San Luis quiere más áreas naturales protegidas
08:28 | 
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Buscan ampliar el sistema de áreas naturales protegidas
Fecha de Publicación: 24/06/2013
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El Ejecutivo puntano quiere que los ciudadanos sean protagonistas del cuidado del medio ambiente y no sólo simples espectadores. Por eso envió a la Legislatura un proyecto de ley por el que se amplía el sistema de áreas naturales protegidas en la provincia. La idea es que a los parques que ya son administrados por el Estado, ahora se le agreguen campos privados que tengan una variedad de flora y fauna que amerite su protección.
El concepto central de la norma, que abarca también los terrenos municipales y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está en el reconocimiento de que los gobiernos necesitan colaboración para la protección de la naturaleza. Esto queda reflejado en los fundamentos de la ley, en donde se establece que “es materialmente imposible que los estados asuman y puedan abarcar todos los aspectos de esta tarea” ya que en el país “el sistema de áreas protegidas no es lo suficientemente grande ni representativo de la diversidad que existe en los ambientes naturales”.
“Los criterios para que un campo privado pueda transformarse en un área natural dependerán de las condiciones necesarias para proteger a una determinada especie.
Puede ser el trayecto de un curso de agua o, por ejemplo, para el caso del venado de las pampas, extensiones más amplias adecuadas al hábitat de este animal”, afirmó Karim Alume, diputado provincial por el Movimiento de Integración y Desarrollo.
Los interesados en ofrecer una porción o la integridad de su inmueble al sistema deberán suscribir un acuerdo con el Gobierno de San Luis que tendrá una vigencia mínima de 25 años, un plazo que llega a los 50 años para los terrenos municipales.
Los propietarios que adhieran a la nueva ley de áreas naturales protegidas harán mucho por la conservación del medio ambiente.
Para reconocer esta acción, el Estado ofrecerá incentivos como exenciones en los impuestos inmobiliarios y de Ingresos Brutos y subsidios en el caso de contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión Social.
Progreso
La ley subraya que el cuidado de la diversidad biológica en los terrenos privados no es un acto disociado de su aprovechamiento económico. En los fundamentos se puede leer que los que adhieran al sistema podrán estar incluídos en categorías que van de la conservación estricta "hasta modelos productivos sustentables".
Además el texto reconoce que si los campos y terrenos son administrados de manera racional "ofrecen oportunidades de empleo y de medios alternativos de subsistencia a las personas que viven dentro de ellas” y que está "la posibilidad de generar ingresos alternativos a través de la protección de la biodiversidad".
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Fecha de Publicación: 24/06/2013
Fuente: El Diario de la República
Provincia/Región: San Luis
El Ejecutivo puntano quiere que los ciudadanos sean protagonistas del cuidado del medio ambiente y no sólo simples espectadores. Por eso envió a la Legislatura un proyecto de ley por el que se amplía el sistema de áreas naturales protegidas en la provincia. La idea es que a los parques que ya son administrados por el Estado, ahora se le agreguen campos privados que tengan una variedad de flora y fauna que amerite su protección.El concepto central de la norma, que abarca también los terrenos municipales y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está en el reconocimiento de que los gobiernos necesitan colaboración para la protección de la naturaleza. Esto queda reflejado en los fundamentos de la ley, en donde se establece que “es materialmente imposible que los estados asuman y puedan abarcar todos los aspectos de esta tarea” ya que en el país “el sistema de áreas protegidas no es lo suficientemente grande ni representativo de la diversidad que existe en los ambientes naturales”.
“Los criterios para que un campo privado pueda transformarse en un área natural dependerán de las condiciones necesarias para proteger a una determinada especie.
Puede ser el trayecto de un curso de agua o, por ejemplo, para el caso del venado de las pampas, extensiones más amplias adecuadas al hábitat de este animal”, afirmó Karim Alume, diputado provincial por el Movimiento de Integración y Desarrollo.
Los interesados en ofrecer una porción o la integridad de su inmueble al sistema deberán suscribir un acuerdo con el Gobierno de San Luis que tendrá una vigencia mínima de 25 años, un plazo que llega a los 50 años para los terrenos municipales.
Los propietarios que adhieran a la nueva ley de áreas naturales protegidas harán mucho por la conservación del medio ambiente.
Para reconocer esta acción, el Estado ofrecerá incentivos como exenciones en los impuestos inmobiliarios y de Ingresos Brutos y subsidios en el caso de contratar a beneficiarios del Plan de Inclusión Social.
Progreso
La ley subraya que el cuidado de la diversidad biológica en los terrenos privados no es un acto disociado de su aprovechamiento económico. En los fundamentos se puede leer que los que adhieran al sistema podrán estar incluídos en categorías que van de la conservación estricta "hasta modelos productivos sustentables".
Además el texto reconoce que si los campos y terrenos son administrados de manera racional "ofrecen oportunidades de empleo y de medios alternativos de subsistencia a las personas que viven dentro de ellas” y que está "la posibilidad de generar ingresos alternativos a través de la protección de la biodiversidad".
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Entre Ríos sigue dilatando una ley de agroquímicos
Agroquímicos: la ley llevará un tiempo más
Fecha de Publicación: 24/06/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La comisión de Producción del Senado y jefes vecinalistas debatieron durante la semana el proyecto de ley de agroquímicos.
Uno de los ejes de la reunión fue la manera de aplicar controles, de qué manera se puede fortalecer a la autoridad de aplicación para que pueda actuar rápidamente ante una situación anómala. Se hizo hincapié en la necesidad de participación de los profesionales que emiten la receta para realizar la aplicación en el proceso productivo.
Entre las conclusiones estuvo la de construir un comparativo de artículo por artículo con las incorporaciones acercadas por quienes participaron del encuentro de trabajo realizado hacia fines de marzo en la Bolsa de Cereales, donde estuvieron representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del INTA, de la Federación Agraria Argentina, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, del SENASA, además de entidades empresarias dedicadas a la comercialización de sustancias aplicadas a la producción, de la Federación de Cooperativas, miembros de la Sociedad Rural Argentina; del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, de la Federación del Citrus, entidades que agrupan a productores apícolas, de la Cámara Arbitral de Cereales, de la Asociación de Horticultores, comercializadores de frutas y hortalizas, de FARER; Concejales de varias ciudades; docentes y alumnos de la Escuela Rural Alberti; de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER; de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; representantes de la Asociación campesina Tierra Nuestra; entidades que agrupan a productores Tamberos y representantes de quinteros.
“La mayoría de ellos han enviado propuestas”, expresó Oscar Arlettaz, indicando que “ante tanta participación, tenemos que analizar toda la documental que nos han hecho llegar” y explicó que “uno de los temas más sensibles es el de la distancia entre zona con población y zona de fumigación”. Comentó que varios de los legisladores, en el caso de las escuelas rurales, coinciden en la posibilidad de generar una barrera arbórea.
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Fecha de Publicación: 24/06/2013
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
La comisión de Producción del Senado y jefes vecinalistas debatieron durante la semana el proyecto de ley de agroquímicos.
Uno de los ejes de la reunión fue la manera de aplicar controles, de qué manera se puede fortalecer a la autoridad de aplicación para que pueda actuar rápidamente ante una situación anómala. Se hizo hincapié en la necesidad de participación de los profesionales que emiten la receta para realizar la aplicación en el proceso productivo.
Entre las conclusiones estuvo la de construir un comparativo de artículo por artículo con las incorporaciones acercadas por quienes participaron del encuentro de trabajo realizado hacia fines de marzo en la Bolsa de Cereales, donde estuvieron representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del INTA, de la Federación Agraria Argentina, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, del SENASA, además de entidades empresarias dedicadas a la comercialización de sustancias aplicadas a la producción, de la Federación de Cooperativas, miembros de la Sociedad Rural Argentina; del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, de la Federación del Citrus, entidades que agrupan a productores apícolas, de la Cámara Arbitral de Cereales, de la Asociación de Horticultores, comercializadores de frutas y hortalizas, de FARER; Concejales de varias ciudades; docentes y alumnos de la Escuela Rural Alberti; de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER; de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; representantes de la Asociación campesina Tierra Nuestra; entidades que agrupan a productores Tamberos y representantes de quinteros.
“La mayoría de ellos han enviado propuestas”, expresó Oscar Arlettaz, indicando que “ante tanta participación, tenemos que analizar toda la documental que nos han hecho llegar” y explicó que “uno de los temas más sensibles es el de la distancia entre zona con población y zona de fumigación”. Comentó que varios de los legisladores, en el caso de las escuelas rurales, coinciden en la posibilidad de generar una barrera arbórea.
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Denuncian a Cristina, Zannini y De Vido por Atucha
Malversación: Cristina fue denunciada por Atucha
Fecha de Publicación: 23/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El abogado Juan Mussa presentó una denuncia contra Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Julio De Vido por la supuesta malversación de 2 mil millones de dólares en el marco de las reparaciones de las centrales Atucha I y II. También señala a Marcelo Tinelli. Posible estafa, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
En las últimas horas, el abogado y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia contra Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Julio De Vido por la eventual malversación de 2 mil millones de dólares en el marco de las reparaciones de las centrales Atucha I y II.
Dice el escrito: “Que en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a interponer denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, cohecho, encubrimiento, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, traición a la patria, Ley 26.734 Art. 5º, Art. 172, 173, 209, 248, 253, 303, 304, 305, 306,307 del Código Penal Argentino y/o los que VS. Determine se cometieron mediante la respectiva investigación”.
Los delitos habrían sido cometidos por el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zanini; el Ministro de Planificación, Julio De Vido y los Miembros del Consejo de Administración del Nucleoeléctrica Argentina S.A.
También aparece la firma K Electroingeniería y el conductor Marcelo Tinelli. A estos se suma Henisa Sudamericana S.A., DHN S.A., Siemens Argentina S.A. Vialco S.A., Grupo Eling S.A., y la Empresa de Transportes Plus Mar.
Mussa señala que, quienes pergeñaron las supuestas reparaciones de las Centrales Nucleares Atucha I y Atucha II, “en su comienzo fueron Néstor Kirchner, (Al fallecimiento del Ex presidente las supuestas obras aumentaron sus gastos) Marcelo Tinelli, Julio De Vido y el Ing. Antúnez”.
Y avanza el abogado: “Esta asociación Ilícita pergeñaron durante los años 2009 al 2012, a pesar que contrataron 10.000 trabajadores de la UOCRA jamás hicieron nada, que le digo a V.S. nunca en ese periodo se hizo nada, ninguna reparación, tal es así que los mismos trabajadores no entendían el por qué eran contratados, nunca se compraron insumos para procesar, ni si quiera se habían mantenimiento dentro de las Plantas, en su principio cobraban $ 22,- luego se llegaron a cobrar $ 52,- por Trabajador, pero las empresas que aquí enumero le facturaban al Estado Nacional $ 280,- por cada hora de los supuestos trabajadores”.
Mirá el texto completo de la denuncia haciendo clic acá
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Fecha de Publicación: 23/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El abogado Juan Mussa presentó una denuncia contra Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Julio De Vido por la supuesta malversación de 2 mil millones de dólares en el marco de las reparaciones de las centrales Atucha I y II. También señala a Marcelo Tinelli. Posible estafa, malversación de caudales públicos y lavado de dinero.En las últimas horas, el abogado y dirigente peronista Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia contra Cristina Kirchner, Carlos Zannini y Julio De Vido por la eventual malversación de 2 mil millones de dólares en el marco de las reparaciones de las centrales Atucha I y II.
Dice el escrito: “Que en los términos de los artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a interponer denuncia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de estafa, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, cohecho, encubrimiento, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, traición a la patria, Ley 26.734 Art. 5º, Art. 172, 173, 209, 248, 253, 303, 304, 305, 306,307 del Código Penal Argentino y/o los que VS. Determine se cometieron mediante la respectiva investigación”.
Los delitos habrían sido cometidos por el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zanini; el Ministro de Planificación, Julio De Vido y los Miembros del Consejo de Administración del Nucleoeléctrica Argentina S.A.
También aparece la firma K Electroingeniería y el conductor Marcelo Tinelli. A estos se suma Henisa Sudamericana S.A., DHN S.A., Siemens Argentina S.A. Vialco S.A., Grupo Eling S.A., y la Empresa de Transportes Plus Mar.
Mussa señala que, quienes pergeñaron las supuestas reparaciones de las Centrales Nucleares Atucha I y Atucha II, “en su comienzo fueron Néstor Kirchner, (Al fallecimiento del Ex presidente las supuestas obras aumentaron sus gastos) Marcelo Tinelli, Julio De Vido y el Ing. Antúnez”.
Y avanza el abogado: “Esta asociación Ilícita pergeñaron durante los años 2009 al 2012, a pesar que contrataron 10.000 trabajadores de la UOCRA jamás hicieron nada, que le digo a V.S. nunca en ese periodo se hizo nada, ninguna reparación, tal es así que los mismos trabajadores no entendían el por qué eran contratados, nunca se compraron insumos para procesar, ni si quiera se habían mantenimiento dentro de las Plantas, en su principio cobraban $ 22,- luego se llegaron a cobrar $ 52,- por Trabajador, pero las empresas que aquí enumero le facturaban al Estado Nacional $ 280,- por cada hora de los supuestos trabajadores”.
Mirá el texto completo de la denuncia haciendo clic acá
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Pascua Lama: el Chile dan voz a Argentinos
Organizaciones en Argentina subrayan amenaza hídrica del proyecto Pascua Lama
Fecha de Publicación: 23/06/2013
Fuente: Diario U Chile
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Paralizado está en Chile el proyecto Pascua Lama, luego de recibir una serie de sanciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, continúa la preocupación, sobre todo, en el lado argentino de la iniciativa. Además, destacados académicos y especialistas ambientales del vecino país, se refirieron a la magnitud del proyecto y del tratado binacional y apuntando a la creación vía jurídica de un verdadero “Tercer Estado”: el de Barrick Gold.
El proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold sigue siendo tema de foros, discusiones y debates en el país trasandino.
Una de las mayores preocupaciones de los académicos es los efectos que tendrá sobre el recurso hídrico, pero no sólo los glaciares, ya que la legislación argentina los protege, sino que del agua subterránea e incluso el agua superficial.
Conversamos con Carlos María Pagano, académico de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Salta, quien puso el acento en este tema: “Para Barrick, toda el agua es poca. En la provincia de San Juan, donde está Barrick, tiene cuatro años de emergencia hídrica, algo que nunca pasó antes. Es una provincia semidesértica y depende de la Cordillera de los Andes, como depende Chile también”.
El ambientalista indicó que a la escasez se suma el riesgo de la contaminación de las napas subterráneas con cianuro, tóxico que se utiliza para la extracción del oro. En ese sentido, Pagano afirmó que, se corre el riesgo de que Argentina y Chile no puedan garantizar el acceso al agua como derecho humano en estos sectores y añadió que la magnitud de los posibles daños del proyecto es inmensa.
La investigadora de la Universidad Nacional de Córdova, Mirta Antonelli, indicó que esto es aún más grave cuando la normativa para la megaminería en Argentina entrega el uso del subsuelo sólo al capital privado y prohíbe al Estado disponer de su desarrollo.
La también autora del libro “Minería Transnacional”, puso la alerta sobre los reales alcances del tratado binacional argentino chileno, indicando que está claramente diseñado para el negocio minero. “Allí no hay ninguna retórica como la de los discursos presidenciales que hablan de la hermandad o de transponer las fronteras que separan los países hermanos. Esa retórica, cuando uno lee el tratado, ve que es solo eso, una retórica, porque el tratado es sumamente explícito”.
Además, profundizo sobre los alcances que tiene Pascua Lama y que podrían significar serias dificultades para ambos países en el futuro: “Se considera el primer yacimiento bilateral en el mundo, la primera explotación a gran escala en zona de frontera. Ese tratado modifica la relación entre soberanía y territorio, porque ese tratado cede el territorio a las transnacionales, que coincide con las cuencas hídricas que nacen en la cordillera”.
La académica añadió que se ha hablado muy poco de esto que, afirmó, “definitivamente ha trastocado las relaciones entre soberanía y territorio. Se llama así, tercer Estado, porque efectivamente ya no pertenece ni a Argentina ni a Chile”.
Y lo peor, afirmó, al inicio los derechos fueron entregados a Barrick, pero luego se amplió con la firma sucesiva de lo que se llaman actas complementarias, que se extendieron hacia el norte y sur, de Pascua y de Lama, para habilitar toda la frontera como un territorio para la ocupación de las transnacional”. Esto, advirtió Antonelli, puede traer serias consecuencias, no solo a los dos países, sino que, por sobre todo, a sus ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 23/06/2013
Fuente: Diario U Chile
Provincia/Región: Nacional - San Juan
Paralizado está en Chile el proyecto Pascua Lama, luego de recibir una serie de sanciones por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, continúa la preocupación, sobre todo, en el lado argentino de la iniciativa. Además, destacados académicos y especialistas ambientales del vecino país, se refirieron a la magnitud del proyecto y del tratado binacional y apuntando a la creación vía jurídica de un verdadero “Tercer Estado”: el de Barrick Gold.El proyecto minero de la empresa canadiense Barrick Gold sigue siendo tema de foros, discusiones y debates en el país trasandino.
Una de las mayores preocupaciones de los académicos es los efectos que tendrá sobre el recurso hídrico, pero no sólo los glaciares, ya que la legislación argentina los protege, sino que del agua subterránea e incluso el agua superficial.
Conversamos con Carlos María Pagano, académico de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Salta, quien puso el acento en este tema: “Para Barrick, toda el agua es poca. En la provincia de San Juan, donde está Barrick, tiene cuatro años de emergencia hídrica, algo que nunca pasó antes. Es una provincia semidesértica y depende de la Cordillera de los Andes, como depende Chile también”.
El ambientalista indicó que a la escasez se suma el riesgo de la contaminación de las napas subterráneas con cianuro, tóxico que se utiliza para la extracción del oro. En ese sentido, Pagano afirmó que, se corre el riesgo de que Argentina y Chile no puedan garantizar el acceso al agua como derecho humano en estos sectores y añadió que la magnitud de los posibles daños del proyecto es inmensa.
La investigadora de la Universidad Nacional de Córdova, Mirta Antonelli, indicó que esto es aún más grave cuando la normativa para la megaminería en Argentina entrega el uso del subsuelo sólo al capital privado y prohíbe al Estado disponer de su desarrollo.
La también autora del libro “Minería Transnacional”, puso la alerta sobre los reales alcances del tratado binacional argentino chileno, indicando que está claramente diseñado para el negocio minero. “Allí no hay ninguna retórica como la de los discursos presidenciales que hablan de la hermandad o de transponer las fronteras que separan los países hermanos. Esa retórica, cuando uno lee el tratado, ve que es solo eso, una retórica, porque el tratado es sumamente explícito”.
Además, profundizo sobre los alcances que tiene Pascua Lama y que podrían significar serias dificultades para ambos países en el futuro: “Se considera el primer yacimiento bilateral en el mundo, la primera explotación a gran escala en zona de frontera. Ese tratado modifica la relación entre soberanía y territorio, porque ese tratado cede el territorio a las transnacionales, que coincide con las cuencas hídricas que nacen en la cordillera”.
La académica añadió que se ha hablado muy poco de esto que, afirmó, “definitivamente ha trastocado las relaciones entre soberanía y territorio. Se llama así, tercer Estado, porque efectivamente ya no pertenece ni a Argentina ni a Chile”.
Y lo peor, afirmó, al inicio los derechos fueron entregados a Barrick, pero luego se amplió con la firma sucesiva de lo que se llaman actas complementarias, que se extendieron hacia el norte y sur, de Pascua y de Lama, para habilitar toda la frontera como un territorio para la ocupación de las transnacional”. Esto, advirtió Antonelli, puede traer serias consecuencias, no solo a los dos países, sino que, por sobre todo, a sus ciudadanos.
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El ingenio Santa Rosa tiene prohibido acumular vinaza
Prohiben que un ingenio acumule vinaza en piletas
Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El ingenio Santa Rosa deberá desactivar de manera definitiva piletas de almacenamiento de vinaza. Así lo confirmó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente provincial (SEMA), que ordenó además a la empresa poner en marcha un plan de disposición del desecho fabril que estaba contenido en esos lugares.
La disposición fue confirmada mediante la Resolución 174 de la Dirección de Medio Ambiente de la SEMA. "Con esta medida se completó la etapa de inhabilitación de todas las piletas de almacenamiento de vinaza de los ingenios que destilan alcohol en la provincia", informó el organismo en un comunicado.
La SEMA repasó también las disposiciones oficiales que se ejecutaron como resultados de los controles del organismo en los ingenios que destilan alcohol. "El ingenio Concepción no almacena más vinaza en el canal DP2; el ingenio La Florida ya no deposita el residuo en el canal del Este y en El Troncal; La Corona no utiliza más los predios ubicados en Sud de Los Trejos; Leales tiene las piletas vacías y sólo podrá acumular en el marco de la Resolución 28; Santa Bárbara ha clausurado la recepción de vinaza por seis meses y procede a la adecuación de las lagunas para evaporación; Trinidad deposita en terrenos ubicados en la localidad de Austerlitz y en suelos salinos", detalló el informe.
La Resolución 28 permite a los ingenios depositar vinaza en pulmones temporarios, con una capacidad de almacenamiento de 25 días de destilación. El organismo aclaró que el subproducto de fábrica "sólo podrá ser utilizado en riego de suelos y salinos, con el propósito final de asegurar que no se volcará a los cauces hídricos".
"Se nos informó que debido a las lluvias y por la falta de descarga de los depósitos, existía el riesgo cierto de que desbordaran y contaminen. Ante ello, se hizo una constatación y se tomó esa medida", dijo Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, sobre la medida adoptada sobre el ingenio Santa Rosa.
También ratificó que el establecimiento tiene la posibilidad de depositar vinaza en los pulmones temporarios.
Montalván expresó que antes que finalicen los 25 días de destilación, según establece la normativa, Santa Rosa deberá habilitar los nuevos depósitos que están previstos y que se encuentran en la etapa de finalización, en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI).
Informe de la SEMA
Dentro del informe de control de zafra de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente afirmó que se realizaron 127 inspecciones y auditorias en ese período. De ese número, 21 visitas se efectuaron en citrícolas, 100 en ingenios y destilerías y seis a otras plantas relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales. Las fiscalizaciones se concretaron en el marco del convenio para el control de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, firmado por los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, e industrias locales. La Defensoría del Pueblo santiagueña participó en las inspecciones también.
Según la SEMA, las multas a ingenios y citrícolas superaron el $ 1,1 millón desde 2011. "Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como ser comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo", comentó el organismo días atrás.
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Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
El ingenio Santa Rosa deberá desactivar de manera definitiva piletas de almacenamiento de vinaza. Así lo confirmó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente provincial (SEMA), que ordenó además a la empresa poner en marcha un plan de disposición del desecho fabril que estaba contenido en esos lugares.La disposición fue confirmada mediante la Resolución 174 de la Dirección de Medio Ambiente de la SEMA. "Con esta medida se completó la etapa de inhabilitación de todas las piletas de almacenamiento de vinaza de los ingenios que destilan alcohol en la provincia", informó el organismo en un comunicado.
La SEMA repasó también las disposiciones oficiales que se ejecutaron como resultados de los controles del organismo en los ingenios que destilan alcohol. "El ingenio Concepción no almacena más vinaza en el canal DP2; el ingenio La Florida ya no deposita el residuo en el canal del Este y en El Troncal; La Corona no utiliza más los predios ubicados en Sud de Los Trejos; Leales tiene las piletas vacías y sólo podrá acumular en el marco de la Resolución 28; Santa Bárbara ha clausurado la recepción de vinaza por seis meses y procede a la adecuación de las lagunas para evaporación; Trinidad deposita en terrenos ubicados en la localidad de Austerlitz y en suelos salinos", detalló el informe.
La Resolución 28 permite a los ingenios depositar vinaza en pulmones temporarios, con una capacidad de almacenamiento de 25 días de destilación. El organismo aclaró que el subproducto de fábrica "sólo podrá ser utilizado en riego de suelos y salinos, con el propósito final de asegurar que no se volcará a los cauces hídricos".
"Se nos informó que debido a las lluvias y por la falta de descarga de los depósitos, existía el riesgo cierto de que desbordaran y contaminen. Ante ello, se hizo una constatación y se tomó esa medida", dijo Alfredo Montalván, secretario de Medio Ambiente, sobre la medida adoptada sobre el ingenio Santa Rosa.
También ratificó que el establecimiento tiene la posibilidad de depositar vinaza en los pulmones temporarios.
Montalván expresó que antes que finalicen los 25 días de destilación, según establece la normativa, Santa Rosa deberá habilitar los nuevos depósitos que están previstos y que se encuentran en la etapa de finalización, en el marco del Plan de Reconversión Industrial (PRI).
Informe de la SEMA
Dentro del informe de control de zafra de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente afirmó que se realizaron 127 inspecciones y auditorias en ese período. De ese número, 21 visitas se efectuaron en citrícolas, 100 en ingenios y destilerías y seis a otras plantas relacionadas con alimentos, papel y tratamiento de líquidos cloacales. Las fiscalizaciones se concretaron en el marco del convenio para el control de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, firmado por los gobiernos de Tucumán y Santiago del Estero, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de la Nación, e industrias locales. La Defensoría del Pueblo santiagueña participó en las inspecciones también.
Según la SEMA, las multas a ingenios y citrícolas superaron el $ 1,1 millón desde 2011. "Estas multas se hallan firmes y otras en proceso como ser comunicación para cobro judicial conforme a la nueva ley de trámite rápido y de embargo preventivo", comentó el organismo días atrás.
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La otra cara de la soja, la desertificación
Argentina: desertificación, lado escondido del boom granario
Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores: "Si en los márgenes brutos de las explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
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Fecha de Publicación: 22/06/2013
Fuente: Comunicación Ambiental
Provincia/Región: Nacional
"En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido, un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Allí se alerta: "Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave.
"Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
El informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano, correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es decir, como bien analizan los autores: "Si en los márgenes brutos de las explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo de desertificación. Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
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Seis especies de aves argentinas en estado crítico
Seis especies de aves argentinas a punto de extinguirse
Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Es un informe de Bird Life Internacional. Son más de mil especies las que están amenazadas y cerca de 200, en estado crítico a nivel mundial.
Una de cada ocho especies de aves del planeta está en peligro, según el último informe presentado por la ONG Bird Life Internacional. De las más de 10 mil especies analizadas, 1.313 están amenazadas de extinción (ver galería de fotos).
De ellas, 189 están consideradas como “en peligro crítico”. Desde el año 1500 se estima que se han perdido ya 150 especies de aves, un ritmo de desaparición que supera varias veces la pauta natural de extinción.
En Argentina fueron relevadas 993 especies de aves. De ellas, 50 están amenazadas, lo que representa el seis por ciento del total.
Hay seis especies que están en estado crítico en nuestro país. Son el guacamayo glauco, la tortolita alipúrpura, el albatros de Tristán, el pato serrucho, el playero polar y el macá tobiano.
Pruebas. El descenso de las poblaciones de aves del planeta aporta evidencias del rápido deterioro que sufre el medio ambiente global y que está afectando a toda la vida sobre la Tierra, incluido el género humano, concluye el informe de la organización conservacionista.
Y agrega que a pesar de ello, los éxitos obtenidos en la recuperación de algunas especies amenazadas demuestran que restaurar el planeta es posible y que se puede hacer a un costo relativamente bajo.
Amenazas. Las dos principales amenazas son la destrucción y degradación del hábitat, en buena parte por las prácticas agrícolas, y el impacto de las especies invasoras.
“Los pájaros son un barómetro ambiental certero y fácil de leer y que permite ver claramente las presiones que nuestra actual forma de vida está provocando en el medio ambiente”, afirmó Leon Bennun, director científico de BirdLife International.
Las aves más grandes y las de tasas de reproducción más baja son las más afectadas. Es el caso de los albatros, grullas, cotorras y faisanes.
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Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Es un informe de Bird Life Internacional. Son más de mil especies las que están amenazadas y cerca de 200, en estado crítico a nivel mundial.Una de cada ocho especies de aves del planeta está en peligro, según el último informe presentado por la ONG Bird Life Internacional. De las más de 10 mil especies analizadas, 1.313 están amenazadas de extinción (ver galería de fotos).
De ellas, 189 están consideradas como “en peligro crítico”. Desde el año 1500 se estima que se han perdido ya 150 especies de aves, un ritmo de desaparición que supera varias veces la pauta natural de extinción.
En Argentina fueron relevadas 993 especies de aves. De ellas, 50 están amenazadas, lo que representa el seis por ciento del total.
Hay seis especies que están en estado crítico en nuestro país. Son el guacamayo glauco, la tortolita alipúrpura, el albatros de Tristán, el pato serrucho, el playero polar y el macá tobiano.
Pruebas. El descenso de las poblaciones de aves del planeta aporta evidencias del rápido deterioro que sufre el medio ambiente global y que está afectando a toda la vida sobre la Tierra, incluido el género humano, concluye el informe de la organización conservacionista.
Y agrega que a pesar de ello, los éxitos obtenidos en la recuperación de algunas especies amenazadas demuestran que restaurar el planeta es posible y que se puede hacer a un costo relativamente bajo.
Amenazas. Las dos principales amenazas son la destrucción y degradación del hábitat, en buena parte por las prácticas agrícolas, y el impacto de las especies invasoras.
“Los pájaros son un barómetro ambiental certero y fácil de leer y que permite ver claramente las presiones que nuestra actual forma de vida está provocando en el medio ambiente”, afirmó Leon Bennun, director científico de BirdLife International.
Las aves más grandes y las de tasas de reproducción más baja son las más afectadas. Es el caso de los albatros, grullas, cotorras y faisanes.
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Todavía no remediaron pero la CNEA quiere más uranio
La CNEA insiste en la reapertura de la mina de uranio
Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La intención del gobierno nacional de construir una nueva central Atucha con la participación de empresarios rusos, reabre el debate sobre el futuro de la explotación de uranio en Argentina. En contrapartida, los sanrafaelinos siguen reclamando la remediación de los pasivos contaminantes.
En las últimos días comenzó a hablarse de que empresarios rusos desembarcarían en el país para trabajar en nuevas centrales de energía nuclear, en el marco del "Plan Nuclear Argentino", un viejo anhelo del gobierno nacional que comenzó con la terminación de Atucha II y ahora plantea la construcción de una tercera central en Zárate (Bs.As.) y el reactor Carem en Formosa.
La firma estatal rusa Rosatom, quiere participar de la construcción de nuevas centrales nucleares de uso pacífico en la Argentina. En este sentido, en nuestro país avanza en estudios sobre la extracción de uranio, materia prima fundamental desarrollar de este tipo de energía.
Argentina importa uranio de Kazajstán y Europa del Este, pero los precios en alza hacen pensar a los empresarios en reactivar la actividad minera en el país a pesar de la fuerte resistencia ciudadana.
Cada vez que se habla de energía nuclear, los ojos se posan sobre el complejo de Sierra Pintada, que es uno de los que los posibles sectores a reactivar a pesar de que aún no se remedió el pasivo ambiental y existe una fuerte oposición vecinal.
Las iniciativas más impulsadas (por su cantidad de reservas) son Sierra Pintada y Cerro Solo en Chubut, ambas están vedadas para su explotación. La sanrafaelina por la contaminación, la legislación vigente y el fuerte rechazo a su reapertura y la chubutense por ley provincial.
El objetivo de producir uranio sigue vigente y hay varias propuestas en boga. Por citar algunos ejemplos aparecen Los Gitantes en Córdoba, Don Otto en San Carlos (Salta), el conocido Sierra Pintada o Cerro Solo, Chubut, todos ellos con fuerte rechazo de las poblaciones y tres de los cuatro con una gran deuda de pasivo ambiental.
Voces
La remediación "significará en un notable impulso a la reanudación de las tareas de exploración y producción de concentrado de uranio" explica Ricardo de Dicco de Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas dando muestras de las intenciones de reabrir estos proyectos antes de 2019, según el plan de la CNEA.
El lobby también incluye otros testimonios como el del ingeniero de APCEAN Agustín Arbor González quien señala que el yacimiento local "tiene 6.000 toneladas de uranio. La Central Nuclear Atucha-I y la Central Nuclear Embalse consumen, juntas, 120 toneladas por año aproximadamente. La Central de Atucha II demanda alrededor de 90 toneladas anuales adicionales. Así, las tres centrales nucleares consumirían aproximadamente 200 toneladas/año. Una cuenta muy simple me indica que 6.000 toneladas de uranio, dividido 200 toneladas/año de consumo, me da igual a 30 años de reservas, sólo con la mina de Sierra Pintada (…) sin embargo continúa sin producir uranio. Urge la necesidad de reactivar la mina de Sierra Pintada".
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz de la Asociación Obrera Minera también habla a favor "en Sierra Pintada lo primero que se debe hacer es la remediación ambiental que corresponde y no lo podemos demorar más. Tenemos que ponernos todos los mendocinos de acuerdo en esto y ponerla en marcha porque necesitamos del uranio".
Vale destacar que a pesar del fuerte rechazo que genera este tipo de minería actualmente se están llevando a cabo prospección uranífera en Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Salta y Santa Cruz.
Rechazo
Desde varios sectores sanrafaelinos se muestran en contra de la propuesta. La Asamblea del Agua de San Rafael se pronunció varias veces contra la reapertura de Sierra Pintada.
En uno de sus comunicados plantea que "el legado de los años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena, resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos".
"En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación" destacan.
Multisectorial: “Tienen que remediar”
Al consultar a la Multisectorial del Sur, entidad pionera en la lucha contra Sierra Pintada, Ricardo Stradella dijo a nuestro diario que "nosotros seguimos sosteniendo que por sobre todas las cosas hay que remediar los pasivos ambientales".
"San Rafael nunca fue una zona minera, toda su existencia la basa en la fruta, el vino y el turismo y muy mal le puede venir que reabran la mina" expresó Stradella quien destacó que "primero que todo hay que remediar la zona. Después de eso se deberá ver que dice la sociedad sanrafaelina sobre la iniciativa".
"El tema está en la Corte Suprema y el Juez Federal determinó que había que arreglar los piletones por las pérdidas de material" recordó y de cara a futuro vaticinó que "habrá que ver que es lo que decide la justicia".
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Fecha de Publicación: 21/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La intención del gobierno nacional de construir una nueva central Atucha con la participación de empresarios rusos, reabre el debate sobre el futuro de la explotación de uranio en Argentina. En contrapartida, los sanrafaelinos siguen reclamando la remediación de los pasivos contaminantes.
En las últimos días comenzó a hablarse de que empresarios rusos desembarcarían en el país para trabajar en nuevas centrales de energía nuclear, en el marco del "Plan Nuclear Argentino", un viejo anhelo del gobierno nacional que comenzó con la terminación de Atucha II y ahora plantea la construcción de una tercera central en Zárate (Bs.As.) y el reactor Carem en Formosa.
La firma estatal rusa Rosatom, quiere participar de la construcción de nuevas centrales nucleares de uso pacífico en la Argentina. En este sentido, en nuestro país avanza en estudios sobre la extracción de uranio, materia prima fundamental desarrollar de este tipo de energía.
Argentina importa uranio de Kazajstán y Europa del Este, pero los precios en alza hacen pensar a los empresarios en reactivar la actividad minera en el país a pesar de la fuerte resistencia ciudadana.
Cada vez que se habla de energía nuclear, los ojos se posan sobre el complejo de Sierra Pintada, que es uno de los que los posibles sectores a reactivar a pesar de que aún no se remedió el pasivo ambiental y existe una fuerte oposición vecinal.
Las iniciativas más impulsadas (por su cantidad de reservas) son Sierra Pintada y Cerro Solo en Chubut, ambas están vedadas para su explotación. La sanrafaelina por la contaminación, la legislación vigente y el fuerte rechazo a su reapertura y la chubutense por ley provincial.
El objetivo de producir uranio sigue vigente y hay varias propuestas en boga. Por citar algunos ejemplos aparecen Los Gitantes en Córdoba, Don Otto en San Carlos (Salta), el conocido Sierra Pintada o Cerro Solo, Chubut, todos ellos con fuerte rechazo de las poblaciones y tres de los cuatro con una gran deuda de pasivo ambiental.
Voces
La remediación "significará en un notable impulso a la reanudación de las tareas de exploración y producción de concentrado de uranio" explica Ricardo de Dicco de Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas dando muestras de las intenciones de reabrir estos proyectos antes de 2019, según el plan de la CNEA.
El lobby también incluye otros testimonios como el del ingeniero de APCEAN Agustín Arbor González quien señala que el yacimiento local "tiene 6.000 toneladas de uranio. La Central Nuclear Atucha-I y la Central Nuclear Embalse consumen, juntas, 120 toneladas por año aproximadamente. La Central de Atucha II demanda alrededor de 90 toneladas anuales adicionales. Así, las tres centrales nucleares consumirían aproximadamente 200 toneladas/año. Una cuenta muy simple me indica que 6.000 toneladas de uranio, dividido 200 toneladas/año de consumo, me da igual a 30 años de reservas, sólo con la mina de Sierra Pintada (…) sin embargo continúa sin producir uranio. Urge la necesidad de reactivar la mina de Sierra Pintada".
En el mismo sentido, Juan Carlos Ortiz de la Asociación Obrera Minera también habla a favor "en Sierra Pintada lo primero que se debe hacer es la remediación ambiental que corresponde y no lo podemos demorar más. Tenemos que ponernos todos los mendocinos de acuerdo en esto y ponerla en marcha porque necesitamos del uranio".
Vale destacar que a pesar del fuerte rechazo que genera este tipo de minería actualmente se están llevando a cabo prospección uranífera en Catamarca, Chubut, La Rioja, Mendoza, Salta y Santa Cruz.
Rechazo
Desde varios sectores sanrafaelinos se muestran en contra de la propuesta. La Asamblea del Agua de San Rafael se pronunció varias veces contra la reapertura de Sierra Pintada.
En uno de sus comunicados plantea que "el legado de los años de producción y posterior abandono por parte de la CNEA es un pasivo ambiental de gran envergadura, expresado en un cúmulo de residuos radioactivos (1.000 toneladas de desechos sólidos enterrados en 5.320 tambores y 1.700.000 colas de uranio) que deben ser remediados. De esta manera, ahora que la reactivación de la mina se encuentra en el centro de la escena, resulta imperioso e imprescindible hablar de la remediación de esos residuos".
"En el marco del modelo agro-minero existe una firme decisión de la Nación para acelerar la reapertura, por eso desde el ejecutivo provincial se planean distintas formas de retomar la extracción uranífera, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que data de Diciembre de 2010 prohíbe la reapertura hasta tanto no esté concluida la remediación" destacan.
Multisectorial: “Tienen que remediar”
Al consultar a la Multisectorial del Sur, entidad pionera en la lucha contra Sierra Pintada, Ricardo Stradella dijo a nuestro diario que "nosotros seguimos sosteniendo que por sobre todas las cosas hay que remediar los pasivos ambientales".
"San Rafael nunca fue una zona minera, toda su existencia la basa en la fruta, el vino y el turismo y muy mal le puede venir que reabran la mina" expresó Stradella quien destacó que "primero que todo hay que remediar la zona. Después de eso se deberá ver que dice la sociedad sanrafaelina sobre la iniciativa".
"El tema está en la Corte Suprema y el Juez Federal determinó que había que arreglar los piletones por las pérdidas de material" recordó y de cara a futuro vaticinó que "habrá que ver que es lo que decide la justicia".
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María Julia condenada por defraudación
María Julia Alsogaray fue condenada a 4 años de prisión
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
La pena a la ex secretaria de Medio Ambiente corresponde a la causa que la vincula con delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. El Tribunal Oral Federal 6 también condenó a 4 años de prisión a los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La Justicia condenó hoy a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad.
La condena corresponde a una causa por delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales.
El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer hoy el veredicto contra la ex funcionaria en el marco de la causa que la acusa de actos irregulares en la contratación de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales.
Los jueces que dieron a conocer el veredicto, José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello, impusieron además una pena de 4 años de prisión para los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La investigación a cargo de la fiscal Dafne Palopoli determinó que hubo irregularidades en la contratación de pasantes.
El convenio entre la Secretaría y la institución rigió entre 1992 y 1995 y tuvo un valor de seis millones de pesos. Sin embargo, al parecer las pasantías nunca se concretaron.
Por otro lado, Alsogaray tiene una condena a 3 años y medios de prisión por enriquecimiento ilícito y una absolución en un caso de irregularidades en contrataciones públicas en 1996.
Asimismo, tiene otros seis juicios por corrupción pendientes; la mayoría, fruto de su paso por Entel.
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Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Portal InfoRegión
Provincia/Región: Nacional
La pena a la ex secretaria de Medio Ambiente corresponde a la causa que la vincula con delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales. El Tribunal Oral Federal 6 también condenó a 4 años de prisión a los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.La Justicia condenó hoy a la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad.
La condena corresponde a una causa por delitos de peculado y defraudación en la contratación de personal durante su paso por la Secretaría de Recursos Naturales.
El Tribunal Oral Federal 6 dio a conocer hoy el veredicto contra la ex funcionaria en el marco de la causa que la acusa de actos irregulares en la contratación de pasantes de la Universidad de Lomas de Zamora para trabajar en la Secretaría de Recursos Naturales.
Los jueces que dieron a conocer el veredicto, José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello, impusieron además una pena de 4 años de prisión para los ex funcionarios José Merlino y Pascual Antonio Romero.
La investigación a cargo de la fiscal Dafne Palopoli determinó que hubo irregularidades en la contratación de pasantes.
El convenio entre la Secretaría y la institución rigió entre 1992 y 1995 y tuvo un valor de seis millones de pesos. Sin embargo, al parecer las pasantías nunca se concretaron.
Por otro lado, Alsogaray tiene una condena a 3 años y medios de prisión por enriquecimiento ilícito y una absolución en un caso de irregularidades en contrataciones públicas en 1996.
Asimismo, tiene otros seis juicios por corrupción pendientes; la mayoría, fruto de su paso por Entel.
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Buenos Aires: acamapan para que dejen de fumigarlos
Vecinos de Alberti montaron un acampe frente a Gobernación
Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de personas oriundas de la localidad bonaerense de Alberti lleva a cabo un acampe frente a la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, en reclamo de mayor control de las fumigaciones con agroquímicos en ese sector de la provincia.
En ese marco, los manifestantes solicitaron una audiencia con el gobernador provincial para tratar la problemática sobre el uso de esas sustancias y los peligros que podría generar para los habitantes de la zona.
Oscar Di Vincensi, quien se encuentra en la protesta, indicó que "en los últimos años aumentaron los casos de nacimientos con malformaciones, de cáncer y de otras enfermedades que podrían estar relacionadas con el uso de agroquímicos".
"Por este motivo, pedimos que desde la UNLP se realice un estudio epidemiológico, como así también pretendemos que nos reciban las autoridades provinciales", sostuvo.
"Desde 2006 existe en el municipio una ordenanza que indica que las fumigaciones deben realizarse a más de 1000 metros de las zonas periurbana, pero en realidad se realizan a 100 metros y resultamos perjudicados quienes vivimos en esas áreas", aseguró Di Vincensi.
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Fecha de Publicación: 20/06/2013
Fuente: Diario El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Un grupo de personas oriundas de la localidad bonaerense de Alberti lleva a cabo un acampe frente a la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, en reclamo de mayor control de las fumigaciones con agroquímicos en ese sector de la provincia.En ese marco, los manifestantes solicitaron una audiencia con el gobernador provincial para tratar la problemática sobre el uso de esas sustancias y los peligros que podría generar para los habitantes de la zona.
Oscar Di Vincensi, quien se encuentra en la protesta, indicó que "en los últimos años aumentaron los casos de nacimientos con malformaciones, de cáncer y de otras enfermedades que podrían estar relacionadas con el uso de agroquímicos".
"Por este motivo, pedimos que desde la UNLP se realice un estudio epidemiológico, como así también pretendemos que nos reciban las autoridades provinciales", sostuvo.
"Desde 2006 existe en el municipio una ordenanza que indica que las fumigaciones deben realizarse a más de 1000 metros de las zonas periurbana, pero en realidad se realizan a 100 metros y resultamos perjudicados quienes vivimos en esas áreas", aseguró Di Vincensi.
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Importante glaciar sanjuanino, cada vez más chico
El glaciar Agua Negra se achica
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: El Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Agua Negra es un imponente glaciar de descubierto de montaña que mide cerca de 1 km2 y es uno de los más importantes de la Provincia y de potencial estratégico como reservorio de agua dulce. Y hace 53 años era mucho más grande. Según el estudio que la Universidad Nacional de San Juan está haciendo por encargue del Gobierno de San Juan sobre los glaciares sanjuaninos, el Agua Negra se está achicando: desde 1960 hasta ahora, decreció en superficie 18,5%. Según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos local, Jorge Millón, el retroceso de los glaciares en general se debe al impacto del calentamiento global. Agregó que el glaciar en ningún momento será afectado por la obra del túnel binacional de Agua Negra, proyectado en la zona.
“El glaciar ha mostrado una tendencia lineal en la pérdida de superficie entre los años1960 a 1980, posteriormente se observa un periodo de estabilidad entre los años 1980 – 1990 coincidente con el indicado por (el autor de Recent fluctuations of the Argentinean glaciers. Global and Planetary Change, J.C.) Leiva en 1999, atribuyendo el mismo a la presencia de la corriente de La Niña en el periodo de 1981/1984. Finalmente, se observa hasta la actualidad una considerable disminución de la superficie”, asegura el estudio,q ue cobra relevancia en momentos donde la discusión por el cuidado de los recursos naturales está en el tapete no sólo en Argentina sino en el mundo entero.
La investigación forma parte de uno de los capítulos del segundo informe del “Inventario de Glaciares de la Provincia de San Juan”, que responde a la ley provincial de Protección de Glaciares y que fue presentado recientemente por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, en la Corte Suprema, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley nacional de protección de glaciares (ver aparte).
Sobre el glaciar de Agua Negra, ubicado en la cuenca del río Blanco Sur entre 4.550 y 4.970 msnm, el estudio determina que en 1960 contaba con una superficie de 1,29 km2, mientras que en 2012 medía 1,05 km2. También se detectó una disminución del frente de esta formación rocosa, en el orden del 25% desde 1960 a la actualidad. El análisis midió linealmente el frente del glaciar con respecto al macizo rocoso ubicado al pie del glaciar, determinándose un retroceso máximo del frente de 411.55 m desde la década del ’60 hasta el 2012.
Para ver el análisis o retroceso de esta formación de hielo, dentro del inventario de glaciares de la Cuenca del Río Jáchal, los estudiosos del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad usaron imágenes satelitales Landsat, MMS TM y SLC además de antiguas fotografías aéreas y recopilación de cartas nacionales del IGN y bibliografía al respecto.
El informe que acaba de entregar la UNSJ al Gobierno, especifica por primera vez cuántos glaciares tiene San Juan en forma exhaustiva (ver aparte), completando el primer nivel, mientras que la lectura sobre la dinámica de los glaciares a través del tiempo forma parte del nivel dos del estudio, siendo el análisis de Agua Negra el primero que se aborda en ese sentido. El nivel tres investigará cuánta agua aporta cada glaciar, en un período acotado de tiempo, ya que la ley especifica que los relevamientos deben hacerse cada 5 años.
Pulseada con la Nación
El martes 11 de junio, el fiscal de Estado local, Guillermo de Sanctis, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes correspondientes al Inventario de Glaciares, para que se anexen como prueba en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639). San Juan quiere demostrar que cuida el agua, en medio de la polémica por el choque de normativas, que se inició en 2010, cuando fue sancionada la iniciativa nacional. A grandes rasgos, San Juan cuestiona que el concepto de periglacial es muy amplio y que obstaculiza actividades como la construcción de obras, entre otras. Anticipándose a la regulación nacional, San Juan sancionó su propia ley e interpone, en la defensa judicial, que los recursos naturales son patrimonio de las provincias.
Hay 1.080 km2 de superficie glacial
Por primera vez, se sabe con exactitud cuántos glaciares hay en San Juan: según las conclusiones del Inventario que hace la UNSJ son 3.919 extendidos en una superficie de 1.080,43 km2 en la alta montaña. El análisis se hizo en la cuenca del Río San Juan y en la cuenca del Río Jáchal, abarcando todas las subcuencas. Los que están en el primer grupo suman 3.284 formaciones heladas ocupando 978 km2, mientras que en la segunda cuenca suman 635 en 102,4 km2.
Según el estudio, la mayor cantidad de glaciares está en la subcuenca del Río Blanco, dentro del sistema del Río San Juan, contabilizándose allí 1650 unidades distribuidas en 529,89 km2.
El estudio tiene en cuenta la presencia de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro activo, glaciares de escombros inactivos y manchones de nieve. Estos últimos se contabilizan porque son potenciales glaciares en formación, según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos de San Juan, Jorge Millón. El funcionario aclaró que no necesariamente todas las formaciones heladas son reservorios de agua, porque “quizá no tenga nada que nazca aguas abajo o lo que aporta es tan poco que no alcanza a formar un cúmulo de agua”. Y aseguró que ningún proyecto, de desarrollo minero o de obras, está afectando los glaciares locales, según consta en la aprobación del informe de impacto ambiental de los distintos proyectos en alta montaña.
Sobre los glaciares descubiertos, la mayor cantidad está en la cuenca del Río Jáchal, donde se ubican 182, ocupando una superficie de 60,25 km2. En el caso de la cuenca del Río San Juan, si bien la subcuenca del Río Blanco no es de las que más glaciares tiene -41-, es que primerea en superficie glacial, con 56,2 km2, seguida por la subcuenca de Calingasta (44,7 km2), la De los Patos (37,8 km2), la Castaño (29,1 km2) y la Ansilta (11 km2).
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Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: El Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El Agua Negra es un imponente glaciar de descubierto de montaña que mide cerca de 1 km2 y es uno de los más importantes de la Provincia y de potencial estratégico como reservorio de agua dulce. Y hace 53 años era mucho más grande. Según el estudio que la Universidad Nacional de San Juan está haciendo por encargue del Gobierno de San Juan sobre los glaciares sanjuaninos, el Agua Negra se está achicando: desde 1960 hasta ahora, decreció en superficie 18,5%. Según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos local, Jorge Millón, el retroceso de los glaciares en general se debe al impacto del calentamiento global. Agregó que el glaciar en ningún momento será afectado por la obra del túnel binacional de Agua Negra, proyectado en la zona. “El glaciar ha mostrado una tendencia lineal en la pérdida de superficie entre los años1960 a 1980, posteriormente se observa un periodo de estabilidad entre los años 1980 – 1990 coincidente con el indicado por (el autor de Recent fluctuations of the Argentinean glaciers. Global and Planetary Change, J.C.) Leiva en 1999, atribuyendo el mismo a la presencia de la corriente de La Niña en el periodo de 1981/1984. Finalmente, se observa hasta la actualidad una considerable disminución de la superficie”, asegura el estudio,q ue cobra relevancia en momentos donde la discusión por el cuidado de los recursos naturales está en el tapete no sólo en Argentina sino en el mundo entero.
La investigación forma parte de uno de los capítulos del segundo informe del “Inventario de Glaciares de la Provincia de San Juan”, que responde a la ley provincial de Protección de Glaciares y que fue presentado recientemente por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, en la Corte Suprema, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la ley nacional de protección de glaciares (ver aparte).
Sobre el glaciar de Agua Negra, ubicado en la cuenca del río Blanco Sur entre 4.550 y 4.970 msnm, el estudio determina que en 1960 contaba con una superficie de 1,29 km2, mientras que en 2012 medía 1,05 km2. También se detectó una disminución del frente de esta formación rocosa, en el orden del 25% desde 1960 a la actualidad. El análisis midió linealmente el frente del glaciar con respecto al macizo rocoso ubicado al pie del glaciar, determinándose un retroceso máximo del frente de 411.55 m desde la década del ’60 hasta el 2012.
Para ver el análisis o retroceso de esta formación de hielo, dentro del inventario de glaciares de la Cuenca del Río Jáchal, los estudiosos del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad usaron imágenes satelitales Landsat, MMS TM y SLC además de antiguas fotografías aéreas y recopilación de cartas nacionales del IGN y bibliografía al respecto.
El informe que acaba de entregar la UNSJ al Gobierno, especifica por primera vez cuántos glaciares tiene San Juan en forma exhaustiva (ver aparte), completando el primer nivel, mientras que la lectura sobre la dinámica de los glaciares a través del tiempo forma parte del nivel dos del estudio, siendo el análisis de Agua Negra el primero que se aborda en ese sentido. El nivel tres investigará cuánta agua aporta cada glaciar, en un período acotado de tiempo, ya que la ley especifica que los relevamientos deben hacerse cada 5 años.
Pulseada con la Nación
El martes 11 de junio, el fiscal de Estado local, Guillermo de Sanctis, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes correspondientes al Inventario de Glaciares, para que se anexen como prueba en el marco del pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (26.639). San Juan quiere demostrar que cuida el agua, en medio de la polémica por el choque de normativas, que se inició en 2010, cuando fue sancionada la iniciativa nacional. A grandes rasgos, San Juan cuestiona que el concepto de periglacial es muy amplio y que obstaculiza actividades como la construcción de obras, entre otras. Anticipándose a la regulación nacional, San Juan sancionó su propia ley e interpone, en la defensa judicial, que los recursos naturales son patrimonio de las provincias.
Hay 1.080 km2 de superficie glacial
Por primera vez, se sabe con exactitud cuántos glaciares hay en San Juan: según las conclusiones del Inventario que hace la UNSJ son 3.919 extendidos en una superficie de 1.080,43 km2 en la alta montaña. El análisis se hizo en la cuenca del Río San Juan y en la cuenca del Río Jáchal, abarcando todas las subcuencas. Los que están en el primer grupo suman 3.284 formaciones heladas ocupando 978 km2, mientras que en la segunda cuenca suman 635 en 102,4 km2.
Según el estudio, la mayor cantidad de glaciares está en la subcuenca del Río Blanco, dentro del sistema del Río San Juan, contabilizándose allí 1650 unidades distribuidas en 529,89 km2.
El estudio tiene en cuenta la presencia de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro activo, glaciares de escombros inactivos y manchones de nieve. Estos últimos se contabilizan porque son potenciales glaciares en formación, según dijo el subsecretario de Recursos Hídricos de San Juan, Jorge Millón. El funcionario aclaró que no necesariamente todas las formaciones heladas son reservorios de agua, porque “quizá no tenga nada que nazca aguas abajo o lo que aporta es tan poco que no alcanza a formar un cúmulo de agua”. Y aseguró que ningún proyecto, de desarrollo minero o de obras, está afectando los glaciares locales, según consta en la aprobación del informe de impacto ambiental de los distintos proyectos en alta montaña.
Sobre los glaciares descubiertos, la mayor cantidad está en la cuenca del Río Jáchal, donde se ubican 182, ocupando una superficie de 60,25 km2. En el caso de la cuenca del Río San Juan, si bien la subcuenca del Río Blanco no es de las que más glaciares tiene -41-, es que primerea en superficie glacial, con 56,2 km2, seguida por la subcuenca de Calingasta (44,7 km2), la De los Patos (37,8 km2), la Castaño (29,1 km2) y la Ansilta (11 km2).
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El gobierno nacional sigue apostando al agronegocio
Los Grobo invertirán $400 millones en una planta de agroquímicos
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Nacional
El empresario Gustavo Grobocopatel se reunió con la Presidenta y le ratificó que las inversiones contemplan la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor. Además, la empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores.
El empresario Gustavo Grobocopatel ratificó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la concreción de inversiones de su grupo empresario por 400 millones de pesos, parte de ellas destinadas a Agrofina, la compañía de agroquímicos comprada a capitales brasileños.
La empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores, informó esta tarde el Ministerio de Industria a través de un comunicado de prensa.
Durante la audiencia, celebrada en Casa de Gobierno, Cristina estuvo acompañada por los ministros de Industria, Débora Giorgi; de Economía, Hernán Lorenzino; y de Agricultura, Norberto Yauhar.
El proyecto del Grupo Los Grobo contempla la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor.
El foco del plan de inversiones general del grupo es la producción de fitosanitarios de nueva generación y alto valor, de bio-pesticidas naturales y procesamiento y tratamiento de semillas.
Con anterioridad, la mandataria participó de un acto de entrega de coches autobomba. La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi y otras autoridades, así como representantes de entidades de bien público.
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Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Nacional
El empresario Gustavo Grobocopatel se reunió con la Presidenta y le ratificó que las inversiones contemplan la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor. Además, la empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores. El empresario Gustavo Grobocopatel ratificó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la concreción de inversiones de su grupo empresario por 400 millones de pesos, parte de ellas destinadas a Agrofina, la compañía de agroquímicos comprada a capitales brasileños.
La empresa sumará cien empleos, entre directos e indirectos, a su plantilla actual de 270 trabajadores, informó esta tarde el Ministerio de Industria a través de un comunicado de prensa.
Durante la audiencia, celebrada en Casa de Gobierno, Cristina estuvo acompañada por los ministros de Industria, Débora Giorgi; de Economía, Hernán Lorenzino; y de Agricultura, Norberto Yauhar.
El proyecto del Grupo Los Grobo contempla la adquisición de Agrofina, una de las pocas plantas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor.
El foco del plan de inversiones general del grupo es la producción de fitosanitarios de nueva generación y alto valor, de bio-pesticidas naturales y procesamiento y tratamiento de semillas.
Con anterioridad, la mandataria participó de un acto de entrega de coches autobomba. La ceremonia se llevó a cabo en la explanada de la Casa de Gobierno, con la asistencia del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi y otras autoridades, así como representantes de entidades de bien público.
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Santa Fe: otro intento de cuidar la población de agrotóxicos
La Legislatura provincial evalúa modificar la ley de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.
Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 19/06/2013
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La iniciativa presentada por el diputado Tessa fue elaborada por entidades y vecinos nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos. Ingresó un proyecto basado en las distancias de aplicación y no en la toxicidad de los productos, como fija la norma vigente.Entidades ambientalistas, vecinos de pueblos fumigados y dirigentes gremiales nucleados en la campaña Paren de Fumigarnos presentaron ayer en Rosario un proyecto de su autoría que ingresó a la Legislatura santafesina para modificar la ley de agroquímicos en la provincia. La propuesta establece parámetros sobre en las distancias de aplicación respecto de los lugares poblados, y no se basa en la toxicidad de los plaguicidas, tal como lo establece la norma actual Nº 11.273.
La iniciativa entre otros objetivos busca prohibir la fumigación aérea y limitar todo tipo de aspersiones a 800 metros de centros poblados y zonas sensibles y a 1.000 de las escuelas rurales. Además propone priorizar las áreas libres de agroquímicos para la producción de alimentos de consumo humano y de agricultura familiar, actividades desplazadas por las explotaciones agrarias fuertemente basadas en métodos químicos y manipulación genética, con graves consecuencias para la salud de la población.
El texto propuesto introduce también regulaciones a la venta, transporte y aplicación de agroquímicos, a la utilización en plantas de acopio y banquinas, y disposiciones sobre el destino de los envases, entre otras restricciones.
"Desde la Cámara de Diputados nos llegó el ofrecimiento de dar forma legal a esos mínimos aunque indispensables paliativos por los cuales reclamaron con su firma cerca de 30 mil santafesinos en 2012 y fue así que, con el aporte y la firma del diputado José María Tessa, durante la última semana de mayo se presentó el borrador para que los legisladores lo evalúen y lo conviertan en ley", señalaron los impulsores del proyecto.
El proyecto fue rubricado además por los diputados Santiago Mascheroni; Pablo Di Bert; Oscar Urruty y Gerardo Rico.
Intentos fallidos. En los últimos tres años, los integrantes del colectivo ambientalista Paren de Fumigarnos, integrado en Santa Fe por organizaciones y vecinos de más de 90 pueblos, intentaron sin éxito introducir iniciativas en la Lelgislatura santafesina. "Una tras otra fueron ignoradas, ocultadas y en ocasiones confrontadas con proyectos en los que claramente aparece la asesoría del aceitado lobby empresarial-lucrativo", recordaron los impulsores de la nueva iniciativa.
El flamante proyecto postula un cambio radical de los parámetros para la aplicación de plaguicidas, ya que la ley vigente Nº 11.273 se basa en la toxicidad (determinada por el Senasa) de los agrotóxicos a la hora de fijar distancias desde las zonas pobladas.
Es que algunos productos que en Argentina son clasificados como de baja toxicidad (como el glifosato, considerado de "banda verde"), en otras partes del mundo están prohibidos porque está científicamente demostrada su alta peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente.
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“Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”
Basura Cero: La incineración no soluciona la crisis de los residuos
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.
Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Capital Federal
Esta mañana se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la conferencia “Basura Cero: Un futuro sin desperdicios”, a cargo del Dr. Paul Connett[1], especialista en gestión de residuos, quien alertó sobre los riesgos de la incineración. El evento fue convocado por la Coalición Anti-incineración (de la cual forma parte la organización ambientalista Greenpeace) y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), y contó con la participación de Legisladores, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y referentes locales en la materia.Connett advirtió sobre de los impactos ambientales y sanitarios de la incineración y sostuvo que no es una solución a la crisis de los residuos. Para el especialista la única estrategia sustentable es la implementación de la Ley de Basura Cero.
Las tecnologías de incineración que se promueven falsamente como solución a los rellenos sanitarios, en la práctica siguen necesitando lugares de disposición final para las cenizas (resultado del proceso de combustión) que son altamente tóxicas. Además, de la combustión se generan emisiones de un sinfín de sustancias peligrosas que afectan la salud de las personas.
El doctor dejó en evidencia casos y proyectos fallidos que son promovidos por la industria de la incineración como ejemplos exitosos de nuevas tecnologías. Señaló que en el mundo no existen experiencias de pirolisis o gasificación en actividad que utilicen residuos domiciliarios; ambas tecnologías son citadas frecuentemente por el sector corporativo de la incineración, por sus supuestas ventajas.
Greenpeace, como miembro activo de la Coalición[2], denunció en reiteradas oportunidades el colapso de los rellenos del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y la creciente polémica por la aparición de varios proyectos de gestión de residuos sólidos urbanos que prevén la incineración e implican nuevos riesgos ambientales y sanitarios. Recientemente advirtió que el GCBA estaba evaluando proyectos de incineración presentados en una licitación para plantas de tratamiento de basura, prohibidos por la Ley 1854.
(1) Paul Connett, graduado de la Universidad de Cambridge, es doctor en química por la Universidad de Dartmouth y especialista en química y toxicología ambiental. Durante las últimas tres décadas, se ha dedicado a investigar sobre gestión de residuos y ha realizado más de 2.500 presentaciones públicas en 60 países. Actualmente, dirige el Proyecto de Estudios sobre la Salud Ambiental de EE.UU. (AEHSP) por sus siglas en inglés
(2) La Coalición Ciudadana Anti-incineración, creada en 1995, es una red de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que, preocupados por la expansión de la incineración de residuos en la Argentina y sus impactos sobre el ambiente y la salud humana, busca promover alternativas sustentables.
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Santa Cruz: rebeldía fiscal minera. Quieren más.
Mineras en rebeldía fiscal
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Cruz
Las compañías mineras que operan en la provincia austral se resisten a pagar un gravamen fijado recientemente para el sector. Irán a la Justicia para rechazar la mayor carga impositiva. Temen que sea un antecedente que pueda ser imitado por otros distritos.
Las empresas mineras que operan en Santa Cruz anticiparon que no pagarán el impuesto que aprobó recientemente la Legislatura provincial y llevarían su reclamo a la Justicia en los próximos días. El Impuesto Inmobiliario que grava con una alícuota del 1 por ciento a las reservas de minerales declaradas desató el reclamo del sector, celoso de proteger el generoso esquema tributario de los ‘90. Las mineras buscan evitar que otras provincias, que también están preocupadas en cómo captar una mayor porción de la renta minera, imiten el mecanismo. Por otro lado, si bien el giro de utilidades está limitado por el gobierno, en línea con el control de cambios, en el primer trimestre el sector fue favorecido frente a otros.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el jueves pasado el Impuesto Inmobiliario Minero, que grava con una alícuota del 1 por ciento el valor de las reservas del yacimiento. El proyecto fue impulsado por el gobernador Daniel Peralta, quien está enfrentado con el gobierno nacional, y contó con la aprobación de los legisladores peronistas que le responden y de la UCR, mientras que el kirchnerismo se abstuvo.
A partir de la ley, las mineras deben presentar de forma anual una declaración jurada donde se detalla el volumen de las reservas, “el cual no podrá ser menor al volumen consignado en el estudio de factibilidad –que se realiza al comienzo de la inversión– y/o en los estados contables, más las variaciones emergentes de la explotación de la mina y la exploración llevada a cabo”, indica la norma. La cotización de las reservas se determinará por el precio del metal en el mercado nacional o internacional, según el que resulte mayor al último día hábil del año.
Las mineras plantean que la norma viola la estabilidad fiscal que les fue asegurada por 30 años a comienzos de los ‘90, por lo que se negarán a pagar el impuesto e irán a la Justicia. El argumento de la estabilidad fiscal es un clásico por parte de las empresas ante cada modificación del esquema de captación de la renta por parte del sector público. Del mismo modo, las mineras sostienen que los derechos de exportación que aplicó Néstor Kirchner durante su presidencia también violan el pacto fiscal, el cual supone una ventaja extraordinaria para las empresas con relación a otros sectores cuyas inversiones también son riesgosas e inciertas.
Los proyectos más importantes en Santa Cruz son Cerro Vanguardia, propiedad en un 92,5 por ciento de AngloGold Ashanti y 7,5 por ciento de la empresa provincial Fomicruz; Manantial Espejo, de Pan American Silver Corp; la mina San José, de Minera Santa Cruz; y la mina Martha, de Minera Polimet. En tanto, Yamana Gold busca explotar para 2015 oro y plata en Puerto Deseado, donde tiene problemas con la comunidad, después de no haberse podido instalar en Esquel por el fuerte rechazo popular. La norma votada por Santa Cruz marca que los proyectos en etapa de prospección y exploración quedan exentos hasta haber presentado el estudio de factibilidad, al igual que los proyectos con participación de Fomicruz.
Desde el año pasado, el gobierno limita el giro de dividendos al exterior. La regulación no es escrita, aunque rige para todos los sectores en línea con la introducción de la prohibición para la compra de dólares para atesorar. En términos relativos frente a otras actividades, la minería en el primer trimestre resultó beneficiada. Según el último balance cambiario del Banco Central, la minería explicó 105 de los 153 millones de dólares que se giraron al exterior. De todos modos resulta un monto inferior al registrado años anteriores, cuando no existía el control de cambios. Según fuentes consultadas por este diario, Minera Alumbrera, que opera en Catamarca, puede enviar al exterior 1 millón de dólares por día, unos 250 millones anuales. Barrick Gold, que extrae oro en el yacimiento de Veladero, en tanto, reinvierte utilidades para su megaproyecto binacional Pascua-Lama, aunque pide al gobierno que apruebe giros como señal hacia su casa matriz.
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La ley de Semillas saldrá luego de las elecciones
Argentina: le darán un negocio en bandeja a Monsanto
Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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Fecha de Publicación: 18/06/2013
Fuente: biodiversidadla.org - Diario Hoy
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró ayer que el envío del proyecto de ley de Semillas quedaría para después de las elecciones de octubre para evitar que esta iniciativa "se manche de contenido político".
Con esa frase, el funcionario intenta correr el eje del debate que han instalado los pequeños y medianos productores, y que este diario ha publicado a mediados de febrero: la Ley de Semillas implica un negocio millonario a la medida de las corporaciones que comercializan semillas y biotecnología, principalmente Monsanto, Nidera y Syngenta, perjudicando a las economías regionales.
Concretamente, la nueva ley buscaría extender la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, abarcando el control sobre la comercialización de lo producido, lo que violaría la actual normativa argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el “uso propio” gratuito de semillas.
Se trataría de un negociado multimillonario que podría terminar hipotecando uno de los recursos más valiosos que tiene nuestro país: la actividad agrícola.
La iniciativa, a su vez, tendría otro costado oscuro: incrementaría de forma considerable los costos de producción, lo que podría implicar importantes aumentos en los precios de los alimentos, agravando aún más la escalada inflacionaria que se registra en el país, de manera ininterrumpida, desde el año 2007.
El secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y productor agropecuario, Matías de Velazco, explicó a Hoy que “con el proyecto de ley del Gobierno las semillas se dividen en los genes por un lado, que pasan a estar regulados por la ley de patentes y las semillas por la ley de semillas. Es como si cuando uno va a comprar un auto tiene que pagarle impuesto al que fabrica los neumáticos, la radio, etcétera, por se parado. Una barbaridad”. Y agregó: “Si sale ese proyecto, el que pierde es el sector productivo agropecuario en general, pequeño y mediano, mientras que los grandes beneficiados son los semilleros y las biotecnológicas”, como Monsanto.
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A pesar de la negación del gobierno, los desmontes siguen
Ambientalistas afirman que continúan los desmontes en Córdoba
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectáreas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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La UBA tratará residuos para hacerlos combustibles
Universidad transformará basura en biocombustible
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.
Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Buenos Aires
La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja en la separación de residuos en origen y la producción de biocombustibles en viejos rellenos sanitarios y compost con miras a reducir las seis toneladas de basura diarias que se colectan en la ciudad.Esta planta completa en parte el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), impulsado por el municipio, sólo para trabajar sobre los residuos de los grandes generadores del distrito: barrios cerrados, bancos y grandes comercios, como así también los residuos que se generan en la vía pública.
La UBA, indicaron desde la entidad, genera 518.000 kilos de residuos sólidos, de los cuales el 50% son reciclables y podrían volver al circuito industrial.
Por sus aulas y pasillos circulan 360.000 personas, es decir el 10% de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con el objetivo puesto en la mejora del ambiente, hace tres años los investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comenzaron a trabajar en el programa Manejo Integral de los Residuos por el Ambiente (MIRA) que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.
Así lograron concretar el proyecto institucional de separación en origen FAUBA Verde y desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el impacto ambiental.
Junto al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) iniciaron trabajos para desarrollar nuevas tecnologías y transferirlas con soluciones que abarcan desde la producción de compost hasta el uso de rellenos sanitarios clausurados para producir biomasa y generar energía.
En tres años lograron que los rellenos sanitarios que se cierran a la siembra de pasto se utilicen en canchas de golf y los de "plantas lignocelulósica para producir energía renovable", explicó la investigadora de la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FAUBA Marta Zubillaga.
Además en la planta norte del CEAMSE, los investigadores producen un compost con los residuos sólidos orgánicos provenientes de la poda de árboles del área metropolitana bonaerense.
Otra línea de trabajo entre la FAUBA y el CEAMSE es la utilización de viejos rellenos sanitarios clausurados, para producir biomasa (materia verde) con plantas energéticas.
"Podemos generar biomasa para la elaboración de biocombustibles de segunda generación en tierras que no son aptas para la agricultura y que, por lo tanto, no compiten con la producción de alimentos" explico Zubillaga.
Al respecto indicó que en esos rellenos se siembra la especie Miscanthus Giganteus, que importaron recientemente al país.
Hoy, el invernáculo de la Facultad de Agronomía de la UBA es el único autorizado para reproducir los rizomas de esta especie.
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Santa Fe: presentan proyecto para limitar agroquímicos
Proyecto para limitar agroquímicos
Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
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Fecha de Publicación: 17/06/2013
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
La diputada Inés Bertero presentó un proyecto de ley para que con glifosato, vía aérea, no se pueda fumigar a menos de 1.000 metros de las poblaciones y los cursos de agua.
La sojización como principal eje de la economía agroexportadora trae consigo un flujo de capitales que es muy importante pero que también implica una presión constante sobre el medio ambiente. Se trata de una falsa dicotomía entre economía y salud pública, es decir, la alta rentabilidad del monocultivo y las denuncias sobre fumigaciones irregulares con productos tóxicos.
El debate hace varios años está instalado en la provincia, aunque hasta el momento no prosperó ninguno de los proyectos que tienden a limitar el uso de agroquímicos en todo el territorio santafesino. En ese contexto, la diputada socialista Inés Bertero ingresó una iniciativa para modificar la ley de fitosanitarios, que data de 1995.
"El objetivo principal es la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola. La ley vigente establece una protección sustancialmente inferior a la que por este proyecto se impulsa: en el artículo primero, se agrega la poscosecha, como parte integrante de la cadena de cuidados en el tratamiento de productos fitosanitarios", indicó la legisladora.
Además, en el texto se amplía el ámbito de aplicación de la norma a la "elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, en cualquiera de sus modalidades de dichos productos". En cuanto a la autoridad de aplicación, se propone dar participación de distintos ministerios, entendiendo el carácter multidisciplinario del problema.
La gran dificultad que tiene esta discusión es que la Nación considera que el glifosato, principal químico que se utiliza en la producción de soja, es prácticamente inocuo para la salud pública. Distintos estudios científicos dan cuenta de que eso no es así, pero el tema está atravesado por un fuerte componente económico y de intereses políticos en todo el país. Santa Fe no es la excepción.
Más que un problema, colores
No obstante la situación señalada, Bertero propone establecer prohibiciones más claras en base al principio precautorio (es decir que existen sospechas de que la actividad puede generar problemas a la salud pública). En tal sentido, prevé para los productos de Banda Roja -los más tóxicos- la prohibición de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios de clases toxicológicas I a (producto sumamente peligroso - muy tóxico), I b (producto muy peligroso - tóxico) y II (Banda Amarilla - producto moderadamente peligroso - nocivo ) dentro de un área de 3.000 mil metros del límite de las plantas urbanas.
También, de los 1.000 metros de los límites de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y de 1.000 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
En cuanto a los productos de Banda Amarilla, se prevé prohibir la aplicación terrestre de clases toxicológicas I a, I b y II (producto moderadamente peligroso-nocivo) dentro de un área de 1.000 metros de las plantas urbanas, de 500 metros del límite de los establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; y 500 metros de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
En tanto, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice y sólo en aquellos casos que taxativamente prevea la reglamentación, se podrán aplicar productos de Banda Azul/Verde a través de equipos terrestres hasta 200 metros del límite de las plantas urbanas, de establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, de zonas de interés turístico, barrios privados y caseríos, áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente, de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Idéntica excepción, con los mismos requisitos y utilizando los productos de clase toxicológica III y IV, será procedente para las aplicaciones aéreas que se realicen a 500 metros de los lugares que se detallan en el párrafo anterior. A su vez, el texto de la diputada socialista plantea "fomentar políticas para el establecimiento de áreas de protección o barreras ecológicas para amortiguar el impacto de las diferentes aplicaciones".
El otro aspecto importante es que se establece la aplicación del principio precautorio por el Poder Ejecutivo provincial. Es entonces que se fija exclusiones para el tratamiento del glifosato: 1.000 metros para las aspersiones aéreas y 500 metros para las terrestres. Además, la "prohibición expresa del tratamiento en camiones o vagones, mediante productos fitosanitarios, de cualquier tipo de granos, semillas o subproductos".
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Desmontes: investigadores desmienten a ministro cordobés
Ambientalistas afirman que continúan desmontes de bosques
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.
Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: La Mañana de Córdoba - Edición Electrónica
Provincia/Región: Córdoba
Según un informe presentado por varios investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la reducción de superficies de bosques cerrados en la provincia es "dramática". La presentación fue hecha en el Foro Ambiental.Una asociación ambientalista cordobesa presentó al gobierno de José Manuel de la Sota un informe que sostiene que la deforestación de bosques nativos no se detiene en la provincia y es "dramática".
La presentación, con publicaciones de numerosos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, fue efectuada por el Foro Ambiental Córdoba ante el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía que encabeza Manuel Calvo, con el fin de aportar "estudios científicos sobre la situación de los bosques y desmontes".
De acuerdo con la asociación, los trabajos muestran "la pérdida de 68.176 hectáreas de tierras forestales entre 2006 y 2011 en la Región Chaqueña de Córdoba", en el noroeste de la provincia.
Asimismo aportaron datos sobre la "dramática reducción" de la superficie de bosques cerrados en el norte, noroeste y oeste cordobés, que pasó de un 25% en 1999 a un 5% en 2010, y el desmonte de 8.162 hectareas desde diciembre de 2011.
"Esperamos que esta información, generada desde distintos ámbitos académicos", sirva a las autoridades "para tener un conocimiento más preciso de la problemática de los bosques en la provincia", aseguraron Federico Kopta y Carolina Quir, presidente y secretaria del Foro, respectivamente.
Asimismo solicitaron al gobierno cordobés que "los pedidos de información pendientes tengan una pronta y precisa respuesta", dado que se han requerido explicaciones "sobre cada uno de los desmontes detectados por la Asociación Guyra Paraguay desde diciembre de 2011".
Los pedidos fueron realizados en el marco de la Ley 8.803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de la Provincia de Córdoba y hasta el momento, según los ambientalistas, de un total de 19 solicitudes sólo recibieron dos respuestas.
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Nueva audiencia por el Riachuelo
Plan de saneamiento
Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
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Fecha de Publicación: 16/06/2013
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Riachuelo
A cinco años de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, esta semana se realizará una nueva audiencia para recibir y analizar los informes de los diferentes organismos y jurisdicciones que deben responder por los trabajos ante la Justicia. Recordemos que en 2008, al agotarse todas las gestiones administrativas y políticas anunciadas durante décadas, el Alto tribunal debió intervenir directamente frente a enorme peligro que representa el mayor foco contaminente del país para casi diez millones de personas que viven en la zona.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente integrado por organismos de los gobiernos nacional, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo en un comunicado emitido desde la presidencia de la Nación que 314 empresas finalizaron el Plan de Reconversión Industrial con la reconversión de sus sistemas cloacales, por lo que sus efluentes han dejado de contaminar las aguas. Sin embargo, el sistema de control de la cuenca ha declarado a 1258 establecimientos como agentes contaminantes, de los cuales unas 890 industrias tienen planes aprobados para obras de protección ambiental.
Si bien ya hay cifras de la evolución del plan, son mínimas ante la magnitud de la polución en la zona, con el agravante de los menores recursos presupuestarios que disponen los entes involucrados. La serie de postergaciones para limpiar esta cuenca emblemática, también tuvo otras anomalías, como la separación del juez federal de Quilmes Luis Armella, a quien la Corte le asignó la responsabilidad, tras detectar irregularidades y denuncias de corrupción en su contra.
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Riachuelo: más de 300 empresas finalizaron el PRI
Más de trescientas empresas ya no contaminan la cuenca del Riachuelo
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.
Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR cualquier ciudadano interesado puede consultar los listados de cada uno de esas industrias.
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
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Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Portal InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo
Lo informó la ACUMAR en un trabajo en que que se destaca que 314 compañías ya finalizaron el Plan de Reconversión Industrial (PRI). Otras 890 tienen sus propuestas aprobadas y deben comenzar a trabajar.Un total de 314 empresas finalizó el Plan de Reconversión Industrial (PRI) y dejó de contaminar la Cuenca Matanza Riachuelo, según anunció ayer la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo aclaró en un comunicado que, según datos de la Sistema de Control Industrial (SICOI), existen 26.800 establecimientos industriales y de servicios sobre esa zona que abarca todo el límite sur y oeste de la ciudad de Buenos Aires y los partidos lindantes como Avellaneda, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Marcos Paz, Merlo, Morón y San Vicente.
Este año finalizaron los PRI 260 empresas y se llegó a un total de 314 establecimientos reconvertidos. Además, 890 las industrias tienen sus PRI aprobados y trabajan para producir limpiamente y existen en el sistema de control 1258 establecimientos declarados agentes contaminantes en toda la cuenca. En la web de la ACUMAR
ACUMAR es la encargada de fiscalizar e inspeccionar cada industria para procurar que se cumpla la normativa ambiental y dispone de herramientas administrativas y el poder de policía para declarar agente contaminante a las empresas que superan los límites de vuelcos y descargas permitidas. También, tiene la capacidad de brindar asistencia técnica y financiera para que las empresas adecuen sus procesos productivos. El proceso de fiscalización de las industrias consiste en inspeccionar las empresas para evaluar los niveles de vuelcos industriales y permisos correspondientes.
De existir alguna irregularidad, ACUMAR declara al establecimiento Agente Contaminante y lo intima a reconvertir sus procesos industriales, lo que implica en algunos casos contar con plantas de tratamiento de los efluentes industriales, y en otros, modificar el esquema de producción o los materiales que se utilizan, para que el proceso deje de contaminar. Una vez intimada, la industria indica al organismo cómo llevará a cabo la reconversión hacia una producción limpia a través de una propuesta técnica denominada Programa de Reconversión Industrial (PRI). Una vez que ACUMAR aprueba esa propuesta, la industria comienza el proceso, con controles de avance periódicos, ya que debe cumplir un plan de trabajo con tiempos determinados.
Cuando la empresa finaliza el PRI, se realiza una nueva inspección en la que se controla que efectivamente haya dejado de contaminar y se la declara "reconvertida". La ACUMAR, por su parte, tiene un programa de financiamiento a través de aportes no reembolsables para que las empresas que no tengan posibilidades monetarias puedan reconvertirse. Además, este mismo plan contempla la asistencia técnica, a través de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para desarrollar a nivel técnico los programas de reconversión, sin costo para las empresas.
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Zamora firme con los ingenios tucumanos
Zamora: "no queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños"
Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El gobernador, Gerado Zamora habló sobre la situación ambiental de la cuenca Salí Dulce. En la oportunidad afirmó: "Vamos a ser muy duros en nuestra posición frente a los ingenios que puedan contaminar".
El mandatario provincial se refirió al tema en la mañana de este sábado en la ocasión que se le consultó sobre el convenio en conjunto entre la vecina provincia de Tucumán y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
“Reconocemos la decisión política del gobierno tucumano de dar mayor competencia a la Nación a través de la secretaria de medio ambiente, y ha permitido que haga controles de parte de Santiago del Estero. En el caso de los ingenios tucumanos, uno de los puntos de las actas era la vinaza y cenizas cero, donde varios ingenios se comprometieron”.
Luego agregó: “Hay un ingenio que no debe producir etanol porque para nosotros está comenzando a hacer un delito porque no tiene otra forma de enviar la vinaza que es la cuenca del Río Dulce”.
“Nosotros hemos clausurado un matadero con cien empleados y no lo volvimos a abrir por no cumplir con las medidas ambientales”.
“No queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños, ningún empresario “delincuente”, porque ya está procesado. Le pedimos a la Nación, en la figura de la Secretaría de Medio Ambiente, que no sea cómplice de ningún delito”.
“Hay una situación gravísima, se ven en las fotos de los piletones llenas de vinaza, no cumplió con las pautas y tuvo un año para hacer la inversión”.
“Si llueve aprovechan y vuelcan, es una picardía. Tuvimos siete camionetas con inspectores monitoreando, y no llegó a la cuenca. Arrojaron vinaza en terrenos baldíos. Estamos muy preocupados. Tenemos la obligación de estarlo”. Finalizó diciendo el mandatario provincial.
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Fecha de Publicación: 15/06/2013
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
El gobernador, Gerado Zamora habló sobre la situación ambiental de la cuenca Salí Dulce. En la oportunidad afirmó: "Vamos a ser muy duros en nuestra posición frente a los ingenios que puedan contaminar".
El mandatario provincial se refirió al tema en la mañana de este sábado en la ocasión que se le consultó sobre el convenio en conjunto entre la vecina provincia de Tucumán y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
“Reconocemos la decisión política del gobierno tucumano de dar mayor competencia a la Nación a través de la secretaria de medio ambiente, y ha permitido que haga controles de parte de Santiago del Estero. En el caso de los ingenios tucumanos, uno de los puntos de las actas era la vinaza y cenizas cero, donde varios ingenios se comprometieron”.
Luego agregó: “Hay un ingenio que no debe producir etanol porque para nosotros está comenzando a hacer un delito porque no tiene otra forma de enviar la vinaza que es la cuenca del Río Dulce”.
“Nosotros hemos clausurado un matadero con cien empleados y no lo volvimos a abrir por no cumplir con las medidas ambientales”.
“No queremos que se burlen de la buena fe de los santiagueños, ningún empresario “delincuente”, porque ya está procesado. Le pedimos a la Nación, en la figura de la Secretaría de Medio Ambiente, que no sea cómplice de ningún delito”.
“Hay una situación gravísima, se ven en las fotos de los piletones llenas de vinaza, no cumplió con las pautas y tuvo un año para hacer la inversión”.
“Si llueve aprovechan y vuelcan, es una picardía. Tuvimos siete camionetas con inspectores monitoreando, y no llegó a la cuenca. Arrojaron vinaza en terrenos baldíos. Estamos muy preocupados. Tenemos la obligación de estarlo”. Finalizó diciendo el mandatario provincial.
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Gobierno Nacional también da el OK a la Barrick Gold
De Vido recibió a autoridades de la minera Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal Gente BA
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió a directivos de la empresa minera Barrick Gold, quienes reafirmaron que el proyecto Lama que se desarrolla en la provincia de San Juan se mantendrá sin cambios y ratificaron la inversión prevista para 2013 de 8.700 millones de pesos.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido encabezó una reunión con el copresidente del directorio de la empresa minera Barrick Gold, John Thorton, y el vicepresidente corporativo de asuntos gubernamentales, Kelvin Dushnisky, junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral para analizar pormenorizadamente la situación de Lama Pascua.
En la audiencia realizada ayer se evaluó el escenario del sector minero a nivel internacional y se ratificó que el proyecto Lama se mantendrá sin cambios así como que cualquier definición referida al proyecto se tomará en los próximos encuentros entre los ejecutivos de Barrick Exploraciones Argentina S.A., el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno nacional.
Durante el año 2012 Barrick invirtió en Argentina 5.999 millones de pesos y tiene proyectado durante este año una inversión total en nuestro país de 9.300 millones de pesos, de los cuales 8.700 se destinarán a la construcción de Lama y 600 en la operación de Veladero. Con relación al proyecto Lama, se encuentra en etapa de construcción, generando 11.900 puestos de trabajo.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal Gente BA
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, recibió a directivos de la empresa minera Barrick Gold, quienes reafirmaron que el proyecto Lama que se desarrolla en la provincia de San Juan se mantendrá sin cambios y ratificaron la inversión prevista para 2013 de 8.700 millones de pesos.El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido encabezó una reunión con el copresidente del directorio de la empresa minera Barrick Gold, John Thorton, y el vicepresidente corporativo de asuntos gubernamentales, Kelvin Dushnisky, junto con el secretario de Minería, Jorge Mayoral para analizar pormenorizadamente la situación de Lama Pascua.
En la audiencia realizada ayer se evaluó el escenario del sector minero a nivel internacional y se ratificó que el proyecto Lama se mantendrá sin cambios así como que cualquier definición referida al proyecto se tomará en los próximos encuentros entre los ejecutivos de Barrick Exploraciones Argentina S.A., el gobierno de la provincia de San Juan y el gobierno nacional.
Durante el año 2012 Barrick invirtió en Argentina 5.999 millones de pesos y tiene proyectado durante este año una inversión total en nuestro país de 9.300 millones de pesos, de los cuales 8.700 se destinarán a la construcción de Lama y 600 en la operación de Veladero. Con relación al proyecto Lama, se encuentra en etapa de construcción, generando 11.900 puestos de trabajo.
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En la Cámara baja debatieron sobre residuos
Incineración de residuos, una mala opción
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal El Parlamentario
Provincia/Región: Capital Federal
Realizaron en la Cámara baja un debate titulado “Hacia una política nacional para el tratamiento de residuos. Se habló de “gestión integral” como respuesta al problema de la basura y se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos.
Con Paul Connett como invitado central, el diputado Antonio Riestra y la senadora Norma Morandini, presidentes de las comisiones de Población de ambas cámaras legislativas, realizaron un debate sobre tratamientos de residuos. Estuvieron presentes también, junto a representantes de las organizaciones La Coalición Ciudadana Anti-incineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la diputada Graciela Iturraspe (UP) y la dirigente sindical docente y exdiputada Marta Maffei.
Riestra, del bloque Unidad Popular e integrante de la Comisión de Recursos Naturales, planteó en el inicio de la audiencia “la preocupación como sociedad de generar cada vez más basura, residuos domiciliarios, industriales y de todo tipo, producto del modelo de producción y consumo vigente. Pensamos qué hacer con los desechos, cuando en realidad debemos pensar qué hacer con este modelo de producción y consumo que descarta tanta cantidad de objetos, papeles y envases, entre otros residuos; por eso como sociedad debemos discutir y repensar los patrones de consumo y producción”.
Según Riestra, “la respuesta al problema de la basura es la gestión integral, abordando todas sus etapas, sobre todo desde su generación. Para ello, como legisladores debemos avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos, como por ejemplo en mi provincia, Santa Fe, la incineración está prohibida según la Ley 13.055; y también debemos regular el uso de envases y embalajes, reduciéndolos al mínimo posible; tenemos que trabajar con el productor y con la puesta en el mercado de su producto, extender su responsabilidad a la generación y gestión del residuo en el que se transforma ese producto, y muchas otras alternativas que tienen que ver con reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Todo esto puede hacerse consensuadamente. Esto es perfectamente posible con voluntad política”.
Paul Connett realizó un panorama del tratamiento que los diferentes países hacen de sus residuos, y del daño que causan a la población y el ecosistema. Brindó detalles de la contaminación que produce la incineración de la basura y dijo que “se gastan millones en construir incineradores; aunque sería más lógico que ese dinero fuera invertido para reutilizar y reciclar. Por cada cuatro toneladas de basura incinerada se genera una tonelada de ceniza, que es tóxica o muy tóxica”. Connett manifestó además que “visitó hoy un centro ecológico de cartoneros en Ezeiza, que con poca inversión crearon 67 puestos de trabajo. Por eso, los recolectores merecen nuestro respeto, seguridad en su trabajo, mejor calidad de vida y educación para sus hijos”.
Connett cerró su exposición pidiendo “mejor organización, mejor educación y mejor diseño industrial. Más responsabilidad ciudadana, pero mayor responsabilidad industrial porque si no se puede reutilizar, reciclar, reducir o compostar, ese producto no debe ni puede producirse”.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: Portal El Parlamentario
Provincia/Región: Capital Federal
Realizaron en la Cámara baja un debate titulado “Hacia una política nacional para el tratamiento de residuos. Se habló de “gestión integral” como respuesta al problema de la basura y se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos.Con Paul Connett como invitado central, el diputado Antonio Riestra y la senadora Norma Morandini, presidentes de las comisiones de Población de ambas cámaras legislativas, realizaron un debate sobre tratamientos de residuos. Estuvieron presentes también, junto a representantes de las organizaciones La Coalición Ciudadana Anti-incineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la diputada Graciela Iturraspe (UP) y la dirigente sindical docente y exdiputada Marta Maffei.
Riestra, del bloque Unidad Popular e integrante de la Comisión de Recursos Naturales, planteó en el inicio de la audiencia “la preocupación como sociedad de generar cada vez más basura, residuos domiciliarios, industriales y de todo tipo, producto del modelo de producción y consumo vigente. Pensamos qué hacer con los desechos, cuando en realidad debemos pensar qué hacer con este modelo de producción y consumo que descarta tanta cantidad de objetos, papeles y envases, entre otros residuos; por eso como sociedad debemos discutir y repensar los patrones de consumo y producción”.
Según Riestra, “la respuesta al problema de la basura es la gestión integral, abordando todas sus etapas, sobre todo desde su generación. Para ello, como legisladores debemos avanzar en legislación que restrinja la incineración de residuos, como por ejemplo en mi provincia, Santa Fe, la incineración está prohibida según la Ley 13.055; y también debemos regular el uso de envases y embalajes, reduciéndolos al mínimo posible; tenemos que trabajar con el productor y con la puesta en el mercado de su producto, extender su responsabilidad a la generación y gestión del residuo en el que se transforma ese producto, y muchas otras alternativas que tienen que ver con reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Todo esto puede hacerse consensuadamente. Esto es perfectamente posible con voluntad política”.
Paul Connett realizó un panorama del tratamiento que los diferentes países hacen de sus residuos, y del daño que causan a la población y el ecosistema. Brindó detalles de la contaminación que produce la incineración de la basura y dijo que “se gastan millones en construir incineradores; aunque sería más lógico que ese dinero fuera invertido para reutilizar y reciclar. Por cada cuatro toneladas de basura incinerada se genera una tonelada de ceniza, que es tóxica o muy tóxica”. Connett manifestó además que “visitó hoy un centro ecológico de cartoneros en Ezeiza, que con poca inversión crearon 67 puestos de trabajo. Por eso, los recolectores merecen nuestro respeto, seguridad en su trabajo, mejor calidad de vida y educación para sus hijos”.
Connett cerró su exposición pidiendo “mejor organización, mejor educación y mejor diseño industrial. Más responsabilidad ciudadana, pero mayor responsabilidad industrial porque si no se puede reutilizar, reciclar, reducir o compostar, ese producto no debe ni puede producirse”.
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Bosques en Entre Ríos, su estudio va “despacito”
Se continúa revelando geográficamente al bosque nativo
Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Remarcaron que si bien el estudio va “despacito” también lo hace a “paso firme”. Asimismo se adelantó que hasta tanto no se concluya la etapa de relevamiento no se convocará a entidades para el debate.
La presidente de la Comisión de Tierras y Obras públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Estela Almirón, informó que se continúa revelando geográficamente al bosque nativo.
La legisladora explicó que se trata de un proyecto “muy complejo” que requiere un estudio “con la seriedad y responsabilidad que nos ha pedido el gobernador (Sergio) Urribarri”.
“Nosotros continuamos trabajando en el proyecto porque es muy complejo, debido a la dificultad de efectuar los relevamientos del terreno necesarios para conocer geográficamente cual es la situación en la provincia”, explicó Almirón.
Y agregó: “Vamos despacito pero a pie firme en cada cosa y actualmente continuamos desarrollando el estudio geográfico del bosque nativo en todo el territorio provincial, que es estrictamente necesario para poder conocer en detalle y profundidad el alcance que debe tener el proyecto” de Ley, comentó.
Remarcó que el sondeo realizado por la Cámara baja es “independiente” del efectuado por el Ministerio de Producción, a lo que subrayó que “hasta no determinar cual es la situación en la provincia no convocaremos a ninguna institución ni ONG vinculada, ya que es un requisito fundamental tener estos datos para poder dialogar al respecto”.
Si bien la diputada reconoció que existen plazos que se vencieron, aclaró que los mismos “no corresponden a nuestra gestión”.
En este sentido dijo que desde la nueva composición de la Cámara, asumida en diciembre de 2011, “estamos trabajando para hacer las cosas bien y de acuerdo a la seriedad y directivas que hemos recibido del Gobernador de la provincia, ya que es un tema muy extenso y muy complejo que requiere viajar, dialogar con los vecinos de las zonas de bosques, sobrevolarlas y contar con datos técnicos para avanzar con este dossier de información necesaria para poder conocer en detalle la situación en Entre Ríos”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 14/06/2013
Fuente: El Diario de Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Remarcaron que si bien el estudio va “despacito” también lo hace a “paso firme”. Asimismo se adelantó que hasta tanto no se concluya la etapa de relevamiento no se convocará a entidades para el debate.
La presidente de la Comisión de Tierras y Obras públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Estela Almirón, informó que se continúa revelando geográficamente al bosque nativo.
La legisladora explicó que se trata de un proyecto “muy complejo” que requiere un estudio “con la seriedad y responsabilidad que nos ha pedido el gobernador (Sergio) Urribarri”.
“Nosotros continuamos trabajando en el proyecto porque es muy complejo, debido a la dificultad de efectuar los relevamientos del terreno necesarios para conocer geográficamente cual es la situación en la provincia”, explicó Almirón.
Y agregó: “Vamos despacito pero a pie firme en cada cosa y actualmente continuamos desarrollando el estudio geográfico del bosque nativo en todo el territorio provincial, que es estrictamente necesario para poder conocer en detalle y profundidad el alcance que debe tener el proyecto” de Ley, comentó.
Remarcó que el sondeo realizado por la Cámara baja es “independiente” del efectuado por el Ministerio de Producción, a lo que subrayó que “hasta no determinar cual es la situación en la provincia no convocaremos a ninguna institución ni ONG vinculada, ya que es un requisito fundamental tener estos datos para poder dialogar al respecto”.
Si bien la diputada reconoció que existen plazos que se vencieron, aclaró que los mismos “no corresponden a nuestra gestión”.
En este sentido dijo que desde la nueva composición de la Cámara, asumida en diciembre de 2011, “estamos trabajando para hacer las cosas bien y de acuerdo a la seriedad y directivas que hemos recibido del Gobernador de la provincia, ya que es un tema muy extenso y muy complejo que requiere viajar, dialogar con los vecinos de las zonas de bosques, sobrevolarlas y contar con datos técnicos para avanzar con este dossier de información necesaria para poder conocer en detalle la situación en Entre Ríos”, concluyó.
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Bosque nativo: "Hecha la ley, hecho el desmonte"
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 13/06/2013
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
A pesar de la sanción de la Ley de Bosques, la deforestación avanza en la Argentina.
La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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La Ley de Bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy sólo queda el 30 por ciento. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse.
Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar al país como algo que fue establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no. Felizmente se trata de un cuerpo vivo, por lo tanto cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra hay impactos ambientales, sociales y políticos. Por lo tanto ese cuerpo vivo somos nosotros.
Lo que empezamos a mostrar forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y administración de los recursos naturales.
Veremos que una ley no cambia por si misma el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni mejora su estado. Y finalmente nos hace pensar como nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto.
Mañana lo veremos mejor con el caso del desmonte en Salta, y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles.
"Hecha la ley, hecho el desmonte": así se destruye un bosque nativo.
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