El control de cañones antigranizo estará a cargo Medio Ambiente

Fecha de Publicación: 05/04/2024
Fuente: Diario El Zonda
Provincia/Región: Mendoza


Con este panorama, es que el control y la registración de los cañones antigranizo –rompe tormentas-, estará a cargo de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.
En los últimos tiempos hubo una fuerte campaña realizada por distintos actores a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, en la que se echaba la culpa de los problemas de la sequía histórica que vive la provincia por la utilización de cañones antigranizo, mal llamados por algunos sectores rompe tormentas.
Esto llevó a que la agenda del gobierno provincial se ocupe del tema e incluso tenga reuniones con sectores de pequeños productores ganaderos del sur de la provincia y se comprometan a evaluar el tema.
De esta forma, luego de varias reuniones con expertos locales, se pidió la asistencia de la Universidad Nacional de San Juan y del Instituto de Tecnología Agropecuaria- INTA-, quienes en sus informes explicaron, según las propias palabras del Ministro de la Producción Gustavo Fernández que "los cañones no son efectivos ni siquiera para la lucha antigranizo, menos tampoco para romper las tormentas".
De todos modos sugirieron que se establezca un marco regulatorio para la utilización de este tipo de herramientas. El ministro Fernández asegura que "con este marco normativo San Juan sería pionero en el país".
Vale marcar que dentro de la campaña que se dio también se habló de aviones rompe tormentas, de los cuales muchos aseguran haberlo visto, pero sin que haya una prueba concreta de su utilización o de que haya algún prestador en la provincia de este tipo de servicios.
Lo cierto es que cuando se habla, socialmente de la utilización de cañones o aviones antigranizo –rompe tormentas- las aguas están partidas. Por un lado, los técnicos y especialistas que afirman que este tipo de herramientas no altera el ciclo hidrológico y por el otro lado, el mito social por el cual algunos productores, las redes sociales y hasta algunos medios de comunicación insisten en que son la causa por la cual no llueve en determinado sector de la provincia.
Con este panorama es que el control y la registración de los cañones antigranizo –rompe tormentas-, estará a cargo de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, hasta tanto "la ley se reglemente, una vez que se sanciones la ley se tendrá que reglamentar su aplicación", explicó el ministro Fernández.
El funcionario detalló que para este control en principio se establece "el procedimiento de manifiesto ambiental, que es un procedimiento base para muchas otras actividades industriales o construcción, por ejemplo". Agrega que "son los interesados en utilizar esta tecnología, son los que tienen que acreditar que tipo de elementos que utilizan y cuál es el impacto concreto que generan sobre el ambiente, documentar y respaldar lo que plantean en ese manifiesto ambiental".
El ministro de la producción aclara que "no es estrictamente un procedimiento de DIA- Declaración de Impacto Ambiental-, como ocurre en la minería o en muchas actividades".
Vale marcar que la utilización de cañones anti granizo, "que puedan alterar el ciclo hidrológico", no tenía ningún tipo de reglamentación. Por ello con el proyecto que se tiene en manos del oficialismo "lo que estamos haciendo es instituir o incorporar, cuando se utiliza este tipo de tecnología, un proceso de evaluación ambiental que va a estar a cargo de la Secretaría de Estado de Ambiente".
Esta tarea sin dudas se convertirá en una actividad, dado lo partidas que están las posiciones, en una actividad hasta compleja, pues desde el lado que se lo tome y la resolución que se tome en cada caso en particular siempre habrá alguien que no está conforme.
El ministro Fernández asegura que los parámetros legales están dados en "la Ley Nacional de Manejo del Agua, que es muy clara, que dice que no están permitidas aquellas actividades que modifiquen el ciclo hidrológico ambiental. Básicamente el proceso va a consistir en que estas actividades deban demostrar que no alteran el ciclo hidrológico".
Agrega que "lo que nos preocupa de esa alteración son las etapas de condensación, esto es cuando el vapor de agua pasa a estado líquido y luego el proceso siguiente que es la precipitación que se produce. Esa parte del ciclo hidrológico es lo que este proceso busca asegurar, que ninguna herramienta, artefacto o mecanismo altere ese ciclo hidrológico".  Situación que la mayoría de los expertos aseguran que no ocurre, pero que es difícil de comprobar pues no hay forma tangible de hacerlo.
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Las provincias patagónicas le reclaman al gobierno nacional que active de inmediato el Consejo Federal Pesquero

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Nacional - Patagonia


Los gobernadores patagónicos exigen intervenir en la política de pesca; agravaron la tensión los despidos en un instituto nacional de investigación y desarrollo clave para el sector.
Desde que asumió el nuevo gobierno, el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, aún no fue convocado y tanto desde el sector público como del privado reclaman que empiece a sesionar. Eso, sumado al revuelo que generó la sanción del buque argentino Tai An en Ushuaia y a los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), incrementó la tensión entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
“Es el primer tema que detonó la relación entre la Nación y la región patagónica. Por la presión, logramos frenar la reforma pesquera propuesta en la Ley Ómnibus; sin embargo, es otro de los temas que genera rispidez”, aseguraron desde el gobierno santacruceño ante la consulta en referencia a la reforma de la actividad pesquera que por ahora no avanzó.
Entre los cambios principales y cuestionados por las provincias estaba la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero -que integran Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-, que reinstaló viejas disputas entre la Nación y las provincias.
Además, en la propuesta se cambiaba el criterio de asignación de cuotas de pesca. Los cambios no prosperaron, pero hasta ahora tampoco fue convocado el Consejo y las provincias siguen sin poder activar su participación en las decisiones del área comandada por el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, que entre 2015 y 2019 representó a Tierra del Fuego en el CFP.
La semana pasada la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi reiteró un pedido al secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, para que active de inmediato el funcionamiento del Consejo. La última vez que se constituyó fue el 7 de diciembre de 2023 y en esa reunión quedó estipulado que la próxima sesión sería el 24 de enero de 2024, pero eso no ocurrió. La mayoría de las provincias ya han designado quiénes serán sus representantes, pero no ha ocurrido lo mismo con los miembros que debe nominar el Poder Ejecutivo Nacional.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP tiene en sus manos establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. Integra el organismo diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas. Por Santa Cruz, Ricardo Patterson es el designado. “Creo que el Gobierno nacional no conoce la importancia del recurso y prefiere manejar las políticas de pesca sin contar con la intervención de las provincias”, dijo a La Nación Patterson, exdiputado nacional por la UCR, quien ya integró el Consejo entre 2015 y 2019, y destacó la urgencia de activar el organismo y permitir la participación de las provincias.
Pese a que no se convoca al Consejo, los últimos operativos de vigilancia y control del espacio marítimo desplegados desde el Ministerio de Defensa dejaron a la vista que el sector tiene importancia para el actual Gobierno: el miércoles pasado un buque pesquero de nacionalidad china se encontraba navegando dentro jurisdicción argentina a baja velocidad y con el sistema de identificación (AIS) apagado, lo cual encendió las alertas del Gobierno y eso derivó en una inspección ocular de las autoridades argentinas en el barco.

Operativos
El operativo de vigilancia del que formaba parte el ministro de Defensa, Luis Petri, sobre el área del Golfo San Jorge, estaba previsto con anterioridad, según informaron fuentes de esa cartera, y coincidió con el episodio del barco en aguas argentinas: el buque, al ser llamado por radiotelefonía, incrementó su velocidad, prendió su identificador y adoptó una dirección de salida de la zona de jurisdicción nacional. Recién respondió los llamados de las autoridades argentinas al pasar la línea de las 200 millas náuticas. Tras la inspección ocular, las autoridades detectaron que no contaba con vestigios de pesca reciente.
El operativo generó la reacción de la Embajada China en Argentina, quien cuestionó la reacción gubernamental y explicó que el barco no estaba realizando pesca en el territorio nacional. “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada china maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal, y ahora se encuentra en aguas internacionales realizando actividades normales”, publicó la cuenta oficial de la embajada en la red X, antes Twitter.
Desde la embajada reforzaron el mensaje: “El Gobierno chino va por seguir trabajando como siempre con la comunidad internacional, con Argentina incluida, para luchar contra pesca ilegal, en fomento de la conservación científica y el uso sostenible de recursos pesqueros”.
Fuentes del sector explicaron que es habitual que barcos de bandera de otro país, que pasan por el estrecho de Magallanes con rumbo a pescar en aguas internacionales a la altura del Golfo San Jorge, crucen por el Mar Argentino. Lo inédito fue que tuviera apagado el sistema de geolocalización satelital, AIS, que permite determinar su ubicación en tiempo real.
La semana pasada, empresas radicadas en Ushuaia acusaron al barco Tai An, de la empresa Prodesur, de estar realizando pesca ilegal de merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego. La denuncia y las demoras para que el barco regrese a puerto desataron un escándalo en la Cancillería Argentina, que terminó con la renuncia de un funcionario del área. La primera información que circuló hacía referencia a “un barco chino”, confusión generada a partir de la nominación del buque.
“Somos una empresa argentina, radicada en Tierra del Fuego y el barco es argentino”, explicó la vocera de la empresa Prodesur SA, dueña del Tai An. En la compañía aclararon que el principal accionista de la empresa es Liu Zhijiang, de ascendencia china nacionalizado argentino, y negaron que su barco haya realizado pesca ilegal merluza negra. “El buque no pescó ilegalmente, sino que hubo un exceso de captura. En ciertas zonas conviven a determinada profundidad la merluza polaca con la merluza negra. En cinco lances que lanzó el Tai An vino contaminada con merluza negra. El barco tiene capacidad de 130 toneladas en un solo lance, el barco pescó 3.400 toneladas, por lo cual lo que capturó de merluza negra representa menos del 5%. No fue pesca ilegal, sino incidental”, aseguran desde Prodesur SA.
El Gobierno resolvió aplicar una dura sanción contra la empresa Prodesur SA por haber pescado 139 toneladas de la codiciada merluza negra en la zona donde se encuentran ejemplares juveniles, sin contar con los permisos para realizar esa pesca -que tiene una cota total de 3600 toneladas, repartidas 3000 entre las firmas Argenova SA, Estremar SA y Pesantar-. La firma no podrá pescar por 45 días y se le aplicó una multa de $56 millones, que ya fue abonada, según confirmaron a este medio desde la empresa.
El kilo de merluza negra, salvo la cabeza y la cola, ronda los 24 o 25 dólares el kilo, contra 1,5 de la merluza común, según señalaron diversas fuentes a este medio.
Desde la empresa insistieron en que la actividad está reglada, controlada y fiscalizada y en que a bordo estaban los inspectores de pesca, que cada 72 horas envían informes a tierra. “No fue una acción deliberada, ni un delito como fue difundido”, explican los voceros y sostienen que los 45 días de multa sin poder salir de puerto es para la empresa una sanción muy dura, que afecta en forma directa a los 90 trabajadores que deben quedarse en tierra y pierden ingresos.
Tras la sanción, reclaman recuperar las cuotas de merluza negra que supo tener el Tai An entre 1996 y 2019. Desde Prodesur aseguran que las cuotas fueron transferidas de manera irregular a otra pesquera que tenía el buque alquilado y ahora las quieren recuperar. También piden que las autoridades revean los límites fijados para la pesca incidental. Temas pendientes que tiene el Consejo Federal para tratar.

Despidos en el Inidep
Mientras el CFP no se conforma, en el máximo organismo científico del Estado que investiga y aconseja sobre el recurso pesquero, el Inidep, el miércoles pasado notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores del sector. La Asociación de Profesionales del Inidep denunció, a través de un comunicado oficial, que la no renovación de los contratos era solo el comienzo de la destrucción del sistema científico nacional.
Expresó su preocupación por la asfixia presupuestaria y financiera a la que están sometidas las instituciones científicas y académicas. Hizo un llamado al subsecretario de Pesca y Acuicultura, López Cazorla, para revertir la decisión y garantizar la continuidad de las actividades científicas en el Inidep. “Usted ya sabe que el Inidep está operando con una dotación por debajo del mínimo requerido para su funcionamiento óptimo”, afirmó. “También es consciente que el presupuesto actual del instituto impedirá la realización de muchas de las tareas científicas y las campañas de investigación que se requieren para un adecuado asesoramiento a la Administración Pesquera”, le dijeron los profesionales asociados.
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Petróleo y gas: Río Negro apuesta al cultivo de cáñamo para capturar emisiones de carbono

Fecha de Publicación: 04/04/2024
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La Provincia impulsará el cultivo de cáñamo para el secuestro de carbono producido en operaciones de la industria hidrocarburífera. La secretaría de Energía se comprometió a crear políticas junto con las empresas del sector.
La secretaría de Energía de Río Negro, junto con la Fundación Faro Patagonia, ratificaron el convenio para impulsar el cultivo de cáñamo, para capturar dióxido de carbono producido por la industria del petróleo y el gas. Se trata de una de las plantaciones más eficientes para el secuestro de emisiones. Ahora, se trabaja en la conformación de un clúster para ordenar las iniciativas en la provincia.
El convenio se da en el marco del llamado «Proyecto Cáñamo», de la Fundación, que propone la integración laboral de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al cultivo y a la producción de productos derivados de esta planta. Se considera como una opción más para reducir la huella de carbono que produce el sector en la región, «favoreciendo la diversificación productiva«, indicaron.
«Se busca es que las empresas operadoras que realizan exploración, explotación y transporte de hidrocarburos dentro del territorio provincial, tengan el cultivo de cáñamo como una forma de compensación del carbono que emiten al producir y/o industrializar sus productos», se lee en el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre del 2023 y ratificado el mes pasado.
La secretaria de Energía, Andrea Confini, dialogó con Energía On y expuso que el proyecto está en etapa incipiente. Por lo que, por el momento, se evalúan las posibilidades, la trazabilidad de la semilla, qué regiones de la provincia son más aptas para su cultivo y la unificación de las actividades de distintos grupos, como un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro.
El cáñamo es una de las variedades no psicoactivas de cannabis y es de rápido crecimiento. Según datos expuestos por la Provincia, secuestra 22 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año, «más que cualquier otro cultivo o bosque, teniendo una función provechosa para el medio ambiente y viéndose beneficiado este cultivo por la baja necesidad de aportes de nutrientes y la mejora de la salud del suelo en el que crece».
La participación de la secretaría de Energía en el acuerdo apunta a vincular a las empresas del sector privado con la Fundación, «siendo una acción política pública tendiente a la preservación de medio ambiente y los recursos naturales promoviendo la diversificación de la matriz productiva provincial al apoyar un plan de acción que generará la radicación de empresas con compromiso social y ambiental promoviendo la inclusión laboral», se lee en el acuerdo.
Desde la secretaría deberán diseñar en colaboración con el sector privado una política destinada a consolidar una producción de hidrocarburos a mediano y largo plazo, «con baja intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, procurando alcanzar la carbono neutralidad», se indica. El convenio tendrá tres años de duración y se puede renovar por periodos iguales.
«Todos debemos pensar de qué manera empezamos a mitigar el carbono o el metano que ponemos en la atmósfera. Trabajar también de qué manera somos más eficientes y contaminamos menos o cómo podemos compensar las actividades. Es un proyecto que nace y después va a escalar», aseguró Confini.

Vaca Muerta también forma parte del Proyecto Cáñamo
A mediados del año pasado, el entonces ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro firmó un acuerdo con la misma fundación para instalar el cultivo de cáñamo para reducir la huella de carbono en la producción de Vaca Muerta.
“Es una alternativa más para una producción de hidrocarburos más sustentable, aspecto que nos permitirá continuar creciendo en el desarrollo de las actividades, bajando la intensidad en la emisión de gases de efecto invernadero”, había indicado Monteiro.
Tanto Neuquén como Río Negro cuentan con sectores en el territorio de las provincias que favorecerían el cultivo. “Hay una franja desde Río Negro y parte de Neuquén que tiene el clima, la tierra más productiva para su desarrollo. Hay que tratar de darle trazabilidad a la semilla para que sirva y que se adapte mejor a la zona”, explicó Confini.
Ahora, el objetivo es unificar experiencias y “compartir conocimiento adquirido en ambas provincias y a partir de ahí generar una estrategia de desarrollo para el cultivo del cáñamo”, adelantó la funcionaria.
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El cambio climático reconfigura la biodiversidad de las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario

Fecha de Publicación: 03/04/2024
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La paulatina tropicalización de las regiones templadas de la Argentina por efecto del cambio climático comienza a generar cambios en poblaciones de insectos y animales
Durante las primeras semanas de la pandemia, cuando todo se detuvo, muchos habitantes de las grandes ciudades “descubrieron” que, a su alrededor, existía una abundante fauna urbana que seguía adelante con su vida, completamente indiferente a las desgracias coyunturales de la humanidad. Aves, insectos y mamíferos, sin interferencia alguna, reconquistaron territorios perdidos y se volvieron visibles al gran público, a modo de recordatorio de que las ciudades son importantes centros de biodiversidad y, como ocurre con todo el planeta, están siendo impactadas por el cambio climático.
En la Argentina, donde el 92% de la población vive en núcleos urbanos, todavía no se ha estudiado esto en profundidad, pero algunos eventos como el actual brote de dengue ponen en debate la forma en la cual el clima, la fauna y la vida urbana interactúan, así como la influencia del calentamiento global en el diseño de estas interacciones.
Según Guillermo Montero, ingeniero agrónomo y ex decano de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático genera que eventos extremos de precipitaciones y sequías sean más frecuentes. “Esta nueva velocidad de eventos catastróficos hace que, muchas veces, algunas especies no puedan adaptarse a ese cambio y tiendan a desaparecer, rarificarse o vean sus poblaciones disminuir”. Al mismo tiempo, ocurre que otras especies pueden “adaptarse extraordinariamente bien hasta volverse invasoras por aumento poblacional, tras el cambio de la condición ambiental”.

Un mundo de mosquitos
El actual brote de dengue en la Argentina llegó a proporciones alarmantes: según los últimos datos del Boletín Epidemiológico Nacional, desde el 1° de enero de este año hasta el 23 de marzo, se registraron 163.419 casos, y alrededor del 90% son autóctonos. Es decir que hay seis veces más de casos registrados que en 2023. De ese total de contagios, hasta ahora, hay 119 casos fatales.
Con la salud en riesgo, llegó la pregunta: ¿hay relación entre el cambio climático y una mayor presencia de mosquitos en zonas consideradas templadas, como Buenos Aires o Rosario?
Hay muchos estudios, como este de la revista científica The Lancet, que marcan la correlación entre el cambio climático y el aumento en la distribución geográfica de enfermedades como el dengue. La tropicalización del clima en regiones antes templadas se traduce en condiciones más favorables para que el vector se reproduzca y se propague en una zona geográfica cada vez más amplia. “Los brotes se están volviendo recurrentes, antes eran cada cuatro o cinco años, después aceleró el ritmo y ahora tuvimos el año pasado y este año otro, es algo inédito, nunca habíamos tenido dos seguidos”, dijo Carlos Tasinato, ingeniero agrónomo a cargo de la dirección de Control de Vectores de Rosario.
Y agrega: “A esta altura es imposible negar el cambio climático, que hace que empiece a haber promedios de temperaturas más altas en estas latitudes durante más tiempo a lo largo del año. A eso este año le sumamos El Niño, que trae lluvia, y el resultado es que hay más mosquitos que antes, durante más tiempo”.
Según Tasinato, además de las cuestiones climáticas hay otras que ayudan a entender la re emergencia del dengue en la zona central del país, como el crecimiento de la población urbana, deficiencias de infraestructura en la provisión de agua y la multiplicación de la basura plástica, que es lo que sirve de criadero a la especie de mosquito que transmite la enfermedad, el Aedes aegypti: “muchas veces vemos este tipo de basura en los domicilios. Falta muchísima educación ambiental para entender la parte que nos toca en todo esto”, explicó.

Aves urbanas
Las poblaciones de aves también están siendo afectadas por la crisis ecológica, que excede el calentamiento del planeta e incluye otros vectores o “drivers” como los cambios de uso del suelo, que significan la pérdida o modificación profunda de ambientes naturales como pastizales, humedales o bosques por ambientes reacondicionados para hacer agricultura y/o ganadería. Según Aves Argentinas, las aves son indicadoras de la salud de los ambientes y “permiten conocer los impactos del cambio climático de manera rápida”.
“El aumento de la temperatura genera cambios en la dinámica y distribución de las aves y afecta la composición de las comunidades”, señalan desde esa organización.
Una investigación liderada por el biólogo Guillermo Sferco, del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad de Córdoba, que analiza el comportamiento de las aves del centro de la Argentina, destaca que el cambio climático modifica la distribución de las especies tanto en las latitudes (migraciones de norte a sur y viceversa) como en su disposición altitudinal: especies que viven en la llanura o en zonas bajas de los sistemas montañosos tienden a buscar mayores altitudes. A esto se suman cambios vinculados a las migraciones, ciclos reproductivos que se adelantan y la falta de alimento para sus crías.
Desde su conocimiento y observación empírica, Tasinato subraya que en la zona de Rosario “hoy parece haber más variedad de pájaros que hace algunas décadas atrás”, algo que atribuye a la desaparición de montes y pastizales naturales por presión de la frontera agropecuaria. “La ciudad es como un imán por sus parques y arbolado. Esto atrae a muchas aves, que ante la degradación de sus ambientes naturales encuentran refugio y alimento en las ciudades, aunque pueda parecer paradójico”, dijo el ingeniero agrónomo.

Animales sueltos
Según argumentó Montero, existen al menos tres ejemplos actuales para ilustrar de qué manera la paulatina tropicalización de las regiones templadas por efecto del cambio climático, comienza a generar algunos cambios en poblaciones de insectos.
Uno de esos ejemplos es la irrupción a gran escala de una especie de chicharra popularmente llamada “chicharrita del maíz” (cuyo nombre científico es Dalbudus Maidis) que está haciendo estragos en esos cultivos, en los que genera un achaparramiento causado por la bacteria Spiroplasma kunkelii que puede generar una merma de rendimiento de hasta el 70%.
Si bien la Spiroplasma es una enfermedad endémica del maíz en el norte argentino, según un comunicado de Aapresid “en la actual campaña se convirtió en un dolor de cabeza en zonas donde antes no era un problema”, como las provincias centrales como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires.
Un segundo ejemplo es el del mosquito Aedes Albopictus (que no es el que transmite dengue) o “mosquito charquero”, muy popular en las zonas húmedas. “Siempre estuvo, pero en un clima tropicalizado encuentra mejores condiciones ambientales durante más tiempo para vivir y reproducirse”, explicó el especialista.
Finalmente, el ingeniero agrónomo citó el caso de la mariposa Junonia Genoveva, que en el último tiempo se volvió muy presente en la ciudad de Buenos Aires. “Es una especie migratoria y que encontró condiciones ambientales particulares para que haya una cantidad extraordinaria en esa ciudad, una especie de invasión debido a un incremento poblacional muy notable”, dijo Montero.
Otro nuevo habitante que se ha adaptado muy bien a la vida urbana en las grandes ciudades del centro de la Argentina es el gekko, pequeño reptil de origen africano que desde hace varios años se volvió muy frecuente en esta zona del país. “Tiene origen mediterráneo, del norte de África. No se sabe bien cómo llegaron, quizá en algún barco de carga. Lo cierto es que encontraron un ambiente favorable y no tienen depredadores naturales. Comen insectos y no tienen importancia sanitaria ya que no transmiten enfermedades”, contó por su parte Tasinato.
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Evalúan la biodiversidad en la región pampeana para fomentar prácticas de manejo agrícola más sostenibles

Fecha de Publicación: 03/04/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Investigadores del INTA y AACREA realizan un estudio integral en 15 establecimientos agropecuarios en colaboración con el Proyecto Nacional de Biodiversidad, para evaluar el estado actual y fomentar acciones.
Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) comenzó un estudio integral sobre la biodiversidad en 15 establecimientos agropecuarios de la región pampeana. En colaboración con el Proyecto Nacional de Biodiversidad, la investigación busca evaluar el estado actual de la biodiversidad en estos entornos para fomentar prácticas de manejo agrícola más sostenibles.
En ese sentido, enmarcado en la iniciativa InBioAgro de AACREA, el estudio se centra en medir indicadores de biodiversidad y promover estrategias que armonicen la producción con la conservación de procesos ecológicos esenciales. La Agricultura Regenerativa sirve como modelo para guiar prácticas que no solo impulsan la producción, sino que también preservan la biodiversidad, un aspecto crucial para la sostenibilidad a largo plazo, explicaron.
En tanto, Romina Suárez, responsable del área de Ecología y Gestión Ambiental de la Biodiversidad del INTA, destacó la importancia de esta iniciativa al integrar la valoración de la biodiversidad en la agenda de trabajo de las empresas agropecuarias participantes.
Con un enfoque de dos décadas en el diagnóstico de la biodiversidad en diferentes contextos agrícolas, el estudio se posiciona como “un paso significativo hacia la promoción de prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente”.
En agosto de 2021, investigadores del INTA y miembros de la Red AACREA de la Región Pampeana se unieron en un taller coordinado por Federico Fritz, marcando el inicio de un trabajo conjunto “con un impacto positivo previsto en los sistemas productivos y la biodiversidad asociada”.
En este contexto, Suárez señaló que este encuentro estableció las bases para una colaboración fructífera. En cada establecimiento incluido en el estudio, se lleva a cabo un monitoreo exhaustivo que abarca desde la fauna benéfica, como anfibios, aves y artrópodos del suelo, hasta visitantes florales como abejas nativas y mariposas diurnas. Además, se evalúa la cobertura y diversidad de la flora, indicadores cruciales de calidad ambiental y proveedores de servicios ecosistémicos esenciales para la producción, como la polinización y el control biológico de plagas.
Según Suárez, estos indicadores se evalúan en diversos espacios del establecimiento con potencial para la conservación de la biodiversidad, como remanentes de pastizales naturales, cortinas, bordes de lotes de cultivos, montes con y sin uso apícola, entre otros.
Al término de las visitas, los investigadores entregan a los productores el “Manual de Monitoreo Ambiental Rural” del INTA, proporcionando técnicas y herramientas para el monitoreo de la biodiversidad.
Además, los investigadores del IRB destacaron que el monitoreo de estado base continuará hasta abril de este año. Posteriormente, los datos recopilados se analizarán para determinar el nivel actual de biodiversidad en cada establecimiento y establecer un Plan de Acción de Biodiversidad. Según Suárez, este plan se centrará en la preservación, restauración o creación de nuevos espacios de conservación, así como en la mejora de la conectividad entre ellos.
Finalmente, afirmaron que: “Este estudio contribuirá significativamente a los proyectos nacionales y regionales del INTA, así como a los lineamientos del plan de mediano plazo de la institución”.
Además, la información recopilada se incorporará a la “Guía de Espacios de Conservación”, en desarrollo dentro del Proyecto Nacional de Biodiversidad.
Suárez subrayó que “esta guía proporcionará herramientas para mejorar la biodiversidad en paisajes productivos, beneficiando a productores, asesores y gestores ambientales”.
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Árboles inteligentes: alternativas tecnológicas contra la contaminación urbana

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional


Uno está en Capitán Bermúdez, Santa Fe, y equivale a 234 árboles forestales. El otro, que es líquido, purifica el aire como 20 árboles forestales jóvenes y está en la Ciudad de Buenos Aires.
La incontenible polución en las grandes ciudades obliga a apelar a soluciones biotecnológicas que ayuden a los árboles emergentes ante tanto cemento a procesar el dióxido de carbono y morigerar así el nivel de contaminación.
Surgió así el primer “árbol inteligente” de Argentina que, al ser un proyecto innovador con generación de conocimiento que aplicaba tecnología, tanto electrónica en la selección de proveedores, y que estaba relacionado con el ambiente, obtuvo un subsidio del FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino).
Fue instalado en una estación de servicio de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, no solo para ahorrar energía, sino para ir un poco más allá y generar un aporte al medio ambiente.

Cómo es el "árbol inteligente"
Se trata de una estructura modular, que no tiene tronco ni ramas, está compuesta por musgos y se alimenta de energía solar, lo que le permite procesar la misma cantidad de dióxido de carbono que 234 árboles naturales.
El titular de Grupo CAE, Cristian Echeverría, contó que este proyecto se desarrolló íntegramente en Argentina, y que estos dispositivos están siendo implementados en ciudades como Ámsterdam, Hong Kong o Alemania para combatir el efecto invernadero por el calentamiento global y la contaminación del aire.
En la Ciudad de Buenos Aires, se instaló un dispositivo con la capacidad de absorber dióxido de carbono para purificar el aire, diseñado y puesto en funcionamiento por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en colaboración con Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF).
Se basa en el  proyecto original serbio, el Liquid 3. Es un módulo de fotobiorreactores con microalgas nutrido del dióxido de carbono (CO2) y del aire para crecer, generando oxígeno y biomasa. Así se purifica el ambiente.
El árbol líquido serbio dispone de una estructura rectangular con un panel solar, luz de noche, un estanque “pecera” en el que hay microalgas, punto de carga USB y un asiento que alberga una capacidad para tres o cuatro personas, similar al de las paradas de autobuses.

Árboles inteligentes: cómo funcionan
“Una bomba inyecta continuamente aire del entorno (con altos niveles de CO2) y hace circular el agua para que las algas, mediante la fotosíntesis, absorban el CO2 y liberen oxígeno, al igual que otros organismos fotosintéticos como los árboles”, explicaron sobre el funcionamiento.
Las ventajas principales tienen que ver con el medio ambiente, que ya usa un concepto alternativo de ecologización sostenible, y sociales, porque produce “mayor conciencia sobre la protección del medio ambiente”.
Los fotobiorreactores urbanos utilizan la capacidad de microalgas para destacar el CO2 y generar oxígeno y biomasa, de modo que los expertos consideran que son “entre 10 y 50 veces más eficientes que un árbol”.
Cada unidad se denomina Y-Algae y fue producida en conjunto con la compañía Y-TEC e Inbiotec-Conicet.
Según los especialistas, cada una “equivale aproximadamente a 20 árboles forestales jóvenes en su capacidad de purificar el aire”.
Los estanques de este producto deben ser vaciados de manera periódica y el agua con microalgas debe ser reemplazada, por lo que la viabilidad de esta metodología en las ciudades depende del correcto mantenimiento.
El tiempo dirá si el árbol líquido efectivamente cumple con las expectativas en cuanto a la contaminación.
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Basura electrónica, un problema global sin solución a la vista

Fecha de Publicación: 02/04/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Según un documento reciente de la ONU, las computadoras, los celulares y las pilas que se descartan no solo perjudican al ambiente y la salud humana, sino que provocan pérdidas que superan los 91 mil millones de dólares anuales.
La obsolescencia programada de los productos constituye uno de los síntomas más concretos del capitalismo exacerbado de esta época. Monitores, radios, televisores, celulares, baterías y juguetes se desechan a cada minuto porque dejan de funcionar, o bien, porque pese a funcionar de manera adecuada son reemplazados por nuevas y sofisticadas promesas. Aunque haya matices --porque, afortunadamente, no todas las personas se comportan igual-- el sistema ha entrenado a la humanidad para crear nuevas necesidades sin freno. De manera reciente, a través del Monitor Mundial de Residuos Electrónicos, Naciones Unidas compartió un informe sobre basura electrónica que arroja datos significativos. El más concreto: la generación de estos desechos se incrementa cinco veces más deprisa que su reciclaje.
En 2022, se produjeron 62 millones de toneladas de estos residuos, cifra que equivale a un 82 por ciento más de lo que sucedía en 2010. Aunque pensarlo de manera abstracta es muy dificultoso, equivale a 1,6 millones de camiones de 40 toneladas, es decir, vehículos suficientes para formar una línea continua alrededor del Ecuador. Además de afectar la salud humana y del ambiente, esta situación genera pérdidas fenomenales: el cobre, el oro, el hierro y otros metales que se emplean en esas 62 millones toneladas tienen un valor estimado de 91 mil millones de dólares. Dinero que también va al tacho, porque las tecnologías solo son utilizadas una vez.
Bajo esta premisa, la caducidad anunciada de los productos emerge como trampa: en muchos casos, es el propio mercado el que pone los límites. No se fabrican repuestos para arreglar lo que se necesita, o bien, si se fabrican es a un precio muy elevado. De esta manera, se desalienta la posibilidad de hallar una solución al problema. De hecho, es muy común la frase del especialista en informática: “Por lo que te sale el arreglo, te conviene comprar una compu nueva”. Lo que nadie cuenta es que es muy difícil que una tecnología se rompa de tal manera que se vuelva completamente inútil. Así, la decisión se vuelve indeclinable, ya que a menos que alguien decida vivir “afuera del sistema”, la única opción es comprar una compu o un celu para, una vez más, estar dentro del mundo. Una cuestión de pertenencia.
Para colmo, esta vez la solución no parece estar al final del túnel. Según el informe, el número de desechos podría incrementarse un 32 por ciento para 2030 si los gobiernos no toman medidas para revertir la situación. Se calcula, en efecto, que menos de la mitad del mundo instrumenta acciones para la gestión del conflicto. Este fenómeno, además de perjudicar al ambiente como cualquier tipo de residuos, tiene sus efectos en la salud humana. Restos de diversa índole como enchufes, pilas y baterías pueden poseer componentes tóxicos (plomo, mercurio, cadmio, cromo, arsénico, antimonio, etc.) con la capacidad de generar afecciones en el cerebro, y afectar los sistemas nervioso y circulatorio. Así, terminan en basurales, rellenos o son incinerados, cuando deberían seguir procedimientos de tratado bien específicos.
Además del progreso tecnológico, el consumo acelerado por parte de las poblaciones y la obsolescencia programada de los productos, en el documento se mencionan otros aspectos que influyen en el conflicto. Las pocas opciones de reparación, las deficiencias en el diseño y la falta de infraestructura para tratar los residuos electrónicos encabezan la lista de los factores preponderantes.

Cybercirujas, pioneros en Argentina
En este contexto, se destaca la necesidad de una economía circular para la electrónica. En Argentina, existe el proyecto de los cybercirujas, un modelo que cuestiona al capitalismo a partir del reciclado de tecnologías que, de otra manera, terminarían siendo descartadas. Su mentor, el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Nicolás Wolovick, narra los detalles a Página 12. “En algún momento, nos reunimos con mi compañero Sergio Roldán porque ya nos conocíamos de redes sociales. Él tenía algunas historias previas de underground y computadoras viejas, así que empezamos a trabajar”. Y continúa: “En la actualidad, las y los cirujas están fuertes en CABA, Córdoba y Rosario. Estamos tratando de que la gente tome esto como una idea y la lleve a todos los rincones que pueda. Cuanto más local sea, mucho mejor”.
¿De qué se trata la iniciativa? Tiene el objetivo de hacer circular tecnologías que estaban en desuso y que, de no mediar un arreglo, tenían a la basura como destino asegurado. El proyecto, que nació en plena pandemia y es abierto a todo público, tiene filiales en diversos centros urbanos como los que menciona Wolovick; puntos desde donde se organizan encuentros para intercambiar componentes físicos (hardware) e informáticos (softwares). Reuniones realizadas durante el último sábado de cada mes a la que asisten informáticos, programadores, profesores de computación y, también, aquellos que no tienen idea de tecnología.
Así es como invitan, por caso, a que la gente “meta mano” y le pierda el temor a la tecnología. Para recircular computadoras, por ejemplo, recurren a software libre que les permite una mejor compatibilidad con el hardware que, de lo contrario, quedaría obsoleto. Bajo esta premisa, pusieron a funcionar consolas de videojuegos de los 80 sin ningún tipo de problemas, como una Atari 2600 que estaba abandonada hacía años y que en la actualidad funciona como pasatiempo.
“Lo importante tiene que ver con los dispositivos de cómputo. Es lo principal en un país como el nuestro, en el que la gente no tiene acceso porque son demasiado caros. Pienso que la nuestra es una actividad contracultural en la medida en que mostramos que existe otro modelo alternativo al consumismo brutal de la electrónica. Nosotros partimos de la premisa de que una vez fabricado, el daño ya está hecho. Luego, la vida útil de ese dispositivo computacional habrá que estirarla todo lo que se pueda”, comenta el experto.

El reciclaje antisistema
El intelectual británico de raigambre marxista Raymond Williams solía explicar que los elementos “residuales” de una formación cultural determinada podrían poner en riesgo a los elementos dominantes. De esta manera, cuantos más rasgos residuales –es decir, cuantas más prácticas precapitalistas se desarrollan– en la actualidad, mejores chances de cuestionar el statu quo presente. Así, la vuelta del trueque, por ejemplo, en plena crisis de 2001 podría ser un caso gráfico de práctica residual --en tanto medieval-- que se recicló en pleno siglo XXI y, de extenderse lo suficiente, podría haber comenzado a erosionar el capitalismo. Claro que eso nunca sucedió; para ser justos, tampoco es que Williams estuviera proyectando especialmente el caso argentino cuando publicó Marxismo y literatura en 1977.
Más allá de eso, el reciclaje y la recirculación de tecnologías electrónicas que quedaron “viejas”, al igual que el trueque, también podría observarse como un fenómeno contracorriente. Uno que cuestiona las condiciones actuales de producción y consumo. Según el documento de la ONU, si las naciones pudieran revertir la situación actual y mejorar en un 60 por ciento el reciclado hacia fines de la década, los beneficios para la salud humana y ambiental serían notorios. En paralelo, una gestión adecuada de los residuos podría reducir los costos en 38 mil millones de dólares.
En América Latina, un informe difundido a principios de 2022 también por Naciones Unidas, destacaba que solo el 3 por ciento de los desechos electrónicos se recogían “a través de conductos formales y se tratan de manera respetuosa con el medio ambiente”. Como en todo, la desigualdad sigue orientando el éxito o el fracaso de la política internacional. La buena voluntad de los Estados más desfavorecidos encuentra sus límites en la falta de recursos.
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Cambio climático y otras dos razones que explican la epidemia de dengue en Argentina

Fecha de Publicación: 01/04/2024
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


El país sufre la quinta epidemia nacional por la infección transmitida por mosquitos. Cuáles fueron los factores que influyeron para que el virus se expanda en 19 de las 24 jurisdicciones, según los expertos
“Sin mosquito no hay dengue” se suele afirmar al hablar de la prevención de la infección desde hace años. Pero hoy habitan muchos mosquitos de la especie Aedes aegypti desde provincias como Jujuy y Salta hasta la zona de la Patagonia Norte, en la Argentina, y está en curso la peor epidemia de dengue en la historia del país, tras registrarse 151.310 casos de dengue y 106 fallecidos, según la última actualización del boletín del Ministerio de Salud de la Nación.
Nunca antes en el país, desde la reemergencia de la infección en 1997, hubo tantos casos confirmados, tantos casos graves reportados (325), ni tantas muertes. En la temporada anterior (2022/2023) solo se habían registrado 65 fallecidos.
La epidemia ha llevado a desbordar la atención en centros de salud y hospitales de grandes ciudades por el aumento de las consultas de personas con síntomas y a dificultar el acceso al uso de los repelentes por falta de stock o debido a su alto precio.
Las autoridades sanitarias hicieron llamados a que se colabore más en la eliminación de criaderos de huevos y larvas de mosquitos que pueden estar en recipientes con agua tanto limpia o sucia dentro o en los alrededores de los edificios en las ciudades.

Qué pasa con la vacuna para el dengue
También surgió el debate sobre la posibilidad de incorporación de la vacuna contra el dengue en el sector público a raíz de que la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) recomendó al Gobierno avanzar en la implementación de una “estrategia focalizada de vacunación”.
Por el momento, la vacuna está disponible en el sector privado. Las provincias Misiones y Salta comenzaron con la aplicación en grupos poblacionales específicos en vacunatorios públicos, tal como informó Infobae el 26 de marzo.
En Brasil -donde ya murieron 897 personas en 2024- se empezó a vacunar en febrero pasado dentro del sistema de salud público a personas de 10 a 14 años, que residen en municipios con tasas de incidencia alta.

Cómo comienza el dengue
Los síntomas del dengue son fiebre alta acompañada de uno o más síntomas como dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular o de las articulaciones, náuseas, vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón, y sangrado de nariz o encías.
Cuando una persona contrae el dengue, significa que fue picada por una hembra del mosquito Aedes aegypti que estaba infectada. Ese insecto a su vez había adquirido el virus al picar a otra persona que estaba infectada en una zona cercana, otra ciudad o país.
Desde 2009 en adelante la Argentina ha sufrido otras 4 epidemias nacionales de dengue. Pero la actual es la peor por su magnitud. De las 24 jurisdicciones que conforman el país, 19 tienen circulación autóctona (es decir, las personas se contagian en sus casas o en la localidad donde viven).
Se registró una incidencia acumulada de 321 casos por cada cien mil habitantes en esta temporada, y el virus amplió también su área de circulación. Por primera vez, se notificaron casos autóctonos de dengue en Olavarría, Azul y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a más de 600 kilómetros al sur de la Capital.

Cuáles son los factores ambientales y sociales del dengue
“La epidemia del dengue es una problemática socio-ambiental”, dijo a Infobae la científica Elizabet Estallo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, que depende del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba.
Lo afirmó porque hay factores ambientales que favorecieron que los mosquitos y el virus del dengue impacten más hoy y cuestiones de la sociedad humana que contribuyen al desarrollo de la epidemia. “Estamos criando a los mosquitos”, resaltó.
Desde el Conicet, la doctora Estallo ha realizado estudios desde 2005 que demuestran una asociación entre la cantidad de huevos que ponen las hembras de mosquitos y las condiciones ambientales.
Como consecuencia del cambio climático que se ha producido en el planeta inducido por la emisión de gases de efecto invernadero, se han registrado aumentos en la temperatura mínima promedio en el país. Esos incrementos ayudaron a prolongar los meses en que los mosquitos y el virus del dengue encuentran las condiciones adecuadas para vivir.
Por otra parte, las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti habitan principalmente en las ciudades o áreas suburbanas. “En las ciudades, se generan lugares que resultan adecuados para que los insectos se críen. Por ejemplo, se acumulan residuos y hay basurales a cielo abierto, que pueden incluir criaderos de mosquitos”, comentó la investigadora del Conicet, quien impulsa un proyecto de ciencia ciudadana, con 6 escuelas secundarias de Córdoba.
“En algunos municipios se fumiga cuando es el momento de hacer campaña para eliminar recipientes en desuso con agua o descacharrar. Eso confunde a la gente porque sale a reclamar fumigación cuando se requiere un control integrado de la problemática, que implica una política pública orientada también a la prevención”.
Además, otro factor es que por el fenómeno de El Niño, llovió más que lo normal en algunas zonas del país.
En tanto, el doctor Ricardo Gurtler, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende del Conicet y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, comentó a Infobae: “Hubo un derrame desde Brasil, que tiene una alta incidencia de casos de dengue, hacia otros países del Cono Sur y hacia otras regiones de América. Pero también hay que considerar que la Argentina tiene un intercambio muy fuerte con Paraguay y Bolivia. Allí hubo brotes epidémicos este año y eso también impacta en nuestro país”.
Otro factor -indicó Gurtler- es el aumento de la temperatura y el cambio del régimen de las lluvias que puede influir en la problemática del dengue. “Pero también puede haber años con sequías, que también influyen. Porque se almacena agua de manera inadecuada y así se favorece la creación de criaderos gigantescos de mosquitos”, dijo. También el científico apuntó al comportamiento social.
“Una cuestión clave es que, desde la primera epidemia de 2009, los diferentes gobiernos nacionales han descargado su responsabilidad a los individuos o a los hogares. El Estado (tanto a nivel municipal, provincial como nacional) se fue retirando de realizar acciones de promoción y prevención del dengue. También ocurrió en otros estados de América Latina. Ahora, se habla de la vacuna como si fuera la única medida pero debería ser considerada como parte de un control integrado”, afirmó Gurtler.
“Es importante que se establezcan políticas públicas para el manejo del dengue y que se desarrollen todo el año -afirmó Gurtler-. Es un problema muy complejo que se debería trabajar de manera estratégica como lo está haciendo Brasil ahora. Hay que mirar que Uruguay, que es un país limítrofe, tiene un brote mucho menor que el de Argentina”.
Carolina Ocampo Mallou, investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet, y del Grupo de Filosofía de la Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, había comentado a Infobae en un artículo publicado el 11 de febrero que solo “se ha puesto el eje en el criadero de mosquito del domicilio, pero debería haber más trabajo del Estado en los espacios públicos para que se mejoren las condiciones ambientales de los barrios. Se debería salir de la lógica individual”.
El jueves pasado, la OPS informó que si bien el dengue está en aumento en toda América Latina y el Caribe, los países más afectados son Brasil (83%), Paraguay (5,3%) y Argentina (3,7%), que concentran el 92% de los casos y el 87% de las muertes.
También se registró un aumento de casos en países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinica y México, donde la transmisión suele ser más alta en la segunda mitad del año. Durante los últimos 12 meses, la agencia sanitaria emitió 9 alertas epidemiológicas para que los gobiernos adopten a tiempo medidas de prevención y control para dengue.
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Destruyen estructuras de cazadores halladas en el Parque Provincial Urugua-í

Fecha de Publicación: 01/04/2024
Fuente: Enfoque Misiones
Provincia/Región: Misiones


En la zona de Cabure-í, dentro del Parque Provincial Urugua-í, encontraron y eliminaron estructuras montadas por cazadores furtivos.
Fue esta semana, durante una patrulla de los guardaparques de esa área natural protegida que integran el Grupo de Operaciones en Selva zona Norte y de guardafaunas.
Durante la recorrida visualizaron un trillo (sendero utilizado por cazadores furtivos para entrar al parque). Caminaron por él quince kilómetros y medio y encontraron un campamento de lona negra provisto de mercaderías y equipo de cocina.
Cerca, los depredadores habían armado tres saleros, que son cebaderos artificiales para atraer animales silvestres, y ocho sobrados, estructuras de madera instalados en lugares altos para esperar a la fauna.
Todas estas estructuras y elementos de los cazadores (a los que no localizaron) fueron destruidos.
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Chau producción nuclear: Milei frenó la construcción de dos importantes reactor

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Nacional


Se trata del CAREM-25 y el RA-10. Exfuncionarios, científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestionar la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico de la Argentina.
La construcción del reactor nuclear CAREM 25, uno de los proyectos insignias de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que colocaría a la Argentina en el mercado mundial de este tipo de tecnología, con gran potencial exportador, quedó paralizada tras la cesantía de 100 trabajadores que participaban de la obra, según confirmó el secretario General de UOCRA Seccional Zárate, Julio González.
El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en la Argentina y, según informa la propia CNEA, tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas de desalinización de agua de mar).
En etapa avanzada de construcción en la localidad bonaerense de Lima, el CAREM-25 fue diseñado originalmente para generar una potencia de 25 megavatios eléctricos (de allí su nombre), pero a raíz de sucesivas mejoras en la ingeniería y por la tecnología que se aplicará en el turbogrupo, el prototipo será capaz de generar una potencia eléctrica superior a los 32 MWe (lo que permitiría abastecer, como ejemplo de equivalencia, a una población de unos 120 mil habitantes).
También se pondría freno por falta de presupuesto a las obras del Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10, una instalación que tendrá un impacto estratégico en las áreas de salud, ciencia, tecnología e industria. El Proyecto RA-10 se localiza en el Centro Atómico.
“Paralizar la construcción del CAREM y el RA 10 es de una gravedad enorme. Implica detener el avance tecnológico soberano en una de las áreas donde la Argentina es vanguardia en el mundo y una oportunidad única de exportar conocimiento”, advirtió el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.
También científicos y especialistas del sector energético salieron a cuestiones la decisión del gobierno de Javier Milei por el impacto negativo para el desarrollo tecnológico del país.
“El CAREM y el RA-10 son hijos de más de 70 años de historia nuclear argentina. La CNEA y sus empresas asociadas han diseñado, construido y operado 19 reactores nucleares y exportado 7 de ellos. El CAREM fue pensado como una estrategia de nuestro país para ingresar en el mercado de reactores de potencia, su desfinanciamiento ocurre cuando más que nunca es necesario estar a la cabeza de este tipo de tecnología a nivel mundial, con la transición energética en pleno auge”, afirmó el ingeniero Eduardo Gigante, especialista en energía y litio.
Además agregó que con el RA-10, cuya construcción está en etapa final, “Argentina podría aumentar su producción de radioisótopos medicinales, comercializar silicio dopado por transmutación neutrónica, producto muy muy demandado mundialmente para la producción de chips de computadoras de alta potencia, y un sinfín de servicios a la ciencia y tecnología”.
“Este error será caro para la nación”, advirtió el especialista.
También la doctora en bioquímica Andrea Gamarnik, una de las investigadoras más reconocidas de la Argentina, remarcó que el CAREM-25 “es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en Argentina, ya tenía peticiones para exportación”.
Sobre la decisión de paralizar su construcción, advirtió “no es ajuste para disminuir el déficit, es cavar un pozo y meter a la Argentina en el fondo”.
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Santa Cruz intimará a YPF por el relevamiento del pasivo ambiental

Fecha de Publicación: 30/03/2024
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


Así lo confirmó el secretario de Ambiente, Sebastián Georgión. Afirmó, con documentación en mano, que la operadora "incumplió" sus obligaciones ambientales. Remarcó que de lo previsto en el contrato de prórroga, sólo se invirtió el 23%.
En medio de la tensión que se generó en torno a la decisión de YPF de protagonizar, en principio, un retiro “desordenado” de las áreas maduras que opera en Santa Cruz, aparece en la mesa de debate el pasivo ambiental que deja en la provincia la petrolera, a lo largo de ocho décadas de actividad.
Santa Cruz tiene un andamiaje jurídico que permite obligaciones ambientales a las empresas que operan en la provincia. No sólo está contemplada en la Ley 3.117, marco de las prórrogas de las concesiones hidrocarburíferas, sino también en la Ley 3.122 de Saneamiento Ambiental.
Bajo esas dos normas, el secretario de Ambiente de Santa Cruz fue contundente: “YPF incumplió“. En diálogo con el programa Café y Noticias por Radio Al Sur, el funcionario le marcó a esta periodista que “el pasivo ambiental data de la época de los años 50, lo venimos heredando y nadie le encuentra una solución”.
Recordó que en el caso de YPF, en el contrato firmado con la provincia para la prórroga de sus concesiones, el cual fue ratificado por ley, allí se cuantificó el pasivo “en 8 de las 10 áreas“, pero “no se llegó a relevar el 100%”, marcó Sebastián Georgión.

Incumplimiento
Ya en ese momento “quedó el compromiso de la empresa de avanzar en completarlo” y mientras lo hacían, el contrato establecía una inversión anual de USD 20 millones para la remediación y evaluación de todo ese pasivo. Sin embargo, en estos 12 años de concesión que se llevan, “sólo cumplió con el 23% de lo acordado“.
Puso por ejemplo el tema de las piletas de petróleo. “Hay unas 7.000 piletas entre todos los yacimientos, debían remediar unas 1.000 piletas por año, no pasó”. En ese sentido, reveló que a la fecha “estuvimos analizando casi 1.500 actas y documentos” que se le hicieron a YPF, donde las conclusiones de los mismos “en su gran mayoría es ¡no cumplió!”, por eso es que la postura de la Secretaría de Ambiente es que YPF no cumple con los requerimientos ambientales. Y se señaló que la operadora, sobre las intimaciones para que se adecúe a la Ley 3.122, “siempre buscó dilatar los tiempos”.
El funcionario destacó que en la secretaría, ante eso, “se generó un sumario y la multa correspondiente“. Ahora, además de “invitarlos a que cumplan con la Ley de Saneamiento, los estamos intimando para que presenten el relevamiento total del pasivo ambiental de la totalidad de sus áreas”. “La empresa no respeta los acuerdos firmados, por lo que el antecedente no es bueno“, reafirmó Georgión.

Cuantificación
A la hora de la “cuantificación” del pasivo ambiental, Santa Cruz tiene a su favor, si el reclamo llega a las últimas instancias (léase la judicial), que existe, en el contrato de prórroga, el reconocimiento de un pasivo ambiental valuado en “entre unos USD 2.500 y USD 3.500 millones“, en consonancia con aquel primer relevamiento que se hiciera en 2010, previo a la estatización de YPF.
“Hay que recordar que en aquel momento el contexto en el que se hizo difiere mucho del actual” y marcó algunas críticas al estudio realizado. “Un relevamiento completo lleva mucho más que 6 meses“, advirtió.
Más allá de eso, reiteró que se ultiman los detalles para enviar una intimación formal a YPF para que presente “la cuantificación exacta de los pasivos” y si no lo hace, “habrá que ver las decisiones que se toman”. Pero dejó en claro que en las negociaciones “que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal, el tema ambiental no está aislado” y se tiene muy presente.

Debate
Sebastián Georgión recordó que el tema ambiental durante muchos años no era algo que se pusiera sobre la mesa y eso cambió en los últimos tiempos, “porque el mundo también cambió“. De todas formas, “siempre estamos cruzados, transversalmente, por una cuestión de contexto político y económico, con una situación bastante compleja y que nos encuentra en esta negociación y cuál es la mejor opción para el desarrollo de Santa Cruz”.
Ahora bien, ese debate “nos tiene que encontrar unidos” y más allá de lo que se hizo antes (desde el área que él hoy conduce), “lo que nosotros queremos es mejorar hacia adelante”.
Y volviendo al tema del incumplimiento, el funcionario marcó que “nosotros cumplimos con todos los pasos administrativos” que se debían dar. Y no es un tema menor y puso a la “negociación” como primordial “y predominante a la hora de resolver el tema de áreas”.
“Tenemos que priorizar y tener los pies sobre la tierra, y ver cómo sacamos el mejor rédito de nuestros recursos no renovables, pero no en desmedro a la sociedad, sino todo lo contrario”, ratificó Georgión.
En este punto, volvió a remarcar la postura de la Secretaría de Ambiente que él conduce: “Planteamos que YPF incumplió con sus compromisos ambientales, esa es nuestra postura: la empresa no cumplió”.
Que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales no sólo tiene que ver con las normas, sino también que la remediación tiene un valor económico en sí misma. “En 2007 teníamos el campo plagado de cuadrillas de saneamiento”, recordó el funcionario, “eran unos 2.000 puestos de trabajo“, pero “cuando la industria ajustó, los pasivos seguían estando y la gente quedó desocupada”.
Y si bien admitió que hoy se está en una situación compleja, planteó que una opción “es que la empresa pague por el pasivo histórico o que se hagan cargo del mismo la o las empresas que reemplacen en la operación a YPF”. Y reiteró que “existen leyes que se deben cumplir y hacer cumplir” y en eso está el Gobierno, marcó.
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Basurales a cielo abierto: ya existen más de 5000 en la Argentina

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Solo el 8% de las industrias que generan residuos peligrosos le dan tratamiento con proveedores habilitados. En promedio, ascienden a dos basurales por municipio. Alerta por el elevado nivel de gas metano en el país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que un tercio de los residuos generados en América Latina y el Caribe termina en basurales a cielo abierto o provocando daños ambientales debido a su mala gestión y el paso del tiempo. Se trata de sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Al no tratarse en forma adecuada, pone en riesgo la salud de las personas porque se contaminan recursos naturales como el agua, los suelos y el aire.
La expansión de los basurales a cielo abierto en Argentina está intrínsecamente relacionada a un crecimiento en la generación de residuos industriales por parte de las empresas y a un muy bajo nivel de tratamiento de los mismos. Se estima que en Argentina en el último año se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, lo que equivale a unas 1.293.820 toneladas. Estos datos fueron obtenidos por un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que determinó, además, que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado.

Poco o nulo tratamiento
Según los datos relevados, en el país existen 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, pero de este porcentaje, solo unas 33.983 firmas, es decir el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. Así lo alertó el informe a partir de datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
En este sentido, los basurales a cielo abierto implican un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en la Argentina y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado. Para el 2017, el “Informe del Estado del Ambiente”, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el relevamiento anterior del Observatorio (mayo 2021 - abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción. El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema.

Cifras en el mundo
Según los últimos datos actualizados por la ONU, cada año, se recolectan en el mundo 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. El proceso de desintegración que sufren al quedar estancados en basurales repercute en la emisión de gases tóxicos. De hecho, los residuos sólidos no tratados generan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los problemas directos que el cambio climático trae en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, en los últimos meses de 2022 y en los primeros de 2023, este organismo había marcado un aumento significativo en el número de casos registrados de dengue y chikungunya en la Argentina. La problemática lejos de resolverse no hace más que agravarse y 2024 ya registra cifras históricas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se notificaron 102.898 casos, mientras que, para el mismo período en 2023 se habían notificado 8.343 casos.

Alerta de salud pública
La presidenta de Catries, Claudia Kalinec, advirtió sobre las distintas consecuencias que tantas toneladas de basura se acumulen en los basurales: “Del 93% de los residuos que no se tratan la mayoría va a parar a estos sitios ilegales, contaminando el ambiente. Este es un tema que nos afecta a todos por igual, ya que redunda en una menor calidad de vida, ya sea por el impacto directo de la contaminación, por ejemplo, con la contaminación del agua, o por el humo que genera la quema ilegal de residuos en la vía pública que impacta directamente al ambiente y la salud, pero tiene consecuencias en la seguridad vial entre otras cosas. La agenda ambiental, fundamentalmente el capítulo de residuos es transversal a todas las áreas”.
Consultado por este mismo tema, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari.
 Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.
“No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec.

Los residuos industriales
En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada.
Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina.
La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.

Algunas mejoras
Desde hace algunos años, a nivel nacional se vienen realizando avances en la problemática de los basurales a cielo abierto. Según destacó el Centro de Formación Ambiental de Argentina, entre los años 2019 a 2023 se inauguraron centros ambientales en las ciudades de Formosa, Moreno, Concordia, Villa María, Quilmes y Luján (este último está judicializado y se paralizaron las obras). Son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reconvertir basurales en centros de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) que permitan el reciclado, la correcta disposición de los desechos y promuevan la economía circular.
A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para la creación de más centros ambientales. Las obras iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda, con obras que ya estaban adjudicadas.
En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una inspección para dicho proyecto. Las autoridades ambientales informaron que la obra para la clausura del basural a cielo abierto de unas 29 hectáreas en la capital santiagueña cuenta “con un cierto grado de avance” y que se realizan tareas de saneamiento en el espacio. A su vez, equipos técnicos de Ambiente supervisan el estado de avance del centro de gestión ambiental en Villa Nueva, Villa María, que está pronto a finalizar, con un 80% de su obra completa.
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Se completó la restauración del cerro Arco por los incendios en 2018 y se plantaron unos 400 ejemplares de fauna nativa

Fecha de Publicación: 29/03/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


Fue con aporte de voluntarios convocados por el gobierno para trabajar durante el fin de semana. Es la cumplonaion de un trabajo de 5 años y la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica de las zonas incendiadas en setiembre de ese año. Aseguran que se observa recuperación de la fauna nativa.
Este fin de semana se completó el proceso de restauración del cerro Arco para recuperar el entorno de los daños provocados por los incendios ocurridos en setiembre de 2018. Fue la concreción de un trabajo de 5 años y con ello se culminó la última etapa del Plan Maestro de Restauración Ecológica. Para lograrlo, este fin de semana desde el gobierno se convocó a voluntarios que quisieran poner manos a la obra. Aseguran que hubo una buena convocatoria y así se logró plantar unos 400 ejemplares de fauna nativa.
El plan fue elaborado con el aporte técnico de un equipo interdisciplinario de investigadores del Conicet Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional del Agua y el apoyo de alumnos avanzados de Ingeniería en Recursos Naturales, todos ellos coordinados por la Fundación CRICYT.
“La de hoy fue una jornada abierta a la ciudadanía y estamos muy contentos de realizar el cierre de un gratificante y arduo proceso sostenido por más de 5 años con el objetivo de remediar los daños del fuego que se desató en este lugar en el año 2018″, dijo entusiasta al terminar el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor.
Y agregó: “Principalmente, nos focalizamos en la plantación de especies dominantes sensibles, como es el caso de la jarilla. Durante estos años fuimos observando cómo, con la recolonización de flora, fue incrementándose la presencia de fauna nativa y el rebrote de arbustivas”. El funcionario explicó que durante esta última jornada de restauración de flora se plantaron más de 400 ejemplares de variedades de jarillas cuneifolia y divaricata, nítida y macho.
Por aquel entonces, se hablaba del mayor incendio en años. Se estimó que en total las llamas afectaron unas 1.500 hectáreas, convirtiéndose en el tercer incendio de mayor magnitud de los últimos 17 años hasta ese entonces. Esto sólo superados por el del 31 de enero del 2003 (15.000 hectáreas y que trascendió los límites del cerro propiamente dicho) y el del 24 de octubre de ese mismo año (2.500 hectáreas y que se propagó a lo largo de la ruta 13 también).
El 28 y 29 de octubre del año pasado, se produjeron nuevos incendios, de mayor magnitud: en la Dirección de Recursos Naturales Renovables advirtieron que resultaron afectadas más de 4.000 hectáreas, el mayor impacto desde 2003.

Compromiso con el ambiente
La convocatoria de voluntarios fue realizada por las redes del Ministerio de Energía y Ambiente y se reflejó en la multitudinaria asistencia a la actividad. “Hemos realizado un trabajo importante de cartelería que contiene señalización informativa y preventiva en el cerro”, concluyó Melchor.
Por otra parte, en vísperas del fin de semana extralargo –en el que seguramente aumentará la cantidad de visitantes al cerro Arco y otras zonas pedemontanas–, la Subsecretaría de Ambiente hace un llamamiento a la población a acatar y extremar precauciones para prevenir incendios. Se recuerda que encender fuego en lugares prohibidos es delito y tiene multas que pueden superar los $7,5 millones. Los carteles en los lugares donde está específicamente prohibido hacer fuego deben ser respetados.
Durante el fin de semana, se efectuarán controles, con sanciones severas a quienes no acaten las indicaciones y pongan en peligro vidas humanas y causen daños ambientales.
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Motosierra en Parques Nacionales: qué efectos tiene despedir a esos 1.200 trabajadores

Fecha de Publicación: 28/03/2024
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


La Administración de Parques Nacionales se declaró en estado de “alerta y movilización” y peligra la apertura de estas áreas protegidas durante Semana Santa, un momento clave para el turismo en las provincias.
Javier Milei exigió a sus ministros un recorte en la cantidad de empleados públicos que tiene hoy el Estado Nacional. Esta medida se encuadra dentro del “Plan Motosierra” y afectaría al personal cuyos contratos habían sido prorrogados por tres meses y vencen este 31 de marzo.
Es por esto que trabajadoras y trabajadores de la Administración de Parques Nacionales (APN) declararon el estado de alerta y movilización frente a la posibilidad de desvinculación de más de 1.200 personas.
“En Parques Nacionales trabajamos con la convicción de que nuestra función aporta al cumplimiento de los derechos constitucionales de la sociedad argentina. Realizamos tareas que son fundamentales para la protección del ambiente a través de la gestión y conservación de las áreas protegidas y la promoción del desarrollo local de las comunidades vecinas”, afirman desde ATE en un comunicado.
“Reducir el personal de la APN constituye un retroceso en la política ambiental nacional y se contrapone a la agenda internacional, que propone el aumento del territorio protegido y su gestión eficiente”, aseguran.
La conservación del ambiente en Argentina es sostenida por trabajadores que se encuentra en cada rincón del país.
Virginia Gallardo es delegada de ATE y trabajadora del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén. Allí se encargan de cuidar tres especies de árboles que no se conservan en ninguna otra área protegida del país: el Pehuén, el Raulí y el roble Pellín.
“También trabajamos en estrategias de conservación para mejorar el hábitat del huemul (considerado monumento natural nacional y especie en peligro de extinción). Damos asistencia a pobladores en producción sustentable. También activamos una primera respuesta ante eventos naturales como puede ser la erupción Volcán Puyehue, inundaciones, aludes y enfermedades zoonóticas como hanta virus o gripe aviar”, cuenta Virginia a Vía País.
Además, los trabajadores de Parques Nacionales son quienes gestionan un plan de manejo del fuego que implica la extinción de incendios forestales y se encargan de la gestión de sistemas de alerta temprana y la prevención de los mismos.
“Otra de nuestras tareas es la de conservar las cabeceras de cuencas hídricas de donde sale el agua que consumen gran parte de los neuquinos y rionegrinos”, explica Virginia.
Marcelo Rojas es geógrafo y trabajador de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales. Allí se encargan de la protección de 717.261 hectáreas de Bosque Andino Patagónico y Estepa, de lagos, cursos de agua, flora y fauna que se encuentran en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Somos responsables de la habilitación, control y fiscalización de los servicios turísticos que se brindan en este territorio. De cuidar a la gente que viene y de fomentar el turismo”, dice Marcelo a este medio.
Es que la promoción turística de Bariloche se basa, en gran parte, en los atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se estima que el 90% de los visitantes que arriban, visitan el área protegida. Esto genera un impulso económico para ocho ciudades y parajes de la región cordillerana y costera de la provincia por la existencia de los Parques Nacionales.
Por último, consultamos a Paula Werber, quien es integrante del departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Lago Puelo
“Nuestro aporte al país es la protección de 27.674 hectáreas de Bosque Andino Patagónico. Este parque cuenta con un microclima en el que habitan especies que no se encuentran en otras áreas protegidas”, nos cuenta.
Además de realizar las tareas que detallaron a este diario sus compañeros, Paula explica a Vía País que en Lago Puelo se encargan del mantenimiento de sendas, caminos e infraestructura como son los miradores y puentes. Y realizan la gestión ambiental de obras viales de la provincia, analizando sus impactos y las posibles emergencias ambientales que generan, como son los derrames.

Qué pasa si la motosierra pasa
“No sobra nadie”, es la consigna que adorna pancartas y banderas en las entradas de los Parques. Esta es la frase elegida por los trabajadores para visibilizar su conflicto. “Nosotros no somos la casta”, nos explican, sin poder creer que el ajuste caiga sobre ellos.
“Cada uno tiene una función que es irremplazable. Acá no soba nadie, al contrario, nos falta gente”, asegura Marcelo Rojas.
“Si no se renuevan los contratos en el Lanín, el parque se quedaría sin 123 agentes de conservación, todos profesionales, personal calificado y especializado con un promedio de contratos de más de 15 años”, cuenta preocupada Virginia Gallardo.
Paula Werber, por su parte, nos explica la situación en el Parque Nacional Lago Puelo: “Somos en total 47 trabajadores, de los cuales 16 son contratados. Si hay despidos, no podríamos realizar nuestros trabajos. Estamos muy lejos de la planta óptima de trabajadores, sería impensado reducirla aún más. Nos quedaríamos sin combatientes de incendios forestales, poniendo en riesgo a todas las áreas protegidas, a los visitantes, así como también a las localidades que nos rodean en caso de desatarse un incendio forestal, como ha ocurrido tantas veces ya”.
Esta misma situación se replica en los 55 Parques Nacionales de todo el país.
“Si hay despidos, se dejaría sin resguardo el patrimonio cultural y natural del país, como también la seguridad del visitante y las miles de especies que protegemos”, aseguran desde ATE.

Peligra la apertura de Parques Nacionales en Semana Santa
Se aproxima un fin de semana largo, donde los Parques Nacionales de las distintas provincias son un atractivo para el turismo. Sin embargo, miles de familias podrían encontrar las puertas cerradas de estos territorios por medidas de fuerza gremial. En asambleas se debate que pasos seguir para que el Gobierno frene el ajuste sobre los trabajadores estatales.
Actualmente, se están realizando movilizaciones e intervenciones artísticas en las puertas de distintos parques, donde el personal cuelga carteles e intenta visibilizar este conflicto.
“Hemos visto gobiernos pasar y hemos defendido lo que es de todos y todos los argentinos”, asegura Virginia Gallado.
Y finaliza: “Lo que estamos haciendo es abrazar la soberanía de los recursos naturales y culturales de todos”.
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