Pasivo ambiental en la cuenca neuquina
15:50 | 
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Eco Sitio |
La Corte Suprema cita a gobiernos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
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