Los glaciares son hielos de nadie
23:17 | 
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Glaciares: no hay inventario oficial y las mineras siguen sin control
Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.
La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Sali-Dulce: más allá de las multas....
Se esperan sanciones 'penales' por vinaza
Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Criticó a las empresas que no se preocupan por proteger el medio ambiente.
Las medidas adoptadas en los últimos días con multas millonarias a una industria que derramó vinaza por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán fueron bien vistas por el vicegobernador de la Provincia, Angel Niccolai, pero aclaró que espera “sanciones penales”.
“Se trabaja con firmeza y usando todas las herramientas disponibles a través de los organismos de contralor y aplicación para que se cumplan las leyes, como debe ser”, manifestó en diálogo con Nuevo Diario.
“En el caso de que haya transgresiones deben efectuarse sanciones como las de días atrás, pero además desde las justicia esperamos sanciones penales para quienes agreden de modo alevoso las disposiciones ambientales, poniendo en riesgo el ecosistema, la producción, la salud de la gente y todo lo que implica dañar el medio ambiente”, manifestó el vicegobernador.
El funcionario criticó a las empresas que no muestran preocupación en proteger el medio ambiente “para que las generaciones futuras disfruten de un ambiente sano”.
“Simplemente, lo que se pide es que se hagan las inversiones necesarias, no estamos contra la producción”, manifestó el funcionario provincial desde Las Termas de Río Hondo.
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Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Criticó a las empresas que no se preocupan por proteger el medio ambiente.
Las medidas adoptadas en los últimos días con multas millonarias a una industria que derramó vinaza por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán fueron bien vistas por el vicegobernador de la Provincia, Angel Niccolai, pero aclaró que espera “sanciones penales”.
“Se trabaja con firmeza y usando todas las herramientas disponibles a través de los organismos de contralor y aplicación para que se cumplan las leyes, como debe ser”, manifestó en diálogo con Nuevo Diario.
“En el caso de que haya transgresiones deben efectuarse sanciones como las de días atrás, pero además desde las justicia esperamos sanciones penales para quienes agreden de modo alevoso las disposiciones ambientales, poniendo en riesgo el ecosistema, la producción, la salud de la gente y todo lo que implica dañar el medio ambiente”, manifestó el vicegobernador.
El funcionario criticó a las empresas que no muestran preocupación en proteger el medio ambiente “para que las generaciones futuras disfruten de un ambiente sano”.
“Simplemente, lo que se pide es que se hagan las inversiones necesarias, no estamos contra la producción”, manifestó el funcionario provincial desde Las Termas de Río Hondo.
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De noche metrobús arrasa con árboles
El metrobús arrasa con los espacios verdes
Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Algunos árboles se trasplantan y otros se talan. El trabajo se hace de noche. También afectará a la Plaza de la República. Un recurso de amparo reclama paralizar la obra y remediar el daño ambiental provocado.
El sonido de las raíces que crujen se escucha en medio del silencio de la noche. Una grúa intenta levantar el tronco de un palo borracho mientras una topadora tira hacia el costado, tratando de vencer la resistencia del árbol. Las dos máquinas lo tienen enlazado con sogas, mientras dos hombres golpean con palas de mano la tierra de las raíces y un tercero las recorta con la motosierra. Casi dos horas les costó sacar el árbol en la plazoleta central de la Avenida 9 de Julio, a la altura de Chile, con aparente destino de trasplante. La operación, impulsada por la misma gestión que proclama una “Ciudad Verde”, se realiza en horas de la noche, cuando la actividad en la avenida se reduce al paso apurado de algunos vehículos. Se trata de las obras para construir el metrobús, un corredor para la circulación rápida de colectivos en el centro de la avenida, que prevé el levantamiento de las plazoletas centrales a lo largo de doce cuadras y su reemplazo por dos anchas hileras de cemento. Un ex legislador presentó ayer un recurso de amparo para frenar las obras, argumentando que los trabajos “están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad” (ver aparte). Además, considera que la obra “es ilegal porque no fue aprobada por la Legislatura”. Y reclama que se declare nula la licitación de las obras y se proceda a la “recomposición del ambiente dañado”.
“En medicina, esto se llama iatrogenia: para resolver un problema se crean otros más graves. Es una barbaridad eliminar estos parques para acortar un poco el tiempo del transporte”, dijo a Página/12 el arquitecto Rodolfo Livingston, integrante de ProAmba, una organización que, junto a la Red por el Patrimonio, evalúa la presentación de otro recurso de amparo para frenar la obra.
El cuestionamiento no es sólo ambiental o paisajístico, sino que apunta al sentido de la obra. “No encontramos antecedentes en el mundo donde por encima de una línea de subte (la C) se construya un metrobús”, dijo a este diario Facundo Di Filippo, del Partido Social de la Ciudad, uno de los firmantes del amparo.
El metrobús ocupará dos carriles por mano en el centro de la 9 de Julio, desde la avenida San Juan, al sur, hasta Arroyo, en el norte. Por allí circularán en ambos sentidos, de punta a punta, diez líneas de colectivos. Habrá en total cinco paradas, cada cuatro cuadras, pero cada una tendrá una extensión promedio de 200 metros, para permitir la detención de las unidades de todas las líneas. Las autoridades estiman que permitiría reducir a 20 minutos el tiempo de recorrido que hoy demanda 40 o más.
Hasta ahora, la construcción del primer tramo, desde la avenida Belgrano hasta Sarmiento, sólo afectó un pequeño cantero central. Lo mismo ocurrirá desde Lavalle hasta Córdoba. Esa etapa debe estar terminada antes de que empiece marzo. El problema para los espacios verdes se genera desde Belgrano hacia el sur, donde en el centro de la avenida se abre una plazoleta de veinte metros de ancho por cuadra, hasta San Juan. Allí hay plantados frondosos árboles, entre ellos tipas, jacarandás y palos borrachos. La misma situación se plantea desde Córdoba hacia el norte, hasta Arenales. En total, son doce cuadras, con una superficie equivalente a tres plazas con una superficie de una manzana.
No talen Buenos Aires
Página/12 recorrió el jueves, en tres horarios distintos, la zona de obras. De día, el trabajo febril se concentra en el levantamiento del asfalto y la pavimentación. Pero entrada la noche, lo que se escucha es el impiadoso rugir de la motosierra, que mutila gruesas ramas de los árboles a extraer. Un equipo integrado por dos camiones, una grúa y dos retroexcavadoras despliega su energía en las plazoletas centrales desde México hasta Venezuela. Los vehículos no están identificados, pero una técnica a cargo del operativo revela que pertenecen al Ministerio de Espacio Público. Los árboles, aseguran, son extraídos del verde central para ser trasplantados a los canteros laterales, sobre Lima o Bernardo de Irigoyen.
–¿Por qué hacen este trabajo de noche?– preguntó Página/12 a los técnicos responsables de la extracción de árboles.
–Porque hay menos tránsito y es más fácil el traslado con la grúa.
Podrá ser así, pero también es cierto que se le ahorra al público la vista de un procedimiento que por momentos parece cruel. Al menos el que presenciaron los cronistas de este diario, en el que fue necesario el tironeo de dos máquinas y el ataque con palas y motosierra para vencer la resistencia de ese árbol, que parecía no querer salir de ese sitio.
Según los empleados a cargo del trabajo, las especies extraídas son plantadas en otros canteros, pero como todo se hace en la oscuridad y la desinformación, parece imposible saber si todos los árboles extraídos han sido trasplantados. Al menos uno corrió destino de tala por motosierra, como lo demuestra el tronco cortado al ras, que puede verse apenas se remueve la tierra que lo esconde, en 9 de Julio y México.
El saber popular da por cierto que el verano no es tiempo de poda ni de trasplantes. Página/12 fue en busca de fundamentos científicos de esa afirmación: “El verano es una época mala para trasplantes. Sacarle tierra y cortarle las raíces representa mucho estrés hídrico para las plantas. Las hojas transpiran más y requieren más agua, lo cual no favorece el crecimiento de las raíces”, explicó Betina Guarnaschelli, docente de la Cátedra de Dasonomía (ciencias del bosque) de la Facultad de Agronomía de la UBA. “El momento para hacer un trasplante es primavera u otoño. Hacerlo en esta época tiene grandes riesgos, y más con las altas temperaturas de estos días”, agregó la experta
Pero los tiempos electorales no son iguales a los de la naturaleza: el macrismo prevé desdoblar las elecciones locales de las nacionales, y adelantarlas para julio. “Con obras como el metrobús y el enrejado del Parque Centenario, están haciendo una intervención urbana significativa en un año electoral, a costa de los intereses de los porteños”, estimó Di Filippo.
Para la arquitecta Cira Szklowin, de la Red por el Patrimonio, “resulta claro que el patrimonio arbóreo de la Avenida 9 de Julio peligra al estar subordinado a la necesidad de una obra ampliamente criticada, incluso en la respectiva audiencia pública”. La arquitecta fue testigo de una de esas drásticas podas en la 9 de Julio y, al consultar al profesional a cargo del trabajo, recibió como respuesta que la poda “era necesaria para conservar las energías del árbol, que iba a ser trasplantado en otra parte de la avenida llevado con una retroexcavadora, que me quedara tranquila”.
“Con esta mutilación, los árboles reciben un impacto irreversible, ya que al dejar sólo las ramas principales, pierden su estructura, equilibrio, funciones ambientales y paisajísticas”, dijo Szklowin. “De esas ramas desmochadas, de 10 a 15 centímetros de diámetro, sin capacidad para reconstruir las ramas y subramas que conformaban la copa del árbol, sólo pueden crecer ramilletes de brotes delgados, una especie de peluquín verde que recubre la calva rama mutilada”, ironizó. “Es decir, de árboles con copa esplendorosa pasamos a tener muñones con peluca, como se puede ver por toda la ciudad en los últimos años.” En efecto, por estos días son frecuentes los llamados de lectores de distintos barrios que reportan podas indiscriminadas fuera de tiempo.
“Es un absurdo que se haya arrasado con el arbolado antes de que la Subsecretaría de Transporte envíe el proyecto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, dijo a Página/12 el diputado Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura. Se refería a que días atrás, el ministro Diego Santilli, en una entrevista radial, se excusó de dar detalles sobre el tema porque aún su cartera no tenía el plan de obra. Para el legislador, “esto demuestra la falta de planificación con que se maneja la administración macrista y la desconexión que existe entre las distintas áreas del gobierno PRO”.
“El metrobús tiene un impacto ambiental enorme, cambia el paisaje de la 9 de Julio –advirtió Camps–. Y además tiene un costo exorbitante: 166 millones de pesos, a razón de 55 millones por kilómetro, cuando el de Juan B. Justo costó 12,5 millones por kilómetro.”
Según Camps, el informe ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad habilita la obra con argumentos insólitos. “Los canteros centrales están codificados como Urbanización Parque y, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, sólo pueden hacerse obras complementarias con el uso. Pero la Agencia le dio vía libre al proyecto porque el metrobús es una obra “de interés público”. “Por más que Macri se esfuerce por publicitar su Ciudad Verde, todas sus políticas se encaminan a que los porteños tengamos una ciudad cada vez más gris”, concluyó el diputado.
“La zona de San Telmo y Monserrat –agregó– es una de las que tienen menos árboles y espacios verdes en la ciudad. Y lo poco que hay lo sacan”.
No trasplanten el Obelisco
“Están destruyendo las plazoletas, sacando más de 200 árboles frondosos y modificando la Plaza de la República, donde se emplaza el Obelisco”, advirtió Di Filippo, uno de los firmantes del amparo presentado ayer y que tramita en el juzgado a cargo de Guillermo Scheibler. “Están alterando radicalmente un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano”, fundamentó el ex legislador.
Es que, debido a que el trazado del metrobús afecta el área central de la avenida “más ancha del mundo”, la obra debe esquivar el monumento más emblemático de Buenos Aires, lo cual “afecta 200 metros cuadrados de la Plaza de la República”, alertó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, otro de los firmantes del amparo.
“Un árbol no es un objeto, una ficha que se puede mover de un lado a otro del tablero. Tiene su lugar en el mundo. Es lo mismo que un monumento: no podemos trasladar el Obelisco a Esmeralda”, expresó Rodolfo Livingston. “Esta obra es un atentado a la ciudad. Es la avenida más ancha del mundo, una imagen de Buenos Aires, escenario de acontecimientos políticos y culturales”, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital Federal
Algunos árboles se trasplantan y otros se talan. El trabajo se hace de noche. También afectará a la Plaza de la República. Un recurso de amparo reclama paralizar la obra y remediar el daño ambiental provocado.El sonido de las raíces que crujen se escucha en medio del silencio de la noche. Una grúa intenta levantar el tronco de un palo borracho mientras una topadora tira hacia el costado, tratando de vencer la resistencia del árbol. Las dos máquinas lo tienen enlazado con sogas, mientras dos hombres golpean con palas de mano la tierra de las raíces y un tercero las recorta con la motosierra. Casi dos horas les costó sacar el árbol en la plazoleta central de la Avenida 9 de Julio, a la altura de Chile, con aparente destino de trasplante. La operación, impulsada por la misma gestión que proclama una “Ciudad Verde”, se realiza en horas de la noche, cuando la actividad en la avenida se reduce al paso apurado de algunos vehículos. Se trata de las obras para construir el metrobús, un corredor para la circulación rápida de colectivos en el centro de la avenida, que prevé el levantamiento de las plazoletas centrales a lo largo de doce cuadras y su reemplazo por dos anchas hileras de cemento. Un ex legislador presentó ayer un recurso de amparo para frenar las obras, argumentando que los trabajos “están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de nuestra ciudad” (ver aparte). Además, considera que la obra “es ilegal porque no fue aprobada por la Legislatura”. Y reclama que se declare nula la licitación de las obras y se proceda a la “recomposición del ambiente dañado”.
“En medicina, esto se llama iatrogenia: para resolver un problema se crean otros más graves. Es una barbaridad eliminar estos parques para acortar un poco el tiempo del transporte”, dijo a Página/12 el arquitecto Rodolfo Livingston, integrante de ProAmba, una organización que, junto a la Red por el Patrimonio, evalúa la presentación de otro recurso de amparo para frenar la obra.
El cuestionamiento no es sólo ambiental o paisajístico, sino que apunta al sentido de la obra. “No encontramos antecedentes en el mundo donde por encima de una línea de subte (la C) se construya un metrobús”, dijo a este diario Facundo Di Filippo, del Partido Social de la Ciudad, uno de los firmantes del amparo.
El metrobús ocupará dos carriles por mano en el centro de la 9 de Julio, desde la avenida San Juan, al sur, hasta Arroyo, en el norte. Por allí circularán en ambos sentidos, de punta a punta, diez líneas de colectivos. Habrá en total cinco paradas, cada cuatro cuadras, pero cada una tendrá una extensión promedio de 200 metros, para permitir la detención de las unidades de todas las líneas. Las autoridades estiman que permitiría reducir a 20 minutos el tiempo de recorrido que hoy demanda 40 o más.
Hasta ahora, la construcción del primer tramo, desde la avenida Belgrano hasta Sarmiento, sólo afectó un pequeño cantero central. Lo mismo ocurrirá desde Lavalle hasta Córdoba. Esa etapa debe estar terminada antes de que empiece marzo. El problema para los espacios verdes se genera desde Belgrano hacia el sur, donde en el centro de la avenida se abre una plazoleta de veinte metros de ancho por cuadra, hasta San Juan. Allí hay plantados frondosos árboles, entre ellos tipas, jacarandás y palos borrachos. La misma situación se plantea desde Córdoba hacia el norte, hasta Arenales. En total, son doce cuadras, con una superficie equivalente a tres plazas con una superficie de una manzana.
No talen Buenos Aires
Página/12 recorrió el jueves, en tres horarios distintos, la zona de obras. De día, el trabajo febril se concentra en el levantamiento del asfalto y la pavimentación. Pero entrada la noche, lo que se escucha es el impiadoso rugir de la motosierra, que mutila gruesas ramas de los árboles a extraer. Un equipo integrado por dos camiones, una grúa y dos retroexcavadoras despliega su energía en las plazoletas centrales desde México hasta Venezuela. Los vehículos no están identificados, pero una técnica a cargo del operativo revela que pertenecen al Ministerio de Espacio Público. Los árboles, aseguran, son extraídos del verde central para ser trasplantados a los canteros laterales, sobre Lima o Bernardo de Irigoyen.
–¿Por qué hacen este trabajo de noche?– preguntó Página/12 a los técnicos responsables de la extracción de árboles.
–Porque hay menos tránsito y es más fácil el traslado con la grúa.
Podrá ser así, pero también es cierto que se le ahorra al público la vista de un procedimiento que por momentos parece cruel. Al menos el que presenciaron los cronistas de este diario, en el que fue necesario el tironeo de dos máquinas y el ataque con palas y motosierra para vencer la resistencia de ese árbol, que parecía no querer salir de ese sitio.
Según los empleados a cargo del trabajo, las especies extraídas son plantadas en otros canteros, pero como todo se hace en la oscuridad y la desinformación, parece imposible saber si todos los árboles extraídos han sido trasplantados. Al menos uno corrió destino de tala por motosierra, como lo demuestra el tronco cortado al ras, que puede verse apenas se remueve la tierra que lo esconde, en 9 de Julio y México.
El saber popular da por cierto que el verano no es tiempo de poda ni de trasplantes. Página/12 fue en busca de fundamentos científicos de esa afirmación: “El verano es una época mala para trasplantes. Sacarle tierra y cortarle las raíces representa mucho estrés hídrico para las plantas. Las hojas transpiran más y requieren más agua, lo cual no favorece el crecimiento de las raíces”, explicó Betina Guarnaschelli, docente de la Cátedra de Dasonomía (ciencias del bosque) de la Facultad de Agronomía de la UBA. “El momento para hacer un trasplante es primavera u otoño. Hacerlo en esta época tiene grandes riesgos, y más con las altas temperaturas de estos días”, agregó la experta
Pero los tiempos electorales no son iguales a los de la naturaleza: el macrismo prevé desdoblar las elecciones locales de las nacionales, y adelantarlas para julio. “Con obras como el metrobús y el enrejado del Parque Centenario, están haciendo una intervención urbana significativa en un año electoral, a costa de los intereses de los porteños”, estimó Di Filippo.
Para la arquitecta Cira Szklowin, de la Red por el Patrimonio, “resulta claro que el patrimonio arbóreo de la Avenida 9 de Julio peligra al estar subordinado a la necesidad de una obra ampliamente criticada, incluso en la respectiva audiencia pública”. La arquitecta fue testigo de una de esas drásticas podas en la 9 de Julio y, al consultar al profesional a cargo del trabajo, recibió como respuesta que la poda “era necesaria para conservar las energías del árbol, que iba a ser trasplantado en otra parte de la avenida llevado con una retroexcavadora, que me quedara tranquila”.
“Con esta mutilación, los árboles reciben un impacto irreversible, ya que al dejar sólo las ramas principales, pierden su estructura, equilibrio, funciones ambientales y paisajísticas”, dijo Szklowin. “De esas ramas desmochadas, de 10 a 15 centímetros de diámetro, sin capacidad para reconstruir las ramas y subramas que conformaban la copa del árbol, sólo pueden crecer ramilletes de brotes delgados, una especie de peluquín verde que recubre la calva rama mutilada”, ironizó. “Es decir, de árboles con copa esplendorosa pasamos a tener muñones con peluca, como se puede ver por toda la ciudad en los últimos años.” En efecto, por estos días son frecuentes los llamados de lectores de distintos barrios que reportan podas indiscriminadas fuera de tiempo.
“Es un absurdo que se haya arrasado con el arbolado antes de que la Subsecretaría de Transporte envíe el proyecto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, dijo a Página/12 el diputado Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura. Se refería a que días atrás, el ministro Diego Santilli, en una entrevista radial, se excusó de dar detalles sobre el tema porque aún su cartera no tenía el plan de obra. Para el legislador, “esto demuestra la falta de planificación con que se maneja la administración macrista y la desconexión que existe entre las distintas áreas del gobierno PRO”.
“El metrobús tiene un impacto ambiental enorme, cambia el paisaje de la 9 de Julio –advirtió Camps–. Y además tiene un costo exorbitante: 166 millones de pesos, a razón de 55 millones por kilómetro, cuando el de Juan B. Justo costó 12,5 millones por kilómetro.”
Según Camps, el informe ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad habilita la obra con argumentos insólitos. “Los canteros centrales están codificados como Urbanización Parque y, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, sólo pueden hacerse obras complementarias con el uso. Pero la Agencia le dio vía libre al proyecto porque el metrobús es una obra “de interés público”. “Por más que Macri se esfuerce por publicitar su Ciudad Verde, todas sus políticas se encaminan a que los porteños tengamos una ciudad cada vez más gris”, concluyó el diputado.
“La zona de San Telmo y Monserrat –agregó– es una de las que tienen menos árboles y espacios verdes en la ciudad. Y lo poco que hay lo sacan”.
No trasplanten el Obelisco
“Están destruyendo las plazoletas, sacando más de 200 árboles frondosos y modificando la Plaza de la República, donde se emplaza el Obelisco”, advirtió Di Filippo, uno de los firmantes del amparo presentado ayer y que tramita en el juzgado a cargo de Guillermo Scheibler. “Están alterando radicalmente un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano”, fundamentó el ex legislador.
Es que, debido a que el trazado del metrobús afecta el área central de la avenida “más ancha del mundo”, la obra debe esquivar el monumento más emblemático de Buenos Aires, lo cual “afecta 200 metros cuadrados de la Plaza de la República”, alertó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, otro de los firmantes del amparo.
“Un árbol no es un objeto, una ficha que se puede mover de un lado a otro del tablero. Tiene su lugar en el mundo. Es lo mismo que un monumento: no podemos trasladar el Obelisco a Esmeralda”, expresó Rodolfo Livingston. “Esta obra es un atentado a la ciudad. Es la avenida más ancha del mundo, una imagen de Buenos Aires, escenario de acontecimientos políticos y culturales”, concluyó.
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A la megaminería no le gusta el cepo cambiario
Crisis con las mineras por el cepo cambiario
Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Nacional
Los pulpos mineros están disconformes: según los cálculos que circulan, “el sector tenía frenado el envío de más de 900 millones de dólares” (BAE, 1/2), en referencia a los dividendos que han dejado de girar a partir de las restricciones implementadas por el gobierno. En consecuencia, su liquidez en pesos es muy grande.
Inversiones I: Barrick
Las mineras están suspendiendo o retrasando sus inversiones. Xstrata, que explota La Alumbrera en Catamarca y es dueña de los proyectos de Agua Rica (Catamarca) y Pachon (San Juan), las mandó al freezer. Es una de las que tiene más dividendos para girar.
Barrick reinició su proyecto de Pascua Lama -aunque sus costos, dice, subieron de 3.500 millones de dólares a 9.000 millones. El pulpo cuenta con la posibilidad de exportar y girar utilidades por Chile, dado el carácter binacional de Pascua Lama. Por otro lado, la Ley de Glaciares opera como una espada de Damocles sobre ese proyecto y sobre Veladero (en explotación y sólo en territorio argentino), si no son concluidas antes de que caigan las cautelares que determinaron su suspensión. La semana pasada, un informe de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental del gobierno de San Juan anunció que ni Veladero ni Pascua Lama afectan a glaciares. El informe, elaborado por Jorge Million, un ex empleado de Barrick, será girado a la Corte Suprema. El organismo previsto por la Ley (Ianigla) todavía no abrió la boca.
Inversiones II: Vale
La inversión de Vale en el yacimiento de Potasio Río Colorado, que ya venía con retraso, está parada desde diciembre y no tiene fecha cierta de reinicio. La caída de la venta de hierro, que había afectado el flujo de fondos destinados al desarrollo del proyecto minero, fue solamente una excusa (MDZ, 28/1).
“Fuentes de la Casa Rosada revelaron a MDZ que en Chile Dilma le pidió a Cristina un diferimiento tributario equivalente a 1000 milllones de dólares; la respuesta de la mandataria argentina fue negativa” (ídem).
Según ese informe, Vale también reclamó por el tipo de cambio, y por el giro de dividendos a futuro (ver artículo en esta página).
Autorizan giro
El viernes 1º de febrero se supo que el gobierno comenzó a liberar el giro de dividendos. “Las autorizaciones son en cuentagotas, pero comenzaron a aprobarse” (BAE, 1/2). El gobierno les venía exigiendo a las mineras que sustituyan los abastecimientos importados por producción nacional. Las reuniones se fueron más en “planes” que en resultados concretos. El canje sustitución de importaciones por giro de dividendos no funcionó. Tampoco es el centro de los problemas, ya que el cepo cambiario obedece a la necesidad de pagar la deuda pública y las importaciones de energía, y a la fenomenal caída de las reservas internacionales netas del Banco Central.
Asistencialismo y control político
Los estados provinciales siguen cobrando las regalías del 3%, establecidas por Menem, una gragea comparada con cualquier otro régimen minero a nivel mundial. Un reciente proyecto para aumentarlas, de la esposa de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, duerme en el Congreso.
En las zonas donde se encuentran los yacimientos actualmente en explotación, en especial Catamarca, San Juan y Santa Cruz, hay un intento de política asistencialista, para neutralizar el descontento de las poblaciones con el daño ambiental y la falta de progreso social. Una escuela o un hospital, en comunidades de pocos habitantes, o la promoción de pequeños emprendimientos.
Como decíamos en una nota anterior: “Los pulpos mineros han ido tomando el control de las débiles economías cordilleranas y tienen un peso enorme en sus regímenes políticos”.
La crisis entre el gobierno y los pulpos mineros por el cepo cambiario, es uno de los componentes de la corrida que sufre el peso en el mercado de cambios. La consigna de esos pulpos es: devaluación y libre giro de utilidades.
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Fecha de Publicación: 09/02/2013
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Nacional
Los pulpos mineros están disconformes: según los cálculos que circulan, “el sector tenía frenado el envío de más de 900 millones de dólares” (BAE, 1/2), en referencia a los dividendos que han dejado de girar a partir de las restricciones implementadas por el gobierno. En consecuencia, su liquidez en pesos es muy grande.Inversiones I: Barrick
Las mineras están suspendiendo o retrasando sus inversiones. Xstrata, que explota La Alumbrera en Catamarca y es dueña de los proyectos de Agua Rica (Catamarca) y Pachon (San Juan), las mandó al freezer. Es una de las que tiene más dividendos para girar.
Barrick reinició su proyecto de Pascua Lama -aunque sus costos, dice, subieron de 3.500 millones de dólares a 9.000 millones. El pulpo cuenta con la posibilidad de exportar y girar utilidades por Chile, dado el carácter binacional de Pascua Lama. Por otro lado, la Ley de Glaciares opera como una espada de Damocles sobre ese proyecto y sobre Veladero (en explotación y sólo en territorio argentino), si no son concluidas antes de que caigan las cautelares que determinaron su suspensión. La semana pasada, un informe de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental del gobierno de San Juan anunció que ni Veladero ni Pascua Lama afectan a glaciares. El informe, elaborado por Jorge Million, un ex empleado de Barrick, será girado a la Corte Suprema. El organismo previsto por la Ley (Ianigla) todavía no abrió la boca.
Inversiones II: Vale
La inversión de Vale en el yacimiento de Potasio Río Colorado, que ya venía con retraso, está parada desde diciembre y no tiene fecha cierta de reinicio. La caída de la venta de hierro, que había afectado el flujo de fondos destinados al desarrollo del proyecto minero, fue solamente una excusa (MDZ, 28/1).
“Fuentes de la Casa Rosada revelaron a MDZ que en Chile Dilma le pidió a Cristina un diferimiento tributario equivalente a 1000 milllones de dólares; la respuesta de la mandataria argentina fue negativa” (ídem).
Según ese informe, Vale también reclamó por el tipo de cambio, y por el giro de dividendos a futuro (ver artículo en esta página).
Autorizan giro
El viernes 1º de febrero se supo que el gobierno comenzó a liberar el giro de dividendos. “Las autorizaciones son en cuentagotas, pero comenzaron a aprobarse” (BAE, 1/2). El gobierno les venía exigiendo a las mineras que sustituyan los abastecimientos importados por producción nacional. Las reuniones se fueron más en “planes” que en resultados concretos. El canje sustitución de importaciones por giro de dividendos no funcionó. Tampoco es el centro de los problemas, ya que el cepo cambiario obedece a la necesidad de pagar la deuda pública y las importaciones de energía, y a la fenomenal caída de las reservas internacionales netas del Banco Central.
Asistencialismo y control político
Los estados provinciales siguen cobrando las regalías del 3%, establecidas por Menem, una gragea comparada con cualquier otro régimen minero a nivel mundial. Un reciente proyecto para aumentarlas, de la esposa de Peralta, el gobernador de Santa Cruz, duerme en el Congreso.
En las zonas donde se encuentran los yacimientos actualmente en explotación, en especial Catamarca, San Juan y Santa Cruz, hay un intento de política asistencialista, para neutralizar el descontento de las poblaciones con el daño ambiental y la falta de progreso social. Una escuela o un hospital, en comunidades de pocos habitantes, o la promoción de pequeños emprendimientos.
Como decíamos en una nota anterior: “Los pulpos mineros han ido tomando el control de las débiles economías cordilleranas y tienen un peso enorme en sus regímenes políticos”.
La crisis entre el gobierno y los pulpos mineros por el cepo cambiario, es uno de los componentes de la corrida que sufre el peso en el mercado de cambios. La consigna de esos pulpos es: devaluación y libre giro de utilidades.
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Lorenzetti hace punta en el derecho ambiental
Lorenzetti presidirá un consejo internacional para proteger el medioambiente
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, será presidente del Consejo para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y Ley para la Sostenibilidad Ambiental, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en Nairobi, Kenia. Este consejo cuenta con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y estará encabezado también por el titular del Poder Judicial de Malasia.
La cita es una continuación de RIO+20, donde se creó el International Advisory Council for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley para la Sostenibilidad Ambiental), con dos presidentes: Ricardo Lorenzetti (titular de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Tun Arifin Zakaria (titular del Poder Judicial de Malasia).
La intención es que tanto Lorenzetti como Zakaria estén en contacto con los poderes judiciales de todo el mundo para organizar mejores sistemas para la protección del planeta Tierra. Precisamente, la primera reunión es la que se realizará en Nairobi.
El temario del encuentro incluirá presentaciones sobre Rio+20 y las nuevas perspectivas en el campo ambiental; las amenazas al desarrollo sustentable y el Gobierno de la ley; la interacción entre la adhesión al Gobierno de la Ley y el respeto de los derechos humanos: el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y la eficacia de la ley ambiental en el plano nacional.
Lorenzetti además integrará las conferencias magistrales “UNEP, Rio+20 y las nuevas perspectivas para el Gobierno de la Ley en el campo ambiental”, y será expositor en el panel “Acceso a la justicia, participación pública e información sobre cuestiones ambientales y principios nuevos surgidos en la ley ambiental” algo que desgraciadamente en su propio país es una quimera.
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Nacional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, será presidente del Consejo para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y Ley para la Sostenibilidad Ambiental, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en Nairobi, Kenia. Este consejo cuenta con el aval del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y estará encabezado también por el titular del Poder Judicial de Malasia.La cita es una continuación de RIO+20, donde se creó el International Advisory Council for the Advancement of Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability (Consejo Asesor Internacional para la Promoción de la Justicia, la Gobernanza y la Ley para la Sostenibilidad Ambiental), con dos presidentes: Ricardo Lorenzetti (titular de la Corte Suprema de Justicia de Argentina) y Tun Arifin Zakaria (titular del Poder Judicial de Malasia).
La intención es que tanto Lorenzetti como Zakaria estén en contacto con los poderes judiciales de todo el mundo para organizar mejores sistemas para la protección del planeta Tierra. Precisamente, la primera reunión es la que se realizará en Nairobi.
El temario del encuentro incluirá presentaciones sobre Rio+20 y las nuevas perspectivas en el campo ambiental; las amenazas al desarrollo sustentable y el Gobierno de la ley; la interacción entre la adhesión al Gobierno de la Ley y el respeto de los derechos humanos: el acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y la eficacia de la ley ambiental en el plano nacional.
Lorenzetti además integrará las conferencias magistrales “UNEP, Rio+20 y las nuevas perspectivas para el Gobierno de la Ley en el campo ambiental”, y será expositor en el panel “Acceso a la justicia, participación pública e información sobre cuestiones ambientales y principios nuevos surgidos en la ley ambiental” algo que desgraciadamente en su propio país es una quimera.
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Por la Ley de Bosques frenan obras de Nueva Costa
La Justicia frenó por 30 días las obras del Puerto Madero del Sur
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó la suspensión por 30 días prorrogables de las obras en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda del megaemprendimiento inmobiliario, comercial y recreativo denominado Nueva Costa del Plata, que demandará una inversión estimada en 2000 millones de dólares.
La Justicia hizo lugar, de esa manera, a un reclamo de vecinos y asociaciones ambientalistas que sostienen que el proyecto inmobiliario "afecta gravemente al medio ambiente, al destruir uno de los últimos vestigios del bosque nativo costero en la región, además de incumplir con la ley de bosques (26.331)".
Por esta razón, y luego de que un juez se declaró incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los doctores Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, ordenó la suspensión del desmonte y de la obra por 30 días prorrogables hasta tanto se realice una inspección en el lugar y se corrobore que no haya daño ambiental.
En tanto, la empresa Techint, a cargo de la obra a través de la firma Inversiones Inmobiliarias Nuevo Milenio, desmintió que los trabajos afecten el medio ambiente, aunque reconocen que las obras están "paralizadas" desde hace un mes para readecuar la ingeniería del emprendimiento, que, agregaron, "no corre riesgo de frustrarse".
El proyecto, para muchos una suerte de Puerto Madero del Sur, por la similitud en características con el coqueto barrio porteño, es un ambicioso emprendimiento enclavado en extensos territorios costeros de los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes.
Especialistas en desarrollo sustentable definen el lugar como "una las zonas más ricas en recursos naturales" del conurbano bonaerense.
Esta tesis es la defendida por quienes accionaron ante la Justicia y que pretenden que allí se cree una reserva ecológica.
"Estamos felices porque la Justicia se ocupará de este tema tan importante como es la ecología y el medio ambiente. Es nuestro último pulmón verde y quieren eliminarlo. Nosotros pretendemos que se haga un lugar abierto al público", sostuvo Nieves Baldaccini, vecina de Bernal que integra una de las siete asociaciones vecinales que rechazan la construcción del proyecto. Según los ambientalistas, el bosque ribereño de Quilmes y Avellaneda es el hábitat natural de especies poco frecuentes en la región.
Nueva Costa del Plata prevé la construcción de los accesos desde la autopista Buenos Aires-La Plata y de los caminos internos del complejo, como así también del tendido de la red de servicios básicos, con una inversión inicial de 100 millones de dólares.
El 75% del espacio que abarcará se destinará al uso público, mientras que fuentes del grupo Techint estiman que allí podrán vivir entre 25.000 y 30.000 personas, a las que se les sumarían unos 80.000 visitantes cada fin de semana.
"Hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental que sustentan el proyecto y por eso ya se puso en marcha la obra. Estimamos que dentro de 12 a 15 años las obras estarían finalizadas. Sólo se ha trabajado en el sector de Avellaneda y allí, técnicamente, podríamos reanudar la actividad en pocas semanas aunque el fallo todavía no lo hemos visto", indicaron desde Techint, ante una consulta de LA NACION.
El abogado Leandro Giannini, que patrocina a los vecinos que defienden el espacio público, indicó que "ante la primera denuncia que hicimos, el juez de primera instancia Alberto Recondo se declaró incompetente. Concurrimos a la Cámara Federal y falló de esta manera. Ahora harán una inspección en el lugar y están pendientes otras medidas cautelares pedidas, como la contratación de un seguro ambiental por posibles daños en el lugar. Esta es una causa de casación y recomposición del daño ambiental", dijo el letrado.
Desde el municipio de Avellaneda, se indicó que en la zona se realizaron "modificaciones lógicas, pero todas las plantas que se quiten serán repuetas".
En cambio, en el sector de obra que comprende al municipio de Quilmes, los trabajos nunca comenzaron. Ocurre que por la presión vecinal, en diciembre pasado, en dos reuniones del Concejo Deliberante el intendente kirchnerista Francisco Gutiérrez no logró el quórum para conseguir el cambio de zonificación que permitirá la construcción en altura frente al río.
Costa del Plata es un emprendimiento que prevé la construcción de complejos de viviendas, restaurantes, áreas recreativas, un hotel cinco estrellas y hasta una sede universitaria en el territorio de Avellaneda. Todo a poco más de 10 minutos de la ciudad de Buenos Aires. El predio estará sobre 5 kilómetros de costa del Río de la Plata..
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ordenó la suspensión por 30 días prorrogables de las obras en el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda del megaemprendimiento inmobiliario, comercial y recreativo denominado Nueva Costa del Plata, que demandará una inversión estimada en 2000 millones de dólares.La Justicia hizo lugar, de esa manera, a un reclamo de vecinos y asociaciones ambientalistas que sostienen que el proyecto inmobiliario "afecta gravemente al medio ambiente, al destruir uno de los últimos vestigios del bosque nativo costero en la región, además de incumplir con la ley de bosques (26.331)".
Por esta razón, y luego de que un juez se declaró incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con la firma de los doctores Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, ordenó la suspensión del desmonte y de la obra por 30 días prorrogables hasta tanto se realice una inspección en el lugar y se corrobore que no haya daño ambiental.
En tanto, la empresa Techint, a cargo de la obra a través de la firma Inversiones Inmobiliarias Nuevo Milenio, desmintió que los trabajos afecten el medio ambiente, aunque reconocen que las obras están "paralizadas" desde hace un mes para readecuar la ingeniería del emprendimiento, que, agregaron, "no corre riesgo de frustrarse".
El proyecto, para muchos una suerte de Puerto Madero del Sur, por la similitud en características con el coqueto barrio porteño, es un ambicioso emprendimiento enclavado en extensos territorios costeros de los partidos bonaerenses de Avellaneda y Quilmes.
Especialistas en desarrollo sustentable definen el lugar como "una las zonas más ricas en recursos naturales" del conurbano bonaerense.
Esta tesis es la defendida por quienes accionaron ante la Justicia y que pretenden que allí se cree una reserva ecológica.
"Estamos felices porque la Justicia se ocupará de este tema tan importante como es la ecología y el medio ambiente. Es nuestro último pulmón verde y quieren eliminarlo. Nosotros pretendemos que se haga un lugar abierto al público", sostuvo Nieves Baldaccini, vecina de Bernal que integra una de las siete asociaciones vecinales que rechazan la construcción del proyecto. Según los ambientalistas, el bosque ribereño de Quilmes y Avellaneda es el hábitat natural de especies poco frecuentes en la región.
Nueva Costa del Plata prevé la construcción de los accesos desde la autopista Buenos Aires-La Plata y de los caminos internos del complejo, como así también del tendido de la red de servicios básicos, con una inversión inicial de 100 millones de dólares.
El 75% del espacio que abarcará se destinará al uso público, mientras que fuentes del grupo Techint estiman que allí podrán vivir entre 25.000 y 30.000 personas, a las que se les sumarían unos 80.000 visitantes cada fin de semana.
"Hemos realizado todos los estudios de impacto ambiental que sustentan el proyecto y por eso ya se puso en marcha la obra. Estimamos que dentro de 12 a 15 años las obras estarían finalizadas. Sólo se ha trabajado en el sector de Avellaneda y allí, técnicamente, podríamos reanudar la actividad en pocas semanas aunque el fallo todavía no lo hemos visto", indicaron desde Techint, ante una consulta de LA NACION.
El abogado Leandro Giannini, que patrocina a los vecinos que defienden el espacio público, indicó que "ante la primera denuncia que hicimos, el juez de primera instancia Alberto Recondo se declaró incompetente. Concurrimos a la Cámara Federal y falló de esta manera. Ahora harán una inspección en el lugar y están pendientes otras medidas cautelares pedidas, como la contratación de un seguro ambiental por posibles daños en el lugar. Esta es una causa de casación y recomposición del daño ambiental", dijo el letrado.
Desde el municipio de Avellaneda, se indicó que en la zona se realizaron "modificaciones lógicas, pero todas las plantas que se quiten serán repuetas".
En cambio, en el sector de obra que comprende al municipio de Quilmes, los trabajos nunca comenzaron. Ocurre que por la presión vecinal, en diciembre pasado, en dos reuniones del Concejo Deliberante el intendente kirchnerista Francisco Gutiérrez no logró el quórum para conseguir el cambio de zonificación que permitirá la construcción en altura frente al río.
Costa del Plata es un emprendimiento que prevé la construcción de complejos de viviendas, restaurantes, áreas recreativas, un hotel cinco estrellas y hasta una sede universitaria en el territorio de Avellaneda. Todo a poco más de 10 minutos de la ciudad de Buenos Aires. El predio estará sobre 5 kilómetros de costa del Río de la Plata..
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Bosques: con Ley y todo se desmonta igual
Cinco años, el mismo desmonte
Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
¿Qué es peor no tener ley o no cumplirla? En una nueva prueba de que en la Argentina la letra impresa no se cumple, vemos cómo ha avanzado un fenómeno nocivo para el ambiente y el desarrollo sustentable como el desmonte.
Acostumbrados ya a que los fondos especiales que se crean no sean respetados ni previsto su abastecimiento, vemos cómo se siguen perdiendo hectáreas de bosque nativo en detrimento del monocultivo de la soja.
A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques Nativos (26.331), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en la implementación de la norma, y reclaman el cumplimiento.
Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada. El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento, al pasar de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año. Pero esos números siguen siendo muy altos según las organizaciones ambientalistas, dado que sólo entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas en las jurisdicciones relevadas por los expertos.
En Santiago del Estero fueron eliminadas 399.660 hectáreas de bosques nativos; en Salta se “limpiaron” 222.868; en Formosa fueron taladas 113.109; y en Chaco se desmontaron unas 102.592 hectáreas.
Las organizaciones estimaron, en base a información oficial y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas.
Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó aproximadamente un 50 por ciento”.
Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba, Corrientes y Formosafueron muy cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley nacional.
Las provincias donde mayores desmontes se registran son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, afectadas estas por un abrupto cambio en las condiciones climáticas en los últimos años y por una sequía que afecta con dureza a la producción agropecuaria.
En paralelo, las provincias que aún no los han sancionado mediante una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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Fecha de Publicación: 08/02/2013
Fuente: http://blogs.lanacion.com.ar/ecologico
Provincia/Región: Nacional
¿Qué es peor no tener ley o no cumplirla? En una nueva prueba de que en la Argentina la letra impresa no se cumple, vemos cómo ha avanzado un fenómeno nocivo para el ambiente y el desarrollo sustentable como el desmonte.Acostumbrados ya a que los fondos especiales que se crean no sean respetados ni previsto su abastecimiento, vemos cómo se siguen perdiendo hectáreas de bosque nativo en detrimento del monocultivo de la soja.
A cinco años de la sanción de la Ley de Bosques Nativos (26.331), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboraron un informe en el que advierten pocos avances en la implementación de la norma, y reclaman el cumplimiento.
Los ambientalistas advirtieron que la moratoria a nuevos permisos de desmontes establecida por ley no fue respetada. El informe “Ley de Bosques: 5 años con pocos avances” indica que desde la sanción de la Ley de Bosques el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento, al pasar de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año. Pero esos números siguen siendo muy altos según las organizaciones ambientalistas, dado que sólo entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas en las jurisdicciones relevadas por los expertos.
En Santiago del Estero fueron eliminadas 399.660 hectáreas de bosques nativos; en Salta se “limpiaron” 222.868; en Formosa fueron taladas 113.109; y en Chaco se desmontaron unas 102.592 hectáreas.
Las organizaciones estimaron, en base a información oficial y de otras organizaciones sociales, que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas.
Los ambientalistas destacaron que veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y los han refrendado mediante una ley provincial, y que “desde su aprobación en las provincias de Chaco, Misiones y San Luis la deforestación disminuyó aproximadamente un 50 por ciento”.
Sin embargo, advirtieron que los ordenamientos de Córdoba, Corrientes y Formosafueron muy cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por no cumplir varios artículos y criterios de la ley nacional.
Las provincias donde mayores desmontes se registran son Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, afectadas estas por un abrupto cambio en las condiciones climáticas en los últimos años y por una sequía que afecta con dureza a la producción agropecuaria.
En paralelo, las provincias que aún no los han sancionado mediante una ley provincial son Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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Argentina camino a eliminar el mercurio en salud
Argentina busca eliminar el mercurio en el sistema de salud
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varios hospitales comenzaron a reemplazar los termómetros con este componente y se prohibieron tensiómetros de este tipo. Aseguran que es un elemento químico que puede dañar el medio ambiente y producir daños en el sistema nervioso.
Argentina avanza hacia la eliminación del uso del mercurio en el sistema de salud. Varios hospitales iniciaron el proceso de reemplazo progresivo de los termómetros con mercurio por los digitales, como parte de una política del Ministerio de Salud de la Nación que también incluye la prohibición de tensiómetros con este elemento químico y diversas gestiones para que el mismo se deje de utilizar en la odontología. El país, además, puso en marcha un proyecto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para profundizar esta estrategia.
Los hospitales porteños Rivadavia y Garrahan, por ejemplo, ya erradicaron el uso de termómetros con mercurio. Y otros centros de salud van en el mismo camino, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación suscribió una resolución que recomienda la eliminación del uso de estos instrumentos. La cartera, además, estableció en diciembre último un control de calidad para los termómetros sin mercurio.
La estrategia también apunta al trabajo con las universidades y las asociaciones de odontólogos para que los futuros y actuales profesionales de esta rama sustituyan el uso del mercurio en las amalgamas. “Una amalgama tiene aproximadamente un 50 por ciento de mercurio. Los sustitutos son materiales sintéticos y, en principio, son iguales de eficientes”, explicó el director nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, Ernesto de Titto. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los odontólogos usaron en 2005 en el mundo entre 240 y 300 toneladas de mercurio para amalgamas.
Para disminuir los niveles de mercurio en el sistema de salud, además, el acuerdo firmado con la OMS y el PNUD establece varias líneas de trabajo, entre ellas la capacitación a funcionarios y al personal de salud para que conozcan la importancia de reducir la circulación de este metal y los beneficios de sustituir, por ejemplo, los termómetros tradicionales por los digitales que, pese a ser más costosos, tienen mayor duración y no dañan el medio ambiente.
El mercurio es un elemento químico que suscita preocupación a nivel mundial debido a su capacidad para recorrer largas distancias a través de la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente, su capacidad para acumularse en los ecosistemas y sus importantes efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Puede producir daños permanentes en el sistema nervioso, en particular en su estado de desarrollo. Debido a estos efectos, se considera que los lactantes, los niños y las mujeres en edad fértil son grupos vulnerables.
A raíz de la preocupación que ocasiona, más de 140 países aprobaron días atrás un convenio que busca reducir los efectos nocivos del mercurio. El tratado establece una serie de medidas de protección, como el control de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón y de la industria, así como del uso del mercurio en las minas de oro artesanales o a pequeña escala. También incluye un artículo dedicado a la salud. En concreto, el tratado establece la eliminación progresiva de la utilización de mercurio en los termómetros e instrumentos de medición de la tensión arterial empleados en la atención sanitaria.
El proyecto que lleva adelante el PNUD, la OMS y el gobierno de Argentina –iniciativa que se replica en otros seis países- también busca mejorar la gestión de residuos sanitarios para minimizar la liberación de contaminantes orgánicos. En ese marco se capacitaron a 34 personas del sector de salud de diferentes provincias del país, los cuales se convirtieron en referentes en su lugar de trabajo y formarán a otros profesionales del sector público y privado. “El sólo hecho de aprender a distinguir un residuo peligroso y cómo se debe tirar tanto éste como un residuo común redujo en un 30 por ciento los residuos en dos hospitales donde se hicieron pruebas piloto, en General Roca (Río Negro) y Reconquista (Santa Fe)”, indicó De Titto.
También se desarrolló una tecnología para que puedan ser destruidas las drogas oncológicas que no son utilizadas a través de un proceso químico de oxidación de bajo costo y se instalará en un hospital un autoclave, tecnología eficaz y amigable con el ambiente para el tratamiento de los residuos del sector, procurando con estos modelos alentar el desarrollo de tratamiento local que reduzca la circulación de los residuos por el país.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Varios hospitales comenzaron a reemplazar los termómetros con este componente y se prohibieron tensiómetros de este tipo. Aseguran que es un elemento químico que puede dañar el medio ambiente y producir daños en el sistema nervioso.Argentina avanza hacia la eliminación del uso del mercurio en el sistema de salud. Varios hospitales iniciaron el proceso de reemplazo progresivo de los termómetros con mercurio por los digitales, como parte de una política del Ministerio de Salud de la Nación que también incluye la prohibición de tensiómetros con este elemento químico y diversas gestiones para que el mismo se deje de utilizar en la odontología. El país, además, puso en marcha un proyecto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para profundizar esta estrategia.
Los hospitales porteños Rivadavia y Garrahan, por ejemplo, ya erradicaron el uso de termómetros con mercurio. Y otros centros de salud van en el mismo camino, luego de que el Ministerio de Salud de la Nación suscribió una resolución que recomienda la eliminación del uso de estos instrumentos. La cartera, además, estableció en diciembre último un control de calidad para los termómetros sin mercurio.
La estrategia también apunta al trabajo con las universidades y las asociaciones de odontólogos para que los futuros y actuales profesionales de esta rama sustituyan el uso del mercurio en las amalgamas. “Una amalgama tiene aproximadamente un 50 por ciento de mercurio. Los sustitutos son materiales sintéticos y, en principio, son iguales de eficientes”, explicó el director nacional de Determinantes de la Salud e Investigación, Ernesto de Titto. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los odontólogos usaron en 2005 en el mundo entre 240 y 300 toneladas de mercurio para amalgamas.
Para disminuir los niveles de mercurio en el sistema de salud, además, el acuerdo firmado con la OMS y el PNUD establece varias líneas de trabajo, entre ellas la capacitación a funcionarios y al personal de salud para que conozcan la importancia de reducir la circulación de este metal y los beneficios de sustituir, por ejemplo, los termómetros tradicionales por los digitales que, pese a ser más costosos, tienen mayor duración y no dañan el medio ambiente.
El mercurio es un elemento químico que suscita preocupación a nivel mundial debido a su capacidad para recorrer largas distancias a través de la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente, su capacidad para acumularse en los ecosistemas y sus importantes efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Puede producir daños permanentes en el sistema nervioso, en particular en su estado de desarrollo. Debido a estos efectos, se considera que los lactantes, los niños y las mujeres en edad fértil son grupos vulnerables.
A raíz de la preocupación que ocasiona, más de 140 países aprobaron días atrás un convenio que busca reducir los efectos nocivos del mercurio. El tratado establece una serie de medidas de protección, como el control de las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas alimentadas con carbón y de la industria, así como del uso del mercurio en las minas de oro artesanales o a pequeña escala. También incluye un artículo dedicado a la salud. En concreto, el tratado establece la eliminación progresiva de la utilización de mercurio en los termómetros e instrumentos de medición de la tensión arterial empleados en la atención sanitaria.
El proyecto que lleva adelante el PNUD, la OMS y el gobierno de Argentina –iniciativa que se replica en otros seis países- también busca mejorar la gestión de residuos sanitarios para minimizar la liberación de contaminantes orgánicos. En ese marco se capacitaron a 34 personas del sector de salud de diferentes provincias del país, los cuales se convirtieron en referentes en su lugar de trabajo y formarán a otros profesionales del sector público y privado. “El sólo hecho de aprender a distinguir un residuo peligroso y cómo se debe tirar tanto éste como un residuo común redujo en un 30 por ciento los residuos en dos hospitales donde se hicieron pruebas piloto, en General Roca (Río Negro) y Reconquista (Santa Fe)”, indicó De Titto.
También se desarrolló una tecnología para que puedan ser destruidas las drogas oncológicas que no son utilizadas a través de un proceso químico de oxidación de bajo costo y se instalará en un hospital un autoclave, tecnología eficaz y amigable con el ambiente para el tratamiento de los residuos del sector, procurando con estos modelos alentar el desarrollo de tratamiento local que reduzca la circulación de los residuos por el país.
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Ingenio La Florida multado por contaminar
Multa de $ 700 mil al ingenio La Florida por contaminar
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La sanción económica fue aplicada por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán contra la firma del empresario Rocchia Ferro, la que además afronta otros dos sumarios por montos mayores. Además, emitió una resolución que prohíbe utilizar los canales públicos para almacenar el desecho.
El gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), aplicó dos sanciones económicas en contra del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro, por haber derramado vinaza en un canal público que transportó el desecho hasta territorio santiagueño.
Así lo confirmó en diálogo con EL LIBERAL, el titular de la Sema, Alfredo Montalván, quien precisó que emitió sendas resoluciones aplicando una multa por $ 700 mil, la primera por $ 200 mil y la segunda por $ 500 mil. En tanto, señaló que están en proceso dos sumarios administrativos que derivarán en multas mayores.
En total son cuatro los sumarios iniciados en contra de la planta, uno por cada vuelco. Es que en cuatro ocasiones, desde noviembre del año pasado hasta los primeros días de enero, la planta industrial que también elabora bioetanol, descargó a través del canal interprovincial del Este, varios millones de litros de vinaza que inundaron al pueblo El Palomar, ubicado en el departamento Jiménez. Esto provocó una crisis ambiental y preocupación por los posibles efectos sanitarios en la población.
Ante ello, el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal local en contra de los responsables de los derrames. Ante la presentación, el fiscal federal Pedro Simón hizo un requerimiento de instrucción de una causa y pidió la imputación por violar la ley de Residuos Peligrosos y la toma de declaración indagatoria de Rocchia Ferro y del gerente responsable de la planta.
Se espera que en los próximos días haya una definición sobre el pedido de imputación y de indagatoria.
“Hemos sido rigurosos porque teníamos que cumplir con una manda judicial, de levantar toda la vinaza del canal y hemos cumplido, más allá de las infracciones y el incumplimiento de parte de la empresa a la que estamos sancionando, en algunos casos con multas y otros con procesos de multas”, remarcó.
“En ese marco, hemos trabajado articuladamente con Santiago del Estero, haciendo un seguimiento”, indicó Montalván, resaltando que las actuaciones fueron informadas a la Nación.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
La sanción económica fue aplicada por la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán contra la firma del empresario Rocchia Ferro, la que además afronta otros dos sumarios por montos mayores. Además, emitió una resolución que prohíbe utilizar los canales públicos para almacenar el desecho.El gobierno de Tucumán a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), aplicó dos sanciones económicas en contra del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro, por haber derramado vinaza en un canal público que transportó el desecho hasta territorio santiagueño.
Así lo confirmó en diálogo con EL LIBERAL, el titular de la Sema, Alfredo Montalván, quien precisó que emitió sendas resoluciones aplicando una multa por $ 700 mil, la primera por $ 200 mil y la segunda por $ 500 mil. En tanto, señaló que están en proceso dos sumarios administrativos que derivarán en multas mayores.
En total son cuatro los sumarios iniciados en contra de la planta, uno por cada vuelco. Es que en cuatro ocasiones, desde noviembre del año pasado hasta los primeros días de enero, la planta industrial que también elabora bioetanol, descargó a través del canal interprovincial del Este, varios millones de litros de vinaza que inundaron al pueblo El Palomar, ubicado en el departamento Jiménez. Esto provocó una crisis ambiental y preocupación por los posibles efectos sanitarios en la población.
Ante ello, el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo radicaron una denuncia penal en el Juzgado Federal local en contra de los responsables de los derrames. Ante la presentación, el fiscal federal Pedro Simón hizo un requerimiento de instrucción de una causa y pidió la imputación por violar la ley de Residuos Peligrosos y la toma de declaración indagatoria de Rocchia Ferro y del gerente responsable de la planta.
Se espera que en los próximos días haya una definición sobre el pedido de imputación y de indagatoria.
“Hemos sido rigurosos porque teníamos que cumplir con una manda judicial, de levantar toda la vinaza del canal y hemos cumplido, más allá de las infracciones y el incumplimiento de parte de la empresa a la que estamos sancionando, en algunos casos con multas y otros con procesos de multas”, remarcó.
“En ese marco, hemos trabajado articuladamente con Santiago del Estero, haciendo un seguimiento”, indicó Montalván, resaltando que las actuaciones fueron informadas a la Nación.
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Negocian con Vale para continuar con el proyecto
Nación y Mendoza negocian contrarreloj con Vale la reactivación de Potasio Río Colorado
Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Mendoza, Francisco 'Paco' Pérez, se reunieron el lunes con Sergio Leite, presidente de Vale en la Argentina, y Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, para negociar la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, emplazado al sur de Mendoza, paralizado desde fines del año pasado.
Así lo aseguró a El Inversor Online un colaborador directo del mandatario cuyano. De la reunión, que tuvo lugar en la embajada brasileña en Buenos Aires, también participó Luis María Kreckler, embajador argentino en Brasilia y hombre leal a De Vido, y máximas autoridades de la minera brasileña.
Las partes acordaron mantener un compás de espera hasta el 28 de febrero, cuando Vale comunicará los pasos a seguir.
Hasta entonces, la compañía -la mayor minera de Brasil y la tercera a nivel nacional- continuará haciéndose cargo del sueldo de los casi 4.000 trabajadores que involucra la iniciativa, que está en receso 'por tiempo indeterminado' desde fines de diciembre y está valuada en cerca de US$ 6.000 millones.
La firma también seguirá adelante con la certificación de los tareas realizadas por los proveedores y prestadores de servicios que participan de la construcción de la mina de potasio. Es que a partir de la suspensión del proyecto, la empresa dejó de pagar a buena parte de su red de contratistas que hoy acumulan créditos a favor si fecha cierta de cobro.
"Es un tema complicado porque hay muchos proveedores que realizaron trabajos para la empresa, pero aún no cobraron", señaló un estrecho colaborador de Paco Pérez. Según cálculos de la gobernación, Vale licitó en Mendoza obras por US$ 1.900 millones, de los cuales ya ejecutó US$ 1.200 millones. Desde la compañía no respondieron los llamados de este medio.
Vale busca obtener exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sus gastos destinados a ese emprendimiento hasta iniciar la producción, originalmente calculada para fines del 2014. Si antes de la suspensión en la industria muchos desconfiaban de poder concretar la apertura en esa fecha, hoy está claro que la inauguración se postergará.
Desde Mendoza señalaron que Vale busca un ahorro impositivo de 1.000 millones de dólares y también poder liquidar las divisas que ingresa a Argentina a un valor mayor al actual. Además, destacaron que la clave para destrabar el proyecto pasa por encontrar nuevas fuentes de financiamiento, dado que a raíz de la caída del precio internacional del hierro y del potasio, Vale está reevaluando sus inversiones a nivel mundial.
"Vale está buscando, desde hace tiempo, un socio local o internacional a fin de compartir la inversión en el megayacimiento", indicaron las fuentes consultadas. La empresa brasileña -añadieron- mantuvo negociaciones con una compañía china y con otra japonesa. Incluso en los últimos meses de 2012, una consultora chilena realizó un due dilligence para evaluar una posible asociación, pero aún no existe ningún anuncio oficial al respecto.
A su vez, el proyecto prevé la construcción de una vía de ferrocarril para transportar el mineral desde Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca. La traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Sin embargo, desde la gobernación de Mendoza advirtieron que municipios de esas provincias reclaman que el ferrocarril pase por sus localidades. Y están demorando la habilitación de las obras de construcción. El desvío de las vías implicaría una inversión adicional de US$ 1.000 millones, según comunicó la empresa a autoridades mendocinas.
Algo similar sucede con los concesionarios privados de las tierras de Río Negro y Neuquén por las que pasará el tren, que deben prestar conformidad para permitir las obras. "El 70% de los superficiarios aún no habilitó las obras", explicó un funcionario de la gobernación.
No piensan quitarle la concesión a Vale
El Gobernador dijo que ayudarán a buscar un socio financiero para el proyecto, pero que Vale seguirá con la concesión. Presionan para que se destrabe el conflicto del ferrocarril.
La paralización de los trabajos en la mina Potasio Río Colorado genera angustia en el Gobierno. Hay movimientos, reuniones y propuestas. Pero en el fondo saben que la solución no está al alcance de la mano de la Provincia, pues gran parte de las decisiones dependen del más alto nivel de mando: las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Igualmente el gobernador Francisco Pérez es optimista. "Hay una decisión política de que el proyecto continúe cueste lo que cueste", asegura. Por las dudas, el Pérez aclaró que esa continuidad está pensada con la empresa Vale como operadora; es decir que, según él, no piensan en hacer caer la concesión y buscar una nueva empresa que se haga cargo.
Lo que sí buscan es un socio que aporte el capital que a Vale le hace falta para reimpulsar la construcción de la mina. Esa fue una de las alternativas que presentaron las autoridades argentinas a los empresarios para intentar retomar las actividades. "Estamos buscando fondos de inversión que puedan asociarse a Vale y le inyecten un flujo financiero a Vale. Lo que se busca es fondos de inversión, no operadores. No buscamos operadores, es un problema financiero no operativo", aseguró el Gobernador.
Claro que Pérez no tuvo en cuenta otra variable: que la propia empresa Vale sea quien se desprenda del proyecto. De hecho en el proceso de evaluación ya hubo un cambio de manos, pues originalmente la concesión la tenía la empresa inglesa Río Tinto, quien se desprendió del proyecto y se la vendió a Vale. "El proyecto es económicamente viable. En el pico va a producir 5 millones de toneladas de potasio. Brasil, China e India necesitan 18 millones de toneladas", graficó el Gobernador.
Mientras tanto, Vale ganó algo de tiempo al pedir una prórroga para presentar el cronograma para retomar los trabajos. El plazo pedido vence el 28 de febrero. En la reunión de ayer también ratificaron el no al pedido de diferir el pago del IVA, pero sí se analizaron otro tipo de beneficios fiscales.
No voy en tren
En el gobierno afirman que la base del problema no está en Mendoza, sino en las provincias vecinas que "sobrevaluaron" las obras y los precios que tiene que pagar Vale para montar la red ferroviaria. Por eso insisten con la alternativa elaborada para que el tren que lleve el cloruro de potasio hacia el puerto sea otro y en vez de recorrer Neuquén y Río Negro, atraviese Mendoza. Esa opción, también desplegada ayer, buscan que sirva como plan B, pero también como elemento de presión sobre Neuquén para que busquen abaratar los costos.
"La alternativa que le planteamos es que en vez de construir un ferrocarril nuevo de 900 kilómetros, con expropiaciones y las obras adicionales, utilicemos la vía existente. Hay que mejorarla y construir solamente 200 kilómetros de vía. Es un recorrido más largo pero con costos menores de inversión. El problema es que se les fueron los costos con los valores que pusieron para las expropiaciones y las obras adicionales que les exigen", dijo Pérez.
El tren es la obra más demorada. La empresa brasileña Camargo Correa es la encargada de la construcción, pero Pérez puso en duda la continuidad de esa firma. "El problema es el ferrocarril. Lo iba a construir Camargo Correa, pero no aparece. Lo iban a hacer con un crédito del BNS, pero tampoco aparece. El problema está ahí", repitió. Aunque parece difícil que ocurra, si la propuesta de Pérez de "mudar" el ferrocarril prospera, queda latente un conflicto con Neuquén.
Pérez es la única persona en Mendoza que está en la negociación. Incluso no descartó viajar a Brasil para reunirse allá con las autoridades de Vale, siempre acompañando la comitiva del Gobierno Nacional que está a cargo del tama: Julio De Vido, Axel Kicillof y Jorge Mayoral.
Por ahora confían en la buena fe de la empresa, pero sí advierten que no siempre dieron toda la información sobre la realidad del proyecto y la solidez de la empresa. Por eso Pérez dijo estar sorprendido. "Hay buena predisposición, no sabemos si hay una cuestión especulativa. Nos sorprendieron. En octubre celebraron con la presidenta que se había aprobado la DIA en todas las provincias. No quiero hacer ninguna calificación que enturbie el proceso. Hemos sido sorprendidos", dijo el Gobernador.
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Fecha de Publicación: 07/02/2013
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el titular de Planificación, Julio De Vido, y el gobernador de Mendoza, Francisco 'Paco' Pérez, se reunieron el lunes con Sergio Leite, presidente de Vale en la Argentina, y Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, para negociar la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, emplazado al sur de Mendoza, paralizado desde fines del año pasado.
Así lo aseguró a El Inversor Online un colaborador directo del mandatario cuyano. De la reunión, que tuvo lugar en la embajada brasileña en Buenos Aires, también participó Luis María Kreckler, embajador argentino en Brasilia y hombre leal a De Vido, y máximas autoridades de la minera brasileña.
Las partes acordaron mantener un compás de espera hasta el 28 de febrero, cuando Vale comunicará los pasos a seguir.
Hasta entonces, la compañía -la mayor minera de Brasil y la tercera a nivel nacional- continuará haciéndose cargo del sueldo de los casi 4.000 trabajadores que involucra la iniciativa, que está en receso 'por tiempo indeterminado' desde fines de diciembre y está valuada en cerca de US$ 6.000 millones.
La firma también seguirá adelante con la certificación de los tareas realizadas por los proveedores y prestadores de servicios que participan de la construcción de la mina de potasio. Es que a partir de la suspensión del proyecto, la empresa dejó de pagar a buena parte de su red de contratistas que hoy acumulan créditos a favor si fecha cierta de cobro.
"Es un tema complicado porque hay muchos proveedores que realizaron trabajos para la empresa, pero aún no cobraron", señaló un estrecho colaborador de Paco Pérez. Según cálculos de la gobernación, Vale licitó en Mendoza obras por US$ 1.900 millones, de los cuales ya ejecutó US$ 1.200 millones. Desde la compañía no respondieron los llamados de este medio.
Vale busca obtener exenciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sus gastos destinados a ese emprendimiento hasta iniciar la producción, originalmente calculada para fines del 2014. Si antes de la suspensión en la industria muchos desconfiaban de poder concretar la apertura en esa fecha, hoy está claro que la inauguración se postergará.
Desde Mendoza señalaron que Vale busca un ahorro impositivo de 1.000 millones de dólares y también poder liquidar las divisas que ingresa a Argentina a un valor mayor al actual. Además, destacaron que la clave para destrabar el proyecto pasa por encontrar nuevas fuentes de financiamiento, dado que a raíz de la caída del precio internacional del hierro y del potasio, Vale está reevaluando sus inversiones a nivel mundial.
"Vale está buscando, desde hace tiempo, un socio local o internacional a fin de compartir la inversión en el megayacimiento", indicaron las fuentes consultadas. La empresa brasileña -añadieron- mantuvo negociaciones con una compañía china y con otra japonesa. Incluso en los últimos meses de 2012, una consultora chilena realizó un due dilligence para evaluar una posible asociación, pero aún no existe ningún anuncio oficial al respecto.
A su vez, el proyecto prevé la construcción de una vía de ferrocarril para transportar el mineral desde Mendoza hasta el puerto de Bahía Blanca. La traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Sin embargo, desde la gobernación de Mendoza advirtieron que municipios de esas provincias reclaman que el ferrocarril pase por sus localidades. Y están demorando la habilitación de las obras de construcción. El desvío de las vías implicaría una inversión adicional de US$ 1.000 millones, según comunicó la empresa a autoridades mendocinas.
Algo similar sucede con los concesionarios privados de las tierras de Río Negro y Neuquén por las que pasará el tren, que deben prestar conformidad para permitir las obras. "El 70% de los superficiarios aún no habilitó las obras", explicó un funcionario de la gobernación.
No piensan quitarle la concesión a Vale
El Gobernador dijo que ayudarán a buscar un socio financiero para el proyecto, pero que Vale seguirá con la concesión. Presionan para que se destrabe el conflicto del ferrocarril.
La paralización de los trabajos en la mina Potasio Río Colorado genera angustia en el Gobierno. Hay movimientos, reuniones y propuestas. Pero en el fondo saben que la solución no está al alcance de la mano de la Provincia, pues gran parte de las decisiones dependen del más alto nivel de mando: las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. Igualmente el gobernador Francisco Pérez es optimista. "Hay una decisión política de que el proyecto continúe cueste lo que cueste", asegura. Por las dudas, el Pérez aclaró que esa continuidad está pensada con la empresa Vale como operadora; es decir que, según él, no piensan en hacer caer la concesión y buscar una nueva empresa que se haga cargo.
Lo que sí buscan es un socio que aporte el capital que a Vale le hace falta para reimpulsar la construcción de la mina. Esa fue una de las alternativas que presentaron las autoridades argentinas a los empresarios para intentar retomar las actividades. "Estamos buscando fondos de inversión que puedan asociarse a Vale y le inyecten un flujo financiero a Vale. Lo que se busca es fondos de inversión, no operadores. No buscamos operadores, es un problema financiero no operativo", aseguró el Gobernador.
Claro que Pérez no tuvo en cuenta otra variable: que la propia empresa Vale sea quien se desprenda del proyecto. De hecho en el proceso de evaluación ya hubo un cambio de manos, pues originalmente la concesión la tenía la empresa inglesa Río Tinto, quien se desprendió del proyecto y se la vendió a Vale. "El proyecto es económicamente viable. En el pico va a producir 5 millones de toneladas de potasio. Brasil, China e India necesitan 18 millones de toneladas", graficó el Gobernador.
Mientras tanto, Vale ganó algo de tiempo al pedir una prórroga para presentar el cronograma para retomar los trabajos. El plazo pedido vence el 28 de febrero. En la reunión de ayer también ratificaron el no al pedido de diferir el pago del IVA, pero sí se analizaron otro tipo de beneficios fiscales.
No voy en tren
En el gobierno afirman que la base del problema no está en Mendoza, sino en las provincias vecinas que "sobrevaluaron" las obras y los precios que tiene que pagar Vale para montar la red ferroviaria. Por eso insisten con la alternativa elaborada para que el tren que lleve el cloruro de potasio hacia el puerto sea otro y en vez de recorrer Neuquén y Río Negro, atraviese Mendoza. Esa opción, también desplegada ayer, buscan que sirva como plan B, pero también como elemento de presión sobre Neuquén para que busquen abaratar los costos.
"La alternativa que le planteamos es que en vez de construir un ferrocarril nuevo de 900 kilómetros, con expropiaciones y las obras adicionales, utilicemos la vía existente. Hay que mejorarla y construir solamente 200 kilómetros de vía. Es un recorrido más largo pero con costos menores de inversión. El problema es que se les fueron los costos con los valores que pusieron para las expropiaciones y las obras adicionales que les exigen", dijo Pérez.
El tren es la obra más demorada. La empresa brasileña Camargo Correa es la encargada de la construcción, pero Pérez puso en duda la continuidad de esa firma. "El problema es el ferrocarril. Lo iba a construir Camargo Correa, pero no aparece. Lo iban a hacer con un crédito del BNS, pero tampoco aparece. El problema está ahí", repitió. Aunque parece difícil que ocurra, si la propuesta de Pérez de "mudar" el ferrocarril prospera, queda latente un conflicto con Neuquén.
Pérez es la única persona en Mendoza que está en la negociación. Incluso no descartó viajar a Brasil para reunirse allá con las autoridades de Vale, siempre acompañando la comitiva del Gobierno Nacional que está a cargo del tama: Julio De Vido, Axel Kicillof y Jorge Mayoral.
Por ahora confían en la buena fe de la empresa, pero sí advierten que no siempre dieron toda la información sobre la realidad del proyecto y la solidez de la empresa. Por eso Pérez dijo estar sorprendido. "Hay buena predisposición, no sabemos si hay una cuestión especulativa. Nos sorprendieron. En octubre celebraron con la presidenta que se había aprobado la DIA en todas las provincias. No quiero hacer ninguna calificación que enturbie el proceso. Hemos sido sorprendidos", dijo el Gobernador.
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Chaco: el que incendie paga
Cobrarán hasta $10 mil por hectárea a los que quemen el monte o leña en forma intencional
Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco determinó, mediante una nueva ley, que aplicará severas multas a quienes en los predios forestales procedan a la quema intencional de bosques o material leñoso, por un monto mayor a los 10.000 pesos por hectárea quemada.
En todo el territorio provincial está en vigencia la nueva ley de multas forestales, la 7153, mediante la cual se pretende frenar la actividad al margen de las reglamentaciones y pone bajo la lupa todo tipo de movimiento de maderas, productos forestales e incluso muebles.
“Está en vigencia la nueva ley de multas forestales 7153, que tipifica las infracciones según sean de productos en tránsito o infracciones en el predio. Todas estas multas están atadas al valor del salario mínimo, vital y móvil”, dijo a NORTE el titular de la Dirección de Bosques Miguel López. El funcionario explicó que ya se efectuaron varios operativos de control y se establecieron multas a los que transportaban productos forestales fuera de la ley.
Inclusive, en la localidad de General Pinedo, se labró un acta de infracción a un transportista de muebles de algarrobo que transitaba en forma ilegal.
Decomisarán productos
El artículo 41 de la ley --explicó López-- establece además que “los productos o subproductos forestales cuya procedencia o derechos no puedan ser acreditados serán decomisados automáticamente, quedando en disponibilidad y bajo la órbita de la Dirección de Bosques.
Se establece que a los productos o subproductos forestales secuestrados o decomisados no serán aplicables las disposiciones de la ley 5159 ni ninguna otra normativa que se oponga a la presente. La autoridad o juez que tenga bajo su órbita de competencia bienes comprendidos, como productos o subproductos forestales, dentro del plazo de cinco días hábiles de secuestrados, depositados o decomisados, deberá ponerlos a disposición de la Dirección de Bosques.
Trámite ante la Justicia
Además, la Dirección de Bosques está legitimada para iniciar, tramitar, proseguir y concluir todo tipo de causas judiciales ante todos los tribunales de la provincia y la justicia federal por infracciones al régimen forestal vigente, cuando la infracción esté comprendida en alguna de las especificaciones establecidas en el artículo 41.
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Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Dirección de Bosques del Chaco determinó, mediante una nueva ley, que aplicará severas multas a quienes en los predios forestales procedan a la quema intencional de bosques o material leñoso, por un monto mayor a los 10.000 pesos por hectárea quemada. En todo el territorio provincial está en vigencia la nueva ley de multas forestales, la 7153, mediante la cual se pretende frenar la actividad al margen de las reglamentaciones y pone bajo la lupa todo tipo de movimiento de maderas, productos forestales e incluso muebles.
“Está en vigencia la nueva ley de multas forestales 7153, que tipifica las infracciones según sean de productos en tránsito o infracciones en el predio. Todas estas multas están atadas al valor del salario mínimo, vital y móvil”, dijo a NORTE el titular de la Dirección de Bosques Miguel López. El funcionario explicó que ya se efectuaron varios operativos de control y se establecieron multas a los que transportaban productos forestales fuera de la ley.
Inclusive, en la localidad de General Pinedo, se labró un acta de infracción a un transportista de muebles de algarrobo que transitaba en forma ilegal.
Decomisarán productos
El artículo 41 de la ley --explicó López-- establece además que “los productos o subproductos forestales cuya procedencia o derechos no puedan ser acreditados serán decomisados automáticamente, quedando en disponibilidad y bajo la órbita de la Dirección de Bosques.
Se establece que a los productos o subproductos forestales secuestrados o decomisados no serán aplicables las disposiciones de la ley 5159 ni ninguna otra normativa que se oponga a la presente. La autoridad o juez que tenga bajo su órbita de competencia bienes comprendidos, como productos o subproductos forestales, dentro del plazo de cinco días hábiles de secuestrados, depositados o decomisados, deberá ponerlos a disposición de la Dirección de Bosques.
Trámite ante la Justicia
Además, la Dirección de Bosques está legitimada para iniciar, tramitar, proseguir y concluir todo tipo de causas judiciales ante todos los tribunales de la provincia y la justicia federal por infracciones al régimen forestal vigente, cuando la infracción esté comprendida en alguna de las especificaciones establecidas en el artículo 41.
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Jujuy apunta a gestionar los residuos electrónicos
Impulsarán tratamiento de residuos electrónicos
Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
En la Provincia prevén crear “puntos verdes” en los que se deposite este tipo de basura, que es altamente contaminante
En los últimos años se ha producido un incremento en el uso de nuevas tecnologías a nivel doméstico, con la llegada de modernos aparatos como teléfonos celulares, computadoras, televisores "inteligentes", los que son cada vez más complejos y vienen con mayores utilidades.
En paralelo al crecimiento sostenido en este sentido, sucede que los aparatos reemplazados por "obsoletos" o bien porque sufrieron algún daño irreversible generan grandes cantidades de basura altamente contaminante si no son tratados adecuadamente.
Algunas provincias y municipios de nuestro país llevan adelante acciones aisladas para que el tratamiento doméstico de la basura "común" sea distinto a la de los "Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos" (Raee) y así brindarles tratamientos específicos que permitan su aislamiento, como así también su reciclado. Inclusive las acciones en ese sentido han tomado cuerpo legislativo con la media sanción de un proyecto presentado por el senador nacional Daniel Filmus, del Frente para la Victoria.
En nuestra provincia desde la Dirección de Calidad Ambiental, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental, está previsto que se planifiquen diferentes acciones a lo largo del 2013 atendiendo a esta situación, según lo comentó ante El Tribuno de Jujuy la titular de esa dependencia oficial, Alejandra Arduino.
Algunas de las acciones que se prevén es la creación de "puntos verdes", donde la gente podrá dispensar de sus viejos equipos electrónicos, para que posteriormente sean recolectados por la dependencia provincial.
Dentro de las Raee se incluyen a una gran cantidad de residuos como pilas, lámparas de bajo consumo, computadoras, monitores, impresoras, microondas, entre otros que de ser tratados adecuadamente durante su disposición final, sus componentes pueden ser reciclados y reutilizados en otro tipo de artefactos.
La problemática está tomando repercusión en distintos espacios, a lo que Arduino remarcó que inclusive en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), del que participan todas las provincias a través de sus respectivas secretarías y direcciones de Medio Ambiente, se están discutiendo "gestiones referidas a los Raee".
Además señaló que ya tiene media sanción del Senado de la Nación el proyecto presentado por el senador Daniel Filmus, el que ahora está a la espera del tratamiento en la Cámara Baja del Congreso de la Nación y ya cuenta con numerosas observaciones del mencionado Consejo.
Explicó que entre otros puntos contempla "la responsabilidad extendida del productor. En otras palabras es darle la responsabilidad a quien fabricó el artículo, de todo el ciclo de vida del mismo, desde una computadora a una lámpara de bajo consumo", recalcó la funcionaria.
"Lo que se piensa con esta medida, atendiendo a cómo se organizaron campañas alrededor del mundo, es que a través del Estado se promuevan puntos verdes para que las empresas productoras los recolecten", para darles una gestión adecuada y que no terminen con los "residuos comunes".
Residuos peligrosos domésti
En base a los datos arrojados por el "Censo 2010", solo en los municipios que componen la región Valle de nuestra provincia se generan alrededor de 1.44 toneladas de Residuos Peligrosos Domésticos (RPD) por día, cifra que podría incrementarse considerablemente si la medición incluye a todos los municipios de nuestra provincia. Entre los que faltan están Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, y las localidades quebradeñas.
Para el tratamiento de este tipo de residuo, Alejandra Arduino, de la Dirección de Calidad Ambiental de la Provincia destacó que es necesario que se realice la separación de los mismos en los domicilios.
"Así como tenemos que separar la basura orgánica de la inorgánica, también deberíamos empezar a separar la fracción de residuos peligrosos de origen doméstico, y tener una recolección diferenciada", subrayó Arduino.
En ese aspecto destacó que dentro del proyecto del centro de disposición final de Chanchillos, la idea es poder separar esa fracción que no es reutilizable y ponerla en un relleno de seguridad
Dentro del mismo proyecto de ese CDF, la idea es poder separar esa fracción y ponerlos en un relleno de seguridad, similar a los residuos sólidos urbanos, "pero con una serie de medidas de control por las características de estos", señaló la directora Arduino.
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Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
En la Provincia prevén crear “puntos verdes” en los que se deposite este tipo de basura, que es altamente contaminante En los últimos años se ha producido un incremento en el uso de nuevas tecnologías a nivel doméstico, con la llegada de modernos aparatos como teléfonos celulares, computadoras, televisores "inteligentes", los que son cada vez más complejos y vienen con mayores utilidades.
En paralelo al crecimiento sostenido en este sentido, sucede que los aparatos reemplazados por "obsoletos" o bien porque sufrieron algún daño irreversible generan grandes cantidades de basura altamente contaminante si no son tratados adecuadamente.
Algunas provincias y municipios de nuestro país llevan adelante acciones aisladas para que el tratamiento doméstico de la basura "común" sea distinto a la de los "Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos" (Raee) y así brindarles tratamientos específicos que permitan su aislamiento, como así también su reciclado. Inclusive las acciones en ese sentido han tomado cuerpo legislativo con la media sanción de un proyecto presentado por el senador nacional Daniel Filmus, del Frente para la Victoria.
En nuestra provincia desde la Dirección de Calidad Ambiental, dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental, está previsto que se planifiquen diferentes acciones a lo largo del 2013 atendiendo a esta situación, según lo comentó ante El Tribuno de Jujuy la titular de esa dependencia oficial, Alejandra Arduino.
Algunas de las acciones que se prevén es la creación de "puntos verdes", donde la gente podrá dispensar de sus viejos equipos electrónicos, para que posteriormente sean recolectados por la dependencia provincial.
Dentro de las Raee se incluyen a una gran cantidad de residuos como pilas, lámparas de bajo consumo, computadoras, monitores, impresoras, microondas, entre otros que de ser tratados adecuadamente durante su disposición final, sus componentes pueden ser reciclados y reutilizados en otro tipo de artefactos.
La problemática está tomando repercusión en distintos espacios, a lo que Arduino remarcó que inclusive en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), del que participan todas las provincias a través de sus respectivas secretarías y direcciones de Medio Ambiente, se están discutiendo "gestiones referidas a los Raee".
Además señaló que ya tiene media sanción del Senado de la Nación el proyecto presentado por el senador Daniel Filmus, el que ahora está a la espera del tratamiento en la Cámara Baja del Congreso de la Nación y ya cuenta con numerosas observaciones del mencionado Consejo.
Explicó que entre otros puntos contempla "la responsabilidad extendida del productor. En otras palabras es darle la responsabilidad a quien fabricó el artículo, de todo el ciclo de vida del mismo, desde una computadora a una lámpara de bajo consumo", recalcó la funcionaria.
"Lo que se piensa con esta medida, atendiendo a cómo se organizaron campañas alrededor del mundo, es que a través del Estado se promuevan puntos verdes para que las empresas productoras los recolecten", para darles una gestión adecuada y que no terminen con los "residuos comunes".
Residuos peligrosos domésti
En base a los datos arrojados por el "Censo 2010", solo en los municipios que componen la región Valle de nuestra provincia se generan alrededor de 1.44 toneladas de Residuos Peligrosos Domésticos (RPD) por día, cifra que podría incrementarse considerablemente si la medición incluye a todos los municipios de nuestra provincia. Entre los que faltan están Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, y las localidades quebradeñas.
Para el tratamiento de este tipo de residuo, Alejandra Arduino, de la Dirección de Calidad Ambiental de la Provincia destacó que es necesario que se realice la separación de los mismos en los domicilios.
"Así como tenemos que separar la basura orgánica de la inorgánica, también deberíamos empezar a separar la fracción de residuos peligrosos de origen doméstico, y tener una recolección diferenciada", subrayó Arduino.
En ese aspecto destacó que dentro del proyecto del centro de disposición final de Chanchillos, la idea es poder separar esa fracción que no es reutilizable y ponerla en un relleno de seguridad
Dentro del mismo proyecto de ese CDF, la idea es poder separar esa fracción y ponerlos en un relleno de seguridad, similar a los residuos sólidos urbanos, "pero con una serie de medidas de control por las características de estos", señaló la directora Arduino.
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El fracking es rechazado en Entre Ríos y Corrientes
Entre Ríos y Corrientes contra el fracking
Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Entre Ríos - Corrientes
Los ciudadanos de ambas provincias, autoconvocados en una Asamblea, se manifestaron “preocupados ante el plan gubernamental de implementar la técnica fracking en nuestra región atravesando y utilizando las aguas de nuestro acuífero Guaraní”.
Según la Asamblea, el gobierno de Entre Ríos, junto con YPF, anunció que se realizarían exploraciones con el propósito de extraer gas de esquisto. Pero la ciudadanía no fue debidamente informada, ni consultada ni convocada para conformar los equipos requeridos por la Constitución para realizar los estudios previos de impacto ambiental.
Los vecinos de la región, declararon a AIM que ellos están “a favor de la vida, contra al fracking, ante el intento sigiloso del gobierno provincial de llevar adelante perforaciones usando un método prohibido o suspendido en otros países por los peligros que encierra. Nos hemos reunido en asamblea con el propósito de intercambiar información y coordinar actividades en conjunto con miras a concientizarnos, advertir a toda la comunidad y a los funcionarios responsables, acerca de la realidad de este método experimental no convencional y sus consecuencias letales para la humanidad y el medio en que vivimos”.
También sostuvieron que, “Hemos constatado que el fracking es una forma de extracción con graves, irreversibles y acumulables consecuencias sobre el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, la biodiversidad…. Es decir, sobre la vida. Nos llama la atención que no se tenga en cuenta que varios países del ‘primer mundo’ y algunos Estados de USA lo han prohibido en su territorio –como Francia, Bulgaria, Rumania, varios estados de los EEUU, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur en Australia, Quebec en Canadá, entre otros casos– ante los innumerables ejemplos y las categóricas investigaciones que confirman los daños que acarrea”.
“La localidad argentina de Cinco Saltos ( Río Negro) fue la primera en Latinoamérica en prohibir por unanimidad la utilización del Fracking en su territorio, constituyéndose así en un excelente ejemplo a seguir para todos nosotros”, agregaron.
Además, resolvieron pedir a los concejos deliberantes y a los departamentos ejecutivos municipales que emitan resoluciones al respecto para que, como es su deber, preserven la vida de los ciudadanos y del ambiente en que vivimos.
La asamblea se autoconvocó nuevamente en la ciudad de Concordia para el corriente mes de febrero en día a confirmar. Quien esté interesado, puede participar.
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Fecha de Publicación: 06/02/2013
Fuente: Eco2Site
Provincia/Región: Entre Ríos - Corrientes
Los ciudadanos de ambas provincias, autoconvocados en una Asamblea, se manifestaron “preocupados ante el plan gubernamental de implementar la técnica fracking en nuestra región atravesando y utilizando las aguas de nuestro acuífero Guaraní”.Según la Asamblea, el gobierno de Entre Ríos, junto con YPF, anunció que se realizarían exploraciones con el propósito de extraer gas de esquisto. Pero la ciudadanía no fue debidamente informada, ni consultada ni convocada para conformar los equipos requeridos por la Constitución para realizar los estudios previos de impacto ambiental.
Los vecinos de la región, declararon a AIM que ellos están “a favor de la vida, contra al fracking, ante el intento sigiloso del gobierno provincial de llevar adelante perforaciones usando un método prohibido o suspendido en otros países por los peligros que encierra. Nos hemos reunido en asamblea con el propósito de intercambiar información y coordinar actividades en conjunto con miras a concientizarnos, advertir a toda la comunidad y a los funcionarios responsables, acerca de la realidad de este método experimental no convencional y sus consecuencias letales para la humanidad y el medio en que vivimos”.
También sostuvieron que, “Hemos constatado que el fracking es una forma de extracción con graves, irreversibles y acumulables consecuencias sobre el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, la biodiversidad…. Es decir, sobre la vida. Nos llama la atención que no se tenga en cuenta que varios países del ‘primer mundo’ y algunos Estados de USA lo han prohibido en su territorio –como Francia, Bulgaria, Rumania, varios estados de los EEUU, Irlanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur en Australia, Quebec en Canadá, entre otros casos– ante los innumerables ejemplos y las categóricas investigaciones que confirman los daños que acarrea”.
“La localidad argentina de Cinco Saltos ( Río Negro) fue la primera en Latinoamérica en prohibir por unanimidad la utilización del Fracking en su territorio, constituyéndose así en un excelente ejemplo a seguir para todos nosotros”, agregaron.
Además, resolvieron pedir a los concejos deliberantes y a los departamentos ejecutivos municipales que emitan resoluciones al respecto para que, como es su deber, preserven la vida de los ciudadanos y del ambiente en que vivimos.
La asamblea se autoconvocó nuevamente en la ciudad de Concordia para el corriente mes de febrero en día a confirmar. Quien esté interesado, puede participar.
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Gualeguaychú volvió al reclamo por la ex Botnia
La Asamblea de Gualeguaychú volvió a reclamar información a la CARU
Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Lavoz901
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos de Gualeguaychú hicieron una caravana náutica para reclamar datos sobre el monitoreo binacional que se realiza desde hace dos años en la planta de la pastera Botnia-UPM. Sin embargo, como es costumbre, sus reclamos no fueron escuchados y los monitoreos brillan por su ausencia.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú volvió a reclamar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) el acceso a la información del monitoreo ambiental que se realiza en la pastera por parte del comité científico binacional, y exigió “una mayor presencia” para cuidar la salud del río de manera integral.
Los turistas que visitan la ciudad del sur entrerriano, cuya principal atracción es el próximo carnaval, se vieron sorprendidos el sábado por una importante caravana acuática realizada por los ambientalistas que luchan contra la contaminación. “Por la vida” fue el lema de la marcha que reunió a numerosas canoas, botes, veleros y otras embarcaciones que, en plena zona turística sobre el río Gualeguaychú, desplegaron banderas blancas con letras rojas con las leyendas “Aire limpio” y “Sí a la vida, no a las papeleras”.
El asambleísta Martín Alazard expresó a Radio Máxima que, “Seguimos peleando porque Botnia sigue contaminando, somos conscientes de que no se conocen los resultados del monitoreo, hay un incumplimiento del fallo de la Corte Internacional de la Haya, a través de los gobiernos han tratado de diluir la lucha, pero afortunadamente muchos seguimos convencidos de que hay que seguir reclamando. Con la caravana náutica quisimos mostrar a la cantidad de turistas que nos visitan, y también a la gente de Gualeguaychú que pareciera haberse olvidado del tema, que la Asamblea sigue trabajando para continuar la lucha contra Botnia que sigue contaminando”.
Alazard agregó que la actividad de la Asamblea persiste en forma continua “al igual que Botnia lo hace con su chimenea. Nos reunimos todos los miércoles en Casa de la Cultura, en tanto que viernes y domingos se hace una concientización en zona de la costanera con material informativo para hacer docencia con el problema que no se va, la planta finlandesa”. Además, la Asamblea Juvenil Ambiental volvió a desfilar este sábado de noche ante unas veinte mil personas, como lo hace cada sábado en la apertura del Carnaval que se realiza en el corsódromo, con una bandera para recordar que “No hay nada terminado, la lucha sigue, Fuera Botnia. Gualeguaychú de pie”.
Además, los asambleístas se mostraron preocupados porque aún quedan cuatro vecinos procesados que fueron denunciados por el gobierno argentino debido a los cortes de ruta realizados en el marco de la protesta ambiental.
Mientras tanto, las autoridades callan.
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Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Lavoz901
Provincia/Región: Entre Ríos
Los vecinos de Gualeguaychú hicieron una caravana náutica para reclamar datos sobre el monitoreo binacional que se realiza desde hace dos años en la planta de la pastera Botnia-UPM. Sin embargo, como es costumbre, sus reclamos no fueron escuchados y los monitoreos brillan por su ausencia.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú volvió a reclamar a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) el acceso a la información del monitoreo ambiental que se realiza en la pastera por parte del comité científico binacional, y exigió “una mayor presencia” para cuidar la salud del río de manera integral.
Los turistas que visitan la ciudad del sur entrerriano, cuya principal atracción es el próximo carnaval, se vieron sorprendidos el sábado por una importante caravana acuática realizada por los ambientalistas que luchan contra la contaminación. “Por la vida” fue el lema de la marcha que reunió a numerosas canoas, botes, veleros y otras embarcaciones que, en plena zona turística sobre el río Gualeguaychú, desplegaron banderas blancas con letras rojas con las leyendas “Aire limpio” y “Sí a la vida, no a las papeleras”.
El asambleísta Martín Alazard expresó a Radio Máxima que, “Seguimos peleando porque Botnia sigue contaminando, somos conscientes de que no se conocen los resultados del monitoreo, hay un incumplimiento del fallo de la Corte Internacional de la Haya, a través de los gobiernos han tratado de diluir la lucha, pero afortunadamente muchos seguimos convencidos de que hay que seguir reclamando. Con la caravana náutica quisimos mostrar a la cantidad de turistas que nos visitan, y también a la gente de Gualeguaychú que pareciera haberse olvidado del tema, que la Asamblea sigue trabajando para continuar la lucha contra Botnia que sigue contaminando”.
Alazard agregó que la actividad de la Asamblea persiste en forma continua “al igual que Botnia lo hace con su chimenea. Nos reunimos todos los miércoles en Casa de la Cultura, en tanto que viernes y domingos se hace una concientización en zona de la costanera con material informativo para hacer docencia con el problema que no se va, la planta finlandesa”. Además, la Asamblea Juvenil Ambiental volvió a desfilar este sábado de noche ante unas veinte mil personas, como lo hace cada sábado en la apertura del Carnaval que se realiza en el corsódromo, con una bandera para recordar que “No hay nada terminado, la lucha sigue, Fuera Botnia. Gualeguaychú de pie”.
Además, los asambleístas se mostraron preocupados porque aún quedan cuatro vecinos procesados que fueron denunciados por el gobierno argentino debido a los cortes de ruta realizados en el marco de la protesta ambiental.
Mientras tanto, las autoridades callan.
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El futuro de la causa “Riachuelo”
El futuro de la causa “Riachuelo”
Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Riachuelo
El emblemático caso judicial que pone en riesgo sanitario a unas cinco millones de personas que habitan la cuenca atraviesa un prolongado período de estancamiento luego del escandaloso apartamiento del juez Luis Armella. ¿Qué rumbo tomará la Justicia y cuáles son las problemáticas más graves que se enfrentan?
La histórica causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo –que ya lleva transcurridos cinco de los diez años estimados para su saneamiento– es un hecho emblemático en lo que se refiere a derecho medioambiental: en el sitio en donde se concentra alrededor del 12% de la población del país existe una peligrosa realidad que encierra a más de 1.400 industrias consideradas agentes contaminantes.
Frente a este peligroso contexto que muestra elevados índices de contaminación en el área, la Corte puso especial foco en el caso con el fin de que se avanzara a paso firme en el saneamiento del área. Pero la causa trajo consigo algunos inconvenientes que terminaron por complicar el panorama actual.
Luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fuera apartado del caso al ser denunciado debido a millonarias irregularidades en distinto tipo de contrataciones, la causa se sumergió en un peligroso estancamiento, dado que desde fines de agosto no hubo movimientos en el caso y, según informaron a BAE fuentes judiciales, hasta marzo del corriente año el leading case no entraría en la agenda de la Justicia.
Lo cierto es que luego del apartamiento del magistrado de Quilmes, sobre fin del pasado año la Corte designó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal para continuar interviniendo en todo lo referido a las contrataciones relativas a redes de agua potable y cloacas y al tratamiento de la basura, mientras que todas las restantes competencias que había asignado el máximo tribunal al juzgado federal de Quilmes quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. La Corte, además, decidió que los recursos humanos y materiales que estaban afectados a la tramitación de las causas en el juzgado federal de Quilmes se pusieran a disposición de la dependencia judicial de Morón.
Ante este escenario, y a pesar de las resoluciones de la Corte, fuentes judiciales revelan que los magistrados no se habrían puesto de acuerdo aún en las cuestiones operativas para llevar adelante el caso. Los empleados y funcionarios que quedaron bajo la órbita del juzgado de Morón se resistirían a mudarse a esa dependencia, lo cual implicaría que los expedientes serían tramitados, físicamente, en el juzgado federal de Quilmes y el juez Rodríguez se trasladaría a firmar las resoluciones.
Así las cosas, abogados que intervienen en las causas relativas a la cuenca Riachuelo -Matanza, cuyos nombres prefirieron resguardar, afirmaron a BAE que mientras que prácticamente todos los expedientes permanecen en Quilmes, el magistrado Rodríguez no comenzó a intervenir en esas causas, situación que se ve agravada dado que no se reciben los escritos de las partes; sumado a esta lista de contrariedades, según completan las fuentes, el magistrado Rodríguez tomaría sus vacaciones en el corriente mes de febrero, lo que dejaría la causa inactiva hasta marzo.
El panorama no podía ser peor para los justiciables, pues las causas están virtualmente paralizadas desde hace más de cinco meses. Paradójicamente, los expedientes siguen estando físicamente en el juzgado de Armella, bajo su guarda y custodia, a pesar de que la Corte lo apartó de la causa y lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura
Este estancamiento llevó a que varias empresas e instituciones con planteos urgentes vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo han manifestado –reservando sus nombres bajo la explicación de que no quieren recibir un trato diferente y negativo en sus peticiones ante la eventual publicación de los mismos– su enorme preocupación por la situación.
El abogado Martín Tonelli refirió a BAE, en ese sentido, que hizo una denuncia en el juzgado de Quilmes y ciertos planteos a partir de junio del 2012, con carácter de suma urgencia dado el objeto de la denuncia en cuestión, y los mismos aún no fueron resueltos, habiendo transcurrido ya ocho meses.
Por su parte, Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), señala que en materia de justicia ambiental un reclamo constante entre los actores judiciales de este ámbito radica en la falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En esta causa [Riachuelo] por ejemplo hubo una sentencia histórica; el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”.
Desafíos del nuevo juez de la causa
Rodríguez deberá asumir una gran parte de las causas relativas al caso “Mendoza”. Pesa sobre sus hombros el antecedente inmediato y reciente del juez Armella, sobre el cual han recaído serias sospechas de corrupción que motivaron las denuncias de la mismísima Corte
En este contexto, los justiciables, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad jurídica y ambiental en general, aguardan reacciones del nuevo magistrado que se encuentren a la altura de las circunstancias.
Abogados ambientalistas explicaron a BAE que “la CSJN ha hecho un enorme esfuerzo, aunque no es el único tema del cual se tiene que ocupar; creemos que necesitan un alineamiento y colaboración con distintas áreas; el desplazamiento del juez Armella pone mucho foco y atención en los próximos pasos que tome el doctor Rodríguez; hay numerosas instituciones esperando sus primeras decisiones”. El juez Rodríguez tiene, sin dudas, un gran desafío por delante en cuanto la causa se active.
Temas de urgente resolución
Como es de esperar en una megacausa, los intereses económicos son muchos. Numerosas empresas están interesadas en que la causa “Mendoza” no avance o que lo haga lentamente.
Ahora bien: la Corte ha establecido prioridades y en su resolución del 19 de diciembre de 2012 ordenó enfatizar el trabajo en las siguientes materias: relocalización de establecimientos industriales, sistemas de medición de calidad de aire y agua, detección de conexiones clandestinas, erradicación y relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, planta depuradora del Bicentenario, planta de tratamiento Dock Sud, sistema de vigilancia epidemiológica, red de servicios de salud, y plan de reconversión industrial.
Así, la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por Acumar, el Riachuelo seguirá contaminado. En otras palabras, las normas internacionales imponen permitir vuelcos muy inferiores y con parámetros más exigentes que lo que está permitiendo Acumar.
Ante esta situación, el organismo debería establecer parámetros de vuelco más exigentes para cada metal pesado y elementos orgánicos contaminantes, según normas internacionales. El Riachuelo tiene oxígeno cero, según la propia Acumar y todos los expertos en la materia, siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Se espera, entonces, que la Corte se pronuncie a la brevedad en la materia.
Los dragados: una nueva amenaza
Se trata de otra materia que constituye un verdadero escándalo, y que ya motivó una denuncia penal radicada ante el juzgado de Armella y un planteo que la Justicia debe resolver en breve. Según pudo conocer BAE, recientemente comenzó una obra que implicará dragar 1.000.000 de metros cúbicos del lecho del Riachuelo y volcar los barros que se extraigan en aguas abiertas en el río de la Plata. El lecho del Riachuelo tiene una contaminación severa, con hidrocarburos y metales pesados, según coinciden todos los expertos en la materia.
Especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informaron que esos barros no pueden ser dragados. Mucho menos volcarlos, sin tratamiento alguno, en aguas abiertas del río de la Plata.
Las empresas que impulsan la obra –Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A.–, que son agentes contaminantes declarados por Acumar y que en algún caso incluso han padecido una clausura, avanzan, inexplicablemente, y sin dudas este será un tema sobre el que la Justicia deberá intervenir.
Según todas las normas internacionales que rigen en estas materias, lo que se está haciendo se encuentra expresamente prohibido. Las normas aplicables internacionalmente a esta cuestión son, según indican científicos de la UBA, las holandesas y las canadienses.
La Corte y el juez Rodríguez tendrán que resolver si admiten los planteos contenidos en las denuncias orientadas –según explica el denunciante– a evitar la catástrofe ambiental que implicaría arrojar al río de la Plata, sin tratamiento, la peligrosa cantidad de 1.000.000 de metros cúbicos de material contaminado. Hay fuertes expectativas tras la reactivación de la causa.
¿El juez de la causa sigue siendo Armella?
La situación procesal que presenta la causa “Mendoza” es cuanto menos atípica. El juez Armella fue apartado de la causa por decisión de la Corte, e incluso fue denunciado ante la justicia penal y el Consejo de la Magistratura, habiéndose designado en consecuencia un magistrado en su reemplazo. Pero el expediente sigue encontrándose en el juzgado de Armella y su propio personal es el que continuaría trabajando en el avance del mismo. De ese modo, el juzgado a cargo de Armella parece seguir trabajando en la causa. A su vez, funcionarios designados a instancias de Armella en Acumar continuarían en funciones, por lo que cabe preguntarse entonces si el juez de la causa sigue siendo Armella o si el magistrado Jorge Rodríguez ya lo ha reemplazado efectivamente en la función delegada por la Corte.
El paso del leading case por la Justicia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia del 8 de julio de 2008, en la conocida causa “Mendoza”, el cumplimiento obligatorio de un programa cuyos principales objetivos son: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Riachuelo-Matanza; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos), y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El alto tribunal reguló específicamente en esa sentencia la organización de un sistema de información pública digital para el público general. Adoptó, asimismo, medidas concretas en relación con la contaminación industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes de río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales, el saneamiento cloacal y el plan sanitario de emergencia. Impuso a la Autoridad de Cuenca (Acumar), y en forma concurrente a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de ese programa. Posteriormente, delegó en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes, a cargo del juez Armella, el conocimiento de todas las cuestiones concernientes a la ejecución de la sentencia y en la revisión de todas las decisiones finales que tomare Acumar.
Acumar opera con un presupuesto de cientos de millones de pesos acumulados en los últimos años y dispone del trabajo de cientos de colaboradores. Se trata de un órgano tripartito integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Su misión es “mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de habitantes en la cuenca, trabajando para generar resultados duraderos a través de la construcción de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial, y enfrentando un desafío fundamental: asegurar el compromiso de la sociedad, entregando conocimiento y resaltando los valores indispensables para que las personas que habitan la región nos ayuden a cumplir nuestro objetivo”.
Luego de la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 se produjeron numerosas intervenciones del juzgado federal de Quilmes y el máximo tribunal mantuvo cierto control sobre la cuestión.
El punto de inflexión llegó cuando el 24 de agosto de 2013, a raíz de una nota periodística, la Corte encomendó un informe circunstanciado sobre el particular del juez Armella y, a la vez, requirió un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El 9 de octubre de 2012 la AGN solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación para que examine la eventual responsabilidad del titular del juzgado federal de Quilmes, y remitió copias a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que designe el juzgado que intervendrá en la investigación de los presuntos responsables; en lo que respecta a la causa, dispuso apartar al titular del juzgado federal de Quilmes del conocimiento de los casos atribuidos el 8 de julio de 2008, encomendando a la Cámara Federal de La Plata la designación de un subrogante.
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Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: Diario BAE
Provincia/Región: Riachuelo
El emblemático caso judicial que pone en riesgo sanitario a unas cinco millones de personas que habitan la cuenca atraviesa un prolongado período de estancamiento luego del escandaloso apartamiento del juez Luis Armella. ¿Qué rumbo tomará la Justicia y cuáles son las problemáticas más graves que se enfrentan?La histórica causa de la Cuenca Matanza-Riachuelo –que ya lleva transcurridos cinco de los diez años estimados para su saneamiento– es un hecho emblemático en lo que se refiere a derecho medioambiental: en el sitio en donde se concentra alrededor del 12% de la población del país existe una peligrosa realidad que encierra a más de 1.400 industrias consideradas agentes contaminantes.
Frente a este peligroso contexto que muestra elevados índices de contaminación en el área, la Corte puso especial foco en el caso con el fin de que se avanzara a paso firme en el saneamiento del área. Pero la causa trajo consigo algunos inconvenientes que terminaron por complicar el panorama actual.
Luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, fuera apartado del caso al ser denunciado debido a millonarias irregularidades en distinto tipo de contrataciones, la causa se sumergió en un peligroso estancamiento, dado que desde fines de agosto no hubo movimientos en el caso y, según informaron a BAE fuentes judiciales, hasta marzo del corriente año el leading case no entraría en la agenda de la Justicia.
Lo cierto es que luego del apartamiento del magistrado de Quilmes, sobre fin del pasado año la Corte designó al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la Capital Federal para continuar interviniendo en todo lo referido a las contrataciones relativas a redes de agua potable y cloacas y al tratamiento de la basura, mientras que todas las restantes competencias que había asignado el máximo tribunal al juzgado federal de Quilmes quedaron bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. La Corte, además, decidió que los recursos humanos y materiales que estaban afectados a la tramitación de las causas en el juzgado federal de Quilmes se pusieran a disposición de la dependencia judicial de Morón.
Ante este escenario, y a pesar de las resoluciones de la Corte, fuentes judiciales revelan que los magistrados no se habrían puesto de acuerdo aún en las cuestiones operativas para llevar adelante el caso. Los empleados y funcionarios que quedaron bajo la órbita del juzgado de Morón se resistirían a mudarse a esa dependencia, lo cual implicaría que los expedientes serían tramitados, físicamente, en el juzgado federal de Quilmes y el juez Rodríguez se trasladaría a firmar las resoluciones.
Así las cosas, abogados que intervienen en las causas relativas a la cuenca Riachuelo -Matanza, cuyos nombres prefirieron resguardar, afirmaron a BAE que mientras que prácticamente todos los expedientes permanecen en Quilmes, el magistrado Rodríguez no comenzó a intervenir en esas causas, situación que se ve agravada dado que no se reciben los escritos de las partes; sumado a esta lista de contrariedades, según completan las fuentes, el magistrado Rodríguez tomaría sus vacaciones en el corriente mes de febrero, lo que dejaría la causa inactiva hasta marzo.
El panorama no podía ser peor para los justiciables, pues las causas están virtualmente paralizadas desde hace más de cinco meses. Paradójicamente, los expedientes siguen estando físicamente en el juzgado de Armella, bajo su guarda y custodia, a pesar de que la Corte lo apartó de la causa y lo denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura
Este estancamiento llevó a que varias empresas e instituciones con planteos urgentes vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo han manifestado –reservando sus nombres bajo la explicación de que no quieren recibir un trato diferente y negativo en sus peticiones ante la eventual publicación de los mismos– su enorme preocupación por la situación.
El abogado Martín Tonelli refirió a BAE, en ese sentido, que hizo una denuncia en el juzgado de Quilmes y ciertos planteos a partir de junio del 2012, con carácter de suma urgencia dado el objeto de la denuncia en cuestión, y los mismos aún no fueron resueltos, habiendo transcurrido ya ocho meses.
Por su parte, Andrés Nápoli, abogado de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), señala que en materia de justicia ambiental un reclamo constante entre los actores judiciales de este ámbito radica en la falta de acatamiento de las sentencias. “Los incumplimientos se dan porque estas acciones judiciales son obligaciones de hacer. En esta causa [Riachuelo] por ejemplo hubo una sentencia histórica; el gran interrogante que siempre surge es si esa sentencia se va a cumplir y cómo se va a lograr definitivamente”.
Desafíos del nuevo juez de la causa
Rodríguez deberá asumir una gran parte de las causas relativas al caso “Mendoza”. Pesa sobre sus hombros el antecedente inmediato y reciente del juez Armella, sobre el cual han recaído serias sospechas de corrupción que motivaron las denuncias de la mismísima Corte
En este contexto, los justiciables, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad jurídica y ambiental en general, aguardan reacciones del nuevo magistrado que se encuentren a la altura de las circunstancias.
Abogados ambientalistas explicaron a BAE que “la CSJN ha hecho un enorme esfuerzo, aunque no es el único tema del cual se tiene que ocupar; creemos que necesitan un alineamiento y colaboración con distintas áreas; el desplazamiento del juez Armella pone mucho foco y atención en los próximos pasos que tome el doctor Rodríguez; hay numerosas instituciones esperando sus primeras decisiones”. El juez Rodríguez tiene, sin dudas, un gran desafío por delante en cuanto la causa se active.
Temas de urgente resolución
Como es de esperar en una megacausa, los intereses económicos son muchos. Numerosas empresas están interesadas en que la causa “Mendoza” no avance o que lo haga lentamente.
Ahora bien: la Corte ha establecido prioridades y en su resolución del 19 de diciembre de 2012 ordenó enfatizar el trabajo en las siguientes materias: relocalización de establecimientos industriales, sistemas de medición de calidad de aire y agua, detección de conexiones clandestinas, erradicación y relocalización de barrios de emergencia y asentamientos poblacionales precarios, planta depuradora del Bicentenario, planta de tratamiento Dock Sud, sistema de vigilancia epidemiológica, red de servicios de salud, y plan de reconversión industrial.
Así, la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) volvió a denunciar que con los límites de vertidos de contaminantes permitidos por Acumar, el Riachuelo seguirá contaminado. En otras palabras, las normas internacionales imponen permitir vuelcos muy inferiores y con parámetros más exigentes que lo que está permitiendo Acumar.
Ante esta situación, el organismo debería establecer parámetros de vuelco más exigentes para cada metal pesado y elementos orgánicos contaminantes, según normas internacionales. El Riachuelo tiene oxígeno cero, según la propia Acumar y todos los expertos en la materia, siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Se espera, entonces, que la Corte se pronuncie a la brevedad en la materia.
Los dragados: una nueva amenaza
Se trata de otra materia que constituye un verdadero escándalo, y que ya motivó una denuncia penal radicada ante el juzgado de Armella y un planteo que la Justicia debe resolver en breve. Según pudo conocer BAE, recientemente comenzó una obra que implicará dragar 1.000.000 de metros cúbicos del lecho del Riachuelo y volcar los barros que se extraigan en aguas abiertas en el río de la Plata. El lecho del Riachuelo tiene una contaminación severa, con hidrocarburos y metales pesados, según coinciden todos los expertos en la materia.
Especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informaron que esos barros no pueden ser dragados. Mucho menos volcarlos, sin tratamiento alguno, en aguas abiertas del río de la Plata.
Las empresas que impulsan la obra –Exolgan S.A., Dyopsa S.A. y Trevi S.A.–, que son agentes contaminantes declarados por Acumar y que en algún caso incluso han padecido una clausura, avanzan, inexplicablemente, y sin dudas este será un tema sobre el que la Justicia deberá intervenir.
Según todas las normas internacionales que rigen en estas materias, lo que se está haciendo se encuentra expresamente prohibido. Las normas aplicables internacionalmente a esta cuestión son, según indican científicos de la UBA, las holandesas y las canadienses.
La Corte y el juez Rodríguez tendrán que resolver si admiten los planteos contenidos en las denuncias orientadas –según explica el denunciante– a evitar la catástrofe ambiental que implicaría arrojar al río de la Plata, sin tratamiento, la peligrosa cantidad de 1.000.000 de metros cúbicos de material contaminado. Hay fuertes expectativas tras la reactivación de la causa.
¿El juez de la causa sigue siendo Armella?
La situación procesal que presenta la causa “Mendoza” es cuanto menos atípica. El juez Armella fue apartado de la causa por decisión de la Corte, e incluso fue denunciado ante la justicia penal y el Consejo de la Magistratura, habiéndose designado en consecuencia un magistrado en su reemplazo. Pero el expediente sigue encontrándose en el juzgado de Armella y su propio personal es el que continuaría trabajando en el avance del mismo. De ese modo, el juzgado a cargo de Armella parece seguir trabajando en la causa. A su vez, funcionarios designados a instancias de Armella en Acumar continuarían en funciones, por lo que cabe preguntarse entonces si el juez de la causa sigue siendo Armella o si el magistrado Jorge Rodríguez ya lo ha reemplazado efectivamente en la función delegada por la Corte.
El paso del leading case por la Justicia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó en su sentencia del 8 de julio de 2008, en la conocida causa “Mendoza”, el cumplimiento obligatorio de un programa cuyos principales objetivos son: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Riachuelo-Matanza; la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos), y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
El alto tribunal reguló específicamente en esa sentencia la organización de un sistema de información pública digital para el público general. Adoptó, asimismo, medidas concretas en relación con la contaminación industrial, el saneamiento de basurales, la limpieza de márgenes de río, la expansión de la red de agua potable, los desagües pluviales, el saneamiento cloacal y el plan sanitario de emergencia. Impuso a la Autoridad de Cuenca (Acumar), y en forma concurrente a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de ese programa. Posteriormente, delegó en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes, a cargo del juez Armella, el conocimiento de todas las cuestiones concernientes a la ejecución de la sentencia y en la revisión de todas las decisiones finales que tomare Acumar.
Acumar opera con un presupuesto de cientos de millones de pesos acumulados en los últimos años y dispone del trabajo de cientos de colaboradores. Se trata de un órgano tripartito integrado por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Su misión es “mejorar la calidad de vida de más de 5 millones de habitantes en la cuenca, trabajando para generar resultados duraderos a través de la construcción de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial, y enfrentando un desafío fundamental: asegurar el compromiso de la sociedad, entregando conocimiento y resaltando los valores indispensables para que las personas que habitan la región nos ayuden a cumplir nuestro objetivo”.
Luego de la sentencia de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 se produjeron numerosas intervenciones del juzgado federal de Quilmes y el máximo tribunal mantuvo cierto control sobre la cuestión.
El punto de inflexión llegó cuando el 24 de agosto de 2013, a raíz de una nota periodística, la Corte encomendó un informe circunstanciado sobre el particular del juez Armella y, a la vez, requirió un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El 9 de octubre de 2012 la AGN solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación para que examine la eventual responsabilidad del titular del juzgado federal de Quilmes, y remitió copias a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que designe el juzgado que intervendrá en la investigación de los presuntos responsables; en lo que respecta a la causa, dispuso apartar al titular del juzgado federal de Quilmes del conocimiento de los casos atribuidos el 8 de julio de 2008, encomendando a la Cámara Federal de La Plata la designación de un subrogante.
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El fracking pone el peligro el Acuífero Guaraní
Experto advierte sobre graves consecuencias en Acuífero Guaraní por el fracking
Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: El Diario - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Un experto argentino hizo una advertencia sobre posibles terremotos y contaminación del acuífero Guaraní si se emplea el sistema fracking (fractura hidráulica) para la explotación de yacimientos.
El ingeniero Horacio D'Elia, especialista en petróleo y gas e impacto ambiental, advirtió sobre los riesgos que representa para la región la explotación minera con el método de fractura hidráulica o fracking, destacando entre otros grandes problemas, el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní, que representa el 20% del reservorio mundial de agua dulce.
"Esta región tiene gran cantidad de represas y una central nuclear en Argentina –Atucha, en Zárate, sobre la ribera derecha del río Paraná, a 115 kilómetros de Buenos Aires– para lo que un terremoto representaría un riesgo altísimo", dijo Horacio D'Elía, que además es magister en energías renovables y evaluación de impacto ambiental y docente universitario en Río Gallegos, donde reside.
Recientemente estuvo en Colón, donde brindó una conferencia organizada por la Asamblea Ambiental de Colón, y luego se trasladó a Paysandú invitado por los Grupos Paysandú Nuestro y Gensa.
El fracking o fractura hidráulica, un método experimental para la obtención de hidrocarburos no convencionales que se estaría utilizando próximamente en nuestra región, para la explotación de este tipo de hidrocarburos –fundamentalmente el gas de esquisto– es necesario realizar una perforación vertical y luego, al llegar a la napa una perforación horizontal a la que se hace una serie de orificios a través de los cuales se introduce a presión una mezcla de agua, arena y productos químicos con la finalidad de fracturar la roca. Por eso esta tecnología se llama "fractura hidráulica" o "fracking", en inglés.
En diálogo con El Telégrafo, el experto dijo que el fracking comenzó a realizarse en el año 2000 en Estados Unidos que es un país altamente dependiente de petróleo importado. "Empezaron a explotar yacimientos no convencionales y, paralelamente comenzaron a producirse impactos ambientales que no estaban previstos. A raíz de esto el Congreso de Estados Unidos pidió a la Agencia de Protección Ambiental de ese país (EPA, por su sigla en inglés) un informe que posiblemente esté terminado para el año próximo. Paralelamente, varios países han detenido este tipo de explotación hasta tanto se conozca los resultados de ese informe", señaló.
Agregó que otros países, como Bulgaria y Francia, "ya han prohibido el fracking sin esperar el resultado de ese informe". "En nuestra región, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil han puesto mucho interés en la cuenca chaco paranaense" como reservorio de hidrocarburos, dijo y advirtió que esta cuenca está debajo del Acuífero Guaraní que contiene el 20% del agua dulce del mundo.
"Las probabilidades de que haya un impacto sobre este acuífero son muy altas porque eso es algo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. A su vez, esta región tiene la desventaja de no ser región petrolera y por eso el agua asociada al petróleo –que en los yacimientos petroleros se inyecta nuevamente en yacimientos petroleros en desuso– sería inyectada a formaciones profundas porosas y permeables. El problema es que eso lubrica fallas geológicas que existen y empiezan a deslizarse provocando terremotos. No es algo que inventamos, en Oklahoma, Ohio y en Inglaterra se ha pasado de tener temblores esporádicos a tener terremotos en lugares donde se realiza este tipo de inyección", agregó.
Señaló que en Inglaterra, la empresa que estaba haciendo fracking reconoció que había sido por su propia actividad. "En Oklahoma, en los últimos 30 años había entre dos y seis sismos por año pero en 2010, cuando comenzó este tipo de actividad, tuvieron 1.047 y optaron por suspender la misma".
En este sentido, explicó que "el agravante es que nunca se sabe qué manifestación puede tener el terremoto en la superficie. Esta región de Uruguay y Argentina tiene gran cantidad de represas y una central nuclear, para lo que un terremoto representaría un riesgo altísimo".
Señaló también que la fractura hidráulica –que se hace a 2.000 a 3.000 metros de profundidad– también conlleva el riesgo de contaminación de formaciones de agua que están más arriba del yacimiento o incluso la propia superficie vinculando un yacimiento de gas o petróleo con acuíferos, lo cual es irreversible. Asimismo hay impactos asociados, como el aumento de transporte de productos químicos por las rutas y el alto consumo de agua para realizar la fractura hidráulica.
"Tanto Uruguay como Argentina deberán enfrentar estos riesgos si avanzan y deciden comenzar a utilizar el fracking para extracción de esquistos bituminosos", advirtió.
Existen otras alternativas
Para el experto, el desarrollo de un país tiene otras alternativas al fracking, tales como cambiar la matriz energética para dejar de ser tan dependientes del petróleo. "Se pueden desarrollar alternativas energéticas que aquí no han sido desarrolladas pero sí en países europeos, como España, que con una buena política de desarrollo de política eólica pasó a ser el segundo generador mundial después de Alemania, desplazando a Estados Unidos".
"Nuestros países tienen potencial eólico, geosolar y geotérmico, incluso hidráulico, para poder hacer frente a la demanda energética de la región y son alternativas que no implican los riesgos de la fractura hidráulica, que es una técnica experimental de la cual no se conocen bien los resultados y mucho menos los impactos ambientales", afirmó.
Desde hace un año, en el yacimiento "Vaca Muerta" la petrolera argentina IPF está realizando fractura hidráulica o fracking, con gran oposición de la población de Neuquén, provincia donde se explota el yacimiento.
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Fecha de Publicación: 05/02/2013
Fuente: El Diario - No a la Mina
Provincia/Región: Nacional
Un experto argentino hizo una advertencia sobre posibles terremotos y contaminación del acuífero Guaraní si se emplea el sistema fracking (fractura hidráulica) para la explotación de yacimientos.
El ingeniero Horacio D'Elia, especialista en petróleo y gas e impacto ambiental, advirtió sobre los riesgos que representa para la región la explotación minera con el método de fractura hidráulica o fracking, destacando entre otros grandes problemas, el riesgo de contaminación del Acuífero Guaraní, que representa el 20% del reservorio mundial de agua dulce.
"Esta región tiene gran cantidad de represas y una central nuclear en Argentina –Atucha, en Zárate, sobre la ribera derecha del río Paraná, a 115 kilómetros de Buenos Aires– para lo que un terremoto representaría un riesgo altísimo", dijo Horacio D'Elía, que además es magister en energías renovables y evaluación de impacto ambiental y docente universitario en Río Gallegos, donde reside.
Recientemente estuvo en Colón, donde brindó una conferencia organizada por la Asamblea Ambiental de Colón, y luego se trasladó a Paysandú invitado por los Grupos Paysandú Nuestro y Gensa.
El fracking o fractura hidráulica, un método experimental para la obtención de hidrocarburos no convencionales que se estaría utilizando próximamente en nuestra región, para la explotación de este tipo de hidrocarburos –fundamentalmente el gas de esquisto– es necesario realizar una perforación vertical y luego, al llegar a la napa una perforación horizontal a la que se hace una serie de orificios a través de los cuales se introduce a presión una mezcla de agua, arena y productos químicos con la finalidad de fracturar la roca. Por eso esta tecnología se llama "fractura hidráulica" o "fracking", en inglés.
En diálogo con El Telégrafo, el experto dijo que el fracking comenzó a realizarse en el año 2000 en Estados Unidos que es un país altamente dependiente de petróleo importado. "Empezaron a explotar yacimientos no convencionales y, paralelamente comenzaron a producirse impactos ambientales que no estaban previstos. A raíz de esto el Congreso de Estados Unidos pidió a la Agencia de Protección Ambiental de ese país (EPA, por su sigla en inglés) un informe que posiblemente esté terminado para el año próximo. Paralelamente, varios países han detenido este tipo de explotación hasta tanto se conozca los resultados de ese informe", señaló.
Agregó que otros países, como Bulgaria y Francia, "ya han prohibido el fracking sin esperar el resultado de ese informe". "En nuestra región, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil han puesto mucho interés en la cuenca chaco paranaense" como reservorio de hidrocarburos, dijo y advirtió que esta cuenca está debajo del Acuífero Guaraní que contiene el 20% del agua dulce del mundo.
"Las probabilidades de que haya un impacto sobre este acuífero son muy altas porque eso es algo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. A su vez, esta región tiene la desventaja de no ser región petrolera y por eso el agua asociada al petróleo –que en los yacimientos petroleros se inyecta nuevamente en yacimientos petroleros en desuso– sería inyectada a formaciones profundas porosas y permeables. El problema es que eso lubrica fallas geológicas que existen y empiezan a deslizarse provocando terremotos. No es algo que inventamos, en Oklahoma, Ohio y en Inglaterra se ha pasado de tener temblores esporádicos a tener terremotos en lugares donde se realiza este tipo de inyección", agregó.
Señaló que en Inglaterra, la empresa que estaba haciendo fracking reconoció que había sido por su propia actividad. "En Oklahoma, en los últimos 30 años había entre dos y seis sismos por año pero en 2010, cuando comenzó este tipo de actividad, tuvieron 1.047 y optaron por suspender la misma".
En este sentido, explicó que "el agravante es que nunca se sabe qué manifestación puede tener el terremoto en la superficie. Esta región de Uruguay y Argentina tiene gran cantidad de represas y una central nuclear, para lo que un terremoto representaría un riesgo altísimo".
Señaló también que la fractura hidráulica –que se hace a 2.000 a 3.000 metros de profundidad– también conlleva el riesgo de contaminación de formaciones de agua que están más arriba del yacimiento o incluso la propia superficie vinculando un yacimiento de gas o petróleo con acuíferos, lo cual es irreversible. Asimismo hay impactos asociados, como el aumento de transporte de productos químicos por las rutas y el alto consumo de agua para realizar la fractura hidráulica.
"Tanto Uruguay como Argentina deberán enfrentar estos riesgos si avanzan y deciden comenzar a utilizar el fracking para extracción de esquistos bituminosos", advirtió.
Existen otras alternativas
Para el experto, el desarrollo de un país tiene otras alternativas al fracking, tales como cambiar la matriz energética para dejar de ser tan dependientes del petróleo. "Se pueden desarrollar alternativas energéticas que aquí no han sido desarrolladas pero sí en países europeos, como España, que con una buena política de desarrollo de política eólica pasó a ser el segundo generador mundial después de Alemania, desplazando a Estados Unidos".
"Nuestros países tienen potencial eólico, geosolar y geotérmico, incluso hidráulico, para poder hacer frente a la demanda energética de la región y son alternativas que no implican los riesgos de la fractura hidráulica, que es una técnica experimental de la cual no se conocen bien los resultados y mucho menos los impactos ambientales", afirmó.
Desde hace un año, en el yacimiento "Vaca Muerta" la petrolera argentina IPF está realizando fractura hidráulica o fracking, con gran oposición de la población de Neuquén, provincia donde se explota el yacimiento.
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Acumar desmintió los informes desfavorables
Acumar desmintió a Clarín y La Nación
Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que encabeza Juan José Mussi, desmintió ayer a los diarios Clarín y La Nación, que publicaron durante el fin de semana, artículos que denunciaron el grave estado, y la falta de avances, en la limpieza de la zona. "Lo que realmente resulta asombroso es cómo se cargan las tintas sobre la gestión del gobierno nacional, que es la única jurisdicción del ente tripartito que viene cumpliendo ampliamente con todas las metas propuestas", afirmaron desde la ACUMAR.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que encabeza Juan José Mussi, desmintió ayer a los diarios Clarín y La Nación, que publicaron durante el fin de semana, artículos que denunciaron el grave estado, y la falta de avances, en la limpieza de la zona. "Lo que realmente resulta asombroso es cómo se cargan las tintas sobre la gestión del gobierno nacional, que es la única jurisdicción del ente tripartito que viene cumpliendo ampliamente con todas las metas propuestas", afirmaron desde la ACUMAR.
En la ACUMAR destacaron "la información confusa y equívoca publicada en los diarios Clarín y La Nación en relación a las obras de saneamiento". Los dos diarios se hicieron eco de un informe de la organización ambientalista Greenpeace que cita mediciones de la calidad de agua realizados por la ACUMAR para sostener que la cuenca mantiene los mismos niveles de contaminación que tenía cinco años atrás, cuando comenzó el saneamiento.
En ACUMAR, sin embargo, explicaron: "Gracias a los esfuerzos encabezados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Estado Nacional cumple con los fondos para la educación, el trabajo, las obras públicas, los programas de fomento e incentivo económico, la salud, el desarrollo social y el Programa Fútbol para Todos." Y que, por el contrario, "tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, registran incumplimiento en los aportes que deben realizar a la ACUMAR; aun así, los medios no cuestionan los gastos en playas artificiales o bici sendas sobrevaluadas".
En este sentido, se aclara que "la Ciudad de Buenos Aires con los fondos depositados por la Nación tiene una demora de tres años para liberar el camino de sirga y alojar a los habitantes de las villas 21-24 y también la 26".
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, le reclamó al mandatario porteño, Mauricio Macri, que "deje de hacerse el tonto y se ponga de una vez a trabajar" en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, y criticó también a la provincia de Buenos Aires por los fondos que adeuda.
Un fallo de la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional debía aportar el 50% de los fondos, y que Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires deben aportar el 50 restante, 25% cada una.
En 2010 el Estado Nacional realizó el 100% de los aportes, en 2011 el 71% y en 2012 el 88 por ciento.
A causa del incumplimiento en los pagos de los fondos comprometidos por los gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, el organismo (ACUMAR) se vio obligado a recortar montos asignados a cuestiones que no considera prioritarias para el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
A pesar de estos contratiempos, el trabajo ya ha comenzado a dar resultados: un estudio reciente de la Universidad de La Plata demuestra que más de seis especies de peces habitan hoy la cuenca alta de nuestro Riachuelo. Entre los demás avances del saneamiento se destacan también la disminución del olor gracias a la contención de vuelcos no permitidos, el exhaustivo control industrial, y los "ecopuntos" que se van a inaugurar en 2013 a lo largo de varios municipios. «
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Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Riachuelo
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que encabeza Juan José Mussi, desmintió ayer a los diarios Clarín y La Nación, que publicaron durante el fin de semana, artículos que denunciaron el grave estado, y la falta de avances, en la limpieza de la zona. "Lo que realmente resulta asombroso es cómo se cargan las tintas sobre la gestión del gobierno nacional, que es la única jurisdicción del ente tripartito que viene cumpliendo ampliamente con todas las metas propuestas", afirmaron desde la ACUMAR.
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que encabeza Juan José Mussi, desmintió ayer a los diarios Clarín y La Nación, que publicaron durante el fin de semana, artículos que denunciaron el grave estado, y la falta de avances, en la limpieza de la zona. "Lo que realmente resulta asombroso es cómo se cargan las tintas sobre la gestión del gobierno nacional, que es la única jurisdicción del ente tripartito que viene cumpliendo ampliamente con todas las metas propuestas", afirmaron desde la ACUMAR.
En la ACUMAR destacaron "la información confusa y equívoca publicada en los diarios Clarín y La Nación en relación a las obras de saneamiento". Los dos diarios se hicieron eco de un informe de la organización ambientalista Greenpeace que cita mediciones de la calidad de agua realizados por la ACUMAR para sostener que la cuenca mantiene los mismos niveles de contaminación que tenía cinco años atrás, cuando comenzó el saneamiento.
En ACUMAR, sin embargo, explicaron: "Gracias a los esfuerzos encabezados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Estado Nacional cumple con los fondos para la educación, el trabajo, las obras públicas, los programas de fomento e incentivo económico, la salud, el desarrollo social y el Programa Fútbol para Todos." Y que, por el contrario, "tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, registran incumplimiento en los aportes que deben realizar a la ACUMAR; aun así, los medios no cuestionan los gastos en playas artificiales o bici sendas sobrevaluadas".
En este sentido, se aclara que "la Ciudad de Buenos Aires con los fondos depositados por la Nación tiene una demora de tres años para liberar el camino de sirga y alojar a los habitantes de las villas 21-24 y también la 26".
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, le reclamó al mandatario porteño, Mauricio Macri, que "deje de hacerse el tonto y se ponga de una vez a trabajar" en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, y criticó también a la provincia de Buenos Aires por los fondos que adeuda.
Un fallo de la Corte Suprema estableció que el Estado Nacional debía aportar el 50% de los fondos, y que Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires deben aportar el 50 restante, 25% cada una.
En 2010 el Estado Nacional realizó el 100% de los aportes, en 2011 el 71% y en 2012 el 88 por ciento.
A causa del incumplimiento en los pagos de los fondos comprometidos por los gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, el organismo (ACUMAR) se vio obligado a recortar montos asignados a cuestiones que no considera prioritarias para el cumplimiento del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
A pesar de estos contratiempos, el trabajo ya ha comenzado a dar resultados: un estudio reciente de la Universidad de La Plata demuestra que más de seis especies de peces habitan hoy la cuenca alta de nuestro Riachuelo. Entre los demás avances del saneamiento se destacan también la disminución del olor gracias a la contención de vuelcos no permitidos, el exhaustivo control industrial, y los "ecopuntos" que se van a inaugurar en 2013 a lo largo de varios municipios. «
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San Luis forestará en las autopistas
Forestarán 156 kilómetros de autopistas en la Provincia
Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: La Gaceta Digital
Provincia/Región: San Luis
Los ministerios de Medio Ambiente e Inclusión Social continuarán trabajando juntos este año forestando 156 kilómetros de autopistas de la Provincia. Se completará la plantación de las Serranías Puntanas con el tramo Villa Mercedes - Justo Daract y en la ruta Nº 55 Norte, entre Naschel y Concarán. También se realizarán tareas en la Nº 7, entre la ciudad de San Luis y Desaguadero, al límite de la provincia de Mendoza.
“Continuaremos utilizando la misma metodología de trabajo que ya habíamos incorporado el año pasado plantando bosquetes, es decir grupos de 200 plantas con alturas superiores al metro en una selección de espacios que consideró los mejores suelos. Cada uno de estos bosquetes recibirá cuidados intensivos con moderna tecnología”, explicó el responsable del Protocolo de Forestación del Ministerio de Medio Ambiente, Lucas Dupuy Acosta.
Al respecto, el Ministro de Inclusión Social, Federico Tula Barale expresó que "la forestación en nuestra provincia es proyectar en solidaridad con las generaciones futuras, un legado de amor por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente que le dejamos a nuestros hijos y nietos y que será el motor para continuar generación tras generación”.
Para cumplir con el objetivo propuesto se seleccionaron plantas resistentes a bajas precipitaciones. Entre las nativas se encuentran: algarrobo, quebracho blanco y acacia visco. También se incorporarán especies exóticas como acacia blanca, olmo y álamo. Dentro de las arbustivas, se eligieron retama, cotoniasta, grataeus.
Las tareas se plantación se realizarán durante los meses denominados de dormancia vegetal, es decir desde mayo a fines de septiembre, cuando sufren menos el estrés, incrementando la tasa de supervivencia.
Actualmente en el período de actividad de las plantas, los trabajos se centran en el mantenimiento, en tareas como desmalezado, control de hormigas, hongos, fertilizado, riego y podas verdes. “Esto ayuda al crecimiento de aquellas que plantamos el año pasado y que han demostrado una alta tasa de prendimiento”, señaló Dupuy.
Las plantaciones se realizan con trabajadores del Plan de Inclusión Social, quienes son capacitados y evaluados en forma continua por la Asociación Forestal Argentina (AFOA). Esta entidad ya certificó a más de 300 plantadores y a otros 200 podadores mediante un convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es muy importante para nosotros que la forestación no sólo tenga como objetivo mejorar los ecosistemas, embellecer las rutas provinciales y los ingresos a nuestra localidades, sino que los habitantes, los puntanos, se lleven algo más personal, esos son los conocimientos, la capacitación y la posibilidad de hacer de esta hermosa tarea, una fuente de trabajo”, destacó la ministra de Medio Ambiente Daiana Hissa.
Primera impresión
El Plan Primera Impresión continuará su desarrollo en 2013, principalmente en 15 localidades del noreste de la Provincia, una de las zonas más visitadas por los turistas.
La propuesta que busca dar una buena impresión al turista y una colorida y aromática bienvenida a cada una de las localidades de la Provincia, también comenzará en mayo, cuando haya cesada el período de actividad de las plantas. “Para dar color a los ingresos de los pueblos utilizamos plantas de mayor porte y especies más paisajísticas y ornamentales, para que sean bien vistosas”, resumió el funcionario.
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Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: La Gaceta Digital
Provincia/Región: San Luis
Los ministerios de Medio Ambiente e Inclusión Social continuarán trabajando juntos este año forestando 156 kilómetros de autopistas de la Provincia. Se completará la plantación de las Serranías Puntanas con el tramo Villa Mercedes - Justo Daract y en la ruta Nº 55 Norte, entre Naschel y Concarán. También se realizarán tareas en la Nº 7, entre la ciudad de San Luis y Desaguadero, al límite de la provincia de Mendoza.
“Continuaremos utilizando la misma metodología de trabajo que ya habíamos incorporado el año pasado plantando bosquetes, es decir grupos de 200 plantas con alturas superiores al metro en una selección de espacios que consideró los mejores suelos. Cada uno de estos bosquetes recibirá cuidados intensivos con moderna tecnología”, explicó el responsable del Protocolo de Forestación del Ministerio de Medio Ambiente, Lucas Dupuy Acosta.
Al respecto, el Ministro de Inclusión Social, Federico Tula Barale expresó que "la forestación en nuestra provincia es proyectar en solidaridad con las generaciones futuras, un legado de amor por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente que le dejamos a nuestros hijos y nietos y que será el motor para continuar generación tras generación”.
Para cumplir con el objetivo propuesto se seleccionaron plantas resistentes a bajas precipitaciones. Entre las nativas se encuentran: algarrobo, quebracho blanco y acacia visco. También se incorporarán especies exóticas como acacia blanca, olmo y álamo. Dentro de las arbustivas, se eligieron retama, cotoniasta, grataeus.
Las tareas se plantación se realizarán durante los meses denominados de dormancia vegetal, es decir desde mayo a fines de septiembre, cuando sufren menos el estrés, incrementando la tasa de supervivencia.
Actualmente en el período de actividad de las plantas, los trabajos se centran en el mantenimiento, en tareas como desmalezado, control de hormigas, hongos, fertilizado, riego y podas verdes. “Esto ayuda al crecimiento de aquellas que plantamos el año pasado y que han demostrado una alta tasa de prendimiento”, señaló Dupuy.
Las plantaciones se realizan con trabajadores del Plan de Inclusión Social, quienes son capacitados y evaluados en forma continua por la Asociación Forestal Argentina (AFOA). Esta entidad ya certificó a más de 300 plantadores y a otros 200 podadores mediante un convenio firmado con el Ministerio de Medio Ambiente.
“Es muy importante para nosotros que la forestación no sólo tenga como objetivo mejorar los ecosistemas, embellecer las rutas provinciales y los ingresos a nuestra localidades, sino que los habitantes, los puntanos, se lleven algo más personal, esos son los conocimientos, la capacitación y la posibilidad de hacer de esta hermosa tarea, una fuente de trabajo”, destacó la ministra de Medio Ambiente Daiana Hissa.
Primera impresión
El Plan Primera Impresión continuará su desarrollo en 2013, principalmente en 15 localidades del noreste de la Provincia, una de las zonas más visitadas por los turistas.
La propuesta que busca dar una buena impresión al turista y una colorida y aromática bienvenida a cada una de las localidades de la Provincia, también comenzará en mayo, cuando haya cesada el período de actividad de las plantas. “Para dar color a los ingresos de los pueblos utilizamos plantas de mayor porte y especies más paisajísticas y ornamentales, para que sean bien vistosas”, resumió el funcionario.
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Arrasaran árboles en la 9 de Julio
Derriban árboles sin control en la 9 de Julio para emplazar el nuevo Metrobus
Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Sin ningún tipo de permiso, ni consulta previa a los vecinos, las topadoras arrasaron con árboles añosos y nada se explicó sobre si serán replantados en otros sitios. El verde violaceo típico de jacarandás desapareció por completo.
Las obras para instalar el Metrobus en la 9 de Julio avanzan y, a poco de comenzar, ya muestran el estado de devastación del terreno que estaba cubierto de árboles añosos.
Justamente, el arquitecto Rodolfo Livingston sostuvo que la tala de viejos árboles "es un atentado terrible a la ciudad".
El reconocido profesional, integrante Prop AMBA –una entidad que "lucha por la recuperación" de ciudad–, afirmó en diálogo con Télam que la extracción de los añejos árboles se realiza "sin ningún tipo de permiso municipal y sin consultar a los vecinos".
Por su parte, el diputado kirchnerista advirtió que el jefe de gobierno "se está tragando los árboles de la avenida 9 de Julio para implementar el Metrobus, al mismo tiempo que cierra parques con rejas". "El macrismo arrasa con cemento, rejas y vetos, y cada vez es más difícil vivir y pasear por la Ciudad", dijo.
Por su parte, bajo la misma perspectiva, Nenna resaltó que "el macrismo carece de planificación y seriedad en materia de transporte. Estamos en febrero y el tránsito es un caos porque están reduciendo carriles de la avenida 9 de Julio para el Metrobus y la línea A del subte se mantiene cerrada", argumentó.
Vecinos de la zona donde están derribando árboles manifestaron a Télam que la empresa que realiza esas tareas dice que "es para hacer las estaciones del Metrobus. "Vienen casi todas las noches y van sacando de a uno o de a dos, empezaron a tirar los árboles más altos, los que pasaban en altura los postes de la luz", relató un comerciante de la zona de Estados Unidos y 9 de Julio, en el barrio de Monserrat.
La ONG Basta de Demoler, publicó en su página web una nota de Mora Gutiérrez Cullen de Arauz, una porteña que denuncia "irregularidades en las audiencias públicas" y cuestiona porque los vecinos no pudieron aún "tomar vista del expediente".
"Los vecinos manifestamos estupor por la pobre calidad del estudio de impacto ambiental y la agresión al patrimonio arbóreo y simbólico", mientras "hoy las topadoras avanzan sobre los árboles que con tanta esperanza ayudamos a plantar en los primeros años de la democracia recuperada".
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Fecha de Publicación: 04/02/2013
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Capital Federal
Sin ningún tipo de permiso, ni consulta previa a los vecinos, las topadoras arrasaron con árboles añosos y nada se explicó sobre si serán replantados en otros sitios. El verde violaceo típico de jacarandás desapareció por completo.
Las obras para instalar el Metrobus en la 9 de Julio avanzan y, a poco de comenzar, ya muestran el estado de devastación del terreno que estaba cubierto de árboles añosos.
Justamente, el arquitecto Rodolfo Livingston sostuvo que la tala de viejos árboles "es un atentado terrible a la ciudad".
El reconocido profesional, integrante Prop AMBA –una entidad que "lucha por la recuperación" de ciudad–, afirmó en diálogo con Télam que la extracción de los añejos árboles se realiza "sin ningún tipo de permiso municipal y sin consultar a los vecinos".
Por su parte, el diputado kirchnerista advirtió que el jefe de gobierno "se está tragando los árboles de la avenida 9 de Julio para implementar el Metrobus, al mismo tiempo que cierra parques con rejas". "El macrismo arrasa con cemento, rejas y vetos, y cada vez es más difícil vivir y pasear por la Ciudad", dijo.
Por su parte, bajo la misma perspectiva, Nenna resaltó que "el macrismo carece de planificación y seriedad en materia de transporte. Estamos en febrero y el tránsito es un caos porque están reduciendo carriles de la avenida 9 de Julio para el Metrobus y la línea A del subte se mantiene cerrada", argumentó.
Vecinos de la zona donde están derribando árboles manifestaron a Télam que la empresa que realiza esas tareas dice que "es para hacer las estaciones del Metrobus. "Vienen casi todas las noches y van sacando de a uno o de a dos, empezaron a tirar los árboles más altos, los que pasaban en altura los postes de la luz", relató un comerciante de la zona de Estados Unidos y 9 de Julio, en el barrio de Monserrat.
La ONG Basta de Demoler, publicó en su página web una nota de Mora Gutiérrez Cullen de Arauz, una porteña que denuncia "irregularidades en las audiencias públicas" y cuestiona porque los vecinos no pudieron aún "tomar vista del expediente".
"Los vecinos manifestamos estupor por la pobre calidad del estudio de impacto ambiental y la agresión al patrimonio arbóreo y simbólico", mientras "hoy las topadoras avanzan sobre los árboles que con tanta esperanza ayudamos a plantar en los primeros años de la democracia recuperada".
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