Las leyes ambientales que están demoradas por la crisis argentina

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La urgencia económica paraliza el impulso en el Congreso Nacional de temas vitales para el ambiente, como la protección de los humedales, la movilidad sustentable o la regulación de los envases y el plástico.
Por la crisis política y económica que atraviesa Argentina, las miradas y los flashes están concentrados exclusivamente en las decisiones que tomará Sergio Massa y las reacciones del resto del arco político, aliados y opositores.
La sensación es que esta urgencia paraliza el impulso de temas de vital importancia para el futuro. Mientras el Ejecutivo se focaliza en la coyuntura, quizá el Congreso de la Nación debería oficiar de brújula para evitar perder el rumbo en el mediano plazo. Y en materia ambiental tiene varios pendientes.

Ley de humedales
Un pasivo normativo que ya tiene más de una década y varios intentos fallidos de sanción es la ley de humedales. “Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, seguiremos presionando ante distintos organismos para generar conciencia de que necesitamos con urgencia una ley de humedades”, indicó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), a la agencia de noticias científicas TSS.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), integrado por las autoridades ambientales de todas las provincias, consensuó un anteproyecto. Pero este texto fue criticado por ambientalistas y por científicos, ya que –afirman– degrada la definición de lo que es un humedal y habilita actividades antrópicas sin necesidad de una evaluación de impacto ambiental.

Ley de movilidad sustentable
Otra ley pendiente es la de movilidad sustentable. La semana que viene comenzaría el debate del proyecto, con la participación de varios sectores involucrados. La principal crítica al texto propuesto es que se focaliza sólo en los vehículos motores que utilizan combustibles “verdes”, electricidad e hidrógeno.
Así, deja de lado otros aspectos clave, como promover el uso de bicicletas, la peatonalización, el transporte público y el ordenamiento del espacio urbano. La movilidad sustentable no sólo ayuda a mitigar el cambio climático, sino que también promueve un aire más limpio, ciudades más silenciosas, transporte inclusivo y equitativo y tránsito más seguro.

Leyes de envases y de plásticos de un solo uso
Se estima que el 60% del volumen de los residuos domiciliarios son envases. Muchos de estos empaques son de plástico y se descartan una vez abiertos. En los plásticos de un solo uso, también están los cubiertos, los platos y los vasos descartables.
Argentina está muy retrasada en la gestión de estos residuos. A pesar de que se presentaron proyectos, nunca fueron tratados en el Congreso. La normativa debería ser doble:
Regular los plásticos descartables, principalmente envases y embalajes, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor.
Eliminar progresivamente la producción y el consumo de plásticos de un solo uso que no están alcanzados por la anterior normativa.

Ley de eficiencia energética
Es impensado que no exista en el país una ley de eficiencia energética, pese a las recurrentes crisis que sufre este sector. La mejor forma de gastar menos dólares en energía es ahorrando energía. En 2019 se presentó un proyecto de la mano de Cambiemos, pero la iniciativa está estancada.
“Al promover el uso racional de la energía, se mejora no sólo el acceso a la energía para todos los consumos, sino que también se promueven mejoras tecnológicas y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático”, asegura un documento de la Fundación Vida Silvestre.

Leyes para tomar conciencia
En Argentina, la sanción de una ley no es garantía de su cumplimiento. Sin embargo, las normas visibilizan los problemas para que se tome conciencia y se establezca un compromiso por parte de los estados.
También generan mecanismos y beneficios para que los ciudadanos, empresarios y ONG más responsables actúen, y habilitan instancias de sanción frente a aquellos que todavía no entienden que el cuidado del planeta es tan urgente como importante.

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Humedales en el Congreso

Fecha de Publicación: 06/08/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional


Representantes de la academia y la sociedad civil reclaman que se sancione una ley de humedales y cuestionan un anteproyecto que promueve el Ministerio de Ambiente junto al COFEMA, mientras que en el Poder Legislativo hay más de diez proyectos que esperan ser tratados. Entre ellos, uno que había sido debatido, unificado y consensuado a partir de diversas iniciativas.
Los humedales son imprescindibles para mantener una buena provisión de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, con lo que atenúan los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención hídrica disminuye los impactos de crecidas y reduce los riesgos de inundaciones; son reservorios y purificadores de aguas dulces, y constituyen el hogar de más del 40% de la biodiversidad mundial. En la Argentina, se estima que hay más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, un 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, mallines, turberas, bosques fluviales, esteros, bañados y marismas), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo esto, urge contar con una ley que regule los usos que pueden desarrollarse sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.
Sin embargo, a pesar de que hace alrededor de una década que se presentan proyectos, estos terminan perdiendo estado parlamentario, sin llegar a convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos a la espera de ser tratados: tres han sido presentados en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho fueron presentados en la Cámara de Diputados y todavía esperan ser girados a las comisiones correspondientes para su tratamiento.
“Si no se les da el giro a las comisiones, no se puede iniciar el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso, lo más urgente, que es lo que estamos pidiendo, es que se hagan los giros y un plenario de comisiones, que todas en conjunto den dictamen, porque ya se ha discutido la ley, para así bajar a recinto y que obtenga una media sanción”, explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que esta semana presentaron un pedido de informe, acorde a la Ley de Acceso a la Información, en el cual solicitan que se responda a dos preguntas puntuales: por qué todavía no se hicieron los giros correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos, y cuál es la fecha estimativa en que piensan hacerlo.
“Nos preocupa que en el escenario del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental. No obstante, como organizaciones de sociedad civil, seguiremos presionando ante distintos organismos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para generar conciencia de que necesitamos urgentemente una ley de humedades”, subrayó Di Pangracio, que es abogada especializada en Derecho Ambiental, y advierte que todavía continúan los incendios: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales y ahora también se recrudece en el Delta”, puntualiza.

El proyecto consensuado
Mientras tanto, un anteproyecto recientemente acordado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamiento y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.
El 11 de julio pasado, durante una asamblea del COFEMA en la sede del MAyDS, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado entre ambos organismos. Según comunicaron desde ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados”.
El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser tratado perdiera estado parlamentario por tercera vez consecutiva. Se trata de un proyecto que las organizaciones ambientales y de la sociedad civil están impulsando desde hace más de diez años, que en esta última oportunidad había sido debatido, unificado y consensuado, en base a al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que todavía no ha sido girado a comisiones para su tratamiento.
“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la de que se busca garantizar la continuidad del modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, a lo largo y ancho del país”, Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
Uno de los aspectos más cuestionados del anteproyecto es que modifica la definición de humedales que había sido acordada por la comunidad científica nacional –e incluso adoptada por el mismo COFEMA, en el año 2016–, reduciendo el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos. Específicamente, esa definición entiende por humedal a un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.
“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas, porque el ordenamiento ambiental queda sujeto a que primero se termine el inventario, lo cual puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales se siguen degradando y destruyendo. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto consensuado”, agrega Di Pangracio y advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que le bajan el perfil al involucramiento que el Ministerio de Ambiente de Nación tendría en la implementación de la norma, y simplemente “sería una forma de que puedan obtener fondos, como lo hacen para la Ley de Bosques”.
Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, una medida que pondría freno a nuevas actividades o a la ampliación de actividades existentes, hasta que los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio. De ese modo, se vulneran los principios preventivo y precautorio. “Su eliminación es como una invitación a dar continuidad al festival de transformación de ecosistemas de humedales que se viene llevando adelante por parte de muchas actividades que son propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.
Además, en el texto, desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. También desaparecen objetivos generales fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, el reconocimiento y el apoyo a los medios de vida y producción tradicionales, y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
“Estos anuncios realizados por el Ministerio de Ambiente en acuerdo con el COFEMA no son otra cosa que una máscara para dar una señal de que se está avanzando en el tratamiento de un proyecto de ley que es altísimamente demandado desde las organizaciones socioambientales y también de la ciudadanía, pero que oculta la continuidad de un modelo que es altamente exfoliador y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.
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