El Congreso sigue en silencio frente a la crisis ambiental

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Nacional


La agenda ambiental en el Congreso de la Nación atraviesa un preocupante estancamiento. En lo que va de 2025, ninguna de las dos cámaras legislativas logró sancionar leyes vinculadas al cuidado del ambiente, constató AIM tras acceder al último informe del Círculo de Políticas Ambientales.
Según pudo saber AIM, el balance legislativo del primer semestre muestra una clara falta de avance: los proyectos se acumulan en comisiones, sin dictamen ni tratamiento en el recinto. Incluso las reuniones informativas, cuando se realizan, no derivan en acuerdos sustantivos ni movimientos concretos.
Entre las iniciativas paralizadas se destacan:
-La prórroga del régimen de promoción de energías renovables, que vence a fin de año.
-La ley de envases con inclusión social y la gestión de neumáticos fuera de uso.
-La trazabilidad pesquera.
-La creación de una norma federal para la evaluación de impacto ambiental.
“Nunca vimos tan poca actividad. No hay debate, los proyectos no avanzan y las reuniones informativas quedan en la nada”, advirtió María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, en declaraciones recogidas en el informe al que tuvo acceso AIM.
Desde el organismo remarcaron que el Congreso tiene una responsabilidad ineludible: legislar con una mirada estratégica y de largo plazo en materia ambiental. Sin embargo, el panorama actual muestra un rol legislativo debilitado y sin rumbo.
Supo AIM que organizaciones de la sociedad civil y referentes del sector ya alertaron sobre las consecuencias de esta parálisis institucional, que compromete los compromisos internacionales del país y frena la transición hacia un modelo sostenible.

 Para leer el informe completo, acceder al siguiente link.
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La Justicia ratificó la realización de la audiencia pública de PSJ Cobre Minero en Uspallata

Fecha de Publicación: 31/07/2025
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


La Justicia provincial ratificó la realización de la audiencia pública del proyecto minero PJS Cobre Mendocino, que se llevará adelante el próximo sábado 2 de agosto, en las inmediaciones del yacimiento, en la alta montaña de Uspallata.
La Asociación Civil Oikos Red Ambiental y el exsenador provincial Marcelo Romano presentaron acciones de amparo ambiental para que se ordene como medida cautelar la suspensión de la audiencia pública y la autoridad ambiental minera convoque otra en un “lugar de fácil acceso” como el centro urbano de Uspallata.
Particularmente la ONG sostenía que se generaba “un daño irreparable a los derechos colectivos de participación ciudadana efectiva, acceso a la información pública y a un ambiente sano, consagrados en el Acuerdo de Escazú”.
La jueza Cecilia Landaburu, del Tribunal de Gestión Nº 2, respondió que “según surge del informe evacuado por la parte demandada, toda la documentación técnica del proyecto —incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, dictámenes de organismos provinciales y nacionales e informes sectoriales— está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental”.
“Por otra parte, se ha dispuesto que los oradores intervendrán en orden cronológico según su inscripción. Primero, lo harán quienes participen de manera presencial y, una vez finalizadas esas exposiciones, será el turno de los inscriptos en la modalidad virtual. El listado de oradores y el cronograma se publicarán en los sitios oficiales del Gobierno”, agregó.
Luego, añadió más detalles de la audiencia pública y afirmó que “para quienes deseen seguir el evento sin intervenir, la audiencia será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Energía y Ambiente”.
“A la luz de lo arriba transcripto, no advierto prima facie el humo de buen derecho que justifique la procedencia de la medida bajo análisis, siendo insuficiente el simple temor subjetivo de los peticionantes, quienes no han aportado elementos ajenos a su mera subjetividad, que permitan tener por acreditado que existe un riesgo cierto de afectación a los derechos a la información y a la partición política de los amparistas”, sostuvo la jueza-
Y completó: “Como consecuencia de lo expuesto y siendo innecesario entrar al análisis de los demás requisitos que determina la ley para la viabilidad de una medida precautoria, corresponde el rechazo de la misma”.
Este martes la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, celebró el fallo citando el principal argumento de la jueza y afirmó que “la audiencia sigue en pie”.
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Un fallo histórico prohíbe la caza deportiva de fauna nativa en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: Portal LaTeclaPatagonia
Provincia/Región: Santa Cruz


La Cámara de Apelaciones de Río Gallegos falló a favor de una acción de amparo interpuesta por la Asociación Pumakawa que prioriza la conservación de las especies nativas y ordena buscar alternativas a la caza deportiva
Con un histórico fallo, la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos puso un freno a la caza deportiva de especies silvestres como pumas y zorros. La Cámara falló a favor de una acción de amparo que había interpuesto la Asociación Pumakawa y ordenó al Consejo Agrario Provincial (CAP) priorizar la conservación de las especies nativas y buscar alternativas a la caza deportiva.
Según información publicada en Ahora Calafate, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial dictó sentencia en el marco del expediente "Asociación Civil Reserva Natural 'Pumakawa' c/Consejo Agrario Provincial s/Amparo ambiental", donde revoca parcialmente una decisión de primera instancia y establece un nuevo marco para la regulación de la caza en la provincia.
En 2024, la Resolución N° 117 del CAP autorizaba la caza deportiva de pumas, guanacos, zorros grises y zorros colorados. Si bien un fallo de primera instancia, de mayo de este año, indicaba que dicha resolución había perdido vigencia porque terminó la temporada de caza deportiva, solicitaba "fijar ciertos estándares en materia ambiental de las futuras Disposiciones del CAP".
Este año, el CAP emitió otra resolución, la N°138, que excluye a estos animales del listado de especies habilitadas para la caza deportiva 2025. Ahora, el fallo de la Cámara respalda esa decisión con una orden judicial. 
El fallo al que accedió Ahora Calafate ordena al Consejo Agrario Provincial en primer lugar, "buscar alternativas a la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos conforme los estudios científicos que esta Cámara detalló en los considerandos".
Desde Pumakawa destacaron que el fallo "deja algo claro y contundente: El Consejo Agrario Provincial deberá adecuar sus futuras normativas a las previsiones constitucionales y convencionales en materia ambiental".
La decisión judicial también indica que "para el caso de continuar con la reglamentación de la caza de pumas, zorros y guanacos, previamente deberán realizarse estudios tendientes a la preservación y aprovechamiento de la fauna autóctona y exótica efectuando una evaluación cualitativa y cuantitativa de las distintas especies que pueblan la provincia que permitan el aprovechamiento racional del recurso natural faunístico, a fin de mantener el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el desarrollo sustentable".
Integrantes de la Asociación Civil Reserva Natural "Pumakawa" consideraron que “esta no es una victoria menor. Es un mensaje directo al Estado: la vida silvestre no puede seguir siendo tratada como un blanco de tiro legalizado". 
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Ex embajador argentino en la OEA denunció plan de EEUU para controlar el agua del país

Fecha de Publicación: 30/07/2025
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Carlos Raimundi advirtió que el futuro embajador de los Estados Unidos busca controlar recursos hídricos para fracking y criptomonedas, al tiempo que calificó de «coloniales» las declaraciones de Peter Lamelas ante el Senado estadounidense.
El ex embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, cuestionó duramente las declaraciones de Peter Lamelas, propuesto como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, y advirtió sobre un presunto plan para controlar los recursos hídricos del país.
En declaraciones radiales, Raimundi calificó de «colonial e inaceptable» la postura de Lamelas, quien ante el Senado norteamericano expresó su intención de «viajar por las provincias, apoyar al presidente Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia».
«Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso interviene en nuestra soberanía», denunció el exfuncionario.

El plan detrás de las provincias
Raimundi advirtió que detrás del discurso de Lamelas se esconde un intento de «balcanizar la Argentina», debilitando el rol del Estado nacional al proponer relaciones directas con los gobiernos provinciales. «Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación», criticó.
Las declaraciones de Lamelas ante una comisión del Senado estadounidense generaron controversia al asegurar que procurará «limitar la influencia maligna del régimen de Xi Jinping» y que buscará «apoyar» al presidente Milei.

Intereses económicos estratégicos
El exembajador vinculó el desembarco de Lamelas con intereses económicos específicos. «Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios con recursos naturales, especialmente el agua», alertó.
Según información publicada, Lamelas es efectivamente un empresario millonario que fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que luego vendió.
Raimundi conectó estas intenciones con el proceso de privatización de AySA que impulsa el gobierno de Milei: «No es casual que esto ocurra al mismo tiempo que Milei avanza con la privatización de AySA».

El agua para fracking y criptomonedas
Según el exembajador, detrás de esta movida está el interés de Estados Unidos en controlar las reservas hídricas del país para alimentar industrias específicas: «Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, y sobre todo, la inteligencia artificial y las criptomonedas».
También apuntó contra Mecorot, la empresa estatal israelí señalada como posible compradora de AySA: «Mecorot hoy controla el suministro de agua para el pueblo palestino. Imaginen si eso pasa acá».

Rechazo político generalizado
Las declaraciones de Lamelas generaron el rechazo de varios gobernadores provinciales, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, quienes expresaron que «no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos».
Un grupo de diputados propuso declarar persona no grata a Peter Lamelas antes de que asuma como embajador.

Herramientas legales para frenar la privatización
Raimundi llamó a resistir la privatización de AySA recordando que existen instrumentos jurídicos: «Hay un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza que la mayoría accionaria de AySA siga siendo estatal. Además, puede requerir mayoría especial en el Congreso».
El exembajador también cuestionó la hipocresía de que Estados Unidos exija justicia en casos como el atentado a la AMIA: «Le recordé a un embajador estadounidense que ellos nunca resolvieron quién mató a Kennedy. No tienen autoridad para darnos lecciones».

«Perdimos la batalla cultural»
Raimundi consideró que muchas de las decisiones que hoy permite el Congreso son consecuencia de una «derrota más profunda»: «Perdimos la batalla cultural. Hoy hay gobernadores y legisladores que aceptan pasivamente estas cosas, por miedo o conveniencia».
Sin embargo, expresó su esperanza de revertir la situación: «Tenemos que volver a construir sentido y trabajar con humildad para explicarle a cada argentino lo que está en juego».
Finalmente, pidió al Parlamento rechazar públicamente las declaraciones de Lamelas: «Es inadmisible que un futuro embajador nos diga con quién comerciar o qué rol debe tener nuestra vicepresidenta. El Parlamento debería pronunciarse en bloque».
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Misiones relanza la campaña “Yo Freno Por La Fauna” para proteger la biodiversidad en rutas

Fecha de Publicación: 29/07/2025
Fuente: La Voz de Cataratas
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología y el IMiBio buscan reducir los atropellamientos de animales silvestres, una de las principales amenazas para especies en peligro como el yaguareté.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, junto al Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), puso en marcha una nueva edición de la campaña “Yo Freno Por La Fauna”, con el objetivo de disminuir la cantidad de animales silvestres atropellados en rutas provinciales.
El lanzamiento se realizó en el Arco de Posadas y contó con la participación del ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario Facundo Ringa; la coordinadora Beatriz Fürstenau, efectivos de la Dirección de Defensa de Medio Ambiente de la Policía de Misiones, guardaparques y representantes de la Fundación Temaikèn.
La iniciativa se implementa por segundo año consecutivo y apunta a concientizar a conductores sobre la importancia de respetar la señalización y los límites de velocidad, especialmente en zonas de áreas protegidas, donde la velocidad máxima permitida es de 60 km/h.
Los atropellamientos en rutas representan, junto con la caza furtiva, una de las principales causas de muerte de la fauna misionera, poniendo en riesgo especies de alto valor ecológico como el yaguareté, emblema natural de la provincia y del país.
Durante el operativo de inicio, se realizaron actividades de educación y sensibilización dirigidas a turistas y residentes, destacando la necesidad de un cambio de conducta en quienes transitan las rutas de Misiones.
La campaña cobra especial relevancia durante el receso invernal, cuando aumenta el flujo vehicular en las rutas que atraviesan parques provinciales y áreas de conservación.
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Gran noticia para la fauna mendocina: avistaje de un ave en peligro de extinción

Fecha de Publicación: 29/07/2025
Fuente: Portal MediaMendoza
Provincia/Región: Mendoza


Un impactante avistaje de un ejemplar de águila coronada (Buteogalluscoronatus), una de las aves más amenazadas de Sudamérica, fue registrado en el departamento de Tunuyán y difundido ampliamente a través de redes sociales y medios locales.
El avistaje sucedió cuando un conductor que circulaba por la zona de La Cruz Negra divisó al ave posada sobre un poste y logró filmarla en detalle. El video muestra al ejemplar en actitud serena y vigilante, y constituye la primera aparición documentada de esta especie en el Valle de Uco, a casi 100 kilómetros del registro más cercano previo en Mendoza.
Desde el Gobierno de Mendoza destacaron la importancia del hallazgo y subrayaron el valor de este tipo de registros para reforzar las acciones de conservación. Iván Funes Pinter, director de Áreas Naturales Protegidas, expresó: "Este avistaje es una señal de esperanza y nos interpela a redoblar los esfuerzos en la protección de nuestra biodiversidad".
Por su parte, Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, agregó: "La presencia del águila coronada en una nueva zona refuerza la importancia ecológica del Valle de Uco y su potencial como corredor biológico. Este registro es una oportunidad para sensibilizar a la población y promover una convivencia armónica con la fauna silvestre".
El águila coronada se encuentra en peligro crítico de extinción, con una población estimada en menos de 1.500 individuos en todo el país. Entre las principales amenazas que enfrenta se destacan la pérdida de hábitat, la electrocución en tendidos eléctricos, la persecución directa y el ahogamiento en reservorios rurales. Para mitigar esta última amenaza, en Mendoza se han instalado en los últimos años rampas de escape en tanques australianos y represas, protegiendo así a cientos de especies silvestres en más de 520.000 hectáreas.
Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se recuerda a la población que, ante el avistamiento de fauna silvestre, especialmente especies amenazadas, es fundamental registrar el hecho mediante fotografías o videos, y comunicarlo de inmediato a la Policía Rural (911) o al Departamento de Fauna. Esta información permite identificar núcleos reproductivos y monitorear posibles movimientos de ejemplares jóvenes.
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Denuncian tala ilegal y desmonte en una reserva ribereña de Berisso

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal InfoPlatense
Provincia/Región: Buenos Aires

Vecinos alertaron sobre la extracción de árboles nativos en una zona protegida en los humedales del Río Santiago. Reclaman intervención urgente del Municipio y organismos provinciales.

Alerta ambiental en un área protegida
En la zona ribereña de Berisso, específicamente en el Río Santiago, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron un preocupante caso de desmonte y tala ilegal. Según informaron, el avance sobre este ecosistema costero afecta directamente al monte nativo y podría generar un fuerte impacto ambiental si no se toman medidas urgentes.
Las imágenes difundidas muestran claros signos de tala de árboles y movimiento de suelo. Todo esto en un área que, además de ser parte del humedal del Río de la Plata, es considerada una reserva natural estratégica para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región.

Preocupación vecinal y pedido de respuestas
Desde la organización Nuevo Ambiente que realiza tareas de conservación en la zona expresaron que “el lugar está siendo intervenido sin autorización”. Además, detallaron que estas acciones afectan tanto al hábitat natural como al uso recreativo y educativo que ofrece el espacio. Por eso, elevaron un reclamo formal al Municipio de Berisso y a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires.
Vecinos aseguran que en el lugar no hay carteles de obra, ni intervención oficial que justifique el desmonte. Temen que estas maniobras respondan a intereses inmobiliarios o comerciales ajenos al bien común.

Un sector clave en riesgo
Esta es una de las pocas zonas de humedal conservadas del cordón ribereño sur, junto a Punta Lara y Punta Indio. Allí habitan especies protegidas de flora y fauna, y también se desarrollan actividades culturales, deportivas y educativas impulsadas por escuelas e instituciones sociales.
Por estas razones, vienen reclamando desde hace años una política clara de protección y manejo sustentable de estos espacios. El caso de Berisso vuelve a poner en agenda el dilema entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental.
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YPF apuesta al uranio: avanza un polo minero-nuclear en Chubut

Fecha de Publicación: 28/07/2025
Fuente: Portal Memo
Provincia/Región: Chubut


La petrolera YPF está dando forma a "YPF Nuclear", una nueva compañía con la que apunta a convertirse en referente de la minería de uranio en Argentina. El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la empresa para 2030 y se articula con el plan impulsado por Demian Reidel desde Nucleoeléctrica, que busca reforzar el papel de la energía atómica en la matriz energética nacional.
El punto de partida será la provincia de Chubut, donde ya se iniciaron conversaciones entre la administración local y el Gobierno nacional para que la provincia recupere minas de uranio actualmente bajo control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según cálculos oficiales, la CNEA tiene bajo su órbita más de 18 proyectos en ese territorio, cubriendo unas 25.000 hectáreas, con yacimientos de alto potencial, entre ellos Cerro Solo, Los Adobes, La Primera y Laguna Colorada, entre otros.
El miércoles pasado se reunieron en la Torre de YPF en Puerto Madero el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente de YPF, Horacio Marín; y Demian Reidel para coordinar la hoja de ruta de la nueva unidad de negocio. El encuentro también sirvió para repasar la demanda de Torres ante la Corte de Nueva York, donde busca levantar el embargo que pesa sobre acciones de la petrolera desde la expropiación de 2012.
En redes sociales, Reidel afirmó que la nueva estructura de YPF Nuclear será clave para posicionar al país como exportador de uranio, recurso que considera vital para abastecer la demanda energética futura. A nivel nacional, la idea es crear un polo de desarrollo minero-nuclear en Chubut, aprovechando la disponibilidad de uranio y la posibilidad de sumar nuevos reactores de diseño local.
Reidel presentó en abril el "Plan Nuclear Argentino", que define tres etapas para reposicionar la energía atómica. La primera es la construcción de un reactor modular SRM, con cuatro unidades previstas para el sitio destinado a la postergada Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. El diseño estará a cargo de Invap, Nucleoeléctrica, Conea y Conuar, en colaboración con inversores privados y capital extranjero.
La segunda fase, conocida como el "modelo Gillette", apunta a asociar la venta de reactores modulares con contratos de provisión de uranio argentino, aprovechando las reservas subutilizadas del país. La meta final es que, si se consolidan estas dos etapas, la Argentina se proyecte como destino atractivo para inversiones en infraestructura energética, centros de datos y proyectos de alto consumo eléctrico.
Actualmente, Nucleoeléctrica opera las tres centrales nucleares activas del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. A través de este plan, se busca ampliar la capacidad instalada, diversificar la oferta de energía limpia y convertir la exportación de tecnología y mineral en una nueva vía de ingresos para la economía nacional.
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Peligra la causa contra la Mafia del Desmonte: Niremperger se declaró "incompetente" y alertan riesgo de impunidad

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Portal ChacoAhora
Provincia/Región: Chaco


Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal.
Petición ambientalista. Detrás de esta maniobra está la presión directa de la #MafiaDelDesmonte sobre la justicia federal.
Organizaciones ambientales y comunidades del Chaco denuncian que la causa que investiga a una red de desmontes ilegales podría quedar en manos de juzgados locales, más expuestos a presiones políticas y económicas. Reclaman que la Cámara Federal de Resistencia revierta la decisión.
La investigación que sacó a la luz las operaciones ilegales de desmonte en el Chaco —conocida como la causa contra la Mafia del Desmonte— está en riesgo de desarticularse. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró de oficio “incompetente” para continuar con el expediente, pese a la existencia de pruebas que vinculan a empresarios, funcionarios y operadores judiciales en una trama delictiva compleja y con impacto ambiental masivo.
La decisión de Niremperger habilita que la causa se fragmente y pase a la órbita de juzgados provinciales, algo que desde distintas organizaciones consideran “una maniobra funcional a la impunidad”. Señalan que esos fueros son más permeables a presiones de sectores económicos interesados en seguir desmontando tierras protegidas por la Ley de Bosques y habitadas por comunidades indígenas y campesinas.
“La justicia federal debe sostener su competencia en esta causa si se quiere llegar a los responsables reales. Si se pierde, se abren las compuertas para más desmontes, más violaciones de derechos humanos y más expulsiones de familias del campo chaqueño”, afirmaron desde las organizaciones que impulsan la investigación.
Además, advierten que la presión para desactivar la causa proviene directamente de los actores denunciados: “Estamos viendo cómo la #MafiaDelDesmonte opera también sobre el sistema judicial para garantizar su impunidad”, agregaron.
Actualmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia debe resolver si revoca la decisión de Niremperger y sostiene la competencia federal. Diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales iniciaron una campaña pública para exigir que no se frene la causa.
 “El monte nos necesita y esta causa puede marcar un antes y un después en la lucha contra el ecocidio en el norte argentino. Es ahora o nunca”, sostienen desde las comunidades que firmaron la petición, disponible en este enlace.
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Facultades delegadas: los impactos en la protección y el cuidado del ambiente

Fecha de Publicación: 26/07/2025
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


El camino no es la motosierra ni la desregulación absoluta. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar.
El 8 de julio venció el plazo de la delegación de facultades legislativas al Presidente. Esta norma habilitó al Poder Ejecutivo, durante el plazo de un año, a reorganizar y reducir la estructura estatal, modificar o eliminar competencias de organismos y disolver fondos fiduciarios.
Entre los 65 decretos promulgados por el Presidente, se eliminaron fondos y disolvieron o modificaron organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente, incumpliendo tanto leyes nacionales como así también acuerdos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional.
El Decreto 888/2024 eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Este fondo fue creado a través de la Ley 27.431 para implementar medidas relacionadas con la protección de los bosques, en el marco de la contribución nacional presentada por la Argentina al Acuerdo de París, y mejorar la eficiencia y transparencia en la administración y ejecución de los montos destinados a la conservación de estos ecosistemas.
El Decreto 1020/2024 disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Si bien este decreto dispuso la transferencia de los recursos materiales y financieros del ENOHSA al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, la gestión y ejecución de obras de agua potable y saneamiento a nivel nacional podrían verse afectadas por no contar con un ente especializado que las supervise de manera integral.
El Decreto 396/2025 fusionó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR). El SEGEMAR produce información sobre los recursos geológicos y mineros del país, mientras que el INPRES evalúa proyectos como hidroeléctricas, fracking o minería, se especializa en estudios sismológicos y en prevención del riesgo sísmico.
Bajo ningún punto este organismo debería ser reemplazado por el SEGEMAR, ya que este se encuentra al servicio del sector minero. Además, la Ley Bases prohíbe la disolución del INPRES. Si bien el Decreto 396/2025 no lo realiza, los términos de la fusión establecida con SEGEMAR implican vaciarlo de contenido.
El Decreto 463/2025 disolvió el Fideicomiso Financiero para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, lo que genera incertidumbre acerca de cómo se financiarán ahora tareas clave como la contratación y capacitación del personal, las obras de prevención y control, los estudios e investigaciones, y la logística para combatir incendios.
Además, este decreto se da en un contexto de subejecución de la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que, en 2024, tuvo una caída en términos reales del 81% y que durante el primer mes de 2025, mientras habían múltiples focos de incendio en la Patagonia y en Corrientes, no tuvo ejecución presupuestaria.
El principio de integración, contenido en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), establece que la variable ambiental debe estar presente en cada actividad que desarrolle el Estado. Esto se ve lesionado cuando se eliminan fondos o se disuelven organismos claves para la protección y el cuidado del ambiente.
Si se hubieran comprobado irregularidades o detectado ineficiencias, se deberían haber evaluado alternativas con el objeto de mejorar su ejecución y funcionamiento antes que su disolución o reducción.
El camino no es la motosierra ni la desregulación. Exigir mayor calidad, trabajo, transparencia y control debería ser el rumbo a tomar por el Estado. Es la única manera de poder llevar adelante políticas ambientales que se encuentren a la altura de los desafíos climáticos de nuestros días.

Por Cristian Fernández - Coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
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Preocupación por la aparición de otra ballena muerta: ya son tres en las últimas dos semanas

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


Especialistas de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y del CONICET realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas del deceso del mamífero. Los anteriores casos en Costanera y Vicente López.
Una ballena de gran tamaño sorprendió este lunes por la tarde a vecinos y navegantes de las aguas del río Paraná, a la altura de la ciudad de Zárate. El inusual episodio generó una fuerte preocupación, ya que es el tercer caso que se registra en los últimos 15 días.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, una embarcación de la Prefectura Naval se hizo presente en el lugar para custodiar al cetáceo. Especialistas en fauna marina señalan que la ballena debió nadar más de 19 horas desde el mar por aguas dulces, un comportamiento anómalo que podría deberse a una desorientación o un grave problema de salud.
Desde esa fuerza de seguridad, consignó Diario El Norte, precisaron que enseguida informaron a especialistas de la Dirección Nacional de Fauna Silvestre y del CONICET, que realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas de la muerte del mamífero.

Casos similares
La semana pasada se registró un episodio similar en la Ciudad de Buenos Aires, cuando una ballena de unos seis metros de largo fue encontrada encallada en la Costanera Norte. El animal estaba en inmediaciones al Parque de la Memoria y a Tierra Santa.
Cinco días antes, durante el feriado por el 9 de julio, otro cetáceo fue hallado muerto por un pescador a la altura del kilómetro 18 del canal costero en Vicente López. Personal de la misma fuerza de seguridad constató que el mamífero estaba muerto y encallado en la zona del barrio de La Lucila.
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Desmontes ilegales: solo en dos provincias se perdieron 31.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses del año

Fecha de Publicación: 25/07/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chaco - Santiago del Estero


La organización Greenpeace alertó sobre la destrucción de una superficie más grande que la ciudad de Buenos Aires en Chaco y Santiago del Estero
La organización Greenpeace denunció que en los primeros seis meses de 2025 se deforestaron 31.000 hectáreas de bosque solo en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. Por tala o quemas, fue completamente devastada una extensión que equivale a una ciudad de Buenos Aires y media. Todo, advirtieron desde la ONG ambientalista, es ilegal: las zonas en donde se tumbaron árboles y plantas nativas tienen protección de los gobiernos provincial y nacional. Al menos deberían tenerla, según lo estipula la Ley de Bosques Nativos (26.331).
No es nuevo que el mandato de esta ley impulsada por el exdiputado Miguel Bonasso (PJ) y sancionada sea una y otra vez incumplido en el norte del país. Es visible tan solo visitando Google Earth. Al poner en secuencia fotografías satelitales que encuadran a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde en 1985 había una densa y verde masa forestal hoy se dibujan cuadros muy bien trazados de campo amarillento. En particular, para 2008 la tendencia se había acelerado, coincidente con el alza en el precio de la soja.
Si bien desde Greenpeace reconocen que, comparado a dos décadas atrás, la velocidad de desmonte disminuyó, los números aún generan alarma. “Seguimos estando dentro de los 15 países con más deforestación en el mundo”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Los datos para la primera parte de 2025, a los que LA NACION accedió en exclusiva, muestran que Santiago del Estero perdió 22.315 hectáreas y Chaco, 8685, de manera ilegal. “Si bien en el resto del norte argentino hubo deforestación, estas dos provincias fueron las protagonistas en estos seis meses”, detalló Giardini. Si bien la desproporción es notoria entre ambas provincias y los contextos normativos y productivos, hay muchas similitudes en las dinámicas del desmonte.
El nuevo ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, advirtió que en realidad fueron 8190 hectáreas deforestadas de manera ilegal. Afirmó también que en estos casos se actuó de acuerdo con la ley. “Ya fueron identificadas y labradas las actas correspondientes. En algunos casos, se secuestraron las máquinas y estamos esperando el pago de multas correspondientes”, detalló. A pesar de ello, reconoció que la legislación vigente es insuficiente para frenar el desmonte ilegal y anunció que la provincia reforzará los controles y las sanciones.
Este medio también trató, sin éxito, de contactarse con representantes del gobierno de Santiago del Estero, encabezado por Gerardo Zamora (UCR). 

Los desmontes santiagueños
Según explicó el representante de Greenpeace, en Santiago del Estero se reproduce una histórica dinámica asociada principalmente a la promoción ganadera desde la propia administración provincial y productores foráneos, aunque la producción de soja también crece en la zona. 
Un ejemplo de ello fue reportado en una investigación reciente de Mongabay Latam, que expuso el caso del director de la empresa Refresh Now, productora de las gaseosas Manaos, Orlando Canido. Canido fue acusado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero por desmontar 11.000 hectáreas –media ciudad de Buenos Aires– entre julio y agosto del año pasado en una finca cercana a la frontera con Salta y San Miguel de Tucumán. No era la primera vez que se vinculó a este empresario con la tala indiscriminada, acompañada de amenazas y violencia contra comunidades indígenas.
Según Giardini, esta dinámica es allí el business as usual. Todo derivado de una flexible ejecución de la legislación para la protección de bosques. “Es histórico que el gobierno provincial haga un cambio de zonificación en las zonas amarillas. Desmontan todo, quedan pasturas y algunos arbolitos”, denunció. 
Los bosques en la Argentina, según estipula la propia Ley de Bosques Nativos, deben ser categorizados por nivel de protección. Se fijaron criterios mínimos para la protección de los bosques, clasificándolos en tres categorías –roja, amarilla y verde– según su importancia para la conservación. Esta zonificación se conoce como Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y cada provincia debe actualizarlo cada cinco años, sin violar principios como la no regresión. O sea que una zona roja, la de mayor nivel de protección, no podría convertirse en una verde, la de menor, de un lustro a otro. Ninguna de estas dos situaciones se cumplen en el norte argentino.
En el caso de Santiago del Estero, la última actualización del OTBN se realizó en 2015. Desde entonces, el mapa provincial refleja la siguiente distribución de sus bosques: un 14% en categoría roja, un 82% en amarilla y un 4% en verde.
El reporte del año pasado de Greenpeace sobre deforestación indicó que en esa provincia se desmontaron 54.123 hectáreas, casi tres veces la ciudad de Buenos Aires, durante todo 2024. Por esto, mantiene el primer lugar en deforestación en el país. LA NACION trató de comunicarse con la gobernación de Santiago del Estero, para contrastar los datos obtenidos por la ONG ambientalista y también conocer las medidas que está tomando para proteger los bosques, pero no recibió respuesta.

El caso chaqueño
En Chaco, comparado con el año pasado, la deforestación bajó mucho durante los primeros seis meses de 2025. El reporte de Greenpeace de 2024 puso a esta provincia como la segunda con más deforestación, con 39.182 hectáreas, dos veces la ciudad de Buenos Aires. Según la información de la gobernación fueron 23.129 hectáreas.
No obstante, Giardini consideró que deberían analizarse los datos al final del año, pues en seis meses puede cambiar todo. De todos modos, como se dijo, al regir una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de nuevo desmonte, toda la deforestación ocurrida entre enero y junio de este año es ilegal.
El 19 de agosto del año pasado, la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de la capital provincial, emitió una cautelar que regirá por lo menos hasta el mes que viene. Fue después de la denuncia penal interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA) en contra de empresarios y funcionarios y exfuncionarios chaqueños. Los acusaron de lavado de dinero, trata de personas, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, enriquecimiento ilícito y tráfico, todo asociado al desmonte en Chaco.
Entre los principales acusados está Hernán Halavacs, exministro de Producción provincial, que el año pasado renunció a su cargo. Sin embargo, según denunciaron desde AAAA, la presión sobre la jueza para remover la cautelar es inmensa. La semana pasada, Niremperger se declaró incompetente para llevar dicha causa penal.
Dudik niega categóricamente que el Ejecutivo provincial haya presionado a la magistrada. “Si tienen pruebas, deberán aportarlas a la causa. Pero si no las aportan, pienso que algún fiscal debería investigarlos a ellos”, apuntó el ministro.
“La gobernación debería haber hecho muchos más esfuerzos para hacer cumplir el fallo de la jueza”, opinó Giardini. Además, destacó que con la actual administración, encabezada por Leandro Zdero, Greenpeace no logró tener ningún tipo de diálogo.
También explicó que los desmontes ilegales como estos no son benéficos a mediano plazo ni siquiera para el sector productivo. “Tenemos que pensar que los mercados internacionales son cada vez más exigentes con temas como la deforestación. Adelante tenemos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que exige trazabilidad de la madera desde 2020. Además, la Argentina se comprometió a la deforestación cero para 2030″, detalló.
Aunque algunos políticos, entre ellos, Zdero, se refirieron a que la deforestación es necesaria para impulsar el desarrollo, en especial en las provincias más pobres del país, tanto para Giardini como para otras organizaciones ambientalistas consultadas hay opciones para desarrollarse sin deforestar, como los mercados voluntarios de carbono, los manejos agroforestales y la reforestación.
Dudik planteó que tiene las “puertas abiertas” para todas las organizaciones dispuestas a dialogar. También anticipó a LA NACION que, a principios del mes próximo, se sancionará una reforma que intensifica la protección de los bosques. “No solo buscamos triplicar las multas, sino que queremos monitorear las topadoras y otras máquinas asociadas a la deforestación. Queremos poner un chip rastreador a cada máquina. También buscamos impulsar labranzas con criterios más sustentables y procesos productivos que impliquen la regeneración de pasturas”, describió el ministro.
Hay muchos cuestionamientos desde los sectores productivos sobre estas opciones que apuntan a la rentabilidad. Otra de sus históricas exigencias es el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos en términos de fondos: el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que fue pensado principalmente como una herramienta para retribuir a los dueños de los terrenos por no deforestar, jamás llegó al financiamiento estipulado por la ley. Su máximo no superó el 11%. Durante la administración de Javier Milei, la política de conservación de bosques recibió un golpe en este sentido, en particular con la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que también estaba diseñado como herramienta financiera para la conservación.
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La Corte Suprema les dio la razón a los vecinos de Chivilcoy en su derecho a tomar agua sin arsénico

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires


El máximo tribunal de justicia provincial rechazó la queja presentada por ABSA. Ahora la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.
El conflicto comenzó hace más de una década, cuando vecinos y vecinas de Chivilcoy presentaron un amparo exigiendo agua segura. En su defensa, ABSA se respaldaba en una normativa provincial antigua que permitía hasta 50 µg/L, muy por encima de lo permitido a nivel nacional.
La justicia ya le había dado la razón a la comunidad en primera y segunda instancia. Ahora, con la desestimación del recurso de ABSA, la sentencia quedó firme: la empresa deberá construir una planta de ósmosis inversa y mejorar el servicio en forma urgente.
Aguas subterráneas peligrosas
Este fallo es un precedente histórico para Chivilcoy y para toda la provincia al reafirmar que el derecho humano al agua está por encima de cualquier interés económico. Además, obliga al Organismo de Control del Agua (OCABA) a realizar controles bimestrales y transparentes.
El planteo, tanto de ABSA como de la Provincia de Buenos Aires, es que un valor de 50 microgramos por litro de arsénico en el agua representaría un parámetro seguro. Sin embargo, tal postulación es contraria a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias entidades de investigación, académicas y de salud, como la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y el Hospital de Niños de la Plata, cuyos dictámenes fueron incorporados en los procesos judiciales.
Los estudios revelados en el Mapa del Arsénico en Argentina que se encuentra confeccionando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) dan cuenta que los niveles de arsénico en el agua subterránea en un gran sector del interior bonaerense presentan un rango  promedio (de 75 a 370 microgramos por litro) que supera holgadamente lo determinado por la Suprema Corte (10 microgramos por litro) y recomendado por la OMS y el estado de la ciencia, e inclusive por encima del valor de referencia pretendido por ABSA y las autoridades provinciales (50 microgramos por litro).
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Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana en Salinas Grandes, Salta, registran el primer TICCA de Argentina

Fecha de Publicación: 24/07/2025
Fuente: FARN
Provincia/Región: Salta


Diez comunidades indígenas de la Red Torna Lickana logran que su territorio sea registrado como un «Territorio de Vida» en una plataforma global, un reconocimiento a su rol esencial en la conservación de la naturaleza, por su gestión y protección de los humedales altoandinos.
El 27 de junio pasado se incorporó al Registro TICCA el primer territorio de Argentina: el Territorio de Vida donde habitan las comunidades de la Red Torna Lickana, ubicado en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Salta.
Los TICCA son Territorios y Áreas conservadas por Pueblos y Comunidades Indígenas, también conocido como “Territorio de Vida”. Se trata de un espacio donde existe una conexión estrecha y profunda entre un pueblo indígena o comunidad local y su entorno, arraigada en la historia, la identidad cultural, la espiritualidad y las formas de vida que aseguran su bienestar material e inmaterial, y quienes, a través de sus sistemas de gobernanza y gestión del ambiente, contribuyen positivamente a la conservación de la naturaleza. 
Estos territorios se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza.  Son ellas quienes establecen las normas sobre el uso y cuidado del territorio a partir de conocimientos tradicionales y de gestión y gobernanza. Los TICCA se destacan, además, por su contribución significativa a la conservación de la naturaleza, mediante la preservación y el uso sustentable de ecosistemas, hábitats, especies y paisajes.
Dentro del Territorio de Vida de la Red Torna Lickana, una red de 10 comunidades originarias se encuentran los humedales altoandinos, conformados por salares, lagunas, vegas y bofedales. Estos ecosistemas tienen múltiples contribuciones para las comunidades indígenas son espacios sagrados, de sustento y de continuidad cultural, con los que las comunidades indígenas mantienen relaciones profundas, respetuosas y arraigadas a su identidad desde tiempos ancestrales. Estos humedales albergan una biodiversidad única, son fundamentales para la regulación del agua y desempeñan un rol clave en la adaptación al cambio climático. Su conservación es necesaria no sólo para garantizar los derechos de las comunidades que los habitan y cuidan, sino también por su papel esencial en el equilibrio ecológico y en el sostenimiento de todas las formas de vida que crecen y se desarrollan en este territorio.
Según el análisis global publicado por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Consorcio TICCA en el informe Territorios de Vida,  se estima que los territorios y áreas conservados por Pueblos Indígenas y comunidades locales cubren más del 20% de la tierra y hacen importantes aportes a las redes globales de conservación. Sin embargo, aún existe una importante falta de datos. El Registro TICCA busca documentar estos territorios y ya cuenta con 313 casos reportados a nivel mundial. Hasta ahora, ninguno provenía de la Argentina. La incorporación del territorio de la Red Torna Lickana como un TICCA – Territorio de Vida – marca un hito en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Argentina, y en la visibilización de sus aportes fundamentales a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de la naturaleza. Es también una experiencia ejemplar hacia el fortalecimiento de formas de gobernanza propias, basadas en el respeto, la reciprocidad y el vínculo profundo con los territorios que habitan y sostienen desde hace generaciones.

¿Dónde está ubicado el TICCA y cuáles son las comunidades que forman parte?
La Red Torna Lickana —que significa “Nuestra Tierra”— es una red de comunidades indígenas pertenecientes al Pueblo Atacama, conformada por 10 comunidades originarias que integran el TICCA: Casa Colorada, Cerro Negro, Cobres, Corralito, Esquina de Guardia, Incahuasi, Matancillas, Raíces Andinas, Rangel y Tipan.
Este Territorio de Vida se encuentra en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, dentro de la región del Altiplano conocida como Puna, abarca los departamentos de La Poma y Los Andes, y forma parte de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que se extiende entre las provincias de Salta y Jujuy, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo fue el proceso para la inclusión en el registro?
El Registro TICCA es una plataforma gestionada por el Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y gobernada por un comité directo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consorcio TICCA, la UICN, el Programa para los Pueblos de los Bosques, la Fundación Kenono (Nagalandia, India), la Cooperativa Snowchange (Finlandia) y Amazon Frontlines.
La inclusión del territorio de la Red Torna Lickana en el Registro TICCA fue el resultado de un proceso sostenido de trabajo comunitario y articulación colectiva. Más allá de su visibilidad internacional, este camino tuvo un enorme valor interno. Desde 2022, las comunidades indígenas que integran esta Red mantuvieron encuentros e intercambios para impulsar la iniciativa, reuniéndose en talleres donde reflexionaron colectivamente sobre el sentido del territorio, su biodiversidad, la memoria, historia e identidad, y sobre las amenazas —históricas y actuales— que ponen en riesgo la continuidad de todas las formas de vida que existen en el TICCA.
Los datos requeridos por el Registro fueron preparados por la Red Torna Lickana, y contaron con el acompañamiento de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el marco del  programa Conservando los Humedales Altoandinos de Fundación Humedales/Wetlands International y de Pan para el Mundo/Brot für die Welt. A través de esta documentación, las comunidades reafirman su rol como custodias del territorio y comparten, desde su propia perspectiva, conocimientos, prácticas y formas de gobernanza ancladas en su historia y cosmovisión.

¿Qué potencial tiene para las comunidades de esta red y para otras?
La incorporación en la base de datos del Registro TICCA representa una herramienta valiosa para visibilizar el vínculo de la Red Torna Lickana con el territorio, su identidad y sus propias formas de gobernanza. Este acto no solo implica dejar constancia internacional de su presencia y relación con el lugar que habitan y cuidan desde tiempos ancestrales, sino también situarse dentro de una red global de pueblos indígenas y comunidades locales que conservan la naturaleza desde prácticas culturales, espirituales y sociales profundamente arraigadas, para construir alianzas e intercambiar experiencias, así como posicionar su rol clave en la cuidado y equilibrio de la Pachamama (naturaleza), que incluye territorios, humedales y biodiversidad. En un contexto de crecientes presiones sobre los territorios, como el avance de la actividad extractiva del litio en la región, contar con este reconocimiento simbólico y político refuerza su legitimidad frente a actores externos. Esto contribuye a visibilizar y valorar sus formas de vida, sus conocimientos, usos y relación con el territorio. 
En definitiva, registrar su territorio como un TICCA – Territorio de Vida – no es un acto simbólico aislado, sino una estrategia concreta para proyectar su presencia territorial, consolidar su autodeterminación y continuar defendiendo sus formas de vida en comunidad desde su propia cosmovisión.

Reacciones de la comunidad y especialistas que acompañaron el proceso de registro

Comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, Salta.
“Las comunidades de la Red Torna Lickana decidimos avanzar en el proceso de registro de este TICCA con el objetivo de mantener los valores culturales y espirituales, preservar nuestra historia, incentivar a los jóvenes para permanecer en la zona, fortalecer el proceso de defensa de nuestros derechos sobre el territorio y la vida comunitaria.” 

Laura Castillo, coordinadora del Programa de Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
“El registro del territorio de vida de la Red Torna Lickana visibiliza el rol central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales para la transición energética global. El reconocimiento refleja su conexión profunda con el territorio, y el rol esencial de sus saberes para la protección de la naturaleza, en línea con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad. La reciente Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también destacó la importancia de los saberes, conocimientos y cosmovisiones indígenas para abordar de manera justa y eficaz la crisis climática y ecosistémica, en pleno respeto a los derechos humanos y los límites planetarios.”

Román Baigún, coordinador del Programa Conservando los Humedales Altoandinos para la Gente y la Naturaleza, de Wetlands International
“Creemos que el reconocimiento como ‘Territorio de vida’ por parte de la ONU a la Red Torna Lickana contribuye a la conservación de los humedales altoandinos. No alcanzan las áreas protegidas para proteger a estos frágiles ecosistemas, son las comunidades con su profunda conexión con la naturaleza quienes vuelven más efectiva la conservación.” 

Christof Wünsch, jefe del Departamento de América del Sur, Brot für die Welt
“Nos complace mucho que las comunidades indígenas de la Red Torna Lickana estén registradas ahora como TICCA. Esperamos que, de esta manera, se reconozcan y respeten sus derechos y su contribución a la protección del frágil medio ambiente de la región y a la diversidad cultural.”
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Especies en riesgo por el tráfico

Fecha de Publicación: 23/07/2025
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Pese a la ley de conservación de fauna, el comercio ilegal pone en peligro a aves, reptiles, mamíferos y felinos nacionales.
Más de 140 especies silvestres son afectadas por el tráfico ilegal en el país, pese a las regulaciones de la ley nacional de conservación de la fauna (N°22.421). Las organizaciones ambientalistas denuncian que miles de ejemplares son capturados año a año para ser comercializados ilegalmente como mascotas, productos artesanales --como ornamentos y joyas-- , medicinas o para coleccionismo. Se calcula que sólo el comercio ilegal de fauna genera entre 15 y 20 mil millones de dólares al año.
Entre las aves se encuentran el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; entre los reptiles el lagarto overo, la tortuga terrestre y la boa lampalagua; y entre los mamíferos los monos caí y carayá y las especies marinas. Aunque la organización ambientalista Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) también resaltó dentro de esta lista a "una creciente cantidad de felinos" --dentro de este grupo se encuentra el yaguareté-- y a plantas como cactus, orquídeas e, incluso, maderas preciosas por diversas características.
Si bien llevarse piedras, plantas, semillas o huevos tras un paseo por la naturaleza o visitar algún destino turístico puede parecer inofensivo, la organización alerta sobre el impacto acumulativo de esta actividad, que podría ser grave para las especies y los ecosistemas. Por este mismo motivo tampoco hay que extraer ni recoger plantas nativas. Y para no fomentar esas extracciones, se recomendó evitar souvenirs que contengan derivados de la naturaleza --corales, caracoles, caparazones, plumas, pieles o maderas-- sin certificado legal.

"Comercio clandestino"
Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, explicó: "Al adquirir un animal o planta nativa o incluso un objeto elaborado con partes de animales --ya sea cuero, hueso, plumas o caparazones--, aunque muchas veces no lo sepamos, podemos estar contribuyendo a un mercado ilegal que causa un daño profundo y silencioso a la biodiversidad. Este comercio clandestino no solo destruye hábitats naturales y empuja a numerosas especies al borde de la extinción, sino que también altera gravemente los equilibrios ecológicos de los ecosistemas".
En esa línea, sostuvo: "extraer animales de su ambiente natural implica un riesgo sanitario porque pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas, que, al ser introducidos en nuevos entornos o entrar en contacto con personas, representan una amenaza concreta para la salud pública y ambiental". Por eso, la organización aconseja no levantar, "rescatar" o comprar animales silvestres en caminos, rutas o en los destinos. Además, tampoco es recomendable alimentar ni tocar animales silvestres.
El mascotismo --la práctica de mantener animales silvestres como mascotas-- y el avance de la agricultura y los proyectos inmobiliarios sobre zonas naturales colaboran en la expulsión de los animales de sus hogares. Esta pérdida de hábitats los lleva a lugares ajenos, como las ciudades: además de aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades para la población humana, empeora sustancialmente la vida de los animales. Y se generan las dificultades propias de la cohabitación de humanos y animales sivestres, como por ejemplo los problemas causados por los carpinchos en los barrios privados del Tigre o las incursiones de mapaches y osos en ciudades de Estados Unidos o las "invasiones" de elefantes en zonas urbanas en distintos países de Asia y África.

Marcos legales
Para prevenir y hacerle frente a este comercio ilegal se debe trabajar tanto en la oferta como en la demanda. La coordinadora destacó la necesidad de un "trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil", donde se coordinen acciones con los distintos niveles del Estado para fortalecer el cumplimiento de los marcos legales.
La organización llama a que si se presencia o se sospecha de ventas que parecen no ser legales, extracción de especies o que alguien circula con animales silvestres o sus partes, sea notificado a las autoridades del lugar. La ley nacional plantea penas de un mes a cinco años para quienes cacen, capturen o comercialicen animales de fauna silvestre que estén prohibidas o vedadas por las autoridades jurisdiccionales, lo hagan sin autorización o con armas o medios prohibidos.
En cada provincia hay un organismo encargado de esta tarea. De todas formas, a nivel nacional esta tarea se engloba en la Brigada de Control Ambiental (BCA) dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, que tiene como misión la fiscalización, control, preservación ambiental y prevención de la contaminación. En el primer tiempo de funcionamiento --fue creado a mediados del 2020-- rescató alrededor de 600 animales silvestres y otros 600 fueron protegidos judicialmente por las condiciones de vida en zoológicos.
Las especies nativas fueron reinsertados en su entorno natural, luego de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, el porcentaje más grande de animales rescatados pertenece a especies exóticas, que no pueden liberarse. Para estos casos, se decidió trasladarlos a santuarios o centros de rescate.
A nivel mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) realizaron un operativo conjunto donde en un mes rescataron casi 20 mil animales vivos: todos eran especies en peligro de extinción o protegidas. Identificaron seis redes de tráfico internacional y arrestaron a más de 350 personas.
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