Peligra la situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Riachuelo


A dieciocho años del fallo Mendoza, se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud.
Hace 18 años, la Corte Suprema de Justicia dictó el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina. A través del fallo “Mendoza” obligó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que afectaba, y aún afecta, a más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024, la misma Corte decidió cerrar el caso pese a que la mayoría de las metas vinculadas al acceso al agua, saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse. Si bien la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene el respaldo institucional ni presupuestario para continuar con el trabajo necesario para sostener las acciones que demanda uno de los territorios más contaminados del país
Esta desatención estatal se refleja en un drástico recorte presupuestario: según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución y ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa “Mendoza” cayó un 69%.
Detrás de estas cifras hay obras paralizadas, falta de controles y vecinos que continúan esperando respuestas, privados de derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano. La exposición cotidiana a los agentes contaminantes presentes en el agua, el suelo y el aire causan enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y diversas patologías gastrointestinales, con impactos especialmente graves en niñas, niños y adolescentes.
En este contexto de abandono, se suma una nueva preocupación: el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La empresa cumple un rol estratégico en la ejecución de obras fundamentales para el saneamiento de la cuenca y, particularmente, para el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las intervenciones de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Frente a este escenario, FARN junto con el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos un amparo colectivo para frenar la privatización.
Esta medida pone en riesgo la continuidad de inversiones esenciales para ampliar el acceso al agua potable, extender las redes cloacales y garantizar el saneamiento ambiental. La lógica que parece imponerse es priorizar la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos y de obligaciones asumidas por el propio Estado. Todo ello, a contramano de la tendencia global que se orienta a la gestión pública del agua.
A esto se suma que el Estado nacional pretende vender el 90% de las acciones de AySA sin haber realizado una evaluación integral de los impactos ambientales y sociales que esta decisión podría generar. Tampoco se ha llevado adelante una auditoría pública que identifique las obras pendientes, las contingencias sanitarias existentes, los pasivos ambientales acumulados ni las necesidades futuras de inversión.
Además, el proceso de privatización avanza sin que se haya convocado a una audiencia pública que permita a la ciudadanía expresar su opinión sobre una decisión de enorme trascendencia pública, como lo exige el Acuerdo de Escazú ratificado por ley en Argentina.
A dieciocho años del fallo Mendoza, la discusión sobre AySA trasciende la gestión de una empresa: se trata de decidir si el agua será concebida como una mercancía o como un bien común indispensable para la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas.
El acceso al agua potable no puede quedar sujeto exclusivamente a criterios de rentabilidad: el agua no es una mercancía sino un derecho humano fundamental ligado a la vida.

Por Cristian Fernández - Coordinador de Legales de FARN y Luciana Dorigo  - Directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Medio
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Argentina se encamina a incumplir sus compromisos climáticos

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


Un monitoreo colaborativo sobre 115 objetivos oficiales advierte que 9 de cada 10 compromisos climáticos del país ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente. El informe se presenta mientras la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encuentra vacante. 
Argentina asumió numerosos compromisos climáticos en leyes, planes nacionales, estrategias y acuerdos internacionales, pero su nivel de implementación sigue siendo insuficiente frente a los plazos previstos. Así lo advierte un monitoreo ciudadano coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras junto con 26 organizaciones aliadas, que analizó 115 objetivos oficiales y concluyó que el 88,7% está fuera de una trayectoria de cumplimiento.
El relevamiento forma parte de la segunda actualización del Observatorio Nacional de Acción Climática y compara la evolución de los compromisos respecto de la primera medición, realizada en agosto de 2025. 
Solo 13 objetivos, el 11,3%, se encuentran en trayectoria real de cumplimiento, por haberse cumplido, cumplido fuera de plazo o mostrar avances suficientes para estimar que podrán alcanzarse. Los 102 restantes quedan fuera de esa trayectoria.
La comparación entre actualizaciones confirma una tendencia negativa. De los 100 objetivos presentes en ambas mediciones, 36 cambiaron de categoría entre agosto de 2025 y julio de 2026. En total, 15 mejoraron y 21 pasaron a una categoría más desfavorable o permitieron confirmar una situación negativa que en 2025 no podía evaluarse por falta de información. Por cada dos objetivos que mejoran, casi tres empeoran. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año.
Los cumplimientos no ocurren donde hay mayor impacto climático
Los 13 objetivos en trayectoria positiva se concentran principalmente en el eje de Rendición y Transparencia, vinculado a la publicación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el Sistema de Monitoreo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Informe Anual Ambiental y el seguimiento del compromiso de presentación del segundo Informe Bienal de Transparencia.
Son avances institucionales relevantes para la gobernanza climática, pero insuficientes para modificar la situación de los sectores con mayor impacto directo en emisiones, adaptación y resiliencia. Sectores como bosques, transporte, residuos, emisiones y biodiversidad no tienen ningún objetivo cumplido.

El historial de plazos vencidos anticipa riesgos hacia 2030
De los 23 compromisos con fecha límite entre 2023 y 2025, solo 2 fueron cumplidos en el plazo previsto y otros 2 se cumplieron fuera de plazo. Los 19 restantes no fueron cumplidos o no cuentan aún con verificación definitiva. Si el criterio es el cumplimiento en tiempo y forma, 21 de 23 objetivos, el 91,3%, no alcanzaron ese estándar.
El dato es especialmente relevante porque dos tercios del universo monitoreado tiene como horizonte el año 2030. De los 115 objetivos evaluados, 76 vencen ese año. Dentro de ese grupo, 28 no registran avances, 26 cuentan con un avance leve, 7 ya fueron clasificados como imposible de cumplir en el plazo establecido y solo 3 alcanzaron la categoría cumplido. Faltan cuatro años para esa fecha y la gran mayoría de esos compromisos no está en trayectoria de cumplimiento.
El informe se presenta en un contexto de debilidad institucional para la política ambiental nacional. Al cierre de la actualización, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se encontraba vacante, luego de la renuncia de Fernando Jorge Brom el 30 de junio de 2026. Esta situación se suma a un período de desjerarquización del área ambiental nacional y de reducción de capacidades institucionales para implementar y monitorear la política climática. 
La actualización también incorpora por primera vez una mirada sobre los Planes de Respuesta al Cambio Climático provinciales, exigidos por la Ley 27.520. Al cierre del informe, solo tres jurisdicciones contaban con planes convalidados: Jujuy, La Pampa y Misiones. 
El número global es preocupante, pero lo más relevante es la dirección. No estamos ante una foto estática de incumplimiento, sino ante un sistema que se aleja cada vez más de sus metas mientras el tiempo se acorta. El problema no es la falta de compromisos climáticos, sino la falta de implementación sostenida, de información pública y de capacidad institucional para cumplirlos . 
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“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Fecha de Publicación: 07/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.
“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.
–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.
–¿Recuerda el monto de la operación?
–Algo de dos millones de dólares.
Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.
“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.
La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.
Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores
Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.
“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.
Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.
“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.
Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.
La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.
“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.
Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.
El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.
Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

Volver
Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.
“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.
“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.
La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?
* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;
* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;
* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;
* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;
* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
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Cambio climático, pérdida de biodiversidad, retrocesos y desigualdad social: en el mundial del Ambiente, Argentina pierde por goleada

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Un informe de FARN indica que estos factores, sumados al desfinanciamiento del Gobierno y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos "tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia". Según datos oficiales, se perdieron 165.061 hectáreas de bosques en 2024.
En fútbol, la Argentina es una potencia a la que el resto de los equipos admira. Campeona, juego en equipo, calidad, solidaridad, estética, efectividad. Pero en otras áreas, nuestro país pierde por goleada. Y una de las principales es el ambiente.
Así lo alerta la Fundación Ambiente y Recursos Natutrales (FARN) que presentó el IAF 2026, un informe anual donde plasma un análisis riguroso del estado del ambiente en estas tierras. Afirman que este año, nuestro país no llega en las mejores condiciones: pérdida de biodiversidad, impactos severos del cambio climático, retrocesos normativos, desfinanciamiento estatal y el avance de proyectos que perjudican los bienes comunes estratégicos «tornan necesario parar la pelota y cambiar la estrategia«.
¿El desafío? «Jugar un partido en línea con los compromisos ambientales globales hacia el hito de 2030″. 

Argentina vs. Cambio Climático
Aunque Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2015 y construyó una arquitectura institucional relevante, el compromiso para conseguir la victoria se muestra debilitado: Argentina no cumplió con la obligación de presentar su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en el  2025, lo que profundiza la incertidumbre sobre la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones.
Según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2022 el país emitió 401 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e). El sector energético concentró aproximadamente el 50% de las emisiones, seguido por la agricultura y la ganadería con un 25%.
Más del 80% de la matriz energética primaria nacional continúa basada en combustibles fósiles.
«El VAR no deja lugar a dudas –indican con lenguaje mundialista–. El Emissions Gap Report 2025 ubica a la Argentina entre los países del G20 con menor probabilidad de cumplir sus compromisos climáticos para 2030«.

Argentina vs. Pérdida de Biodiversidad
Para este partido, tampoco llegamos de la mejor manera. Dentro de un contexto global marcado por las alteraciones en el uso de la tierra y una pérdida significativa de humedales —85% según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de las Naciones Unidas (IPBES)—  nuestro país transita este año con varios resultados adversos:
Argentina no cumplió con la obligación de presentar su Reporte Nacional de Biodiversidad ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica que vencía en febrero de 2026 para contribuir a la evaluación mundial de progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad a 2030.
Según el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP), las áreas protegidas terrestres representan solo el 13% del territorio continental, y las marinas apenas alcanzan el 7% de la plataforma submarina, ambas muy por debajo del 30% que exige el Marco Mundial de Biodiversidad Kunning-Montreal.
La Administración de Parques Nacionales (APN) gestiona 55 áreas protegidas nacionales (18,48 millones de hectáreas), pero la designación formal resulta insuficiente sin una adecuada gestión del fuego, financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. El marcador sigue sumando goles en contra: para este 2026, el presupuesto destinado a la APN cae un 32,3% en términos reales con respecto al 2023.

Argentina vs. Degradación
Para el último partido del grupo, el panorama sigue siendo poco alentador para la Argentina. Los severos procesos de degradación de la tierra y desertificación están directamente vinculados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. De forma puntual, la destrucción de bosques nativos acelera este fenómeno: a menor cubierta vegetal, mayor es la erosión del suelo por aguas y vientos, intensificando el deterioro y el desgaste de los nutrientes de la tierra.
Según Perspectiva Global de la Tierra, hasta un 40% de las tierras del planeta ya se encuentran degradadas y esto afecta directamente a más de 3200 millones de personas. Argentina juega en una cancha cada vez más difícil:
Cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación debido a la sobreexplotación de bienes naturales y sequías.
Entre 2022 y 2024, la Argentina continuó registrando una pérdida significativa de bosque nativo. Según datos oficiales, la pérdida anual fue de 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 en 2023 y 165.061 en 2024.
Los incendios explicaron el 13% de la pérdida total de bosques en el período reciente.
La sequía histórica de 2023 generó fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola y afectó cultivos estratégicos en amplias regiones del país. A comienzos de 2026, la situación se repitió: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía.
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Las infracciones ambientales tendrán nuevas consecuencias en Misiones

Fecha de Publicación: 03/07/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones


Crearon el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que centralizará todas las infracciones en materia ambiental de la provincia y restringirá el acceso a habilitaciones, subsidios, créditos y otros beneficios para quienes incumplan la normativa.
El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta que permitirá centralizar toda la información vinculada a infracciones ambientales cometidas en la provincia, identificar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control. También incorpora la emisión del Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), que será obligatorio para realizar trámites ante la cartera.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 182, con fecha del 5 de junio de 2026 y publicada este martes en el Boletín Digital de Misiones.
La resolución fundamenta la creación del RePIA en la necesidad de contar con una herramienta administrativa que permita mejorar la trazabilidad de las infracciones, unificar criterios sancionatorios y reforzar el control sobre quienes reinciden en conductas que afectan al ambiente.
El registro funcionará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y trabajará de manera coordinada con el Registro Nacional de Infractores previsto por la Ley Nacional Nº 26.331 de Bosques Nativos.
Entre sus principales objetivos se encuentran registrar las sanciones ambientales, contabilizar reincidencias, unificar los registros existentes dentro del Ministerio, facilitar el intercambio de información con otros organismos y emitir el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA).

Qué infracciones serán incorporadas
El RePIA reunirá información sobre todos los expedientes administrativos vinculados a incumplimientos de la legislación ambiental nacional y provincial, sin importar la gravedad de la infracción.
Entre las materias alcanzadas se incluyen infracciones relacionadas con:
    actividad acuícola y pesca;
    áreas naturales protegidas;
    bosques nativos y tierras forestales;
    evaluaciones de impacto ambiental;
    manejo del fuego y quemas;
    monumentos naturales;
    protección de la fauna silvestre;
    recursos hídricos y humedales;
    residuos;
    conservación de suelos;
    productos fitosanitarios y domisanitarios.
También quedarán registradas las sanciones impuestas, su estado de cumplimiento y los antecedentes por reincidencia.
Cada inscripción deberá incluir datos del expediente administrativo, la autoridad competente, la identificación del infractor —persona física o jurídica—, domicilio, normativa vulnerada, descripción de la infracción, resolución sancionatoria, tipo de sanción, monto de las multas, medidas de remediación ambiental impuestas, estado de cumplimiento y antecedentes de reincidencia.
La información deberá incorporarse dentro de los quince días posteriores al dictado del acto administrativo correspondiente.

Restricciones para los infractores
Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que la inscripción en el RePIA generará consecuencias administrativas mientras permanezca vigente.
Quienes figuren en el registro no podrán: obtener nuevas autorizaciones, permisos, habilitaciones o concesiones emitidas por el Ministerio de Ecología; acceder a programas de asistencia, subsidios o beneficios administrados por el organismo; gestionar líneas de crédito de organismos públicos provinciales vinculadas a cuestiones ambientales; mantener vigentes determinadas autorizaciones ambientales, que podrán ser suspendidas; acceder a incentivos fiscales vinculados al área ambiental; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; obtener autorizaciones para investigaciones, actividades turísticas, recreativas o culturales dentro de áreas naturales protegidas; inscribirse o permanecer en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental. No obstante, la autoridad de aplicación podrá disponer excepciones cuando existan razones de interés público debidamente fundamentadas.
La permanencia en el RePIA dependerá del cumplimiento de las sanciones. La resolución establece que: las sanciones cumplidas permanecerán registradas durante tres años; quienes cancelen una multa mediante convenio de pago permanecerán registrados tres años desde la cancelación total; las sanciones incumplidas seguirán registradas hasta que sean efectivamente cumplidas; en caso de reincidencia, la permanencia en el registro será de cuatro años.
Una vez acreditado el cumplimiento de todas las sanciones y de las medidas de remediación ambiental impuestas, el infractor podrá solicitar la suspensión de los efectos de la inscripción, aunque el antecedente continuará registrado hasta el vencimiento del plazo establecido.

El certificado será obligatorio para realizar trámites
La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), documento oficial que informará la situación de personas y empresas frente al RePIA. Su presentación será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología.
El certificado tendrá una vigencia de seis meses y será considerado un documento público, por lo que cualquier adulteración dará lugar a las acciones legales correspondientes.
El Ministerio estableció que el RePIA tendrá carácter público, en línea con las leyes nacionales de acceso a la información pública y acceso a la información ambiental. No obstante, la difusión de los datos deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales y sensibles.
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Asumió en 2025: renunció el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom

Fecha de Publicación: 02/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Brom estuvo poco más de un año en el cargo; desde el Gobierno reconocieron que no querían que permaneciera por comentarios públicos y descuidos en la administración
Fernando Brom dejó de ser subsecretario de Ambiente de la Nación. La presentación de su renuncia había sido ofrecida por el propio exfuncionario el viernes pasado. El documento circuló todo el fin de semana, aunque no se sabía si sería firmado, en medio de la crisis que vivía la cúpula de gobierno.
De acuerdo con fuentes cercanas a la cartera, desde fines del año pasado se había planteado la salida de Brom, aunque el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió no ejecutar la orden. Hoy se confirmó su salida en el Boletín Oficial.
Todavía no se sabe quién será nombrado para encabezar la cartera ambiental. Tampoco se sabe si la dirección de la política climática seguirá caminando hacia una marginación cada vez más grande en la agenda pública nacional. Desde Jefatura de Gabinete dijeron no tener todavía candidatos en la mesa.
Brom fue el segundo en encabezar la cartera de Ambiente. Los vínculos que lo posicionaron en el cargo forman parte del ala moderada del Gobierno. Llegó de la mano de Guillermo Francos tras la renuncia de la exsubsecretaria Ana Vidal de Lamas, que dijo sufrir agotamiento. Ella mantenía la misma política de reducción estatal y ajuste que después continuó su sucesor.
Impulsó una gran cantidad de ajustes dentro de la estructura estatal, además de apoyar polémicas reformas en la legislación ambiental vigente. Una de las medidas más recientes fue la disolución de la Dirección de Cambio Climático. Una dependencia sostenida en su mayoría por fondos internacionales que fue eliminada del organigrama hace unos meses, algo que fue comunicado a través del Boletín Oficial el 22 de abril pasado. Hoy en día quedan dos direcciones activas dentro de la subsecretaría.
Desde el inicio de la administración libertaria la subsecretaría funciona despojada de su estatus ministerial anterior y de más del 70% de su presupuesto, proveniente del Tesoro, en un terreno federal con intereses variopintos y como parte de uno de los gobiernos más negacionistas del cambio climático a nivel mundial.
En ese contexto, la gestión de Brom enfrentó la difícil tarea de mostrar resultados sin avivar el escozor libertario sobre esta agenda. Poco después de asumir, él afirmó en entrevista con LA NACION que estaban trabajando “más que nunca”. También planteó que estaba en contra de “ideologizar al ambiente”, refiriéndose a vincular los problemas ambientales con pobreza y cuestiones de género.
En el marco de las recientes reformas ambientales, Brom se mostró alineado completamente con el oficialismo durante la reforma a la Ley de Glaciares, en la que manifestó su apoyo público durante las sesiones informativas previas a su tratamiento. A pesar de esto, dentro del Gobierno, Brom había sido criticado por sus escasas apariciones públicas en medios de comunicación.

Incumplimiento de compromisos climáticos
A pesar de haberla elaborado, durante la administración de Brom no se publicó la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) el año pasado. Este es un documento que todos los países miembros de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debían entregar este año y que expresa sus ambiciones de acción frente a la crisis climática.
La actualización de las NDC había sido elaborada durante estos dos años por técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y financiada con fondos internacionales. Aunque el documento está terminado, el Gobierno aún no lo presentó ante Naciones Unidas. Según informaron dos funcionarios vinculados al proceso, “permanece en Cancillería” para su revisión final.
Brom planeaba entregar este documento acompañado de una presentación pública en Brasil el año pasado; sin embargo, nada de eso ocurrió. Uno de los principales esfuerzos de su gestión fue precisamente acompañar la elaboración y aprobación de las nuevas NDC, pese a la reducción del personal y al rol cada vez más marginal que ocupa la política ambiental en la actual administración.
Adelante hay dos conferencias de Naciones Unidas con gran relevancia internacional: La COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. Hasta el momento no se sabe si desde Ambiente enviarán técnicos, y si desde Cancillería habrá representación política.
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Se elimina el rol del guardafaunas en Río Negro, ¿qué son los nuevos «agentes inspectores»?

Fecha de Publicación: 26/06/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, aprobada en 2025, habría dejado sin marco operativo ni designación funcional a personal técnico con más de veinte años de trayectoria, idoneidad y formación específica, de acuerdo al PRO. 
El área de Fauna Silvestre en Río Negro fue cuestionada en relación al impacto de la Ley 5796, que establece la eliminación de la figura del guardafauna en reemplazo de los agentes inspectores y su capacidad operativa en términos de integrantes, distribución y equipos.
El reclamo surge a partir del pedido de información 423/2026, impulsado por la legisladora María Frei, del bloque Pro Unión Republicana, quien percibió un desmantelamiento del área de Fauna a partir de 2021 y con énfasis en 2025.
«Se habían caído funciones que los guardafaunas cumplían desde hace años: el rescate y rehabilitación de animales, la investigación de tráfico de fauna y el asesoramiento a la comunidad sobre enfermedades zoonóticas», manifestó Frei.

Agentes de conservación: inspectores y guarda ambiental
El debate surge a partir de la Ley 5502, sancionada en 2021, que crea el concepto de «Agente de Conservación», englobando a todos aquellos que desempeñan trabajos en el Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas y de la Dirección de Fauna Silvestre.
En este sentido, los impulsores del proyecto cuestionan la falta de claridad con respecto al nuevo concepto que engloba tanto a los guardas ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como a los anteriormente reconocidos «guardafaunas» a cargo de la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que ahora pasarían a denominarse «agentes inspectores».
A partir de ello, Frei también manifestó que la Ley 5796, sancionada en 2025, no solo reemplazó la denominación del guardafauna, sino también su rol operativo, permitiendo que personal no capacitado se encargue de las funciones ambientales.
En respuesta a las facultades de los agentes inspectores, el subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, reconoció que no existe una norma específica que establezca requisitos técnicos especiales, o capacitaciones obligatorias para labrar actas en materia de fauna silvestre.
Además, mencionó que tampoco existen disposiciones que aclaren que las mismas deben ser realizadas por agentes de conservación . En este sentido, la Ley de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, indica que el personal policial de Río Negro tiene la facultad para actuar como auxiliar. 

Debates y ambigüedades
De acuerdo a la respuesta enviada por Espósito, no hubo una reducción de los «Agentes de Conservación» desde la entrada en vigencia de la Ley 5796 sancionada en 2025, sin embargo, no precisa la cantidad actual, su distribución territorial ni la cantidad que corresponde a «Agentes de Inspección» abocados a fauna o guarda ambiental.
Además, el subsecretario indicó que desde marzo de 2024 ingresaron 331 actas de infracción vinculadas a fauna silvestre y que en términos de capacidad operativa, el estado actual de los vehículos «resulta adecuado y permite asegurar el cumplimiento de las funciones indispensables». Añadiendo que actualmente se encuentra en trámite la adquisición de una camioneta 4×4, cuya tramitación data de 2025.
«Tienen una camioneta en trámite de compra para cubrir toda la provincia. Para Río Negro, que es enorme, con áreas protegidas, con problemas de tráfico ilegal de fauna y con más responsabilidades asignadas por la ley, eso es quedarse muy cortos», planteó Frei al respecto. 
Además, Frei comentó que la preocupación del bloque surgió ante una carta enviada en noviembre de 2025 por Fabián Llanos a la legislatura titulada «Devuélvannos lo que nos pertenece», donde el guardafauna y técnico agropecuario «cuenta que, pese a ser solo dos, seguían laburando con ayuda de voluntarios de la Fundación Guardafaunas Honorarios: rehabilitando aves, dando charlas en escuelas, capacitando a la policía e inspeccionando cotos de caza.»
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Las claves del plan de la Provincia para combatir fenómenos climáticos extremos

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Portal LaBrújula24 
Provincia/Región: Buenos Aires


El Ministerio de Infraestructura desplegará una estrategia integral de monitoreo y obras para mitigar inundaciones y sequías.
La Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión superior a los $530.000 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se han vuelto cada vez más difíciles de anticipar.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Distintos centros internacionales advirtieron que este evento podría traer lluvias extraordinarias y temperaturas fuera de los parámetros habituales. Sin embargo, los especialistas reconocen que todavía existe incertidumbre sobre el verdadero alcance que tendrá. "Hay posibilidad de un Niño, pero no hay una claridad todavía de la crudeza o la profundidad que va a tener", explicó el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez.
El funcionario sostuvo que la crisis climática obliga a replantear estrategias que hasta hace pocos años parecían suficientes. Según indicó, las tormentas actuales son mucho más localizadas e intensas, una realidad que modifica incluso obras hidráulicas planificadas una década atrás. “El cambio climático nos obliga a tocar obras que planificaste hace 10 años”, señaló al describir el nuevo escenario que enfrentan las autoridades.
En paralelo, la puesta en marcha del programa también expone diferencias con la gestión nacional. Álvarez cuestionó la postura del presidente Javier Milei respecto del cambio climático y defendió la necesidad de respaldar las políticas públicas basadas en evidencia científica. En ese marco, la Provincia también manifestó su preocupación por los recortes aplicados al Servicio Meteorológico Nacional, al que considera una herramienta fundamental para la prevención y el monitoreo de eventos extremos.
Para mejorar la capacidad de anticipación, el plan se apoya en distintas herramientas técnicas y de coordinación institucional. Entre ellas se destacan el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE) y la Mesa de Riesgo Hídrico. La intención es contar con información más precisa y respuestas más rápidas frente a emergencias cada vez menos predecibles.
La mayor parte de los recursos estará destinada a la prevención del riesgo hídrico en áreas urbanas. En total, se invertirán $284.983 millones en 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes, defensas costeras y obras destinadas a reducir el impacto de inundaciones, la erosión costera y el avance del nivel del mar sobre distintas localidades bonaerenses.
Por otra parte, el plan contempla $245.759 millones para impulsar la adaptación productiva frente a eventos climáticos extremos. Se trata de diez intervenciones regionales orientadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario, uno de los motores económicos de la provincia, frente a amenazas tan diversas como inundaciones prolongadas o sequías severas. 
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¿Cómo salvar los bosques de la Patagonia de los súper incendios y el cambio climático?

Fecha de Publicación: 16/06/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
Provincia/Región: Patagonia


Entre la última primavera y el verano austral se quemaron casi 70.000 hectáreas de bosque en la Patagonia argentina a causa de cuatro súper incendios, la mitad de la superficie que el fuego destruyó en los 23 años anteriores, una tendencia imparable que sólo se puede contener con prevención ante la realidad irreversible del cambio climático.
Así lo expresaron a EFE especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y de los servicios de lucha contra el fuego de la Patagonia durante una visita a esta zona del extremo sur del continente americano.
Según los científicos de Conicet, los incendios de 2021 marcaron un antes y un después, pero en 2007 empezaron a divisar las consecuencias de lo que estaba por venir en términos de disminución de agua y aumento de temperaturas.
La alarma fue la caída del caudal de los ríos, en algunos casos de hasta del 40 %, como el Neuquén, uno de los más importantes de la Patagonia, región compartida por Chile y Argentina, donde se concentran incontables glaciares y grandes reservas de agua.
“Hasta el año 2021 el único incendio grande en nuestra jurisdicción, alrededor de El Bolsón -unas 400.000 hectáreas-, había sido en 2009 y afectó a 2.000 hectáreas.
En 2021 tuvimos eventos de fuego por 15.500 hectáreas. Ese fue un punto de inflexión”, afirma a EFE Nicolás Agostini, bombero y subjefe del Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro.
En la provincia de Río Negro está El Bolsón y a pocos kilómetros de allí Lago Puelo, un fascinante espejo de agua a los pies de los nevados, ya en la vecina Chubut.
A esos lugares acuden numerosos turistas y amantes de la naturaleza para hacer senderismo, practicar escalada y disfrutar de los lagos de color turquesa en verano y de la nieve en invierno. También se han ido instalando forasteros que quieren vivir en la paz del bosque.
Este paraíso, con alojamientos y restaurantes suficientes para cubrir las necesidades turísticas, se convirtió el pasado verano austral en un infierno a causa de los súper incendios de los que la población no está todavía recuperada.

Aprender a convivir con el fuego
El agrónomo del Conicet Marcos Easdale, que investiga en la Fundación Bariloche problemáticas ambientales desde una perspectiva socioecológica, detalla a EFE que “el incendio forma parte del ecosistema en esta región, pero tenía una frecuencia baja (…) Ahora está aumentando y empiezan a aparecer incendios de gran magnitud y alta frecuencia”.
Su compañero, el meteorólogo Santiago Ignacio Hurtado, detalla las razones: “una disminución de agua disponible debido a las bajas precipitaciones, entre el 20 y 30% en algunos lugares y hasta 40% en el acumulado anual; y un aumento de la temperatura en verano del orden de 1 grado y en algunas regiones de hasta 1,5 grados”.
Hurtado argumenta que “ambas cosas generan un conflicto en todo el ecosistema” ya que “se dan las condiciones perfectas para que los incendios sean mucho más severos y se propaguen más rápido”.
“Hay que aceptar que estamos atravesando una nueva realidad, ya no podemos pensar en las lógicas del pasado. Tenemos que replantearnos todo, desde nuestro sistema productivo, nuestras ciudades, nuestra interacción con el bosque y el manejo del material combustible”, destaca.
Easdale y Hurtado, en colaboración con la Fundación Avina, han realizado uno de los informes más completos sobre la situación en la Patagonia argentina y la conclusión es que no hay vuelta atrás: el cambio climático llegó hace tiempo y va a seguir causando estragos.
“Hay que aprender a convivir con esta nueva realidad, con el fuego. Hay que prepararse, prevenir y adaptarse a este nuevo contexto que nos trae el fuego a la puerta de nuestras casas”, insiste Hurtado.
Y lo primero, según Easdale, es “reconocer la existencia de un cambio en el régimen del clima actual” porque “no es una transición hacia un cambio climático que empieza a afectar de manera gradual. Ya estamos en un cambio de régimen que favorece el ambiente a que sea más propenso a la ocurrencia de incendios”.
Lo explica con un ejemplo: “una sequía extrema hace 20 años, es una sequía relativamente normal ahora”.

El peligro de vivir en el bosque
El agrónomo experto es socioecología advierte también sobre la atracción de mucha gente que se traslada a vivir a la Patagonia, “con el imaginario de tener una vivienda en el medio del bosque, rodeada de árboles”.
Considera que “este tipo de construcción, de hábitat local, que a lo mejor 30 o 40 años atrás era factible, ahora genera un mayor riesgo para las poblaciones”.
El subjefe del SPLIF de Río Negro tiene claro lo que hay que hacer tras más de 30 años cuidando los bosques patagónicos y apagando fuegos: “Limpiar alrededor de las viviendas, mejorar los accesos para que un vehículo de emergencia pueda entrar y tener reservorios de agua”. 
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ACUMAR en debate: recortes presupuestarios y el futuro del saneamiento del Riachuelo

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: Portal El Auditor
Provincia/Región: Riachuelo


Mientras ex funcionarios critican los ajustes en el organismo encargado de sanear la cuenca Matanza Riachuelo y exponen los riesgos que eso conlleva, los actuales funcionarios destacan que lograron reducir la carga orgánica contaminante, entre otros logros mencionados.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el ente público interjurisdiccional creado en 2006 por la Ley 26.168 para sanear, recomponer y mejorar el medio ambiente de la cuenca en Buenos Aires. En ese sentido, coordina acciones entre Nación, Provincia y Ciudad para beneficiar a millones de habitantes.
ARTE.tv publicó un documental sobre los recortes presupuestarios que se realizaron en materia de protección ambiental y advierte que pone en peligro el plan de restauración del Riachuelo. El proyecto puesto en marcha desde 2008 para limpiar el agua y las riberas del río había logrado avances, según las fuentes consultadas. El Auditor.Info entrevistó a funcionarios de las gestiones actual y pasada para conocer sus consideraciones respecto de los avances y retrocesos en las políticas públicas de dicho organismo y en la situación del Riachuelo.
Para Fabio Márquez, ex director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR desde 2020 hasta 2023, la situación actual del Riachuelo empieza a evidenciar el abandono de políticas sostenidas en el tiempo: “Se detuvo el proceso de saneamiento, se retrocedió en muchas acciones cotidianas que tienen que ver con limpieza, control y procesos participativos con los actores sociales para ir regulando cuestiones de salud y de reurbanización o relocalización de población de riesgo”, plantea.
Y agrega: "También han abandonado políticas con respecto a las reservas naturales, a la creación de parques, a ir agregando valor positivo y sostenido en el tiempo para que pueda ir alcanzando nuevos umbrales de calidad que, hoy, o están detenidos o están en regresión”.
Según Márquez, “los recortes presupuestarios no solo han sido en los salarios de tantos trabajadores, sino también en las acciones proactivas por las cuales había que seguir intentando recuperar el río como cuerpo de agua. También se han recortado las reurbanizaciones del área, la parquización de sus márgenes, el mejoramiento de los residuos sólidos urbanos y la articulación con otras áreas de Nación para ir conectando el sistema de agua potable y cloacal con las redes nuevas que se terminaron de construir en el gobierno anterior, a través de AYSA”.
Para el ex funcionario, el hecho de que la Corte Suprema se desligara de la causa Mendoza "de un modo arbitrario, caprichoso y claramente discrecional", le quita el paraguas jurídico que obligaba a las jurisdicciones a actuar sobre el saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo.
Sin embargo, las autoridades actuales de ACUMAR plantean que “se viene trabajando en una racionalización y optimización de los recursos, lo que permitió sostener las tareas fundamentales de la Autoridad de Cuenca y avanzar en resultados concretos. En ese sentido, no corresponde hablar de recortes, sino de una asignación responsable y eficiente del gasto”, afirman.
“Los monitoreos y el trabajo en territorio muestran una mejora sostenida en las condiciones del río y su entorno. Los resultados alcanzados son medibles y consistentes en el tiempo. Se continúa con la reducción significativa de la carga orgánica contaminante, pasando de valores históricos cercanos a 6.500 kilogramos por día (2010) a aproximadamente 1.400 kilogramos por día (2026), con proyección a niveles cercanos a 1.200 kilogramos diarios, lo que implicaría una reducción superior al 80%”, explican desde ACUMAR.
“Este mes comenzó la cuarta edición del Curso para Operadores de Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales, un espacio de capacitación brindado por el organismo para alcanzar, junto a la sinergia y el compromiso de las empresas y los gobiernos locales, una producción industrial que se adecue a los estándares ambientales exigidos por ACUMAR, que a lo largo de sus diferentes ediciones (2022, 2024, 2025 y 2026) ha ido adaptando sus contenidos y niveles de complejidad acorde con las necesidades específicas de los distintos perfiles vinculados a la gestión de residuos líquidos”, indican desde el organismo.
Y señalan que “en 2022 las capacitaciones fueron financiadas por ACUMAR, en tanto que en los años subsiguientes los costos fueron absorbidos por el sector privado industrial, que fue asumiendo un proceso de maduración entendiendo la necesidad de contar con personal altamente capacitado para una correcta gestión de las plantas de tratamiento, lo que permitió reducir costos presupuestarios y fortalecer una alianza de cooperación entre el sector público y privado”.
Sobre esto, Antolín Magallanes, ex director General de Gestión Política y Social de ACUMAR, hace una analogía: “Un río contaminado es como un adicto en recuperación. Todos los días hay que trabajar para recuperarlo porque el nivel de contaminación que ha sufrido es muy grande. Es muy difícil que el río vuelva a ser prístino, pero se puede lograr recuperarlo en su máximo grado para que la gente pueda volver a nadar en él”.
“Me parece preocupante que el Gobierno baje un discurso antiambiental. No reconoce el problema ambiental como un tema prioritario de la agenda mundial. Trabajando en la Cuenca hemos aprendido que las condiciones políticas y económicas inciden en la situación de los ríos, por eso considero que esta mirada del Gobierno afecta a las condiciones del Riachuelo hoy”, expresa Magallanes.
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La mafia que arrasó 150.000 hectáreas de bosques en Chaco para abastecer a Mercedes Benz y Volvo queda al descubierto 

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Chaco


La Cámara de Casación Penal volvió a frenar todos los desmontes en Chaco. La medida cautelar se enmarca en una causa que investiga a funcionarios provinciales y empresas que promovieron un avance sistemático sobre 150.000 hectáreas de bosque nativo con fines económicos.
Según publicó el periodista Sebastián Premici en el sitio EconomiaSustentable.com, la decisión judicial no es arbitraria. Responde a una denuncia presentada en 2024 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La causa destapó un esquema de recategorizaciones territoriales, permisos precarios y uso de testaferros para triangular operaciones. Todo diseñado para que grandes empresas del sector forestal y la industria del tanino pudieran desmontar sin trabas.

Las grandes tanineras y empresas forestales en el banquillo
Los imputados son jugadores pesados del negocio forestal, tanto locales como extranjeros. En el listado aparecen MSU SA (Manuel Santos de Uribelarrea Duhau), CIAGRO (Luis y Carlos Calvo), y Triad.
Esta última empresa tuvo en su directorio a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, aunque no está imputado en esta causa.
También figuran Vicentin (ex Nardelli-Padoan, ahora del Grupo Grassi), Indunor del grupo italiano Silvateam (familia Battaglia y Norinver S.A), y Unitan (familia López Mato).
"La necesidad insaciable de quebracho que tienen las tanineras es el motor de todas las maniobras delictivas que denunciamos", sostuvo el abogado Fabián Maggi, impulsor de la querella.
Maggi agregó: "Ese extractivismo descontrolado genera las desigualdades, el despojo y las condiciones infrahumanas de explotación que padecen las familias campesinas e indígenas de Chaco".

Por qué el tanino mueve este negocio millonario
La deforestación se hace para ampliar la frontera agropecuaria y producir carbón. Pero la actividad más lucrativa es la extracción de tanino del árbol de quebracho, según informó EconomiaSustentable.com.
Ese tanino se exporta a grandes marcas automotrices que lo usan para el tratamiento del cuero de los asientos de sus vehículos de alta gama.
Lo más grave: empresas como Indunor y Unitan siguen abasteciéndose de desmontes ilegales. Así lo denunció la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas en una presentación judicial de fines de 2024.
El tanino extraído en Chaco termina en los asientos de cuero de marcas como Mercedes Benz, Volvo, Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot y Citroen.

Cómo funcionó la mafia de los permisos
La medida cautelar se había implementado en 2024. Tras presiones del sector privado, la jueza Zunilda Niremperger (la misma que la había dictado) cambió de criterio y la levantó.
La semana pasada, la Cámara de Casación intervino y restableció la prohibición de desmontar en toda la provincia chaqueña.
"En el caso del delito ambiental, la vida misma de los seres vivos está en juego", argumentó el tribunal. Agregó que "la intervención del derecho penal en materia ambiental no puede ser entendida como una intromisión expansiva, sino como una herramienta excepcional dentro de un sistema amplio de tutela".
La mafia requirió de una estructura de puerta giratoria. Empresarios vinculados a funcionarios de la Dirección de Bosques de Chaco entre 2011 y 2024, y viceversa.
La maniobra incluyó modificaciones sistemáticas de permisos de uso del suelo y cambios en zonas protegidas. Un esquema de legalidad fraguada que llevó a la tala de 150.000 hectáreas, según informó EconomiaSustentable.com.

Los 15 dueños que concentraron el 20% de los desmontes
La investigación judicial determinó un dato clave: de 1335 permisos otorgados entre 2011 y 2021, solo 785 propietarios se beneficiaron.
A los 15 mayores dueños, la Dirección de Bosques les permitió desmontar 38.053 hectáreas. Eso representa más de 2.500 hectáreas por propietario en promedio.
Ese puñado de empresarios concentró el 20% del total de superficie habilitada para desmontes en una década.
Uno de los funcionarios señalados como articulador fue Miguel Ángel López. Luego pasó a formar parte del plantel de lobby de la empresa taninera Unitan, según documentación de la querella.
El otro funcionario involucrado fue Emanuel Carrocino. Ambos operaron desde la Dirección de Bosques provincial, según informó EconomiaSustentable.com.

Quiénes son los 4 grandes jugadores del desmonte
De los 15 propietarios con más superficie habilitada, diez fueron sociedades anónimas. En conjunto, concentraron aproximadamente el 15% del total.
Las cuatro empresas de mayor superficie fueron:
    Cuenca del Salado S.A (Grupo Andreoli, dueños de más de 100.000 hectáreas): habilitada para 7.400 hectáreas
    MSU S.A (Manuel Santos Uribelarrea Balcarce, con más de 140.000 hectáreas agrícolas): habilitada para 4.312 hectáreas
    CIAGRO S.A (familia Luis y Carlos Calvo): habilitada para más de 3.100 hectáreas
    Triad SA (vinculada a Santiago Bausili): habilitada para 2.700 hectáreas
Vicentin, cuyos dueños al momento de las operaciones eran las familias Padoan y Nardelli, desmontó 4.500 hectáreas a través de personas físicas y jurídicas vinculadas.
Entre los imputados también figura Las Guindas S.A, de la familia Urquía (dueños de Aceitera General Deheza), con permisos por 1.331 hectáreas.

El gestor que tramitó el 42% de todos los permisos
De 848 permisos otorgados entre 2014 y 2021, 353 permisos (42%) fueron gestionados por Hernán Halavacs.
En 2024, Halavacs ocupaba el cargo de ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco. Fue echado por el gobernador Leandro Zdero tras estallar el escándalo.
La investigación reveló otro dato explosivo: la concentración de gestiones en una sola persona evidencia un cuello de botella pensado para facilitar el control del esquema.

Cómo las tanineras se abastecen de desmontes ilegales
Las empresas forestales deberían aprovisionarse solo de planes de manejo sostenible, tal como establece la Ley 26.331. Pero en Chaco, las tanineras se abastecen casi exclusivamente de desmontes legales e ilegales.
"El objetivo siempre fue el tanino", explicó Maggi en diálogo con Economía Sustentable. "Luego existe mucha influencia del sector carbonero. Encontramos fuertes componentes de importación de carbón desde Europa y Estados Unidos".
Las grandes empresas como Unitan e Indunor accedieron a la madera vía una red de intermediarios. Un informe incorporado al expediente judicial destapó el siguiente circuito:
Alejandro Carlos Ibañez recibió en 2013 un permiso sobre 45 hectáreas. Por ese permiso obtuvo 485 guías de transporte forestal. De ellas, 231 tuvieron como destino a Indunor y 117 a Unitan.
En otro caso, Simón José Hupaluk recibió en 2021 una autorización sobre 41 hectáreas. Las 9 guías que obtuvo terminaron en Unitan.
"Las tanineras se suministran de madera proveniente de desmontes ilegales", concluyó la querella en su presentación.

Por qué siguen desmontando pese a la medida cautelar
Lo más grave: las mismas sociedades imputadas seguirían desmontando a pesar de la vigencia de la medida cautelar.
En una reciente presentación judicial, Maggi dejó constancia que Indunor y Unitan "persisten en su conducta sistemática de saqueo del bosque nativo en abierta violación a la medida cautelar vigente".
"Toda la producción se sustenta en la sobreexplotación a una tasa varias veces mayor a la escasa repoblación. A este ritmo, el bosque va camino a su desaparición como ecosistema funcional en los próximos 30-50 años", advirtió Maggi.
Otro dato clave: más del 80% de los productos forestales que ingresaron a las tanineras de Chaco en los últimos 16 años lo hicieron sin guía forestal emitida por el gobierno provincial.
Es decir: en forma absolutamente ilegal, según Maggi.

Del quebracho chaqueño a los autos de lujo en Europa
Los documentos de la causa penal revelaron 1.109 envíos de exportación realizados por Indunor desde Argentina en 2024.
Los cuatro principales compradores fueron Silvateam Brasil, Silvateam Perú, Silvateam USA y Ledoga. Todas empresas del mismo grupo italiano.
También aparece "Industria de Peles Minuano", fabricante de cuero con sede en Brasil. Esta empresa realizó 17 envíos a DK Leather Seats, una compañía de Malasia que suministra tapicería de cuero para asientos de autos de alta gama.
Los clientes finales del tanino extraído mediante desmontes en Argentina son Honda, Volvo, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Citroen y Mercedes Benz, según informó EconomiaSustentable.com.
Según Globalwits (empresa china de análisis de comercio exterior), el circuito está perfectamente trazado: quebracho de Chaco → tanino argentino → cuero brasileño → asientos malayos → autos europeos y asiáticos.

Qué viene ahora: pericias oficiales del Conicet
El fallo de Casación Penal fue un empujón anímico para quienes llevan la causa. Ahora queda consolidar el corpus de imputados y avanzar sobre medidas de prueba claves.
"Vamos por la realización de una pericia oficial que nos permita demostrar, de manera judicial, el daño interjurisdiccional de los desmontes", explicó Maggi.
El Ministerio Público Fiscal ya envió un oficio al Conicet. El organismo remitió la nómina de especialistas en la materia.
La pelota queda del lado de la jueza Zunilda Niremperger (la misma que había dictado la cautelar y luego la levantó). Deberá definir el equipo del Conicet encargado de la pericia oficial.
Esa pericia será clave para cuantificar el daño ambiental y consolidar las imputaciones contra funcionarios y empresas que arrasaron 150.000 hectáreas de bosque nativo en una década.
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La situación del ambiente en la Argentina

Fecha de Publicación: 26/05/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


La Fundación Ambiente y Recursos Naturales adelanta algunas de las conclusiones de su próximo informe ambiental anual. 
La reforma de normas claves, el abandono del rol del Estado nacional como autoridad ambiental, los recortes presupuestarios en áreas de prevención y protección, la pérdida de biodiversidad y los sucesivos impactos del cambio climático son tan solo algunos de los puntos que conforman el estado del ambiente en la Argentina actual.
A través de una nueva publicación del Informe Ambiental FARN (IAF), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales analizó los principales puntos de la agenda ambiental, abordando la actualidad política y normativa, la ejecución presupuestaria de partidas clave para la protección del ambiente y la promoción de las energías renovables, las actividades extractivas y sus impactos en el territorio, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias del cambio climático, entre otros temas.
El informe, de acceso libre y gratuito, se publicará el jueves 4 de junio, en la antesala de un nuevo Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.

Regresión normativa
El gobierno de la Libertad Avanza adscribió al negacionismo climático y al desconocimiento del impacto de la actividad humana en el ambiente. Esta postura, asegura el informe, desconoce los acuerdos científicos que durante décadas han producido el Panel Intergubernamental del Cambio Climático y la información brindada por distintos estudios independientes a nivel internacional.
Bajo esta perspectiva, el Gobierno promovió la derogación o modificación de normas y la disolución o eliminación de entes y fondos destinados al cuidado del ambiente. Luego de la desjerarquización institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, transformado en 2023 en una subsecretaría, la gestión nacional eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y traspasó el Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad, entre otras medidas.
Sin embargo, el informe puntualiza en la modificación de la Ley de Glaciares como un eje clave para comprender los objetivos del Gobierno en materia ambiental. La reforma, impulsada por el Gobierno nacional y aprobada por el Congreso nacional el pasado 8 de abril, elimina el piso mínimo de protección de los glaciares y geoformas periglaciares, limitada ahora al cumplimiento de una función hídrica relevante, y otorga a las provincias la facultad de determinar qué glaciares proteger y cuáles no.
“Esta reforma sobre una ley clave para la protección del ambiente ejemplifica el desmantelamiento de la gestión ambiental en el ámbito nacional. Este desmantelamiento cuenta con dos ejes: la desaparición del rol de la autoridad ambiental nacional y la transferencia de facultades a las provincias, desplazando responsabilidades que, por mandato constitucional, corresponden al Estado nacional”, indicó Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Recortes de hasta un 95%
De acuerdo al IAF 2026, las partidas presupuestarias socioambientales —Subsecretaría de Ambiente, el manejo del fuego, la Administración de Parques Nacionales, el Fondo de Bosques, el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, entre otros— presentaron recortes de entre un 67% y un 95% en términos reales con respecto al 2023.
“Esto consolida una regresión sin precedentes en la capacidad estatal para planificar, ejecutar y monitorear políticas de protección ambiental”, aseguró Marchegiani.
Este achicamiento presupuestario también alcanza a la promoción de energías renovables y la eficiencia energética: entre 2024 y 2025, estas partidas cayeron un 66,4% y un 64%, respectivamente, en términos reales.

Pérdida de biodiversidad
Otro punto abordado en el informe es la reducción de áreas naturales en el país y el impacto creciente del cambio climático en el territorio.
De acuerdo a datos oficiales, entre 2022 y 2024 la Argentina registró una pérdida significativa de bosque nativo: 211.974 hectáreas en 2022, 173.816 hectáreas en 2023 y 165.061 hectáreas en 2024. Además de los desmontes, los incendios constituyen uno de los principales factores de degradación de ecosistemas, abarcando también a humedales y pastizales, y explican el 13% de la pérdida total de bosques registrada.
Los incendios forestales en Córdoba durante el 2025 y en la Patagonia en 2026, donde más de 45 mil hectáreas se vieron afectadas, alertan sobre la gravedad creciente de los impactos del cambio climático. Las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y frecuentes, que propician sequías prolongadas y cambios en los patrones climáticos locales, son un caldo de cultivo para la propagación del fuego.
Con respecto a las sequías, el IAF 2026 destaca que, luego de la sequía histórica del 2023, con fuertes pérdidas económicas para el sector agrícola, la situación se repitió a comienzos del 2026: cerca del 30% del territorio argentino se encontraba bajo condiciones de sequía, con provincias como Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe registrando niveles de afectación superiores al 80%. De acuerdo a datos oficiales, cerca del 70% del territorio nacional corresponde a tierras secas, y más del 80% de ellas presenta algún grado de degradación.
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La televisión alemana mostró que volvió el mal olor al Riachuelo

Fecha de Publicación: 15/05/2026
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


La cadena alemana Deutsche Welle (DW) emitió un video bajo el título "El mal olor vuelve al Riachuelo de Buenos Aires".
En 2025 fueron despedidos 300 trabajadores del organismo integrado por Nación, provincia de Buenos Aires y Caba.
Una concejala de La Libertad Avanza inició una presentación formal para reclamar por el estado del curso de agua y su ribera.

El olor a azufre o huevos podridos era una constante que acompañó la vida de todos los vecinos a un lado y otro de la ribera del Riachuelo durante décadas. En las últimas épocas, sin embargo, algo había comenzado a cambiar y el espejo de agua ya no se veía tan sucio y el olor había desaparecido. Sin embargo, en estos meses todo ese proceso de saneamiento parece haber comenzado a revertirse.
Así lo consigna un informe producido por la cadena alemana Deutsche Welle (DW) bajo el título "El mal olor vuelve al Riachuelo de Buenos Aires". En el video, señalan que esto es consecuencia directa de un recorte del 45% que el Gobierno Nacional impuso al presupuesto para sanear la cuenca. Además, advierten que su capacidad operativa se redujo notablemente tras el despido de un 58% del plantel de especialistas que trabajaban en controles y prevención de eventuales vuelcos contaminantes sobre el cauce.
La denuncia generó un efecto inmediato, en especial entre los vecinos que habitan en las cercanías al Riachuelo. Del lado de Provincia, Avellaneda, Lanús, Quilmes y Lomas se ven directamente afectadas.
Desde el Gobierno Nacional, dirigentes como el diputado Guillermo Montenegro, plantearon que "(Acumar) es un organismo sobredimensionado. Que ha demostrado en el transcurso de los años ser bastante incapaz de resolver ciertos problemas. Lo que hace el Gobierno es destinar los fondos donde la Argentina los necesita hoy en día".
Por su parte, Elizabeth Barboza, concejala por La Libertad Avanza en Lomas de Zamora deploró en sus redes sociales el estado de las márgenes del Riachuelo a la altura de Ingeniero Budge. En su cuenta de Instagram reclamó: "Esto no me lo cuenta nadie, nací y vivo en Ingeniero Budge hago caminatas diarias y lo padezco en primera persona. Hace un mes me comuniqué con las autoridades de ACUMAR para mostrarle el problema que tenemos los vecinos hace aproximadamente dos años".
En el mismo posteo describió la situación al señalar a "los vecinos que no son responsables con su basura, feriantes que tiran restos de sus talleres, el humo que viene de la Matanza, la basura, las ratas, el olor y el abandono que tenemos en el camino de la ribera. No nos merecemos tener ese lugar así, cuando hay organismos a quienes les corresponde cuidarlo y darnos una mejor calidad de vida". La concejala envió una nota formal a Acumar con este reclamo.
Vale recordar que Acumar es un organismo público autónomo, creado en 2006 (Ley 26.168), responsable de sanear la Cuenca Matanza Riachuelo. Aquel Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) se implementa en 14 municipios de Buenos Aires y 9 comunas de CABA.
A comienzos de marzo de 2025, 300 trabajadores de Acumar fueron despedidos en el marco de las políticas de ajuste en el Estado. “Estamos hablando de una parálisis de las obras de infraestructura tan necesarias en una cuenca que viene creciendo constantemente, con millones de habitantes”, advirtió en su momento Florencia Fierro, una de las despedidas, a radio AM 750.
En ese contexto también se planteó que el organismo contaba con un presupuesto congelado, es el mismo de 2023, situación que lo había empujado a una virtual paralización.
Ante la consulta de Clarín, desde Acumar decidieron no responder sobre el estado actual del organismo y lo mencionado en el informe. Por otro lado, desde el Gobierno Nacional, ya en junio de 2025 en una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado que esa gestión "concluyó las obras del Sistema Riachuelo, una de las más importantes de la historia argentina en materia de saneamiento, que fueron impulsadas a partir de un fallo de la Justicia y comprometidas por la gestión anterior".
El funcionario detalló que esta iniciativa “mejorará el servicio de cloacas de 4,5 millones de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires”, además de evitar el desborde de líquidos cloacales que contaminan el río Matanza Riachuelo, y también habilita el inicio de una serie de obras que van a llevar cloacas a 1,5 millón de habitantes de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.
Sin embargo, a casi un año de esos anuncios, los vecinos que viven a metros del Riachuelo confirman que la contaminación creciente se ve a simple vista. Durante más de una década, la cuenca fue considerada uno de los sitios más contaminados del mundo, según la Cruz Verde Suiza.
Además de vecinos, a la vera del Riachuelo hay decenas de empresas que por años fueron acusadas de contaminantes y en muchos casos multadas y hasta clausuradas por volcar productos químicos nocivos al agua. A partir de distintos informes elaborados por Acumar, se inició un proceso de reconversión en más de 400 de esas industrias, que consiste en la obligatoriedad de presentar un plan de actividades para adecuarse a la normativa ambiental. El informe de DW señala que el dispositivo de vigilancia que se realizaba en la cuenca para evitar vuelcos contaminantes está prácticamente abandonado.
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Recortan fondos a Parques Nacionales y afecta áreas protegidas

Fecha de Publicación: 13/05/2026
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Nacional


El gobierno nacional oficializó un recorte millonario sobre la Administración de Parques Nacionales que impacta de lleno en áreas protegidas estratégicas de la Patagonia y Tierra del Fuego
Mientras el discurso oficial habla de “reordenamiento del gasto”, el gobierno de Javier Milei volvió a poner la motosierra sobre sectores sensibles del Estado y esta vez el ajuste alcanzó directamente a los Parques Nacionales y áreas protegidas de todo el país.
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, oficializó un recorte de más de 2.557 millones de pesos sobre partidas destinadas al funcionamiento, mantenimiento y conservación ambiental de la Administración de Parques Nacionales.
Entre las áreas alcanzadas por el ajuste aparece el Parque Nacional Tierra del Fuego, que sufrirá una reducción superior a los 37 millones de pesos, afectando recursos destinados a infraestructura, prevención de incendios, patrullajes y servicios básicos para visitantes y conservación.
La medida encendió alarmas especialmente en la Patagonia, donde los parques nacionales no sólo representan reservas ambientales estratégicas, sino también una pieza central del turismo, la investigación científica y la soberanía territorial en el extremo sur del país.
El ajuste también impacta sobre otros parques emblemáticos de la región como Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Los Alerces, además de distintas áreas marinas protegidas del litoral atlántico patagónico.
En Tierra del Fuego, la preocupación crece porque el Parque Nacional no sólo protege ecosistemas únicos a nivel mundial, bosques subantárticos y biodiversidad marina, sino que además constituye uno de los principales motores turísticos de Ushuaia y un símbolo geopolítico en una provincia atravesada por la disputa soberana sobre Malvinas y el Atlántico Sur.
Trabajadores del sector advierten que la reducción presupuestaria compromete tareas esenciales como mantenimiento de senderos, control ambiental, infraestructura para visitantes y prevención de incendios forestales, justo cuando el cambio climático vuelve cada vez más vulnerables a estas áreas protegidas.
El recorte llega además en un contexto donde el gobierno nacional ya viene siendo cuestionado por el desfinanciamiento de políticas ambientales, científicas y de conservación. Para distintos sectores, la decisión confirma que la lógica de ajuste no distingue entre áreas sociales, educativas o ambientales, incluso cuando se trata de patrimonios naturales estratégicos para el país. 
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