La Ley de Manejo del Fuego terminó en incendio

Fecha de Publicación: 08/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Al final, la meneada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” quedó reducida a solo dos capítulos, que también sufrieron retoques. La presión social también volteó las modificaciones pensadas por Sturzenegger, validadas por Milei y defendidas por Bullrich a favor de los incendios especulativos.
Por segundo día consecutivo, la oposición demostró que la presión política y social tiene consecuencias. La movilización que resistió una feroz represión en las inmediaciones del Congreso y el trabajo parlamentario del interbloque Popular le arrebataron a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada otro capítulo clave: las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que abrían la puerta a la especulación inmobiliaria. Sin esos capítulos, el Gobierno solo pudo aprobar los desalojos exprés y las nuevas restricciones a las expropiaciones.
Durante su cierre, Patricia Bullrich tuvo que dar explicaciones por los más de 17 cambios que sufrió el dictamen original. “Quieren que termine mal, quieren que fracase todo”, dijo, molesta. El encargado de anunciar el retiro del capítulo IV fue el senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto. El otro responsable político del fracaso fue Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa.
Según explicaron desde el bloque peronista a este diario, los cambios introducidos en la última versión del dictamen afectaban los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente, impulsada en 2020, establecía que el destino de los terrenos incendiados no podía modificarse durante 60 años cuando se trataba de bosques nativos, humedales y otros ecosistemas protegidos, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y áreas periurbanas. La nueva redacción eliminaba esos plazos. “Vacían la normativa, quitan los años de prohibición y la reducen a cuestiones meramente declarativas que, en un sistema desfinanciado, no se van a cumplir”, señalaron desde el despacho de Wado de Pedro.
“Quisieron meter una ley para vender el territorio argentino y entregar la soberanía a los extranjeros entre la semifinal y la final del Mundial. Hoy quedó en evidencia que es invotable: postergaron el debate por tercera vez. Es tan indefendible que no se animan ni a nombrarla”, escribió De Pedro en X.
El senador dedicó buena parte de la jornada a reunir los apoyos de Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Alejandra Vigo, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Julieta Corroza. Con el peronismo plantado en 36 votos, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes que exponerse a una nueva derrota en el recinto.
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Ley de Tierras: ante el riesgo de derrota en el Senado, el Gobierno eliminó el capítulo más polémico del proyecto

Fecha de Publicación: 06/08/2026
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Patricia Bullrich debió acordar con los bloques dialoguistas que se diera de baja la reforma a la Ley de Tierras Rurales, para poder sesionar este jueves. Fue después que gobernadores aliados se sumaran al rechazo, lo que anticipaba una posible votación adversa en el recinto. El resto del proyecto, con expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, sigue en pie, pero tiene menos resistencias. 
El capítulo más resistido de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no llegará al recinto del Senado. Tras una jornada de negociaciones que se aceleró este miércoles, Patricia Bullrich acordó con los bloques dialoguistas retirar la reforma a la Ley de Tierras Rurales del proyecto que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder destrabar la sesión convocada para este jueves a las 14. La decisión llega después de dieciséis versiones de texto, un techo de extranjerización que había llegado a fijarse en el 25% y cuatro postergaciones previas de la votación.
El quiebre definitivo se produjo esta mañana, cuando tres gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua anunciaron públicamente su rechazo al capítulo de tierras. Esa noticia, sumada a la posición negativa de tres de los 10 senadores del radicalismo, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, buena parte del bloque peronista, y el cambio de opinión de la aliada salteña Flavia Royón, terminó de inclinar la cuenta de votos hacia el "no": según el poroteo que circulaba entre los senadores, el oficialismo llegó necesitaba cuatro votos más para evitar perder la votación en el capítulo más sensible.
La última versión del texto, previa al retiro, mantenía la prohibición para que Estados extranjeros compraran tierras rurales, pero habilitaba a personas jurídicas con participación estatal extranjera (directa o indirecta) a adquirirlas si contaban con la autorización conjunta de la provincia donde se ubicara el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional, según el texto al que accedió Infobae. Ese esquema tampoco alcanzó para cerrar el acuerdo.
La negociación no estuvo exenta de un nuevo cortocircuito con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se había manifestado en contra del proyecto desde el inicio. Según pudo saber PERFIL, en el bloque libertario hubo enojo con Villarruel por la forma en que la Secretaría Parlamentaria hizo circular la convocatoria a la sesión de este jueves, pensada formalmente para retomar el cuarto intermedio que se había votado el 16 de julio pasado. Mientras tanto, la sociedad civil y varios artistas convocaron a una movilización frente al Congreso para este mismo jueves en rechazo al proyecto.
Con el capítulo de tierras afuera, el resto de la iniciativa sigue en danza: el endurecimiento de las condiciones para expropiaciones (con el objetivo declarado de evitar que el Estado tarde hasta 18 años en pagar indemnizaciones), la agilización de los desalojos —un punto sensible para inquilinos—, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego sobre el uso posterior de tierras incendiadas, y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Son los mismos ejes que Bullrich había defendido extensamente el martes en su conferencia de prensa, cuando calificó a la ley vigente de tierras como "un despropósito" ideado para "volver terratenientes a los amigos" de Máximo Kirchner.
Con el capítulo de tierras fuera del temario, restará ver si el oficialismo consigue ahora los votos para el resto del proyecto, y si la vicepresidenta, tal como estaba previsto, deja en manos del propio recinto la definición sobre la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Por ahora, la señal que deja esta marcha atrás es clara: incluso con la promesa de un tope más alto que el vigente, el capítulo que buscaba flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no logró sobrevivir a la resistencia combinada de gobernadores propios, aliados dialoguistas y la oposición.
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La apuesta argentina a materias primas genera pocos empleos y riesgo ambiental

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La apuesta argentina a materias primas avanza a todo vapor bajo el gobierno de Javier Milei, pero los números muestran una paradoja: las exportaciones crecen 24% mientras las inversiones caen 7,6% y el empleo retrocede en minería, hidrocarburos y fábricas proveedoras. El modelo promete dólares, pero economistas advierten que las divisas netas pueden resultar insuficientes para un país endeudado con ahorristas dolarizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos extractivos en Vaca Muerta y la minería andina. Mientras tanto, el Congreso Nacional debate una ley de extranjerización de tierras que facilitaría la compra de territorio productivo por parte de capitales foráneos. La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Neuquén y habló en primera persona del plural sobre el desempeño de petróleo, gas y minería, según declaraciones reproducidas por elDiarioAR.

Por qué las divisas pueden no alcanzar
Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, advirtió en el diario Clarín que es difícil prever una avalancha de dólares. Las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor escenario, a USD 3.500, muy por debajo de Noruega (USD 29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según un paper de los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak citado por elDiarioAR.
De las exportaciones brutas hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades giradas al exterior y las importaciones necesarias para explotar los recursos, explicó Rapetti. El flujo neto de divisas será bastante menor. Además, el Banco Central arranca con reservas netas negativas y los habitantes ahorran en dólares, lo que exige un nivel alto de reservas propias para sostener la confianza.

Empleos que caen, amenazas que crecen
Las inversiones en la economía argentina cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según el estudio Ferreres citado por la fuente. El trabajo cayó en minas, pozos y fábricas de equipos y herramientas. Protestas por despidos en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor, en Córdoba, marcaron el clima social de agosto.
El riesgo ambiental avanza desde los Andes al mar. Proyectos mineros como Josemaría, parte del complejo Vicuña, avanzan sin evaluaciones de impacto acumulativo en zonas cordilleranas. En Vaca Muerta, el fracking multiplica la demanda de agua en una región semiárida, mientras los derrames de hidrocarburos quedan subregistrados por falta de controles independientes.
Las exportaciones de hidrocarburos del primer semestre estuvieron influidas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán, que elevaron los precios internacionales del crudo. Ese impulso es transitorio. Hay consenso entre economistas sobre que Argentina nadará en dólares y resolverá su restricción externa, pero no todos suscriben: Rapetti y otros analistas advierten que el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas y en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares.
Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. El campo recibió rebaja de retenciones, aunque no fueron eliminadas. La minería y los hidrocarburos concentran los incentivos del RIGI. El derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente pasa de potencial a concreto.
La pregunta de fondo es quién gana con este modelo: las corporaciones extractivas extranjeras que se llevan utilidades, o una economía local que necesita empleo, divisas netas y territorios habitables. Los datos del primer semestre de 2026 sugieren que la respuesta aún está abierta, pero el balance provisional no favorece a la segunda.
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Ambiente sin conducción: la Nación lleva más de un mes sin subsecretario

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal LaPolíticaAmbiental
Provincia/Región: Nacional


La renuncia de Fernando Brom dejó vacante la conducción de la Subsecretaría de Ambiente. Aunque el despacho quedó transitoriamente bajo la órbita del secretario de Turismo y Ambiente, la falta de una autoridad específica profundiza los interrogantes sobre el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda del Gobierno nacional.
La Subsecretaría de Ambiente de la Nación lleva más de un mes sin una autoridad política propia. Fernando Brom renunció al cargo con efecto desde el 26 de junio y, hasta el momento, el Gobierno no anunció a su reemplazante. La situación vuelve a exponer el debilitamiento institucional de un área estratégica para coordinar políticas climáticas, proteger los recursos naturales y representar al país en los principales debates ambientales internacionales.
La renuncia fue aceptada mediante la Resolución 62/2026 de la Jefatura de Gabinete, publicada el 30 de junio en el Boletín Oficial. La misma norma encomendó al secretario de Turismo y Ambiente la atención y firma del despacho de la Subsecretaría, como mecanismo transitorio para garantizar la continuidad administrativa. En términos estrictos, el organismo no se encuentra completamente paralizado, pero carece de una autoridad dedicada exclusivamente a conducirlo y fijar sus prioridades.
La diferencia no es menor. La firma de expedientes permite sostener el funcionamiento cotidiano, pero no reemplaza la conducción política necesaria para negociar partidas presupuestarias, coordinar posiciones con las provincias, impulsar nuevas regulaciones o intervenir en discusiones que enfrentan intereses productivos, económicos y ambientales.

Un área estratégica relegada
La estructura ambiental nacional tiene competencias sobre recursos naturales, desarrollo sostenible, gestión climática, evaluación y control ambiental y articulación con las distintas jurisdicciones. También interviene en cuestiones vinculadas con bosques nativos, biodiversidad, residuos, economía circular, educación ambiental y cumplimiento de compromisos internacionales.
La prolongación de la vacante aparece, por lo tanto, como algo más que una demora administrativa. Constituye una señal política sobre la posición subordinada que ocupa la agenda ambiental dentro de un Gobierno concentrado en la desregulación económica, el impulso de inversiones extractivas y la reducción de la estructura estatal.
Desde diciembre de 2023, el área ambiental perdió jerarquía institucional y quedó incorporada a una secretaría que también concentra las políticas de turismo. La falta de un subsecretario profundiza ese proceso y reduce la capacidad del Estado nacional para intervenir con una mirada ambiental propia frente a decisiones relacionadas con minería, hidrocarburos, infraestructura, energía y explotación de recursos naturales.
Uno de los debates más sensibles es el futuro de la Ley de Glaciares. En un escenario marcado por el avance de proyectos de cobre, litio y oro en zonas cordilleranas, la autoridad ambiental debería aportar criterios técnicos, coordinar con las provincias y garantizar que las decisiones productivas respeten los presupuestos mínimos de protección establecidos por la legislación nacional.
La ausencia de una conducción específica también puede afectar el vínculo con el Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se reúnen las autoridades ambientales de las 24 jurisdicciones. Ese espacio resulta fundamental para coordinar políticas sobre incendios forestales, bosques nativos, residuos, biodiversidad, cambio climático y evaluación de grandes proyectos.

La agenda climática, sin un referente definido
El vacío institucional se produce, además, en un momento clave para la política climática. Argentina debe sostener sus compromisos bajo el Acuerdo de París, avanzar con planes de adaptación, actualizar inventarios de gases de efecto invernadero y definir estrategias para reducir emisiones en sectores como energía, transporte, producción e infraestructura.
A ello se suma la preparación de la posición argentina para la COP31, que se desarrollará entre el 9 y el 20 de noviembre en Antalya, Turquía. Históricamente, la autoridad ambiental nacional tuvo un papel central en la coordinación técnica de la delegación argentina y en la articulación con Cancillería, las provincias, los sectores productivos y las organizaciones de la sociedad civil.
Sin un funcionario claramente responsable, el país llega debilitado a una negociación internacional en la que estarán en juego el financiamiento climático, la adaptación, la transición energética y el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados.
La vacancia también puede generar consecuencias económicas. Los mercados internacionales, los bancos multilaterales y los grandes fondos de inversión incorporan cada vez más exigencias sobre trazabilidad, emisiones, biodiversidad y estándares ambientales. Una política nacional sin conducción clara no solo debilita los controles, sino que reduce la previsibilidad para las propias actividades productivas.
La designación de un nuevo subsecretario no resolverá por sí sola el retroceso de la política ambiental. Sin embargo, la demora en cubrir el cargo revela una definición más profunda: mientras se aceleran las decisiones vinculadas con minería, hidrocarburos e infraestructura, la autoridad encargada de evaluar y controlar sus consecuencias permanece sin una conducción política específica.
En un contexto atravesado por incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y conflictos por el uso del territorio, mantener vacante la principal autoridad ambiental operativa del Estado nacional no constituye un detalle burocrático. Es la expresión institucional del lugar marginal que el Gobierno le asigna actualmente a la protección del ambiente.
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La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
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Argentina en venta: el Gobierno y sus aliados buscan legalizar la entrega sin límites de tierras a extranjeros

Fecha de Publicación: 21/07/2026
Fuente: Portal elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


El 5 % de las tierras rurales del país, 13 millones de hectáreas, está en manos de extranjeros. El gobierno nacional y sus aliados provinciales buscan quitar todo límite y favorecer a magnates y corporaciones internacionales. Es un paso más en la profundización del extractivismo y la entrega del territorio. Investigaciones del Observatorio de Tierras de la UBA aportan cifras contundentes de la extranjerización.
Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.
Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.
“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera. 
Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.
El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:
- Elimina los límites de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que, con la ley vigente, son: 15 por ciento del total de tierras a nivel nacional, provincial y municipal; 30 por ciento para propietarios de un mismo país.
- Elimina la restricción de compra de 1.000 hectáreas para individuos en zona de alto valor estratégico (como la zona núcleo de la producción agropecuaria).
- Elimina la prohibición de adquirir tierras ribereñas de cursos de agua permanente o zona de frontera.
- Modifica el concepto de “titularidad extranjera” y habilita a comprar tierras en el país a cualquier persona física extranjera (no radicada en el país) y personería jurídica con participación de capitales internacionales (hasta 51 por ciento de control extranjero, tras la modificación del gobierno de Mauricio Macri).
- Deja la prohibición para Estados extranjeros y empresas controladas por esos Estados.
- Deja en manos de los gobiernos provinciales la decisión de qué tierras vender o la capacidad de crear legislaciones específicas de protección (argumento de “dominio originario” que se utilizó para desarmar la Ley de Glaciares).
- Al mismo tiempo, elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, donde Nación y provincia debían definir una política nacional.
“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.
El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.
En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).
El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.
“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind. 

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales
La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.
“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.
De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.
En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.
Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.
El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.
En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.
Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.
“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes. 

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?
El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.
En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.
A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.
Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.
Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.
Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.
En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.
La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.
“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”. 
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Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Argentina se encamina a incumplir sus compromisos climáticos

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Un monitoreo colaborativo sobre 115 objetivos oficiales advierte que 9 de cada 10 compromisos climáticos del país ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente. El informe se presenta mientras la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacante. 
Argentina asumió numerosos compromisos climáticos en leyes, planes nacionales, estrategias y acuerdos internacionales, pero su nivel de implementación sigue siendo insuficiente frente a los plazos previstos. Así lo advierte un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas, que analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento.
El relevamiento forma parte de la segunda actualización del Observatorio Nacional de Acción Climática y compara la evolución de los compromisos respecto de la primera medición, realizada en agosto de 2025. 
Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.
La comparación entre actualizaciones confirma una tendencia negativa. De los 100 objetivos presentes en ambas mediciones, 36 cambiaron de categoría entre agosto de 2025 y julio de 2026. En total, 15 mejoraron y 21 pasaron a una categoría más desfavorable o permitieron confirmar una situación negativa que en 2025 no podía evaluarse por falta de información. Por cada dos objetivos que mejoran, casi tres empeoran. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año.
Los cumplimientos no ocurren donde hay mayor impacto climático
Los 13 objetivos en trayectoria positiva se concentran principalmente en el eje de Rendición y Transparencia, vinculado a la publicación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Informe Anual Ambiental y el seguimiento del compromiso de presentación del segundo Informe Bienal de Transparencia.
Son avances institucionales relevantes para la gobernanza climática, pero insuficientes para modificar la situación de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia. Sectores como bosques, transporte, residuos, emisiones y biodiversidad no tienen ningún objetivo cumplido.

El historial de plazos vencidos anticipa riesgos hacia 2030
De los 23 compromisos con fecha límite entre 2023 y 2025, solo 2 fueron cumplidos en el plazo previsto y otros 2 se cumplieron fuera de plazo. Los 19 restantes no fueron cumplidos o no cuentan aún con verificación definitiva. Si el criterio es el cumplimiento en tiempo y forma, 21 de 23 objetivos, el 91,3%, no alcanzaron ese estándar.
El dato es especialmente relevante porque dos tercios del universo monitoreado tiene como horizonte el año 2030. De los 115 objetivos evaluados, 76 vencen ese año. Dentro de ese grupo, 28 no registran avances, 26 cuentan con un avance leve, 7 ya fueron clasificados como imposible de cumplir en el plazo establecido y solo 3 alcanzaron la categoría cumplido. Faltan cuatro años para esa fecha y la gran mayoría de esos compromisos no está en trayectoria de cumplimiento.
El informe se presenta en un contexto de debilidad institucional para la política ambiental nacional. Al cierre de la actualización, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encontraba vacante, luego de la renuncia de Fernando Jorge Brom el 30 de junio de 2026. Esta situación se suma a un período de desjerarquización del área ambiental nacional y de reducción de capacidades institucionales para implementar y monitorear la política climática. 
La actualización también incorpora por primera vez una mirada sobre los Planes de Respuesta al Cambio Climático provinciales, exigidos por la Ley 27.520. Al cierre del informe, solo tres jurisdicciones contaban con planes convalidados: Jujuy, La Pampa y Misiones. 
El número global es preocupante, pero lo más relevante es la dirección. No estamos ante una foto estática de incumplimiento, sino ante un sistema que se aleja cada vez más de sus metas mientras el tiempo se acorta. El problema no es la falta de compromisos climáticos, sino la falta de implementación sostenida, de información pública y de capacidad institucional para cumplirlos . 
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“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.
“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.
–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.
–¿Recuerda el monto de la operación?
–Algo de dos millones de dólares.
Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.
“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.
La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.
Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores
Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.
“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.
“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.
Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.
La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.
“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.
Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.
El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.
Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

Volver
Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.
“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.
“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.
La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?
* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;
* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;
* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;
* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;
* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
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Cambio climático, pérdida de biodiversidad, retrocesos y desigualdad social: en el mundial del Ambiente, Argentina pierde por goleada

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un informe de FARN indica que estos factores, sumados al desfinanciamiento del Gobierno y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos "tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia". Según datos oficiales, se perdieron 165.061 hectáreas de bosques en 2024.
En fútbol, la Argentina es una potencia a la que el resto de los equipos admira. Campeona, juego en equipo, calidad, solidaridad, estética, efectividad. Pero en otras áreas, nuestro país pierde por goleada. Y una de las principales es el ambiente.
Así lo alerta la Fundación Ambiente y Recursos Natutrales (FARN) que presentó el IAF 2026, un informe anual donde plasma un análisis riguroso del estado del ambiente en estas tierras. Afirman que este año, nuestro país no llega en las mejores condiciones: pérdida de biodiversidad, impactos severos del cambio climático, retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos «tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia«.
¿El desafío? «Jugar un partido en línea con los compromisos ambientales globales hacia el hito de 2030″. 

Argentina vs. Cambio Climático
Aunque Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2015 y construyó una arquitectura institucional relevante, el compromiso para conseguir la victoria se muestra debilitado: Argentina no cumplió con la obligación de presentar su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el  2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2022 el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético concentró aproximadamente el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%.
Más del 80% de la matriz energética primaria nacional continúa basada en combustibles fósiles.
«El VAR no deja lugar a dudas –indican con lenguaje mundialista–. El Emissions Gap Report 2025 ubica a la Argentina entre los países del G20 con menor probabilidad de cumplir sus compromisos climáticos para 2030«.

Argentina vs. Pérdida de Biodiversidad
Para este partido, tampoco llegamos de la mejor manera. Dentro de un contexto global marcado por las alteraciones en el uso de la tierra y una pérdida significativa de humedales —85% según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES)—  nuestro país transita este año con varios resultados adversos:
Argentina no cumplió con la obligación de presentar su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica que vencía en febrero de 2026 para contribuir a la evaluación mundial de progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad a 2030.
Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres representan solo el 13% del territorio continental, y las marinas apenas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, ambas muy por debajo del 30% que exige el Marco Mundial de Biodiversidad Kunning-Montreal.
La Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 55 áreas protegidas nacionales (18,48 millones de hectáreas), pero la designación formal resulta insuficiente sin una adecuada gestión del fuego, financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. El marcador sigue sumando goles en contra: para este 2026, el presupuesto destinado a la APN cae un 32,3% en términos reales con respecto al 2023.

Argentina vs. Degradación
Para el último partido del grupo, el panorama sigue siendo poco alentador para la Argentina. Los severos procesos de degradación de la tierra y desertificación están directamente vinculados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De forma puntual, la destrucción de bosques nativos acelera este fenómeno: a menor cubierta vegetal, mayor es la erosión del suelo por aguas y vientos, intensificando el deterioro y el desgaste de los nutrientes de la tierra.
Según Perspectiva Global de la Tierra, hasta un 40% de las tierras del planeta ya se encuentran degradadas y esto afecta directamente a más de 3200 millones de personas. Argentina juega en una cancha cada vez más difícil:
Cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación debido a la sobreexplotación de bienes naturales y sequías.
Entre 2022 y 2024, la Argentina continuó registrando una pérdida significativa de bosque nativo. Según datos oficiales, la pérdida anual fue de 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024.
Los incendios explicaron el 13% de la pérdida total de bosques en el período reciente.
La sequía histórica de 2023 generó fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola y afectó cultivos estratégicos en amplias regiones del país. A comienzos de 2026, la situación se repitió: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía.
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Las infracciones ambientales tendrán nuevas consecuencias en Misiones

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Crearon el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que centralizará todas las infracciones en materia ambiental de la provincia y restringirá el acceso a habilitaciones, subsidios, créditos y otros beneficios para quienes incumplan la normativa.
El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que permitirá centralizar toda la información vinculada a infracciones ambientales cometidas en la provincia, identificar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control. También incorpora la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), que será obligatorio para realizar trámites ante la cartera.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 182, con fecha del 5 de junio de 2026 y publicada este martes en el Boletín Digital de Misiones.
La resolución fundamenta la creación del RePIA en la necesidad de contar con una herramienta administrativa que permita mejorar la trazabilidad de las infracciones, unificar criterios sancionatorios y reforzar el control sobre quienes reinciden en conductas que afectan al ambiente.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y trabajará de manera coordinada con el Registro Nacional de Infractores previsto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos.
Entre sus principales objetivos se encuentran registrar las sanciones ambientales, contabilizar reincidencias, unificar los registros existentes dentro del Ministerio, facilitar el intercambio de información con otros organismos y emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA).

Qué infracciones serán incorporadas
El RePIA reunirá información sobre todos los expedientes administrativos vinculados a incumplimientos de la legislación ambiental nacional y provincial, sin importar la gravedad de la infracción.
Entre las materias alcanzadas se incluyen infracciones relacionadas con:
    actividad acuícola y pesca;
    áreas naturales protegidas;
    bosques nativos y tierras forestales;
    evaluaciones de impacto ambiental;
    manejo del fuego y quemas;
    monumentos naturales;
    protección de la fauna silvestre;
    recursos hídricos y humedales;
    residuos;
    conservación de suelos;
    productos fitosanitarios y domisanitarios.
También quedarán registradas las sanciones impuestas, su estado de cumplimiento y los antecedentes por reincidencia.
Cada inscripción deberá incluir datos del expediente administrativo, la autoridad competente, la identificación del infractor —persona física o jurídica—, domicilio, normativa vulnerada, descripción de la infracción, resolución sancionatoria, tipo de sanción, monto de las multas, medidas de remediación ambiental impuestas, estado de cumplimiento y antecedentes de reincidencia.
La información deberá incorporarse dentro de los quince días posteriores al dictado del acto administrativo correspondiente.

Restricciones para los infractores
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que la inscripción en el RePIA generará consecuencias administrativas mientras permanezca vigente.
Quienes figuren en el registro no podrán: obtener nuevas autorizaciones, permisos, habilitaciones o concesiones emitidas por el Ministerio de Ecología; acceder a programas de asistencia, subsidios o beneficios administrados por el organismo; gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculadas a cuestiones ambientales; mantener vigentes determinadas autorizaciones ambientales, que podrán ser suspendidas; acceder a incentivos fiscales vinculados al área ambiental; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; obtener autorizaciones para investigaciones, actividades turísticas, recreativas o culturales dentro de áreas naturales protegidas; inscribirse o permanecer en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la autoridad de aplicación podrá disponer excepciones cuando existan razones de interés público debidamente fundamentadas.
La permanencia en el RePIA dependerá del cumplimiento de las sanciones. La resolución establece que: las sanciones cumplidas permanecerán registradas durante tres años; quienes cancelen una multa mediante convenio de pago permanecerán registrados tres años desde la cancelación total; las sanciones incumplidas seguirán registradas hasta que sean efectivamente cumplidas; en caso de reincidencia, la permanencia en el registro será de cuatro años.
Una vez acreditado el cumplimiento de todas las sanciones y de las medidas de remediación ambiental impuestas, el infractor podrá solicitar la suspensión de los efectos de la inscripción, aunque el antecedente continuará registrado hasta el vencimiento del plazo establecido.

El certificado será obligatorio para realizar trámites
La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), documento oficial que informará la situación de personas y empresas frente al RePIA. Su presentación será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología.
El certificado tendrá una vigencia de seis meses y será considerado un documento público, por lo que cualquier adulteración dará lugar a las acciones legales correspondientes.
El Ministerio estableció que el RePIA tendrá carácter público, en línea con las leyes nacionales de acceso a la información pública y acceso a la información ambiental. No obstante, la difusión de los datos deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y sensibles.
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Asumió en 2025: renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Brom estuvo poco más de un año en el cargo; desde el Gobierno reconocieron que no querían que permaneciera por comentarios públicos y descuidos en la administración
Fernando Brom dejó de ser subsecretario de Ambiente de la Nación. La presentación de su renuncia había sido ofrecida por el propio exfuncionario el viernes pasado. El documento circuló todo el fin de semana, aunque no se sabía si sería firmado, en medio de la crisis que vivía la cúpula de gobierno.
De acuerdo con fuentes cercanas a la cartera, desde fines del año pasado se había planteado la salida de Brom, aunque el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no ejecutar la orden. Hoy se confirmó su salida en el Boletín Oficial.
Todavía no se sabe quién será nombrado para encabezar la cartera ambiental. Tampoco se sabe si la dirección de la política climática seguirá caminando hacia una marginación cada vez más grande en la agenda pública nacional. Desde Jefatura de Gabinete dijeron no tener todavía candidatos en la mesa.
Brom fue el segundo en encabezar la cartera de Ambiente. Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de la exsubsecretaria Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento. Ella mantenía la misma política de reducción estatal y ajuste que después continuó su sucesor.
Impulsó una gran cantidad de ajustes dentro de la estructura estatal, además de apoyar polémicas reformas en la legislación ambiental vigente. Una de las medidas más recientes fue la disolución de la Dirección de Cambio Climático. Una dependencia sostenida en su mayoría por fondos internacionales que fue eliminada del organigrama hace unos meses, algo que fue comunicado a través del Boletín Oficial el 22 de abril pasado. Hoy en día quedan dos direcciones activas dentro de la subsecretaría.
Desde el inicio de la administración libertaria la subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial.
En ese contexto, la gestión de Brom enfrentó la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Poco después de asumir, él afirmó en entrevista con LA NACION que estaban trabajando “más que nunca”. También planteó que estaba en contra de “ideologizar al ambiente”, refiriéndose a vincular los problemas ambientales con pobreza y cuestiones de género.
En el marco de las recientes reformas ambientales, Brom se mostró alineado completamente con el oficialismo durante la reforma a la Ley de Glaciares, en la que manifestó su apoyo público durante las sesiones informativas previas a su tratamiento. A pesar de esto, dentro del Gobierno, Brom había sido criticado por sus escasas apariciones públicas en medios de comunicación.

Incumplimiento de compromisos climáticos
A pesar de haberla elaborado, durante la administración de Brom no se publicó la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) el año pasado. Este es un documento que todos los países miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debían entregar este año y que expresa sus ambiciones de acción frente a la crisis climática.
La actualización de las NDC había sido elaborada durante estos dos años por técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y financiada con fondos internacionales. Aunque el documento está terminado, el Gobierno aún no lo presentó ante Naciones Unidas. Según informaron dos funcionarios vinculados al proceso, “permanece en Cancillería” para su revisión final.
Brom planeaba entregar este documento acompañado de una presentación pública en Brasil el año pasado; sin embargo, nada de eso ocurrió. Uno de los principales esfuerzos de su gestión fue precisamente acompañar la elaboración y aprobación de las nuevas NDC, pese a la reducción del personal y al rol cada vez más marginal que ocupa la política ambiental en la actual administración.
Adelante hay dos conferencias de Naciones Unidas con gran relevancia internacional: La COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. Hasta el momento no se sabe si desde Ambiente enviarán técnicos, y si desde Cancillería habrá representación política.
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Se elimina el rol del guardafaunas en Río Negro, ¿qué son los nuevos «agentes inspectores»?

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, aprobada en 2025, habría dejado sin marco operativo ni designación funcional a personal técnico con más de veinte años de trayectoria, idoneidad y formación específica, de acuerdo al PRO. 
El área de Fauna Silvestre en Río Negro fue cuestionada en relación al impacto de la Ley 5796, que establece la eliminación de la figura del guardafauna en reemplazo de los agentes inspectores y su capacidad operativa en términos de integrantes, distribución y equipos.
El reclamo surge a partir del pedido de información 423/2026, impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien percibió un desmantelamiento del área de Fauna a partir de 2021 y con énfasis en 2025.
«Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas», manifestó Frei.

Agentes de conservación: inspectores y guarda ambiental
El debate surge a partir de la Ley 5502, sancionada en 2021, que crea el concepto de «Agente de Conservación», englobando a todos aquellos que desempeñan trabajos en el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre.
En este sentido, los impulsores del proyecto cuestionan la falta de claridad con respecto al nuevo concepto que engloba tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriormente reconocidos «guardafaunas» a cargo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que ahora pasarían a denominarse «agentes inspectores».
A partir de ello, Frei también manifestó que la Ley 5796, sancionada en 2025, no solo reemplazó la denominación del guardafauna, sino también su rol operativo, permitiendo que personal no capacitado se encargue de las funciones ambientales.
En respuesta a las facultades de los agentes inspectores, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales, o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre.
Además, mencionó que tampoco existen disposiciones que aclaren que las mismas deben ser realizadas por agentes de conservación . En este sentido, la Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, indica que el personal policial de Río Negro tiene la facultad para actuar como auxiliar. 

Debates y ambigüedades
De acuerdo a la respuesta enviada por Espósito, no hubo una reducción de los «Agentes de Conservación» desde la entrada en vigencia de la Ley 5796 sancionada en 2025, sin embargo, no precisa la cantidad actual, su distribución territorial ni la cantidad que corresponde a «Agentes de Inspección» abocados a fauna o guarda ambiental.
Además, el subsecretario indicó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y que en términos de capacidad operativa, el estado actual de los vehículos «resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables». Añadiendo que actualmente se encuentra en trámite la adquisición de una camioneta 4×4, cuya tramitación data de 2025.
«Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos», planteó Frei al respecto. 
Además, Frei comentó que la preocupación del bloque surgió ante una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos a la legislatura titulada «Devuélvannos lo que nos pertenece», donde el guardafauna y técnico agropecuario «cuenta que, pese a ser solo dos, seguían laburando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.»
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Las claves del plan de la Provincia para combatir fenómenos climáticos extremos

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Portal LaBrújula24 
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Infraestructura desplegará una estrategia integral de monitoreo y obras para mitigar inundaciones y sequías.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión superior a los $530.000 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han vuelto cada vez más difíciles de anticipar.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Distintos centros internacionales advirtieron que este evento podría traer lluvias extraordinarias y temperaturas fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, los especialistas reconocen que todavía existe incertidumbre sobre el verdadero alcance que tendrá. "Hay posibilidad de un Niño, pero no hay una claridad todavía de la crudeza o la profundidad que va a tener", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez.
El funcionario sostuvo que la crisis climática obliga a replantear estrategias que hasta hace pocos años parecían suficientes. Según indicó, las tormentas actuales son mucho más localizadas e intensas, una realidad que modifica incluso obras hidráulicas planificadas una década atrás. “El cambio climático nos obliga a tocar obras que planificaste hace 10 años”, señaló al describir el nuevo escenario que enfrentan las autoridades.
En paralelo, la puesta en marcha del programa también expone diferencias con la gestión nacional. Álvarez cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y defendió la necesidad de respaldar las políticas públicas basadas en evidencia científica. En ese marco, la Provincia también manifestó su preocupación por los recortes aplicados al Servicio Meteorológico Nacional, al que considera una herramienta fundamental para la prevención y el monitoreo de eventos extremos.
Para mejorar la capacidad de anticipación, el plan se apoya en distintas herramientas técnicas y de coordinación institucional. Entre ellas se destacan el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE) y la Mesa de Riesgo Hídrico. La intención es contar con información más precisa y respuestas más rápidas frente a emergencias cada vez menos predecibles.
La mayor parte de los recursos estará destinada a la prevención del riesgo hídrico en áreas urbanas. En total, se invertirán $284.983 millones en 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes, defensas costeras y obras destinadas a reducir el impacto de inundaciones, la erosión costera y el avance del nivel del mar sobre distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, el plan contempla $245.759 millones para impulsar la adaptación productiva frente a eventos climáticos extremos. Se trata de diez intervenciones regionales orientadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, uno de los motores económicos de la provincia, frente a amenazas tan diversas como inundaciones prolongadas o sequías severas. 
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