Desmonte en el Delta: cada vez más topadoras sobre los humedales incendiados

Fecha de Publicación: 04/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos


Pese a ser un área natural protegida, las islas del departamento de Victoria, en Entre Ríos, sufren los embates de las máquinas que arrancan árboles y aplanan el terreno. “Por ley solo se pueden realizar actividades sustentables y la destrucción del ecosistema por supuesto no lo es”, denuncian las organizaciones.
Frente al arroyo Careaga, en la primera sección de las islas del Delta de Paraná, un paisaje que por jurisdicción pertenece a Victoria, Entre Ríos, una pala cargadora marca Taurus destroza el humedal. Remueve, quita, aplasta. Aun cuando la presencia de maquinaria para los trabajos –prohibidos– de desmonte en la zona no es nueva, algunos isleños se sorprendieron al ver esa mole sobre una barcaza, navegando los trece kilómetros de un circuito imperfecto de aguas para llegar al lote con destino de actividad agropecuaria.
“La presencia de topadoras y de maquinaria pesada para desmontar y hacer terraplenes en las islas no es nueva, pero en el último tiempo se ha incrementado y aparecen en lugares que antes no había”, dice la abogada Romina Araguas, integrante de la ONG “El Paraná no se toca” o como les gusta presentarse, “un grupo de autoconvocados por amor al río”.
“Esa zona de Victoria –continua– es considerada Reserva de Uso Múltiple, es decir, es un área natural protegida por ley provincial donde solo se pueden realizar actividades sustentables y la destrucción del ecosistema por supuesto que no lo es”.
Toda esa ingeniería puesta al servicio de arrancar árboles, formar montículos de tierra y aplanar el terreno infringe la Ley N°10.479 de Sistema de Áreas Naturales; la Ley Nº 10.284 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos; y el llamado Decreto 2474 Reglamentario Áreas Protegidas. Además, incumple la medida cautela impuesta por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que estableció “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el ambiente”, lo que vetó el ingreso de máquinas a las islas.
“Siempre fue una zona de control casi nulo; acá ha habido caza furtiva, fiestas ilegales, cuatrerismo, construcción de terraplenes, toda la ilegalidad que te puedas imaginar se hizo sobre los humedales. La parte perteneciente a Victoria es de mucha extensión y solo tiene una delegación municipal de islas que prácticamente está sin personal. Y eso es aprovechado por los dueños de los lotes”, se lamenta Araguas.

Sin voluntad
El miércoles, el diputado nacional por el Frente de Todos (FDT) y titular de la Comisión de Ambiente de la Cámara, Leonardo Grosso, confirmó que el jueves 3 de noviembre se realizará la reunión plenaria de comisiones para tratar la postergada Ley de Humedales. “Luego de seis semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente”, expresó por redes sociales.
En paralelo, activistas ambientales convocaron a manifestarse en la puerta del Congreso para “defender la ley frente a los lobistas del fuego”.
Desde Entre Ríos, la abogada y activista ambiental no tiene muchos argumentos para el optimismo. “En esta instancia donde el fuego ya se llevó puesto todo, Nación dice que el responsable es el juez, pero el juez dice que no tiene los medios para hacer nada. Y también están los gobiernos provinciales que no acuerdan por mezquindad política. Lo único que queda claro que es no hay voluntad política”.
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Agroquímicos en Pergamino: solicitaron el juicio oral para tres propietarios de campos por haber contaminado el ambiente

Fecha de Publicación: 04/11/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires


La investigación surgió a raíz de un llamado telefónico donde una mujer denunció que padecía problemas derivados de las fumigaciones que se efectuaban sobre campos cercanos a una escuela de la localidad. Según la fiscalía, los acusados provocaron un daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral de la investigación seguida contra tres propietarios los campos ubicados en la localidad bonaerense de Pergamino, por haber contaminado el ambiente en general "de un modo peligroso para la salud mediante la utilización de residuos calificados peligrosos".
La investigación se inició el 13 de septiembre de 2018, a raíz de un llamado telefónico a la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina, donde una mujer denunció que padecía problemas de salud derivados de las fumigaciones con agroquímicos que se efectuaban sobre campos cercanos a la Escuela N°52 de esa localidad.
En 2014, el Concejo Deliberante pergaminense dictó la ordenanza N°8126/14 que reglamenta las actividades relacionadas con el uso y aplicación de los productos fitosanitarios, para evitar la contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la salud, los recursos naturales y la producción agropecuaria sustentable. La normativa dispone la existencia de una zona de exclusión conformada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana y en la cual está prohibido cualquier tipo de pulverización. Además, reglamenta la zona de amortiguamiento, compuesta por los 500 metros siguientes a la zona de exclusión.
En base a las pruebas recolectadas durante la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, se estableció que a través de las fumigaciones con agroquímicos realizadas mediante mochilas o tractores “mosquito”, los tres imputados “en violación a la ordenanza municipal y las normas provinciales, contaminaron el ambiente y provocaron un daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida”. En ese sentido, se acreditó que, al estar expuestos a las fumigaciones, presentaron cuadros de alergias severas, afecciones respiratorias e, incluso, cáncer.
Si bien los agroquímicos utilizados por los imputados contaban con autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), debían utilizarse con debidos cuidados y controles para evitar afectar la salud de las personas que se encuentran expuestas a ellos, dada la toxicidad de sus formulaciones.
En su requerimiento al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, el fiscal Di Lello, señaló: “todos los elementos que han sido reunidos en esta instrucción permiten tener por acreditado que, durante el periodo de tiempo investigado, los imputados aplicaron en las pulverizaciones realizadas en forma terrestre los agroquímicos atrazina, imidaclopird, imazetapir, metalaxil, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, flurocloridona, tetrametrina y glifosato, entre otros, en los campos que explotaban, infringiendo la Ordenanza Municipal vigente en esa ciudad que prohíbe la aplicación terrestre dentro de un radio de 100 metros a partir del límite de la planta urbana, de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de cualquier clase y dosis”.
Agregó que se tomaron muestras de suelo y agua que tras ser analizadas “arrojaron mayores concentraciones de plaguicidas en suelos de patios de vecinos que en campos colindantes (atrazina y sus derivados, glifosato, entre otros)”. “Se hallaron mayores concentraciones de agroquímicos del grupo fungicidas (tebuconazol, triticonazol, epoxiconazol, tebuzonazol) y el insecticida Clorpirifós, tanto en jardines de los vecinos como en el agua que consumen”, indicó.
Los tres propietarios rurales se suman al titular y un auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, respecto de quienes, en mayo pasado y en el marco de otra investigación relacionada, se solicitó que fueran a juicio por no cumplir “acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8216/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.
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Gobierno autorizó nueve agroquímicos que UPM venía utilizando de forma irregular

Fecha de Publicación: 04/11/2022
Fuente: El Observador (Uruguay)
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


La Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) autorizó 9 de los 15 productos que UPM venía utilizando de forma irregular en el vivero forestal que tiene en Paysandú.
La decisión fue tomada por el director de esa área, Leonardo Olivera, a pedido de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) en momentos en que el MGAP analiza la sanción que le aplicará a la empresa finlandesa por emplearlos cuando estaban prohibidos, tal como informó El Observador semanas atrás.
El establecimiento se encuentra en el kilómetro 392 de la ruta 4, cerca de la localidad de Guichón.
Según la resolución a la que accedió El Observador, estos nueve productos son necesarios para el “efectivo control de malezas, plagas y enfermedades” en los viveros forestales. El documento menciona que las dosis indicadas de estos productos han mostrado “eficacia biológica” para el control de las plagas involucradas.
“En función del análisis potencial de peligrosidad ambiental efectuado para los diferentes ingredientes activos que se autorizan en la presente resolución, los mismos no representan riesgos para el ambiente y organismos no objetivo debido a su modo de uso en vivero/invernáculos”, dice el documento.
El subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, había dicho en el programa Desayunos informales que la empresa sería sancionada porque constataron que cometió una falta y harían que regularizara la situación. “No hay flexibilización al respecto”, expresó.
Servicios Agrícolas autorizó la ampliación de uso de los productos a base de los siguientes ingredientes activos: Folpet, Oxicloruro de Cobre, Piraclostrobina, Boscalid, Tebuconazol, Piraclostrobina + Fluxapiroxad, Propiconazol + Benzovindiflupir, Clofentezina y Abamectina.
Todos estos productos están registrados en el país y se utilizan en el sector agrícola u hortifrutícola, pero no estaban habilitados para el uso específico en viveros.
La SPF había afirmado que los productos que UPM emplea en el vivero “no se encuentran registrados para uso forestal, pero su uso no está prohibido por ley”. “Estos productos se utilizan en toda región (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay) en producción de alimentos y forestación con fines comerciales, con los registros correspondientes”, expresó en un comunicado.
Además, la resolución incluye una serie de medidas de mitigación para la “salud humana” entre las que se destacan el uso de guantes de látex; mameluco impermeable; botas; careta antiparras, y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos.
El informe diferencia la toxicidad de los productos en organismos acuáticos, aves, abejas y lombrices. En este sentido, subraya que cinco de los nueve productos autorizados son “altamente” tóxicos para organismos acuáticos, mientras que otro es “muy tóxico”, otros dos son “moderadamente” tóxicos y uno “ligeramente” tóxico. Respecto a las aves y abejas, hay uno de los productos que es “altamente tóxico”.
Servicios Agrícolas dio un plazo de 90 días para presentar las solicitudes de modificación de etiquetas, luego del que la autorización será por un año.

Críticas de vecinos
La decisión fue rechazada por la Asociación de Vecinos de Guichón, que expresó que se tomó en “tiempo récord” y sin la participación del Ministerio de Ambiente ni del Ministerio de Salud Pública.
En un comunicado, los vecinos señalaron que se comunicarán con Ambiente para que involucre a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Eco-Sistémicos (Dinabise) dado que a pocos metros de donde la empresa arroja sus vertidos comienza el área protegida Montes del Queguay.
“Con estos acontecimientos están expuestas a ser contaminadas, por lo tanto, es pertinente que se efectúen monitoreos fundamentalmente en la confluencia del arroyo Santana con el río Queguay”, agregaron los vecinos.
Por último, expresaron que a ellos les costó más de 10 años lograr que el Estado confirmara todas las denuncias y la empresa “en una semana” hizo que el MGAP le autorice los productos que usó “por años sin autorización y que han causado ecocidio en la zona”.
El vocero de los Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, Marcelo Fernández, dijo a El Observador que está confirmado que se afectó la biodiversidad y el ecosistema y que nadie desde el Estado se hace cargo de la situación. “La mayoría de las sustancias son altamente tóxicas para los productos acuáticos”.

Otra multa
El Ministerio de Ambiente prevé multar a UPM con 700 unidades reajustables ($ 1.046.000, unos US$ 25.000) por usar productos contaminantes no habilitados en este vivero.
Fuentes de Ambiente dijeron a El Observador que la empresa presentó sus descargos dentro de los 10 días que tenía, por lo que habrá resolución en los próximos días.
La resolución que establece la multa señala: “La empresa derivó desde el vivero sustancias contaminantes (plaguicidas) hacia la cañada y el arroyo Santana, en contravención de la previsión del artículo 144 del decreto-ley 14.859”.
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"Enfrentar el cambio climático es un deber y un imperativo moral"

Fecha de Publicación: 03/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


El Presidente encabezó la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para 2030, que abarca 250 medidas producto de 180 instancias de trabajo con las 24 jurisdicciones provinciales.
El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "enfrentar el cambio climático es un deber y un imperativo moral" y remarcó la importancia de "seguir trabajando para generar conciencia" con una problemática "del presente y no del futuro".
El jefe de Estado formuló estas declaraciones al encabezar la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para 2030, que abarca 250 medidas producto de 180 instancias de trabajo con las 24 jurisdicciones provinciales.
"El cambio climático no es un tema discursivo, sino que es un problema del presente y no del futuro. Es algo que existe y que todos los días nos castiga. Por lo tanto tenemos que empezar a resolverlo ahora. Para vivir en un buen mundo, y terminar con la desigualdad, enfrentar el cambio climático es nuestro deber, es un imperativo moral y ético. Si no lo hacemos, seremos cómplices de la degradación del planeta", remarcó Fernández.
En su primera aparición pública después de reunirse con el presidente electo del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el mandatario argentino dio "gracias a Dios" porque con el triunfo del líder del PT, dijo, "hay alguien que va a cuidar el Amazonas".
"Pero el Amazonas lo talaron, lo talaron, lo talaron. ¡Qué hicieron el daño que hicieron!", señaló en clara referencia a las políticas llevadas adelante por Jair Bolsonaro.
En el acto, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, y funcionarios del Gabinete Nacional de Cambio Climático y de las provincias.
Respecto de la diversidad de los representantes provinciales presentes en la actividad, Fernández agradeció especialmente a los "hombres y mujeres de todos los colores políticos y a los que no piensan como el Gobierno y están participando de este acto comprometiéndose con una estrategia común hacia el mañana".
"Les quiero dar las gracias porque han entendido de qué se trata esta propuesta. No estamos hablando de la acción de un Gobierno, estamos hablando de la acción de un país que quiere poner en primer lugar la preocupación por el cambio climático", explicó.
El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático sintetiza las políticas consensuadas por para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Fernández sostuvo que "desde que se empezó a hablar del agujero de ozono la conciencia ha cambiado mucho, pero aun así nosotros tenemos que seguir trabajando para concientizar a todos sobre la trascendencia que tiene el cambio climático".
"Lamentablemente, el cambio climático del que hablamos es para mal porque la emisión de gases ha hecho que el mundo se recaliente. Vemos como diferentes zonas de Argentina se han recalentado y eso complica todo el sistema de producción nacional", detalló.
El Presidente planteó: "Nos tenemos que ocupar del cambio climático y resolver todos los perjuicios que han generado la ambición de los poderosos de seguir ganando a cualquier precio y de los negacionistas que decían que el cambio climático no existía y siguieron intoxicando al mundo".
"Hoy damos un paso muy importante como sociedad. Tenemos que dejar de creer que es una demanda hippie sobre el clima", finalizó Fernández, quien lanzó una convocatoria a "dejar de lado cualquier diferencia política y todos ir para el mismo lado porque si no, nos intoxicamos todos", aunque advirtió que "no es una pelea fácil porque hay una disputa de intereses" con los sectores productivos.
El plan presentado hoy, según se adelantó, contiene seis líneas estratégicas: Transición energética; transición productiva; movilidad sostenible; territorios sostenibles y resilientes; conservación de la biodiversidad y bienes comunes; y gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques. A la vez aborda cuatro enfoques transversales: género y diversidades; gestión integral del riesgo; salud; y transición laboral justa.
El ministro Cabandié destacó que la generación de una estrategia con una "participación federal y transversal" busca conseguir "miradas superadoras" donde se pueden generar tensiones con los actores del modelo productivo.
"Hay otro paradigma que es el paradigma donde la agenda ambiental tiene que estar por encima incluso de muchas decisiones que se llevan a cabo en lo productivo", comentó.
Cabandié recordó la difícil ecuación que supone encarar la transformación productiva hacia modelos menos contaminantes y la necesidad de crecimiento que tiene Argentina, dónde hay "oprobiosos" indicadores sociales.
"Es fácil ser un empresario de las principales compañías y en los encuentros presentarse como filántropo y no como empresario. Pero las 100 principales empresas representan el 72% de las emisiones de gases de efecto invernadero y esas empresas nunca están", dijo.
Respecto de la responsabilidad del Estado, Cabandié recordó que la Argentina produce sólo el 0,8 por ciento de las emisiones mundiales, pero que ha multiplicado por 10 el presupuesto en la materia, ha sancionado leyes y está a la espera del tratamiento de normas como la Ley de Envases y la Ley de Humedales.
Manzur, por su parte, resaltó que "la Argentina tiene hoy un Gabinete nacional vinculado al cambio climático, y eso es toda una definición que habla de una política de Estado que tiene que ver con el mediano y el largo plazo, que es transversal y en la que cada una de las áreas tiene algo para contar y para aportar".

Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
El Jefe de Gabinete añadió: "Tenemos clara la hoja de ruta y un plan de trabajo conversado y dialogado. Lo que está impulsando hoy, Presidente, va mucho más allá de los períodos democráticos de gobierno, estamos pensando en la Argentina del futuro".
Sobre el plan, Nicolini señaló que "es una gran oportunidad para aprovechar todas las capacidades" disponibles. "La Argentina ha asumido ese compromiso trabajando con todos los sectores y con todo el potencial para que realmente sea una política de desarrollo y de crecimiento con innovación, con una mirada federal y con justicia social y ambiental", afirmó.
El programa se elaboró en el ámbito del Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde los ministros de Ambiente de todas las jurisdicciones definen los lineamientos estratégicos, como así también la actualización y validación de actividades y resultados.
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Río Negro: reclamos por los impactos de la empresa de arenas de fracking NRG

Fecha de Publicación: 03/11/2022
Fuente: AN Red
Provincia/Región: Río Negro


En Allen, epicentro del fracking en la provincia, vecinas de distintos barrios se organizaron ante la invasión de camiones de arenas de sílice. Alrededor de cien vehículos cargados con unas cincuenta toneladas atraviesan diariamente la ciudad. Denuncian la falta de respuestas y el maltrato de las autoridades locales y provinciales. Por Martín Álvarez Mullally.
Los ruidos son insoportables, en las viviendas se habla a los gritos y los televisores están al máximo. Las camas vibran, las paredes se están rajando y los techos suenan. Los barrios de Allen viven en una nube de polvillo constante que penetra en todos los rincones. Les niñes en la calle jugando es una postal del pasado. El tráfico de camiones de arenas de sílice que genera la empresa NRG es estresante para quienes viven en la zona. Y el cuadro se torna más preocupante en la medida en la que se evidencia que ni la Intendencia, ni la Provincia, están dispuestas a tomar medidas que atenten contra la rentabilidad de la empresa para preservar a la población.
Marcela Garcia es productora frutícola y vive desde hace sesenta años en Calle rural 17, trayecto que conecta la Ruta nacional 22 con la provincial 65. Según ella, la llegada de NRG al Parque Industrial Norte de Allen fue la gota que rebalsó el vaso. Primero pasaban los camiones con materiales para las obras de reforma de la Ruta 22 que llevan más de una década. Luego construyeron el gasoducto entre la planta de Estación Fernández Oro y el gasoducto troncal Neuba, y unos meses después, el acueducto que lleva el agua a la planta de arenas. Ahora, desde 2020 cuando comenzó a operar NRG, hay un tránsito de ochenta camiones diarios. Marcela García no es la única enojada. “Somos unos diez productores, más toda la gente que vive ahí, debemos ser unos cuarenta”, relata. Y explica que en la etapa de cosecha el polvillo daña la fruta durante el transporte, lo que implica que haya dejado de ser fruta de primera, exportable.
A partir de los reclamos de las vecinas en articulación con productores y la Asociación de Productores del Alto Valle (APAV) consiguieron reunirse con NRG, Vialidad Nacional, la Secretaría de Minería, el Consorcio de Riego y Concejo Deliberante. La respuesta fue trasladar parte del tránsito a la calle Martín Fierro. Sin embargo, siguen pasando los camiones que NRG terceriza.
“Nos está afectando en la salud, en nuestra calidad de vida. No podemos estar tranquilos, estamos todo el tiempo pensando que se nos viene la casa abajo, qué problemas de salud nos va a traer esto”, aporta Verónica Zapata mientras recorre las rajaduras de todas las paredes de su casa. Verónica vive en una hermosa esquina de la calle Martín Fierro en la que con mucho esfuerzo acaban de construir una ampliación.  En su casa vibra todo, los cuadros, los vasos, los platos, la cama. “Hemos reclamado al municipio y no hay solución alguna”, explica. “¿Qué pasa si se cae una casa?”, le plantearon a Mauricio Morales, el presidente del Concejo Deliberante: “el municipio lo cubre”, respondió el funcionario. “¿Qué pasa si alguien fallece en esa caída?”, repreguntó Verónica. “El municipio lo cubre”, volvió a responder el funcionario. “Me respondió así, sin reparo alguno, con un desprecio por la vida que quedé sorprendida”, dice la vecina.
Graciela Cancelieri es otra de las pobladoras que impulsa los reclamos. Vive en la calle Perón cerca del paso de los camiones y padece los mismo problemas. Para ella las leyes están escritas pero las decisiones políticas no las cumplen. “Nuestra Carta Orgánica municipal tiene un capítulo sobre ambiente y nuestra Constitución provincial es referencia en sus capítulos sobre ambiente, porque habla de `delito ecológico´ que otras constituciones no lo tienen”, explica. Buenas leyes en malas manos, la constante en una provincia donde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Dina Migani, es dueña de una empresa de servicios que les vende químicos para fracking a las mismas empresas que, según su función pública, debería controlar.

Las formas del carácter extractivo
Las vecinas denuncian maltrato institucional y falta de seriedad de parte de NRG, el Deliberante, la intendenta Liliana Martín y Dina Migani. Dicen que en las reuniones dilatan las respuestas, evaden sus responsabilidades y prometen cosas que no cumplen. Para Cancelieri es algo que se repite. “Así como fue la política para instalar al fracking, están haciendo ahora con las arenas. Allen ya es una zona de sacrificio”, afirma.
Ante los reclamos, resolvieron regar las calles con una mezcla de residuos de pulpa moldeada. “Un producto sucio, oloroso, horrible’”, describen. La idea era que funcione como fijador para no tener que regar muchas veces. Pero una vez seco, el polvillo aparecía igual con mucho mal olor y se pegaba en todos lados.
En este peregrinar institucional, en 2020 lograron juntar al Secretario de Obras Públicas, al de Planeamiento, al de Gobierno y al de Tránsito. Las hicieron esperar más de tres horas para que se vayan, pero ellas se quedaron e hicieron un acta con los acuerdos: riego de calles, descenso de las velocidades de circulación, cese de tránsito pesado y asfalto. Nada se cumplió. “Vino la pandemia y se paró todo, menos los camiones”, relata Marcela García.
Romina Reus vive a pasos de la calle Martín Fierro y también describe el periplo que hizo para buscar alguna respuesta. “Llame a la municipalidad y me dijeron que ellos no se encargaban de esto, que era área de la provincia y que tenían una resolución. Me mandaron la resolución que son nueve páginas nada más, donde no hay Estudio de Impacto Ambiental”. Llamó a la delegación central de la Secretaría de Ambiente que queda en Viedma, le contestó una persona que no sabía lo que era una evaluación de impacto ambiental y que le dijo que no podía entregarle información a cualquier persona. Que si quería ver el legajo, tenía que ir hasta Viedma, a 550 km de distancia. Finalmente entregó una nota en la delegación de la localidad de Fernández Oro dirigida a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero todavía no obtuvo respuesta.
En septiembre de 2021, Dina Migani promulgó la Resolución 975 -la que le entregaron a Reus- que establece el recorrido desde las canteras Bauti, en la meseta rionegrina, hasta la Planta de lavado, secado y clasificación de NRG, en el Parque Industrial de Allen. Allí consta la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y del “Plan Transitorio de Transporte de Arenas” que implica dos etapas y habilita el paso por la zona urbana y rural desde las que surgen las protestas de las vecinas. Así será hasta que NRG acondicione un camino alternativo que la empresa Oldelval tiene en la traza del oleoducto.
En septiembre de 2022, Rocio Barrios fue parte de la delegación que asistió al Concejo Deliberante. También vive en la calle Martín Fierro y cuenta que cuando mencionaron la resolución que habilitó el transito temporal por el ejido, notaron que los concejales “no tenían idea”. “Nos enojamos porque sentíamos que no nos estaban escuchando y se excusaron diciendo que estaban buscando la información”, explica. Y agrega que cuando relató lo que viven y padecen, el Presidente del Concejo se enojó y manifestó vehemente que no iba a responder porque ella estaba diciendo “barrabasadas y faltándoles el respeto”.
Algo similar le ocurrió cuando fue a visitar a la intendenta Liliana Martín que la acusó de “maleducada” por un comunicado que Barrios había mandado a una radio. Rocío Barrios se sorprendió en aquel encuentro de que la intendenta no conociera la logística del transporte de la que, según Martín, es la inversión más importante de la historia de Allen. “¿Cómo habilitó los permisos entonces? Nos da mucha indignación e impotencia cómo nos tratan”, concluye.
Otro maltrato provino de NRG. Su gerente de relaciones institucionales Pablo Casals, ex Secretario de Planificación del ex gobernador Alberto Weretilneck, puso en duda a las vecinas y les exigió material fotográfico que respalde lo que denuncian.
NRG no respondió las consultas que le realizamos para la realización de este artículo. Igual que había sucedido cuando publicamos otro en enero.

Preocupación por la salud de la población
Una de las mayores preocupaciones son los impactos sanitarios. Algunos fueron inmediatos. Marcela Garcia cuenta que su vecina Clarisa tiene 78 años y en 1977 en San Juan sufrió el terremoto de 7,4 que dejó un saldo de 65 muertos y más de 300 heridos. Ahora, con la invasión de camiones de arenas, Clarisa no puede dormir, su casa vibra y ella teme que se le derrumbe encima. “Fue al médico y la mandaron a un psiquiatra para que le receten pastillas para dormir. Para nosotras es terrible, una vecina de esa edad, que trabajó toda la vida en la producción y nunca  necesitó pastillas”, cuenta Marcela García. “¿La solución es empastillar a Clarisa? Porque hay muchas Clarisas en Allen”, concluye.
Rocío Barrios estudia medicina y para ella es preocupante lo que puede implicar que esto continúe. Su hermano tiene sensibilidad auditiva y está viviendo con los oídos tapados. “Tenemos alteraciones en el ciclo de sueño, eso nos repercute emocionalmente, psicológicamente, físicamente, es muy desgastante”, manifiesta. Explica que las arenas de sílice generan daños pulmonares, que esas afecciones avanzan de manera lenta y silenciosa hasta que se manifiestan en fibrosis, que es un deterioro importante en la capacidad pulmonar.
Por su parte, para Graciela Cancelieri reclamar es un acción preventiva ante el potencial contaminador de las arenas: “Nosotras no queremos tener a las personas enfermas, queremos prevenir que eso pase”.

NRG, el enigma
¿Quiénes son los dueños de NRG? Detrás del interrogante, surgen nombres de conocidos políticos que no aparecen en los registros. Entre 2019 y 2020, los empresarios César Oscar Güercio y Damián Strier constituyeron las firmas NRG Argentina, NRG Energía, NRG Air, NRG Construcciones, NRG Materiales, NRG Servicios Petroleros, NRG Transportes, NRG Ultra, NRG Metals Argentina, NRG Oil&Gas, NRG Global. Estas compañías cubren el amplio espectro del negocio de la arena, desde la cantera hasta los pozos de fracking. La financiación proviene de un fondo de inversión canadiense, los dueños no tienen experiencia comercial previa en el sector. Güercio fue dueño de una empresa que vendía pasajes turísticos, fue empleado de Schlumberger entre 2009 y 2012. Strier, por su parte, es docente, tiene un postdoctorado en energías renovables y pasó por la empresa Roch.
La planta de tratamiento, lavado y clasificación de Allen ocupa un predio de 140 hectáreas. Además, poseé otras 260 hectáreas de canteras y una planta en Ibicuy, en Entre Ríos, y 4100 hectáreas en la meseta de Río Negro. En las plantas hay problemas con los residuos de las arenas.
Además, las plantas consumen grandes cantidades de agua para  el lavado de las arenas. En el caso de Allen, en abril de 2021, Güercio obtuvo del Departamento Provincial de Aguas un permiso para el uso de 200m³/hora de agua del río Negro y del sistema de riego. El mismo día, la intendenta Martín solicitó el uso de 300 m³/hora para el mismo predio, por lo que NRG cuenta con la autorización oficial para captar 500 m³/hora.
Pero NRG no solo lava arenas, la empresa fue allanada por Gendarmería Nacional y la AFIP en todas sus sedes en junio de 2022. El allanamiento se realizó a partir de una  denuncia sobre lavado de activos y fuga de divisas a través de sobreprecios en la importación superiores al 300% del valor real. Este año, fue durante varios meses la mayor importadora de equipos del extranjero del sector energético. El Ministro de Economía, Sergio Massa, la denunció por contrabando, lavado de activos y fuga en el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos.
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Ley de Humedales: el oficialismo reflota el tratamiento en la Cámara de Diputados

Fecha de Publicación: 02/11/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Este jueves, los diputados tratarán el proyecto de la ley de Humedales. Desde el Frente de Todos esperan emitir dictamen ese día.
El oficialismo logró que este jueves se reflote el tratamiento de la ley de Humedales en la Cámara de Diputados. Sectores del bloque del Frente de Todos buscarán emitir dictamen ese mismo día, a pesar de la resistencia de gran parte de la oposición.
El proyecto vuelve a tratarse después de un mes de impasse por la presión ejercida por algunos sectores del agronegocio, la minería y gobernadores de provincias donde esos intereses económicos juegan fuerte.
"La idea es firmar este jueves mismo. Y que cada uno se haga cargo de su voto", señalaron fuentes cercanas al presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grossoa. Sin embargo saben que desde la oposición volverán a cargar las tintas sobre un supuesto tratamiento exprés del proyecto.
Se decidió ir a un cuarto intermedio y el martes siguiente el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile (UCR), en contra de la sanción de una legislación que condicione la explotación económica en humedales, citó a una reunión informativa para darle espacio a representantes de la agroindustria y la minería. Desde estos sectores advirtieron que una iniciativa como la establecida en el proyecto de ley encarecería el costo de algunos proyectos y afectaría el desarrollo económico de las provincias, a la vez que implicaría un avance sobre la propiedad privada.
Por su parte, después de más de un mes con el debate inactivo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, reclamó el urgente tratamiento de la ley de Humedales: "Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto".

Qué plantea la ley de Humedales
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, uso racional y sostenible de los humedales establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas húmedos de todo el país. Su objetivo es regular la actividad de emprendimientos productivos en humedales y exigir garantías de preservación con evaluaciones de impacto ambiental.
Los humedales conservan el 40% de la biodiversidad total, y de acuerdo a evidencia científica están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 1970 se perdió el 35% de los humedales del mundo.

Cuándo comenzó la iniciativa por la ley
El debate para la sanción de una ley de protección de Humedales lleva una casi diez años. El primer proyecto se presentó en 2013, y tanto en 2015 como en 2018 dos proyectos de Humedales consiguieron media sanción del Senado, pero no pudieron sancionarse ya que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.
En 2020 el debate volvió a tomar impulso y hubo dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero no de las otras tres comisiones a las que tenía giro. El proyecto perdió estado parlamentario y generó una nueva desilusión en las organizaciones ambientalistas que venían militando el tema.
En el último tiempo, los incendios intencionales en el Delta del Paraná y el impacto en la ciudad de Rosario llevaron a que se retome el debate y en marzo de este año se presentó un proyecto similar consensuado con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.
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Constatan desove de peces en el Paraná, pero no garantizan reproducción efectiva

Fecha de Publicación: 02/11/2022
Fuente: El Once
Provincia/Región: Corrientes


“Si el río vuelve a descender, las zonas con alevinos se van a secar y va a morir todo. Por ahora, es un estado alentador porque se produjo el desove, pero no podemos garantizar que deje descendencia viva en el río”, afirma un especialist
Juan Pablo Roux, director del Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE), se refirió a la situación que atraviesa la fauna del río Paraná, las posibilidades de una reproducción efectiva y los controles a la pesca deportiva y comercial.
Recientemente, el directivo participó -en representación del sector científico- en la denominada Mesa Pesquera, que reúne a miembros del Gobierno de Corrientes, hoteleros y la Asociación de Pescadores Deportivos, en la que se conversó de la reglamentación de veda que se está armando desde la Dirección de Recursos Naturales.
“Hay dos miradas muy diferentes de los controles y se trata de converger entre ambas para mejorar el uso del recurso. Desde la Dirección de Recursos Naturales aseguran que los controles en agua y tierra se hacen, pero son pocos para las situaciones complicadas que se presentan en determinadas épocas y eso genera conflicto”, comentó Roux planteando la problemática.

Controles de pesca
En la reunión se habló de un protocolo para protección de cardúmenes y control en períodos de bajante, los trabajos con la Provincia del Chaco y el manejo de la pesca comercial en los 90 kilómetros habilitados, que incluyen el tramo desde Paso de la Patria hasta la desembocadura del arroyo Ambrosio, cerca de Bella Vista (Corrientes).
Roux comentó también que “desde el INICNE propusimos articular trabajos para lograr una comercialización interna entre las zonas de pesca deportiva y comercial, particularmente para los turistas que deseen comer pescado”. A su vez, reveló que no hubo representantes del sector comercial en las reuniones y opinó que habría que hacer un control más efectivo en la zona de pesca con mallón.

La situación del río y la reproducción
En las últimas semanas, el río Paraná experimentó un fuerte repunte producto de las lluvias en Brasil. “En estos últimos 15 días la creciente estimuló el desove de los peces en estado de maduración. En el INICNE pudimos constatar un desove, hemos extraído huevos y los incubamos en el laboratorio y tuvimos descendencia de sábalos. Esto no garantiza que el ciclo reproductivo sea efectivo, porque toda esa descendencia de larvas y alevinos tiene que ingresar al valle aluvial para su desarrollo”, dijo a Radio UNNE y agregó que “todavía no hay una conexión concreta y si el río vuelve a un cauce de 2 metros esas zonas con alevinos se van a secar y va a morir todo lo que esté allí. Por ahora, es un estado alentador porque se produjo el desove, pero no podemos garantizar que deje descendencia viva en el río”, explicó Roux.
“Cuando el pez está maduro y se dan las condiciones se reproduce sin importar cualquier otra situación que puede estar generando el hombre. No se trata de hacer una veda en el momento en que los peces se están reproduciendo, tenemos que tener períodos para quitar la presión de pesca cuando los peces están vulnerables, eso puede ser en cualquier época del año. Por eso existe el sistema de veda extendida”, agregó.
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Denuncian matanza de peces en el río Bermejo por parte de una empresa agroindustrial

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Por las trascendidas denuncias de contaminación en el Río Bermejo, a la altura de paraje El Carmen, con vertidos industriales, desde el gobierno realizarán los estudios correspondientes.
Marcelo Nieva, comunicador y pescador de Pichanal, denunció, a través de las redes sociales a la empresa Seaboard Agroindustria y otras empresas de la zona, de tirar químicos tóxicos a las aguas de ríos para matar peces. Nieva compartió imágenes impactantes en las redes sociales, acusando a las industrias de terminar con la fauna acuática para hacer desvío de aguas de ríos y usarlas en sus plantaciones. Según su denuncia, el fin de semana pasado encontraron la masacre de peces en el paraje El Carmen, ubicado a casi 40 minutos de Pichanal.
Las Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos dispusieron que las muestras de agua sean recolectadas aguas arriba y aguas abajo en la zona de la junta, entre los ríos Bermejo y San Francisco. Siguiendo los procedimientos y medidas de seguridad indicados, serán enviadas a laboratorio para su análisis.
Desde el área de Biodiversidad explicaron que generalmente en esta época del año, la fauna ictícola se ve perjudicada por las altas temperaturas y el bajo caudal de agua producto de las escasas lluvias. Estos factores provocan una disminución de oxígeno y el encalle de algunos ejemplares de mayor tamaño.
Es importante resaltar que las elevadas temperaturas causan tres fenómenos: disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua, acelera velocidad de descomposición de la materia orgánica (organismos como bacterias y hongos contribuyen con la descomposición, y para eso utilizan oxígeno).  En tercer lugar, aumenta el metabolismo de los peces con el consiguiente incremento de requerimiento de oxígeno.
Por su parte, la Policía División Lacustre y Fluvial de Pichanal, en una constatación ocular en la zona, observó algunos ejemplares muertos y descartó la presencia de fauna asociada afectada.
Para la próxima semana, los organismos diligenciaron la toma de muestras de agua, a los fines de constatar la presencia o no de sustancias contaminantes y en su caso determinar responsabilidades.
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Frenan el desmonte ilegal de tres topadoras

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Durante la jornada de ayer viernes, personal de la Dirección de Bosques del Chaco logró detener el desmonte ilegal que se estaba llevando a cabo en un predio del Departamento Independencia, ubicado unos ocho kilómetros al noroeste de la localidad de Avia Terai.
El predio afectado es el denominado Parcela 69, Lote 14, Circunscripción III. En él estaban trabajando de manera ilegal tres topadoras Caterpillar D8, de una conocida empresa de desmontes establecida en la ciudad de Pampa del Infierno.
El procedimiento empezó con el Informe de Detección 1182/22 del Departamento de Geo- Información, con el cual se solicitó la orden de allanamiento en el Juzgado de Paz de Avia Terai, la cual fue otorgada de manera inmediata. Una vez constituidos en el predio, junto a la oficial de justicia y la Policía Rural, se procedió a detener el trabajo de las tres topadoras Caterpillar D8, las cuales quedaron secuestradas en el predio. Se imputó cargos por Infracción a la Ley 2079-R.
Consultado el Director de Bosques sobre el accionar de la empresa de servicios que realiza el topado, advirtió que si bien no se puede mencionar el nombre de la empresa para no entorpecer el proceso administrativo, se puede decir que es una empresa instalada en la localidad de Pampa del Infierno, y que de manera reincidente realiza trabajos de desmonte ilegal. Inclusive, una de las topadoras, ya había sido secuestrada.
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Crece la presión dentro del oficialismo provincial para que sea reformada la ley 7722

Fecha de Publicación: 31/10/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


A la iniciativa del intendente de Malargüe para que ese departamento quede excluido de la normativa que impide explotar la minería metalífera, se sumó ahora un proyecto de aliados del PRO y otros partidos. Esta iniciativa vuelve a plantear que se modifiquen los artículos que bloquean la actividad.
Legisladores aliados del Frente Cambia Mendoza presentaron finalmente este viernes un proyecto de ley para intentar flexibilizar nuevamente la ley ambiental 7722, en momentos en los que el gobernador Rodolfo Suárez rechazó la posibilidad de acompañar otra iniciativa en torno a la minería, en este caso del intendente de Malargüe Juan Ojeda, que pretende establecer zonas aptas en su comuna para habilitar la minería metalífera.
El proyecto, que es una propuesta del diputado provincial del Pro, Gustavo Cairo; lleva no sólo el acompañamiento de su partido -como la del legislador Enrique Thomas-; sino también de otros partidos políticos de Cambia Mendoza, como el Partido Demócrata Progresista, con Josefina Canale; y de Demócratas en el Frente, con Guillermo Mosso.
El principal cambio que proponen los legisladores es el de modificar el artículo 1 de la 7722, en el que se pide excluir de las sustancias prohibidas para actividad minera al ácido sulfúrico, mientras que se mantendría solamente la prohibición, según el articulado, al cianuro y mercurio. También la iniciativa propone que la Legislatura no deba refrendar las declaraciones de impacto ambiental que se realicen para futuros proyectos mineros, con el objetivo de “quitar la especulación política de un estudio que es técnico y científico”; y por último, se prevé la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza a partir de la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
De esta manera, y casi a contrarreloj de la finalización del período ordinario de la Legislatura, ingresó otro proyecto más, que pretende reabrir el debate minero, ante un Rodolfo Suárez que ya dejó en claro en varias oportunidades que mientras sea gobernador no volverá a impulsar la minería; y un intendente radical, como Ojeda, que busca excluir a algunas zonas de Malargüe del área de control de la 7722. A la par, organizaciones ambientalistas han manifestado su crítica respecto a estas iniciativas, y aseguran que se está preparando el terreno para una nueva discusión legislativa que tiene como objetivo quitar poder a la ley que ha causado sin dudas controversia en Mendoza.
Se espera que el proyecto, que ingresó por la Cámara Baja, sea remitido a las comisiones de Economía, Ambiente y también a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Punto a punto
Sobre la quita del ácido sulfúrico como sustancia prohibida del proceso minero, en el proyecto se hizo referencia a que esta sustancia está presente en una gran cantidad de procesos industriales, como por ejemplo para la creación de fertilizantes, refinación del petróleo, producción de pinturas, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos y manufactura de detergentes y plásticos, entre otros. Cairo también dijo a Los Andes en la edición del 17 de octubre que se utiliza en la industria vitivinícola, tanto en bodegas como en la producción de mosto.
No obstante, también en el proyecto se elimina la frase “y otras sustancias tóxicas similares” que actualmente está vigente en la ley 7722 cuando se enumeran las sustancias prohibidas para el proceso minero. Esto fue propuesto, ya que incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, declaró esa propia frase como inconstitucional ante un planteo judicial que realizó la empresa minera San Jorge, que pretende extraer cobre en Uspallata.
Como argumentos del fallo, que fueron tomados en los considerandos del proyecto, se remarcó que esa controversial frase “se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación”. Precisamente el artículo 19, tal como indicó el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, “exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas”.
Con relación a la actual aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Cairo manifestó que aprobarla “implica seguir un procedimiento complejo y exhaustivo” desde el punto de vista técnico, con participación de universidades nacionales, la Dirección General de Irrigación, más organismos como el INTA, el INA y organizaciones ambientalistas.
Ante esto, consideró la necesidad de dejar la aprobación de la DIA al aspecto técnico y científico, y quitar el político, quitando a la Legislatura como otro de los filtros para este tipo de proyectos. “Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico”, marcó, y agregó: “Si queremos algún desarrollo minero y que esa área de la economía traiga inversiones y empleos a nuestra provincia, esto requiere necesariamente una modificación”.
Por último, respecto a la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza, el proyecto considera como “fundamental” que la gente pueda confiar en quienes controlan. Ante esto es que se propone la creación de la Agencia “con un directorio elegido por instituciones vinculadas al cuidado del medioambiente”. El mismo estaría integrado, según el artículo 3 del proyecto, por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo y cuatro vocales elegidos por las siguientes instituciones: uno designado por la Universidad Nacional de Cuyo, uno por la Universidad Tecnológica Nacional, uno por el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley provincial 5.961 y el último designado por el Departamento General de Irrigación.
Por otro lado, la Agencia “reemplazará al EPAS”, según el proyecto, que quedará disuelto a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cuya estructura administrativa pasará a formar parte de este organismo de control ambiental.

Minería en San Juan
También en los fundamentos del proyecto se decidió comparar la minería con lo que ocurre en la provincia de San Juan. “En San Juan hay más de 750 empresas que prestan servicios a las mineras y cerca de 10.000 personas trabajando en forma directa en los emprendimientos. Esto se debe multiplicar por toda la actividad económica que producen todas esas personas consumiendo e invirtiendo en la provincia”, manifestaron.
También se mencionó que, en el caso de la provincia vecina, se tributa un 55% del moto total de ventas, de los cuales un 85% lo recauda la Nación; y un 15% la provincia y el municipio donde se desarrolla la explotación”.
“Además de esto, las empresas gastan aproximadamente el 30% de lo obtenido en sus ventas en costos de producción, como salarios, insumos y servicios que contratan dentro de la población local”, agregaron.
Por último, Cairo consideró que los mendocinos “estamos perdiendo grandes oportunidades”. “No alcanzan ya los tres pilares de desarrollo que hemos emprendido: agroindustria, petróleo y turismo. A nuestra economía le falta esta cuarta pata que genere empleos de calidad e ingresos para las arcas del estado. El futuro depende de nosotros”, culminó.
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Por primera vez, el Paraná tiene un plan de emergencia en caso de contaminación

Fecha de Publicación: 31/10/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


La Administración General de Puertos (AGP), bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, logró la aprobación del Plan Nacional de Emergencias en caso de contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas para la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, una herramienta esencial para la prevención de riesgos, mejorar la seguridad de la navegación y contribuir al cuidado ambiental. Se trata del primer plan nacional dispuesto desde la gestión de la VNT, que cumplirá con todas las exigencias de seguridad y cuidado del ambiente a nivel nacional e internacional.
El Plan consiste en disponer de un protocolo de acción y rápida respuesta ante cualquier eventualidad, garantizando los equipos técnicos y físicos necesarios para poder afrontar la situación. Concretamente, se establecieron nueve estaciones de asistencia para atender las emergencias dispuestas a lo largo de toda la traza de la VNT, desde el km 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.
Las mismas aseguran el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y ambientales nacionales e internacionales de la navegación. Estas fueron auditadas por el personal de la Prefectura Naval Argentina para comprobar su capacidad y equipamiento.
En caso de alerta, AGP dará aviso a la estación que corresponda para iniciar el proceso de contención del incidente. Contando para ello con estaciones de respuestas dispuestas en: Buenos Aires- Río de La Plata; Buenos Aires-Dock Sud; Buenos Aires-Escobar; Escobar-Campana-Zárate; Zárate-San Nicolás; San Nicolás-San Lorenzo; San Lorenzo- San Martin- Timbúes; San Martin- Corrientes; y Corrientes-Barranqueras-Confluencia.
Para su aprobación, se practicó un simulacro en el que se evaluaron las acciones de respuesta para contención de derrames, dando cumplimiento a la Ordenanza Marítima N° 08/98 Dpam y se evaluaron las acciones de respuesta de contención de los mismos. Contando además con la capacidad tecnológica incorporada a la VNT mediante el Sistema de Monitoreo (SiMon), que aporta una rápida alerta e información clave a las autoridades.
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Agroquímicos en Argentina: cuántos litros se usan en 36 millones de hectáreas productivas

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional


El país se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, una tendencia que ha ido creciendo con el paso de los años.
Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, muchos de los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados.
En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de productos fitosanitarios. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17.000 toneladas de polietileno cada año.
Cuando se analizan las estadísticas del mercado argentino de productos fitosanitarios, se puede observar claramente una tendencia creciente en su uso, pasando de 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en el año 2002, a 225 millones de kilogramos o litros en 2008, y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012. Precisamente ese volumen han sido la última estadística referida al mercado de fitosanitarios publicadas por la CASAFE, posteriormente se han publicado resúmenes.
En el año 2016 hubo un aumento del volumen vendido del 13 % respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a la problemática de malezas resistentes. Se destacan en importancia los herbicidas, y en segundo lugar los insecticidas con un volumen comercializado de 17,6 millones de litros.
Existen en el mercado argentino cerca de 5.387 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 %, seguido por los insecticidas y fungicidas. El resto, como acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etc., no superan el 14 %.
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La lucha para salvar al cauquén colorado, un ave en peligro crítico de extinción en Argentina

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Portal es.mongabay.com
Provincia/Región: Nacional


La foto es elocuente. Una mujer de la que solo se aprecia el rostro sonriente está acostada en el suelo. Su cuerpo está cubierto por una veintena de ejemplares de cauquenes, producto de una “exitosa” jornada de caza. Por fortuna, no se trata de una imagen actual sino de principios de este siglo, pero las consecuencias de aquella práctica, sumada a otras variadas razones, sí que pertenecen a la actualidad: el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) es una de las aves más amenazadas en Argentina, tanto que está catalogada como En Peligro Crítico de Extinción en la lista local de animales en riesgo. Los últimos conteos reportan la supervivencia de no más de 700 ejemplares.
Otras dos especies de este género también se hallan en un estado preocupante: el cauquén común (Chloephaga picta) y el cabeza gris o real (Chloephaga poliocephala) aparecen como Amenazadas en dicha clasificación.
Cinco especies conforman el grupo de estas aves acuáticas endémicas de Sudamérica, de aspecto semejante a un ganso aunque biológicamente emparentadas con los patos. Tres de ellas, los cauquenes comunes, de cabeza gris y colorados comparten una característica: son migratorios. Los tres nidifican y se reproducen en la Patagonia Austral a ambos lados de la frontera argentino-chilena, y en abril-mayo viajan alrededor de 1300 kilómetros hacia el norte para pasar el invierno en puntos muy concretos del sur de la provincia de Buenos Aires —la mayoría— y el norte de Río Negro.
Con aproximadamente 50 centímetros de longitud y 2 kilos de peso, el colorado es el más pequeño de la estirpe. Debe su nombre a una cabeza pardo-rojiza cuyo color se va atenuando hacia la zona de la frente y la corona. El pico negro, el vientre gris cruzado por finas barras negras y las patas de tonalidad naranja completan su figura.
La cifra de los escasos 700 individuos que sobreviven en el continente contrasta con la de 42 000 de una variante de cauquén colorado asentada de manera permanente en las Islas Malvinas, es decir, que no migran.
Análisis genéticos realizados por las ornitólogas Mariana Bulgarella y Cecilia Kopuchian, especialistas en biología evolutiva, han mostrado diferencias significativas que sugieren que se trataría de especies distintas (lo cual impediría repoblar con ejemplares malvineros la población continental-fueguina), pero se necesitarán nuevos estudios para confirmarlo.
Mientras tanto, y dado el tamaño de la población en el archipiélago, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera la especie como “de preocupación menor”, lo cual tiene consecuencias negativas en los planes de acción y manejo que deberían implementarse o estudios de impacto ambiental, además de dificultar la obtención de fondos para los trabajos de investigación y conservación de los individuos del continente que luchan por no extinguirse.

Una plaga a erradicar
En 1954, el ornitólogo norteamericano Peter Scott consideraba al cauquén colorado como “el más común entre los gansos en los alrededores de la estepa norte de la isla de Tierra del Fuego”. Lo ocurrido en las siete décadas siguientes fue una acumulación de sucesos que condujo a la especie a su triste actualidad: “La disminución de la población no se puede atribuir a una sola causa. Ha sido multifactorial”, resume Pablo Petracci, investigador especialista en conservación y manejo del Grupo Gekko en la Universidad Nacional del Sur. Aunque para encontrar el punto de partida quizás haya que retroceder veinte años más.
“En 1931 —relata Petracci— muchas sociedades rurales presionaron al Estado para que se declarase plaga a los cauquenes. Los productores decían que bajaban en los trigales cuando las espigas comenzaban a crecer, se comían los brotes y sus materias fecales quemaban el suelo”. Por entonces no había evidencia científica alguna, pero las autoridades accedieron a la solicitud. Más aún, se implementaron planes de control en los sitios de invernación, y de erradicación en los lugares de reproducción en la Patagonia.
Así comenzó una persecución sostenida que comprendió acciones tan variadas como la destrucción de huevos (medida que solo entre 1972 y 1974 alcanzó una cifra de 180 000), el envenenamiento o la caza indiscriminada. La medida más llamativa, en todo caso, fue la dispersión con aviones.
“En los años 80 y 90 muchos productores —nosotros nunca lo hicimos— optaban por llevarse los cauquenes al mar. Contrataban un par de aviones que levantaban las bandadas con el ruido de los motores y las iban arreando, aprovechando que aquí estamos a unos 30 kilómetros de la costa”, cuenta Carlos Pardo, dueño de El Tamarisco, el campo que su familia posee desde hace tres generaciones en el distrito de San Cayetano. “La actividad, aun cuando se declaró ilegal, siguió haciéndose hasta 2010, aunque además de ser peligrosa y costosa fuese inútil”, señala Petracci: “Los cauquenes son bichos robustos y acuáticos. Los empujaban hasta hacerlos bajar en el mar pero al poco tiempo volvían”.

Zorros grises, el enemigo mortal
El segundo golpe de gracia a la salud de la especie en Argentina y Chile fue la introducción del zorro gris chico (Lycalopex griseus) en Tierra del Fuego. Nativos de las regiones pampeana y patagónica, los zorros fueron trasladados a la isla en 1951 con el objeto de controlar al invasor conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), pero su presencia tuvo un efecto devastador sobre los “gansos magallánicos”.
Más tarde llegarían el sobrepastoreo por la cría de ganado ovino, la actividad petrolera y gasífera y la depredación por parte del visón americano (Neovison vison) para completar un cóctel al cual se suma ahora la instalación de parques eólicos a ambos lados de los Andes.
Con tantos peligros circundantes, el número de ejemplares fue descendiendo de manera dramática. En los años setenta, el naturalista Mauricio Rumboll fue el primero en alertar que la población de cauquenes —y especialmente del colorado— estaba en franca declinación. Desde entonces los conteos en el área de invernación han demostrado el empeoramiento de la situación. De una cifra de 36 000 individuos en 1976 se fue pasando a 16 000 en 1984; 8900 en 2007 y 6 419 en las campañas de 2014-2015. Así, no es extraño que el cauquén colorado haya sido incluido en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).
Una de las amenazas más graves, las escopetas de cazadores locales y extranjeros, fue desapareciendo a partir de 2007, cuando se prohibió dispararle a los cauquenes migratorios, primero en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país cuatro años después. En aquel tiempo, el naturalista Hernán Ibáñez trabajaba en el área de fiscalización de lo que entonces era la Secretaría de Ambiente de la Nación. “La situación era caótica”, recuerda, “había distritos que tenían prohibida la caza del cauquén común y otras que no. Pero sucede que la hembra de esa especie es igual a un cauquén colorado, y a estas aves se les dispara en vuelo, donde es imposible identificar uno del otro. La única solución era la prohibición absoluta”.
La resistencia, como cabía esperar, fue muy alta. “Íbamos a algunos municipios y nos trataban como personas no gratas. Nos decían: ‘No los queremos acá, ustedes no quieren que vengan los cazadores y ellos nos dan propinas’. Y los dueños de las estancias hacían buenos negocios con los operadores de turismo”, continúa Ibáñez.
El arduo trabajo de concientización y diálogo a través de talleres consiguió modificar la mirada. “Hoy la visión ha cambiado por completo. La comunidad en general no quiere ni ver a los cazadores. Existe un compromiso y un conocimiento mucho más fino, y si un vecino ve que están cazando en el campo de al lado, llama a la policía y lo denuncia”, dice este naturalista que ahora prosigue su defensa de los cauquenes desde su puesto en la Fundación Félix Azara. En la actualidad, los problemas se han trasladado a las zonas de nidificación en la Patagonia.

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Cabandié denunció penalmente la realización de terraplenes en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El titular de la cartera de Ambiente acompañó la denuncia con imágenes grabadas a partir de un sobrevuelo que evidencian el trabajo de maquinaria vial para crear cursos de agua artificiales en lugares no permitidos.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Victoria, en el marco de la investigación por las quemas intencionales realizadas en el Delta del Paraná. La presentación fue acompañada del registro audiovisual tomado durante un sobrevuelo, en el que se observa a una retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial.
La presentación realizada por Cabandié tiene por objeto “se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, como por el Decreto Provincial 4977/09”. Dichas actividades se encuentran prohibidas, además, por la Ley 9172 —por incumplimiento de la medida cautelar emitida el 1 de julio de 2020— sumado a que no se contaba con la evaluación de impacto ambiental correspondiente.
El video aportado como prueba surge de un vuelo de patrullaje de rutina efectuado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, en el que se detecta maquinaria efectuando terraplenes en la zona de las Islas Lechiguanas, partido de Gualeguay.
La realización de nuevos cursos hídricos y de quemas deliberadas son prácticas productivas que afectan al ecosistema del Delta del Paraná. La creación de terraplenes en los humedales se asocia al desvío del flujo natural del agua y a la ampliación del territorio, lo que constituye una modificación del uso del suelo para actividades económicas como la ganadería, la agricultura y los proyectos inmobiliarios.
Además del registro audiovisual, se ofreció a la Dirección del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para dar cuenta sobre las detecciones y localizaciones de terraplenes y movimientos de suelos que alteran el curso normal de las aguas en los últimos 12 meses. En el mismo sentido, se propone a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal para que informen sobre las actas de constatación labradas durante el último año. Asimismo, se puso a disposición de la fiscalía mencionada la declaración testimonial de Alberto Seuffernheld, director del SNMF.
Cabe recordar que las acciones de la cartera nacional en el combate del fuego se complementan con exposiciones ante la Justicia para que se avance con las investigaciones que den con los responsables de los incendios intencionales en el Delta. Con este fin, Cabandié, acompañado por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, se presentó en agosto en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria para presentar información georeferenciada sobre quemas. De esta manera, se brindaron datos arrojados por los Faros de Conservación que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se inician los focos ígneos. También se solicitó a la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral de dichos terrenos para determinar la titularidad de los campos.
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Falla en la planta nuclear: no hay peligro, pero faltan resolver dudas

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Energía On - Diario Río Negro
Provincia/Región: Buenos Aires


La operadora Nucleoeléctrica Argentina informó el desprendimiento de un componente del reactor de Atucha II. Técnicos y expertos trabajan para detectar qué originó la falla y cuánto demorará la obra.
La compañía operadora de las centrales nucleares del país, Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), informó que detectaron una falla mecánica en el reactor de la planta Atucha II y confirmaron que se realizará una intervención «directa» para repararlo. Aseguraron a Energía On que «no implica» riesgos para el personal o el ambiente.
«Personal de Nucleoeléctrica Argentina detectó que un componente interno del reactor se había desprendido y desplazado de su lugar de diseño», informaron desde Nasa en un breve comunicado. La falla se detectó durante las inspecciones que se realizaron recientemente.
Según consultó Energía On a fuentes del Nasa, la planta estaba parada porque estaban realizando mantenimiento a un cojinete de una turbina. Como siempre se hace en este tipo de tareas, aprovecharon para realizar una inspección por zonas que no pueden visitarse cuando está operativa la central.
Así fue que el lunes por la tarde el personal de nucleoeléctrica que realizó la recorrida encontró la falla mecánica y la informó. «Tal como comunicamos no hay riesgo vinculado a la falla ni para el personal ni el ambiente», le dijeron a este medio.
Actualmente están a la espera de que los técnicos que están trabajando informen qué fue lo que originó la falla y el tiempo que demandará la reparación. Sobre la pieza y la mano de obra desde Nasa confirmaron que cuentan con capacidad instalada para repararlo. Durante ese proceso la planta permanecerá en su actual condición de parada segura.
«La central cumple con todas las exigencias locales e internacionales y como todas las centrales nucleares argentinas cuenta con la Licencia de Operación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear», resaltaron desde Nasa.
La central nuclear Atucha II comenzó a entregar energía a la red el 27 de junio de 2014, luego de que su construcción estuviera paralizada de 1994 hasta 2006. Se encuentra sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una potencia de 745 MW.
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