Dinero de la Ansés va a pools sojeros
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Dinero de la Ansés va a pools sojeros
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
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Casos de malformaciones por agroquímicos
Recopilan casos de malformaciones por agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
“En Argentina aún no existe una política ambiental”
“En Argentina falta decisión; aún no existe una política ambiental”
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
Inmersos en la "burbuja" ambiental
Inmersos en la "burbuja" ambiental
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De un tiempo a esta parte, no hacemos más que estrellarnos de frente contra todo tipo de inquietantes "burbujas". Parece haberlas en todos lados: primero fue la de las compañías dot.com , después la financiera... ¡hasta la Academia de Ciencias de Nueva York tuvo la suya!, una "inflación" de nuevos miembros que a poco de incorporarse dejaban de pagar la cuota, con lo que la organización iba en camino de desaparecer, según contó durante una reciente visita a Buenos Aires su presidente, Ellis Rubinstein.
Pero hay otra tal vez más grande y peligrosa que todas éstas. El reciente informe El planeta vivo, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, demuestra que estamos inmersos en una gigantesca "burbuja" ambiental: gastamos más capital natural del que tenemos.
Las conclusiones de este estudio no pueden pasarse por alto. Desde que los astronautas de la misión Apolo 8 tomaron la primera panorámica del planeta desde el espacio, la humanidad pasó "del crédito al déficit ecológico", advierte James Leape, su director. Es decir que, en el término de 35 años y debido al consumo desatado, logramos "evaporar" un tercio de la vida silvestre global. Un tercio.
"Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad de regeneración del planeta -afirma Leape-. Si nuestras demandas siguen a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida."
El trabajo, que analiza detalladamente la "contabilidad" de los recursos naturales globales, anticipa días problemáticos si no nos decidimos a dar un cambio de timón.
En el Día Mundial de la Tierra, un horizonte francamente deplorable, pero que, si seguimos con la política de "pan para hoy y hambre para mañana", será muy difícil sortear.
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De un tiempo a esta parte, no hacemos más que estrellarnos de frente contra todo tipo de inquietantes "burbujas". Parece haberlas en todos lados: primero fue la de las compañías dot.com , después la financiera... ¡hasta la Academia de Ciencias de Nueva York tuvo la suya!, una "inflación" de nuevos miembros que a poco de incorporarse dejaban de pagar la cuota, con lo que la organización iba en camino de desaparecer, según contó durante una reciente visita a Buenos Aires su presidente, Ellis Rubinstein.
Pero hay otra tal vez más grande y peligrosa que todas éstas. El reciente informe El planeta vivo, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, demuestra que estamos inmersos en una gigantesca "burbuja" ambiental: gastamos más capital natural del que tenemos.
Las conclusiones de este estudio no pueden pasarse por alto. Desde que los astronautas de la misión Apolo 8 tomaron la primera panorámica del planeta desde el espacio, la humanidad pasó "del crédito al déficit ecológico", advierte James Leape, su director. Es decir que, en el término de 35 años y debido al consumo desatado, logramos "evaporar" un tercio de la vida silvestre global. Un tercio.
"Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad de regeneración del planeta -afirma Leape-. Si nuestras demandas siguen a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida."
El trabajo, que analiza detalladamente la "contabilidad" de los recursos naturales globales, anticipa días problemáticos si no nos decidimos a dar un cambio de timón.
En el Día Mundial de la Tierra, un horizonte francamente deplorable, pero que, si seguimos con la política de "pan para hoy y hambre para mañana", será muy difícil sortear.
UUNN aportan sobre el cambio climático
Universidades del país sumaron su aporte para definir la posición argentina frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Mi Bibiloni, recibió hoy a representantes de las universidades públicas y privadas de nuestro país con el fin de discutir y elaborar la posición argentina frente al Cambio Climático que será presentada en la próxima COP 15, en Copenhague.
“La posición del país se nutre con los aportes sectoriales”, expresó Bibiloni tras agradecer la presencia de las diferentes Casas de Estudio y centros de investigación, entre las que se encontraron, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de Salta, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y el Instituto ISALUD, entre otros. En tal sentido, el funcionario exhortó a que “el sistema científico sea un aliado estratégico para la ejecución de proyectos en cambio climático.”
Por su parte, el Director de Cambio Climático de la cartera nacional, Nazareno Castillo, indicó que el objetivo de la reunión y las previstas con el área productiva, la banca pública y privada y la sociedad civil, “es determinar cómo puede aportar cada sector al fenómeno climático”, de cara a la quinceava reunión de la Conferencia de las Partes que se realizará en diciembre en Copenhague, Dinamarca, y donde se definirá un nuevo régimen climático postKyoto.
Durante el encuentro, cada centro académico presentó las investigaciones y/o proyectos que tiene en elaboración vinculados a la temática ambiental y al cambio climático, en particular. Sus representantes coincidieron en la necesidad de que la cartera ambiental sea la encargada de la articular el trabajo conjunto de las Casas de estudio para “evitar dispersar esfuerzos”, como así también de “disponer de fuentes de incentivo para la investigación científica en la materia”.
En esa línea, el actual proceso de elaboración de la 3º Comunicación Nacional, -un inventario sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la Argentina- “debe constituirse en el marco de coordinación y cooperación entre las entidades públicas” aseguró Bibiloni.
Al término de la jornada, el funcionario recordó a los académicos presentes que “vamos a tener una agenda parlamentaria ambiental amplia” por lo que “les pido que nos usen como vehículos para acercar inquietudes y proyectos a la agenda legislativa”.
Se trata de la segunda reunión -la primera fue con distintos organismos gubernamentales- de un cronograma de encuentros que convoca la Secretaría de Ambiente para definir la posición argentina que será llevada por los expertos nacionales en el marco del proceso de negociación internacional de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Se espera que durante la próxima COP 15 surja un nuevo acuerdo global sobre este tema.
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Mi Bibiloni, recibió hoy a representantes de las universidades públicas y privadas de nuestro país con el fin de discutir y elaborar la posición argentina frente al Cambio Climático que será presentada en la próxima COP 15, en Copenhague.
“La posición del país se nutre con los aportes sectoriales”, expresó Bibiloni tras agradecer la presencia de las diferentes Casas de Estudio y centros de investigación, entre las que se encontraron, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de Salta, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y el Instituto ISALUD, entre otros. En tal sentido, el funcionario exhortó a que “el sistema científico sea un aliado estratégico para la ejecución de proyectos en cambio climático.”
Por su parte, el Director de Cambio Climático de la cartera nacional, Nazareno Castillo, indicó que el objetivo de la reunión y las previstas con el área productiva, la banca pública y privada y la sociedad civil, “es determinar cómo puede aportar cada sector al fenómeno climático”, de cara a la quinceava reunión de la Conferencia de las Partes que se realizará en diciembre en Copenhague, Dinamarca, y donde se definirá un nuevo régimen climático postKyoto.
Durante el encuentro, cada centro académico presentó las investigaciones y/o proyectos que tiene en elaboración vinculados a la temática ambiental y al cambio climático, en particular. Sus representantes coincidieron en la necesidad de que la cartera ambiental sea la encargada de la articular el trabajo conjunto de las Casas de estudio para “evitar dispersar esfuerzos”, como así también de “disponer de fuentes de incentivo para la investigación científica en la materia”.
En esa línea, el actual proceso de elaboración de la 3º Comunicación Nacional, -un inventario sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la Argentina- “debe constituirse en el marco de coordinación y cooperación entre las entidades públicas” aseguró Bibiloni.
Al término de la jornada, el funcionario recordó a los académicos presentes que “vamos a tener una agenda parlamentaria ambiental amplia” por lo que “les pido que nos usen como vehículos para acercar inquietudes y proyectos a la agenda legislativa”.
Se trata de la segunda reunión -la primera fue con distintos organismos gubernamentales- de un cronograma de encuentros que convoca la Secretaría de Ambiente para definir la posición argentina que será llevada por los expertos nacionales en el marco del proceso de negociación internacional de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Se espera que durante la próxima COP 15 surja un nuevo acuerdo global sobre este tema.
Garré le declaró la guerra al yuyo
Garré le declaró la guerra al yuyo
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
Pasivo ambiental en la cuenca neuquina
La Corte Suprema cita a gobiernos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Corrientes complicada por los incendios
Corrientes es la provincia del NEA más complicada por los incendios
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Con 82 focos ígneos, es crítico el escenario en los campos correntinos. La sequía es el principal factor de riesgo, por eso la lluvia que cayó ayer sobre la costa del Uruguay colaboró para controlar algunos focos. Por el estado de alerta, piden que no se hagan quemas en los pastizales.
Corrientes es una de las tres provincias del Litoral, junto con Misiones y Santa Fe, que está siendo castigada por los incendios rurales. Sin embargo, con 82 focos ígneos, el Taragüí se posiciona como el punto más crítico de la geografía regional, de acuerdo al informe brindado por el área de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia.
Con la sequía como uno de los factores fundamentales en la causal de esta serie de incendios que se multiplican diariamente en decenas de campos, desde la Dirección de Defensa Civil provincial reiteraron el pedido, casi desesperado, para que los pobladores no realicen las denominadas “quemas controladas”.
De todas maneras, para contrarrestar los efectos del déficit hídrico, en la costa del río Uruguay se registraron precipitaciones que ayudaron a controlar algunos focos de fuego que se reavivaron cuando cambió la dirección del viento.
Los cuarteles que están trabajando en los puntos más complicados recibieron ayer el informe del organismo de Análisis de Riesgo junto con los pronósticos climáticos para que puedan trabajar en base a los dictados del tiempo. Además, desde Defensa Civil se emitió el estado de alerta a la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional para que den aviso ante cualquier foco que detecten en sus áreas de acción y para que puedan prestar colaboración a los bomberos que se vieron superados en su capacidad operativa por el incremento de los focos.
Las zonas en que se registraron los focos de mayor magnitud son el paraje Yahaveré de Concepción, en la zona de los Esteros del Iberá, en Cañada del Toro en el departamento de San Luis del Palmar, en el departamento de General Paz; y en la zona de Villa Olivari se montó una guardia de cenizas para que el cambio del viento no reavive el fuego.
Por su parte, Carlos Jacobo, del departamento de Protección Ambiental y Forestal, aseguró que la situación de los incendios está siendo controlada. “Tenemos por suerte la novedad de que en la costa del Uruguay está lloviendo, lo que nos sorprendió gratamente y en el resto de la provincia no tenemos novedades que alarmen lo que sí algunos focos que no implican peligro para la población ni para algún patrimonio local”.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Con 82 focos ígneos, es crítico el escenario en los campos correntinos. La sequía es el principal factor de riesgo, por eso la lluvia que cayó ayer sobre la costa del Uruguay colaboró para controlar algunos focos. Por el estado de alerta, piden que no se hagan quemas en los pastizales.
Corrientes es una de las tres provincias del Litoral, junto con Misiones y Santa Fe, que está siendo castigada por los incendios rurales. Sin embargo, con 82 focos ígneos, el Taragüí se posiciona como el punto más crítico de la geografía regional, de acuerdo al informe brindado por el área de Análisis de Riesgos y Proyectos Especiales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia.
Con la sequía como uno de los factores fundamentales en la causal de esta serie de incendios que se multiplican diariamente en decenas de campos, desde la Dirección de Defensa Civil provincial reiteraron el pedido, casi desesperado, para que los pobladores no realicen las denominadas “quemas controladas”.
De todas maneras, para contrarrestar los efectos del déficit hídrico, en la costa del río Uruguay se registraron precipitaciones que ayudaron a controlar algunos focos de fuego que se reavivaron cuando cambió la dirección del viento.
Los cuarteles que están trabajando en los puntos más complicados recibieron ayer el informe del organismo de Análisis de Riesgo junto con los pronósticos climáticos para que puedan trabajar en base a los dictados del tiempo. Además, desde Defensa Civil se emitió el estado de alerta a la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial y Gendarmería Nacional para que den aviso ante cualquier foco que detecten en sus áreas de acción y para que puedan prestar colaboración a los bomberos que se vieron superados en su capacidad operativa por el incremento de los focos.
Las zonas en que se registraron los focos de mayor magnitud son el paraje Yahaveré de Concepción, en la zona de los Esteros del Iberá, en Cañada del Toro en el departamento de San Luis del Palmar, en el departamento de General Paz; y en la zona de Villa Olivari se montó una guardia de cenizas para que el cambio del viento no reavive el fuego.
Por su parte, Carlos Jacobo, del departamento de Protección Ambiental y Forestal, aseguró que la situación de los incendios está siendo controlada. “Tenemos por suerte la novedad de que en la costa del Uruguay está lloviendo, lo que nos sorprendió gratamente y en el resto de la provincia no tenemos novedades que alarmen lo que sí algunos focos que no implican peligro para la población ni para algún patrimonio local”.
Zoológico: La Justicia comenzó a investigar
Zoológico: La Justicia comenzó a investigar de oficio las denuncias
Fecha de Publicación: 19/04/2009
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Lo integrantes de la Red Animalista Mendoza (RAE), que tomaron las imágenes en el zoológico mendocino, declararon en la Fiscalía de Instrucción Nº 19. La Justicia comenzó la investigación de oficio debido a las presuntas irregularidades que denuncia la ONG.
Luego que MDZ difundiera las impactantes imágenes del Zoo, la Justicia comenzó una investigación de oficio sobre el posible desmanejo y desidia que existe en el paseo del Cerro de la Gloria, ahora tristemente conocido como el zoo del terror. Los integrantes de la ONG denunciante, que filmaron y fotografiaron el estado en que se encuentran los animales, declaron como testigos y aportaron el material que certificó un escribano público.
Todo el país se conmovió por las fotografías y videos que este diario difundió, a tal punto que otros medios locales se hicieron eco de la publicación. Además, luego se conoció, también por este diario, que el Zoo trasladó a animales a una granja que maneja la esposa del ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, situación que mereció una investigación de Fiscalía de Estado.
Pero las imágenes captadas por RAM no sólo conmovieron a los lectores o televidentes, también la Justicia, advritiendo que podrían existir una serie de irregularidades en el Zoo. Por esta razón, la fiscal Virginia Rumbo, de la Fiscalía de Instrucción Nº 19, comenzó una investigación de oficio.
Trascendió que la magistrada caratuló el expediente como "averiguación hecho contra NN". Es decir, las irregularidades están prácticamente constatadas y alguien es el responsable (NN), sólo habrá que determinar quién es.
La ONG tenía planeado denunciar cómo viven (y también mueren) los animales en el espacio dirigido por Oscar Ramírez. El funcionario, que también es candidato a concejal en Capital por el PJ, salió a explicar qué sucedía en el Zoo.
Al parecer, esas declaraciones también llamaron la atención de la fiscal Rumbo que terminó iniciando un expediente para investigar qué sucede en el paseo "recreativo" del Cerro de la Gloria.
Debido a que podría haber más de dos delitos en el Zoo y por el estado público que tomó el caso, la investigación podría quedar a cargo —según fuentes extraoficiales— en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La causa judicial se inició este viernes a las 18 y aparentemente hay mucho por investigar en el Zoo, mientras que el Gobierno se encuentra desconcertado y las explicaciones oficiales no le cierran ni a la Justicia ni a los mendocinos en general.
Fecha de Publicación: 19/04/2009
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Lo integrantes de la Red Animalista Mendoza (RAE), que tomaron las imágenes en el zoológico mendocino, declararon en la Fiscalía de Instrucción Nº 19. La Justicia comenzó la investigación de oficio debido a las presuntas irregularidades que denuncia la ONG.
Luego que MDZ difundiera las impactantes imágenes del Zoo, la Justicia comenzó una investigación de oficio sobre el posible desmanejo y desidia que existe en el paseo del Cerro de la Gloria, ahora tristemente conocido como el zoo del terror. Los integrantes de la ONG denunciante, que filmaron y fotografiaron el estado en que se encuentran los animales, declaron como testigos y aportaron el material que certificó un escribano público.
Todo el país se conmovió por las fotografías y videos que este diario difundió, a tal punto que otros medios locales se hicieron eco de la publicación. Además, luego se conoció, también por este diario, que el Zoo trasladó a animales a una granja que maneja la esposa del ministro de Seguridad, Carlos Ciurca, situación que mereció una investigación de Fiscalía de Estado.
Pero las imágenes captadas por RAM no sólo conmovieron a los lectores o televidentes, también la Justicia, advritiendo que podrían existir una serie de irregularidades en el Zoo. Por esta razón, la fiscal Virginia Rumbo, de la Fiscalía de Instrucción Nº 19, comenzó una investigación de oficio.
Trascendió que la magistrada caratuló el expediente como "averiguación hecho contra NN". Es decir, las irregularidades están prácticamente constatadas y alguien es el responsable (NN), sólo habrá que determinar quién es.
La ONG tenía planeado denunciar cómo viven (y también mueren) los animales en el espacio dirigido por Oscar Ramírez. El funcionario, que también es candidato a concejal en Capital por el PJ, salió a explicar qué sucedía en el Zoo.
Al parecer, esas declaraciones también llamaron la atención de la fiscal Rumbo que terminó iniciando un expediente para investigar qué sucede en el paseo "recreativo" del Cerro de la Gloria.
Debido a que podría haber más de dos delitos en el Zoo y por el estado público que tomó el caso, la investigación podría quedar a cargo —según fuentes extraoficiales— en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La causa judicial se inició este viernes a las 18 y aparentemente hay mucho por investigar en el Zoo, mientras que el Gobierno se encuentra desconcertado y las explicaciones oficiales no le cierran ni a la Justicia ni a los mendocinos en general.
El cambio climático responsable del dengue
Ocaña responsabiliza al cambio climático por el dengue
Fecha de Publicación: 18/04/2009
Fuente: DyN
Provincia/Región: Nacional
La ministra destacó su influencia en la propagación de la enfermedad. Qué le recomienda a la población. El optimismo de Capitanich.
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, atribuyó hoy al "cambio climático" la propagación del dengue y destacó que ayuda a la proliferación del mosquito causante de ese mal "la deforestación y los basurales a cielo abierto". La funcionaria reclamó a la población que "colabore abriendo puertas y ventanas para permitir la entrada del humo de las fumigaciones en los domicilios, porque no causa problemas a las personas y a las mascotas".
"La deforestación, el crecimiento urbano desorganizado y la existencia de muchos basurales a cielo abierto. Eso no ayuda.
Todo esto merece ser estudiado y evaluado para saber cuáles son los municipios de muy alto, alto y mediano riesgo", afirmó la ministra en declaraciones a radio América.
Ocaña insistió en que "el cambio climático es evidente", como causa de la propagación del dengue y puso como ejemplo que "uno de los lugares de mediano riesgo era Catamarca por el tipo de clima y ahora está cambiando el clima ahí y hay un brote". Además, destacó que en el Chaco se recorrieron 45 mil viviendas como parte de las acciones contra el transmisor del dengue y subrayó que ello "permitió bajar el número de casos a través de un corte de la circulación del vector".
La ministra contó que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, "es muy optimista, porque dicen que en los próximos quince o veinte días se va a llevar a cabo un verdadero cambio".
Hasta ahora el ministerio de Salud reportó 14.598 casos confirmados de dengue autóctono en el país en lo que va de 2009 y confirmó la muerte de 4 personas por la enfermedad.
En tanto, un niño de 4 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente.
Fecha de Publicación: 18/04/2009
Fuente: DyN
Provincia/Región: Nacional
La ministra destacó su influencia en la propagación de la enfermedad. Qué le recomienda a la población. El optimismo de Capitanich.
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, atribuyó hoy al "cambio climático" la propagación del dengue y destacó que ayuda a la proliferación del mosquito causante de ese mal "la deforestación y los basurales a cielo abierto". La funcionaria reclamó a la población que "colabore abriendo puertas y ventanas para permitir la entrada del humo de las fumigaciones en los domicilios, porque no causa problemas a las personas y a las mascotas".
"La deforestación, el crecimiento urbano desorganizado y la existencia de muchos basurales a cielo abierto. Eso no ayuda.
Todo esto merece ser estudiado y evaluado para saber cuáles son los municipios de muy alto, alto y mediano riesgo", afirmó la ministra en declaraciones a radio América.
Ocaña insistió en que "el cambio climático es evidente", como causa de la propagación del dengue y puso como ejemplo que "uno de los lugares de mediano riesgo era Catamarca por el tipo de clima y ahora está cambiando el clima ahí y hay un brote". Además, destacó que en el Chaco se recorrieron 45 mil viviendas como parte de las acciones contra el transmisor del dengue y subrayó que ello "permitió bajar el número de casos a través de un corte de la circulación del vector".
La ministra contó que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, "es muy optimista, porque dicen que en los próximos quince o veinte días se va a llevar a cabo un verdadero cambio".
Hasta ahora el ministerio de Salud reportó 14.598 casos confirmados de dengue autóctono en el país en lo que va de 2009 y confirmó la muerte de 4 personas por la enfermedad.
En tanto, un niño de 4 años que reside en la ciudad de Gualeguaychú se convirtió en el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Entre Ríos, según se informó oficialmente.
Pesticidas peligrosos en verduras en Córdoba
Hallan pesticidas peligrosos en verduras del Abasto
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
También en frutas. Lo determinó un estudio encargado por el fiscal Carlos Matheu. Tres quinteros y un funcionario del Senasa fueron imputados.
Una investigación de oficio realizada por el fiscal Carlos Matheu determinó que algunas frutas y verduras comercializadas en el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba tenían restos de plaguicidas por encima de los valores permitidos.
Con esta prueba, el fiscal inició una denuncia penal por envenenamiento contra tres quinteros y por omisión de los deberes de funcionario público contra el responsable en la provincia del Senasa, Jorge Gerhauser.
A pesar de estar reglamentado por ley, nunca se realizaron estudios de plaguicidas en el Mercado de Abastos, según reconoció el director de Ferias y Mercados municipal, Nicolás García, en una nota publicada por La Voz del Interior el 12 de febrero pasado.
Este artículo, que destacaba la necesidad de controlar la situación según un informe del Foro Ambiental Córdoba, fue el que motivó a Matheu a iniciar la investigación de oficio.
Ya fueron indagados los quinteros Roberto Maestre y Martín Velázquez Tolaba, quienes habrían rechazado toda responsabilidad, al negar que las verduras y frutas analizadas procedían de sus huertas. La figura de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) prevé una pena de prisión de tres a 10 años.
Los estudios fueron encargados a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, institución de referencia en el tema. Se analizó la presencia de clorpirifos y endosulfan, dos peligrosos insecticidas, en muestras de acelga, espinaca, lechuga, manzana, durazno, papa y tomates. De las 19 muestras tomadas al azar, nueve presentaron valores irregulares en acelga, manzana, espinaca y durazno.
Productores se quejan. Carlos Perlo, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Córdoba, adelantó que realizará una presentación ante la Justicia, luego de calificar como una “falta de respeto” a la actuación del fiscal Matheu.
“Me parece fenomenal que la Justicia actúe. Pero el productor, al estar en una economía de subsistencia, no tiene los medios para capacitarse y el Estado hace oídos sordos a esto”, dijo.
El productor denunció que hay un “abandono del sector” por parte de los gobiernos provincial y municipal.
“La sintomatología es silenciosa”
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba y autor del informe que motivó la denuncia, advirtió que hay pruebas sobre las consecuencias que tienen sobre la salud el consumo de pesticidas por largo tiempo.
“No tiene un impacto inmediato, agudo, la sintomatología es silenciosa. Cuando hablamos de residuos de plaguicidas puede haber enfermedades de tipo degenerativo”, subrayó Kopta a LaVoz.com.ar.
Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) los clorpirifos tienen toxicidad moderada. Se le atribuyen altos efectos neurotóxicos y también se los asocia con problemas de asma y endocrinológicos. El endosulfán es altamente tóxico, según la EPA. También es neurotóxico y provoca problemas en el desarrollo, endocrinológicos y reproductivos.
Cabe aclarar que para cada fruta y verdura hay valores permitidos diferentes. En algunos casos, por ejemplo en las verduras de hoja, estos niveles permitidos son muy bajos.
En Internet. El informe se puede consultar en http://ar.geocities.com/foroambientalcba
Fecha de Publicación: 17/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
También en frutas. Lo determinó un estudio encargado por el fiscal Carlos Matheu. Tres quinteros y un funcionario del Senasa fueron imputados.
Una investigación de oficio realizada por el fiscal Carlos Matheu determinó que algunas frutas y verduras comercializadas en el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba tenían restos de plaguicidas por encima de los valores permitidos.
Con esta prueba, el fiscal inició una denuncia penal por envenenamiento contra tres quinteros y por omisión de los deberes de funcionario público contra el responsable en la provincia del Senasa, Jorge Gerhauser.
A pesar de estar reglamentado por ley, nunca se realizaron estudios de plaguicidas en el Mercado de Abastos, según reconoció el director de Ferias y Mercados municipal, Nicolás García, en una nota publicada por La Voz del Interior el 12 de febrero pasado.
Este artículo, que destacaba la necesidad de controlar la situación según un informe del Foro Ambiental Córdoba, fue el que motivó a Matheu a iniciar la investigación de oficio.
Ya fueron indagados los quinteros Roberto Maestre y Martín Velázquez Tolaba, quienes habrían rechazado toda responsabilidad, al negar que las verduras y frutas analizadas procedían de sus huertas. La figura de envenenamiento (artículo 200 del Código Penal) prevé una pena de prisión de tres a 10 años.
Los estudios fueron encargados a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, institución de referencia en el tema. Se analizó la presencia de clorpirifos y endosulfan, dos peligrosos insecticidas, en muestras de acelga, espinaca, lechuga, manzana, durazno, papa y tomates. De las 19 muestras tomadas al azar, nueve presentaron valores irregulares en acelga, manzana, espinaca y durazno.
Productores se quejan. Carlos Perlo, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Córdoba, adelantó que realizará una presentación ante la Justicia, luego de calificar como una “falta de respeto” a la actuación del fiscal Matheu.
“Me parece fenomenal que la Justicia actúe. Pero el productor, al estar en una economía de subsistencia, no tiene los medios para capacitarse y el Estado hace oídos sordos a esto”, dijo.
El productor denunció que hay un “abandono del sector” por parte de los gobiernos provincial y municipal.
“La sintomatología es silenciosa”
Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba y autor del informe que motivó la denuncia, advirtió que hay pruebas sobre las consecuencias que tienen sobre la salud el consumo de pesticidas por largo tiempo.
“No tiene un impacto inmediato, agudo, la sintomatología es silenciosa. Cuando hablamos de residuos de plaguicidas puede haber enfermedades de tipo degenerativo”, subrayó Kopta a LaVoz.com.ar.
Según la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) los clorpirifos tienen toxicidad moderada. Se le atribuyen altos efectos neurotóxicos y también se los asocia con problemas de asma y endocrinológicos. El endosulfán es altamente tóxico, según la EPA. También es neurotóxico y provoca problemas en el desarrollo, endocrinológicos y reproductivos.
Cabe aclarar que para cada fruta y verdura hay valores permitidos diferentes. En algunos casos, por ejemplo en las verduras de hoja, estos niveles permitidos son muy bajos.
En Internet. El informe se puede consultar en http://ar.geocities.com/foroambientalcba
Crean una nueva reserva ecológica en Misiones
Crean una nueva reserva ecológica de cuatro mil hectáreas
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Se sumará al Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. Se logró tras un acuerdo entre la empresa Laharrague, la Fundación Frontera Verde y el Gobierno de Misiones. La propiedad será preservada. Solo cinco por ciento se podrá destinar al uso turístico o de explotación económica
Medioambiente. El gobernador firma con Prance el acuerdo de preservación.
Ghillean Prance, una autoridad ecológica mundial, elogió la preservación de Misiones
La Provincia contará con una nueva reserva natural y cultural de cuatro mil hectáreas, conectada al Parque Provincial Moconá dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. El acuerdo para ampliar la zona de preservación se firmó ayer entre el Gobierno de Misiones, la Fundación Frontera Verde representada por sir Ghillean Tolmi Prance de Gran Bretaña y la familia Laharrague, que ya había donado las primeras mil hectáreas en la década del 60 para la creación del Parque Provincial Moconá.
En el acuerdo firmado por el gobernador Maurice Closs se garantiza a perpetuidad el uso de la tierra para las nueve comunidades guaraníes que habitan en el lugar, que cuentan con unos 600 aborígenes.
La nueva reserva conectará con el Moconá y queda un espacio, propiedad de la familia Harriet, que está siendo negociado, para conectar con el parque provincial Esmeralda, en el nucleo de Yabotí. El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones, pero también, si persiste la negativa de Harriet SA de ceder las tierras, se podría avanzar en la declaración de utilidad pública.
Solo cinco por ciento de la nueva reserva podrá ser explotado turísticamente, mientras que el resto se preservará con el único fin de visitas o investigaciones científicas.
A partir de este acuerdo, la Fundación "Frontera Verde" y la empresa "El Moconá S.A." crean una nueva área protegida, la Reserva Natural Cultural Moconá, transfiriendo el 95 por ciento de la superficie del Lote 8 a la Fundación Frontera Verde, lo que implica una superficie aproximada de 4000 hectáreas. La Fundación lo destinará a la creación de un área protegida con características de Reserva Natural Cultural, "donde se implementarán actividades de conservación, restauración e investigación y otras complementarias y compatibles con dichos objetivos, procurando generar condiciones que permitan a las comunidades aborígenes que actualmente allí habitan desarrollar en forma autónoma y sustentable su cultura y tradicional modo de vida", expresa el acuerdo.
En el restante 5 por ciento del inmueble, la empresa desarrollará emprendimientos y actividades con finalidad turística, científica, recreativa y de conservación ambiental, dentro de los parámetros de turismo sustentable", añade el texto.
Se quintuplica la reserva
Sir Ghillean Prance, autoridad mundial en bosques tropicales, botánico y director científico del Eden Project, de Gran Bretaña, elogió el esfuerzo del Gobierno provincial por preservar lo único que queda de selva paranaense. “La selva misionera es la más importante para la preservación y es fundamental la continuidad de los esfuerzos”, dijo el científico, quien inició las negociaciones para ampliar la reserva en el año 2000, con el entonces gobernador Carlos Rovira.
Nicolás Laharrague, el director de Puerto Laharrague, recordó que en 1967 su abuelo, León, junto a Juan Alberto Harriet, fue quien donó las 999 hectáreas para crear el Parque Moconá. “Ahora se quintuplica la extensión”, explicó el ejecutivo que consideró de un “valor inconmensurable” a las propiedades, por estar en medio de la reserva y contener madera nativa y cientos de especies en su forma natural. Laharrague consideró fundamental que el asfalto llegue hasta los saltos del Moconá, porque permitirá que la zona crezca económicamente a través del turismo. “Mucha gente no podía ir por lo lejos y los costos de acceder con una 4x4 y ahora podrán hacerlo”, pronosticó.
Por su parte, el gobernador Maurice Closs señaló que el convenio firmado “ratifica una visión integral de conservación y de armonía con el medioambiente, que es la fortaleza de Misiones”.
“Son pasos de casi diez años que se cristalizan hoy y aumentan de modo exponencial las áreas protegidas a través del esfuerzo compartido del sector público, el privado y por eso mi agradecimiento a la familia Laharrague y a la fundación Frontera Verde, que gestionó los recursos para acceder a las propiedades. Es una obligación continuar con la preservación”, dijo el mandatario.
Además, dejó entrever que si la familia Harriet se niega a ceder las propiedades que permitirían ampliar el corredor verde en el corazón de Yabotí, “existen herramientas legales” para hacerlo.
Además, anticipó que se está trabajando con la fundación Frontera Verde para crear un instituto de Biodiversidad en Iguazú, con el afan de estudiar y preservar la naturaleza en el norte de la provincia.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Se sumará al Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. Se logró tras un acuerdo entre la empresa Laharrague, la Fundación Frontera Verde y el Gobierno de Misiones. La propiedad será preservada. Solo cinco por ciento se podrá destinar al uso turístico o de explotación económica
Medioambiente. El gobernador firma con Prance el acuerdo de preservación.
Ghillean Prance, una autoridad ecológica mundial, elogió la preservación de Misiones
La Provincia contará con una nueva reserva natural y cultural de cuatro mil hectáreas, conectada al Parque Provincial Moconá dentro de la Reserva de Biósfera Yabotí. El acuerdo para ampliar la zona de preservación se firmó ayer entre el Gobierno de Misiones, la Fundación Frontera Verde representada por sir Ghillean Tolmi Prance de Gran Bretaña y la familia Laharrague, que ya había donado las primeras mil hectáreas en la década del 60 para la creación del Parque Provincial Moconá.
En el acuerdo firmado por el gobernador Maurice Closs se garantiza a perpetuidad el uso de la tierra para las nueve comunidades guaraníes que habitan en el lugar, que cuentan con unos 600 aborígenes.
La nueva reserva conectará con el Moconá y queda un espacio, propiedad de la familia Harriet, que está siendo negociado, para conectar con el parque provincial Esmeralda, en el nucleo de Yabotí. El Gobierno mantiene abiertas las conversaciones, pero también, si persiste la negativa de Harriet SA de ceder las tierras, se podría avanzar en la declaración de utilidad pública.
Solo cinco por ciento de la nueva reserva podrá ser explotado turísticamente, mientras que el resto se preservará con el único fin de visitas o investigaciones científicas.
A partir de este acuerdo, la Fundación "Frontera Verde" y la empresa "El Moconá S.A." crean una nueva área protegida, la Reserva Natural Cultural Moconá, transfiriendo el 95 por ciento de la superficie del Lote 8 a la Fundación Frontera Verde, lo que implica una superficie aproximada de 4000 hectáreas. La Fundación lo destinará a la creación de un área protegida con características de Reserva Natural Cultural, "donde se implementarán actividades de conservación, restauración e investigación y otras complementarias y compatibles con dichos objetivos, procurando generar condiciones que permitan a las comunidades aborígenes que actualmente allí habitan desarrollar en forma autónoma y sustentable su cultura y tradicional modo de vida", expresa el acuerdo.
En el restante 5 por ciento del inmueble, la empresa desarrollará emprendimientos y actividades con finalidad turística, científica, recreativa y de conservación ambiental, dentro de los parámetros de turismo sustentable", añade el texto.
Se quintuplica la reserva
Sir Ghillean Prance, autoridad mundial en bosques tropicales, botánico y director científico del Eden Project, de Gran Bretaña, elogió el esfuerzo del Gobierno provincial por preservar lo único que queda de selva paranaense. “La selva misionera es la más importante para la preservación y es fundamental la continuidad de los esfuerzos”, dijo el científico, quien inició las negociaciones para ampliar la reserva en el año 2000, con el entonces gobernador Carlos Rovira.
Nicolás Laharrague, el director de Puerto Laharrague, recordó que en 1967 su abuelo, León, junto a Juan Alberto Harriet, fue quien donó las 999 hectáreas para crear el Parque Moconá. “Ahora se quintuplica la extensión”, explicó el ejecutivo que consideró de un “valor inconmensurable” a las propiedades, por estar en medio de la reserva y contener madera nativa y cientos de especies en su forma natural. Laharrague consideró fundamental que el asfalto llegue hasta los saltos del Moconá, porque permitirá que la zona crezca económicamente a través del turismo. “Mucha gente no podía ir por lo lejos y los costos de acceder con una 4x4 y ahora podrán hacerlo”, pronosticó.
Por su parte, el gobernador Maurice Closs señaló que el convenio firmado “ratifica una visión integral de conservación y de armonía con el medioambiente, que es la fortaleza de Misiones”.
“Son pasos de casi diez años que se cristalizan hoy y aumentan de modo exponencial las áreas protegidas a través del esfuerzo compartido del sector público, el privado y por eso mi agradecimiento a la familia Laharrague y a la fundación Frontera Verde, que gestionó los recursos para acceder a las propiedades. Es una obligación continuar con la preservación”, dijo el mandatario.
Además, dejó entrever que si la familia Harriet se niega a ceder las propiedades que permitirían ampliar el corredor verde en el corazón de Yabotí, “existen herramientas legales” para hacerlo.
Además, anticipó que se está trabajando con la fundación Frontera Verde para crear un instituto de Biodiversidad en Iguazú, con el afan de estudiar y preservar la naturaleza en el norte de la provincia.
El glifosato llegó a la Corte Suprema
El glifosato llegó a la Corte Suprema
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Los dos nombres emblemáticos
El glifosato es el agrotóxico más conocido de la producción de soja. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Se utilizan en el país unos 170 millones de litros por temporada. El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. La organización Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) lo conoce de cerca: “El insecticida endosulfán es un producto organoclorado que reviste la categoría de contaminante tóxico persistente, que se degrada muy lentamente, permaneciendo años en el medio, y aún se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua, con lo cual puede alcanzar zonas muy alejadas de aquéllas donde se aplica”.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Un recurso de amparo solicita la veda del veneno más usado en la industria sojera hasta que se determine su efecto sanitario.
“Se solicita se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación de glifosato y endosulfan –agrotóxicos básicos de la industria sojera– en todo el territorio nacional.” El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG también solicita que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apunta a Monsanto, la compañía líder del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentación judicial cita media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destaca la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
Con 36 carillas, la presentación describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrotóxicos, informa cuadros médicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroquímicos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. También requiere que la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud –creada en enero último para investigar los efectos de agroquímicos– “se expida definitivamente” sobre los efectos de los herbicidas. “Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos”, afirma la ONG, fundada en el año 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.
“Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidió contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)”, aclara el escrito.
La presentación ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprobó que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociación de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al máximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e indígenas.
“Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sabía a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enteró antes de las 10. Está claro que existen enormes intereses en juego”, reconoció el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.
La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El máximo tribunal puede fallar en pocos días (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentación. “La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino”, arriesgó el abogado, aunque también reconoció que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio país.
El amparo se fundamenta en la figura del “daño ambiental colectivo” (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentación judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el artículo 41 de la Constitución nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley”. Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, “tiene carácter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores daños en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las múltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)”.
En reiterados apartados, la presentación judicial apunta contra los organismos oficiales. “A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo.” La causa, que lleva el número 262/09, reclama la realización de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrotóxicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contención y tratamiento médicos adecuados. También solicita declaración testimonial del profesor de embriología y director del Laboratorio de Embriología, Andrés Carrasco, y del secretario de Ambiente.
Los dos nombres emblemáticos
El glifosato es el agrotóxico más conocido de la producción de soja. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto, líder internacional en agrotóxicos y blanco de las denuncias por contaminación ambiental y perjuicio sobre la salud. Se utilizan en el país unos 170 millones de litros por temporada. El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas en algodón, tabaco, sorgo y soja, entre otros. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. La organización Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) lo conoce de cerca: “El insecticida endosulfán es un producto organoclorado que reviste la categoría de contaminante tóxico persistente, que se degrada muy lentamente, permaneciendo años en el medio, y aún se traslada a grandes distancias arrastrado por las corrientes de aire y de agua, con lo cual puede alcanzar zonas muy alejadas de aquéllas donde se aplica”.
Evitar la emisión de gases de la deforestación
Argentina elabora una estrategia nacional para evitar la emisión de gases provenientes de la deforestación
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Nazareno Castillo, aseguró que se encuentra en marcha la creación de una estrategia nacional para la reducción de gases de la deforestación. Esta iniciativa contribuirá “no sólo a mitigar el cambio climático” sino también a “preservar la biodiversidad y la vida de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia”, explicó el funcionario.
Castillo cerró el Curso-Taller "Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD). Metodologías, Opciones y Perspectivas” que se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Nación ante un auditorio de más de cien especialistas de las carteras de Economía, Energía e Industria, entre otros organismos públicos; ONGs y centros académicos.
Actualmente “se encuentra en elaboración una estrategia nacional sobre deforestación evitada”, afirmó Castillo y agregó que para ello, “se abrió una ronda de consultas entre la Secretaría de Ambiente, de Agricultura, la Administración de Parques Nacionales y otras dependencias de Estado” vinculadas a la temática.
El manejo sustentable de los bosques permite “la protección de otros recursos como el suelo o el agua”, indispensable para la vida de numerosas comunidades. En este sentido, la estrategia nacional de REDD, que busca disminuir los gases derivados de la deforestación, junto con la reciente reglamentación de la Ley de Bosques, no sólo “será clave en la lucha contra el calentamiento global” sino también para el bienestar de las comunidades que viven asociadas a los bosques”, expresó el funcionario.
“El mecanismo de REDD es una opción, de bajo costo y a corto plazo, dentro de las políticas de mitigación de emisiones que existen tanto para reducir como para capturar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera”, reseñó Castillo.
En esa línea, durante el año pasado Argentina fue seleccionada para recibir financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF; por sus siglas en inglés) a los fines de generar experiencias y capacidades en REDD, que ayudarán a darle impulso a la temática de cara a la próxima COP 15 en Copenhague, donde se acordará la institucionalidad internacional del mecanismo dentro del nuevo régimen climático.
Fecha de Publicación: 16/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El Director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación, Nazareno Castillo, aseguró que se encuentra en marcha la creación de una estrategia nacional para la reducción de gases de la deforestación. Esta iniciativa contribuirá “no sólo a mitigar el cambio climático” sino también a “preservar la biodiversidad y la vida de las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia”, explicó el funcionario.
Castillo cerró el Curso-Taller "Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD). Metodologías, Opciones y Perspectivas” que se desarrolló en la Secretaría de Ambiente de Nación ante un auditorio de más de cien especialistas de las carteras de Economía, Energía e Industria, entre otros organismos públicos; ONGs y centros académicos.
Actualmente “se encuentra en elaboración una estrategia nacional sobre deforestación evitada”, afirmó Castillo y agregó que para ello, “se abrió una ronda de consultas entre la Secretaría de Ambiente, de Agricultura, la Administración de Parques Nacionales y otras dependencias de Estado” vinculadas a la temática.
El manejo sustentable de los bosques permite “la protección de otros recursos como el suelo o el agua”, indispensable para la vida de numerosas comunidades. En este sentido, la estrategia nacional de REDD, que busca disminuir los gases derivados de la deforestación, junto con la reciente reglamentación de la Ley de Bosques, no sólo “será clave en la lucha contra el calentamiento global” sino también para el bienestar de las comunidades que viven asociadas a los bosques”, expresó el funcionario.
“El mecanismo de REDD es una opción, de bajo costo y a corto plazo, dentro de las políticas de mitigación de emisiones que existen tanto para reducir como para capturar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera”, reseñó Castillo.
En esa línea, durante el año pasado Argentina fue seleccionada para recibir financiación del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF; por sus siglas en inglés) a los fines de generar experiencias y capacidades en REDD, que ayudarán a darle impulso a la temática de cara a la próxima COP 15 en Copenhague, donde se acordará la institucionalidad internacional del mecanismo dentro del nuevo régimen climático.
Ley prohíbe actividad agrícola en islas entrerrianas
Aprobaron la ley que prohíbe la actividad agrícola en islas entrerrianas
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Entre Ríos
Presentaron un proyecto para destinar fondos económicos a las escuelas sitas en las islas de Victoria. La norma busca proteger el humedal del Delta entrerriano
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó ayer el proyecto de ley por el que quedó prohibida la siembra en las islas existentes sobre el delta del río Paraná y sus adyacentes, con la intención de promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
La norma, autoría del diputado justicialista Juan Carlos Almada, comprenderá las islas ubicadas dentro la jurisdicción provincial en el área del delta entrerriano, sean estas de dominio público o privado, que comienza a la altura de la ciudad de Diamante frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe y termina en las islas del Ibicuy.
Los productores o empresas multinacionales “no podrán sembrar trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo, forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual sean estos de alta o baja toxicidad, independientemente de las autorizaciones o restricciones de uso” en la ley vigente.
La legislación apunta a promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del Delta del Paraná. En los argumentos se detalló que “la extensión lineal es de 320 kilómetros, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 kilómetros frente a Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 kilómetros sobre el frente de la desembocadura al río de la Plata”.
Será autoridad de aplicación de la norma la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Recursos Naturales, que quedará facultada para establecer sanciones, coordinar acciones o suscribir convenios específicos de cooperación con otros organismos estatales.
“En Victoria y la zona hay una gran preocupación por este tema. Hay más de 1 millón de hectáreas desde Puerto Gaboto, frente a Diamante hasta el límite con Buenos Aires, y la idea es preservarla. Es que informaciones como la vertida últimamente, sobre el sobre el alto porcentaje de las 190.000 hectáreas de islas que posee la provincia han sido registradas en Catastro por particulares, realmente nos ponen en alerta y nos preocupan”, señaló Almada.
Escuela de islas
El senador por el Departamento Victoria, Carlos Garbelino, presentó ayer un proyecto de Ley en el que se propone crear un fondo específico para mejorar la estructura edilicia de las 11 escuelas ubicada en las Islas del Departamento Victoria y dotarlas del equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento. Este fondo será independiente de los recursos que se les asigne a través del Consejo General de Educación.
Según explicó Garbelino, los fondos saldrían del 40% de lo recaudado por el gobierno provincial en concepto de arrendamientos de las islas fiscales ubicadas en el Departamento Victoria. Dicho porcentaje se calculará previa deducción del monto que corresponda coparticipar al municipio de conformidad a la legislación vigente. Garbelino comentó que en promedio los aportes serían cercanos a los 200.000 pesos por año. La Dirección Departamental de Escuelas de Victoria será la responsable de administrar el fondo, para lo cual tendrá una cuenta bancaria específica en la sucursal Victoria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. El Consejo General de Educación será organismo de supervisión y asesoramiento en relación al fondo creado.
El legislador dejó en claro que la norma sólo alcanza a Victoria. Además explicó que la ley está impulsada “por una necesidad, que es totalmente particular, ya que tenemos un vasto territorio determinado por zona de islas”. También arguyó que con la legislación se “busca dotar con servicios educativos a la zona”, y agregó: “Este es un reclamo permanente de la comunidad educativa de cada una de ellas, por las dificultades notorias que tienen a la hora de funcionar”.
Para Garbelino, la creación del fondo específico significa “un acto de estricta justicia social” y una forma de “redistribuir los recursos que se generan por el arrendamiento de las islas fiscales del Departamento”; de esta manera no se afectan otros presupuestos sino que simplemente se redirecciona un fondo que pertenece a la región.
Sector forestal
Hoy a las 9, en el recinto de la Cámara alta, impulsadas por el senador del Departamento Uruguay, Carlos Schepens, habrá un encuentro en el que autoridades de la Asociación Forestal Argentina harán una presentación para mostrar la situación y potencialidad del sector, que puede ser una herramienta de desarrollo económico y social sostenible.
Los dirigentes que harán la presentación participaron del acto realizado en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la prórroga por 10 años de los alcances de la Ley de Forestación, sancionada en 1999. Se trata de la Ley Nº 25.080, que puso en marcha un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, entre otros aspectos.
En el encuentro de ayer estuvo presente el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Al anunciar la prórroga por una nueva década de la ley, la presidenta sostuvo que “apostar a la actividad forestal es parte del modelo que sostenemos desde 2003, orientado a la reindustrialización del país y, en eso, es clave la actividad maderera”.
Se informó que hoy se darán detalles sobre la importancia de la gestión forestal en la creación de fuentes de empleo. Además uno de los ejes será mostrar cómo el sector tiene un potencial importante para dar respuesta a la crisis económica y medioambiental que golpea sectores del planeta.
Entre Ríos se encuentra en una posición de privilegio para desarrollar bosques cultivados, porque está en una de las regiones del mundo con mayores ventajas para su expansión en el mediano plazo. La creación de bosques cultivados se relaciona con la búsqueda de mecanismos que morigeren el impacto del cambio climático y con la promoción de energía y productos renovables.
Al encuentro han sido invitados también funcionarios de la Secretaría de la Producción.
Sin diputados
La sesión de la Cámara de Diputados que se iba a desarrollar hoy a las 10 fue suspendida hasta la próxima semana, con día y hora a confirmar. En tanto ayer se reunieron las comisiones de Tierras, Código Ambiental, y a la tarde se reunirá la comisión de Salud, a la que asistirá el ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano.
Fecha de Publicación: 15/04/2009
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Entre Ríos
Presentaron un proyecto para destinar fondos económicos a las escuelas sitas en las islas de Victoria. La norma busca proteger el humedal del Delta entrerriano
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó ayer el proyecto de ley por el que quedó prohibida la siembra en las islas existentes sobre el delta del río Paraná y sus adyacentes, con la intención de promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del humedal.
La norma, autoría del diputado justicialista Juan Carlos Almada, comprenderá las islas ubicadas dentro la jurisdicción provincial en el área del delta entrerriano, sean estas de dominio público o privado, que comienza a la altura de la ciudad de Diamante frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe y termina en las islas del Ibicuy.
Los productores o empresas multinacionales “no podrán sembrar trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo, forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual sean estos de alta o baja toxicidad, independientemente de las autorizaciones o restricciones de uso” en la ley vigente.
La legislación apunta a promover la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del Delta del Paraná. En los argumentos se detalló que “la extensión lineal es de 320 kilómetros, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 kilómetros frente a Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 kilómetros sobre el frente de la desembocadura al río de la Plata”.
Será autoridad de aplicación de la norma la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, Economías Regionales y Recursos Naturales, que quedará facultada para establecer sanciones, coordinar acciones o suscribir convenios específicos de cooperación con otros organismos estatales.
“En Victoria y la zona hay una gran preocupación por este tema. Hay más de 1 millón de hectáreas desde Puerto Gaboto, frente a Diamante hasta el límite con Buenos Aires, y la idea es preservarla. Es que informaciones como la vertida últimamente, sobre el sobre el alto porcentaje de las 190.000 hectáreas de islas que posee la provincia han sido registradas en Catastro por particulares, realmente nos ponen en alerta y nos preocupan”, señaló Almada.
Escuela de islas
El senador por el Departamento Victoria, Carlos Garbelino, presentó ayer un proyecto de Ley en el que se propone crear un fondo específico para mejorar la estructura edilicia de las 11 escuelas ubicada en las Islas del Departamento Victoria y dotarlas del equipamiento necesario para un adecuado funcionamiento. Este fondo será independiente de los recursos que se les asigne a través del Consejo General de Educación.
Según explicó Garbelino, los fondos saldrían del 40% de lo recaudado por el gobierno provincial en concepto de arrendamientos de las islas fiscales ubicadas en el Departamento Victoria. Dicho porcentaje se calculará previa deducción del monto que corresponda coparticipar al municipio de conformidad a la legislación vigente. Garbelino comentó que en promedio los aportes serían cercanos a los 200.000 pesos por año. La Dirección Departamental de Escuelas de Victoria será la responsable de administrar el fondo, para lo cual tendrá una cuenta bancaria específica en la sucursal Victoria del Nuevo Banco de Entre Ríos SA. El Consejo General de Educación será organismo de supervisión y asesoramiento en relación al fondo creado.
El legislador dejó en claro que la norma sólo alcanza a Victoria. Además explicó que la ley está impulsada “por una necesidad, que es totalmente particular, ya que tenemos un vasto territorio determinado por zona de islas”. También arguyó que con la legislación se “busca dotar con servicios educativos a la zona”, y agregó: “Este es un reclamo permanente de la comunidad educativa de cada una de ellas, por las dificultades notorias que tienen a la hora de funcionar”.
Para Garbelino, la creación del fondo específico significa “un acto de estricta justicia social” y una forma de “redistribuir los recursos que se generan por el arrendamiento de las islas fiscales del Departamento”; de esta manera no se afectan otros presupuestos sino que simplemente se redirecciona un fondo que pertenece a la región.
Sector forestal
Hoy a las 9, en el recinto de la Cámara alta, impulsadas por el senador del Departamento Uruguay, Carlos Schepens, habrá un encuentro en el que autoridades de la Asociación Forestal Argentina harán una presentación para mostrar la situación y potencialidad del sector, que puede ser una herramienta de desarrollo económico y social sostenible.
Los dirigentes que harán la presentación participaron del acto realizado en la localidad de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, donde la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la prórroga por 10 años de los alcances de la Ley de Forestación, sancionada en 1999. Se trata de la Ley Nº 25.080, que puso en marcha un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, entre otros aspectos.
En el encuentro de ayer estuvo presente el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Al anunciar la prórroga por una nueva década de la ley, la presidenta sostuvo que “apostar a la actividad forestal es parte del modelo que sostenemos desde 2003, orientado a la reindustrialización del país y, en eso, es clave la actividad maderera”.
Se informó que hoy se darán detalles sobre la importancia de la gestión forestal en la creación de fuentes de empleo. Además uno de los ejes será mostrar cómo el sector tiene un potencial importante para dar respuesta a la crisis económica y medioambiental que golpea sectores del planeta.
Entre Ríos se encuentra en una posición de privilegio para desarrollar bosques cultivados, porque está en una de las regiones del mundo con mayores ventajas para su expansión en el mediano plazo. La creación de bosques cultivados se relaciona con la búsqueda de mecanismos que morigeren el impacto del cambio climático y con la promoción de energía y productos renovables.
Al encuentro han sido invitados también funcionarios de la Secretaría de la Producción.
Sin diputados
La sesión de la Cámara de Diputados que se iba a desarrollar hoy a las 10 fue suspendida hasta la próxima semana, con día y hora a confirmar. En tanto ayer se reunieron las comisiones de Tierras, Código Ambiental, y a la tarde se reunirá la comisión de Salud, a la que asistirá el ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano.
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