Se rompió la impermeabilización de un dique en mina de uranio abandonada en Córdoba

Fecha de Publicación: 10/09/2025
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Córdoba


Un depósito con líquidos contaminados del ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes, sufrió daños en su sistema de impermeabilización. La reparación es compleja y hay riesgo de que la contaminación de los arroyos próximos a la mina, llegue al Lago San Roque, de donde se abastece de agua para potabilizar, la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y varias localidades cercanas. Los vecinos de la zona aseguran que hay filtraciones.
El Dique 3 de este complejo acumula efluentes de operaciones mineras realizadas en la década de 1980. Debido a roturas en la geomembrana perdió la impermeabilización.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informó que efectuó reparaciones, pero vecinos de la zona insisten en que las filtraciones continúan. En los últimos días, observaron máquinas y camionetas de la CNEA ingresando al predio, aunque no hubo explicaciones oficiales sobre las tareas en curso.
Las ruinas del complejo minero están ubicadas a unos 30 kilómetros de Villa Carlos Paz. La zona recibe importantes lluvias y es naciente de varios cursos de agua, siendo el colector principal el río San Antonio, que desemboca en el dique San Roque, una de las fuentes de agua potable de la ciudad de Córdoba y de otras localidades. 
En el complejo abandonado quedaron depositados millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos, con contaminación radiactiva y química, además de edificios contaminados.
La mina operó desde 1982 hasta 1989. La extracción fue a cielo abierto en una cantera. El tratamiento del mineral de uranio, que se hizo en el lugar, se realizó por medio de trituración, lixiviación en pilas utilizando ácido sulfúrico. Todo similar a Los Adobes y Cerro Cóndor en nuestra provincia.
Los efluentes líquidos generados fueron depositados en cinco diques localizados en el sitio. El Dique principal es una presa de material suelto de unos 20 metros de altura, construida sin control de calidad sobre una quebrada natural. Los otros diques se encuentran emplazados en una terraza escalonada. El lodo acumulado en su interior tiene un espesor de unos 5 metros. 
Los diques fueron tapados con colas de mineral. La CNEA precisó en un documento de 1998, que el Dique cuya impermeabilización falló ahora, contenía 17.000 metros cúbicos de lodos, la misma cantidad de cobertura de mineral, y una superficie de casi una hectárea.

La falla del Dique 3
La CNEA confirmó que “se realizó la impermeabilización en el Dique 3” debido a que “se produjeron roturas de la geomembrana por la acción de vientos de intensidad mayor a 100 km/h”. A principios del año 2024, “se concluyó la reparación con geomallas, geotextiles y geogrillas para que actúen de mejor anclaje”, explicó.
Los restos del complejo son un testimonio material de la gran cantidad de residuos que deja la minería del uranio. Para obtener unas 206,7 toneladas de uranio se generaron 2,4 millones de toneladas de colas de mineral, 1 millón de toneladas de estériles de cantera, y 600 mil toneladas de marginales., todos residuos con algún grado de radiactividad. Las colas además están contaminadas con metales pesados y otros químicos.
La comparación de los muestreos efectuados por la CNEA antes del inicio de las operaciones del complejo y después de su cierre, demostraron que “las características químicas del agua superficial y subterránea fueron influenciadas por la actividad minero-industrial del complejo”
La CNEA dispuso de un crédito del Banco Mundial para la realización de trabajos de remediación de los muchos pasivos dejados por su actividad, pero no tuvo efectos prácticos en Los Gigantes, donde solo se efectuaron estudios y proyectos que nunca se concretaron.

Ver Documento Oficial 
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Córdoba incorporará nueva tecnología para medir gases de efecto invernadero

Fecha de Publicación: 10/09/2025
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


La UNC y la Provincia incorporarán un nuevo analizador de gases que permitirá obtener información clave para diseñar políticas contra el cambio climático.
Córdoba incorporará una nueva tecnología para el monitoreo de gases de efecto invernadero (Gei).
La instalación del nuevo equipo de monitoreo se hará en Bosque Alegre, sobre la ruta provincial E-96 a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y permitirá ampliar el rango de control de la zona de Sierras Chicas y registrar datos clave en áreas rurales.
Para avanzar con el monitoreo, procesamiento y visualización de datos vinculados a fenómenos asociados a Gei, el Gobierno de Córdoba firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FcefyN) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
El coordinador de la iniciativa, Horacio Herrero, vocal de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi), dijo que la importancia de medir los gases de efecto invernadero es una alternativa para mitigar el cambio climático.
“Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de emisión, ponerle un valor al impacto que están produciendo”, destacó. 
 Y detalló que estos equipos miden gas metano, vapor de agua y dióxido de carbono, principales gases de efecto invernadero.
La medición se hace en zonas urbanas, del centro de la ciudad, con el equipo que está en la Ciudad Universitaria, y el segundo equipo se colocaría en zona rural. 
“Está pensado colocarlo en el Observatorio de Bosque Alegre para medir el impacto en esas áreas”, subrayó.
Herrero, sumó que en Argentina no hay prácticamente estos equipos, “es el único que tenemos en la parte continental, y con la UNC estamos por adquirir el segundo”.

Qué tipo de tecnología se usará
La tecnología que se incorporará al monitoreo de los Gei se llama Picarro G2301 y se sumará al dispositivo que actualmente está en funcionamiento en el Campus de la UNC.
Se trata de un analizador de concentración de gases que proporciona mediciones simultáneas y precisas de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y vapor de agua (H₂O). 
Además, permitirá registrar con un alto nivel de exactitud las emisiones en el Valle de Paravachasca, en el centro-sur de la provincia. 

Acuerdo con la FcefyN
El acuerdo entre Aprhi y la FcefyN contempla la creación y fortalecimiento de una base de datos especializada; el uso de sensores remotos para la identificación de gases y el modelado de procesos que aporten evidencia científica para la toma de decisiones en políticas ambientales y de gestión hídrica.
Antes de la firma del acuerdo se realizó un recorrido por las instalaciones de los laboratorios de Hidráulica y de Hidrometeorología de la UNC, donde se expusieron las capacidades técnicas y las líneas de investigación en marcha.
En la actividad participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; la decana de la FcefyN, Magalí Carro Pérez; el coordinador del Observatorio Hidrometeorológico, Andrés Rodríguez; el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló; el presidente de Aprhi, Guillermo Vílchez, entre otros asistentes e invitados.

El primer equipo analizador del país, en Córdoba
Actualmente, en la Ciudad Universitaria funciona un analizador de concentración de gases con las mismas características que el que adquirirá la Provincia, el cual permite controlar la zona urbana de la Capital.
La instalación de este equipo en la Capital se trató del primero de esta clase en ser instalado en la parte continental de Argentina, ya que hasta ahora solo existían dos: uno en Tierra del Fuego y otro en la Antártida.
Y con la compra de un segundo analizador, se ampliará la capacidad de monitoreo al incorporar mediciones fuera de la ciudad, lo que posibilitará un análisis comparativo más preciso sobre la dinámica de emisiones de gases de efecto invernadero en distintos entornos.
En este marco, la Aprhi realizará las gestiones administrativas para concretar la compra del nuevo equipo.

Seguimiento y trabajo
El convenio establece que la FcefyN ejecutará las tareas a través del Centro de Vinculación del Departamento de Hidráulica y contará con la supervisión de la Aprhi durante el período de implementación.
También se conformará una comisión mixta de avance, integrada por representantes de ambas instituciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
La Facultad designó a Andrés Rodríguez, coordinador del Observatorio Hidrometeorológico, como responsable técnico y académico, mientras que Aprih nombró al vocal Horacio Herrero como coordinador de la iniciativa.
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Identifican en el Chaco la presencia de una especie exótica de riesgo para la fauna nativa

Fecha de Publicación: 09/09/2025
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Giuliana Pernaza identificó al sur del territorio chaqueño la presencia del ciervo axis, ya categorizado como plaga en otras provincias del país. La alumna de la Licenciatura en Biología elevó un informe a las autoridades provinciales para instar a medidas de control para la preservación de las especies y flora autóctona. "Esperamos que las autoridades puedan diseñar una estrategia de manejo y de control", dijo en el aire de Radio UNNE.
En el Parque Natural Provincial Loro Hablador, ubicado en el sur de la provincia del Chaco, se registró por primera vez la presencia -en estado silvestre- del ciervo axis, una especie exótica originaria de Asia. El hallazgo fue posible gracias al monitoreo con cámaras trampas realizado por Giuliana Pernaza, estudiante de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
«Al analizar las fotos obtenidas durante el seguimiento de diferentes estaciones, me encontré con el registro del ciervo axis. Inmediatamente lo compartí con mi directora. Confirmamos que efectivamente se trataba de esta especie, exótica para nuestra región», relató la joven que se encuentra en formación junto con Micaela Camino, bióloga del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET-UNNE), premiada internacionalmente por el Proyecto Quimilero.
Pernaza explicó que el ciervo axis fue introducido en algunos cotos de caza de la provincia, pero hasta ahora no existían registros de su presencia libre en el ecosistema chaqueño. Esta situación genera preocupación debido al potencial invasor de la especie, que compite con la fauna nativa por alimento y territorio, además de transmitir parásitos y alterar el equilibrio natural. En provincias como Corrientes, Entre Río, Río Negro ya fue declarada plaga.
El sitio del hallazgo, la reserva Loro Hablador, está situada a 30 km de Fuerte Esperanza y limita al sur con el Parque Nacional Copo en Santiago del Estero. Como parte de la ecorregión del Chaco Seco, se caracteriza por su alta biodiversidad en fauna y flora, incluyendo especies amenazadas como el tatú carreta, el pecarí quimilero y el puma. La llegada y expansión del ciervo axis representa un riesgo significativo para estas especies y para la conservación del ecosistema chaqueño.
"Es nocivo primero porque tiene un potencial invasor. Como no tiene competencias o depredadores, como lo tuviera su hábitat natural en Asia, lo que hace es competir con los ciervos nativos por alimento, por el espacio; y además puede transmitir enfermedades. También altera el equilibrio del ecosistema; al ser un herbívoro, y puntualmente es una amenaza para las especies de ciervos locales como la corzola parda, porque las desplaza", apuntó Pernaza.
La joven encara para su tesis de grado una investigación que busca aportar datos sobre la diversidad y abundancia de mamíferos dentro del parque; recopila información a través de cámaras que instaló en colaboración con los guardaparques el octubre pasado. Por este motivo, el hallazgo fue sorpresivo ya que no estaba vinculado con sus objetivos iniciales.
 "A raíz de eso comunicamos primero a la provincia, a través de un informe dirigido a la Subsecretaría de Ambiente y Dirección de Áreas Protegidas de la provincia de Chaco, y al mismo tiempo realizamos un artículo corto para enviar a la revista Notas sobre Mamíferos Sudamericanos, con el fin de comunicar a la comunidad científica", comentó la bióloga en formación.
"Esperamos que las autoridades de la provincia puedan diseñar una estrategia de manejo y de control de las especies exóticas para conservar los ecosistemas naturales que tenemos acá en la provincia del Chaco y la diversidad de las especies nativas", añadió.
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Polémica por los beneficios fiscales a cotos de caza por un periodo de hasta 20 años en la provincia de Entre Ríos

Fecha de Publicación: 09/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Entre Ríos


La reciente inclusión de los servicios de pesca y caza deportiva en el Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones generó fuertes cuestionamientos ambientales. La normativa permite que estas actividades accedan a exenciones impositivas y beneficios energéticos por un período de 15 años, prorrogables hasta 20.
Según lo dispuesto, los emprendimientos de este rubro podrán recibir reintegros, quedar exceptuados de regímenes de retención y no pagar tributos como Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario. Con estas facilidades, el sector de la caza deportiva queda equiparado con otras inversiones consideradas estratégicas para el desarrollo provincial.
La medida, sin embargo, despierta preocupación en organizaciones ambientalistas que ven en esta decisión un incentivo directo a la expansión de los cotos de caza. Estos espacios, que ya fueron cuestionados por el impacto que generan sobre especies autóctonas y ecosistemas, ahora cuentan con un marco legal que refuerza su presencia.
El trasfondo de la polémica radica en que, mientras crecen las demandas por mayor protección de la fauna silvestre, la gestión provincial elige promover actividades que la ponen en riesgo. De hecho, existen antecedentes recientes de autorizaciones de caza de aves autóctonas que provocaron críticas y acciones judiciales.

Una decisión que generó polémica
El otorgamiento de beneficios fiscales a estas actividades genera, entonces, un escenario contradictorio. Mientras crecen las urgencias por restaurar ecosistemas degradados y proteger la fauna en peligro, se destinan recursos y exenciones a prácticas que agravan el problema.
Los especialistas sostienen que existen alternativas más sostenibles para impulsar el turismo y la inversión local. El ecoturismo, la observación de aves y el senderismo son actividades de bajo impacto ambiental que pueden generar ingresos, empleo y al mismo tiempo fortalecer la conciencia ecológica.
En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, la decisión provincial resulta un retroceso en materia de política ambiental. Promover la caza con beneficios fiscales no solo impacta en la fauna, sino que también envía un mensaje contrario a los compromisos globales de conservación y sostenibilidad.

Las desventajas de los cotos de caza
Los cotos de caza suelen ser presentados como espacios de recreación y generadores de ingresos turísticos, pero desde una mirada ecológica muestran graves desventajas. Una de las más relevantes es la presión directa sobre especies silvestres, muchas de ellas fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. La eliminación de aves y mamíferos altera cadenas tróficas y afecta la regeneración natural de los ambientes.
Otro aspecto crítico es la introducción de especies exóticas con fines de caza. Muchos cotos recurren a la cría o suelta de animales no nativos que terminan compitiendo con la fauna local, transmitiendo enfermedades o generando plagas difíciles de controlar. Esto incrementa la pérdida de biodiversidad y amenaza la resiliencia de los ecosistemas.
A ello se suma el impacto social y ético. La caza deportiva plantea interrogantes sobre el valor otorgado a la vida silvestre, reducida a un recurso recreativo. Esta lógica contrasta con los esfuerzos globales por fomentar el turismo de naturaleza responsable, que busca disfrutar de la biodiversidad sin dañarla.
Además, los cotos suelen limitar el acceso a territorios naturales, convirtiéndolos en espacios privados donde la flora y fauna quedan sujetas a un uso comercial. Esto reduce las posibilidades de conservación comunitaria y desincentiva proyectos de manejo sustentable que podrían beneficiar a un público más amplio.
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El cambio climático está afectando nuestra Cordillera: qué tan fuerte es el impacto

Fecha de Publicación: 08/09/2025
Fuente: Portal NDI
Provincia/Región: Nacional


El cambio climático está transformando nuestra cordillera: menos nieve, más sequía y un futuro incierto para el agua de Mendoza.
La Cordillera de los Andes, fuente vital de agua para Mendoza, enfrenta una transformación alarmante. Desde 2010, la región ha experimentado una disminución sostenida en la acumulación de nieve durante el invierno, lo que ha resultado en reducciones notables en los caudales de los ríos y una pérdida generalizada de masa glaciar. Este fenómeno se considera la sequía más extrema y prolongada que ha afectado a la región desde comienzos del siglo XX y posiblemente en los últimos mil años.
Entre 1990 y 2020, los glaciares andinos han perdido más del 35% de su superficie, con casos críticos como el de Perú, donde la pérdida alcanza el 53% desde 1962. Esta disminución impacta directamente en la disponibilidad de agua para consumo humano, riego agrícola y generación de energía hidroeléctrica.
En Mendoza, esta tendencia se refleja en la reducción de caudales de ríos como el Tunuyán, que abastece al Valle de Uco. La disminución de nieve y el retroceso de glaciares han provocado una menor recarga de acuíferos y una creciente dependencia de fuentes subterráneas de agua.
Los efectos del cambio climático también se sienten en la agricultura. La variabilidad en los patrones de precipitación y la reducción de la disponibilidad de agua han afectado la producción de cultivos como la vid y el durazno, fundamentales para la economía regional.
En el ámbito social, la escasez de agua ha llevado a la migración de comunidades rurales hacia áreas urbanas en busca de mejores condiciones de vida. Además, las tradiciones culturales vinculadas al uso del agua y la tierra se ven amenazadas por estos cambios.
Frente a este panorama, expertos ya nos advierten sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación y mitigación. Esto incluye la restauración de ecosistemas, la implementación de sistemas de alerta temprana y la inversión en infraestructura resiliente para hacer frente a los desafíos del cambio climático.
La situación es crítica, pero no irreversible. Con acciones coordinadas y un compromiso firme, es posible preservar los recursos hídricos y garantizar un futuro sostenible para todos los cordilleranos.
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Desmontes en Chaco: organizaciones advierten por el incumplimiento de la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/09/2025
Fuente: Organización FARN
Provincia/Región: Chaco


Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Vida Silvestre y Aves Argentinas señalaron que el veto parcial a la Ley 4157-R no resuelve los problemas estructurales de la política forestal chaqueña. Alertaron que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo.
Ante el reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R, las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Aves Argentinas advierten que, si bien la supresión del artículo 45 bis impide consolidar un mecanismo de blanqueo de madera ilegal, la medida resulta claramente insuficiente y mantiene intactos los principales problemas estructurales de la política forestal provincial. 
El artículo finalmente vetado permitía la obtención de descuentos en las multas y el uso de la madera incautada en casos de deforestación ilegal, bajo la presentación de un ambiguo “contrato de restauración del daño”. Esta figura, carente de definición normativa, generaba graves riesgos jurídicos y ambientales.
Tal como advirtieron oportunamente las organizaciones al momento de su sanción, este mecanismo contradecía los principios y disposiciones de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos, al consolidar incentivos perversos para continuar con el desmonte.
No obstante, el veto parcial no resuelve en absoluto los problemas estructurales que enfrenta la política forestal en Chaco. La madera proveniente de desmontes ilegales se sigue blanqueando mediante el otorgamiento de “autorizaciones especiales” que en 2024 representaron más de la mitad de la madera circulante legalmente en la provincia, instaurados por una interpretación laxa del artículo 53° de la Ley 2079-R, aún vigente pese a la reforma. Aún más, los infractores acceden a descuentos de hasta el 50% y planes de pagos en hasta 12 cuotas por imperio de los artículos 32° y 9° de la misma ley, también vigentes pese a la reforma. 
Adicionalmente, la provincia continúa operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) regresivo y acreditado solo parcialmente, según la Disposición 734/2025 de la autoridad nacional. Esta situación deja importantes áreas sin categorización ni protección efectiva, generando vacíos legales y operativos que comprometen la gestión sostenible del bosque. Si bien el polígono regresivo de mayor superficie fue observado por la Autoridad Nacional de Aplicación, se convalidó la regresión en cientos de miles de hectáreas por fuera de dicho polígono en el resto del OTBN. De hecho, recientemente, mediante la Resolución 668/2025, el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de la provincia ordenó que se dé curso a todas las solicitudes de permisos forestales en el marco de la implementación del OTBN, respetando la observación de la Autoridad Nacional de Aplicación y exceptuando a aquellas solicitudes de cambio de uso de suelo que estén comprendidas en la medida cautelar iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Por ello, las organizaciones firmantes reiteran la urgencia de completar la zonificación del OTBN chaqueño, bajo criterios participativos y de acuerdo con la Ley 26.331. 
Asimismo, insisten en que es necesario fortalecer un régimen sancionatorio realmente disuasivo, transparente y eficaz, que permita combatir el desmonte ilegal, rechazando que se haya avanzado en esta reforma sin un proceso de consulta amplio, abierto y con el rigor que la temática exige.
Finalmente, reafirman que la deforestación ilegal debe ser tratada como un delito penal y no meramente administrativo. Solo con un enfoque robusto en materia legal y de política pública será posible revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta a la región chaqueña y al país.
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Fracking, sismos e impunidad: la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Neuquén


Hace más de 10 años que la fractura hidráulica, el fracking, comenzó a transformar la formación geológica de Vaca Muerta, en el este de Argentina, en un megaproyecto de hidrocarburos no convencionales. Desde entonces, el suelo tiembla.
Vaca Muerta se extiende por la provincia de Neuquén y se adentra en las vecinas Mendoza, Río Negro y La Pampa. Su magnitud convierte a esta cuenca en el segundo yacimiento de shale gas más grande del mundo y el cuarto de petróleo no convencional. El fracking, que permite romper la roca subterránea con agua a presión y arena para liberar y extraer gas o petróleo, ha hecho que la cuenca sea muy codiciada.
Los primeros pozos se perforaron en Vaca Muerta a principios de la década de 2010, lo que marcó el inicio de la historia de la extracción de shale gas o gas de lutita en Argentina. Estos pozos podían extenderse bajo tierra hasta alrededor de 10 “etapas” de fracturación, realizadas horizontalmente a intervalos en la roca.
Desde entonces, los avances tecnológicos han permitido a las empresas aumentar la actividad de los pozos, mientras que el número de etapas de fracturación ha superado las 50.
El aumento de etapas de fractura ha estado vinculado con un aumento de sismos en la región. Esto ocurre porque cada etapa implica inyectar grandes volúmenes de agua y arena a alta presión, lo que puede activar fallas geológicas preexistentes, provocando sismos inducidos, es decir, cuya causa no es natural.
Neuquén, la principal provincia productora de gas y petróleo en Argentina, terminó el primer semestre de 2025 con el mayor número de sismos inducidos registrados en comparación con los mismos periodos anteriores, de acuerdo a nuestros relevamientos en el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI). Nunca tembló tanto la provincia, y todo parece indicar que cada año establecerá un nuevo piso.
El OSI registró 548 sismos en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025. Todos ellos están relacionados con operaciones de fracturación hidráulica. En el primer semestre del año se registraron 36 sismos relacionados con el fracking, una cifra que supera los 33 del mismo periodo de 2024, los 27 de 2023, los 10 de 2022, los 11 de 2021 o los 28 de 2020.

Inducción con impunidad
Los sismos inducidos son como cualquier otro terremoto: liberan energía desde el subsuelo, y esa energía se transmite a la superficie.
Tienen tres efectos principales. Primero, la afectación estructural de las construcciones, como grietas en casas, galpones y edificaciones. Segundo, desprendimiento de rocas, un riesgo directo para las personas. Y el tercero, el más silencioso, pero igualmente preocupante, la afectación a la salud mental. Las vecinas y vecinos del pueblo se despiertan a cualquier hora y se asustan ante los sismos.
La infraestructura de la industria petrolera también se ve afectada. Ductos, pozos, torres, depósitos, piletas, playones y rutas se ven expuestos al deterioro por la exposición recurrente a sismos. Esto podría derivar en siniestros en la superficie, como accidentes, vertidos, fugas, incendios y explosiones, o también en colapsos en las infraestructuras del subsuelo.
Además, la ruptura de cañerías subterráneas puede facilitar filtraciones de fluidos entre formaciones, comunicando acuíferos con depósitos de hidrocarburos o de líquidos derivados del fracking altamente contaminantes.
A pesar de ello, la sismicidad inducida no se considera —ni es obligatorio por ley— en las evaluaciones de impacto ambiental de ninguna de las empresas que operan en Vaca Muerta, entre las que se encuentran la empresa estatal argentina YPF, así como las transnacionale Shell, Pan American Energy, Pluspetrol y Vista Energy. Esto ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales.
Diversas organizaciones pretenden llevar a cabo acciones legales para dirimir responsabilidades y establecer las acciones necesarias para controlar la situación. En este sentido, la participación ciudadana es crucial para que lleguen a buen término.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo junto a vecinos y vecinas, pero fue rechazado por la Corte Suprema en agosto de 2024.

Semáforos sísmicos
Es urgente desarrollar herramientas para que, en un futuro que se muestra cada vez más controlado por los intereses capitalistas de las grandes corporaciones, los pueblos puedan defender el ambiente en el que viven, reducir los riesgos para la salud y mejorar su calidad de vida.
Iniciativas como los semáforos sísmicos ya se están utilizando en países como Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, un sismo de dos grados en la escala de Richter se traduce en luz verde: el fracking puede continuar. Si alcanza los 2,5 grados, la empresa responsable debe notificarlo al organismo regulador y reducir sus operaciones. A partir de 3,5 grados, el fracking debe cesar hasta que el Estado pueda realizar una evaluación.
Estos sistemas de alerta visual informan a la población del nivel de actividad sísmica en una zona determinada y obligan al Estado a controlar el subsuelo y a gestionar la gravedad de los temblores. Las alertas no eliminarán los riesgos, pero su aplicación mediante una legislación eficaz será un paso en la dirección correcta, aunque sea difícil de conseguir.
El OSI ha elaborado un proyecto de ley que propone semáforos sísmicos, así como zonas de exclusión del fracking de 15 kilómetros alrededor de las ciudades, los embalses y otras zonas sensibles. No se trata de una ley que prohíba el fracking, pero establecería zonas de exclusión en los lugares donde se han identificado fallas sísmicas.
Hasta ahora, hemos presentado nuestro proyecto de ley a los distintos bloques de la legislatura de Neuquén, a las oficinas del ejecutivo provincial, a varios departamentos de la Universidad Nacional del Comahue y a institutos académicos como el Instituto de Prevención Sísmica (Inpres) y el Instituto Geofísico Sismológico Volponi (IGSV).
Incluso lo hemos presentado a varias empresas petroleras. Esperamos que sea retomado por grupos políticos, movimientos sociales o empresas y, finalmente, por el gobierno.
El Estado es la máxima autoridad reguladora. Como tal, debe determinar las zonas de exclusión del fracking para proteger a la población y las infraestructuras.
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Tensión judicial: los fiscales piden prisión para los que queman caña pero los jueces se niegan

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Tucumán


La quema de cañaverales y pastizales abrió una fuerte disputa judicial en Tucumán. Mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) insiste en solicitar prisión preventiva para quienes son sorprendidos iniciando incendios, los jueces hasta ahora se limitaron a abrir causas sin ordenar la privación de libertad.
El último episodio se registró el jueves pasado en Mancopa, cuando efectivos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la división Delitos Rurales y Ambientales detectaron a tres hombres apilando restos de desmonte para prender fuego.
Según el informe pericial, la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista impidió que las llamas alcanzaran un cañaveral y los bosques nativos de la zona. Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira, los sospechosos fueron aprehendidos.
El sábado se concretó la audiencia de formulación de cargos, donde la auxiliar fiscal Brenda Deroy advirtió sobre la gravedad de estas prácticas, que “ocasionan accidentes de tránsito, daños a inmuebles, a personas y a los animales”. 
Deroy pidió la prisión preventiva por 30 días para dos de los imputados, al señalar que no tienen domicilio acreditado en la provincia y que la defensa sólo aportó como referencia la localidad de El Mojón, Santiago del Estero.
Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido y dictó medidas de menor intensidad, considerando la situación económica de los acusados y la falta de pruebas sobre un dolo intencional.
Desde que el MPF adoptó una política criminal contra las quemas, al menos 10 personas fueron acusadas por delitos que prevén penas de cumplimiento efectivo. No obstante, sólo tres imputados recibieron prisión preventiva, dos de ellos bajo arresto domiciliario.
Pese a los fallos judiciales, fuentes fiscales ratificaron que seguirán pidiendo preventivas. De hecho, el domingo el ECIF intervino en un nuevo incendio en Cevil Pozo, a tres kilómetros de la rotonda de Los Gutiérrez, que afectó una línea de alta tensión de Transnoa. Los peritos trabajan para identificar a los responsables.
En paralelo, avanzan las investigaciones contra al menos cuatro grandes productores cañeros, dos de ellos propietarios de ingenios, sospechados de ordenar o permitir quemas en sus campos.
Según la fiscal Rivadeneira, estos empresarios habrían presentado denuncias de supuestos ataques incendiarios contra sus propiedades como estrategia preventiva para evitar causas penales. Los registros muestran que las presentaciones se concentraron en los meses de agosto y septiembre, época de mayor riesgo, lo que refuerza las sospechas.
Además, no se descarta que puedan ser imputados por no tomar medidas de seguridad adecuadas para prevenir estos siniestros, pese a su reiteración anual.
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Las habilitaciones de caza en distintas provincias encienden las alarmas por la falta de control e información

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Diversas jurisdicciones dieron luz verde para matar especies autóctonas y hasta para mercantilizar productos derivados de ellas. La postura de las organizaciones especializadas en fauna.
La habilitación para cazar fauna autóctona en varias provincias enciende las alertas en los sectores ambientalistas, que manifiestan la necesidad de contar con mayor información para conocer la situación de algunas especies que son parte de actividades cinegéticas en el país. A su vez, mencionan la existencia de una “deuda histórica” sobre el control de las normativas para proteger a la fauna nativa.
Situaciones como la habilitación en Río Negro para cazar y comercializar fauna autóctona o en Entre Ríos, donde desde el 24 de junio y hasta el 29 de septiembre hay autorización libre para matar a 150.000 coipos generaron preocupación en diversas organizaciones.
La situación del coipo en Entre Ríos es particular: se trata de una Especie de Vertebrado de Valor Especial (Evve), una categoría que se instauró en la Administración de Parques Nacionales en 1991 y que está conformada por animales seleccionados bajo nueve criterios que determinan su importancia de conservación.
Cada área protegida del país tiene que contar con una lista de Evves y el coipo se encuentra listado en 12 espacios de este tipo. Once de ellos son parques nacionales y dos de esas áreas se encuentran en Entre Ríos: el Parque Nacional Pre-Delta y Parque Nacional El Palmar. También forma parte de la lista de Evves de la Reserva Natural Formosa.
En el pasado reciente, otras disposiciones también levantaron críticas, como la posibilidad de cazar pumas y guanacos en Santa Cruz. La medida, luego de que sectores ambientalistas reclamaran, se revirtió en abril de este año por tratarse de dos especies nativas.
Especialistas dan lugar a la caza para control de especies exóticas o invasoras, pero ponen en tela de juicio los casos mencionados por tratarse de fauna nativa que es irremplazable.

Falta de información
La situación actual llevó a que Aves Argentinas emitiera una posición institucional sobre la caza, algo que la organización nunca había hecho, según explicó a TN el director de coordinación institucional de la organización, Francisco González Táboas.
Estas posiciones, indicó, surgen por demandas coyunturales y resaltó que “sobre caza nunca se había hecho”.
En su posición, Aves Argentinas se opone “a toda práctica de caza que ponga en riesgo a las especies y sus hábitats” y que se aplique el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que indica que en casos que haya peligro de daño grave o irreversible no podrán usarse la falta de información o de certeza científica para postergar medidas que impidan la degradación del ambiente. Ante la duda, no tocar ni modificar nada.
Justamente, González Táboas manifestó que la falta de información y de análisis sobre diversas especies dificulta la posibilidad de determinar si las mismas sufren disminuciones en su población. Por eso, resaltó que se debe tomar el principio precautorio: “No hay números y no hay investigaciones, entonces no sigamos autorizando cazas”.
En tanto, resaltó la necesidad de que se lleven adelante estudios a nivel regional más que provincial. Las normativas heterogéneas entre provincias es otro de los puntos cuestionados por la posición de Aves Argentinas. En ese sentido, el directivo marcó lo que ocurre con el pato crestudo, un ave típicamente cazada para subsistencia pero que sufre la pérdida de población y es de las especies más buscadas por los cazadores en la zona del Gran Chaco.
Sí identifican especies que tienen a sus poblaciones muy comprometidas, como el cardenal amarillo. Por eso, la organización también pidió que se revisen con urgencia los permisos otorgados a empresas de turismo cinegético y denunciaron falta de control sobre firmas no habilitadas.
“La caza cinegética, en general, es sobre especies nativas: patos, perdices, palomas. En un momento se promocionó la caza de cauquenes o avutardas, pero se prohibió porque empezó a ser una especie amenazada”, detalló González Táboas, y sumó que las provincias en donde más se promociona el turismo cinegético son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
Sobre este punto que tiene como eje la actividad turística, la posición de Aves Argentinas apunta a que se fomente el turismo de naturaleza para generar ingresos económicos sin dañar el patrimonio natural.

Deuda histórica
En la Fundación Vida Silvestre señalaron que existe una “deuda histórica” respecto al control y cumplimiento de normativas para la protección de la fauna nativa.
El director de Conservación de la fundación, Sebastián Fermani, consideró que “existen presiones originadas por diversas fuentes, como las actividades productivas o cinegéticas”.
Por su parte, también resaltó que identifican “prácticas específicas y preocupantes” como el uso de perros para la caza ilegal de especies nativas, entre las que mencionó al ñandú o el venado de las pampas.
Fermani señaló que desde Vida Silvestre consideran a la pérdida de biodiversidad como una de las tres patas de la “triple crisis planetaria” que enfrenta la humanidad, en conjunto con el cambio climático y la contaminación.
“La pérdida de biodiversidad es una de las principales problemáticas ambientales del país y rechazamos tanto la caza como el comercio de fauna silvestre que no cuente con un marco regulatorio respaldado en ciencia. Son necesarias políticas públicas basadas en evidencia científica que prioricen la conservación de especies nativas y el equilibrio ecológico”, finalizó.
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La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a Jujuy y a dos petroleras por la contaminación del Parque Nacional Calilegua

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional - Jujuy


El máximo tribunal ordenó implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo. “Nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras”, destacaron desde Greenpeace.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos empresas a ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental generado por la actividad petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua. La causa había sido impulsada por vecinos del área protegida.
El máximo tribunal sentenció “a la Provincia de Jujuy, a las sociedades Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y Jujuy Hidrocarburos Sociedad Anónima Unipersonal (J.H. S.A.U.) a implementar y ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental colectivo y de la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3 ubicado en el área CNO-4 Río Colorado, que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos y legales establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y por la Administración de Parques Nacionales, en un plazo que tendrá como fecha límite para su conclusión el 31 de diciembre del año 2030.”
El fallo además condenó “al Estado Nacional a responder solidariamente en la efectiva implementación y ejecución del plan” y determinó que “la Administración de Parques Nacionales deberá supervisar la implementación y ejecución”.

“Graves pasivos ambientales”
En diciembre de 2015, la legislatura jujeña anuló las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Por su parte, Greenpeace comenzó una campaña que realizó varias protestas y logró el apoyo de más de 270 mil personas.
En 2018, sin embargo, la Administración de Parques Nacionales, en acuerdo con el gobierno de Jujuy, suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favoreció a las petroleras. En 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema para que se declare su inconstitucionalidad y nulidad. La acción buscó así impedir la desafectación arbitraria de 1.000 hectáreas del área protegida.
“El Parque Nacional Calilegua protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, como lo es la Selva de Yungas, concentra la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción como el yaguareté. Este fallo de la Corte Suprema nos da esperanza de ver pronto esta área protegida sin petroleras y remediados los daños ocasionados”, señaló Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Con respecto a la decisión de la Corte consideró que “se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales”.
“Es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional, esperamos que se remedien los graves pasivos ambientales”, concluyó.
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Argentina adopta las OMEC: de qué se trata la nueva herramienta para la conservación marina y la pesca sostenible

Fecha de Publicación: 05/09/2025
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno argentino dio un paso crucial para la conservación marina al incorporar la figura de las «Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC)».
La medida permite reconocer las vedas pesqueras y áreas de manejo existentes como herramientas válidas de conservación de la biodiversidad.

¿Qué son las OMEC y por qué son importantes para la conservación marina
Las OMEC son áreas geográficamente definidas que, sin ser oficialmente Áreas Marinas Protegidas (AMP), logran resultados sostenidos en la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Su incorporación a la normativa nacional se concretó mediante la publicación de la Resolución 446/2025 en el Boletín Oficial.
Ofrece una alternativa flexible para cumplir con compromisos internacionales, como el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Todo sin necesidad de crear nuevas AMP que puedan restringir por completo las actividades productivas.

La relevancia de las OMEC para el sector pesquero
Para la industria pesquera, la adopción de las OMEC es un avance estratégico. Permite conciliar la pesca sostenible con la conservación, ya que reconoce el valor de las áreas de esfuerzo restringido que ya operan en el Mar Argentino.
Estas zonas, que incluyen vedas permanentes y temporales, áreas de protección de juveniles y corredores de resguardo, contribuyen a la salud de los ecosistemas marinos sin detener la actividad económica.
De esta forma, la Resolución 446/2025 no solo fortalece el marco de manejo pesquero de Argentina, sino que también visibiliza los esfuerzos ya realizados por el sector en pos de la conservación ambiental.
Al reconocer estas áreas, el país demuestra un enfoque innovador y equilibrado, alineando el desarrollo productivo con los objetivos de biodiversidad.

Un camino hacia el desarrollo sostenible
La nueva normativa abre la puerta a que actores públicos y privados, incluyendo comunidades locales y el propio sector pesquero, impulsen el reconocimiento de estas medidas de conservación.
Esto representa una oportunidad para el desarrollo sostenible, ya que promueve una gestión más integrada y flexible del Mar Argentino. Asegurando tanto la salud del ecosistema como la continuidad de una actividad económica vital para el país.
La implementación de las OMEC es un paso fundamental para que Argentina cumpla con sus compromisos ambientales internacionales de una manera realista. Esto reconociendo la importancia de la biodiversidad marina y el rol del sector pesquero en su protección.
«Cabe destacar que esta nueva figura de OMEC permite ampliar las estrategias de conservación más allá del sistema formal de áreas protegidas, e incluye espacios gestionados por el sector privado», remarcaron desde el Gobierno nacional.
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El quebracho colorado está cerca de desaparecer por culpa del desmonte y de la tala

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Chaco 


Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de especialistas de Greenpeace Argentina afirma que el quebracho colorado se encuentra seriamente amenazado en las provincias de Chacho, Formosa, Salta y Santiago del Estero, como consecuencia del desmonte y de la cada vez mayor tala indiscriminada por parte del hombre.
De hecho, según datos oficiales, se estima que solo entre los años 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7.000.000 de hectáreas, una superficie que equivale, por ejemplo, a la de Escocia.
Cabe recordar que esta especie es un árbol de gran porte, de crecimiento lento y de madera dura, de allí es que su nombre refiere a que ”quiebra hachas”. 
Además, tiene un alto valor para la conservación de los bosques del Gran Chaco Americano. Y, a  pesar de ser declarado “Árbol Forestal Nacional” en el año 1956, y de su enorme importancia ambiental, económica y social, la histórica sobreexplotación del quebracho colorado lo llevó a su estado actual de vulnerabilidad, por lo que, desde 1998 en la Argentina está categorizado como especie “En Peligro de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“La presencia del quebracho colorado sigue disminuyendo drásticamente por la tala indiscriminada para la producción de tanino y de durmientes de ferrocarriles, y por los desmontes para el avance de la frontera agropecuaria. Existe una clara complicidad de los gobiernos provinciales en que continúe la deforestación. Hay luz verde para los desmontes ilegales y se autorizan donde la Ley de Bosques no lo permite”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
“Las multas económicas no son suficientes como para frenar los desmontes. Es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos terminar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó la especialista. 
Por último, Greenpeace convocó a la ciudadanía a reclamar en votaporlosbosques.org que los incendios forestales y los desmontes ilegales se establezcan como un delito penal. Hasta el momento, ya  participaron más de 267.000 personas.  /Weekend  /Perfil    
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Presupuesto 2026: el IMiBio prioriza la protección de la biodiversidad y la repoblación de yaguaretés

Fecha de Publicación: 04/09/2025
Fuente: Canal 12 de Misiones
Provincia/Región: Misiones


El Instituto Misionero de Biodiversidad expuso este lunes en la Comisión de Presupuesto. Su titular Viviana Rovira enfatizó en que la provincia es el pulmón de la región y que además trabajarán en llegar a los cien mil de árboles plantados en un año.
La Cámara de Representantes de Misiones retomó este lunes el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026 en la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. En ese marco, el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) encabezado por su titular, la arquitecta Viviana Rovira, presentó su exposición con los principales lineamientos para el próximo año.
“El presupuesto nos viene muy bien y agradecemos a la Legislatura por haberlo aprobado. Siempre digo que hay que tomar conciencia, que nosotros somos biodiversidad y hay que cuidarlo, no hay otra cosa. Se eligió cuidar la parte forestal, los árboles nativos y la selva paranaense. La población crece y hay que tomar una conciencia ambiental“, indicó en diálogo con Canal Doce.
En este sentido Emanuel Grassi, Director Ejecutivo se refirió ala inmensidad de especies que habitan en la tierra colorada. “Hay un registro total de 21942 especies, entre las cuales hay aves, plantas, hongos, microorganismos, peces, entre otras cosas“, puntualizó.

El yaguareté, cuidado y repoblación
Hace algunos meses el Gobernador Hugo Passalacqua anunció el histórico proyecto de Repoblación de Yagaretés. “Para eso se trabajó en la generación de planos de recintos, se eligió una área potencial que es la Reserva Biósfera Yabotí, y qué necesita de mejorar en la población. Para ello se realizó un estudio de impacto ambiental de la zona, de lo que implica en territorio, mejoramiento de caminos, estudio de suelo y de agua“, detalló Grassi.
Cabe mencionar que existe una población estimada entre 200 y 250 ejemplares en todo el país, de los cuales casi la mitad de estos felinos viven en la selva misionera.

Protección de la selva con más de cien mil árboles
Desde el IMiBio trabajan también para la masiva plantación de estos ejemplares. “Apostamos para noviembre terminar de plantar cien mil árboles. Ya llevamos más de 60 mil en este año”, indicó Viviana Rovira.
Además añadió que “estas son propuestas que fomentan nuestra selva paranaense es tan importante como misioneros. Tenemos a dos de los ríos más importantes del país y convivimos con muchísimas especies”.

Cómo sigue el tratamiento del Presupuesto 2026
Este lunes además del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), se presentaron el Tribunal Electoral, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, el Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Prevención de Adicciones y control de drogas, Multimedios Sapem y el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio).
En tanto, el martes será el turno de los equipos del Ministerio de Ecología y del Superior Tribunal de Justicia, que presentarán sus respectivas proyecciones y necesidades para el próximo ejercicio financiero.
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El Ministerio Público Fiscal impugnó el fallo que absolvió a los acusados por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, representado por el fiscal jefe Alex Williams, presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia contra la resolución que absolvió a los dos imputados en la causa por contaminación ambiental vinculada a la empresa pesquera Conarpesa.
La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal alude que “el fallo presenta una errónea aplicación de la ley penal, una motivación insuficiente y contradicciones que lo tornan arbitrario, lo que fundamenta el pedido de revisión”.

El caso 
Según Fiscalía, Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes, “dispusieron un sistema clandestino de volcado de líquidos industriales sin tratamiento al mar durante al menos dos jornadas de febrero de 2023”. 
Conforme las pericias, las muestras de agua superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente: la legislación autoriza hasta 50 mg por litro de materia orgánica, mientras que los análisis arrojaron valores superiores a 1.500 mg por litro.

Fundamentos de la impugnación 
Fiscalía sostiene que la jueza Reyes “absolvió a los imputados basándose en una supuesta variación en la acusación fiscal durante el debate oral, lo que habría vulnerado el principio de congruencia y el derecho de defensa”. 
El fiscal remarcó que “el hecho histórico atribuido se mantuvo inalterado desde el inicio del proceso hasta el alegato final: el volcado de efluentes crudos al Golfo Nuevo mediante un sistema de cañerías no declarado (“bypass”). En consecuencia, la defensa ejerció plenamente sus derechos y no existió afectación al debido proceso”. 
En tal sentido, indican que “al minuto 32 y al minuto 46, se remarca textualmente que la única conclusión lógica, válida, que se puede arribar es que se había dispuesto exactamente un sistema de vuelco de líquido sin tratar al mar proveniente del lavado de la materia prima”.

Sentencia “sin fundamentos” y “plagada de subjetividades y adjetivaciones”
Asimismo, se planteó que la sentencia “carece de una fundamentación adecuada, recurriendo a argumentaciones formales sin precisar en qué medida se habría limitado la defensa de los acusados, requerimiento ineludible para poder aplicar la sanción que la jueza dispuso pero que en su fallo nada dice al respecto”, remarcan los fiscales que por el contrario la sentencia se encuentra “plagada de subjetividades y adjetivaciones impropias de quien tiene el deber de velar por la imparcialidad”. 

Dimensión ambiental y de derechos humanos 
El recurso presentado por los fiscales también subraya la relevancia colectiva del caso, recordando que los delitos ambientales afectan derechos fundamentales como la salud y la vida. En esa línea, se citaron pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a la justicia y la sanción de quienes provoquen daños ambientales.

Superior tribunal de justicia de Chubut 
El Ministerio Público Fiscal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que revoque la sentencia absolutoria y ordene la realización de un nuevo juicio oral. Además, se efectuó reserva de caso federal, lo que habilita recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.
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