Por qué Argentina desperdicia 73 millones de kilos de alimentos mientras donarlos no es rentable

Un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reveló que el desperdicio de alimentos en supermercados y autoservicios alcanzó los 73 millones de kilos durante 2025, en un país donde un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza y las empresas encuentran más rentable descartar alimentos que donarlos.

El desperdicio de alimentos en Argentina alcanzó los 73 millones de kilos durante 2025, según un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Lácteos, fiambres y productos refrigerados lideraron los descartes de supermercados y autoservicios, con pérdidas estimadas en 370.520 millones de pesos. La cifra expone una distorsión estructural: mientras un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza, las empresas encuentran más económico destruir alimentos aptos para el consumo que donarlos.

Un problema que no es de marco legal
El problema no pasa por la falta de una ley que habilite la donación. Argentina cuenta desde hace más de dos décadas con la Ley Donal, que brinda seguridad jurídica a las empresas donantes y las resguarda de responsabilidad civil y penal por los alimentos entregados, siempre que cumplan con las exigencias bromatológicas del Código Alimentario Argentino. El desafío es de otro orden, estrictamente económico: el régimen actual de IVA termina penalizando la donación en lugar de incentivarla. Según el artículo 58 del decreto reglamentario de ese impuesto, una empresa que dona bienes debe reintegrar el crédito fiscal que había computado por su elaboración; en cambio, si esos mismos productos se descartan, ese crédito se conserva. La ecuación fiscal, en los hechos, termina invirtiendo los incentivos que debería fomentar.
Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, explicó el mecanismo: "bajo el régimen legal actual, la decisión de donar alimentos implica que la empresa no podrá computar el crédito de IVA vinculado a la elaboración del mismo, mientras que, si ese alimento es descartado, sí es posible computar el referido crédito fiscal". El funcionario remarcó que promover una reforma legislativa que corrija esa distorsión es uno de los objetivos centrales en los que trabajan junto a la Red de Bancos de Alimentos.

Cuando donar cuesta más que tirar
Más allá del componente impositivo, el Banco de Alimentos Buenos Aires -una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace 25 años contra el hambre- señala que los costos de recuperación, clasificación, almacenamiento y transporte de los alimentos se suman al desincentivo fiscal, y terminan inclinando la ecuación económica hacia el descarte antes que hacia la donación. El contexto social agrava el problema: según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el país mantiene desde hace años un piso estructural de pobreza cercano al 30% y una indigencia que ronda el 7% de la población.

Qué reformas se plantean
Alfredo Kasdorf, asesor de la Red Global de Bancos de Alimentos, planteó cuál sería el próximo paso: "Argentina necesita completar la Ley Donal con una arquitectura de incentivos". Según explicó, una prioridad sería revisar el tratamiento del IVA asociado a las donaciones, de manera que no genere la pérdida de créditos fiscales que no se produce frente a ciertas formas de descarte. De forma complementaria, planteó evaluar un fortalecimiento de las deducciones fiscales existentes, hoy sujetas en general a un límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio de cada empresa. En el Congreso, además, hay un proyecto en danza -"Aprovechamiento Responsable de Excedentes Alimentarios y Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos"- que buscaría ir un paso más allá del incentivo voluntario: contempla que los establecimientos que descarten alimentos aptos sin justificación puedan recibir apercibimientos o multas.
Para Uranga, el resumen del problema cabe en una frase: "cada kilo que se destruye pierde la oportunidad de ser un plato de comida". La donación de alimentos en el país, remarcan desde el sector, no es solo un imperativo ético sino también una solución económica y ambiental que Argentina todavía no logra volver rentable: el desafío pendiente es pasar de una ley que habilita la donación a un sistema de políticas públicas que la vuelva, además, la opción económicamente más racional.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews Global, Perfil

Organizaciones y vecinos se reúnen para exigir respuestas sobre la contaminación del Ludueña

Vecinos de Fisherton, organizaciones ambientales y el bloque de concejales de Ciudad Futura convocaron a un encuentro este miércoles para actualizar el estado de la denuncia penal que impulsan por la contaminación sostenida del arroyo Ludueña, en Rosario, un patrón que según denuncian se repite todos los días desde diciembre del año pasado.

Organizaciones sociales, barriales y ambientales, junto a vecinos de la zona norte de Rosario, se reunirán este miércoles a las 18 horas en la Biblioteca Gastón Gori para analizar la situación del arroyo Ludueña y las novedades del proceso judicial en curso. La convocatoria, impulsada por el bloque de concejales de Ciudad Futura, busca generar un espacio de encuentro para poner en común qué está pasando con el curso de agua y avanzar en la identificación de los responsables de la contaminación. "Desde diciembre del año pasado, todos los días, en el mismo lugar y a la misma hora, vemos el mismo patrón de contaminación sobre las aguas del Ludueña", advirtió el concejal Julián Ferrero, presidente de la comisión de Ecología y Ambiente del Concejo Deliberante.

Años de reclamos y un informe técnico
La problemática del Ludueña no es nueva: vecinos de Fisherton vienen denunciando la situación desde hace años, con relevamientos propios que incluyen fotografías, videos, imágenes aéreas con drones y análisis de laboratorio. Ese trabajo derivó en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación, patrocinada por la abogada Gabriela Durruty, que apunta a un sector del arroyo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba y la avenida Jorge Newbery. La presentación incorpora un informe técnico elaborado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Nacional de Rosario, a partir de muestras tomadas en febrero de este año, que detectaron bajos niveles de oxígeno disuelto, una elevada demanda bioquímica de oxígeno, presencia de bacterias asociadas a contaminación fecal y valores de conductividad eléctrica superiores a los habituales para un curso de agua dulce, indicadores compatibles con el vertido sistemático de efluentes sin tratar.

Espacios de participación ciudadana
Ferrero definió a este tipo de encuentros como "espacios claves de participación ciudadana", principalmente para los vecinos de la zona norte que están en contacto directo con el arroyo. "Son los primeros que nos reportan estas situaciones de contaminación. En una de esas reuniones, hace unos meses, surgió la necesidad de avanzar en una denuncia penal y fue exactamente lo que hicimos", explicó. El concejal remarcó además el trabajo de relevamiento que hicieron junto al grupo de vecinos organizados en torno al problema: identificaron distintos desagües que serían responsables de la contaminación a partir de análisis de agua, sumados a relevamientos aéreos, fotos, videos y testimonios recolectados a lo largo del tiempo. "La situación es crítica y de una gravedad ambiental que duele y preocupa. Se pone en riesgo la salud de un ecosistema y de todos los rosarinos alrededor del arroyo", sostuvo.

Qué se espera del encuentro
Toda la información sistematizada por vecinos y organizaciones ya fue presentada ante la Justicia para que avance con una investigación formal. El objetivo del encuentro de este miércoles es transmitir a la comunidad las novedades de la causa y definir los próximos pasos a seguir. "Tenemos un objetivo muy claro, que es poder dar con los responsables de la contaminación, identificarlos y caerles con todo el peso de la ley", planteó Ferrero, quien remarcó el efecto preventivo que buscan lograr con ese resultado.
Más allá de la urgencia por frenar los vertidos actuales, el concejal señaló que existe además un plan de recuperación del arroyo a mediano plazo, más complejo, orientado a integrar nuevamente al Ludueña con la ciudad. "Volver a poner al Ludueña de cara a la ciudad, integrarlo y que volvamos a tener un ecosistema abierto, natural, recuperado y sano, que le permita a los rosarinos recuperar un paisaje clave que atraviesa nuestra ciudad", describió, con el objetivo de convertirlo en un espacio para pasear y disfrutar en el futuro.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Página/12 (Rosario/12), Portal Economía Sustentable, Universidad Nacional de Rosario

El ciervo axis se expande por la Argentina y plantea un nuevo panorama sobre especies exóticas

Un nuevo estudio registró formalmente la presencia del ciervo axis en siete provincias donde la especie no se encontraba originalmente, y los investigadores proponen abordar estas nuevas apariciones desde una mirada socioambiental, más allá del enfoque estrictamente ecológico habitual.

El ciervo axis avanza en el centro y norte del país. Un grupo de investigadores registró, en un nuevo estudio, la presencia de esta especie exótica invasora en al menos siete provincias en las que el animal no se encontraba originalmente cuando fue introducido en la Argentina hacia la década de 1930. Oriundo de Asia -India, Sri Lanka y Nepal-, el ciervo axis llegó al país a principios de esa década para ser utilizado en la caza deportiva y con fines ornamentales, sobre todo en estancias del partido de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. Su rápida proliferación hizo que se dispersara por ecosistemas variados, desde pastizales hasta bosques y matorrales, aunque también sufre declives poblacionales por la destrucción de hábitats y la competencia con el ganado. En 2021, el entonces Ministerio de Ambiente nacional lo declaró "especie exótica invasora, categoría 2", una clasificación que exige políticas específicas para minimizar sus impactos.

Nuevos registros en siete provincias
El estudio, titulado "Primeros registros de la especie introducida Axis axis en el centro y norte de Argentina" y publicado en la revista especializada Notas Sobre Mamíferos Sudamericanos, estuvo a cargo de ocho investigadores de Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires. Entre 2018 y 2025, reunieron 32 registros en siete provincias nuevas respecto de su distribución originaria -Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe-: Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, Salta y Formosa, además de reportes en el norte santafesino. El trabajo documentó incluso ejemplares dentro de dos parques nacionales, Copo, en Santiago del Estero, y El Impenetrable, en Chaco. Esa información no implica necesariamente que existan poblaciones ya establecidas en esos lugares, pero sí que la especie muestra un desplazamiento considerable. "El ciervo axis registra apariciones en ambientes y regiones donde no estaba documentado, por eso lo planteamos también como una alerta temprana", explicó el biólogo Matías Wajner, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, dependiente del Conicet.

Entre la dispersión natural y los escapes
Francis Merlo, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal, también del Conicet, señaló que todavía no puede reconstruirse una ruta de avance definida de la especie, aunque el estudio deja abierta la posibilidad de indagar el origen de esos ejemplares. "Puede haber dispersión desde poblaciones ya establecidas, pero también escapes o liberaciones desde establecimientos privados", planteó. Desde 2023, la provincia de Corrientes habilitó la caza sin tope del ciervo axis para controlar lo que definieron como una "superpoblación" de la especie, y esa experiencia sirve como antecedente para entender qué ocurre cuando una población invasora ya está consolidada. "El control puede reducir la presencia cuando el esfuerzo se sostiene, pero una vez que las poblaciones están consolidadas el manejo se vuelve mucho más difícil", expresó Fernando Zamudio, también del mismo instituto, quien remarcó la importancia de detectar tempranamente lo que ocurre en las regiones donde recién comienza a aparecer.

Un enfoque que va más allá de lo ecológico
Los investigadores plantearon la necesidad de no abordar estas situaciones únicamente desde una perspectiva ecológica, sino de incorporar también una mirada socioambiental que contemple cómo interactúan las comunidades locales con la especie. Como ejemplo, citaron lo observado en el norte cordobés con la irrupción del jabalí hace una década: mientras para algunos representa un problema, para otros implica una oportunidad de caza que además refuerza vínculos sociales y comunitarios. Algo similar ocurrió con la aparición del axis, según relataron: cuando registraron por primera vez un ejemplar con una cámara trampa en esa región, la sorpresa no fue solo de los científicos, sino también de los propios habitantes del lugar. "No se trata de desconocer los posibles impactos ecológicos, sino de entender que estamos frente a procesos socioambientales", resumió Merlo.
Los especialistas remarcaron que el estudio por sí solo no alcanza para definir una estrategia de manejo, pero sí puede funcionar como punto de partida para futuras políticas, incluso dentro de áreas protegidas. Según coincidieron, cuanto antes se genere información precisa sobre si existen poblaciones reproductivas en las nuevas regiones, mayores serán las posibilidades de intervenir a tiempo, ya que la experiencia con especies introducidas muestra que, una vez que una población queda establecida y expandida, cualquier medida de control se vuelve considerablemente más compleja y costosa.


Fecha de Publicación: 24/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: TN, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv-Conicet) / Instituto de Diversidad y Ecología Animal (Idea-Conicet)

Río Negro acelera su desarrollo minero: Calcatreu en producción y el uranio como próximo objetivo

La provincia contabiliza hoy 60 proyectos metalíferos y de minerales energéticos, con la mina de oro y plata Calcatreu como principal exponente de una nueva etapa productiva y el proyecto de uranio Ivana, en Amarillo Grande, como la iniciativa más avanzada del país para ese mineral estratégico.

Río Negro atraviesa una etapa de expansión de su actividad minera tras varios años de cambios regulatorios, promoción de inversiones y trabajo territorial. La provincia contabiliza actualmente 60 proyectos metalíferos y de minerales energéticos en distintas etapas de desarrollo, que incluyen oro, plata, plomo, hierro, zinc, manifestaciones de tierras raras y proyectos vinculados con litio, uranio y vanadio. Joaquín Aberastain Oro, secretario de Minería provincial desde 2019, atribuyó ese proceso a un trabajo sostenido desde la primera participación de la provincia en la feria minera PDAC de Canadá en 2021, cuando se presentó una hoja de ruta con modificaciones al Código de Procedimientos Mineros, un marco de estabilidad fiscal y, más adelante, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Calcatreu, la punta de lanza
El proyecto Calcatreu, de oro y plata, operado por Patagonia Gold cerca de Ingeniero Jacobacci, se convirtió en el principal símbolo de esta nueva etapa productiva. "Calcatreu es nuestra punta de lanza en minería metalífera", definió Aberastain Oro, quien remarcó que el proyecto atravesó un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad originaria y una audiencia pública antes de avanzar. El funcionario destacó además el valor simbólico del proyecto: hace dos décadas, un debate sobre el mismo yacimiento derivó en una legislación restrictiva para la minería en la provincia, que posteriormente fue derogada, por lo que su desarrollo actual representa, en su visión, un giro respecto de aquella etapa.
Ese desarrollo no estuvo exento de tensiones: en agosto, el Gobierno provincial dispuso una suspensión parcial y temporal de las actividades operativas en Calcatreu, tras una inspección que detectó incumplimientos en la Ley 80/20, la normativa que exige que al menos el 80% del personal contratado acredite residencia en la provincia. La reanudación completa de las operaciones quedó supeditada a la regularización de esos incumplimientos, mientras la Cámara de Minería de la provincia pidió encauzar las diferencias por vías de diálogo técnico. Según Aberastain Oro, ese episodio se resolvió rápidamente a partir de una mesa de trabajo entre la empresa, los gremios, el municipio, la provincia, la comunidad originaria y las cámaras empresarias, y sirve como ejemplo de que los compromisos asumidos en materia de contratación local o procedimientos productivos deben cumplirse para no perder credibilidad institucional.

El uranio, la próxima apuesta
En paralelo al desarrollo aurífero, la provincia concentra hoy el proyecto de uranio más avanzado del país. Se trata de Ivana, en el distrito uranífero de Amarillo Grande, cerca de Valcheta, liderado por Minera Cielo Azul, subsidiaria de Blue Sky Uranium, que ya superó la etapa de Evaluación Económica Preliminar y avanza en su prefactibilidad económica. El yacimiento suma 25,3 millones de toneladas de roca mineralizada, con una ley de 333 gramos de uranio por tonelada en la categoría más confiable de recursos, y su disposición tabular y escasa profundidad -menos de 25 metros en promedio- habilitarían una explotación a cielo abierto de bajo costo mediante lixiviación alcalina. Según estimaciones actualizadas en 2024, la mina podría producir en promedio 680 toneladas anuales de óxido de uranio a lo largo de once años, con una etapa operativa que generaría 190 empleos directos y 250 indirectos, priorizando mano de obra de Valcheta y su zona de influencia.
El respaldo financiero al proyecto se reforzó en febrero de 2025, cuando Blue Sky Uranium cerró un acuerdo con Corporación América, del Grupo Eurnekian, para capitalizar Ivana Minerales S.A. mediante una inversión inicial de 35 millones de dólares a cambio del 49,9% del capital accionario, con un compromiso adicional de 160 millones si los estudios de factibilidad resultan positivos. A esto se suma el Proyecto Catriel, bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en fase de exploración sistemática. Para la provincia, el desarrollo de estos yacimientos podría articularse con el entramado científico-tecnológico nuclear ya existente -el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu y la empresa estatal INVAP- para conformar una cadena de valor nuclear completa. "El desarrollo minero requiere trabajar en coordinación con todos los actores desde el inicio", resumió el funcionario provincial sobre el criterio que busca sostener este proceso en el largo plazo.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Río Negro
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, Portal Panorama Minero, Portal Reporte Minero

Cerró el basural a cielo abierto más grande del país: "Podemos abrir las ventanas sin sentir el olor"

El predio de Luján que durante más de 50 años funcionó como el mayor basural a cielo abierto de la Argentina dejó de recibir residuos el 1° de julio; los vecinos ya perciben el cambio, aunque el saneamiento completo y la obra de reemplazo siguen sin terminar.

Durante más de medio siglo, el destino de los residuos de Luján representó la postal más compleja e incómoda de la ciudad: un predio de 13,8 hectáreas ubicado en el área periurbana, cerca de la ruta provincial 192 camino a Open Door, que se convirtió en el basural a cielo abierto más grande del país. Conocido como "La Quema", el lugar comenzó a llenarse desde la década del setenta y llegó a recibir hasta 120 toneladas diarias de residuos sin ningún tipo de tratamiento, con quemas frecuentes, humo, malos olores y líquidos contaminantes que en algunos sectores generaron acumulaciones de hasta 30 metros de profundidad. El 1° de julio de este año, la municipalidad clausuró definitivamente el predio.

Un cambio que ya se nota
Desde entonces, los residuos domiciliarios de Luján -unas 97,8 toneladas diarias- se trasladan al Ceamse, a un costo mensual de 80 millones de pesos para el municipio, equivalente a casi la mitad de lo recaudado por la Tasa por Servicios Generales. Casi dos tercios del predio, unas nueve hectáreas, ya fueron intervenidos y comenzó a crecer vegetación sobre las superficies cubiertas. Pedro Vargas, director de Residuos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Luján, remarcó que "el basural ha sido un flagelo socio ambiental durante más de 50 años" y calificó su cierre como un logro de toda la comunidad.
Sergio Almada, vecino del barrio San Pedro y presidente de la sociedad de fomento local, fue una de las voces históricas en el reclamo por la erradicación del basural. Según su testimonio, el cambio ya se percibe en el día a día: "podemos abrir las ventanas sin sentir el olor y el humo" con los que convivieron durante décadas. El impacto en la salud también empieza a notarse: "muchos pudieron desprenderse por primera vez del tubo de oxígeno", contó, en referencia a los vecinos con afecciones respiratorias crónicas generadas por la exposición prolongada a la contaminación.

Lo que todavía falta
El cierre no significa que el pasivo ambiental haya desaparecido. Queda una zona de unas tres hectáreas, conocida como "zona de sacrificio", donde la basura sigue expuesta y que fue la última en dejar de recibir residuos. Debajo de las áreas ya cubiertas persisten décadas de desechos depositados sin tratamiento, con conexión de escurrimiento hacia el arroyo El Haras, tributario del río Luján. El próximo paso es completar el llamado cierre técnico: cubrir y compactar el material expuesto y aplicar un sistema de cobertura con tierra que aísle los residuos de forma definitiva, un proceso que además requiere controles ambientales a largo plazo.

Una obra pendiente desde 2023
El cierre del basural estaba pensado como el primer paso de un proyecto más ambicioso: el Centro Ambiental "Laudato Sí", financiado con un préstamo de 18 millones de dólares tramitado por la Nación ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que debía incluir plantas de tratamiento para reciclables, escombros y neumáticos, además de un relleno sanitario propio para Luján. Las obras, que llegaron a un avance significativo, quedaron paralizadas en 2023 tras un amparo ambiental presentado por una asociación civil, un grupo de vecinos y la propietaria de un campo lindante, que cuestionó aspectos técnicos y el eventual impacto sobre la actividad frutihortícola de la zona. La Corte Suprema de Justicia se pronunció en abril de 2025 a favor de retomar los trabajos, pero un año y medio después continúan sin reanudarse por falta de ejecución del financiamiento.
En paralelo, la actividad de más de 200 recicladores informales que dependían del basural se fue reorganizando en torno al Centro de Reciclaje Municipal Manuel Belgrano, inaugurado a fines de 2025, donde hoy trabajan más de 30 personas de forma regularizada procesando distintos materiales recuperables de la ciudad.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: La Nación, Perfil, Defensoría del Pueblo de la Nación

Desprendimientos de rocas en la montaña: otro síntoma del cambio climático en El Chaltén

Un informe del American Alpine Journal registró importantes caídas de roca en seis sectores del macizo de El Chaltén durante la temporada 2025-2026, y las vinculó con la degradación del permafrost y el retroceso glaciar, un proceso que investigadores del Conicet también documentan en la misma región.

Un reciente balance de la temporada 2025-2026, publicado por el American Alpine Journal bajo el título "El Chaltén Summary, 2025-2026", identificó varios eventos importantes de caída de roca en distintos puntos del macizo santacruceño, algunos de dimensiones particularmente grandes. El informe está firmado por Rolando Garibotti, guía y montañista de larga trayectoria en Patagonia, autor de la guía de referencia Patagonia Vertical y creador de PATAclimb, una extensa base técnica e histórica de la escalada en la región, que documenta de forma sistemática la actividad del macizo desde hace décadas. El nuevo balance identifica desprendimientos en Cerro Adela, El Mochito, Filo del Hombre Sentado, Aguja de la Silla, la cara oeste del Fitz Roy y el sector del Glaciar de los Tres.

Dos episodios ya conocidos
Al menos dos de los eventos mencionados en el informe ya habían sido registrados en su momento por la prensa local. En enero, un guía que se encontraba en el Campamento Polacos escuchó el estruendo de un desprendimiento en el Filo del Hombre Sentado, un gran contrafuerte rocoso ubicado al noroeste del Fitz Roy, y logró filmar un segundo colapso, todavía mayor, con una enorme masa de roca precipitándose por la pared. Un mes después, el 17 de febrero, se produjo otro desprendimiento significativo desde la ladera norte del Cerro Adela, sobre el glaciar homónimo, cerca del Cerro Torre, que guardaparques e integrantes de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares escucharon mientras trabajaban en la zona. El nuevo informe del American Alpine Journal ubica ahora ambos episodios dentro de una serie más amplia de desprendimientos ocurridos durante la misma temporada.

Qué está pasando en las montañas
Garibotti relaciona estos eventos con una combinación de degradación del permafrost y retroceso glaciar. El permafrost es terreno o roca que permanece congelado durante largos períodos, y en alta montaña el hielo puede ocupar fracturas y contribuir a mantener unidos bloques de roca; su degradación favorece procesos de inestabilidad. En paralelo, cuando un glaciar se adelgaza o retrocede, quedan expuestas paredes que durante décadas o siglos estuvieron sostenidas parcialmente por el hielo.
Esa relación entre el retroceso del hielo y la inestabilidad de las laderas también viene siendo estudiada científicamente en la zona. Investigadores del Conicet que analizaron las pendientes de Cerro Solo y Techado Negro, en la cuenca del Glaciar Torre, determinaron que la pérdida de masa, volumen y espesor de ese glaciar produce una relajación de las laderas que lo contienen, volviéndolas más susceptibles a movimientos de remoción en masa. El mismo estudio aportó un dato relevante: entre 2022 y abril de 2024, la tasa de retroceso del Glaciar Torre se cuadruplicó respecto del período 2019-2022, con una pérdida estimada de unos 0,4 kilómetros cuadrados y un retroceso del frente de aproximadamente 645 metros.

Una preocupación que crece en la misma cuenca
Ese proceso de inestabilidad en la cuenca del Glaciar Torre motivó, además, una advertencia específica de científicos del Conicet sobre el riesgo de un aluvión glaciar en la zona de Laguna Torre, a unos 10 kilómetros de El Chaltén: un eventual desprendimiento de grandes volúmenes de roca hacia la laguna podría generar una ola interna capaz de superar la morena terminal que contiene el agua, con un desplazamiento de agua, sedimentos y rocas que tardaría entre 45 minutos y una hora en llegar a la localidad.
Los antecedentes muestran que los desprendimientos de roca vienen siendo observados desde hace varias temporadas: en el balance 2024-2025, Garibotti había contabilizado siete accidentes graves por caída de rocas en el macizo, con fracturas, un traumatismo severo y tres rescates externos. El informe correspondiente a 2025-2026, en cambio, señala que pese a los grandes desprendimientos registrados hubo comparativamente pocos accidentes, y ninguno fue fatal. El nuevo balance no establece cierres de montañas ni plantea una situación de alarma general, pero sí aporta nueva evidencia sobre un proceso cada vez más observado en la alta montaña: el retroceso del hielo no modifica solamente los glaciares, sino que también puede alterar la estabilidad de las paredes que los rodean.


Fecha de Publicación: 23/09/2026
Provincia/Región: Santa Cruz
Fuentes Consultadas: Ahora Calafate, American Alpine Journal, Conicet

Denuncia de persecución a investigadora por agroquímicos

Virginia Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet que coordinó en el país el proyecto internacional SPRINT sobre presencia de agroquímicos en el ambiente y las personas, enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración; el gremio del organismo salió a respaldarla y denunció un cuadro de persecución, censura y silenciamiento.

Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora especializada en detectar trazas de agroquímicos en el ambiente. Hoy enfrenta un expediente administrativo que propone su exoneración, la sanción más severa que contempla la normativa de empleo público nacional, y que no implica solo la pérdida de su puesto actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado.

El proyecto que la puso en el centro de la escena
El origen del conflicto se remonta al proyecto SPRINT, una iniciativa internacional aprobada en septiembre de 2020 dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea, que se propuso determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en muestras humanas y ambientales de distintos países. Argentina fue el único país no europeo incluido en ese monitoreo. En el país se incorporaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, entre ellos productores convencionales y agroecológicos, con el objetivo de trabajar luego junto a productores en prácticas que redujeran los impactos y la dependencia de determinados insumos, una segunda etapa que finalmente nunca pudo desarrollarse en el país.

De la censura de 2023 al sumario actual
En junio de 2023, la conducción del INTA prohibió a Aparicio difundir los resultados de sus mediciones: el entonces director nacional del organismo le remitió una nota en la que le prohibía explícitamente presentarlos como investigadora del INTA. Meses más tarde, en diciembre de ese año, el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar todo vínculo institucional con el proyecto internacional. Pese a que en algún momento posterior hubo disculpas ofrecidas desde el propio INTA, el hostigamiento no se redujo sino que, según la denuncia gremial, se incrementó con el paso del tiempo.
El capítulo más reciente de ese proceso es un sumario que propone directamente la exoneración de la investigadora, motivado en el envío a analizar al exterior de las muestras tomadas durante el estudio, un procedimiento que, según explicó la propia Aparicio en instancias anteriores, resultó necesario porque el organismo no cuenta con capacidad para realizar ese tipo de análisis en el país. Según su abogado, Mario Bolla, las autoridades del INTA "casi no les dieron oportunidad de defensa" durante el proceso. La sanción todavía no fue notificada de manera formal, pero tanto Aparicio como su defensa ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si finalmente se confirma la medida.

El respaldo del gremio
Frente a esta situación, la Asociación del Personal del INTA difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y denunció que la investigadora atraviesa un cuadro de persecución, censura y silenciamiento dentro del organismo. "La investigación científica debe poder desarrollarse con libertad, transparencia y respaldo institucional", sostuvo el gremio, que además impulsó una recolección de firmas en su apoyo y reclamó garantías institucionales para el desarrollo de la actividad científica. En una publicación posterior, titulada "Basta de persecución en el INTA", la organización planteó que los resultados del proyecto SPRINT habían sido adversos para la salud pública y, en particular, para el sector productivo, una lectura que -sostuvieron- explicaría buena parte de la resistencia institucional a difundirlos. "No hay ciencia sin libertad para investigar", remarcaron.

El clima interno
Más allá del respaldo gremial, la propia investigadora denunció que sus compañeros de trabajo comenzaron a tomar distancia de ella por temor a sufrir una persecución similar dentro del organismo, algo que graficó con una frase elocuente: "ahora parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA". El caso, que ya lleva más de tres años de desarrollo, expone una tensión que excede a esta investigadora en particular: la que existe entre la producción de conocimiento científico independiente sobre el impacto ambiental y sanitario de los agroquímicos, y las presiones institucionales y sectoriales que ese tipo de estudios suele generar dentro de organismos públicos de investigación agropecuaria.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Periferia, Portal EcoNews Global, Portal Bichos de Campo

Investigadores de la UNL y el Conicet evalúan el impacto del jabalí en el norte santafesino

Un equipo de biólogos y veterinarios de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet inició un estudio para medir el impacto del jabalí y el chancho cimarrón sobre la fauna nativa, la producción y la salud pública en una reserva privada del departamento 9 de Julio.

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet comenzó a estudiar la expansión del jabalí y el chancho cimarrón en el departamento 9 de Julio, en el norte de la provincia de Santa Fe. El proyecto está dirigido por Ayelen Eberhardt, docente de las facultades de Humanidades y Ciencias y de Ciencias Veterinarias de la UNL e investigadora del Conicet en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, e involucra a un equipo de biólogos y veterinarios que evalúa las consecuencias de esta especie en la Reserva Privada de Usos Múltiples La Herminia, en la localidad de Tostado.
El objetivo central del trabajo es medir los daños que la especie genera sobre la fauna local, los riesgos que representa para la producción agropecuaria y las posibles amenazas para la salud pública. La iniciativa cuenta con el respaldo del Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe, financiado en su séptima convocatoria por la propia UNL junto con la Fundación Hábitat y Desarrollo, Sancor Seguros y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial, con apoyo adicional de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. En esa misma convocatoria se financiaron otros dos proyectos de conservación: uno sobre aves como indicadores del estado de los bosques del Chaco Seco santafesino y otro sobre insectos del espinal en la reserva La Elena.

Una especie considerada perjudicial
El chancho cimarrón está catalogado internacionalmente como una de las especies exóticas invasoras más perjudiciales. Su hábito de hozar, es decir, levantar tierra con el hocico para buscar alimento, altera la estructura del suelo y degrada la vegetación, además de competir directamente por alimento con la fauna nativa y destruir infraestructura agrícola-ganadera. Según explicó Eberhardt, "esta especie es reconocida por sus efectos negativos sobre los ecosistemas y la producción".
En Santa Fe, la problemática ya tiene un antecedente normativo: la Resolución Provincial N° 213/2024 habilita la caza deportiva sin límite de piezas durante todo el año en los predios privados que la autoricen, en reconocimiento del riesgo ecológico y sanitario que representa la especie. La Herminia, un establecimiento de unas 2.617 hectáreas ubicado en la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el Chaco Seco, combina actividades ganaderas con un área dedicada a la conservación, y refugia especies de alto valor ecológico como el aguará guazú, el águila coronada, el cardenal amarillo y el pecarí de collar. En los últimos años, administradores y técnicos del lugar observaron un marcado incremento en la presencia de chanchos cimarrones.

Cámaras trampa, drones y transectas
Para cuantificar la abundancia de la especie y relevar la fauna de mamíferos medianos y grandes del área, los investigadores realizarán cuatro campañas estacionales que combinan distintas herramientas metodológicas. El fototrampeo consiste en la instalación de 16 cámaras trampa distribuidas en distintos ambientes de la reserva -bosque abierto, bosque cerrado, pastizales y zona intangible-, que operarán de manera activa las 24 horas. A eso se suman transectas a pie, recorridos sistemáticos para detectar huellas, excrementos, hozadas y avistajes directos, y un relevamiento aéreo con drones, mediante vuelos autónomos a 60 metros de altura, que permitirá estimar la densidad de ejemplares y medir la superficie de vegetación dañada.

El enfoque de Una Salud
Más allá del impacto ambiental y agronómico, el chancho cimarrón funciona como reservorio de distintos patógenos. Bajo el concepto integral de Una Salud, que articula las dimensiones humana, animal y ambiental, los investigadores analizarán muestras biológicas obtenidas de ejemplares capturados por cazadores autorizados, evaluando la presencia de enfermedades de impacto zoonótico y veterinario como triquinosis, brucelosis, leptospirosis, tuberculosis, cisticercosis, hidatidosis y hemoparásitos. Los resultados de todo el estudio servirán como insumo directo para diseñar un plan de manejo integral en la reserva, con pautas de conservación sostenible que los investigadores esperan puedan replicarse en otros puntos de la provincia de Santa Fe.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes originales consultadas: LT10 (Radio Universidad Nacional del Litoral), Universidad Nacional del Litoral / Conicet
.

Buenos Aires creó un registro para ordenar el uso de tierras públicas en las islas del Delta

El Gobierno bonaerense reglamentó un nuevo régimen de permisos para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas del litoral fluvial y marítimo de la provincia, y creó un registro centralizado para ordenar su ocupación y fortalecer el control estatal.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un nuevo marco regulatorio para administrar los inmuebles de dominio público ubicados en las islas bonaerenses y en la Isla Martín García. La medida busca ordenar la ocupación de estos espacios, mejorar el control estatal y centralizar la información relacionada con los permisos de uso y tenencia que hoy se encuentra dispersa entre distintos organismos provinciales.
La iniciativa se formalizó mediante el Decreto N° 1517, promulgado el 9 de septiembre y publicado una semana después en el Boletín Oficial provincial, firmado por el gobernador Axel Kicillof. La norma reglamenta el artículo 37 bis del Decreto-Ley N° 9.533/80 y fija las condiciones mínimas para otorgar permisos de uso y tenencia precaria, tanto gratuitos como onerosos, sobre inmuebles públicos localizados en las islas del litoral fluvial y marítimo bonaerense y en la Isla Martín García. Según sus considerandos, el objetivo es regularizar situaciones de ocupación de hecho sin desafectar los inmuebles del dominio público provincial, además de establecer criterios uniformes para su administración.

Un registro para centralizar la información
Uno de los principales cambios que introduce la norma es la creación del Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno provincial. Ese organismo tendrá la función de registrar, gestionar y centralizar toda la información vinculada con la ocupación y utilización de los bienes de dominio público ubicados en territorios insulares, en coordinación con el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, dependiente del Ministerio de Economía, con el objetivo de mantener una base de datos unificada y actualizada.
La norma también designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, que quedará facultada para dictar reglamentaciones complementarias, supervisar los procedimientos administrativos e intervenir en los trámites relacionados con mensuras, subdivisiones y regularización de inmuebles ubicados en las islas bonaerenses.

Qué cambia para municipios y ocupantes
El decreto establece que los municipios bonaerenses podrán recibir permisos de uso y tenencia precaria sobre estos inmuebles públicos, y que, de forma excepcional, podrán otorgar subpermisos a terceros siempre que cuenten con autorización previa de la autoridad provincial competente. Además, todos los permisos ya otorgados, así como los expedientes que se encuentren en trámite, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones de la reglamentación.
La medida deroga el Decreto N° 942/20, que había creado en 2020 el Registro de Bienes de Dominio Público del Delta. Toda la información contenida en ese sistema anterior será incorporada al nuevo registro provincial, concentrando en una sola estructura los datos sobre los bienes estatales ubicados en las islas. Para completar el relevamiento, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad deberán suministrar la información catastral y registral necesaria.

El fundamento jurídico de la medida
Entre los fundamentos de la norma se cita el Código Civil y Comercial de la Nación, que considera de dominio público a las islas formadas en ríos, lagos y lagunas navegables, y establece que esos bienes son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, por lo que no pueden ser vendidos ni adquiridos por prescripción. Desde el Gobierno bonaerense sostienen que esta herramienta permitirá fortalecer la planificación territorial, mejorar la administración de los bienes públicos insulares y garantizar una gestión más transparente de estos espacios, considerados estratégicos tanto por su ubicación geográfica como por su valor ambiental.
La medida fue refrendada por los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Pablo López (Economía) y Daniela Vilar (Ambiente), y representa un nuevo paso en la estrategia provincial para regular el uso de las tierras públicas en las islas del Delta y ordenar la gestión de la Isla Martín García y otros territorios insulares bajo jurisdicción provincial.


Fecha de Publicación: 22/09/2026
Provincia/Región: Buenos Aires 
Fuentes originales consultadas: Portal NoticiasAmbientales, El Día de La Plata, Portal ElEco
.

En 2007 comenzaron a recuperar la fauna de Iberá: 19 años después volvieron 7 especies


Lo que empezó en 2007 con la liberación de una pareja de osos hormigueros gigantes en los Esteros del Iberá se convirtió en uno de los proyectos de restauración de fauna más ambiciosos de América Latina: hoy siete especies que habían desaparecido del humedal, o incluso del país, volvieron a vivir en libertad.

A comienzos del siglo XXI, los Esteros del Iberá conservaban una enorme riqueza natural, pero habían perdido parte de su fauna original. La caza, la transformación del ambiente y otras actividades humanas provocaron la desaparición local de grandes mamíferos y aves que durante siglos habían sido fundamentales para el equilibrio del ecosistema correntino. En 2007, la liberación de la primera pareja de osos hormigueros gigantes en la estancia Rincón del Socorro marcó el inicio de un programa de restauración que, casi dos décadas después, ya logró reintroducir siete especies en un paisaje protegido de 758.000 hectáreas.
El proyecto que empezó con dos osos hormigueros
El oso hormiguero gigante había desaparecido de Corrientes hacia mediados del siglo XX. Para recuperarlo, especialistas trasladaron ejemplares rescatados de otras provincias, que atravesaron un período de adaptación antes de ser liberados en el Iberá. El programa tuvo un resultado histórico: para 2021 ya se estimaban más de 200 osos hormigueros viviendo en libertad, incluidos numerosos animales nacidos directamente en estado silvestre. Ese éxito abrió la puerta para avanzar con la recuperación de otras especies.

Las siete especies que volvieron al humedal
A lo largo de 19 años, el proyecto permitió restablecer poblaciones silvestres de especies que habían desaparecido del humedal o, en algunos casos, de todo el país. El oso hormiguero gigante fue el primero, reintroducido desde 2007 y hoy con una población consolidada que nace directamente en libertad. Le siguió el venado de las pampas, trasladado desde 2009 para recuperar poblaciones en sectores del Iberá donde se había extinguido. En 2015 llegó el turno del pecarí de collar, liberado ese año y que actualmente cuenta con núcleos reproductivos ya establecidos, y del guacamayo rojo, que volvió al humedal mediante un programa de reintroducción iniciado también en 2015. El muitú, un ave emblemática de la región, fue reintroducido desde 2019 y ya logró reproducirse dentro del parque. La nutria gigante, una especie que se había extinguido en toda la Argentina, también recuperó presencia en el país gracias a este proyecto. El séptimo y más simbólico de los regresos fue el del yaguareté, que volvió a vivir libre en Corrientes en 2021, después de más de 70 años de ausencia en la provincia.

El regreso del yaguareté, el símbolo de la restauración
Uno de los hitos más importantes del proyecto fue la recuperación del yaguareté, extinguido en Corrientes desde hacía más de siete décadas. Tras varios años de trabajo en un centro de reintroducción, nacieron los primeros cachorros dentro del programa de conservación y, en enero de 2021, una hembra junto a sus dos crías fue liberada completamente en estado silvestre en la isla San Alonso. Ese hecho representó el regreso del mayor depredador del ecosistema y un paso clave para restablecer procesos naturales que habían desaparecido junto con la especie. La población de yaguaretés en libertad no dejó de crecer desde entonces: hacia mediados de 2026, la organización a cargo del proyecto confirmó el nacimiento del ejemplar número 50 nacido en estado silvestre en el Iberá.
Todo el proyecto se desarrolla en el Gran Parque Iberá, conformado por 158.000 hectáreas del Parque Nacional Iberá y 600.000 hectáreas del Parque Provincial Iberá, hasta alcanzar un total de 758.000 hectáreas protegidas. Además de conservar la biodiversidad ya existente, el objetivo es reconstruir un ecosistema completo, devolviendo especies que cumplen funciones esenciales como la dispersión de semillas, el control de poblaciones y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Lo que comenzó en 2007 con la liberación de apenas dos osos hormigueros hoy es un modelo de restauración de fauna a gran escala: el Iberá dejó de ser únicamente un refugio para las especies que sobrevivían y pasó a convertirse en un territorio donde animales que habían desaparecido vuelven a formar parte del paisaje y de la vida silvestre de Corrientes.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: Corrientes - Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: TN, Rewilding Argentina
.

Una minera amparada por el RIGI romperá un glaciar en San Juan y la provincia renuncia a cobrarle multas


El megaproyecto minero Vicuña, amparado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, avanza sobre una zona de glaciares en San Juan mediante un acuerdo que exime a la empresa de sanciones ambientales y traslada cualquier disputa a un tribunal arbitral internacional.

El proyecto Vicuña, presentado como la mayor inversión minera de la historia argentina, con un desembolso inicial de 9.700 millones de dólares y una inversión final proyectada de 18.000 millones, ya está en marcha en la Cordillera sanjuanina. Controlado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, integra los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, y fue uno de los beneficiarios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Ambos yacimientos están situados al límite con Chile, sobre glaciares de escombros y el Glaciar GE110, un cuerpo que estaba protegido por la normativa anterior hasta que una reforma de la Ley de Glaciares limitó ese resguardo.

Un glaciar ya intervenido
Según un informe de impacto socioambiental elaborado por un observatorio que integra a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad Nacional de San Martín, el Glaciar GE110 y su zona periglaciar ya fueron intervenidos por tareas exploratorias y caminos viales asociados a los yacimientos, con el consiguiente riesgo para las reservas de agua dulce y el ecosistema andino. El proyecto contempla además un tajo a cielo abierto de 259 hectáreas dentro de esa área glaciar, según documentó también la organización ambientalista Greenpeace, que impulsó junto a otras entidades una campaña que reunió cerca de 900.000 firmas en menos de dos semanas tras la reforma de la ley. La demanda energética del emprendimiento podría alcanzar los 700 megavatios, más que el consumo de toda la población de San Juan, lo que ya generó disputas con otras mineras por el acceso a una infraestructura eléctrica insuficiente. A esto se suma la preocupación por el consumo masivo de agua propio de la minería de cobre a gran escala sobre cuencas como la del río Jáchal.

El acuerdo con la provincia
Una vez modificada la Ley de Glaciares, el 5 de agosto directivos de Vicuña y el gobernador Marcelo Orrego firmaron un acta de compromiso, ratificada dos semanas después por la Legislatura sanjuanina con 27 votos a favor y 9 en contra. El texto, de 57 páginas, condiciona cualquier reclamo económico o por daños ambientales, tanto del Estado provincial como del nacional, durante los próximos 71 años. El documento establece un desembolso de 250 millones de dólares en concepto de "daños e impacto ambiental", pero un análisis del economista sanjuanino Hugo Berozzi determinó que esa suma en realidad funciona como un pago único y por adelantado que cubre cualquier concepto de daño ambiental futuro, y que buena parte de ella se destinará a la reconstrucción de la ruta 40 entre San Juan y Jáchal, obra necesaria para la logística de la propia mina. "La provincia renuncia a imponer cualquier multa o reparación ambiental" adicional durante toda la vida útil del proyecto, advirtió Berozzi.

Regalías congeladas y sin obras compensatorias
El acuerdo también congela las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del emprendimiento, pese a que la normativa nacional habilita a elevarlas hasta el 5% para nuevos proyectos mineros. Esa garantía se extiende a cualquier yacimiento dentro de un radio de 75 kilómetros, lo que abarca más de la mitad del departamento de Iglesia. Al renunciar a ese 2% adicional, la provincia dejaría de percibir un ingreso estimado en 491,2 millones de dólares a valor presente. El pacto elimina además la obligación de construir infraestructura hídrica para restituir el agua consumida en favor de los pobladores de Jáchal e Iglesia, unas 34.000 personas, así como dos proyectos de energías renovables, dos productivos, dos de preservación ambiental y la plantación de 10.000 árboles nativos previstos originalmente como compensación de la huella de carbono. Tampoco se exige contratación de proveedores o mano de obra local si la empresa demuestra que no cumplen requisitos o tienen precios más altos, algo que ya generó polémica luego de que se adjudicara la construcción del campamento modular del proyecto a un consorcio de empresas chinas.

Arbitraje internacional y consecuencias
Uno de los puntos más cuestionados es que la provincia renuncia a juzgar disputas ambientales, tributarias o de fiscalización en tribunales locales o nacionales: toda diferencia se resolverá de forma inapelable ante un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Según Berozzi, esto entra en conflicto con distintos artículos de la Constitución provincial de San Juan y expone al Estado a riesgos de indemnizaciones millonarias ante laudos adversos. Días después de publicar su informe, el economista fue despedido de su puesto en el área de análisis de riesgo crediticio del Fondo de Garantías de la provincia, donde trabajaba desde hacía seis años, en lo que definió como una decisión vinculada a sus críticas al acuerdo. Un investigador del observatorio que analizó el caso resumió el trasfondo de la operación: "cualquier intento futuro de regular podrá ser respondido con una demanda millonaria" ante ese tribunal internacional.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: San Juan
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Río Negro

La Justicia frenó el decreto que le daba a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles


Un juez federal de Santa Rosa suspendió la aplicación del decreto firmado por el presidente Javier Milei que eliminaba el reparto de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 entre Mendoza y La Pampa, en el marco del histórico conflicto por las aguas del río Atuel.

La Justicia Federal suspendió este miércoles la aplicación del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminaba el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y otorgaba a Mendoza la totalidad de los recursos generados por el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles. Con la medida cautelar, la provincia de La Pampa seguirá cobrando, por el momento, el 50% de esas regalías, tal como ocurrió durante más de cinco décadas.
El fallo fue dictado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, luego de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, impulsara una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional. La resolución judicial ordenó además que el Poder Ejecutivo Nacional produzca un informe en un plazo de tres días, mientras se resuelve el planteo de fondo.

Un conflicto de más de cinco décadas
El Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial, dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y estableció que las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles corresponderían íntegramente a Mendoza, con el argumento de que la fuente efectivamente aprovechada para generar esa energía se encuentra dentro de su territorio. Ese esquema de reparto igualitario había regido desde 1973 y fue ratificado en 1992 mediante un Acuerdo Interjurisdiccional firmado por la Nación, Mendoza y La Pampa, posteriormente homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La medida se dictó en paralelo a otro expediente en trámite ante ese mismo tribunal, en el que Mendoza demandó al Estado Nacional por la nulidad del régimen de 1973. En ese proceso, la propia Nación había pedido incorporar a La Pampa como parte, por considerar que la controversia la afectaba directamente, pedido que la Corte aceptó el 27 de agosto. Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el decreto que modificó hacia el futuro el mismo régimen cuya validez todavía se discute ante el máximo tribunal, circunstancia que La Pampa utilizó como uno de los argumentos centrales para reclamar la protección judicial inmediata.

Las posiciones enfrentadas
Ziliotto calificó el decreto de "innecesario, inviable y descabellado" y sostuvo que "un acuerdo entre tres partes no se puede anular unilateralmente". El gobernador insistió en el carácter interjurisdiccional del río Atuel, reconocido por la Corte Suprema en 1987 y ratificado en fallos posteriores de 2017 y 2020, y remarcó que la provincia "es dueña del río al igual que Mendoza".
Desde el lado mendocino, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, restó validez al planteo pampeano y afirmó que existían dictámenes previos de distintos procuradores del Tesoro que avalaban el reclamo de su provincia. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya había anunciado que la provincia readecuará la demanda iniciada en 2022 ante la Corte Suprema para reclamar de forma retroactiva el cobro de las regalías cedidas a La Pampa durante más de cinco décadas, una suma que estimó en unos 680 millones de dólares. También se sumó al cruce el diputado Luis Petri, quien sostuvo que una disputa entre provincias "se resuelve en la Corte Suprema, no en un juzgado de Santa Rosa".

Qué sigue
Mientras continúa la discusión de fondo ante la Corte Suprema sobre la validez del régimen de 1973, la cautelar dictada en Santa Rosa mantiene vigente, de manera provisoria, el reparto igualitario de regalías entre ambas provincias. La Pampa buscó con esta medida evitar que el nuevo esquema comience a generar consecuencias de difícil reversión, en particular de cara a futuras concesiones del sistema hidroeléctrico. El trasfondo económico e hídrico del conflicto excede a la disputa puntual por las regalías: ambas provincias litigan desde hace décadas por el aprovechamiento del agua del Atuel, un río cuyo curso se secó en el tramo pampeano a partir del desarrollo de obras hidroeléctricas y de riego en territorio mendocino.


Fecha de Publicación: 21/09/2026
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa 
Fuentes Consultadas: La Nación, El Sol (Mendoza), Perfil

Focos ígneos en las islas frente a San Pedro y Baradero generan densas columnas de humo que afectan la visibilidad y la salud pulmonar


Informes de ecología de humedales y física de la combustión analizan los focos detectados por el sistema de monitoreo satelital en las islas del curso medio e inferior.

Nuevos focos de incendio en el Delta del Paraná arrasaron unas 1.200 hectáreas en las islas jurisdiccionales de Entre Ríos, localizadas frente a las costas bonaerenses de San Pedro y Baradero. Las ráfagas de viento desplazaron una densa nube de humo y material particulado sobre la ruta nacional 9 y los cascos urbanos vecinos, deteriorando de forma aguda la calidad del aire respirable. Las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, junto con bomberos voluntarios y el apoyo de aviones hidrantes, despliegan operativos en terreno para sofocar las llamas en una zona donde la escasez de lluvias y el bajo nivel hidrométrico del río Paraná convierten a la vegetación en un combustible altamente inflamable.

Ecología del fuego, biomasa disponible y emisión de material particulado
La propagación de incendios en los humedales responde a la acumulación extrema de biomasa vegetal seca y combustible. La mortandad de pajonales de junco y cortadera por efecto de la sequía cíclica crea una capa continua de materia orgánica de combustión rápida. Al arder, este material genera humo denso cargado de partículas finas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles que penetran profundamente en el sistema respiratorio humano, agravando cuadros de asma y bronquitis. Asimismo, la combustión profunda o fuego de turba destruye la capa orgánica del suelo, consumiendo el banco de semillas nativas y matando la microfauna edáfica, lo que altera de manera irreversible la capacidad del humedal para almacenar carbono y filtrar contaminantes.
Variables ecológicas e hidrológicas que aceleran el riesgo de fuego:
- Estrés hídrico de la biomasa: Reducción drástica del porcentaje de humedad foliar en vegetación palustre.
- Emisión de material particulado fino (PM2.5): Dispersión de partículas respirables suspendidas por corrientes térmicas.
- Degradación del perfil del suelo: Destrucción de la materia orgánica profunda por fuegos subterráneos o de baja velocidad.

Evaluación institucional y fiscalización de los humedales
Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hacen un seguimiento satelital mediante los sensores VIIRS y MODIS para cuantificar la densidad de anomalías térmicas en la cuenca. Los reportes técnicos emitidos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes señalan la necesidad de mantener el patrullaje continuo de guardafaros y brigadistas para prevenir la reactivación de focos intencionados vinculados al manejo de pasturas.

Protección efectiva del ecosistema de humedales
Extinguir los fuegos en el Delta y mitigar el impacto del humo en las poblaciones costeras exige coordinar el trabajo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana e implementar programas de manejo sustentable del fuego en humedales resulta indispensable para proteger la biodiversidad y garantizar la seguridad pública en el corredor del Paraná.


Fecha de Publicación: 19/09/2026
Provincia/Región: Litoral Argentino
Fuentes originales consultadas: La Nación, Clarín, Infobae, Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)
.