques nativos, residuos, biodiversidad, cambio climático y evaluación de grandes proyectos.

La agenda climática, sin un referente definido
El vacío institucional se produce, además, en un momento clave para la política climática. Argentina debe sostener sus compromisos bajo el Acuerdo de París, avanzar con planes de adaptación, actualizar inventarios de gases de efecto invernadero y definir estrategias para reducir emisiones en sectores como energía, transporte, producción e infraestructura.
A ello se suma la preparación de la posición argentina para la COP31, que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Históricamente, la autoridad ambiental nacional tuvo un papel central en la coordinación técnica de la delegación argentina y en la articulación con Cancillería, las provincias, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.
Sin un funcionario claramente responsable, el país llega debilitado a una negociación internacional en la que estarán en juego el financiamiento climático, la adaptación, la transición energética y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
La vacancia también puede generar consecuencias económicas. Los mercados internacionales, los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión incorporan cada vez más exigencias sobre trazabilidad, emisiones, biodiversidad y estándares ambientales. Una política nacional sin conducción clara no solo debilita los controles, sino que reduce la previsibilidad para las propias actividades productivas.
La designación de un nuevo subsecretario no resolverá por sí sola el retroceso de la política ambiental. Sin embargo, la demora en cubrir el cargo revela una definición más profunda: mientras se aceleran las decisiones vinculadas con minería, hidrocarburos e infraestructura, la autoridad encargada de evaluar y controlar sus consecuencias permanece sin una conducción política específica.
En un contexto atravesado por incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso del territorio, mantener vacante la principal autoridad ambiental operativa del Estado nacional no constituye un detalle burocrático. Es la expresión institucional del lugar marginal que el Gobierno le asigna actualmente a la protección del ambiente.
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La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
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Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Argentina se encamina a incumplir sus compromisos climáticos

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Un monitoreo colaborativo sobre 115 objetivos oficiales advierte que 9 de cada 10 compromisos climáticos del país ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente. El informe se presenta mientras la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacante. 
Argentina asumió numerosos compromisos climáticos en leyes, planes nacionales, estrategias y acuerdos internacionales, pero su nivel de implementación sigue siendo insuficiente frente a los plazos previstos. Así lo advierte un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas, que analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento.
El relevamiento forma parte de la segunda actualización del Observatorio Nacional de Acción Climática y compara la evolución de los compromisos respecto de la primera medición, realizada en agosto de 2025. 
Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.
La comparación entre actualizaciones confirma una tendencia negativa. De los 100 objetivos presentes en ambas mediciones, 36 cambiaron de categoría entre agosto de 2025 y julio de 2026. En total, 15 mejoraron y 21 pasaron a una categoría más desfavorable o permitieron confirmar una situación negativa que en 2025 no podía evaluarse por falta de información. Por cada dos objetivos que mejoran, casi tres empeoran. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año.
Los cumplimientos no ocurren donde hay mayor impacto climático
Los 13 objetivos en trayectoria positiva se concentran principalmente en el eje de Rendición y Transparencia, vinculado a la publicación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Informe Anual Ambiental y el seguimiento del compromiso de presentación del segundo Informe Bienal de Transparencia.
Son avances institucionales relevantes para la gobernanza climática, pero insuficientes para modificar la situación de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia. Sectores como bosques, transporte, residuos, emisiones y biodiversidad no tienen ningún objetivo cumplido.

El historial de plazos vencidos anticipa riesgos hacia 2030
De los 23 compromisos con fecha límite entre 2023 y 2025, solo 2 fueron cumplidos en el plazo previsto y otros 2 se cumplieron fuera de plazo. Los 19 restantes no fueron cumplidos o no cuentan aún con verificación definitiva. Si el criterio es el cumplimiento en tiempo y forma, 21 de 23 objetivos, el 91,3%, no alcanzaron ese estándar.
El dato es especialmente relevante porque dos tercios del universo monitoreado tiene como horizonte el año 2030. De los 115 objetivos evaluados, 76 vencen ese año. Dentro de ese grupo, 28 no registran avances, 26 cuentan con un avance leve, 7 ya fueron clasificados como imposible de cumplir en el plazo establecido y solo 3 alcanzaron la categoría cumplido. Faltan cuatro años para esa fecha y la gran mayoría de esos compromisos no está en trayectoria de cumplimiento.
El informe se presenta en un contexto de debilidad institucional para la política ambiental nacional. Al cierre de la actualización, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encontraba vacante, luego de la renuncia de Fernando Jorge Brom el 30 de junio de 2026. Esta situación se suma a un período de desjerarquización del área ambiental nacional y de reducción de capacidades institucionales para implementar y monitorear la política climática. 
La actualización también incorpora por primera vez una mirada sobre los Planes de Respuesta al Cambio Climático provinciales, exigidos por la Ley 27.520. Al cierre del informe, solo tres jurisdicciones contaban con planes convalidados: Jujuy, La Pampa y Misiones. 
El número global es preocupante, pero lo más relevante es la dirección. No estamos ante una foto estática de incumplimiento, sino ante un sistema que se aleja cada vez más de sus metas mientras el tiempo se acorta. El problema no es la falta de compromisos climáticos, sino la falta de implementación sostenida, de información pública y de capacidad institucional para cumplirlos . 
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