Dictaminan en favor de mantener la suspensión de la explotación petrolífera

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: Diario El Atlántico
Provincia/Región: Nacional


El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dictaminó en favor de mantener la decisión del juez Santiago Martín de suspender la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, normativa que aprueba el proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenta Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”.
Al momento de analizar el caso, el fiscal general reparó -en primer lugar- en la resolución de Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobado en 2015 en Nueva York –y del cual nuestro país resulta signatario-, y que entre sus objetivos establece que: “Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente…”. Además, en su punto 14, impone “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo”.
De allí que el representante del MPF sostuviera que “Es por demás claro que nuestro país ha fijado su programa de actuación a partir de estos Objetivos y por consiguiente, ningún progreso económico puede en pos de su consecución, implicar el detrimento del medio ambiente”.
Por su parte, destacó el rol del Ministerio Público Fiscal en las cuestiones socialmente trascendentes como la que aquí se debate, con cita de los artículos 120, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional.

La afectación de especies marítimas
A su vez, realizó un pormenorizado análisis del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado para las tres áreas de exploración, por las sociedades extranjeras integrantes del grupo económico Equinor, el que da cuenta de los impactos que la generación de ruidos habrá de tener sobre la fauna marina en la zona que se ha definido como área de influencia.
Del análisis de la información generada por la empresa, “surge claro que no existe época del año para la realización de la prospección que asegure que ninguna especie se verá afectada. En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias. Ello por cuanto del EIA surge que existen distintas épocas y grados de sensibilidad a la exposición a las ondas sonoras”.
Para ello las empresas proponen técnicas de mitigación consistentes en iniciar la prospección con un bajo nivel de ruido el que se irá incrementando durante 20 minutos (que puede llegar a 40 en casos excepcionales), hasta lograr cambios de comportamiento en la fauna marina, consistentes en la huida y modificación de trayectorias de las distintas especies, forzando su alejamiento de las zonas concedidas.
Para el fiscal general, del estudio analizado surge la envergadura de los desafíos ambientales que la actividad sísmica lleva consigo. “Ha quedado allí expuesto el cúmulo de riesgos desconocidos para al menos algunas especies marinas; la falta de certezas científicas también expuestas en distintos pasajes del EIA sobre las consecuencias de la prospección en la zona abisal comprendida por las áreas de exploración, sumado a las observaciones en el informe posterior de las alegadas falencias que habrían existido en la comunicación previa a la Audiencia Público celebrada oportunamente. Todo ello, permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha”, sostiene el dictamen fiscal.

El principio precautorio en palabras de la Corte
Ante dicho escenario, recordó que en nuestro país se impone en materia ambiental el principio de precaución, el cual resulta imperativo a la hora de analizar el dictado de medidas cautelares centradas en evitar daños colectivos. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “en el particular ámbito de las demandas encuadradas en las prescripciones de la Ley General del Ambiente, debe además evaluarse las consideraciones referidas al principio de prevención y al principio precautorio del daño ambiental ante la posible creación de un riesgo con efectos desconocidos y por tanto imprevisibles”.
En este caso, distintos pasajes del Estudio de Impacto Ambiental dan cuenta de efectos desconocidos por falta de información, lo que refuerza la procedencia del principio precautorio.

La vigencia del Acuerdo de Escazú
Por su parte, Adler recordó que el Acuerdo de Escazú –que entró en vigencia previo a la audiencia pública celebrada en julio de 2021, a través de la ley 27.566- importa un marco normativo particular que contiene pautas precisas y conminatorias que marcan el proceso a seguirse en la toma de decisiones de la magnitud que el presente debate genera. En tal sentido, citó puntualmente el artículo 7mo que regula la “Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”, y alertó que la normativa “no ha sido cumplida por los actores intervinientes pese a que estaban expresamente obligados a ello”, tal como fue reconocido por autoridades nacionales en una entrevista periodística brindada en esta ciudad días atrás. “Una autocrítica que tenemos que hacer desde el Estado nacional es que tal vez no hicimos esto de venir a dar la información a la gente de Mar del Plata con detalles”, admitió Aldo Duzdevich, asesor del Ministerio de Energía.
En este sentido, el fiscal general expresó que “resulta menester contar con información completa como lo consagra la Ley 27.566. Si la misma no es clara, o siéndola, fallan los mecanismos para su difusión y no se da un verdadero debate popular, la decisión a partir del claro texto legal no cumple con la finalidad de preservar a las generaciones actuales y futuras”.

Impacto económico y desarrollo pesquero
Por último, el fiscal general Adler recordó que en esta causa se debate exclusivamente el impacto ambiental que habrá de producir la prospección 3D que fuera autorizada en las áreas objeto de concesión. “No estamos aquí ante el debate referido a la instalación de pozos petroleros, sino al impacto que la prospección sísmica ocasiona con su sonido. De allí que hablar de eventuales ingresos resulta a la fecha un escenario hipotético, y en lo que refiere a esta etapa, la empresa refirió en el EIA que “(…) En cuanto a las actividades económicas la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna repercusión muy focalizada en relación a las prestaciones que brinde el puerto de servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y posiblemente en algunas otras localizaciones en relación a otros suministros/servicios, pero en todo caso resultaría un  aspecto disperso de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías locales. Lo mismo se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, dado que el proyecto demanda en general personal con calificaciones específicas”.
Y por otro lado, según surge del Estudio de Impacto Ambiental, “no se puede descartar que la tarea a desarrollar por las empresas pueda tener efectos sobre la explotación pesquera”. En la documental aportada se dice que “el impacto sobre el rendimiento de la actividad pesquera en el área de adquisición sísmica podría dar como resultado indirecto la afectación del proyecto sobre la fauna ictícola y de invertebrados siendo que dichas comunidades pueden verse afectadas por las actividades de prospección sísmica. No obstante, la incidencia de las actividades de adquisición sísmica carece aún de conclusiones firmes respecto de su afectación sobre las capturas”. Para el representante del MPF “el uso del verbo potencial y la afirmación de la carencia de conclusiones firmes, permiten abrigar el temor de que la actividad impacte en la actividad pesquera, en particular en las especies”. Por ello, se propugna mantener la decisión de primera instancia hasta tanto se asegure un debate más profundo con participación masiva de la ciudadanía.
.

Biocombustibles para la generación eléctrica en Santa Fe

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


El senador Armando Traferri presentó una iniciativa para declarar política de Estado la producción y utilización de energías renovables
El senador justicialista Armando Traferri presentó en la última sesión de la Cámara Alta provincial un proyecto de ley que impulsa la utilización de biocombustibles para la generación eléctrica dentro del territorio de la provincia de Santa Fe. En su iniciativa, considera que además de propender a la industrialización de la producción primaria, esta medida redundaría en un beneficio para el medio ambiente, ya que las emisiones son más limpias y se trata de un producto renovable, y a la vez generaría un ahorro de dólares, porque se dejaría de importar combustible para estas usinas.
El proyecto de Traferri declara “política de Estado provincial a la producción y a la utilización de energías amigables con el medio ambiente” y también a “la incorporación de los biocombustibles en las usinas instaladas en el territorio de la provincia de Santa Fe, que utilizan actualmente combustibles fósiles líquidos de manera alternativa para su operación en los períodos en los cuales no disponen de gas natural”.
El propio legislador consideró en su fundamentación otro proyecto de su autoría, que se convirtió en la ley provincial 14.020, y que creó el “Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles”.
El mismo, establece como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles, biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir, en estado puro o en el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial, en los sectores agrícola, ganadero, transporte de granos y cargas, espectáculos públicos, logística, encomiendas, correos, flotas de gobiernos provinciales, municipales y comunales, empresas del estado, obras públicas, transporte de pasajeros y generación eléctricas.
“La experiencia de casi 15 años de producción y utilización del biocombustible contribuyó a la diversificación de la matriz energética, al ahorro de divisas, desarrollo de economías regionales, industrialización de la producción primaria, sustitución de importaciones, preservación del medio ambiente, cuidado de la salud y responsabilidad social, con fuerte impacto en el trabajo provincial y en especial de Santa Fe”, remarcó.
“La pandemia de coronavirus y el actual escenario bélico internacional complejo con el que se inició el 2022 enseñan que los países deben desarrollar sus industrias y valor agregado para evitar que volatilidades en precios internacionales causen profundos daños en sus entramados económicos, productivos y sociales”, agregó.
En ese sentido, el senador consideró que “la provincia necesita promocionar el uso de biodiésel para la generación eléctrica en las usinas radicadas en su territorio que actualmente tienen la capacidad de ser duales, por funcionar con gas natural o gasoil por un total de 2.681 megavatios”.
Según los datos recopilados, durante 2021 esas centrales consumieron 640.000 m3 de gasoil importado, lo cual demandó divisas que se estiman en unos 900 millones de dólares, y generó emisión de gases de efecto invernadero. “¿Por qué no impulsar su sustitución por biodiésel nacional, amigable con el ambiente, con plantas que tienen una ociosidad actual cercana al 60%?”, se preguntó el legislador.
En Santa Fe se encuentran instaladas 18 plantas elaboradoras de biodiésel, con una capacidad de 3.473.600 toneladas anuales. Actualmente, trabajan a poco más de la mitad de su capacidad instalada y emplean, directa e indirectamente, a decenas de miles de personas.
“Lograr un exitoso proceso de incorporación del biodiésel a la generación eléctrica abrirá un nuevo mercado en el mundo a toda la cadena agroindustrial argentina, lo cual redundará en un enorme impacto positivo en el país”, concluyó.
.

Buscan aprobar ley de conservación de bosques   

Fecha de Publicación: 24/03/2022
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


Buscan aprobar ley de conservación de bosques El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes provincial se comprometió en el marco del Día Mundial de los Bosques y el Agua- a lograr la aprobación de la ley del sistema de gestión integrada de cuencas hidrográficas.
El proyecto tiene como objetivo conservar el ambiente y obtener mejor calidad de vida de la población para alcanzar el desarrollo sostenible de la provincia, teniendo en cuenta que las cuencas son más que sólo áreas de drenaje y en ellas nuestras comunidades desarrollan todas sus actividades sociales, ambientales y productivas.
Pereyra Pigerl explicó que este sistema de gestión de cuencas permitirá estudiar y trabajar en la mejora de la calidad y cantidad de agua tomada de las mismas para el consumo, tanto humano como rural, y evitar o morigerar los problemas relacionados a las cuencas como inundaciones, contaminación, faltante de provisión de agua en épocas de sequía.
En ese sentido, dijo que desde el Ministerio de Ecología y la Cámara de Representantes, junto a instituciones y profesionales vinculados en esta temática, desarrollaron durante el 2020/21 actividades de socialización con el propósito de nutrir este proyecto.
Además, resaltó que este año la ONU tomó como lema a las aguas subterráneas que “son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas en los humedales y los ríos”.
Asimismo, el diputado indicó que los bosques “son demasiado valiosos para perderlos. Poseen una estrecha y vital relación con el agua y el suelo. Son fundamentales para combatir el cambio climático y ejercen un papel importante en la erradicación de la pobreza”.
.

Alerta por un protocolo que reduce a 10 metros la zona de exclusión de agroquímicos alrededor de las comunidades

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Ante el anuncio realizado sobre un manual para las aplicaciones de agrotóxicos en el departamento Castellanos, se encendieron las alarmas de las agrupaciones ambientalistas
La Multisectorial “Paren de Fumigarnos” lanzó un comunicado de advertencia ante la inminente presentación de un protocolo para las aplicaciones de agroquímicos en el periurbano de comunas y municipios del departamento Castellanos. El mismo fue elaborado por la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (Inta) y cuenta con apoyo del senador departamental, Alcides Calvo.
Según los creadores del protocolo “la idea es aportar una base técnica para que legislen el uso de fitosanitarios en las inmediaciones de zonas pobladas”. Sin embargo asociaciones de vecinos, gremiales, científicos y abogados ambientalistas que constituyen la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” se mostraron preocupados ante tal proyecto que, según indicaron “ignora las evidencias científicas actuales sobre derivas e impactos en la salud, para las aplicaciones periurbanas de agrotóxicos, ya que propone llevar la distancia libre de aplicaciones a solo 10 metros de las viviendas de vecinos y vecinas, y a partir de allí hasta los 1.500 metros para aplicar productos banda verde o azul”.
La polémica surgió cuando la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Inta elaboró el “Protocolo de Aplicaciones para Periurbanos Ampliados” para ofrecerlo como modelo a comunas y municipios del departamento con el fin “de evitar conflictos entre campo y ciudad por el uso de productos fitosanitarios”.
De acuerdo a lo expresado por un vocero de Inta en un medio periodístico santafesino, Cristian León, hay varios pueblos que ya adoptaron el protocolo y lo transformaron en ordenanza.
León, explicó que “la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto, realizado los últimos dos años, con el senador Alcides Calvo y los mandatarios del distrito”. Incluso aseguró que en los lugares donde se implementó “se notó una disminución de la conflictividad. Principalmente porque hay que tener informada a la población de todos estos trabajos; de que nadie quiere contaminar a nadie y que cada aplicación que se hace en el periurbano está controlada”. San Vicente es una de las ciudades donde hace más de un año rige la normativa y “no hubo más denuncias”, según León.

Sólo 10 metros
Lo primero que contempla el protocolo es la fijación de la línea agronómica, a partir de esa línea que establece legalmente el límite entre lo urbano y lo rural, los primeros 10 metros son un “área de seguridad” donde no se puede aplicar ningún agroquímico, ni químico ni biológico y donde se “debe instalar una barrera forestal”.
Luego, desde los 10 hasta los 1.500 metros, hay un área denominada “de aplicaciones restringidas”, donde sólo pueden usarse productos de banda verde o azul, entre éstos el glifosato que en Argentina aún es catalogado como “banda verde”, a pesar de su probada toxicidad e impacto negativo sobre humanos, animales y ambiente en general. También el protocolo contempla “el control absoluto de las aplicaciones por parte del Estado” a través de la figura de un “veedor municipal”.
Entre los 1.500 y hasta los 2.500 metros, se determinó un “área de responsabilidad social rural”, donde se apela a “la conciencia de productores y asesores para el uso responsable de los productos”. Es decir que se deja en manos de la buena voluntad o conciencia moral de productores y agrónomos, el uso de productos altamente peligrosos y contaminantes.
En cuanto a las aplicaciones en inmediaciones de escuelas León sostuvo que “lo fundamental es que estén avisados” y que “sólo se puede aplicar el viernes por la tardecita hasta el domingo a la tardecita”.
De acuerdo al funcionario del Inta el protocolo se hizo “con la idea de producir en forma responsable y no prohibir por prohibir” y el mismo será presentado formalmente a todos los gobiernos locales del departamento entre abril y mayo.

En alerta
El domingo último comenzó a circular el comunicado del “Paren de Fumigarnos” donde expresan algunas consideraciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del protocolo como que “el Instituto Internacional del Cáncer de la OMS ha clasificado al glifosato como ‘probable’ cancerígeno, vigente esta clasificación hasta el día de hoy. Por lo tanto, responsabilizamos a los diseñadores de dicho protocolo por los daños que ocasionará a la salud de los vecinos, al estar ampliamente demostrado el aumento de enfermedades producidas por la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos”.
También resaltaron que “debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, con fecha 14 de diciembre del 2021 confirmó el fallo de un amparo ambiental que dispuso una distancia mínima de mil metros para las fumigaciones terrestres respecto de la vivienda de los demandantes” en la localidad de Zenón Pereyra, departamento Castellanos.
Por otra parte, desde la multisectorial recordaron que “se encuentra en debate un proyecto para reformar y actualizar la ley 11273/95, que contempla una zona de 1.500 metros libres de fumigaciones en resguardo de la salud de los vecinos de las 365 localidades de nuestra provincia”.
En cuanto al protocolo señalaron que “es regresivo y violatorio del marco de regulaciones generales vigentes en la República Argentina, como el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente”, entre otras.

Criminal
Finalmente, a través del escrito expresaron que “se demanda al senador Alcides Calvo, quien avala este protocolo, como también al intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Alberto Castellano y Concejo Municipal, a que convoque una audiencia pública para consultar a la ciudadanía sobre su opinión sobre el mismo. Entendemos que no pueden hacerse los distraídos en este debate y deben pronunciarse públicamente en contra de este protocolo (que consideramos criminal), y en defensa de la salud de la comunidad, que es su obligación”.
.

Ambiente y Salud avanzan en la agenda común frente al cambio climático

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El encuentro se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático presentada recientemente por la cartera de Salud de la Nación.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a través de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, participó de una reunión junto con la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, para avanzar en la agenda en común sobre cambio climático. El desarrollo de la jornada se realizó en el Hospital Cuenca Alta de la localidad bonaerense de Cañuelas.
Cabe mencionar que la misma fue elaborada en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), el cual es coordinado técnicamente por la cartera de Ambiente nacional. La inclusión de la salud en el contexto del cambio climático se realiza como uno de los enfoques transversales de la política climática nacional.
En este sentido, se establecieron líneas de acción con el fin de elaborar políticas públicas para incrementar las capacidades del sistema sanitario frente a los eventos extremos producidos por el cambio climático.
Estuvieron presentes por parte de la cartera ambiental, la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell; el coordinador del Gabinete Nacional de Cambio Climático, Carlos Amanquez y la asesora técnica especialista en adaptación, María del Valle Peralta.
También participaron de la reunión por la cartera de salud, el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti; el director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, Carlos Devani; la coordinadora de Salud Ambiental, Marina Orman; y autoridades del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas.
.

Cómo protege cada provincia a sus bosques

Fecha de Publicación: 23/03/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


La norma sobre el presupuesto mínimo para resguardar los ecosistemas no se cumplió desde su sanción. Varias provincias continúan deforestando en zonas prohibidas con fines agrícolas o de desarrollos urbanos. La justicia y la sociedad civil intentan impedirlo pero las cifras no descienden.
Los bosques nativos están protegidos en el país por la ley 26.331 y en ella se establecen presupuestos mínimos para poder conservarlos, restaurarlos y aprovechar de manera sustentable los recursos del país. La norma fue pensada como una forma de organizar una acción conjunta que evite la deforestación, pero su implementación no alcanza los resultados esperados.
En diálogo con El Auditor.info, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, aseguró que la cobertura que brinda la ley es parcial, ya que si bien "la deforestación tuvo una disminución comparada con la época previa a la norma", sigue habiendo un número alto de desmontes y, en promedio, más de la mitad se da en las zonas en las que está prohibido.
Los desmontes ocurren a lo largo y a lo ancho del país, sin embargo, hay cuatro provincias que reúnen casi el 80% del total: Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Salta. En 2018, un relevamiento de Greenpeace mostró que en esa zona se talaron bosques por un total de 112.766 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires durante 12 meses.
Giardini también aseguró que en Santiago del Estero y Chaco se realizan procesos de desmontes selectivos en la zona marcada como amarilla (de protección media), para el desarrollo ganadero. “Ahí hay una responsabilidad de las provincias al habilitar esto cuando la ley no lo permite”, indicó.

Clasificaciones dudosas
En provincias como Formosa y Corrientes, a la hora de ordenar su mapa como pedía la ley, “pusieron más del 70% de su territorio en zona verde (baja protección), por lo tanto han dicho que se puede desmontar prácticamente en todos lados”, remarcó Giardini. Esto terminó provocando que en Formosa haya más desmontes después de la ley que antes de la misma.
Consultada por este medio, Adriana Piffaretti, supervisora en la AGN en el área de Gestión Ambiental y licenciada en Administración, sostuvo que en los informes de auditoría "insistimos con la promoción de encuentros y espacios de discusión dentro del COFEMA, abordando el proceso de ordenamiento territorial de bosques con una visión integrada para hacer nexo entre las categorías de conservación de jurisdicciones vecinas reclamando a las autoridades locales provinciales el desarrollo de normativas complementarias que generen incentivos a la preservación de los bosques nativos".
Más allá de las cuatro provincias que concentran el mayor volumen de deforestación, Giardini explicó que, por ejemplo, en Córdoba se hicieron varios desmontes para la construcción de countries y otros desarrollos urbanos a cargo de los propios municipios, aunque la potestad sobre la tierra la tiene la provincia. “En la Patagonia hubo intentos de desarrollos urbanísticos grandes pero la principal causa de deforestación fueron los incendios, que en algunos casos son naturales pero en otros tantos hubo accidentes o intencionales”, agregó.  
El ordenamiento territorial de todas las provincias sumadas da un promedio del 80% de los bosques del país protegidos y, “si se cumpliese a rajatabla, no se deberían desmontar”, aseguró Giardini.
En este sentido, Greenpeace considera que se debe penalizar el desmonte ilegal y el incendio intencionado, así como al funcionario que legaliza lo ilegal. “Debería haber una suspensión de los desmontes para las provincias que no hayan hecho su ordenamiento, como pasó con Chaco, pensando en mejorar la protección y porque Argentina firmó que para 2030 no debe haber más desmontes”, analizó Giardini.

Control
La Auditoría General de la Nación realizó varios informes sobre el tema. En un análisis de 2014 se hablaba de estas mismas cuatro provincias y se mostró que en Santiago del Estero y Salta se desmontaba sin que hubiera una audiencia pública previa. En un trabajo de 2021 se explicó que Santiago del Estero mejoró la situación y es de las pocas junto a Chaco, San Juan y Buenos Aires que tienen el mecanismo de participación ciudadana implementado.
Según Giardini, hay más panoramas alentadores. “En Salta, en los últimos tiempos están en proceso de reordenar el mapa y por esto no se autorizaron muchos desmontes pero sigue teniendo una deuda con todo lo que se permitió con los últimos gobiernos”, aseguró.
Algo similar pasa en Chaco, donde la justicia local consideró al ordenamiento territorial vencido (se debe renovar cada cinco años) y suspendió los desmontes hasta que se haga un nuevo mapa. “Igualmente el nivel de los controles es bajo, con lo cual el desmonte ilegal aumentó”, corrigió Giardini.  
El caso de Misiones es distinto al de los demás: antes de la Ley de Bosques había un alto nivel de deforestación y después de la zonificación bajó notoriamente.
La AGN también detectó debilidades que afectan a los procesos participativos, como por ejemplo, los conflictos con comunidades de pueblos originarios; falta de convocatorias más amplias; ausencia de mecanismos de difusión y de registro documental que acrediten dicho proceso. "Es bastante recurrente que las audiencias públicas, cuando se hacen, se brinde poca información, son exprés y muy pocas frenan un proyecto que ya estaba encaminado”, sostuvo Giardini. "Eso va de la mano de desmontes sobre territorios indígenas sin consentimiento de las comunidades”, agregó.
Por su parte, Piffaretti afirmó que cuando los dueños de la tierra con bosques nativos tienen una motivación económica para conservarla, "no lo cederán a los emprendimientos inmobiliarios que hacen lobby para cambiar el uso de suelo y talar cientos de hectáreas en beneficio propio, descuidando el medio ambiente". Además aseguró que son las provincias "las que deben realizar acciones para la recuperación y restauración de los bosques nativos degradados por cambios de categoría a nivel predial; y eso no sucede actualmente".

Falta de financiamiento
El organismo de control notó la falta de financiamiento que tiene la ley. En 2013 se destinó el 13,26% de lo estipulado en la norma; en 2015, el 6,21% y en 2016 el 5,26%. En el año 2020, se le asignó poco más del 3% de lo correspondiente. Hablando en concreto, ese año por cada hectárea se previó destinar $10,20 para su conservación.
“La desfinanciación de la ley no es un tema menor, ya que todos los años el Congreso da menos plata para la Ley de Bosques, eso no ayuda en los controles ni a financiar un desarrollo sustentable”, aseguró Giardini y remarcó que hay una responsabilidad compartida: “el Ejecutivo manda proyectos de presupuesto con un número menor y los legisladores no hacen nada para cambiarlo”.
En esta misma línea, Piffaretti considera que "todavía falta recorrer un camino de consensos, a nivel legislativo nacional también, para componer una demanda de política pública ambiental que requiere la urgencia de sostener este tema en una agenda prioritaria".
.

Esperan auge exploratorio en minería para el 2023   

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy


Hay 127 informes de impacto ambiental en evaluación en Jujuy, que podrían generar otros tantos emprendimientos.
Esperan auge exploratorio en minería para el 2023 Actualmente Jujuy cuenta con 127 informes de impacto ambiental en evaluación, algunos de exploración y otros de prospección en polimetálicos, oro aluvional, de roca y litio, que hace vislumbrar un posible avance exploratorio. Sobre el reclamo en Susques por una supuesta instalación para extracción de litio, el secretario de Minería de la Provincia, Miguel Soler, aclaró que no hay nada irregular y se trata de un proyecto de exploración autorizado por la Unidad de Gestión Ambiental Provincial, que incluye a comunidades y a la Secretaría de Pueblos Indígenas.
"Tenemos 127 informes de impacto ambiental en evaluación, algo que realmente es muy bueno, se está comenzando a explorar la provincia, principalmente en la región Oeste de Jujuy. Muchos son de litio, ya tenemos proyectos de polimetálicos, oro aluvional, y oro de roca", afirmó.
Detalló que son proyectos de exploración y prospección por lo cual no se puede anticipar cuál podrá avanzar a la etapa de producción. "Es una buena noticia, porque en la medida que podamos gestionar bien los permisos éste año, el año que viene puede ser un boom en materia exploratoria en la provincia", expresó el secretario.
Planteó que también hubo mayor cantidad de consultas en el catastro minero (www.mineríajujuy.gov.ar ), y a abogados y empresas consultoras de la provincia interesados en gestionar proyectos. En el 2021 ese registro tuvo 400 accesos desde el exterior.
Hizo un racconto del año y dijo que comenzó bien debido a que los problemas, principalmente logísticos y de movimiento de gente que comenzaron en 2020, se fueron superando. Explicó que eso permitió que los dos proyectos avanzados de litio pudieran adelantar, en la ampliación Sales de Jujuy como en la construcción Exar.
En tanto el proyecto Mina Providencia, que el año pasado se reactivó, también está a full con su construcción, por lo que espera que este año puedan contar con los concentrados de plomo, plata, zinc y cobre exportándose desde la provincia. Sostuvo que los proyectos de explotación de oro aluvional, minas Córdoba y Ajedrez, siguieron trabajado a pesar que la lluvia frenó algunas actividades.
Acerca de una empresa que tuvo informe de exploración para litio (Hanaq) aclaró: "hay que entender que son informes de exploración, ya que no tienen todavía ningún recurso definido ni una posibilidad todavía cierta de avanzar a la producción. Lo apoyamos y es parte del trabajo que se viene haciendo para fomentar la exploración", afirmó. Detalló Soler que la exploración de litio, que puede tener éxito o no, genera empleo, desarrollo y movimiento económico en la zona, del tipo que se necesitan.
Sobre la recientemente creada Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac ) y Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam), dijo que la política nacional es consensuada en el Consejo Federal Minero (Cofemin), del que Soler es vicepresidente primero. Con esa iniciativa se relanzó la página para mostrar más información y trabajan con las provincias para que los datos estén en un formato accesible en la plataforma nacional.
"Es una mesa nacional para fomento de la actividad, y la idea es que sea un lugar donde se pueda dialogar y transmitir abiertamente los mensajes y la información correcta de la actividad para levantar los niveles de discusión y comunicar bien. De esa manera ir derribando los mitos que se consume mucha agua, que se contamina, el cianuro, que son todos mitos que se han instalado en la cabeza de la gente y que nos cuesta derribar al momento de desarrollar la exploración que necesitamos para conocer los recursos y luego arrancar con los proyectos mineros".

“Información malintencionada”
“Se aprobó un informe de impacto ambiental de exploración a Minerales Australes. Está todo como corresponde, con consulta a las comunidades que corresponde, está todo bien hecho. Ellos han hecho un pozo, con total permiso donde lo tenían que hacer. No es ninguna mina, es un proyecto de exploración, no hay dique de cola ni nada, es una información malintencionada”, explicó Soler.
Precisó que la empresa cuenta con autorización de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp), y ratificó que legalmente está todo correcto y permitido en el proyecto de exploración. La Ugamp tiene facultad de asesorar al director provincial de Minería, respecto de la aprobación o ampliación de informes de impacto ambiental que deben presentar las empresas o dueños de concesiones en distintas etapas de su desarrollo minero.
Soler dijo que el reclamo que trascendió en redes sociales se basa en intereses particulares, con información malintencionada y consideró que si se tiene que hacer una denuncia debe ser formal de modo que la Justicia avance, asumiendo que para ello no tienen argumento. Aclaró que no hubo corte de ruta pero sí hubo un bloqueo del tránsito a la empresa que denunció el hecho. Planteó que la gente que reclamó en Susques es la misma que fue convocada por la Ugamp y participó, a través de referentes de comunidades, de la que también participa la Secretaría de Pueblos Indígenas, entre otras instituciones.
.

Nuevos focos de incendios forestales en el norte provincial

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Corrientes - Santa Fe


Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Tres incendios forestales continuaban activos en localidades de Corrientes y Santa Fe, según el informe diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El informe del organismo advirtió que se registraban focos activos en las localidades correntinas de Ituzaingó y Caá Catí.
A su vez, la cartera de Ambiente, a través de un comunicado, informó que "ofreció al Gobierno provincial medios aéreos y brigadistas para el combate de los dos focos activos que se registran en la zona de Ituzaingó y Caá Catí (Estero de las Maloyas)".
"El despliegue actual de recursos en Corrientes consiste en un avión hidrante y dos helicópteros pertenecientes al SNMF", indicó el parte.
El reporte del SNMF informó además que el incendio en la localidad santafecina de Vera también se encuentra activo.
En tanto, los focos que persistían en regiones como Aluminé, en Neuquén; y en el Complejo Lago Martín, ubicado en la ciudad rionegrina de Bariloche, fueron "contenidos", es decir, mantienen su actividad pero por los trabajos realizados por los brigadistas en el lugar, se detuvo el avance del fuego.
.

Confirman que se incendió más de la mitad del Parque Iberá

Fecha de Publicación: 22/03/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


La Fundación Rewilding estimó que ya se afectó el 60% de la reserva natural e invitaron a visitar este lugar para ayudar a las comunidades locales en la reactivación económica. Los cuatro portales ya están abiertos y los guías retomaron los paseos.
Confirman que se incendió más de la mitad del Parque Iberá La Fundación Rewilding aseguró que comenzó a resurgir la vida en el Parque Nacional Iberá luego de la catástrofe ambiental, pero que ya se afectaron casi el 60% de las reservas naturales en Corrientes.
“A medida que los paisajes recuperan sus colores y aromas, los ciervos de los pantanos, venados de las pampas, osos hormigueros, pecaríes de collar, guacamayos rojos, yacarés, carpinchos, cientos de aves y muchas especies más, que pueden verse igual que antes, junto al evidente paso del fuego generan un paisaje de contrastes que hacen de Iberá un lugar único para experimentar la naturaleza”, señalaron desde esta fundación que se dedica a la reintroducción de especies en peligro de extinción.
Febrero estuvo signado por las noticias de la propagación de los incendios en Corrientes. La dramática situación tuvo alcance nacional y repercutió en el sector turístico.
Por eso, insistieron en que se puede contribuir con visitas al Parque Iberá. “Visitar el Parque no solo contribuye a reactivar este ‘motor’ de desarrollo para las comunidades locales; también nos permite conocer y enamorarnos de lo que podemos perder si no actuamos urgente para revertir las crisis ambientales que provocan catástrofes como esta”, indicaron.
En el Parque Nacional Iberá, los portales Carambola (próximo a la comunidad de Concepción del Yaguareté Corá), San Nicolás (San Miguel), Laguna Iberá (Colonia Carlos Pellegrini) y Cambyretá (Ituzaingó) ya se encuentran abiertos, y sus comunidades vecinas están ofreciendo experiencias vinculadas al turismo de observación de fauna como paseos guiados, gastronomía y hospedaje.
Sin embargo, los prestadores turísticos alertaron sobre la baja de reservas en la zona de los Esteros del Iberá. Señalaron que los parques ya funcionan con normalidad y están listos para recibir visitantes.
Si bien los operadores y prestadores no sufrieron daños severos a nivel de infraestructura, la difusión de las imágenes del fuego consumiendo todo a su paso generaron una disminución de consultas y reservas hoteleras. Un miembro de la Cámara de Turismo Iberá, Estrella Losada, explicó a este diario que “tanto el parque nacional como el parque provincial se encuentran en pleno funcionamiento y listos para recibir a visitantes”.
.

La Justicia ordenó investigar posible tráfico de animales en el zoo de Luján

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires


La causa había sido desestimada y la revocación de ese fallo anterior vuelve a poner la lupa sobre el zoológico lujanense también por maltrato de la fauna allí exhibida.
La Cámara Federal de San Martín revocó un fallo de primera instancia respecto a la inexistencia de delitos de maltrato animal en el zoológico de Luján, con lo que continuará la investigación por tráfico de fauna en ese predio, causa en la que el Ministerio de Ambiente actúa como querellante, informó este jueves la cartera ambiental
La investigación pretende dilucidar el tráfico ilegal de ejemplares desde otros zoológicos o circos; el comercio ilícito de subproductos de fauna silvestre y la reproducción ilegal de especies.
El Ministerio de Ambiente clausuró el zoológico en septiembre del 2020, medida que fue ratificada por la Justicia en noviembre del año pasado.
La denuncia había sido archivada por el Juzgado Federal de Mercedes, medida que fue revocada por la Cámara Federal de San Martín.
La cartera ambiental estimó que el supuesto accionar ilícito denunciado "guarda relación con propietarios de cotos de caza, cazadores, taxidermistas, coleccionistas privados y demás personas que se vincularía con actividades ilegales, circunstancia que podría configurar el delito de asociación ilícita".
.

Tras 7 años, se mueve causa por contaminación contra fábrica de productos de zinc de multinacional

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Santa Fe


Ar Zinc era una fábrica de productos de zinc y ácido sulfúrico que funcionaba desde 1950, bajo el nombre de Sulfacid, en Fray Luis Beltrán. La compró la multinacional Glencore que en 2016 anunció el cierre de la planta bajo el argumento de una pérdida de rentabilidad irremontable, pese a que exportaba una parte de la producción y atendía mayoritario porcentaje del mercado interno. Dejó en la calle a 400 empleados pero no sólo eso: también, residuos tóxicos, por lo que comenzó a ser denunciada incluso desde antes de cesar las actividades. Ahora, la jueza en lo Civil y Comercial de Rosario María Silvia Beduino ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe (delegación Rosario) que informe sobre las posibles infracciones ambientales.
El abogado ambientalista Fabian Maggi había iniciado en 2015 una acción de información ambiental sobre la habilitación de la firma, bajo la sospecha de infracciones e incumplimiento de saneamiento ambiental. Aún con reiterados pedidos en el mismo sentido, nunca hubo respuesta. Encima, sobre un problema como la contaminación que se agrava con el paso del tiempo.
El letrado acudió también, en mayo de 2016, a la Secretaria de Medio Ambiente provincial, con el mismo silencio por respuesta. Junto a su colega Melisa Martiñena, insistió tras el cierre abrupto de la planta ante la presunción de que dejaría pasivos ambientales de cuya remediación la multinacional no se haría responsable. Interpusieron además un reclamo al Estado santafesino apoyado en el derecho de acceso a la información pública. Y de nuevo, nada.
Recién después de siete años, una jueza movió el tema. Beduino hizo lugar a la demanda. “Si bien el amparo por mora de la Administración no se encuentra específicamente regulado en el ordenamiento santafesino, ello no debe resultar un obstáculo en virtud del cual se le nieguen a los administrados derechos que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional”, escribió la magistrada en su decisión, que intima a la Secretaría de Ambiente para que brinde información sobre el estado del predio abandonado por Ar Zinc, el riesgo ambiental, las responsabilidades y las acciones para remediar la contaminación si es el caso.
La denuncia del abogado Maggi no fue la única que interpeló a la empresa controlada por Glencore. Otra es la interpuesta en 2020 por la ONG ambientalista Equística Defensa del Medio Ambiente. Esa demanda de amparo se presentó en el Juzgado Civil y Comercial 2 de la ciudad de San Lorenzo y además involucraba a las autoridades políticas de Fray Luis Beltrán.
La presentación denunciaba el “incumplimiento de Ar Zinc en la presentación del plan ambiental de cierre, lo cual conllevaría responsabilidades no solo para la sociedad sino también para el propio municipio”. Habían pasado cuatro años del parate de la planta, y se alertaba sobre las consecuencias: “se mantienen esparcidos en el predio y sus inmediaciones elementos altamente nocivos como el ácido sulfúrico y cadmio, que utilizaba en su proceso productivo”. Por ello, el colectivo ecológico le reclamó a la Justicia que ordene a la empresa y al Ejecutivo local “cesar urgentemente la afectación al medio ambiente y los riesgos que el abandono ambiental conllevan para la salud de los vecinos y la región”.
Esa presentación invocó publicaciones de la Organización Mundial de la Salud en las que se afirma que “la exposición al cadmio por períodos prolongados de tiempo altera los procesos bioquímicos y fisiológicos ocasionando diversas patologías: cuadros de anemia, disfunción renal, cálculos renales, osteoporosis, osteomalacia, trastornos respiratorios, hipertensión, trastornos nerviosos (cefalea, vértigo, alteración del sueño, temblores, sudoración, paresia, contracciones musculares involuntarias), pérdida de peso y apetito, cáncer de próstata y pulmón. A su vez, puede acumularse en riñones por períodos de hasta 30 años”.
Agregaba, con remisión a la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc) y en torno a otro de los residuos, el ácido sulfúrico, que “existe suficiente evidencia de que la exposición ocupacional a fuertes rocíos de ácido inorgánico que lo contienen es cancerígeno para humanos, principalmente en laringe y pulmón”.
Sebastián Farina, representante legal de Equística, indicó que le pasó lo mismo que a su colega Maggi: “Lo primero que hicimos fue investigar si había algún plan de cierre por parte de Ar Zinc que estuviera aprobado o en ejecución, y no tuvimos ningún tipo de respuesta”.
Las irregularidades, sin embargo, no comenzaron allí. Antes del cierre intempestivo, hubo denuncias por afectaciones a la salud de los empleados. Daniel Santillán, integrante del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y ex trabajador de Ar Zinc, recordó en 2020 los “problemas de compañeros contaminados con arsénico, con plomo, con cadmio. Todo esto controlado por los médicos del gremio, con documentación fidedigna”. Y coincidió en cuestionar la vista gorda estatal: “No nos olvidemos que esto tiene que ver con el poder económico y ellos incidían de esa manera sobre el poder político”.
Santillán resumió entonces los padecimientos laborales frente a la desidia corporativa y la ausencia del poder público: “Nosotros no trabajamos con dulce de leche, lo hacemos con productos químicos de alta toxicidad. Y quien diga que un producto químico no contamina, está mintiendo”.
En julio de 2018, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó además un proyecto de comunicación en la Cámara baja de Santa Fe advirtiendo una situación peligrosa sobre un producto, la “Jarosita”, residuo del proceso de creación de chapas de zinc electrolítico que, según su presentación, dejó Ar Zinc.

La ex Sulfacid
Ar Zinc SA comenzó a operar en 1950, aunque entonces era Sulfacid SA. Fue pionera en Argentina en el mercado del zinc electrolítico y el ácido sulfúrico. La multinacional suiza Glencore adquirió la mayoría de su paquete accionario en 2005. La compra estuvo alentada por un promisorio negocio de largo plazo, pero una década después, sorpresivamente, la controlante extranjera decidió bajar las persianas. Fue en febrero de 2016. El 4 de marzo siguiente, a través de un comunicado, la firma anunció que había alcanzado un acuerdo con el 88% del personal despedido y prometió iniciar un plan de cierre ambiental que quedó a medio camino e incluso en el aire.
La gravedad de los incumplimientos es aún más relevante porque se trata de una corporación global con capitales de sobra para afrontar las obligaciones ambientales. Glencore fue fundada en 1974 y en 2005 se convirtió en líder del comercio de materias primas como metales, minerales, hidrocarburos y productos agrícolas, dentro de un modelo de negocios diversificado. Controla el 60% del comercio mundial de zinc, la mitad del de cobre y el 45% del de plomo.
A través de su división Agrom de la Argentina, opera puertos en Rosario, Necochea y Bahía Blanca. Tiene fábricas de aceite en General Villegas, Daireaux y Timbúes, además de plantas de agrocombustible en Rosario y Pilar más una red de acopio en la región núcleo de la producción agraria. Es controlante de la pampeana Oleaginosa Moreno y de Molino Libres en Corrientes. Fue, a la vez, una de las principales socias de Vicentin en la explotación de la planta de Renova en Timbúes.
Los negocios se extienden a la minería: es propietaria de Minera Alumbrera, que extrae oro y cobre en Catamarca, de Pachón, en San Juan, de Mina Aguilar en Jujuy
El emporio nacido en Suiza fue acusado reiteradas veces por su desprecio a las consecuencias ambientales de sus unidades de negocios. En 2012, organizaciones ecologistas y sociales de Argentina, Bolivia, Colombia y Perú crearon “Red Sombra: Observadores de Glencore” para sumar información de los atropellos ambientales de la multinacional en América latina.
El informe de la Red recuerda que “Glencore enfrenta más de 40 investigaciones y sanciones administrativas y judiciales en varios países por graves daños e impactos ambientales, como contaminación de personas, aire y suelos, desviación ilegal de ríos e intervención ilegal en áreas protegidas”.
.

“El cerro no se toca”, vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes en una reserva natural

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Se trata de la zona donde pretende construir un complejo turístico en un área caracterizada como “reserva natural” y que además se encontraría identificada en color amarillo dentro de las clasificaciones de la ley de ordenamiento de territorial de la provincia, en las que están prohibidos los desmontes.
La disputa entre los vecinos, los responsables del proyecto y el Concejo Deliberante comenzó en el 2019. “Venimos haciendo denuncias constantemente a la municipalidad. Nunca se frenaron del todo los trabajos, constantemente vemos tala y desmonte, ayer pudimos filmar a operarios que estaban desmontando la reserva natural del lado del barrio de Ingenieros, yendo para el autódromo”, contó Maximiliano Assaff.
Ya en 2019, desde la subsecretaria de Planificación y Control Urbano, el impacto ambiental de la obra es altamente negativo. “Nos sorprende que la municipalidad no haya tomado ninguna sanción para las personas que están desmontando la reserva natural que está protegida por ley. El proyecto hotelero ya había sido frenado hace un tiempo atrás y ahora en el Concejo Deliberante se volvió a comisión por el petitorio del concejal justicialista Arnaldo Ramos, un proyecto que es aberrante para Salta porque viola un montón de leyes y ordenanzas”.
De acuerdo a lo que señaló Assaff, y según estudios ambientales realizados en el lugar, “la zona tiene una pendiente excesiva, obviamente va a haber deslaves, es una zona donde hay falta de agua y esto se va a incrementar. Pedimos una audiencia con la intendenta y con el gobernador. Vamos a agotar todas las medidas administrativas y si no tenemos respuestas vamos a pedir un amparo”.
.

Comenzó el primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental

Fecha de Publicación: 19/03/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional

Se trata de un evento que consta de dos jornadas de trabajo destinadas a referentes y equipos técnicos provinciales vinculados a la temática.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que lidera Juan Cabandié, organizó el primer Encuentro Nacional de Educación Ambiental para contribuir a la construcción de planificaciones locales e intersectoriales en el marco de la implementación de la Ley n.º 27621. El encuentro busca fomentar junto a los referentes provinciales el desarrollo de las estrategias jurisdiccionales como política pública en pos de una educación ambiental integral en todo el territorio nacional.
La apertura estuvo a cargo de la jefa de Gabinete de la cartera ambiental de Nación, Soledad Cantero, quien mencionó que el ministro Juan Cabandié “ha estado siempre al frente de esta ley, porque está vinculada al cambio de paradigma que estamos proponiendo desde el Ministerio de Ambiente”, y agregó: “Esta norma se complementa con otros instrumentos normativos como la ley Yolanda, la ley de cambio climático, el Acuerdo de Escazú, así como las leyes de envases y humedales, en las cuales estamos trabajando y que van a complementar todo el trabajo que venimos haciendo”.
En esta misma línea, la funcionaria destacó la presencia de representantes de cada una las de provincias y explicó que “es clave para la gestión de las políticas públicas, que las mismas no se piensen solo desde la Ciudad de Buenos Aires, sin tener en cuenta los diferentes territorios, la idiosincrasia y las diferentes problemáticas que existen a nivel territorial”.
“Por ese motivo, es importante la generación de estos espacios para poner en común todas las herramientas necesarias y redefinir las líneas de acción de esta ley. Estamos en un momento donde se da la oportunidad de potenciar el trabajo que vienen haciendo desde cada una de las provincias para institucionalizar la educación ambiental sobre el ámbito no formal e informal”, mencionó Cantero.
“Nuestra ley no puede demorar en implementarse, la cuestión ambiental es parte de la agenda social, es nuestra responsabilidad poder instalarla y además institucionalizarse para que forme parte de la currícula formal en el corto plazo”, finalizó la jefa de Gabinete.
Luego Cantero cedió la palabra a la subsecretaria de Interjurisdiccional e Interinstitucional, Cristina Ruiz del Ferrier, quien agradeció la participación de las y los presentes y resaltó “el trabajo previo a la sanción de la ley y el esfuerzo de todos y todas que hizo posible la ley”. Asimismo, Ruiz del Ferrier sumó: “Ahora estamos ante el primer desafío que es sentar las bases sólidas para implementarla, tenemos que hacer que la educación ambiental sea una política de Estado”.
También estuvieron presentes en la primera jornada del encuentro por parte de la cartera ambiental, el director nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Guido Veneziale; la coordinadora de la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, Sol Azcona; los miembros de la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): la secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Eugenia Álvarez; el subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi; y la representante de la provincia de Buenos Aires, Virginia Arias.
.

Hidrógeno verde: “Podremos empezar generar energía limpia, aportando a disminuir los efectos del cambio climático”

Fecha de Publicación: 19/03/2022
Fuente: Sur 54
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La reunión se realizó en Casa de Gobierno, con la presencia del secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre quien, a su vez, se encuentra trabajando en generar la información necesaria para determinar la potencialidad de la energía limpia en Tierra del Fuego.
La Provincia cuenta, a priori, con los factores esenciales para el desarrollo de la Economía del Hidrógeno, tales como son los vientos de calidad, tierras extensas e inhabitadas, acceso al agua, al transporte marítimo y gas natural para el caso del hidrógeno azul.
Al respecto, el gobernador Melella manifestó que “venimos fomentando este tipo de iniciativas para pensar en una Tierra del Fuego productora de este tipo de combustible, del que está hablando y analizando el mundo entero, contemplando que el mismo se pueda desarrollar contemplando en todas sus instancias, el cuidado ambiental”.
“Los informes de pre factibilidad para la generación de inversiones en este tipo de energía están dando resultados muy positivos, por lo que vemos posible hacer algún anuncio en el transcurso del año” aseguró.
Asimismo, Melella destacó la posibilidad de que “con esto podremos empezar generar energía limpia, aportando a disminuir los efectos del cambio climático, logrando una transición energética sustentable y sostenible, generando inversiones y puestos de trabajo para los fueguinos”.
Por su parte, el Director de Fractal Arg y quien está a cargo del estudio sobre hidrógeno verde, Martín Guglielmone comentó que “ya se presentó el primer informe, estamos por entregar el segundo donde estudiamos la pre factibilidad de inversiones en Tierra del Fuego”.
“La provincia tiene un gran potencial para convertirse en un lugar estratégico en el mundo donde producir y exportar hidrógeno verde; lo que hacemos con el estudio es tratar de verificar esta potencialidad, de comprobarla y de fundamentarla; el objetivo es que la provincia comience a generar las condiciones necesarias, para que esas inversiones se hagan realidad” explicó.
Finalmente, Guglielmone aseveró que “de verificarse un mercado de hidrógeno verde, Tierra del Fuego tiene un enorme potencial, por sus vientos de calidad internacional, de convertirse en un productor de importancia, tanto para la Argentina y la región, como así también para el mundo”.
.

Todo listo para que funcione el primer parque solar municipal del país: Desde Escobar producirá energía renovable

Fecha de Publicación: 19/03/2022
Fuente: La Noticia 1
Provincia/Región: Buenos Aires
 

"La obra está muy avanzada y se espera que el parque solar empiece a producir energía renovable en las próximas semanas", dijeron desde el municipio a LaNoticia1.com. Son 3700 paneles solares que, a partir de la captación de la luz del sol, generarán energía ecológica para alimentar distintos puntos del distrito.
Todo listo para que funcione el primer parque solar municipal del país: Desde Escobar producirá energía renovable En la Municipalidad de Escobar ya está todo listo para que comience a funcionar el primer parque solar municipal del país. Según indicaron desde el municipio a LaNoticia1.com, "la obra está muy avanzada y se espera que el parque solar empiece a producir energía renovable en las próximas semanas".
Hasta el momento ya se ejecutó un camino interno, la sala de media y baja tensión, y la instalación de las estructuras metálicas que soportarán los 3700 paneles solares que, a partir de la captación de la luz del sol, generarán energía solar transformándola con el fin de alimentar de manera sostenible y ecológica a distintos puntos del distrito.
A su vez, la energía limpia producida tendrá variaciones de acuerdo con las condiciones climáticas, pero puede llegar a un máximo de 2,3 MWh, superando la cantidad que actualmente consume la totalidad de las dependencias municipales del distrito. Además, se llevó adelante la instalación de10 inversores que permitirán convertir la energía eléctrica de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA), y de una estación transformadora que permitirá elevar la tensión de 800 a 13.200 Voltios.
Por su parte, todo el sistema se encuentra conectado a una sala de control donde se monitoreará la energía producida y se registrará la que será inyectada a la red. Asimismo, la sala de control también mantendrá comunicación con una estación meteorológica, los inversores, interruptores y sistemas auxiliares del parque fotovoltaico.
Por último, cabe destacar que en las últimas horas, la Municipalidad de Escobar organizó una capacitación que fue dictada por la empresa Ingalfa SA, y tuvo como objetivo específico formar a quienes estarán a cargo del funcionamiento y mantenimiento del transformador.
.