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Bergman sigue defendiendo las fumigaciones en poblados

Bergman sobre agroquímicos: “no podemos tomar posiciones extremas”

Fecha de Publicación
: 15/08/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El gobernador Gustavo Bordet recibió en Paraná al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, con quien avanzó en una agenda de temas ambientales que la provincia viene trabajando con la cartera nacional, como la construcción de rellenos sanitarios y la incorporación de energías renovables.
El ministro Sergio Bergman visitó Paraná y se reunió con el gobernador en el Centro Provincial de Convenciones. También participaron el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; el secretario de Energía y presidente de Enersa, Jorge González; y el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet.
Dijo que el Ministerio a su cargo tiene una agenda que es “totalmente federal ya que el ambiente y los recursos naturales son de nuestras provincias, no de la Nación. Y respetando esa autonomía y soberanía, desde la Nación venimos a visitar nuestras provincias para trabajar con una mirada integral”.
Respecto a la agenda de temas abordados en el encuentro, Bergman mencionó la “migración hacia las energías limpias. La empresa distribuidora de energía Enersa tiene muy buenas prácticas que queremos extender al resto del país como es el caso de Mi casa solar, el uso de energías renovables, la incorporación de auto eléctricos y el protocolo de ciudad sustentable”, enumeró Bergman.
En el marco del Programa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), trabajaron sobre los proyectos para la construcción de los cuatro rellenos sanitarios en la provincia, y para lo cual se conformaron las regiones Paraná, Concordia, La Paz-Santa Elena y Tierra de Palmares.
“Si bien los más avanzados son los de Paraná y Concordia, la idea es contemplar a todos en un plan integral que es una obligación que la provincia tiene y que desde Nación queremos acompañar”, sostuvo el rabino. Y añadió que estas obras se llevarán a cabo a través de líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se apunta a endosar a esas otras líneas para poder llegar a toda la provincia.

Su mirada sobre los fitosanitarios
Finalmente, Bergman mencionó la resolución conjunta entre cuatro Ministerios de la Nación (Agroindustria, Salud, Ciencia y Tecnología y Ambiente) vinculada a “las buenas prácticas de aplicación, manipulación y trazabilidad de fitosanitarios”.
“Un tema que es muy controversial pero que cuenta con una visión clara de que no podemos ponernos en posiciones extremas, sino buscar las buenas prácticas y que las discusiones sean lógicas, sobre bases validadas de la ciencia y la tecnología. Necesitamos darle valor al campo, que es el motor de la economía”.
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Salta lava su cara con la "Agencia de Protección Ambiental"



Ya funciona la Agencia de Protección Ambiental de Salta

Fecha de Publicación
: 14/08/2018
Fuente: El Intra
Provincia/Región: Salta


La Agencia actuará garantizando el cumplimiento de las Leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
La agencia creada por el gobernador de Salta, trabaja para que se cumplan las leyes 7070 y 7543 bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia dependiente del Ministerio de Producción. Tendrá la misión de prevenir, controlar y sancionar a quien produzca daños al ambiente en la provincia. Está ubicada en la capital, Santiago del Estero 2245,  y opera durante días hábiles.
"Creamos la Agencia de Protección Ambiental, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, para controlar y fiscalizar el cuidado del bosque nativo, sancionando la tala y el desmonte ilegal, con sanciones que van desde multas, reparación del daño ambiental, hasta clausura de establecimientos", destacó Juan Manuel Urtubey.
Ignacio Goitia, designado Director Ejecutivo de APAS dijo “Apuntamos a que el trabajo de la Agencia cuente con el involucramiento y aporte de asociaciones civiles para garantizar a los salteños un ambiente sustentable” y anticipó que planifican reuniones en este sentido para las cuales ya se cursaron invitaciones distintas asociaciones.
El funcionario adelantó que el trabajo estará enfocado en la lucha contra el desmonte y la tala ilegal; y al resto de las infracciones detalladas en las leyes ambientales de la provincia, por medio de acciones preventivas, controles coordinados con las fuerzas de seguridad y aplicación de sanciones. Además velará por el cumplimiento de las remediaciones y compensaciones impuestas a los infractores.
También se recopilará información para crear estadísticas y conformar las bases de datos necesarias para un mejor conocimiento de la situación y de los infractores ambientales en la provincia. El trabajo se realizará con participación y colaboración de las asociaciones y organizaciones vinculadas a la protección del ambiente.
Asimismo, el gobernador invitó a organismos privados, organizaciones locales e internacionales a sumarse a las tareas de control y fiscalización. "En conjunto buscamos no sólo preservar los estándares ambientales que desde este momento tenemos, sino también garantizar en los casos que se hayan producido daño, la enmendación, mitigación y sanción correspondientes, finalizó Urtubey.
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Políticas al servicio de los agroquímicos



Ministros de los agrotóxicos

Fecha de Publicación
: 11/08/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno impulsa más fumigaciones con agrotóxicos. No reconoce distancias mínimas de protección, desoye estudios científicos y silencia los reclamos de pueblos fumigados. Reacciones de los especialistas.
En un hecho inédito, cuatro ministros del gobierno Nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de cuestionados agroquímicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Los ministros no citaron ninguna investigación científica que los avale y fueron cuestionados por organizaciones sociales, académicos y pueblos fumigados.
Desde hace más de quince años comenzaron a multiplicarse casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos. Las familias se organizaron para proteger la salud de sus hijos. Las Madres del Barrio Ituzaingó (Córdoba) se transformaron en un caso emblemático, con estudios que demostraron los efectos de los agrotóxicos y condena judicial a un productor y a un aplicador.
Se conformaron espacios como la “Campaña Paren de Fumigar”, que reúne decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Lograron fallos judiciales que alejan fumigaciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Formosa). Se fijaron límites de hasta 2000 metros para las pulverizaciones aéreas. También se aprobaron decenas de ordenanzas municipales que alejan las fumigaciones de los centros urbanos, centros de salud y de escuelas rurales. Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.
Pero el Gobierno creó el “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”. El 11 de julio, en conferencia de prensa, los ministros Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevehere presentaron los “lineamientos para su aplicación”. Cumplen todos los pedidos de las empresas: no fijan distancias mínimas para proteger a la población, no tienen en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos.
El Gobierno hizo propio un concepto impuesto por las empresas: “Buenas prácticas agrícolas (BPA)”. Impulsado por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), empresarios con gran poder de lobby, las BPA prometen que si realizan las fumigaciones en ciertas condiciones climáticas se podría rociar con agroquímicos hasta a diez metros de las viviendas y escuelas.
Los pueblos afectados, organizaciones sociales, agrónomos e investigadores críticos desmienten que las BPA funcionen y aclaran que el problema es el modelo agropecuario. “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas’ no existen y son imposibles de llevar a la práctica. Los ensayos de deriva (hasta dónde llega el agroquímico) se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, explicó Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo, ingeniero agrónomo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, instan a que los privados (productores, empresas) sean quiénes controlen las fumigaciones y proponen que se enseñe las ventajas de los uso de agrotóxicos en las escuelas. Pretenden una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones.
Arisnabarreta resumió: “El objetivo central de los cuatro ministros, en definitiva del Gobierno, es legitimar el modelo del agronegocio que está siendo fuertemente criticado por la población”. En base a un escrito colectivo de la organización Ecos de Saladillo, Arisnabarreta remarcó que el documento del Gobierno “fue publicitado como un trabajo multidisciplinario, pero en realidad es producto de una sola mirada, de la ciencia hegemónica y corporativa”.
En conferencia de prensa, el ministro de Ciencia, Lino Barañao, defendió el uso de agroquímicos: “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales. Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.
Los cuatro ministros hicieron eje en “la ciencia” para justificar que se puede fumigar sin distancias mínimas, pero no presentaron ningún estudio independiente al respecto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos. El documento con ‘recomendaciones’ del los cuatro ministros no tiene fundamentos científicos, es una decisión política”, afirmó Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.

Glifosato y cáncer

El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, remarcó que “con la salud es donde más estrictos hay que ser”. Pero, ante una pregunta de periodistas, reconoció que su Ministerio decidió que no se hicieran análisis de agroquímicos en sangre y orina (en el marco de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud). En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida glifosato y el cáncer. En una escala de 1 a 5, el organismo lo ubicó en el segundo escalón de peligrosidad.
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Córdoba: dos ex secretarios de Ambiente a juicio



Confirman la elevación a juicio de la causa contra ex secretarios de Ambiente

Fecha de Publicación
: 05/08/2018
Fuente: La Nueva Mañana 
Provincia/Región: Córdoba


Es por la acción judicial interpuesta por la ONG Adarsa, ante la autorización de proyectos de loteos, que implicaban desmonte en área natural protegida.
La Cámara de Acusación de Córdoba rechazó ayer miércoles un Recurso de Apelación interpuesto para evitar la elevación a juicio de una causa en la que se acusa a dos ex secretarios de Ambiente de la Provincia de haber autorizado proyectos de loteos que preveían desmonte.
De esa forma, se confirmó que irá a Juicio la acción judicial que había sido interpuesta en abril pasado por la ong Adarsa (Amigos del Río San Antonio) contra los ex funcionarios Federico Luis Bocco y Raúl Costa. En la presentación además, se los denunció por el cambio de uso de suelo en un área natural protegida y abuso de autoridad, al haber incumplido con la convocatoria a una Audiencia Pública.
Cabe recordar que tras la actuación judicial, el juez Esteban Díaz Reyna decidió elevar a Juicio la causa penal contra los ex secretarios de la cartera ambiental. Según el dictamen del Juez, a los imputados se les atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y “El Dorado III”, en la localidad de San Antonio de Arredondo, que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
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Una Ley de Semillas al servicio de las multinacionales



Ley de Semillas: Federación Agraria acusó al Gobierno de "regalar la soberanía productiva"

Fecha de Publicación
: 19/07/2018
Fuente: La Política On Line
Provincia/Región: Nacional


Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron este jueves tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), al que accedió LPO, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".
Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".
En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".
La entidad que preside Omar Príncipe no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.
"Se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo", disparó FAA.
De esta manera, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.
En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo.
Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.
"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam.
Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.
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"Recomendaciones" para agroquímicos sin protección



Presentaron recomendaciones para aplicar fitosanitarios, pero sin distancias

Fecha de Publicación
: 13/07/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria. Esas cuatro carteras ministeriales presentaron hoy un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios en forma "sostenible y sustentable", pero sin imponer distancias mínimas tal como, en cambio, ya dispusieron decenas de Municipios en el interior con normas restrictivas.
En un encuentro en el Ministerio de Agroindustria, los ministros de esas áreas dieron a conocer los resultados del trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
En el centro de la conferencia de prensa estaban Luis Miguel Etchevehere , ministro de Agroindustria y Sergio Bergman , ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A los costados, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein. Los cuatro presentaron las conclusiones del grupo de trabajo sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y aplicaciones fitosanitarias. "Esperamos que esto sea un insumo para que podamos tener una ley nacional sobre aplicaciones", dijo Etchevehere.
El informe final (que ya online en la web del Ministerio de Agroindustria de la Nación) propone 12 principios con el fin de ordenar las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en zonas de amortiguamiento cercanas a centros poblados. "Estos principios ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, el ambiente y la producción agrícola sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico- tecnológico", explicaron en Agroindustria.
También incluye 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, "orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado".
El director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, explicó que el documento no establece distancias mínimas. "Haciendo buenas prácticas de aplicaciones la distancia deja de ser relevante. Si se hacen buenas aplicaciones, tanto las provincias como los municipios pueden legislar de acuerdo a su conveniencia. Con buenas practicas no haría falta hacer mención alguna sobre el tema de distancias", indicó.
El documento recomienda a los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable "impulsar en el Congreso de la Nación una ley sobre aplicación de fitosanitarios, complementaria de la regulación sobre registro de productos y de la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios".
Bergman destacó que fueron meses intensos de trabajo. "Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no haya debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia. Queremos producir más para salir de la pobreza pero sin descuidar el ambiente y la salud de la sociedad", expresó.
Los funcionarios explicaron que, a partir de ahora, habrá una etapa donde, a través de una plataforma online se abrirá una instancia de participación al público durante 30 días. "El equipo tomará los aportes de ese debate y elaborará un documento final que se presentará tanto en el Congreso de la Nación como en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA)", según explicó un funcionario.
En el informe, el grupo de trabajo destacó la importancia de realizar indicadores para el monitoreo de la adopción de las BPA, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales.
Además, se busca fortalecer la vigilancia epidemiológica de la exposición a fitosanitarios. Al respecto, promueve establecer un marco regulatorio que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.
El grupo de profesionales que realizó el informe estuvo conformado por representantes de los cuatro ministerios y también por miembros del Cofema, del CFA, del INTA y el Senasa. Su trabajo comenzó luego de que a fines de febrero de este año Etchevehere y Bergman firmarán una resolución conjunta para establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios.
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Riachuelo: una década perdida



Diez años de un fallo histórico que quedó sumergido en la nada

Fecha de Publicación
: 10/07/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo


Desde los mil días de María Julia Alsogaray, pasando por las promesas de Carlos Menem, hasta los cuatro años de plazo que anunció Mauricio Macri en su candidatura porteña en 2007, la causa Mendoza se mantiene incumplida pese al fallo de la Corte.
En mil días prometió limpiarlo María Julia Alsogaray. Carlos Saúl Menem dijo que “vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Fernando De La Rúa brilló por su ausencia. La ex secretaria de Ambiente kirchnerista Romina Picolotti aseguró que se resolvería en diez años y Mauricio Macri en cuatro. Hubo una larga lista de funcionarios de todos los gobiernos que prometieron la limpieza y el saneamiento del Riachuelo, una de las promesas más repetidas de la clase política argentina. Ayer, a diez años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza - Riachuelo, la recomposición y la prevención de daños futuros casi no ha cambiado nada.
Ayer, domingo, se cumplieron exactamente diez años desde que la Corte dictó un fallo histórico y creó un cuerpo colegiado integrado por organizaciones sociales y ambientales para controlar las disposiciones en torno al saneamiento: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace. Transcurrida la década desde la sentencia, el Estado no pudo mostrar avances significativos en las directivas establecidas en el fallo, lo que impacta en las más de cinco millones de personas que habitan en la cuenca.
Es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional el que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Creado en 2006 mediante la Ley 26168, el organismo es el que debía y debe ocuparse del deterioro ambiental de la Cuenca. Y con el fallo de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo intimó a implementar un plan de saneamiento en respuesta a la causa judicial conocida como “Causa Mendoza” (ver recuadro).
Una larga lista de promesas incumplidas que parecen formar parte de una historia sin fin. Una historia de soluciones mágicas y fantasías de triunfos grandilocuentes.
La entonces secretaria de Recursos Naturales menemista María Julia Alsogaray anunció el 4 de enero de 1993 un programa para descontaminar el Riachuelo. Y dijo que “en mil días vamos a poder tomar agua del Riachuelo”, y que estaría limpio. Días después, el presidente Carlos Menem iría mucho más lejos con un anuncio y aseguró: “En 1995 vamos a ir allí a pasear en barco, a tomar mate, a bañarnos y a pescar”. Pero a pesar de que el tiempo pasó y nada cambió, la mujer de la tapa con la piel de zorro hizo, cuatro años después, un anuncio que fue tan inverosímil como tragicómico: aseguró que el “objetivo es que en el Riachuelo se puedan practicar deportes de contacto directo”. El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó 250 millones de dólares para la limpieza definitiva de la cuenca, pero no se vio ningún resultado, inclusive hasta el final de su mandato. “Quise pero no pude”, dijo Alsogaray en referencia a su increíble promesa.
En 1999 asumió Fernando De La Rúa, quien claramente no le dio ni importancia ni visibilidad al tema en sus dos años de gestión como Presidente de la Nación. Tampoco lo hizo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema tampoco hizo nada relevante el economista y contador Atilio Savino, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de Néstor Kirchner. 
Cuando en 2006 asumió la asambleísta de Gualeguaychú Romina Picolotti a la misma cartera, se creó Acumar. Ante el plazo que le había impuesto la Corte al Estado para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno nacional había anunciado el plan en el que se le exigió a los estados nacional, provincial y porteño, revertir la situación de contaminación. La exigencia del máximo tribunal había surgido de una resolución sobre un reclamo de 150 damnificadas por la contaminación y que habían iniciado una demanda en 2004. En el 2008 se conoció el fallo de la Corte del que ayer se cumplieron 10 años. En ese tiempo, Picolotti aseguró que “para el año 2015 los más de tres millones de habitantes de la cuenca tendrán cloacas”. En junio de 2007, Picolotti anunció que con un presupuesto menor a los tres millones de pesos se limpiarían completamente las márgenes del Riachuelo desde el camino de cintura hasta su desembocadura en el Río de La Plata. Abogada, especialista en derechos humanos y medio ambiente, estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde julio de 2006 hasta diciembre de 2008 cuando Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia. Se fue investigada por la Justicia y acusada por mal manejo de fondos. Sobre su promesa incumplida sobre la cuenca se excusó afirmando que “se contaminó sin parar durante cien años, así que uno no se puede parar seriamente en la gestión si no habla a largo plazo”.
Su sucesor fue Homero Bibiloni, quien asumió a fines de 2008 y anunció que el Banco Mundial le había otorgado al Gobierno argentino un préstamo de 840 millones de dólares para un programa de saneamiento que se extendería hasta el año 2016.
Homero Bibiloni, pasó a la historia como el único funcionario sancionado porque no cumplió con los plazos previstos y debió pagar de su bolsillo 4000 pesos por cada día que no cumplió de los cuatro plazos impuestos por la Corte. Fue Juan José Mussi su sucesor, quien aseguró que el Riachuelo podría estar “saneado” en 2016 cuando se cumplieron los 200 años de la Independencia Argentina.
En 2015 fue el rabino Sergio Bergman quien asumió en la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y fue quien aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar”. Cuestionó la labor de la autoridad durante el gobierno anterior y la calificó de “máquina burocrática”. El ministro le adjudicó las demoras del saneamiento a los problemas internos de la gestión y aseguró que “no se puede limpiar el Riachuelo si no se lo deja de contaminar” y resaltó que la prioridad del actual gobierno que encabeza Mauricio Macri “no es el agua, sino la gente”.
Mauricio Macri en 2007 cuando era presidente de Boca Juniors y su rival político era Jorge Telerman, dijo que el saneamiento “se puede hacer en cuatro años”. Pero desde entonces como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy como Presidente de la Nación, la situación de la Cuenca Matanza Riachuelo ni se resolvió en cuatro años ni se avanzó como se esperaba.
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Ambiente y CEPAL acuerdan fortalecer información ambiental

Ambiente y CEPAL fortalecen la información ambiental en Argentina

Fecha de Publicación
: 04/07/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


Los expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe se reunieron en el Palacio San Martín
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, encabezó una nueva reunión de expertos en estadísticas e indicadores ambientales de América Latina y el Caribe que fue organizada en conjunto con la Cepal. En el Palacio San Martín, el titular de la cartera de Ambiente aseguró que “la presente mesa de expertos va a conducir con estadísticas fiables y con idoneidad científica y técnica las líneas de base para transformarse en políticas públicas”.
En relación al sistema de información ambiental, Bergman recordó el Informe del Estado del Ambiente “que se presentó después de 14 años”, en ese sentido sostuvo: “es muy importante hacer el trabajo que hay que hacer y decirnos la verdad, es arriesgado pero necesario”.
El presente encuentro es el segundo de una serie de jornadas que se realizan con vistas a fortalecer el sistema estadístico ambiental en el país. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vienen trabajando en conjunto en un programa de asistencia técnica a organismos productores y usuarios de indicadores en la materia.
En el encuentro estuvieron presentes por parte de la cartera de Ambiente la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman, y el coordinador de Información Ambiental, Javier Neme; y de la Cepal el director de la División de Estadísticas, Pascual Gerstenfeld.
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Chaco: desmontes en zona roja, denuncian a autoridades



Denuncian a Bosques por autorizar desmontes en una zona protegida del Departamento Brown

Fecha de Publicación
: 02/07/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco


Nuevamente el Centro Mandela de Resistencia responsabilizó públicamente a la Dirección de Bosques provincial por el desmonte realizado en el Establecimiento Monterrey, ubicado en la Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En el cual se desmontaron 1.465 hectáreas, sobre una superficie total de 5.791, conformado por la parcela 43 y 44.
En ese sentido, la entidad de DD.HH. capitalina señaló que, “todo esto ocurrió a pesar de que, predominantemente, el campo está ubicado en área protegida porque es Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN. “Lo que permite suponer un desmonte clandestino anterior, o una de las tantas intervenciones irregulares de la Dirección de Bosques”.
Y agrega que, “el propietario más conocido es Juan Antonio Aloi, cuyo nombre figura en el cartel colocado en la tranquera para publicar el desmonte que autorizó la Dirección de Bosques y que se ejecutó en ese predio. Se deforestaron 1.465 hectáreas, que se agregaron para hacer agricultura en la chacra transgénica que ya existe en el Establecimiento. A fines de marzo pasado se pudo observar en el lugar una gran plantación de maíz transgénico que fue cultivado en un chacra madura. Al lado del maizal últimamente se desmontó un cuadro de 160 hectáreas, al que hay que restar un monte interno de 25 hectáreas que seguramente será desmontado en poco tiempo”.
Por ora parte, el informe destaca que, “la tranquera de este campo está ubicada en el límite provincial entre Chaco y Santiago del Estero, frente al Parque Nacional COPO y, picada de por medio, linda con la mega Estancia El Juramento, que ya fue motivo de investigación y de publicación por parte del Centro Mandela dado que allí se generan los mismos factores negativos que fueron hallados en la Estancia Monterrey”.

Prohibición
“En la región está prohibida la actividad agrícola. Sin embargo, se practica la agricultura intensiva como en la pampa húmeda a pesar de que los suelos predominantes son frágiles, heterogéneos y erosionables. Justamente por este motivo es que la región ha sido clasificada como zona protegida porque es necesario preservar el monte como único e indispensable techo para proteger los suelos”, aclara el Centro Mandela.

‘Nuevo ataque y negocios contra el monte protegido’
“Tal cual viene repitiéndose en las zonas protegidas de montes nativos, la Dirección de Bosques instrumentó un mecanismo para cambiar la categoría de grandes campos a través del abuso que subyace detrás de los Planes de Aprovechamientos de Cambio de Uso de Suelo, que constituyen todo un gran negocio que permite desmontar y ampliar la frontera agropecuaria, que se blanquea a través de audiencias públicas amañadas y fraudulentas, con mucho dinero que corre de por medio.
La parcela 43 de 3.378 hectáreas, que era tierra pública, se titularizó el 27 de junio de 1991 a favor Hugo Amilcar Haidi; pero se sucedieron varias compraventas, como se repite en toda la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto. En orden cronológico, compraron y vendieron Hugo Alberto, Jorge Elian y Andrés Miguel, todos de apellido Sveda; Luis Ángel Lancioni y, por último, Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolin, casada con Juan A. Aloi.
La Parcela 44 de 2.413 hectáreas, que también era tierra fiscal, se titularizó el 7 de diciembre de 1998 a nombre de Stella Maris Caprin, casada con Carlos Manuel Pavela. Como en el caso anterior, se sucedieron varias compraventas. Luego de Caprin, compró Alejandro Manuel Pavela y a éste le siguió Carlos Raúl Sierra y, por último, Juan Antonio Aloi”, reza el informe.
“De esta manera cierra el gran negocio de las adjudicaciones en venta de las tierras públicas de Chaco, los intermediarios y los desmontes en zonas protegidas”, afirma el Centro Mandela.
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Santa Fe: la ley de agroquímicos y 'cajita feliz'

Agrotóxicos y 'cajita feliz'

Fecha de Publicación
: 29/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Por Carlos Del Frade - Frente Social y Popular

Las siempre nombradas transparencia e independencia de los poderes deben tener existencia real en la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos. Si no es así, la república se convierte en una palabra que solamente existe en el diccionario y la democracia sufre anorexia irreversible. Una de las principales funciones de los diputados provinciales controlar lo que se hace y lo que se dice desde los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial.
Mientras empujamos el tratamiento de la Ley Provincial de Educación y otra que prohiba las fumigaciones aéreas y no permita la aspersión de veneno a no menos de mil quinientos metros de los cascos urbanos como sucede en la provincia de San Luis; es imprescindible que el Poder Ejecutivo responda los pedidos de informes que se presentan, formalmente, con el nombre técnico de Proyectos de Comunicación.
En relación a la salud y el medio ambiente, luego de un trabajo de investigación serio y profundo, llegamos a la conclusión que además del glifosato aparecen cientos de fórmulas de agroquímicos que son iguales o peores por sus efectos sobre los seres vivos.
El expediente 34.615 le pedía al Ejecutivo que explique qué tipos de controles están garantizados sobre la comercialización de 1.497 productos calificados como herbicidas, insecticidas y fungicidas. De los cuales, según el SENASA, hay 819 productos más peligrosos que el Roundup de Monsanto y 678 están calificados con la misma toxicidad.
Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y las propias empresas productoras de agroquímicos, en el país se comercializan al menos 1.497 productos comerciales de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
De esa cantidad, 12 son clasificados con la categoría Ia, 38 son con la categoría Ib, 393 con la categoría II y 376 con la categoría III por lo que 819 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto.
Por eso es fundamental saber si los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Producción y Trabajo de Santa Fe tienen estadísticas oficiales sobre la cantidad de agroquímicos que se comercializan y usan en nuestra provincia año a año en cada campaña agrícola y sus efectos en el entorno existencial.
En tanto, en el ámbito educativo, las denuncias de decenas y decenas de docentes en los diecinueve departamentos santafesinos, alertaron sobre una serie de cursos pagos denominados “la cajita feliz”. Preguntamos a través del expediente 34.817 si el Ministerio de Educación tiene conocimiento de los cursos pagos ofrecidos por la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, entre otras, a cambio de garantizar decenas de puntos en los concursos docentes, especialmente, en educación media y para adultos. Y si la cartera educativa recibió denuncias de docentes en relación a este tema que deja de lado la experiencia de muchas y muchos trabajadores de la educación que resultan damnificados por esta práctica de mercantilización de la educación.
De allí que las respuestas a los pedidos de informes no son una pérdida de tiempo sino un insumo básico para una democracia real y concreta que genere una mejor existencia para los que son más en estos arrabales del mundo.
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Durísimo documento de la Iglesia contra la minería



Ahora la Iglesia va contra la minería: "Trae destrucción y muerte"

Fecha de Publicación
: 28/06/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


En la Semana Social que se realiza en Mar del Plata, representantes eclesiásticos apuntaron contra la actividad minera. Duras palabras del obispo auxiliar de Santiago del Estero.
Con críticas a la megaminería, la segunda jornada de la Semana Social que organiza la Iglesia en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con un llamado a los dirigentes políticos a hacer foco en las necesidades de los más pobres a través de una "mirada humanista" y con el eje puesto en el cuidado de medio ambiente.
Bajo el título "El clamor de la tierra es el clamor de los pobres", en el primer panel del día especialistas en relaciones internacionales, obispos y dirigentes sindicales dialogaron sobre la necesidad de no perder de vista el factor ambiental para lograr un futuro sostenible.
En su disertación, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, puso el foco sobre los problemas de la megaminería y habló del caso de Famatina en La Rioja como la lucha de un pueblo por su derecho a un medio ambiente sano.
"Famatina es una expresión de lo que está pasando en La Rioja. La minería no trae progreso a la gente, apenas un poco en una primera etapa, pero luego es sólo es destrucción y muerte", aseveró ante la atenta mirada de unas 500 personas en el salón principal del Hotel 13 de julio, ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde se desarrolla el encuentro hasta mañana.
En ese marco, el obispo señaló que "Famatina corrió a dos empresas poderosas, pero mientras haya oro van a querer entrar por su gran valor. Pero Famatina no se toca y el agua vale más que el oro".
Por su parte, Humberto Podetti, abogado y especialista en relaciones Internacionales, advirtió que "si no abandonamos el paradigma tecnoeconómico, inexorablemente terminaremos por acabar con la humanidad" y mencionó el Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía -que se celebrará en octubre de 2019- como clave para el futuro.
Según Podetti, Francisco llamó a "cambiar el paradigma del siglo 21 por una visión humanista" que dé "una respuesta global humanitaria y de la naturaleza" a los conflictos que atraviesa el mundo y dijo que "la defensa de la tierra no debe tener otra visión que la defensa de la vida".
En tanto, el obispo auxiliar de Mercedes-Luján, Eduardo Scheinig, señaló que para el papa Francisco "la ecología debe integrar a las personas" y sostuvo que "el clamor por la tierra es el clamor de los pobres".
"No podemos ver los problemas del agua y el extractivismo de manera ajena. En la naturaleza no hay un afuera donde las cosas puedan ser arrojadas y para los organismos vivos, lo que le afecta uno le afecta a todos", afirmó.
Por último, expuso Julio Castro, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, quien habló sobre "los problemas en la potabilidad en todo el país" y advirtió que "la falta de agua corriente afecta al más humilde, al más pobre y se relaciona directamente con la mortalidad infantil".
"Más déficit en los servicios de agua y cloaca, aumenta la mortalidad infantil. Más servicios, menos mortalidad. El recurso no sobra, sino que es escaso en más del 82% del país", concluyó el dirigente gremial.
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Ambiente en encuentro de medio ambiente del Mercosur

Ambiente participó en un nuevo encuentro del subgrupo de medio ambiente del Mercosur

Fecha de Publicación
: 21/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


Allí se abordaron temas de interés para los países del bloque como especies exóticas invasoras y sustancias y productos químicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur, formó parte de la LXV Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N° 6 “Medio Ambiente” (SGT 6), junto con las delegaciones de ese país, Brasil y Uruguay. El encuentro se realizó en Asunción entre el 12 y el 14 de junio.
Durante las jornadas, los participantes acordaron realizar una reunión extraordinaria del SGT 6 y un taller de revisión y actualización del Plan de Acción Mercosur sobre Gestión de Sustancias y Productos Químicos. Se espera que los resultados de esta actividad sirvan como insumos para el XXI Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y del Caribe, a realizarse en el mes de octubre.
También se destacó en el encuentro la importancia de contar con un régimen de evaluación de impacto ambiental en el Mercosur; se intercambiaron los avances logrados en materia de indicadores ambientales a nivel de cada Estado parte; y se informó el estado de las negociaciones referentes a los acuerdos comerciales que llevan adelante los países del bloque con la Unión Europea, Canadá y el EFTA —en particular, los avances logrados en relación a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible—.
Por otra parte, dada la relevancia que reviste el tema de las especies exóticas invasoras (EEI) —en términos sociales, económicos y ambientales—, las delegaciones reiteraron la importancia de avanzar y desarrollar un plan de acción, con énfasis en especies amenazadas o en peligro de extinción.
Por parte de la cartera de Ambiente nacional, participó Mirta Laciar, coordinadora nacional del SGT 6, de la Dirección Nacional de Cooperación.
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Una 'Seguro Verde' para más forestación (pero nada nativo)



Macri, Bergman y Etchevehere lanzaron el 'Seguro Verde'

Fecha de Publicación
: 18/06/2018
Fuente: APFD
Provincia/Región: Nacional


“Se trata de una herramienta para reforestar el país y transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, dijo el ministro de Ambiente
El presidente Mauricio Macri, junto con los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunciaron en Corrientes el lanzamiento del Seguro Verde, una nueva herramienta para fortalecer la plataforma Forestar 2030.
El proyecto cuenta con el respaldo de las carteras de Ambiente, Agroindustria, Producción y Finanzas, se enmarca en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y tiene como objetivo contribuir a alcanzar los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.
“Las Aseguradoras y Forestar 2030 se suman de esta manera al plan de transformar a Argentina en potencia forestal de cara al 2030 como agenda de desarrollo sostenible”, celebró Bergman. “Los ministerios de Ambiente, Agroindustria, Producción, Trabajo, Desarrollo Social y Educación suman al sector privado de las aseguradoras con una iniciativa conjunta con la Superintendencia de Seguros de la Nación: los Seguros Verdes”, agregó y concluyó: “Trabajamos en los seguros verdes como modelo sustentable de gestión”.
El Proyecto Seguro Verde promueve la eliminación del papel de las pólizas de seguro de vehículos y lo reemplaza por el formato digital, lo que se traduce en un ahorro de 1.140 millones de pesos por año para las compañías aseguradoras. Esto equivale al 1 % de las pólizas que será destinado a plantar árboles y mitigar los gases de efecto invernadero emitidos por autos, motos y camiones.
Este aporte consolida el financiamiento de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados N.°  25080. De esta manera, la contribución del sector permite plantar más de 50 mil hectáreas por año y enriquecer los bosques nativos ayudando a cumplir la meta de 2 millones de hectáreas forestadas para el año 2030.
A su vez, se generarán más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, es decir, más de 18 mil productores forestales y más de 92 mil empleos registrados. Asimismo, se espera reducir un 15,56 % de las emisiones de CO2, lo que se traduce en una contribución  significativa y concreta para mitigar el cambio climático.
Cabe destacar que el Seguro Verde servirá de aporte a la plataforma Forestar 2030, una iniciativa que apunta a consolidar al país como una potencia forestal sustentable para el año 2030, impulsando la creación de un mercado competitivo y sostenible, donde la reforestación promueva el desarrollo social, económico y ambiental. La misma es encabezada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto con las carteras de Agroindustria, Producción, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación, con la colaboración de The Nature Conservancy Argentina (TNC).
Del anuncio realizado en la localidad correntina Paso de la Patria participaron  el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
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Corrientes fue sede del encuentro de la RAMCC



Corrientes se instruye sobre acciones frente al cambio climático

Fecha de Publicación
: 16/06/2018
Fuente: Corrientes Hoy
Provincia/Región: Corrientes


 El intendente y el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia recibieron este martes al secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino, quien expuso sobre diferentes temáticas ambientales. “Hay una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático y desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”, afirmó el jefe comunal capitalino, quien fue anfitrión de una actividad de la que participaron sus pares del área metropolitana correntina.
El intendente Eduardo Tassano, junto con el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia, Horacio Ortega, encabezaron este martes una disertación sobre el tratamiento global frente al cambio climático. Durante la jornada, el secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) y destacado especialista en la materia, Ricardo Bertolino, expuso sobre diferentes temáticas ambientales.
Del encuentro, que se realizó en el salón Pocho Roch, a partir de una iniciativa del intendente de Corrientes, participaron otros jefes comunales que comprenden el área metropolitana correntina, como así también el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Rujana. En la oportunidad, los intendentes intercambiaron opiniones sobre las políticas del cuidado del medioambiente que se desarrollan en sus respectivas comunidades.
 Tassano, quien es miembro del Consejo de Intendentes de la RAMCC, remarcó la importancia de la participación de sus pares de otras localidades, al tiempo que afirmó que es necesario “hablar e instalar esta problemática para trabajar juntos y brindar las posibles soluciones”.
En ese sentido, el titular del Ejecutivo municipal ratificó que “existe una firme decisión del Gobierno provincial en la lucha contra el cambio climático”, sobre lo cual consideró que “desde los municipios tenemos que seguir esta línea de trabajo”.

Pasos a seguir
Por su parte, el ministro de Coordinación y Planificación de la Provincia explicó que “fue una jornada para aprender cuáles son las medidas y acciones que tenemos que tomar ante esta problemática que se siente en Corrientes, cuando vemos que tenemos intensas precipitaciones, veranos tan calurosos y sequías”.
Por ello, el funcionario provincial indicó que “es necesario tomar conciencia, para que todos los intendentes puedan trabajar sobre estos conceptos en todo el territorio provincial”.
El secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático fue el encargado de conducir el tratamiento sobre las diferentes temáticas, marco en el que expuso que se habló acerca de “cuáles son los caminos sobre los que hay que trabajar, la promoción de las energías renovables, la movilidad sostenible y la recolección de residuos, que son los temas que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero”.
Además, Bertolino aseguró que “la temática del cambio climático no es un voluntarismo, sino que tiene que tener avales técnicos; por eso, los estudios que se realizan en cada municipio son validados, para que tengan un reconocimiento a escala internacional”.

Presencias
Además de Tassano, Ortega y Bertolino, en la jornada efectuada en el salón Pocho Roch de la Municipalidad de Corrientes estuvieron los intendentes de Curuzú Cutiá, José Irigoyen; de El Sombrero, Raúl González; de Empedradro, José Cheme; de Riachuelo, Martin Jetter; de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi; de San Cosme, Verónica Maciel y de Santa Ana, Augusto Navarrete. También participaron representantes de los municipios de Goya, Ituzaingó y Ramada Paso; el viceintendente capitalino, Emilio Lanari; junto a demás funcionarios provinciales y municipales, como así también profesionales e interesados en la temática.
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Se extiende el plazo de limpieza del Riachuelo



Riachuelo: nuevo plazos de obra para la limpieza y allanamiento en Acumar

Fecha de Publicación
: 12/06/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo


Las mejoras en el Riachuelo podrán empezar a verse en 2025. Aunque con fechas disímiles, este es el año que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) puso como plazo máximo para las distintas acciones que debe llevar adelante para conseguir el saneamiento del río. Así lo asegura el organismo en la respuesta que le envió a la Corte la semana pasada y en la que la atención sanitaria es la que queda más relegada.
Las obras de infraestructura, que incluyen el emisario subfluvial que llevará las cloacas a aguas abiertas, estarán listas para 2023, según el cronograma oficial y, la planta de tratamiento de las curtiembres, en 2021. Los planes de gestión de residuos se trabajarán con los municipios y seguirá la limpieza de espejo, una de las pocas acciones que se han mantenido en el tiempo. La relocalización de vecinos también culminará en 2025.
"Los plazos de obra no significan que vaya a haber saneamiento. Simplemente son planificaciones que no sabemos si se concretarán. El plan sanitario siempre se deja para lo último y muestra bien cuál es la prioridad de la política de Estado. A 10 años de la sentencia de la Corte para sanear el Riachuelo es hora de sanear los organismos", indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y miembro del Cuerpo Colegiado que debe velar por el cumplimiento de la manda.
Es que a poco menos de un mes de cumplirse un nuevo aniversario del fallo ambiental más trascendente que tuvo la Argentina, la Acumar vuelve estar en jaque tras el allanamiento de sus oficinas por una denuncia de corrupción.
Fuentes cercanas al expediente que investiga el juez federal Sebastián Ramos indicaron que la causa se inició contra varios funcionarios: el director general ambiental de Acumar, Nicolás Bardella; la directora de Asuntos Jurídicos, Alejandra Ahmad; la coordinadora de Dictámenes y procedimientos sancionatorios, Catherine Astolfi y Susana Pagola, una asesora jurídica del organismo nombrada por la actual senadora nacional de Cambiemos Gladys González, que sigue cumpliendo funciones aunque sin cargo formal. Una de las sospechas es que Pagola, que es experta en derecho ambiental, haya beneficiado a clientes de su estudio privado, lo que significaría un conflicto de intereses.
La denuncia y el allanamiento aceleró la partida del director de Fiscalización del organismo, Hernán Asensio y, posiblemente el alejamiento de todas las personas que trabajan con él. En el organismo indicaron anoche mediante un comunicado que "se desplazó a Asencio después de observar una serie de irregularidades que vienen siendo investigadas desde principios de mayo por la Auditoría Interna el organismo"
Por ejemplo, detallaron en Acumar, "no declarar agente contaminante a establecimientos industriales que no respetaban las normas del organismo, la aprobación de planes de reconversión industrial sin verficiar debidamente el cumplimiento de requerimientos legales y recomendar levantamientos de clausuras preventivas a establecimientos que no cumplían con las condiciones exigidas".
Otras fuentes del organismo consultadas por Infobae lo señalan como el impulsor de la denuncia por conflicto de intereses. El sector que dirigía Asensio era el encargado de hacer los controles de los vertidos industriales al río, uno de los problemas más sensibles en cuanto a la contaminación ambiental.
La sucesión de peleas internas dentro de Acumar durante la gestión de Cambiemos continúa y lleva al triste record de haber tenido 12 presidentes en 12 años. En los comienzos de Acumar, 2007 y 2008 Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación era su presidenta, la sucedió Homero Bibiloni hasta 2011; luego fue el turno de Juan José Mussi, hasta 2013 y desde esa fecha hasta 2015, Jorge Calzoni. En 2015 hubo tres autoridades distintas y sucesivas: Marcelo Cufre, Ricardo Jeliek y Gerardo López Arrojo. Luego llegaron las autoridades de Cambiemos: Amílcar López, Julio Torti, Gabriela Seijo, Gladys González y la actual presidenta, Dorina Bonetti.
La situación actual muestra más de 15.000 familias que siguen esperando soluciones habitacionales, un camino de sirga que aún no fue liberado, unos pocos planes de reconversión industrial por parte de las empresas, la calidad del agua igual o peor que hace una década y los suelos del Polo Petroquímico de Dock Sud, contaminados.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto porteño, dijo a Infobae que "Acumar tiene una debilidad institucional que antes se vinculaba con las diferencias de políticas de los socios [la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la Nación]. Esto (por la gestión de Cambiemos) que parecía que era una solución con jurisdicciones alineadas continuó porque nunca dura el titular del organismo y cada uno que llega se vuelve a empezar. Para darse una idea, el año pasado sólo se entregaron 104 viviendas de villa 26 y en 2015, ninguna. Esa velocidad de ejecución nos lleva a 2025 los plazos, sin contar con el crecimiento vegetativo durante estos años que transforma el avance en nulo".
Para el Defensor porteño, que acompaña los reclamos de los vecinos, la causa tiene tres ejes: "Uno de obra pública que es en el que hace más hincapié la Corte, con condicionamientos de presupuestos marcados por los vaivenes económicos. El Cuerpo Colegiado ponen más la lupa en la cuestión ambiental y de vertidos y nosotros, que acompañamos a los vecinos con los reclamos".
Según Duacastella, que los vecinos afectados estén fuera de la sala de audiencias de la Corte lo dice todo. "Es una causa que trabaja sólo con la parte condenada, ni los vecinos ni con los actores originales. Nadie los escucha ni atiende sus reclamos. El tema sanitario es más grave porque no hay un seguimiento. Los chicos menores de 5 años que registran hoy tienen 15 y siguen con plomo en sangre. Nadie hizo nunca un tratamiento". En la respuesta a la Corte, Acumar asegura que hay hoy unos 300 chicos menores de seis años a los que se les detectó plomo en sangre y están siendo atendidos. Y, según el informe oficial, las enfermedades más recurrentes son aquellas relacionadas con la contaminación del agua y el aire: bronquiolitis, diarreas y asma.
Para Nápoli el tema es el saneamiento: para que el curso de agua recupere índices compatibles con la vida, especialmente en la cuenca baja, primero hay que dejar de contaminar. "En el caso de que el plan de saneamiento avance con la legislación vigente no se va a avanzar porque no es acorde para este río. Esa normativa tiene que ser reformulada con otros parámetros, establecer la carga que soporta el curso de agua y con eso recién podría empezar a pensarse como que algo puede cambiar", indica el director de Farn.
El problema, para darse una idea, es que no se sabe, o si se sabe no se usa como parámetro, cuánta contaminación soporta el río. El Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó un informe comparativo del Riachuelo con el Támesis, de Londres.
"El Támesis tiene una longitud de 346 kilómetros y un desnivel total de 110 metros. Su caudal medio es de 65,8 metros cúbicos por segundo. Nuestros tributarios no superan los 4 milímetros por kilómetro. Dicho en otras palabras, si se desea tener en el Riachuelo la misma calidad de agua que en el Támesis, las normas sobre volcado de efluentes deberían ser por lo menos 10 veces más rigurosas que las normas inglesas", detalla Elio Brailovsky, economista, historiador y ecologista y titular del observatorio.
El saneamiento del Támesis demandó 40 años, el del Rin, en Alemania, otro tanto. En la Argentina desde el Primer Triunvirato hay normas que pretenden reducir la contaminación del Riachuelo, paradójicamente, en donde nació la Ciudad. Más de doscientos años de contaminación transcurrieron y, las aguas, siguen turbias.
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La venta de información del Estado hacia las mineras



Venden información confidencial del Estado para negocio minero

Fecha de Publicación
: 09/06/2018
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Catamarca


Una investigación del Gobierno terminó en manos de privados previa transferencia silenciosa de propiedades mineras.
Si “vendieron” o se “filtró” información confidencial del Estado, para el caso es lo mismo, pues, como sea, representa una pérdida para el patrimonio minero de la provincia. El punto es que, datos de una investigación que generó la Secretaria de Minería terminó en una transferencia silenciosa de propiedades, sin licitación pública,  y todo quedó en manos de una empresa juniors que no tiene experiencia en explotación de litio.  Negocios con incompatibilidad de fechas, maniobras con propiedades mineras y la complicidad de funcionarios, más, por supuesto, la colaboración inestimable del Juzgado de Minas de Catamarca.    

Con asesores y funcionarios así, la patria está perdida 
De acuerdo a la información a la que accedió El Intransigente, el asesor de la Secretaria de Minería, Eduardo Peralta, encargado de hacer el estudio científico tiene vínculos con Liex/Neo-Lithium, empresa que finalmente se quedó con el proyecto minero en Fiambalá. ¿Qué sucedió? Entre 2012 y 2013 la Secretaria de Minería de la provincia que conduce Rodolfo Micone puso en marcha una investigación sobre el litio en 21 salares de Catamarca. En el estudio encarado por el organismo oficial se concluye que la zona  más importante para la exploración del llamado “oro blanco” era el complejo de Lagunas Tres Quebradas, Verde y Las Parinas, al oeste de Fiambalá (Tinogasta).
En una situación normal, las “propiedades” tendrían que haber sido objeto de un llamado a licitación, pero, ¿qué pasó entre 2013 y 2016? El área minera fue pasando a manos privadas en forma silenciosa. Incluso había propiedades de SOMICA DEM que tendrían que haber quedado bajo la órbita de la estatal CAMYEN. De manera que 3Q quedó para Liex y Neolithum, se trata de la misma empresa, con los mismos gerentes y asesores, la última con sede en Canadá y la primera operadora del proyecto. Hablamos de una empresa juniors, hábiles en el negocio de “transacciones mineras” pero sin antecedentes en explotación del litio.
Neolithium figura en la Ley de Corporaciones Comerciales de Canadá a partir de enero de 2016 (http://neolithium.ca/) y dentro de su equipo de técnico se encuentra Martín Erroz, contacto y amigo del asesor de la Secretaría de Minería, cuyo informe final tiene fecha mayo 2016. Más que coincidencias ¿verdad?. No perder de vista la relación entre el asesor Peralta y Erroz, porque, no solo Peralta lo cita como fuente de consulta a Erroz en la investigación, sino que aparecen como staff de Neolithium/Liex . Más claro, échale agua.  
Acá no hay “grietas” políticas. Son todos negocios, como en otros tantísimos casos en la Argentina.  ¿Y el Juez de Minas? Mamita querida, qué peligro estos tipos para la provincia y el país.  Que peligro para la patria.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes



Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales

Fecha de Publicación
: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta


El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Acabemos con los bosques



Acabemos con los bosques

Fecha de Publicación
: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional


Por E. Raúl Zaffaroni

El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.

1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.

2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.

3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora. 
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.

4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la  Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.

6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.

* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

1) Carta Encíclica Laudato si, 56.

2) Idem, 139.

3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).

4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero

5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.

6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.

(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Denuncian ante la CIDH "aprietes" por alerta de desmontes

Greenpeace denunció ante la CIDH aprietes de personas cercanas al Gobierno

Fecha de Publicación
: 06/06/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta - Nacional


Greenpeace Argentina denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "personas de estrecho vínculo con el Gobierno nacional" habrían perpetrado una serie de ataques" contra sus máximos dirigentes con el fin de amedrentarlos y dificultar sus actividades a favor del medio ambiente, según surge de la copia del escrito que presentó la fundación la semana pasada y que obtuvo LA NACION.
Greenpeace solicitó que la CIDH inicie un "proceso de monitoreo" y le pida informes al Gobierno "a fin de que este clarifique sus vínculos con las afrentas sufridas y su relación con los agresores", como así también verifique si adoptará "medidas destinadas a proteger el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos que forman parte de la organización".
La entidad identificó, en particular, a un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña , el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos de llamada "Finca Cuchuy", en la provincia de Salta, donde Greenpeace lideró una campaña para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación, que se celebró el 8 de marzo pasado.
Durante esa mediación, Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace, Martín Prieto, Hernán Giardini y Natalia Machain, que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en "uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos".
A continuación, siempre según el relato que Greenpeace elevó a la CIDH, Braun Peña habría amenazado a los representantes de la entidad. "Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme 2 o 3 palos verdes para joderlos a ustedes", les habría dicho frente al mediador, a lo cual su abogado habría añadido: "Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense. Es un empresario serio que apuesta por el país".
LA NACION intentó comunicarse ayer, pero no fue posible, con el abogado de Braun Peña, Pablo Horacio Guglielminotti, quien integra el estudio jurídico "Romero Zapiola, Clusellas & Sluga Abogados", que integró hasta diciembre de 2015 el actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.
En las cartas documento que intercambió con Greenpeace, sin embargo, Braun Peña, expuso sus argumentos. Afirmó que él respetó "al pie de la letra todas las exigencias que se hubieren impuesto" en cada uno de los expedientes administrativos vinculados a la Finca Cuchuy, como así también "al íntegro resguardo de todas las normativas municipales, provinciales y nacionales vigentes y aplicables en la materia, incluida la citada Ley de Bosques".
Por el contrario, Braun Peña consideró que fueron los activistas y directivos de Greenpeace quienes afirmaron "dichos vejatorios" y "agresiones" contra él, "a título personal", todo lo cual además le causó un "daño reputacional".
Tras la fallida audiencia de mediación, Greenpeace decidió informarle que ocurría a la Casa Rosada. Sus directivos se reunieron con el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el 12 de abril, para luego dar el siguiente paso ante la CIDH, "en pos de que adopte las medidas que considere pertinentes".
La entidad, que durante la última década se enfrentó públicamente con el kirchnerismo por la falta de una política ambiental o el cajoneo de los proyectos de ley de bosques y "basura electrónica", denunció ante la CIDH durante las semanas que siguieron a las supuestas amenazas de Braun Peña comenzó a detectar una campaña difamatoria por las redes sociales "sin precedentes" en la cual sumaron al diputado nacional por el PRO, Juan Carlos Villalonga. Eso, sostuvo, generó en sus integrantes "una sensación de temor que supera ampliamente el producido por cualquier situación similar a la vivida con anterioridad".
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