Hace 10 años desmontó ilegalmente 11 mil ha, y aún no cumple con la recomposición

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La deforestación se detectó en 2013 gracias a un operativo de la AFIP, que además encontró personas en condición de esclavitud. Pasó varias instancias judiciales y la Procuración General permitió que no se pagara una multa.
La Justicia de Salta ordenó a un empresario agrícola cumplir con el Plan de ejecución de Recomposición Ambiental que aceptó en una conciliación firmada en 2016. El acuerdo al que llegó aquel año con el Ministerio Público Fiscal (MPF, en aquel momento encabezado por el ahora juez de la Corte de Justicia salteña, Pablo López Viñals), fue tras un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos catastros del departamento San Martín, donde viven comunidades criollas e indígenas.
La deforestación fue en 2013. Pobladores criollos e indígenas, e incluso la asociación ambientalista Greenpeace, habían denunciado el desmonte en aquellos años. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia no veía la deforestación y negaba la existencia de esa situación.
Recién en ese año, gracias a un operativo de la AFIP, que encontró a personas adultas y menores de edad en situación de esclavitud laboral, los funcionarios provinciales se dieron por enterados de que el desmonte existía y no tenía autorización administrativa alguna para realizarse.

Los antecedentes
Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen son los propietarios de los catastros en donde se realizó el desmonte ilegal. Tras detectarse el ilícito, la Secretaría de Ambiente de la provincia ordenó la paralización de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio. Pero esa disposición se desobedeció. Ambiente impuso en ese momento una multa administrativa de 16 millones de pesos; el equivalente actual, por el precio de la nafta que es el parámetro sobre el cual se calcula, sería de 200 millones.
Ante el incumplimiento, el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, dispuso sobre uno de los demandados una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país, referida a incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes.
Incluso se había dispuesto hace ya 7 años, un pago de $171.413.473. Pero en 2016, tras la firma de un convenio marco entre la firma y la Procuración General, se suspendieron los plazos judiciales a condición de que Karlen cumpliera con la recomposición ambiental, que incluía la incorporación de las comunidades criollas e indígenas para un desarrollo sustentable y regularización de su situación en la zona. El plan de recomposición ambiental, abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años.

Otra fiscala que intervino
Ya en 2020 ante los incumplimientos del Plan convenido, la fiscala Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó la aplicación de astreintes (multas diarias) para que los propietarios agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, resolvió imponérselas en 30 mil pesos diarios. El MPF (actualmente a cargo de Pedro García Castiella) informó que la cifra acumulada hasta agosto del año pasado, en que el abogado de los Karlen recurrió, ya era millonaria.
En agosto de 2021, el letrado apoderado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del departamento San Martín, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Vélez Román solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que pretendía “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.
Yance rechazó el recurso de la firma. En su fallo sostuvo que “no ha habido constancia de haber dado inicio al cumplimiento de lo homologado judicialmente”, además de que a lo largo de los trámites de un proceso judicial complejo la demandada “no ha colaborado, sino que ha mantenido una conducta obstruccionista, no asumiendo las responsabilidades” impuestas.

Panorama actual
Vecinos de la zona judicializada se comunicaron con Salta/12 tras conocer el fallo de Yance. Indicaron que pese al convenio homologado por el MPF, el plan de recomposición no se cumplió y aún siguen muchas familias criollas y originarias dentro de estas tierras, que no son las únicas a nombre de los Karlen en el Chaco salteño. “Hay familias que cuando ellos iniciaron con los desmontes se tuvieron que ir. De alguna manera como que fueron expulsados”, indicó una de las vecinas de la zona.
Aseguró que además de no haber hecho nada para remediar el desmonte ilegal, “siguen explotando la zona”, y que los campesinos que están en sus puestos se encuentran “encerrados por enormes y extensos alambrados”.
“Lo mínimo que deberían haber hecho es clausurarles el campo durante todo este tiempo. Es una vergüenza que hayan levantado tantas cosechas después de haber desmontado”, sostuvo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Al igual que la vecina, dijo que los integrantes de la organización ambientalista vieron cómo en estas extensiones judicializadas se continuó produciendo.
Cuando se firmó el convenio en 2016 se criticó el acuerdo anticipando que podía llegar a ser contraproducente. Giardini afirmó que de hecho los empresarios tuvieron “impunidad” durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para desmontar de manera ilegal. “No se te puede escapar un desmonte de 11 mil hectáreas con 18 topadoras cuando tenés un control (de imágenes) satelital cada 15 días. Eso habla de la impunidad de dejar hacer”, aseguró.
Para el ambientalista, que esta situación continúe después de tanto tiempo “es terrible”. Mientras el tiempo pasa, destacó que un monte necesita al menos 50 años para recuperarse. Casi diez ya se perdieron.
Añadió que este caso demuestra que “no sirve el sistema de multa”, dado que “cuando son bajas las pagan alegremente y cuando son muy altas las judicializan”, para no pagarlas. Es por ello que insistió, el desmonte debe ser calificado como delito penal.
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Es urgente una política hídrica integral y federal

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Actualmente 13 provincias se encuentran en emergencia hídrica, por presentar dificultades en la disponibilidad y en la calidad del agua. Ante este escenario es urgente la celebración de un nuevo Acuerdo Federal del Agua.
Tres de cada cuatro desastres naturales ocurridos en los últimos 20 años se encuentran relacionados con el agua, entre ellos, fenómenos meteorológicos extremos, que provocaron sequías prolongadas, inundaciones, aludes e incendios de grandes dimensiones. Entre 2001 y 2018, según informes de la ONU, las inundaciones y las sequías causaron 166.000 muertes, afectaron a 3.000 millones de personas y costaron aproximadamente USD 700.000 millones a la economía global.
Frente a este escenario, Argentina tiene el desafío de implementar medidas de mitigación y de adaptación frente a los riesgos asociados al agua, que el cambio climático ha venido a profundizar. Factores como la escasez, la contaminación, el exceso y la falta de recuperación de sistemas acuáticos, ponen en jaque nuestra seguridad hídrica y profundizan los impactos sociales, ambientales y económicos.
Si bien Argentina es considerada una nación rica en agua, la oferta hídrica no es uniforme, sino que se concentra mayormente en la región húmeda, que representa sólo el 24% del territorio, el restante 76% posee condiciones de aridez y semi-aridez. Sumado a ello, el acceso al agua potable presenta serias limitaciones, al observarse que el 10,3% de los hogares no cuenta con acceso a la red de agua corriente y un 29,10% carece de acceso a redes cloacales.
Los eventos climáticos extremos que se han venido sucediendo en los últimos años agudizan esta fragilidad, generando impactos económicos, que aumentan las brechas sociales. En relación a ello, las inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires en agosto de 2012 provocaron pérdidas económicas que ascendieron a aproximadamente a USD 3.400 millones. En tanto, en 2018, la sequía más severa en 50 años, ocasiono pérdidas de entre 6.000 a USD 8.000 millones, según estimaciones de la OCDE.
Actualmente 13 provincias se encuentran en emergencia hídrica, por presentar dificultades en la disponibilidad y en la calidad del agua. En el caso de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires la emergencia se estableció por decreto del Gobierno Nacional. En tanto, en Neuquén, Chubut, Rio Negro, Catamarca y San Juan fue dispuesta mediante leyes provinciales. A ello se le suman las zonas que fueron declaradas en emergencia, mediante resoluciones de las autoridades de cuencas, y las localidades que la establecieron mediante ordenanzas municipales, como es el caso de algunas zonas de Córdoba.
Esta situación, hoy sistémica, pone en peligro ejes que son centrales para la vida en nuestro país, la conservación de la biodiversidad, el acceso al agua para el uso doméstico, la producción, el transporte y la energía.
Ante este escenario es urgente la celebración de un nuevo Acuerdo Federal del Agua, donde se establezcan los lineamientos generales de la política hídrica, donde prevalezca una mirada integral y se logren conciliar los intereses de las distintas jurisdicciones, y se armonicen las regulaciones, terminando con la proliferación y dispersión normativa existente hoy en día.
Este acuerdo debería contar con la voluntad y participación de las universidades, los sectores productivos, las organizaciones sociales y de la sociedad civil. La solución debe ser colectiva y con reglas claras, porque al decir de Francisco “el agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda”

Por Guillermo Celaya y Hugo Alvarez Ulloa son investigadores del Programa de Investigación en Agua y Ambiente de la Facultad de Ciencias Juridicas de la USAL.
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Unos diez mil rosarinos le dijeron basta a la destrucción del humedal

Fecha de Publicación: 12/08/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional


La ley de humedales y la inacción de políticos y la Justicia fueron los ejes. Fue la concentración por el medio ambiente más convocante de la ciudad
“Estoy cansada de esta tos todos los días. De tomar medicamentos. Estoy harta”. Macarena, una pequeña que fue parte de la lista de oradores en el Monumento a la Bandera, donde miles de rosarinos se congregaron en una manifestación histórica contra la destrucción del ecosistema, resumió con su intervención el sentir de Rosario y las ciudades aledañas que vienen padeciendo el humo proveniente de los incendios en las islas, que se desarrolla sin control desde hace dos años y medio. Hubo alrededor de 10 mil personas que se manifestaron contra la falta de acción para resolver un problema que lleva arrasadas cientos de miles de hectáreas.
Como Macarena, se pudo ver a muchos chicos y chicas acompañados por sus padres. Llegaron al Monumento con carteles que hicieron para la manifestación. El común denominador de los pedidos fue la advertencia por la dificultad para respirar y el pedido directo de que “dejen de quemar las islas”. Esos y otros carteles se empezaron a ver desde temprano. La necesidad para que llegue el día de la manifestación se vio en el hecho de que antes de las 18, hora de la convocatoria, la explanada del Monumento ya estaba totalmente poblada. Las primeras consignas que se leyeron fueron “No podemos respirar” y “Cuánto valen tus pulmones y el humedal”.
A medida que caía el sol, dos cosas fueron bien visibles: la llegada continua de personas para reclamar y uno de los focos que siguen activos, en la zona frente a la Nueva Terminal Fluvial. Al cierre de esta edición, Protección Civil de la provincia informó que el foco se encontraba a tres kilómetros de donde trabajaban brigadistas. “Esto deja entrever un claro ejemplo de intencionalidad, que fomenta el caos”, se remarcó. La columna de humo, que se volvió resplandor rojo hacia la noche, demostró otra afrenta a la manifestación, como ocurriera en el primer corte al puente Rosario-Victoria en 2020.
No hubo distinciones por parte de los manifestantes en cuanto a las responsabilidades por esta situación. La Justicia, el ministro de Ambiente de la Nación, los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, y el intendente fueron blanco de las críticas. Además, los oradores mencionaron los nombres de algunos de los dueños de los campos ubicados en las islas y algunos se vieron en varios carteles que portaban manifestantes.
Entre los oradores, una de las consignas a resaltar fue la de Marianela Pulido, de la Comunidad Nicoleña por el Ambiente, desde donde también llegaron manifestantes para contar sus experiencias en relación a los incendios (hay focos frente a esa ciudad desde hace varias semanas): “No nos vamos a salvar si el humedal está roto”, dijeron. Otro de los ejes de los reclamos por parte de los asistentes a la manifestación fue la renovación del pedido por la sanción de la ley de humedales.

Ley consensuada
“No queremos cualquier ley”, es lo que vienen advirtiendo ambientalistas, en relación al proyecto de ley de humedales que presentó el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) hace poco menos de un mes ante el Congreso, luego de una reunión entre el Ministerio de Ambiente nacional y funcionarios de todas las provincias de esa misma área. La iniciativa, según indicaron entonces, tuvo el consenso de las 24 jurisdicciones del Cofema (las provincias y la Ciudad de Buenos Aires) y tomó como base el que fuera presentado en marzo por el diputado Leonardo Grosso (Provincia de Buenos Aires) luego de que se acordara en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Esta iniciativa se suma a los cuatro proyectos que se presentaron; de ellos, tres perdieron estado parlamentario (en 2015, 2018 y 2021) y el último se presentó este año.
Sin embargo, todo el arco de organizaciones ambientalistas salió al cruce de esta nueva iniciativa. Según explicaron, recortó muchas cuestiones específicas que desprotegen a los humedales en vez de beneficiarlos. Por eso una de las consignas se centró en el pedido no solo para que se dé giro a comisiones al proyecto de ley de humedales, sino en la necesidad de que se trate la iniciativa que se consensuó entre las organizaciones ambientalistas con diversos legisladores, que se nucleó en el proyecto presentado por Grosso.

Sin precedentes
Por cantidad de asistentes y por el contexto, la manifestación de ayer fue una bisagra. Las cerca de 10 mil personas que se concentraron en el Monumento superaron tanto a los concurrentes al corte del puente Rosario-Victoria en 2020, en plena pandemia, como a la caravana de embarcaciones en septiembre de 2008, año que quedó marcado por la misma problemática que hay actualmente.
La concentración de ayer en el Monumento a la Bandera, con el foco de incendio activo enfrente, muestra lo que se vive en Rosario desde hace dos años y medio: la destrucción del humedal a la par del reclamo, ahora multitudinario, para que se accione contra quienes destruyen el ecosistema.
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Avanza el plan no convencional de YPF en el lado mendocino de Vaca Muerta, pero falta una decisión clave

Fecha de Publicación: 12/08/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


La Secretaría de Ambiente habilitó el trámite para evaluar el proyecto no convencional de YPF. Son dos pozos en Malargüe. Pero antes, el Gobierno debe extender las concesiones por 10 años.
La petrolera YPF y el Gobierno avanzan para ejecutar la primera prueba piloto de exploración no convencional en la parte mendocina de la formación Vaca Muerta. Se trata de dos pozos ubicados en Malargüe y donde se prevé invertir 17 millones de dólares. La Dirección de Protección Ambiental inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para aprobar la realización de fracking en esos dos pozos. Como son áreas donde ya hay actividad petrolera y la firma estatal ya tenía previsto ese trabajo, los procedimientos son más cortos.
Sin embargo, falta un paso clave de parte del Ejecutivo: las concesiones que tiene YPF vencen en noviembre y la nueva inversión depende de que el Gobierno las prorrogue por una década. Así lo habían acordado el año pasado el gobernador Rodolfo Suarez y Sergio Afrontti, quien era CEO de la empresa. El trámite, que depende del Ministerio de Economía, aún no está resuelto y es condición imprescindible para que se ejecute ese plan.
El proyecto incluye explorar dos pozos en dos áreas petroleras distintas. Uno es en el área Paso Bardas Norte y el otro en CN VII. La petrolera estatal ya explota la zona y por eso el proceso de autorización se hace como "aviso de proyecto", un mecanismo más corto para la evaluación ambiental que exige informes sectoriales, pero que no tiene audiencia pública como requisito. Además, deben cumplir las pautas previstas en el Decreto 248, la norma específica para el fracking.
La explotación de recursos no convencionales consiste en aprovechar los hidrocarburos contenidos en la roca madre. Para liberar esos recursos se usa la fractura hidráulica, inyectando agua a alta presión para generar fracturas en la roca y que así pueda extraerse el gas y el petróleo. Vaca muerta está a una profundidad de más de 2 mil metros y el proceso consiste en realizar perforaciones a esas profundidades y realizar las fracturas (de manera vertical u horizontal).
Los dos pozos que prevé explorar YPF serán en zonas cercanas entre sí. En el área CN VII se hará fractura hidráulica en el pozo "MdN.AN Aguada Negra". Allí se perforará a una profundidad de más de 2600 metros. El objetivo es evaluar el potencial como reservorio de "Shale Oil", es decir de petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta. La estimulación hidráulica se prevé en la rama horizontal.
YPF presentó la Manifestación General de Impacto Ambiental para la exploración del área y hubo una particularidad. En 2020 se realizó la audiencia pública, pero no hubo nadie inscripto para presentar objeciones o realizar aportes. Por eso se aprobó la MGIA y se advirtió que antes de ejecutar el plan debían presentar el aviso de proyecto.  Ahora la empresa debe actualizar los términos y responder a las exigencias propias previstas para hacer fracking.
En el área paso Bardas Norte se hará fracking en el pozo "YPF.MdN.PBN". Como parte del proceso, pidieron informes a Irrigación, a la Municipalidad de Malargüe, a la Dirección de Patrimonio y a la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Fracking en Mendoza
En Mendoza no hay muchas experiencias de exploración y explotación no convencionales. La empresa El Trébol es la única que desarrolló un plan. Esa firma hizo fracking en el área Puesto Rojas, como primera experiencia. De hecho el Decreto Reglamentario de la actividad surgió luego del análisis de esos trabajos. La empresa avanzó, pero luego retrajo las inversiones porque los resultados no fueron los previstos.
El año pasado el Gobierno y la petrolera YPF firmaron un acuerdo para saldar conflictos cruzados y avanzar en un plan de inversión que incluía el desarrollo de la recuperación terciaria como eje y también los primeros trabajos en no convencional. Para ello la provincia se comprometía, entre otras cosas, a extender las concesiones pro 10 años antes de su vencimiento. Ese trámite aún no está resuelto y es clave para confirmar la inversión, pues el proceso se prevé que dure varios años hasta analizar, por ejemplo, si es viable económicamente explotar el área.
En medio de eso, cambió la conducción de YPF. Según explicaron extraoficialmente, eso no modificó el plan de inversiones y el plan acordado con Mendoza sigue vigente.
"Dar por iniciado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado AVISO DE PROYECTO PERFORACIÓN Y ESTIMULACIÓN HIDRÁULICA  DEL POZO YPF.MdN.PBN.x-101 (pil+h), Área PASO BARDAS NORTE, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, presentado por la empresa YPF S.A., de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 5961 y Decretos Reglamentarios", dice la resolución firmado por Miriam Skalany que da inicio al proceso.
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El Gobernador Arcioni volverá a insistir con la minería que impulsa su amigo Sergio Massa y el grupo de empresarios interesados que lo acompañan

Fecha de Publicación: 11/08/2022
Fuente: OPI Santa Cruz
Provincia/Región: Chubut


Chubut tiene una posición tomada respecto a la minería: el gobierno de Mariano Arcioni a pedido de Alberto y Cristina han hecho lo imposible por facilitar el ingreso de las empresas mineras a la provincia, pero la oposición pública de los habitantes les ha impedido convalidar el ingreso de la megaminería a Chubut.
Sin embargo, los últimos acontecimientos en materia de política nacional, con el posicionamiento de Sergio Massa como ministro y la ubicación en el Ministerio de Energía de la funcionaria pro minera Flavia Royón, indicaría que todo se reencauzará en materia de explotación minera en Chubut, habida cuenta de la amistad que tienen el nuevo Ministro y Mariano Arcioni.
El nuevo eslabón político cuenta, además, con el respaldo y el impulso de un grupo empresario amigo del ministro, que tienen acciones en empresas mineras y especialmente están interesados en la explotación del litio, el oro y la plata.
Con este nuevo enroque político, las fuentes consultadas en la provincia, aseguran que la comunicación más aceitada de Massa con el mandatario provincial y la sintonía política que tienen ambos, confluirá para incentivar la iniciativa minera en el macizo central, donde las prospecciones han dado una excelente cantidad de material extraíble mediante la modalidad de cielo abierto, es decir megaminería, tan resistida por la población de esta provincia, los organismos ambientales, las ONGs y las Fundaciones que se oponen al desarrollo de la misma y no le otorgan la denominada “licencia social”, con el agravante de los desmanes que se han producido cuando la insistencia del gobierno contradice la voluntad de los pobladores de la región.
La expectativa en círculos políticos de la provincia, es que a partir de esta nueva realidad nacional, el gobernador Mariano Arcioni buscará reinstalar la discusión teniendo como argumento la necesidad de buscare una salida económica y financiera para el ahogo que tiene Chubut y de esa manera cortar la dependencia directa con el gobierno nacional o al menos disminuir la ayuda financiera para tapar un déficit que Chubut no puede bajar.
Sin duda se espera que desde la oficina de Massa en los próximos días se articulen medidas para generar una nueva embestida minera en Chubut. Arcioni tiene previsto un viaje a Buenos Aires para conversar con su amigo, entre otras cosas y fundamentalmente el tema de financiamiento y la posibilidad de retomar la estrategia para desarrollar la megaminería en esta provincia.
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Visualizarán en un mapa las restricciones para la aplicación de agroquímicos

Fecha de Publicación: 11/08/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Será mediante una iniciativa que se confeccionará en la provincia de Buenos Aires
El gobierno bonaerense creó, bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, un mapa georreferenciado para conocer las restricciones vigentes en la aplicación de agroquímicos en municipios. La medida, según se indicó, apunta a coadyuvar a la fiscalización de las aplicaciones tanto a nivel provincial como municipal.
Lo hizo mediante la resolución 297 publicada hoy en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Según se indicó en los fundamentos, la propuesta busca una georreferenciación “que posibilite que las aplicaciones de agroquímicos establecidas tanto en las ordenanzas municipales en el marco de sus competencias, como a nivel provincial, cuenten con una herramienta de visualización ágil y de fácil acceso que sirva de insumo para el desarrollo de políticas públicas en la materia”.
Según la norma, esto surgió de las reuniones que el Observatorio Técnico de Agroquímicos mantuvo con los municipios bonaerenses para “relevar la situación local en materia de uso y aplicación de agroquímicos, con énfasis tanto en las herramientas disponibles en dichos ámbitos para la fiscalización de sus ordenanzas”.
En esos encuentros, de acuerdo a lo descrito, desde los municipios se planteó “la necesidad de contar con una herramienta que posibilite una representación gráfica que plasme las regulaciones territoriales impuestas en el ámbito local como restricciones a las aplicaciones de agroquímicos contemplando la normativa de aquellos municipios que regulan sobre la temática”.
Según se detalló, para implementarlo se llevará a cabo “un proceso de construcción informativa, analizado y consensuado a nivel local con el poder ejecutivo municipal a través de la adhesión al proyecto y la conformidad de la información georreferenciada con lo normado por ordenanza municipal”.
Se aclaró que la información geográfica producida “estará a disposición de todos los habitantes, cumpliendo con los más altos estándares en materia de información, base de todo sistema republicano de gobierno”.
Asimismo, los municipios podrán adherir al proyecto y el Ministerio de Desarrollo Agrario será el encargado de difundir los resultados.
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Exploración off shore: Ambiente aprobó la ampliación del estudio de impacto

Fecha de Publicación: 10/08/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Fue la condición fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para habilitar un proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa bonaerense.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible amplió el estudio de impacto de la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino.
Condición fijada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para habilitar definitivamente un proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa bonaerense.
La presentación se hizo a través de una publicación en el Boletín Oficial, en la que se aprobó la actualización de las "Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental" (PGA) pedido por la justicia federal, así como el Informe de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.
Ambas condiciones fueron fijadas por el tribunal que, con su fallo, había dejado sin efecto una medida cautelar de marzo pasado, con la que se había detenido la exploración de recursos hidrocarburíferos en la costa bonaerense.
La tarea de exploración del lecho marino será llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi u$s 800 millones.
El fallo de la Cámara había ordenado a principios de junio último que -a fin de dar continuidad a las actividades propias del proyecto de prospección sísmica offshore- el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dictara una nueva declaración de impacto ambiental y se valoraran intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional, y se incluyan a distintos organismos públicos en el control y fiscalización del cumplimiento del PGA.
A comienzos de febrero, el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, había hecho lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredon (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.
De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
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Privatización de semillas: Monsanto va a la Corte reclamando una patente

Fecha de Publicación: 10/08/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Es el segundo caso que llega al Máximo Tribunal. El Instituto Nacional de Semillas denunció que "no hay duda" de que el pedido "recae sobre materia viva no patentable". Las irregularidades.
Bayer-Monsanto llevó a la Corte Suprema el reclamo por su supuesto derecho de patente sobre una secuencia genética que tolera mayor cantidad de glifosato. Se trata del MON 89788, herbicida líder comercializado por la firma. Es el segundo caso en que la multinacional exige copyright ante el Máximo Tribunal. Especialistas advierten el peligro que puede ocasionar un fallo a favor de la privatización de semillas.
Monsanto sostiene que la “robusta tolerancia” de su producto aumenta el rinde en un 7% y que la semilla modificada debe reconocerse como su propiedad. Ese reclamo obtuvo una sentencia favorable de la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, en un derrotero judicial “plagado de irregularidades” según el letrado Fernando Cabaleiro, que dirige la ONG Naturaleza de Derechos.
Según apunta la organización, el dictamen favorable le reconoce “el derecho de propiedad sobre material genético vegetal y de modo indirecto, potestad sobre las semillas, dado que los genes forman parte de modo inescindible de las mismas. La sentencia viola arteramente el derecho vigente que establece la no patentabilidad de las plantas. La justicia ignoró abiertamente la incidencia colectiva del caso, resolviéndolo a espaldas de la población”. El derrotero de irregularidades continuó en la Corte que asignó la causa a la Secretaría Judicial de Derecho Administrativo, “cuando debió hacerlo a la Secretaría Ambiental, dejando sin analizar las implicancias ambientales del caso”.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) intervino en la causa a través de un escrito en el que se presentó como amicus curiae. El ex presidente del organismo, Joaquín Serrano (que fue reemplazado en febrero por Obdulio San Martín), indicó que «no hay duda que la patente solicitada recae sobre materia viva no patentable y, en todo caso, la innovación queda comprendida en el régimen de la Ley 20.247 (Ley de Semillas) atento a que el derecho de obtentor es una materia específica y regulada por un sistema distinto al de patentes».
El reclamo anterior de la firma finalizó de modo desfavorable para la firma cuando en 2018 quedó firme una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de CABA que rechazó la exigencia de derechos de patentes sobre las semillas. En abril de 2019 lo confirmó la Corte.
En nuestro país se aprobaron 65 eventos transgénicos y solo tres de ellos escapan al monopolio de las multinacionales, como el Trigo HB4, de reciente –y cuestionada– aprobación. Son plantas modificadas con el objetivo de evitar las malezas y aumentar el rendi-miento en los cultivos. Representan paquetes tecnológicos que se asocian a una mayor cantidad de uso de herbicidas y pesticidas. En su Antología Toxicológica del Glifosato, Eduardo Martín Rossi señala que el evento “MON 89788 lejos está de dar un beneficio a la sociedad; todo lo contrario, ya que se asocia a un agrotóxico, el herbicida glifosato considerado agente cancerígeno”.

El rol de la ciencia en el reinado del agronegocio
Guillermo Folguera es Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, filósofo e investigador independiente del Conicet. En diálogo con Tiempo se refiere al rol de la ciencia en un contexto de avances tecnológicos fuertemente asociados al modelo del agronegocio: «La ciencia debe blanquear, reconocer cuales son los objetivos trazados. Debemos preguntarnos si se trata de una ciencia mercantilizada o de una ciencia al cuidado de la salud y la naturaleza. Hoy tenemos una falta de direccionalidad dentro de las políticas científicas en torno a medidas de prevención y cuidado, y una no direccionalidad de recur-sos humanos y materiales. El ejemplo más claro es la aprobación del trigo HB4. ¿A qué sectores beneficia este trigo transgénico, cual es la necesidad del Estado argentino del HB4? Es un claro factor contaminante que viene con un paquete tecnológico proveniente del sulfato de amonio (herbicida de alta toxicidad); es una tecnología que promete mayores desmontes y deforestaciones, particularmente en el noroeste, y conlleva un proceso de aceleración de la pérdida de pequeños agricultores en nuestro país».
¿Cómo opera la lógica del reclamo de patentes en este contexto? Responde Folguera: «La lógica de las patentes también tiene un acento fuertemente privatista, claramente acelerada desde la década de los noventa. No es casualidad que se estén dando dos procesos independientes que parecen alineados: por un lado una ciencia direccionada fuertemente a los sectores concentrados pero a su vez una precarización de lo científico. Es interesante ver cómo dialogan estos dos procesos porque construyen imaginarios hacia dentro de la comunidad científica. Los laboratorios científicos se vuelven grandes quioscos buscando financiamiento y actuando al ritmo de los grandes inversores».
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Incendios en el Delta: el Gobierno ampliará la denuncia judicial

Fecha de Publicación: 09/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos


El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, anunció que este martes el Gobierno nacional ampliará la denuncia ante el Juzgado Federal de Victoria, en Entre Ríos, para identificar a los responsables de los incendios forestales que hoy, lunes, continuaban consumiendo hectáreas en las islas del Delta del río Paraná y que afectaban con el humo a la ciudad santafesina de Rosario.
En tanto, de acuerdo con el parte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) difundido esta mañana, las provincias Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires registraban hoy focos activos de incendios forestales, mientras que el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, consignó en declaraciones radiales que el fuego afectaba "la zona que va desde Reconquista (Santa Fe) hasta Zárate (en la provincia de Buenos Aires)". Ayer, Javkin había reclamado a la justicia la detención de los responsables de las quemas en el Delta, que habían cubierto de humo la ciudad de Rosario.
Según la información oficial, en Entre Ríos, continuaban las llamas en los departamentos de Gualeguay, Victoria IV y Victoria V, mientras que fueron "controladas" en el sector Victoria III; en tanto Santa Fe registraba un nuevo foco activo en Rosario, por lo que "el fuego se propaga libremente y puede crecer"; y en la zona de Zárate se desató un incendio, luego de que se lograra extinguir otro foco que se desarrollaba en Campana.
En ese marco, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible anticipó que ampliarán la denuncia presentada el 15 de julio pasado con el fin de que se avance en la identificación de los dueños de los campos en los que se registran los incendios.
"Hicimos una denuncia al Juzgado Federal de Victoria que consistió en la entrega de los registros de las cinco cámaras de detección de humo y calor instaladas en el Delta; y del inicio, el tiempo y la georreferenciación de los focos de incendios que se produjeron en la zona entre mayo y mediados de julio", detalló en diálogo con Télam Sergio Federovisky.
En ese sentido, precisó que en la presentación realizada el 15 de julio pasado se solicitó al juez "que cruce esos registros con los datos catastrales para poder identificar la procedencia de los focos y a quién pertenecen los campos donde se inician esos incendios", con el fin de impulsar acciones concretas que deriven en el cese de la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná, ya que -se indicó- durante julio pasado se registraron más de 1.000 focos ígneos.
"Lo que haremos mañana es ampliar esa denuncia entregando los registros de los faros del 15 de julio hasta el día de hoy, es decir, la actualización de esa información", precisó el funcionario. Las alertas de focos de incendios emitidas aumentaron de 181 en mayo, a 269 en junio, para escalar a 237 en la primera quincena de julio.
En tanto, los primeros estudios presentados por el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), consignaron que en las últimas horas se quemaron 10.000 hectáreas en el delta del Paraná,
La información entregada a la justicia por la cartera de Ambiente, proviene del programa "Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná", creado en 2020 mediante la Resolución 432, una respuesta integral al problema ambiental del Delta, que consiste en establecer nodos de una red de áreas protegidas en diferentes puntos de la región para fortalecer la presencia institucional y operativa en el territorio, y desplegar un plan de detección temprana de incendios.
Los faros operativos se encuentran en la localidad santafesina de Puerto Gaboto, ubicado en el Parque Nacional Islas de Santa Fe; otro en la Reserva Natural Isla del Sol, en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe; la Reserva Municipal Isla Charigüé, ubicada frente a la ciudad de Rosario; el cuarto nodo se encuentra en las inmediaciones del Parque Nacional Pre Delta en Entre Ríos; y el quinto se instaló en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en la zona ribereña de la provincia de Buenos Aires, a la altura de Campana.
"El faro lo que hace es dar una localización precisa del lugar y del momento en que se inician cada uno de los focos", indicó Federovisky. No obstante, recordó que la función del Ministerio de Ambiente con respecto al Plan Nacional de Manejo del Fuego, es prevenir y combatir los incendios forestales", mientras que las sanciones "le corresponden a la justicia".
"Entendemos que, si esto se está reproduciendo y de manera tan brutal, es porque hay una sensación de impunidad absoluta, porque nadie es perseguido por una acción que hoy está prohibida, que es la de prender fuego en un área con un nivel de adversidad climática histórica", subrayó el viceministro.
Debido a los incendios en los humedales, la ciudad de Rosario continuaba hoy afectada por una intensa humareda, reflejada por el intendente local, Pablo Javkin, con imágenes a través de las redes sociales.
La humareda procede de un incendio que se originó ayer por la tarde al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.
"No es fuego de productores ni de nada que esté calculado ni programado, sino es una actividad delincuencial", advirtió Javkin, quien volvió a apuntar a la quema intencional de pastizales. El intendente pidió que la Justicia actúe sobre el tema de los incendios y que "los responsables vayan presos".
Por su parte, miembros de la Cámara de Diputados santafesinos anticiparon esta mañana que pedirán una reunión con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y con el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié, para dialogar sobre la situación. El diputado Juan Cándido (UCR-FPCS) dijo a medios locales que el objetivo del encuentro es obtener precisiones sobre "lo que están haciendo para prevenir y mitigar las quemas que tanto nos afectan".
Los focos ígneos permanecen en actividad frente a Rosario y alrededores, lo que trajo severas complicaciones para los ciudadanos que observaron durante todo el domingo cómo, junto al humo, caía una lluvia de hollín, producto de las quemas. Ayer, los rosarinos denunciaron en redes sociales los problemas de salud que conlleva esta situación para quienes padecen dificultades respiratorias.
Actualmente la cortina de humo recorre un total aproximado de 130 kilómetros, por lo que la situación afecta no solo a Rosario sino a sus alrededores, lo que afecta también la visibilidad en las rutas.
Distintas organizaciones sociales anticiparon que analizan iniciar medidas de protesta y ya realizaron pintadas en las calles rosarinas, como por ejemplo en una escultura emblemática frente al río Paraná que hoy amaneció con la leyenda: "Plomo y humo, el negocio de matar", en referencia a la escala ascendente de violencia y daño ambiental que sufre la región.
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Evalúan los posibles efectos del cambio climático sobre la ocurrencia de incendios en la Patagonia

Fecha de Publicación: 09/08/2022
Fuente: Conicet
Provincia/Región: Patagonia


Mediante técnicas de inteligencia artificial, especialistas del CONICET cuantificaron la probabilidad de fuego en ecosistemas boscosos de la región en el siglo XXI bajo distintos escenarios climáticos.
Evalúan los posibles efectos del cambio climático sobre la ocurrencia de incendios en la Patagonia Un equipo del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo) entrenó un algoritmo de aprendizaje artificial denominado Random Forest. El mismo permitió obtener una proyección de la probabilidad de incendios y vulnerabilidad de bosques en la región andino patagónica bajo diversos escenarios de cambio climático que se esperan para mediados y fines del siglo XXI. Esta información puede ser de utilidad para proyectar condiciones futuras, concientizar sobre la importancia de la mitigación y planificar acciones de contención frente a escenarios de incendios. El trabajo fue publicado en la revista Science of the Total Environment.
El modelo desarrollado relaciona la ocurrencia de incendios históricos en la Patagonia andina durante veintitrés años con variables biofísicas, antrópicas y meteorológicas históricas que influyeron en ignición y propagación de dichos fuegos. Una vez parametrizado el modelo, se estimaron las probabilidades de incendio futuras; para ello se ingresaron datos de proyecciones de condiciones meteorológicas bajo diversos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), denominados modelos de circulación general (GCM) que fueron desarrollados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). A su vez, la magnitud de cambio en la recurrencia de incendios estimada permitió ranquear la vulnerabilidad de diversos ecosistemas boscosos frente a estas alteraciones futuras.
El articulo reporta que bajo los diferentes escenarios de emisión de GEI plausibles, las probabilidades de incendios forestales a escala regional se incrementarán hacia mediados de siglo XXI y la situación empeorará para fines de siglo. Estos aumentos se darían de un modo relativamente homogéneo y afectarían tanto a bosques productivos como a estepas menos productivas. Bajo los escenarios climáticos más pesimistas, el modelo estima que la probabilidad histórica de incendios se duplicará o triplicará para mediados de siglo XXI, mientras que para fines de siglo, la probabilidad de incendios será entre siete y ocho veces mayor a la histórica. Aún para escenarios de emisión más plausibles, el modelo predice una duplicación de los incendios para mitad de siglo y una triplicación o cuadruplicación al terminar el siglo XXI.
“Los modelos empíricos nos indican un panorama poco alentador. Si bien esperábamos aumentos en las probabilidades de incendio para la región, lo que nos sorprendió más es la magnitud de los cambios que se esperan aún bajo escenarios de emisión relativamente optimistas. Esto implica que incendios de gran magnitud, como los ocurridos en lago Mascardi en 1999, el lago Cholila en 2015 o el de este año en el lago Steffen-Martin, en vez de ocurrir una vez por década aproximadamente podrían repetirse en la región cada cinco o cada dos años dependiendo del escenario climático esperado. Patagonia es un sistema muy sensible a la variación climática y vamos a tener aumento de temperatura y disminución de las precipitaciones, dos condimentos que son perfectos para el fuego”, señala Thomas Kitzberger, investigador del CONICET en el INIBIOMA y primer autor del estudio.
En el trabajo también se aborda la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales, la cual refleja la falta de capacidad adaptativa de las especies que lo conforman frente a estas alteraciones en la frecuencia de incendios. Se analizaron tres tipos de bosques diferentes: los secos, dominados por ciprés o araucaria; los subalpinos, por lenga; y los húmedos, por coihue. Cada especie de árbol tiene diferente capacidad de regeneración según la frecuencia en la que se enfrenten a incendios; es por ello que su aumento ocasiona que muchos de estos bosques no puedan regenerarse y que sean reemplazados por matorrales. En el caso de los bosques húmedos de coihue, la proyección de incendios cada vez más frecuente dificultaría su regeneración; esto también afectaría a los bosques secos, aunque en menor medida. No obstante, los sistemas más vulnerables son los bosques subalpinos que tendrían más dificultades para regenerarse.
El estudio indica que bajo un escenario probable de emisión de GEI, para fines del siglo XXI los bosques subalpinos sufrirían marcadas retracciones, mientras que las pérdidas de bosques húmedos y secos serían más moderadas. Sin embargo, en escenarios de cambio climático más pesimistas los tres tipos de bosque se convertirían paulatinamente en matorrales o pastizales. Este reemplazo de bosque impacta en la pérdida de biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que brindan a los seres humanos, como la regulación climática e hidrológica y la absorción de dióxido de carbono.
“Otro factor que tenemos que tener en cuenta ante el aumento de la probabilidad de incendios es la vulnerabilidad social, vamos a estar sometidos a una mayor exposición al riesgo y depende de la adaptabilidad que tengamos como sociedad el grado de la misma” expresa Kitzberger. “Tenemos dos cosas para hacer frente al cambio climático: la mitigación y la adaptación. La primera implica disminuir las causas, hay que revertir la matriz energética y nuestros hábitos cotidianos. La adaptación conlleva a prepararnos para lo que viene, por ejemplo, haciéndonos más resilientes como sociedades contra el fuego, tener sistemas más eficientes de combate de incendios, desde la logística, tecnología, prevención y vigilancia”, concluye el investigador.
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Recomiendan no bañarse, pescar ni consumir agua del río Pilcomayo tras el colapso de un dique en Bolivia

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El pedido se realizó de manera preventiva hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta pueda extraer y analizar muestras del agua
El Gobierno de la provincia de Salta recomendó no bañarse, pescar ni consumir agua y peces del río Pilcomayo, tras el colapso de un dique de colas en Potosí, Bolivia, y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente.
El pedido se realizó de manera preventiva, en adhesión a la Secretaría de Articulación Federal de Seguridad de la Nación, hasta que la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta pueda extraer y analizar muestras del tramo del río, que va desde Hito 1 hasta el límite con la provincia de Formosa, y luego confirmar o descartar la existencia de material contaminante.
Según informó el diario El Tribuno, el derrame se produjo el 23 de julio pasado, cuando colapsó un dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), que extraen plata y zinc de forma artesanal, colapsó a unos siete kilómetros de la ciudad de Potosí.
La publicación detalló que esos minerales no recuperados y elementos químicos y que llegaron al río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya, que se conectan con el Pilcomayo. Según El Tribuno, la sospecha es que cuando haya más crecidas del lado boliviano los contaminantes llegarían a la parte argentina. O sea, en los próximos días.
A partir de esta situación, más la falta de información de Bolivia -que todavía no respondió a los pedidos de informes que solicitó la Argentina- las autoridades provinciales emitieron una alerta para las comunidades ribereñas.
Las recomendaciones son no consumir agua, no realizar pesca, no consumir peces y no bañarse en el río.
En declaraciones a la Agencia Télam, el secretario de Recursos Hídricos de Salta, Mauricio Romero, aseguró que “por las distancias entre Potosí y el límite internacional, es posible que este incidente no afecte el cauce en territorio provincial”.
“Cabe considerar que los metales tienden a ser absorbidos en los sedimentos del río y extraídos de la fase acuosa. Por ello, su llegada depende de la velocidad de arrastre de estos sedimentos desde la alta cuenca hasta nuestro territorio que, en esta época del año, es de menor velocidad por ser época de estiaje. Además, hay que contemplar que el traslado no es lineal”, agregó el funcionario.
En el tema trabajan de manera conjunta el Gobierno Nacional, a través Subsecretaría de Planificación y Gestión Operativa de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo.
Mientras tanto, desde la secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Salta intentan asistir, de la mano de referentes zonales y junto con la Secretaría de Asuntos Indígenas, a las comunidades de la zona. “Se entregaron cinco mil módulos alimentarios, principalmente, a familias originarias con niños de entre 6 meses a 7 años, embarazadas a partir del tercer mes, personas con discapacidad y adultos mayores”, informan los medios locales.
Según El Tribuno, los medios bolivianos se hicieron eco del derrame, que fue catalogado como de “gran envergadura” por el jefe de la Unidad de Medioambiente de la Alcaldía de Potosí, Juan Miguel Alemán.
De acuerdo con el portal Página siete, el concejal de Potosí, Henry López, “denunció que Fedecomin solo usaba nailon en sus diques y no las geomembranas que recomiendan las normas nacionales”.
También indicaron que se abrió un proceso judicial promovido por la fiscal departamental Roxana Choque, quien confirmó que se demandó a los autores de la contaminación. En tanto, la Gobernación de Chuquisaca informó que se sumará al proceso penal y, además, promoverá otro ante el Tribunal Agroambiental.
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Tortugas, monos y carpinchos: cómo se ve afectada la biodiversidad con el mascotismo de animales salvajes

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Cada vez es más frecuente ver a gente que convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien adoptándolos como mascotas. Tres historias conmovedoras para entender una realidad urgente
Al carpincho parece gustarle que le rasquen el cuello, tiene expresión de satisfacción. La pareja que habita la casa con sus perros deja subir al sillón a la familia de carpinchos que los va a visitar con frecuencia en Entre Ríos, a la vera de un río.
Cada vez es más frecuente ver estas escenas en redes sociales, donde la gente convive con animales salvajes, incorporándolos a la vida cotidiana o bien, adoptándolos como mascotas. Esa convivencia es resultado de la expansión de las urbanizaciones, deforestaciones o extensión de campos destinados a la agricultura que hacen que los animales salgan a explorar otros espacios, no habituales para ellos.
Lo que en general no vemos en las redes es que esa práctica podría, en algún momento, convertirse en conflictiva e incluso riesgosa tanto para los animales como para las personas, ya que en el hogar generalmente no se recrean las condiciones adecuadas para la forma de existencia de un animal y eso va en detrimento de su salud y calidad de vida, afectando también al grupo humano. Y esta misma situación de convivencia con animales no domésticos a veces tiene otro origen más preocupante: el tráfico de vida silvestre.
El tráfico de fauna silvestre es un delito penado por la ley nacional 22.421 y numerosas leyes provinciales y municipales a lo largo y ancho del territorio argentino. Allí interviene la justicia y autoridades locales que, ante denuncias de ciudadanos, se encuentran con animales salvajes en situaciones de abandono, malnutrición o hacinados, en muy malas condiciones. Las tortugas y monos encabezan esta lista, junto a distintas clases de aves.
La “mascotización” de la vida salvaje y el tráfico ilegal integran un circuito que se retroalimenta, perjudicando la biodiversidad y, sobre todo, afectando a los animales, que luego de su paso por un hogar ya no pueden sobrevivir solos en su hábitat natural porque se acostumbran a recibir alimento de la mano del hombre y van modificando las conductas que les permitían la supervivencia, como obtener alimento, buscar refugio, cazar o reconocer depredadores y saber ocultarse de ellos.
Muchas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) argentinas actúan como centros de rescate y rehabilitación para los casos donde interviene la justicia, como Fundación Temaikèn. Cristian Gillet, Responsable de Rescate y Rehabilitación de esta institución, explica que “las tortugas de tierra son un grupo de animales muy afectados por el tráfico ilegal de fauna silvestre en nuestro país. Son comercializadas y traficadas continuamente, tal es así que hay una confusión permanente sobre si es un animal doméstico o no. En el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación (CRET), a lo largo de 20 años, hemos recibido diferentes tortugas víctimas de esta problemática y muy pocas pudieron volver a su hábitat natural”.
Si un animal fue domesticado ¿puede volver a su hábitat natural? “Vivir en hábitat naturales significa poseer procesos orgánicos, físicos y psicológicos/conductuales aptos para afrontar todos esos desafíos juntos en nichos biológicos-ambientales que son difíciles para vivir, prosperar y trascender”, observa Julio Reynoso, especialista de Comportamiento Animal en Temaikèn. Teniendo en cuenta esa definición, para poder rehabilitar su comportamiento natural y reinsertarse en la naturaleza, cada animal debe cumplir con una serie de requisitos y no sólo va a depender de éstos sino también del grupo de profesionales que los acompaña en este proceso de intentar volver a su hábitat.
“Evaluar la condición de todos estos parámetros en animales que ingresan a nuestro centro de rescate y analizar las chances que tienen o no de volver a un entorno natural es un desafío más grande aún. Esto no dependerá solamente de lo que nosotros veamos en el momento del ingreso o en la evolución de sus primeros días, va a depender de una sucesión de acontecimientos generados por nosotros que deberán ser bien asimilados para que esos animales puedan para desenvolverse ante estos acontecimientos de cuidados nuevos para ellos. Para esto un cuerpo multidisciplinario trabaja constantemente desde que el animal ingresa hasta su posterior recuperación”, señala el especialista.

Ñato, el carpincho que sólo quería harinas
En 2016, una familia correntina llegó en su camioneta a Escobar acompañados de Ñato, un carpincho que por ese entonces tenía cerca de un año. Los carpinchos son los roedores de mayor tamaño, viven en manada y su dieta es herbívora. En el hogar, el animal había empezado a tener comportamientos propios de la especie a su edad, rompía muchas cosas y estaba creciendo, y a la familia se le dificultó la convivencia con él.
“Ñato vino desde Corrientes suelto en el vehículo, comiendo galletitas. Fue un momento difícil ver el llanto del hombre y su hija al dejarlo e irse”, relata Julio. Esa escena es muy frecuente en Temaikèn ya que muchas familias no saben cómo actuar ante determinadas situaciones con animales que no están destinados a la mascotización. Por ejemplo, al momento de tener que mostrar agresividad los carpinchos usan sus dientes, que son muy grandes y filosos, tienen mucha fuerza en sus extremidades y una gran masa muscular que acompaña embestidas muy explosivas.
Una vez realizados los análisis de rutina en el hospital veterinario, Ñato fue trasladado al ambiente donde hoy habita. “Nos costó mucho lograr que consumiera lo que correspondía para su especie no habiendo harinas de por medio ya que estaba muy acostumbrado a comer pan. Parecía que nunca había visto hojas de acelga o achicoria. Hoy podemos decir que todo eso ya pasó y que él está consumiendo lo que sus necesidades biológicas requieren. Hay un gran trabajo de asimilación a nuevas conductas de alimentación y de relación con las personas que favorecen la vida de Ñato”, relata Reynoso.

La tortuga africana que vivía en Mendoza
A comienzos de este año muchos medios de comunicación dieron a conocer el caso de una tortuga de la especie conocida como sulcata o de espolones (Centrochelys sulcata) de 60 kilos que apareció caminando repentinamente por una calle de la ciudad mendocina de San Rafael. El animal fue asistido por vecinos para que no sufriera un accidente y luego se lo llevó una persona a su casa y no se supo más de él. En esta instancia intervinieron las autoridades locales para rescatar a la tortuga porque había sido apropiada de forma irregular, ya que quien la tenía no podía acreditar un origen “legal”.
La tortuga sulcata es una especie nativa del continente africano, por lo que la vuelta a su hogar era en primer lugar difícil y costosa. Y por otro lado, esta tortuga tenía signos de haber sido mascotizada, lo que le imposibilitaba vivir sola y, ante este escenario, las autoridades provinciales decidieron que su destino fuera Temaikèn.
Desde la Fundación cuentan que “cuando llegó, la tortuga estuvo en los corrales del hospital veterinario para observación general y posteriormente, todavía con temperaturas de verano, se la trasladó al CRET para observar lo que comía y qué prefería. En el otoño se la trasladó al bioparque para poder ofrecerle un ambiente más propicio para reptiles, acorde a sus necesidades de termorregulación corporal”. Este ambiente está acondicionado con calefacción, para que las tortugas africanas con las que convive puedan seguir sus hábitos regulares, que en el caso de esta y otras especies africanas con las que convive no incluyen período de hibernación.
En Argentina el tráfico de tortugas de tierra es la principal entre este grupo de reptiles, seguida de las acuáticas. “Las tortugas no son mascotas. Para llegar a una casa tienen que ser extraídas de forma intensiva de la naturaleza y esto tiene un impacto muy grande en las poblaciones silvestres. Esto se ve tanto en la Patagonia como en el norte del país”, señala Gillet.

Enseñar al mono a que sea mono
Angá es una de las monas carayá que se pueden ver en el bioparque de Escobar. Cuando llegó era una hembra adulta con serios trastornos comportamentales. Los cuidadores de Temaikèn recuerdan mucho su caso porque el animal no dejaba de gritar, tirarse en el piso y morder diferentes partes de su cuerpo.
“No sabemos fehacientemente cuánto tiempo estuvo en un contexto doméstico, por lo que mostró quizás fueron muchos años. Tuvo muchas dificultades para conciliar sus procesos físicos y psicológicos y eso da la pauta de lo que podría haberle ocurrido si hubiera sido liberada en su ambiente natural en su estadio de geronte”, cuentan los especialistas. Con el transcurrir del tiempo y mucho trabajo del equipo de rehabilitación comportamental y de cuidadores, fueron apareciendo otros comportamientos favorables distintos a cuando había llegado. “Después se le pudo ofrecer vida social acorde y tuvo crías a las que cuidó de manera muy eficaz”, señalaron. La mona actualmente vive con sus hijas en el bioparque.
Angá es uno de los tantos casos que recibió Temaikèn a través de un proceso en el que participaron monos provenientes del mascotismo, rescatados de distintos hogares de particulares.
Dado su origen diverso, los cuidadores y expertos en comportamiento admiten que fue un gran desafío poder responder a sus necesidades ya que algunos de los animales estaban acostumbrados a comer fideos con salsa y no hojas, subirse “a upa” de las personas, estar en el hombro o compartir la mesa. En este largo proceso se les enseñó a “ser monos nuevamente” ya que gran parte de ellos no había tenido contacto con otros de su especie, salvo al momento de nacer.
En estas tres historias se resumen el impacto de tener como mascota a un animal salvaje. No sólo representa una pérdida para el ambiente, sino que impacta en la vida del mismo animal que no puede volver a la naturaleza y al que hay que enseñarle de nuevo a ser y comportarse como alguien de su especie.
Lamentablemente, muchos no pueden volver a su hábitat y se ven destinados, en el mejor de los casos, a continuar su vida en refugios, centros de rescate, santuarios o bioparques. ¿Cómo colaborar? No sacando animales de su hábitat natural y no comprando animales silvestres, denunciando a quienes los capturan o los comercializan y, en el caso de notar la presencia por convivencia, dar aviso a las autoridades locales.
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Los controles del uso de agroquímicos bajo la lupa

Fecha de Publicación: 08/08/2022
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires


La presunta intoxicación sufrida por varias familias del barrio de la localidad de Angel Etcheverry “El Toboso”, la cual, si bien no se identificó todavía su fuente la hipótesis más firme es la de una expansión de sustancias agroquímicas, producto de la actividad hortícola, puso en duda la intervención periódica de organismos estatales que controlen el manejo de plaguicidas, pues, se sabe, ninguno es inocuo para la población humana.
Este episodio que puso en alerta a una amplia zona de quintas de los alrededores de 39 entre 213 bis y 214 motorizó un fuerte operativo para asistir a las personas que sintieron los efectos de la intoxicación: descomposturas estomacales y dificultades respiratorias. Los vecinos señalaron haber detectado “un olor muy intenso” como posible razón del malestar físico. Trabajaron en el lugar efectivos de Defensa Civil y de la Policía Ecológica que buscaron determinar las causas de la contaminación ambiental.
Uno de los productores referentes de la Región, Salvador Vides, precisó que en la actualidad se utilizan dos químicos para combatir al “gran fantasma” de la actividad hortícola: los nemátodes, una especie de micro gusanos que terminan devorando las plantas. “Atacan las raíces y perdemos la producción entera - explicó el quintero de Lisandro Olmos- y para que eso no suceda usamos sustancias un poco más benévolas que otras que se usaban años atrás y que se prohibieron, justamente, por lo nocivas para la salud”.
Vides puntualizó que una de las maneras más frecuentes de aplicación de fungicidas y herbicidas que suelen depositarse en la tierra, por lo general en abril, cuando se empieza a mover el suelo para la siembra, es a través de un sistema de riego. La clave para impedir que el producto avance sobre la atmósfera es la cobertura de los invernáculos, que debe realizarse con un nylon de espesor específico y cuidando que quede fijo. “A veces, si no se está muy atento puede levantarse o fisurarse y así se produce una fuga”, indicó a la vez que subrayó que “hay que estar atentos a esos detalles”.
No es habitual que los productores reciban controles de fiscalización del uso de los agroquímicos (“sería imposible inspeccionar todos los proyectos hortícolas”, aclaró Vides), pero sí reciben con cierta periodicidad capacitaciones y talleres de formación por parte de organismos como el INTA, el Senasa, la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y el ministerio de Desarrollo Agrario.
EL DIA consultó al Municipio sobre la intervención de la administración local en el control del manejo de plaguicidas en las áreas cultivadas de la Ciudad. “La autoridad de aplicación de la Ley de Agroquímicos es el ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia”, respondieron fuentes de la Comuna a la vez que apuntaron: “la Municipalidad sólo lleva el registro de los productores y sólo interviene cuando puede haber un riesgo sanitario como ocurrió con el este caso”.
Viviana Di Marzio, directora de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales de la cartera provincial de Desarrollo Agrario, confirmó que la regulación en el uso de agroquímicos y fertilizantes está expresada en la ley bonaerense 10.699 y su decreto reglamentario 499/91. “La normativa es clara en el sentido de que señala la práctica de la aplicación tanto aérea como terrestre y obliga a los productores a manejarse con recetas confeccionadas por ingenieros agrónomos como también indica las condiciones para operar de las empresas de venta de los productos y de aplicación”, apuntó la funcionaria.
Son tres los mecanismos de control a los que se ajusta la cartera agraria. “Uno de esos es la obligación de contar quien aplique el producto con la receta agronómica, que desde 2019 aumentó su emisión un 207 por ciento, lo que habla de un mayor control; el otro es mediante las denuncias de uso indebido de agroquímicos para lo cual se determinan exclusiones de áreas cercanas a zonas urbanas; y además, realizamos inspecciones aleatorias presentándonos en las empresas de venta de los productos, pedimos los documentos de compra y después vamos a los campos donde se adquirieron y verificamos que también dispongan de la documentación que avala la utilización de los agroquímicos”, detalló Di Marzio.
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Las leyes ambientales que están demoradas por la crisis argentina

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La urgencia económica paraliza el impulso en el Congreso Nacional de temas vitales para el ambiente, como la protección de los humedales, la movilidad sustentable o la regulación de los envases y el plástico.
Por la crisis política y económica que atraviesa Argentina, las miradas y los flashes están concentrados exclusivamente en las decisiones que tomará Sergio Massa y las reacciones del resto del arco político, aliados y opositores.
La sensación es que esta urgencia paraliza el impulso de temas de vital importancia para el futuro. Mientras el Ejecutivo se focaliza en la coyuntura, quizá el Congreso de la Nación debería oficiar de brújula para evitar perder el rumbo en el mediano plazo. Y en materia ambiental tiene varios pendientes.

Ley de humedales
Un pasivo normativo que ya tiene más de una década y varios intentos fallidos de sanción es la ley de humedales. “Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, seguiremos presionando ante distintos organismos para generar conciencia de que necesitamos con urgencia una ley de humedades”, indicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), a la agencia de noticias científicas TSS.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), integrado por las autoridades ambientales de todas las provincias, consensuó un anteproyecto. Pero este texto fue criticado por ambientalistas y por científicos, ya que –afirman– degrada la definición de lo que es un humedal y habilita actividades antrópicas sin necesidad de una evaluación de impacto ambiental.

Ley de movilidad sustentable
Otra ley pendiente es la de movilidad sustentable. La semana que viene comenzaría el debate del proyecto, con la participación de varios sectores involucrados. La principal crítica al texto propuesto es que se focaliza sólo en los vehículos motores que utilizan combustibles “verdes”, electricidad e hidrógeno.
Así, deja de lado otros aspectos clave, como promover el uso de bicicletas, la peatonalización, el transporte público y el ordenamiento del espacio urbano. La movilidad sustentable no sólo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también promueve un aire más limpio, ciudades más silenciosas, transporte inclusivo y equitativo y tránsito más seguro.

Leyes de envases y de plásticos de un solo uso
Se estima que el 60% del volumen de los residuos domiciliarios son envases. Muchos de estos empaques son de plástico y se descartan una vez abiertos. En los plásticos de un solo uso, también están los cubiertos, los platos y los vasos descartables.
Argentina está muy retrasada en la gestión de estos residuos. A pesar de que se presentaron proyectos, nunca fueron tratados en el Congreso. La normativa debería ser doble:
Regular los plásticos descartables, principalmente envases y embalajes, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor.
Eliminar progresivamente la producción y el consumo de plásticos de un solo uso que no están alcanzados por la anterior normativa.

Ley de eficiencia energética
Es impensado que no exista en el país una ley de eficiencia energética, pese a las recurrentes crisis que sufre este sector. La mejor forma de gastar menos dólares en energía es ahorrando energía. En 2019 se presentó un proyecto de la mano de Cambiemos, pero la iniciativa está estancada.
“Al promover el uso racional de la energía, se mejora no sólo el acceso a la energía para todos los consumos, sino que también se promueven mejoras tecnológicas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático”, asegura un documento de la Fundación Vida Silvestre.

Leyes para tomar conciencia
En Argentina, la sanción de una ley no es garantía de su cumplimiento. Sin embargo, las normas visibilizan los problemas para que se tome conciencia y se establezca un compromiso por parte de los estados.
También generan mecanismos y beneficios para que los ciudadanos, empresarios y ONG más responsables actúen, y habilitan instancias de sanción frente a aquellos que todavía no entienden que el cuidado del planeta es tan urgente como importante.

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Humedales en el Congreso

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Representantes de la academia y la sociedad civil reclaman que se sancione una ley de humedales y cuestionan un anteproyecto que promueve el Ministerio de Ambiente junto al COFEMA, mientras que en el Poder Legislativo hay más de diez proyectos que esperan ser tratados. Entre ellos, uno que había sido debatido, unificado y consensuado a partir de diversas iniciativas.
Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, con lo que atenúan los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención hídrica disminuye los impactos de crecidas y reduce los riesgos de inundaciones; son reservorios y purificadores de aguas dulces, y constituyen el hogar de más del 40% de la biodiversidad mundial. En la Argentina, se estima que hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo esto, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.
Sin embargo, a pesar de que hace alrededor de una década que se presentan proyectos, estos terminan perdiendo estado parlamentario, sin llegar a convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos a la espera de ser tratados: tres han sido presentados en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho fueron presentados en la Cámara de Diputados y todavía esperan ser girados a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
“Si no se les da el giro a las comisiones, no se puede iniciar el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso, lo más urgente, que es lo que estamos pidiendo, es que se hagan los giros y un plenario de comisiones, que todas en conjunto den dictamen, porque ya se ha discutido la ley, para así bajar a recinto y que obtenga una media sanción”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que esta semana presentaron un pedido de informe, acorde a la Ley de Acceso a la Información, en el cual solicitan que se responda a dos preguntas puntuales: por qué todavía no se hicieron los giros correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos, y cuál es la fecha estimativa en que piensan hacerlo.
“Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, como organizaciones de sociedad civil, seguiremos presionando ante distintos organismos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para generar conciencia de que necesitamos urgentemente una ley de humedades”, subrayó Di Pangracio, que es abogada especializada en Derecho Ambiental, y advierte que todavía continúan los incendios: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales y ahora también se recrudece en el Delta”, puntualiza.

El proyecto consensuado
Mientras tanto, un anteproyecto recientemente acordado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamiento y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.
El 11 de julio pasado, durante una asamblea del COFEMA en la sede del MAyDS, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado entre ambos organismos. Según comunicaron desde ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados”.
El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perdiera estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de un proyecto que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que todavía no ha sido girado a comisiones para su tratamiento.
“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la de que se busca garantizar la continuidad del modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, a lo largo y ancho del país”, Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
Uno de los aspectos más cuestionados del anteproyecto es que modifica la definición de humedales que había sido acordada por la comunidad científica nacional –e incluso adoptada por el mismo COFEMA, en el año 2016–, reduciendo el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos. Específicamente, esa definición entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas, porque el ordenamiento ambiental queda sujeto a que primero se termine el inventario, lo cual puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales se siguen degradando y destruyendo. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto consensuado”, agrega Di Pangracio y advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que le bajan el perfil al involucramiento que el Ministerio de Ambiente de Nación tendría en la implementación de la norma, y simplemente “sería una forma de que puedan obtener fondos, como lo hacen para la Ley de Bosques”.
Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. De ese modo, se vulneran los principios preventivo y precautorio. “Su eliminación es como una invitación a dar continuidad al festival de transformación de ecosistemas de humedales que se viene llevando adelante por parte de muchas actividades que son propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.
Además, en el texto, desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. También desaparecen objetivos generales fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, el reconocimiento y el apoyo a los medios de vida y producción tradicionales, y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
“Estos anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el COFEMA no son otra cosa que una máscara para dar una señal de que se está avanzando en el tratamiento de un proyecto de ley que es altísimamente demandado desde las organizaciones socioambientales y también de la ciudadanía, pero que oculta la continuidad de un modelo que es altamente exfoliador y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.
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