Como pez en el agua: revés judicial para Santa Fe por descuidar la fauna ictícola

Fecha de Publicación: 29/06/2023
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Santa Fe


Ambientalistas demandaron a la provincia para que ponga freno a la depredación de peces ante la falta de controles de frigoríficos y la bajante histórica del río. Un juez civil hizo lugar al reclamo e instó a las autoridades a que elaboren un plan estratégico y sustentable del recurso ictícola
La Justicia falló a favor de ambientalistas que demandaron a la provincia de Santa Fe por incumplir con su deber de conservación sustentable de los recursos del río Paraná, en un reclamo relacionado con la pesca comercial a gran escala. La causa se inició hace tres años en un intento de poner freno a la depredación de peces que, según denunciaron, es incentivada por frigoríficos exportadores que avanzan de manera indiscriminada ante la falta de controles de fauna ictícola por parte de las autoridades locales.
El juez en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, Luciano Carbajo, obliga al Estado santafesino a elaborar “un plan estratégico para la utilización sustentable del recurso ictícola”, en un plazo de 150 días y bajo los lineamientos fijados por las normativas vigentes que, según detalla minuciosamente la sentencia, están siendo incumplidas.
La abogada que patrocinó a los ambientalistas de las entidades El Paraná No Se Toca y la ONG Mundo Aparte, Romina Araguas, celebró la resolución judicial por contundente y ejemplar. “Es un fallo favorable y muy fundado. Pone en evidencia los incumplimientos de la provincia de Santa Fe que venimos denunciando hace años”, sostuvo.

Conservar la fauna
La demanda judicial fue presentada a mediados de 2020 con dos objetivos. Uno inmediato, con la presentación de una medida cautelar para la veda de pesca comercial fundada en la falta de controles gubernamentales en un escenario excepcional: la bajante histórica del río Paraná, una de las más importantes en los últimos 50 años, que afecta de manera directa la reproducción de peces.
Y por otro lado, la cuestión de fondo, con la presentación de una acción de protección de intereses difusos, un recurso judicial similar al amparo ambiental basado en la ley provincial 10.000 que protege los derechos colectivos y procura “tutelar la salud pública, conservar la fauna, la flora, el paisaje y el medio ambiente”, entre otros patrimonios de la comunidad.
La demanda de ambientalistas al Estado santafesino fue muy clara: exigir un plan integral que aborde la problemática ictícola, exactamente lo que acaba de ordenar el juez Carbajo.

Río de incertidumbres
“Nadie sabe lo que hay en el río”, dijo la abogada Romina Araguas a El Ciudadano ante un aluvión de preguntas sin respuestas que evidenciaron el reclamo ambiental.
“Hay falta de datos, falta de evaluación, falta de información, falta de control. El juez ordena que se realice un plan integral porque tiene en cuenta todas estas cuestiones”, sostuvo.
Al respecto mencionó la existencia de entidades que no funcionan como el Consejo Provincial Pesquero, creado por ley, que debería juntarse una vez por mes y no lo hace, ni siquiera ante la bajada extraordinaria del río. También hizo referencia a los Puertos de Fiscalización que fueron “desmantelados y cualquiera entra en una lancha y se lleva lo que quiere sin ningún tipo de control”.
Para la abogada, la información precisa es clave antes de tomar medidas aisladas. Como ejemplo mencionó datos obtenidos en el Instituto Nacional de Limnología (Inali), del Conicet, sobre el ciclo reproductivo de los peces y la incidencia directa que tiene la bajante. Advirtió que muchas especies se reproducen con la creciente de verano, y al no tener crecientes durante tantos años, la reproducción es mala, “algo que las autoridades no pueden ignorar” a la hora de tomar decisiones, dijo.

Modelo extractivista
Araguas también lamentó la tergiversación del reclamo ambiental que a fines de 2020, cuando se decretó la veda total de pesca en medio de la pandemia, motivó el levantamiento de pescadores comerciales que al ver coartado su medio de subsistencia realizaron piquetes exigiendo que se anule la medida.
Las protestas y cortes de tránsito en distintos puntos de la provincia hicieron eco. La veda total que había sido dictada el 29 de diciembre de 2020 por el juez civil Luciano Carbajo fue modificada días después por un tribunal de segunda instancia, tras un recurso de apelación presentado por la provincia. Los camaristas Edgar Bacarat, Avelino Rodil y Ángel Angelides dispusieron una veda parcial el 8 de enero y habilitaron la pesca con fines comerciales y deportivos tres días por semana.
“Esto nunca fue un problema entre ambientalistas y pescadores como lo plantearon algunos medios de comunicación en ese momento”, aclaró Araguas tras sostener que esa lógica deja afuera el factor principal que son los frigoríficos.
“Nosotros no estamos en contra del pescador que va todos los días a sacar el pescado para comer. Lo que vemos es que los frigoríficos arrasan con todo y le pagan monedas a los pescadores. Argentina es uno de los pocos países que exporta peces de río, porque los peces de río son escasos”, aclaró Araguas para concluir: “Nuestro problema no es con los pescadores, es con el modelo extractivista que el gobierno deja en mano de los frigoríficos”.

Lo que pide el juez
En su sentencia, el juez Carbajo resuelve hacer lugar a la demanda y en consecuencia “ordenar a la provincia de Santa Fe a que dentro del plazo de 150 días hábiles elabore y presente un Plan Estratégico para la utilización sustentable del Recurso Ictícola”.
El magistrado aclara que el plan debe comprender una serie de lineamientos acordes a las normativas vigentes y también un plazo para hacerlo efectivo.
En principio aclara que el plan deberá basarse “en información ambiental, local y pública” que permita analizar el estado actual del recurso (ictícola) y que uno de sus objetivos deberá ser “la protección de la biodiversidad y la sustentabilidad ambiental”.
Para ello insta al Estado provincial a que “produzca su propia información científica de calidad de forma local, periódica y sistemática”.
Tanto el plan integral como la información ambiental local que se genere deberán publicarse en el portal web de la provincia en concordancia con la ley 12.212.
Especifica que la información tiene que ser volcada al Registro Provincial de Estadísticas Pesqueras, al Sistema Provincial de Información Ambiental y al Registro Provincial de Operaciones Pesqueras.
En relación a las vedas de pesca, el juez indica que el plan debe incluir un “sistema de alerta temprana” a fin de proteger el recurso ante casos de crisis hidrológicas o ecológicas. Para ello propone “un sistema de veda automática de la actividad pesquera que podrá ser gradual y que se activará sin necesidad de declaración”, una decisión respetuosa con el Acuerdo de Escazú, señala.
Al respecto advierte que “las situaciones de extrema bajante como la que ha sufrido la cuenca producen importantes y graves consecuencias directas sobre la ictofauna y sobre todo el ecosistema”, y  menciona lo ya aclarado en su resolución cautelar del 29 de diciembre de 2020 cuando decretó la veda total.
Esas medidas estarán a cargo de la provincia pero en base al respaldo técnico y científico tomado de la UNL, la UNR y el Consejo Provincial Pesquero.
También insta al Estado a que ponga en funciones el Consejo Provincial de Reconversión de las Pesquerías y regularice las reuniones del Consejo Pesquero que garantizan la participación ciudadana.
Otro requisito con el que deberá cumplir el plan es que incluya “los métodos de protección del control de cupos de extracción, acopio y tallas mínimas, como también la regularización de los Puertos de Fiscalización”. Y aclara que los cupos deberán incluir el control de stock periódico de los frigoríficos.
Asimismo, se deberá poner en vigencia un método de control “del repoblamiento de las especies autóctonas” en relación a la masa total comercializada por parte de los exportadores de pescado de río.
Agrega que también se deberá prever la aplicación periódica de los fondos de reconversión pesquera y asistencia a los pescadores.
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Científicos y conservacionistas buscan proteger y preservar el Mar Argentino

Fecha de Publicación: 28/06/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Especialistas participaron del Congreso Misión Atlántico que se realizó en Comodoro Rivadavia, Chubut, con el objetivo de estudiar el actual estado del área marina argentina y delinear estrategias que aseguren su rica fauna y flora.
Científicos, organizaciones, jóvenes y líderes ambientales participaron este fin de semana de la primera edición del Congreso Misión Atlántico que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, con el objetivo de estudiar el estado del Mar Argentino y delinear una serie de estrategias con el fin de cuidar, proteger y preservar la rica y variada flora y fauna que habitan en él.
Según el Foro para la Conservación del Mar Argentino y Áreas de Influencia el porcentaje del Mar Argentino protegido está representado por 61 áreas costero-marinas, 35 de las cuales son netamente costeras y 26 abarcan, además de superficie terrestre, alguna fracción marina.
“Esta protección del espacio marítimo argentino se ha materializado recientemente. Entre 2009 y 2016 se crearon ocho Áreas Marinas Protegidas (AMPs) elevando la superficie marina conservada de un 0.8 % a un 2.8%. Luego, de 2016 a 2022, se agregaron otras AMPs, llegando a conservar el 7,8% del mar Argentino”, explicaron desde Misión Atlántico.
“Si bien este impulso hacia una mayor protección marina posiciona al país adecuadamente respecto de los compromisos asumidos ante la Convención de la Biodiversidad,  en Argentina, hoy solamente está protegido un 7,8% del Mar Argentino. Es decir, que tenemos 7 años para crear y administrar áreas marinas protegidas que abarquen el 22,2% restante para alcanzar la meta comprometida”, agregaron los especialistas.
El mar Argentino es uno de los más biodiversos del hemisferio sur, con una biomasa de fitoplancton tres veces superior a la del océano mundial y una gran variedad de especies de zooplancton, de aves marinas y de mamíferos marinos, incluyendo especies de interés pesquero. Este mar es esencial para la cadena alimentaria y la economía.
“Es hora de que los líderes del mundo miren con atención al Sur y reconozcan su inmenso valor para el desarrollo de la vida en el planeta. El  Congreso Misión Atlántico representa una oportunidad única para darle visibilidad e inspirar a los políticos y tomadores de decisión a convertirse en líderes de su protección, reconociendo los servicios ecosistémicos que brinda y la necesidad imperante de preservar su biodiversidad única”, concluyeron desde Misión Atlántico.
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Ambiente anunció una nueva línea de crédito del BID por hasta US$ 350 millones para la creación de más centros ambientales

Fecha de Publicación: 28/06/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Fue durante la apertura de la conferencia internacional sobre residuos sólidos urbanos y economía circular, que es organizada en conjunto entre la cartera de Ambiente nacional que conduce Juan Cabandié, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la provincia y el municipio de Santiago del Estero.
El viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, acompañado por el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dio a conocer el segundo tramo del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) II. Se trata de una línea de crédito para proyectos de inversión de hasta US$ 350 millones aprobada por el BID para la erradicación de más basurales a cielo abierto y creación de centros ambientales en el país.
El anuncio se dio en la conferencia internacional “Residuos Sólidos y Economía Circular. Intercambio de Experiencias para Acelerar la Transformación del Sector”, que organizó la cartera de Ambiente nacional, a cargo de Juan Cabandié, el BID, la provincia y el municipio de Santiago del Estero. El evento se lleva a cabo en el Forum Centro de Convenciones y Exposiciones de la capital santiagueña con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en la materia.
En ese marco, Sergio Federovisky explicó: “Gracias al acuerdo que hicimos al inicio de la gestión con el BID, hoy podemos ceder maquinaria a más de 150 municipios de todo el país para que puedan tratar sus residuos adecuadamente, y la inclusión de los centros ambientales con la capacidad financiera e institucional para llevar adelante estos proyectos ambientales”. “Como dice el Papa Francisco, en cuestiones tan delicadas, tan frágiles como el ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés particular y esto es lo que nos moviliza a hacer esta política”, agregó el funcionario nacional.
A su vez, el viceministro se refirió a obras en la provincia: "Con este segundo tramo del préstamo, damos inicio a las tareas de cierre de basurales a cielo abierto, tanto en la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, como la construcción del centro ambiental en 60 días, obras que ya están adjudicadas".
A su turno, Zamora expresó: “Para nosotros es una gran satisfacción y agradecemos muchísimo que hayan elegido como sede a nuestra provincia, para ser anfitriones de esta conferencia internacional. Siempre es un motivo de inmensa alegría cuando podemos ser el ámbito donde debatir cuestiones que son muy importantes para nosotros y, como decía aquí Federovisky, nos puedan ayudar a establecer algunas políticas activas que en este federalismo argentino nosotros, desde cada uno de los estados provinciales, queremos llevar adelante y convertirlas en políticas de estado en favor no solamente de nuestras provincias, sino de nuestra patria”.
Durante la conferencia, Federovisky explicó la implementación de la política GIRSU a nivel federal, que busca erradicar los basurales a cielo abierto en todo el territorio nacional. Además, técnicos y técnicas de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera nacional compartieron los avances y resultados obtenidos a través de las acciones orientadas a GIRSU financiadas por el BID en Argentina. También se abordó la temática de género, inclusión y diversidad para resaltar la necesidad de incorporarla en las políticas de gestión que se lleven a cabo en la materia. Asimismo, se presentó el caso del Ecoparque Quilmes, donde funcionarios de ese municipio de la provincia de Buenos Aires compartieron experiencias y buenas prácticas en la gestión de residuos, y resaltaron los logros alcanzados en términos de sustentabilidad y preservación del ambiente.
De las presentaciones también participaron representantes y equipos técnicos de otras carteras y entidades de los tres niveles de gobierno. En tanto, José Agustín Aguerre, representante del BID en Argentina, expuso sobre la relevancia del financiamiento como eje clave para la transformación del sector de residuos sólidos y el avance hacia una economía circular más sostenible.
La conferencia internacional continúa el día de mañana, y se puede seguir a través de YouTube, cuando el Ministerio de Ambiente explicará el proyecto de ley de envases que ingresó al Congreso de la Nación para su tratamiento. Además, se abordarán temas vinculados a la economía circular a través de experiencias en otros países de la región como Chile, Brasil, México, Colombia y Ecuador, y se sumarán, además, personas prestadoras, gestoras y consultoras en la materia y del sector académico.
Participaron también, por parte del Ministerio de Ambiente, Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Joaquín Larrañaga, subsecretario de Gestión Administrativa; Manuel Mateu, coordinador de Residuos Sólidos Urbanos y Candela Nassi, coordinadora del proyecto Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación regional para la gestión ambientalmente racional de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de países latinoamericanos (PREAL).
Asimismo estuvieron presentes en el acto el vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder; la intendenta de la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes; el intendente de La Banda, Roger Nediani; la intendenta electa de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; junto a otras autoridades.
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Advierten que el guanaco podría entrar en peligro de extinción en algunas zonas del país

Fecha de Publicación: 27/06/2023
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional


Aunque en Mendoza es una especie protegida y declarada monumento natural, a nivel nacional se han frenado los trabajos para la protección y preservación. En la Patagonia, en tanto, su caza es muy común. Esto podría afectar a las comunidades e, incluso, derivar en extinciones sectorizadas.
El guanaco es uno de los camélidos más típicos y autóctonos de América del Sur. Con una fuerte simbología dentro de la cultura ancestral y de los pueblos originarios, se trata –además- de una especie que cumple un rol fundamental desde lo ecosistémico, convirtiéndose en regulador natural de la vegetación de las áreas, así como también de la presencia de otra especie clave: el puma. En pocas palabras, hacia donde se mueve el guanaco, se mueve el puma (ya que el primero es actor protagónico en la dieta del segundo).
Sin embargo, durante los últimos años se ha producido un fenómeno y se ha vivenciado una realidad por demás preocupante, en especial en la Patagonia. Y que, según advierten los científicos y especialistas en el tema, a la larga podría terminar afectando -y disminuyendo- la población de estos ejemplares en todo el país.
“El Plan de Manejo Nacional del Guanaco vigente autoriza el sacrificio de animales, supuestamente para el uso de su carne. Sin embargo, presenta una gran problemática, ya que, si bien se menciona que hay que seguir un protocolo para fijar los cupos de caza, la metodología está muy cuestionada y pareciera estar más enfocada en una cacería de control que en una sustentable. Por ejemplo, fija extraer muchos guanacos durante los primeros años, y luego bajar la cantidad. Pero eso no permite que las poblaciones se recuperen”, destaca el presidente del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN (Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza), Pablo Carmanchahi a Los Andes.
Mientras que a nivel nacional el sector científico insiste en que se tengan en cuenta algunas consideraciones claves para la preservación del guanaco, en Mendoza se trata de una especie protegida y declarada como monumento natural. Precisamente por esto es que su caza está prohibida.
Concretamente, y de acuerdo a lo que denuncia el sector científico, el problema radica es que desde la provincia de Santa Cruz se impulsa una concepción de que el guanaco está muy cercano a ser considerado una especie plaga.
“Hay una presión política clara desde Santa Cruz, especialmente desde el sector ganadero, que no quiere saber nada con los guanacos. Pero es una historia y visión contrapuesta con la visión del resto de las provincias. Mientras que la mayoría de las provincias quiere hacer un uso sustentable del guanaco, Santa Cruz quiere erradicarlos”, resume por su parte el investigador del Instituto de Ecología Regional (Conicet Tucumán), Ramiro Ovejero. Al igual que Carmanchahi, Ovejero es parte del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos de la UICN.
Los especialistas no dudan al momento de aventurar que, si no se implementan en la práctica las últimas modificaciones que se aprobaron en el Plan de Manejo Nacional del Guanaco, en algunas zonas de incidencia la especie podría entrar en peligro de extinción.
Y es que, si bien su hábitat se extiende de Sur a Norte en la Cordillera de los Andes, la población no es continua y se encuentra muy fragmentada y sectorizada. Por lo que la erradicación en un área en concreto podría poner en peligro la presencia a futuro y su diseminación.
“A la hora de trabajar con el guanaco a nivel nacional, lamentablemente se toma como norma lo que pasa en la Patagonia. Pero el resto de las poblaciones en el país no tienen nada que ver con el núcleo poblacional que tienen en la Patagonia. Desde el Sur de Mendoza y hacia el Norte, la población está fragmentada y algunas con rastros de extinción. En San Juan, en el Norte, en Chaco, en Tucumán, del lado chileno. Son todos sectores donde están aislados los guanacos. Están fragmentados y es una especie que no tardará en estar en peligro de extinción en esa zona”, insiste Ovejero.

Preocupa la reducción de la presencia guanacos en algunas zonas argentinas
Si se pudiera trazar una línea imaginaria horizontal en el mapa de Argentina, y con foco en la zona cordillerana, el Sur de Mendoza es un hito clave para la población del guanaco. Y es que es precisamente en Malargüe (la Payunia y Llancanelo) y en la Laguna del Diamante (San Carlos) donde habitan las mayores colonias de guanacos que se encuentran en Mendoza, especie que tiene presencia también en Uspallata y Alta Montaña (llegando hasta Villavicencio).
No obstante, de Mendoza hacia el Norte Argentino, la población comienza a descender considerablemente y se limita a puntos y áreas bien individualizadas. De Mendoza hacia el Sur, en tanto, es más frecuente encontrarlos.
En la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, la presencia del guanaco se acerca a lo que podría considerarse una superpoblación (aunque los especialistas prefieren no usar ese término). Y, durante los últimos años, ha pasado a ser considerado una “molestia” para los productores ganaderos ovinos. Tanto que se ha llegado hasta a impulsar la caza del guanaco en esa provincia.
“En 2006 se aprobó y entró en vigencia en primer Plan Nacional de Manejo de Guanaco. Fue a luego de que, por medio de un convenio internacional, se solicitaba a la Argentina que dejara de exportar pieles y productos derivados del guanaco. Se había detectado en ese momento una merma poblacional muy importante”, destaca Carmanchahi, quien –además- agrega que la situación ya evidenciaba una fragmentación de las poblaciones. “Se había identificado poblaciones que antes eran continuas, pero –a raíz de la fomentación de la caza- se había ido fragmentando en poblaciones chiquitas y desconectadas. Al no haber flujo génico, no se daba la resiliencia”, agrega el presidente del Grupo de Especialistas en Camélidos Sudamericanos (GECS).
Entre las causas de la baja de la población que se advirtieron en aquel momento y que habían encendido una alarma en lo referido a la preservación de estos animales, se enumeraba la reducción de su hábitat por actividad minera, por la ganadería (principalmente, ovina) y por la expansión de la explotación petrolera.
También advirtieron que había proliferado la cacería -legal e ilegal- de estos ejemplares. A raíz de esto, la convención internacional que rige flora y fauna amenazadas recomendó que no se exporten más productos de guanacos, hasta que no haya un plan nacional. Así fue como se dio forma, en 2006, al primer plan, del que participaron todas las provincias y el sector científico y buscaba evitar que se redujera la especie, además de enfocarse en el uso sustentable de la especie”
En 2019, y ante el cambio del contexto –lógico teniendo en cuenta que habían transcurrido 13 años desde la primera iniciativa- se modificó el Plan Nacional de Manejo del Guanaco. Y es aquí donde, según denuncian los investigadores del Conicet, se estancaron los avances y se les dio un marcado protagonismo y consideración a la postura de los productores ganaderos patagónicos.
“A diferencia de cuando se elaboró el plan de 2006, para esta modificación no se escuchó la opinión del sector científico, ni tampoco a las otras provincias involucradas. Solo se enfocó en Santa Cruz. Mendoza, con toda la historia que tiene y siendo una de las provincias que desarrolló las primeras metodología de aprovechamiento del guanaco, no fue escuchada”, destacó Carmanchahi. “Es grave que se haya dejado afuera a provincias del Norte, que hoy tienen muy poca población y está casi extinta”, sostiene Ovejero, quien además integra la comisión para la Supervivencia de las Especies y el Nodo Sudamericano del Global Initiative on Ungulate Migration.

La urgencia para garantizar la continuidad de los guanacos
En noviembre de 2021, ante este panorama poco alentador y que fomentaba el modelo de la erradicación de los ejemplares, la comunidad científica y las otras provincias involucradas en la zona de incidencia del guanaco iniciaron un proceso de revisión del plan nacional. En total, se generaron 14 mesas sectoriales de las que participaron productores, el Conicet, el INTA y el Senasa (entre otros).
A fines del año pasado, la primera etapa culminó y se completó un primer diagnóstico sobre la situación. La conclusión fue clara: advirtieron una marcada presión del sector ganadero ovino para que no se trabaje en el uso sustentable del guanaco, sino que se lo siguiera erradicando.
“En Argentina no logramos sacar el plan adelante. Santa Cruz pretende que la especie sea considerada doméstica y que ingrese a la esfera del Ministerio de Producción. Pero desde el grupo estamos proponiendo que el guanaco forme parte de la convención para migración de las especies (la vicuña y el huemul ya están ahí). Son especies que estuvieron al borde de la extinción y están en peligro crítico”, agrega a su turno Ovejero sobre la intención de ampliar su protección.
El referente destacó, además, que existe un plan de protección por regiones y territorio, pero que no está activo a nivel nacional. Desde su óptica, la aplicación de los cambios en la política nacional le daría muchas herramientas y posibilidades de acuerdo entre provincias y países.
“Hasta ahora no tenemos una población al borde de la extinción, pero sí vemos que hay poblaciones muy aisladas. Si siguen estos procesos y estos movimientos ecológicos y antrópicos, probablemente lleven a la extinción”, advirtió.

La situación en Mendoza y la cooperativa Payún Matrú
En Mendoza, el guanaco es una especie protegida. Por un lado, la ley provincial 6.599 lo declara Monumento Natural Protegido, mientras que la ley provincial 4.602 (de Fauna) también lo protege. En pocas palabras, la caza del guanaco está terminantemente prohibida en Mendoza.
El director de Recursos Naturales Renovables de la Provincia, Sebastián Melchor destacó que Mendoza planteó oportunamente objeciones al Plan Nacional de Manejo del Guanaco vigente en la actualidad. “La objeción es porque, principalmente, se parte de una idea de que hay una cantidad importante de guanacos. Pero eso no está certificado ni investigado, por lo que se merece un estudio puntual y particular”, indica Melchor.
La reserva natural y área protegida La Payunia (Malargüe) es el territorio donde se realizan los movimientos migratorios más importantes de guanacos en Mendoza.
“Se ve que en las áreas protegidas, con el pasar las décadas, se fue teniendo un mejor manejo. Si ha crecido o no la población, no se sabe. Pero el peligro no es solamente la caza, sino la llegada de otras especies. Lo mismo ocurre con la sequía y la mayor disminución de disponibilidad de alimentos y los cambios en el clima. Son situaciones muy concretas y muy reales”, reafirma el director de Recursos Naturales.
Los referentes del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos también destacaron el trabajo que se hace en Mendoza y referidos a la protección del guanaco. En ese sentido, pusieron en valor el sistema de protección de áreas a raíz de que la comunidad entendió el rol importante del guanaco en el ecosistema.
“Es muy importante el trabajo que se ha logrado hacer con cooperativa Payún Matrú, de la zona de Payunia. Pudimos transferir toda la metodología para hacer un manejo sustentable de guanacos silvestres, gente se capacitó y comenzó a utilizar a la especie. A partir de 2013, con financiamiento, construimos en Las Salinillas la única planta textil de Argentina y Sudamérica que procesa lana de guanacos”, destaca por su parte Carmanchahi.
A la comunidad que vive en la zona se la capacitó para que pueda esquilar a los guanacos y tengan donde procesar el material. El objetivo fue generar mano de obra, innovaciones y un polo de desarrollo socioeconómico.
“Hace más de 20 años venimos trabajando. Lo más reciente fue que logramos certificaciones internacionales para lo que serían las buenas prácticas del manejo sustentable del guanaco. La cooperativa Payún Matrú se terminó convirtiendo en pionera en el manejo del guanaco”, agregó a su turno Ovejero.
Desde Recursos Naturales Renovables confirmaron, por su parte, que, si bien en la actualidad se encuentra suspendida momentáneamente la esquila de estos animales por parte de los integrantes de la cooperativa, están trabajando para retomar y reactivar la práctica.
Desde el punto de vista referido a la producción textil, el hecho de que se fomente el uso sustentable del guanaco en Mendoza mientras que en la Patagonia se autorice su caza también perjudica a los productores mendocinos. Y es que no es lo mismo la disponibilidad de fibra con los ejemplares vivos -y tratados sustentablemente- que con el animal muerto. Este es otro de los aspectos que pretenden regularse con la implementación del plan nacional.

Un atractivo único y un aporte invaluable
Además de su papel como regulador natural de la vegetación, el guanaco tiene un papel protagónico en la cadena trófica. Se trata de la especie principal en la dieta del puma, por lo que –como predador-, al estar el guanaco, los felinos no van a elegir otras presas.
En aquellos casos en los que se han producido ataques de pumas al ganado ovino, la situación está directamente vinculada con que estos últimos “corrieron” al guanaco de su hábitat, por lo que el puma se ve obligado a cambiar de presa.
Además, estos camélidos tienen un rol clave en lo económico. A partir a partir del uso de su fibra –o lana-, pero también desde lo turístico. “Hay todo un circuito turístico de safaris fotográficos que consumen los extranjeros. Cerca de 95% de las poblaciones de guanaco en el mundo están en Argentina, y eso es algo que el turista valora”, se explaya Carmanchahi.
Desde lo cultural y ancestral, también se trata de una especie por demás valiosa. Y es que el guanaco fue el principal recurso para todas las comunidades originarias argentinas, y sus usos y costumbres iban desde el uso medicinal hasta usos lo referido a prendas.
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Misiones sancionó una ley que prohíbe el uso del glifosato

Fecha de Publicación: 27/06/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Misiones


La Cámara de Diputados de la provincia aprobó una ley que establece un periodo de dos años para erradicar este producto químico.
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una ley que prohíbe el uso del glifosato y otros agroquímicos en un plazo de dos años, al mismo tiempo que fomenta la producción de bioinsumos.
La nueva norma, que entrará en vigencia en 2025, establece la prohibición total del herbicida, sus componentes y productos relacionados en toda la provincia. La medida busca impulsar un cambio cultural en los sistemas productivos hacia prácticas más sostenibles y amigables con el medio ambiente.
El cuerpo del proyecto contempla además la conformación del marco regulatorio para la investigación, desarrollo, producción, procesamiento, registro, comercialización y utilización de productos biológicos naturales.

La ley plantea siete objetivos
- Generar líneas de trabajo colaborativas a los efectos de promover el desarrollo de insumos biológicos
- Optimizar los procesos de elaboración de los productos utilizando métodos de purificación totalmente orgánicos.
- Promover planes de acción para el adecuado manejo del riego agropecuario y la eficiencia del uso del agua.
- Diseñar y ejecutar acciones tendientes al crecimiento y desarrollo sustentable de los cultivos en la provincia.
- Incentivar al desarrollo de nuevos procesos tecnológicos para la producción de bioinsumos a los fines de impulsar su utilización como herramienta primordial en el territorio.
- Enfatizar el empleo de técnicas relacionadas con el reciclaje de materiales orgánicos para mejorar la fertilidad del suelo, el control biológico de plagas y enfermedades, utilizando semillas provenientes de sistemas de producción orgánica
- Difundir los beneficios y la importancia de la utilización de bioinsumos

Glifosato: el herbicida por el que Bayer tuvo que pagar US$11.000 millones en demandas
La empresa farmacéutica Bayer pagó hace pocas semanas US$11.000 millones por una demanda sobre su herbicida ante la posibilidad de que cause cáncer. El producto en cuestión es el glifosato, objeto de unas 125.000 demandas anuales por los supuestos efectos cancerígenos.

¿Qué es el glifosato?
El glifosato se usa en agricultura para el control de la maleza en áreas industriales. Su efecto sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que mata a la mayoría de ellas cuando se aplica. Los agricultores lo rocían en los campos antes de que sus cultivos broten en primavera. Así no tienen que competir con las malezas de los alrededores.
Algunos también lo usan como un tratamiento previo a la cosecha, porque seca los cultivos y facilita la recolección. Hay cultivos, como la soja, que han sido genéticamente modificados para resistir al glifosato.

¿Qué efectos puede tener sobre la salud?
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que la substancia es "probablemente carcinógena para los humanos".
Sin embargo, un informe conjunto de la OMS y la ONU de 2016 determinó que, si bien algunas investigaciones sugerían "alguna evidencia de una asociación positiva entre la exposición al glifosato y el riesgo de linfoma no Hodgkin", el único estudio grande de alta calidad encontrado "no mostró evidencia de una asociación en cualquier nivel de exposición".
A pesar de esto, la Justicia emitió en 2018 el primer fallo vinculando al glifosato con el cáncer. En este dictamen, el tribunal de California le otorgó a los demandantes una sustancial compensación.
Entre los litigantes se encontraba Dewayne Johnson, quien padecía un cáncer terminal diagnosticado en 2014. El jardinero utilizó decenas de veces herbicidas con glifosato de las marcas RangerPro y Roundup, comercializadas por Monsanto en EE.UU.
El jurado de California determinó que los herbicidas de Monsanto contribuyeron "sustancialmente" a la enfermedad terminal de Johnson.
Bayer, que compró Monsanto hace dos años por US$63.000 millones, niega que el glifosato sea cancerígeno, pero dijo que pagaría la suma para acabar con la "incertidumbre".
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Senadores kollas piden más diálogo sobre la explotación del litio

Fecha de Publicación: 26/06/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


El conflicto social en la vecina provincia motivó un pronunciamiento impulsado por 18 senadores provinciales. Representantes de departamentos de la Puna sostuvieron que la violencia se asienta en el creciente interés por el litio, y reclamaron que el gobierno de Salta elabore un plan minero en diálogo con las comunidades.
Los vínculos, geográficos, culturales, de sangre, que unen a Salta y Jujuy se expusieron ayer en la sesión de la Cámara de Senadores, en la que la ebullición social y la represión a manifestantes, sobre todo a las comunidades indígenas, en la vecina provincia encendió luces de alarma.
"Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna", advirtió Walter Cruz, senador kolla, representante del departamento Iruya. “Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, agregó Leopoldo Salva, del vecino departamento Los Andes y también kolla.
La discusión fue habilitada por un proyecto de declaración firmado por 18 senadores del oficialismo provincial, Mashur Lapad, Diego Cari, Héctor Calabró, Sonia Magno, Leopoldo Salva, Marcelo García, Walter Cruz, Esteban D'Andrea, Alfredo Sanguino, Daniel D'Auria, Sergio Ramos, Dani Nolasco, Maniel Pailler, Carlos Rosso, Emiliano Durand, Javier Mónico, Jorge Soto y Walter Aban, en el cual se manifiestan "preocupación por la grave situación social que atraviesa la Provincia de Jujuy", expresan su deseo de que haya "diálogo" y repudian el "uso de la violencia".
“(Salta y Jujuy) Compartimos un mismo territorio, la Puna, compartimos una misma cultura, los mismos paisajes” y “compartimos siempre los mismos problemas también”.
“Vemos que son problemas que nos van a venir también a nuestra región”, sostuvo Salva, el que expuso con mayor énfasis la cuestión del litio como motivo para el crecimiento de la conflictividad social, y el aumento de la violencia represiva, en la provincia de al lado.
Salva (del bloque Evita Conducción) hizo un llamado a la reflexión, a dialogar. “Este problema surgió por la gran desinformación que hay en la zona, no hay una política clara de cómo se quiere trabajar, no hay una política de participación de las comunidades y por eso suceden estos problemas, por la falta de diálogo permanente”, señaló.
En su visión, lo que pasa en Jujuy tiene que servir al gobierno de Salta “para realizar una política clara con la actividad minera, con los territorios, con nuestros humedales, con nuestros paisajes, con nuestra zona”, porque “si no hay una política clara, un programa claro de gobierno de la minería, nos van a surgir lo mismos problemas”, insistió. Habitante de San Antonio de los Cobres, donde están los proyectos de litio en Salta, contó que “hoy se están discutiendo estos temas en nuestras regiones, qué va a pasar, cómo va a ser el desarrollo”, que hace poco se reunieron sus habitantes para discutir sobre “las inversiones, los proveedores, los que van a trabajar, cómo vamos a ser beneficiados los que vivimos en la zona, eso no está claro todavía”. “Falta mucho diálogo”, tienen que “escuchar mucho a las comunidades” porque son las que viven en el territorio, afirmó.
"No nos sirve de nada la represión, no nos sirve de nada llevarnos todo por delante, no nos sirve de nada una política pensada desde una oficina, no nos sirve”, ratificó antes de volver a pedir reflexión “a quienes tienen la responsabilidad de fijar políticas con respecto al litio”.
Walter Cruz (del bloque Compromiso por Salta), que habló antes, cuestionó la reforma de la Constitución de Jujuy. “Todos los argentinos nos regimos por nuestra Constitución Nacional” que en su artículo 75 inciso 17 establece los derechos indígenas, recordó, y reivindicó la movilización de las comunidades originarias de la provincia vecina: “Cómo no se van a movilizar si están tocando sus tierras, lo único que tienen quizás”.
"Hoy en día se han dado cuenta que nuestros cerros, nuestras quebradas, también tienen riquezas”. “Ahora vienen por nuestras tierras, por nuestro litio, y esta es la causa fundamental de lo que ha pasado en Jujuy”, aseguró. Entonces, recordando su pertenencia al pueblo kolla de Iruya, advirtió: “Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna, va a pasar en nuestro Iruya, en nuestro Nazareno, en nuestro Santa Victoria”.
Cruz también llamó a la reflexión y pidió que en Jujuy “se instale un diálogo verdadero, que sea capaz de realmente de escuchar todas las voces”, no un diálogo “para decir hemos dialogado y después no cambiar nada”. Antes había recordado que no hubo consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios del territorio jujeño.
Se las violentó a las comunidades originarias, afirmó, no solo con la represión, sino también con una reforma constitucional inconsulta, con el desconocimiento de leyes y tratados internacionales que reconocen sus derechos. Todo hecho, “con la traición, por supuesto, de muchos hermanos, como que ha sucedido de 1492 para acá, siempre la mayoría luchando y algunos traicionando para cuidar sus pequeños privilegios”.
En ese punto recordó que en la lucha por la independencia nacional que encabezaron Martín Miguel de Güemes y Manuel Blegrano, fueron los kollas quienes "peleamos por la patria", y no atrás, “en las vanguardias, siempre parando las patas primero. Y, en cambio, aquellos que siguen buscando hasta ahora el poder económico, no peleaban. Nunca han peleado por Argentina ellos, jamás, mandaban a sus sirvientes, a sus esclavos, pagaban para que otros supuestamente peleen por ellos, ellos jamás se han manchado las manos con sangre, jamás han peleado por esta Argentina, no les importa”. En ese contexto, hizo un llamado al gobierno de Jujuy, a que "sepa retroceder cuando haya que retroceder, reconocer errores “y sobre todo no les quite más derechos a mis hermanos”.

"Morales jugó a los soldaditos"
Miguel Calabró (Evita Conducción), del departamento La Caldera, que linda con Jujuy, inició las intervenciones recordando los vínculos que unen a ambas provincias, y cuestionó al gobernador Gerardo Morales. “Vimos un estado provincial ausente, un gobernador ausente, un gobernador que solo pensó en como lo verían los porteños por televisión”, como lo vería “aquel sector que cree que con violencia, con un estado represor, las cosas pueden mejorar” y “jugó a eso, jugó a los soldaditos”, sostuvo.
El representante de Cachi, Walter Wayar (FdT) puso énfasis en la gravedad que implica que el Estado ataque a manifestantes, y consideró que no basta con un pedido de diálogo. “En Jujuy hubo una represión del estado a ciudadanos comunes, a vecinos argentinos”, aseguró.
También advirtió sobre los discursos de odio que se replican en la televisión y señaló que pueden llevar a un aumento de hechos violentos. “Cuando el que ejerce la violencia es el estado” es grave, “ya ha vivido la Argentina años oscuros donde el estado, hablando de patriotismo y de unidad nacional, hablando de encausar a la Argentina hacia un camino de progreso", ejerció la violencia y "tenemos más de 30 mil desaparecidos y muertos”, recordó.
Wayar fue uno de los senadores que el 1 de junio, en medio de una gran protesta docente, se opuso a la regulación de la protesta social en Salta, que se conoció como ley antipiquetes. "Salta estuvo cerca de cometer errores", recordó ayer en referencia a ese momento. Añadió que fue esta Cámara la que descomprimió el conflicto, que el debate que se produjo en este recinto provocó la reflexión del gobernador Gustavo Sáenz, que vetó parcialmente la ley antipiquetes, "que para mi gusto debió vetarla toda", pero se avanzó "para que el conflicto bajara y la provincia de Salta no pasara a ser Jujuy".
Y volviendo a Jujuy, agregó: "Me parece que priorizan los negocios mineros", que "priorizan los negocios de la tierra". Y atacó a la reforma de la Constitución jujeña a la la ley antipiquetes de Salta. "Hay un Código Penal, no es que hay un vacío legal, no es que no se puede actuar (frente a delitos cometidos durante una protesta), dejémonos de mentir", de fomentar que la sociedad crea que "con palos y represión se van a solucionar los probelmas. No es así", advirtió.
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Prohibido para siempre: el Senasa le dio el adiós definitivo a un insecticida

Fecha de Publicación: 26/06/2023
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Luego de una revisión integral sobre los antecedentes científicos y el riesgo para la salud de estos insumos, el organismo sanitario dio de baja de sus registros a los fitosanitarios que contengan clorpirifos etil y metil.
Luego de actualizar los parámetros toxicológicos crónicos y los coeficientes de seguridad que determinan la ingesta diaria admisible utilizada para realizar los análisis de riesgo al consumidor, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dio de baja los principios activos y productos fitosanitarios que contengan clorpirifos etil y metil.
“Esta prohibición fue establecida luego de una revisión integral de antecedentes científicos sobre los riesgos para la salud humana asociados al principio activo Clorpirifos y tomando también en consideración procesos de revisión que llevaron a cabo distintas agencias regulatorias del mundo”, plantearon desde el organismo.
El insumo formaba parte del Registro Nacional de Terapéutica Vegetal que está a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos y depende de la Dirección Nacional de Protección Vegetal.
Además las autoridades sanitarias recordaron que “en caso de constatarse incumplimientos o transgresiones a la mencionada resolución, el infractor es pasible de las sanciones establecidas”.
¿Cuáles podrían ser? En materia monetaria la penalidad más alta puede alcanzar los $10.000.000, pero también el organismo de control está facultado para suspender al infractor en los registros en los que esté activo durante el lapso de un año, clausurar su establecimiento y decomisar productos.
“Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas por separado o en forma conjunta varias de ellas, conforme con la gravedad de la infracción, el daño causado, y los antecedentes del responsable”, plantearon.
Con esta medida concluye a la vez el procedimiento para la comercialización y uso de los productos que contengan clorpirifos etil y metil, dispuesto mediante su Resolución 414 del 6 de agosto de 2021, que establecía un tiempo de 455 días hábiles para permitir su utilización a fin de “finalizar con los stocks disponibles y que no se generen partidas de este producto sin utilizar”.
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La deuda ambiental de Argentina: ya se agotaron los recursos que se producen por año    

Fecha de Publicación: 24/06/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Nacional


Basado en datos de la Huella Ecológica, que mide los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos, este año el Día del Exceso de la Tierra se alcanza en la Argentina el 24 de junio. "La única manera de retrasar esta fecha es a través de un verdadero cambio en nuestra forma de vida", dijo un especialista.
La deuda ambiental de Argentina: ya se agotaron los recursos que se producen por año A partir del 24 de junio, Argentina ya habrá agotado todos los recursos naturales que puede producir durante el año, por lo que durante los próximos seis meses consumiremos a crédito los recursos futuros, generando una nueva "deuda ambiental", informó este jueves la Fundación Vida Silvestre.
Basado en datos de la Huella Ecológica, que mide los recursos naturales que tenemos y cómo los utilizamos, este año el Día del Exceso de la Tierra se alcanza en la Argentina el 24 de junio, por detrás de otros países como Qatar, que fue el primero en agotar sus recursos el 10 de febrero; Estados Unidos, el 13 de marzo; Francia, el 5 de mayo; o España, el 12 de mayo.
A nivel global, el Día del Exceso de la Tierra llegará el próximo 2 de agosto y es una iniciativa realizada por la Red Global de la Huella Ecológica (Global Footprint Network, GFN), que actúa como indicador mundial de la velocidad en la que estamos "consumiendo el planeta", según difundió en un comunicado Vida Silvestre.
Desde la década de 1970, la demanda de recursos naturales de la humanidad ha superado la capacidad de la Tierra para regenerarlos.
"Para nuestro país, la fecha es un poco más de un mes antes que el promedio global y los datos dejan en evidencia que, si todo el mundo explotara los recursos naturales como lo hacemos en Argentina, se necesitarían alrededor de dos planetas para abastecer el sistema de producción y consumo", afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
"La única manera de retrasar esta fecha es a través de un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, hasta la manera en que nos movemos", agregó.
Sobre este punto, advirtió que "si bien todas las personas podemos hacer algo para demorarla, hacen falta también cambios a gran escala desde los gobiernos y el sector privado".
"En un año electoral es necesario que la agenda vinculada a la producción sostenible, la transición energética basada en la promoción de energías renovables y el uso eficiente y racional de la energía, la lucha contra la deforestación y la pesca ilegal, la implementación plena de la legislación ambiental y la tipificación del delito penal ambiental forme parte activa de los debates de campaña", aseguró.
Los resultados de la huella ecológica a nivel mundial son un indicador de "la presión sin precedentes que las actividades humanas están ejerciendo sobre la naturaleza" y muestran que "la humanidad está en números rojos y tiene lo que se conoce como deuda ecológica", agregó el texto.
Al ritmo que consumimos, estamos usando un 70% más de recursos naturales de lo que los ecosistemas del planeta pueden regenerar en un año.
Para alcanzar el objetivo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que busca reducir las emisiones de carbono en un 43% en todo el mundo para 2030 en comparación con 2010, sería necesario retrasar el Día del Exceso de la Tierra 19 días al año durante los próximos siete.
La Huella Ecológica es la métrica de contabilidad de los recursos biológicos más completa disponible, se calcula sobre la base de 15.000 puntos de datos por país por año, y es producida por la Fundación de Base de datos de Huella Ecológica (FoDaFo) con la Universidad de York en Toronto.
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La drástica advertencia de una especialista en medio ambiente sobre las grandes ciudades del país

Fecha de Publicación: 24/06/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional


El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) es una organización sin fines de lucro de Argentina que se dedica a promover políticas públicas efectivas en diversas áreas, incluyendo el medio ambiente.
A través de la investigación rigurosa y el diálogo con actores clave, Cipecc busca generar propuestas basadas en evidencia para abordar desafíos ambientales, como la conservación de recursos naturales, el cambio climático y la promoción de prácticas sostenibles. Para ahondar en el tema medioambiental y la vida urbana, la directora del Programa de Ciudades, María Victoria Boix dialogó con MDZ.

-María Victoria Boix, directora de Programa de Ciudades de Cippec. Gracias por recibirnos para hablar sobre cuestiones referidas al medio ambiente y al urbanismo.
-Muchas gracias Gonzalo por invitarnos a hablar en este espacio.

-¿Cuáles creen que son políticas viables que se puedan hacer en la Ciudad de Buenos Aires para generar una transformación a una ciudad verde?
-Las grandes ciudades, como la Ciudad de Buenos Aires, tienen tres grandes fuentes de emisiones; o sea que sí estamos pensando en eso. Energía, energía de edificios, de hogares y de edificios públicos. Eso explica, en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 50% de las emisiones. Otro 20% está relacionado con el transporte y un 17%, aproximadamente, de residuos.
Entonces, ahí hay que apuntar un poco los cañones, a esos tres grandes rubros. Creemos que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un recorrido muy importante; por ejemplo, al priorizar el transporte público, en reducir poco lo que es desincentivar el uso de los autos, en generar "microcentralidades" que permitan menos traslados en la vida cotidiana.
Hay que seguir promoviendo esto y también trabajar en algunas estrategias más específicas. Dar el siguiente paso. Algunos de estos pasos pueden ser cómo adecuamos nuestras eficiencias, la eficiencia energética en todos los edificios, tanto públicos como como en los de las viviendas y los hogares de cada uno de nosotros. Entonces ahí hay mucho para hacer. Los códigos no están incentivando necesariamente esto. Hay estrategias a nivel mundial que tienen que ver con con la incorporación de certificaciones de etiquetado energético, de generar también más incentivos para que la gente adopte aires acondicionados, estufas, termotanques mucho más eficientes. Las nuevas tecnologías generan muchísimo menos el gasto y eso redunda en una mejor eficiencia energética.

-En la ciudad, como todo el país, como todas las personas, están atravesando un momento de crisis económica y con una pobreza creciente. ¿Todo esto se puede enfocar de una manera en la que genere menos costo para el Estado, que está necesitado de también cumplir con otras, con otras funciones?
Sí. La eficiencia energética genera obviamente que tengamos menos gasto en el mediano plazo. El problema de muchos ante este tipo de desafíos es que por ahí vas a tener esa ganancia en el mediano plazo y no en el corto. Por eso es muy importante decidir estratégicamente y hacer cosas de forma paulatina.
Esto que te decía de la educación de los edificios, las estrategias de dar en el mundo, no es de decidir de un día para el otro que todos los edificios tienen que ser construidos con certificaciones. No se va haciendo de forma paulatina, se va empezando a mostrar, por ejemplo, a la ciudadanía, a generar demanda en el mercado, y eso empieza a tener también un valor económico.
Se empiezan a diferenciar las marcas también por el "que te da", es ese diferencial energético y en el fondo termina redundando en la mejora de los bolsillos de los ciudadanos y también de los Estados que implementan estas estrategias que, en definitiva, gastan menos en el mediano plazo.

-Argentina, por suerte, porque eso significa desarrollo, tiene un número importante de ciudades, de urbes que tienen un conglomerado urbano alrededor de una gran dimensión ¿Esa contaminación se ve replicada en todo el país o es algo que se presenta principalmente en el AMBA?
La contaminación no solamente en términos de contaminación ambiental. Tenemos contaminación sonora, que eso se da también en todas las todas las grandes urbes, del aire y el agua, principalmente, que en el país es una problemática muy fuerte y no se ve tanto.
En términos de agua, por ejemplo, tenemos 27% de la población que aún no tiene cloacas. No, uno no piensa, no lo asocia rápidamente con contaminación, pero es una fuente de contaminación importante de las napas y eso redunda en nuestra calidad de vida. Y eso se da sobre todo también en provincias del Norte, pero esta distribuido en todo el país, Conurbano también. Después tenés muchos problemas jurisdiccionales, se vierten deshechos desde las industrias a los ríos y demás, y eso requiere una regulación que no es de única jurisdicción.
También tenemos contaminación del aire y ahí hay muchísimo que tiene que ver con lo que te decía recién de las tecnologías de nuestra flota, donde hay tal vez flotas de transporte público y privado muy antiguas. Eso emite muchísimos gases y eso se va mejorando tanto con desincentivar el uso del auto, generar otras opciones de movilidad más sustentable, ciclovías, espacios donde no se pueden ingresar con el auto y mantenés una calidad del ambiente óptima. La infraestructura verde es fundamental para reducir la contaminación, reducir las emisiones de carbono y también para reducir, por ejemplo, el calor. Cuando tenemos una ola de calor o ir atrasando cómo se va filtrando el agua de lluvia y genera menos inundaciones, entonces ese tipo de estrategias te permiten trabajar un poco de forma integral.

-Publicaron hace poco un informe de la ciudad de Mendoza y la ciudad de Rosario como distritos que están impulsando políticas verdes.
Sí, nosotros encontramos que hay 78 ciudades de Argentina que ya tienen, por ejemplo, un plan de acción climática. Entre ellos están Rosario, Mendoza. Cada uno tiene su característica distintiva. Por ejemplo, cómo destacar que Mendoza hoy está trabajando con inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, microbasurales. Los los microbasurales o los basurales a cielo abierto son una fuerte fuente de contaminación. Entonces es muy importante que las puedan detectar y no les permitan crecer y están buscando distintos tipos de estrategias, también para avanzar con el uso de tecnología, para trabajar en pos del cambio climático.
Rosario, por ejemplo, es pionero en todo esto de etiquetado de edificios. Es una de las ciudades que ha impulsado esto, pero por ejemplo la ciudad de Santa Fe, ha trabajado muy fuerte en gestión de riesgos. Estos tuvieron una inundación muy importante unos años atrás y han podido trabajar en esta materia, generaron obras específicas e hidráulicas y también un sistema de alerta temprana muy fuerte, con protocolos muy bien estandarizados, que también es parte de lo que es "ser verde", no solamente trabajar para mitigar o reducir las emisiones en el mediano plazo, sin prepararnos. Hay una realidad climática que cambió y nosotros tenemos que estar preparados, porque además las poblaciones más vulnerables, los barrios populares, sobre todo las mujeres y los niños, los adultos mayores, están más expuestos. Entonces es importante trabajar en detectarlos, dónde están los sectores con más vulnerabilidad y poder actuar en consecuencia y generar protocolos.

-¿Hay modelos que se pueden importar a nuestro país sobre el cuidado del medio ambiente?
De hecho, estos planes de acción climática que te comento vienen, por ejemplo, muy impulsados por las redes del C40, que tiene muchísimas ciudades de todo el mundo. Hoy la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Santa Fe hicieron su estrategia de resiliencia urbana que viene de las redes en ciudades resilientes. Hoy por hoy se está trabajando también en estrategias más focalizadas.
Nosotros estamos impulsando en Argentina estrategias que están haciéndose en Santiago de Chile o en ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, que se focalizan en el calor urbano. Tuvimos o tenemos olas de calor cada vez más frecuentes, temperaturas más altas que implican un riesgo de vida e implican también una peor calidad de vida en un montón de aspectos.
Se pueden armar acciones concretas, específicas para esto. Hay otro tipo de modelos, por ejemplo, en Francia, en París, adoptaron hace un tiempo la "ciudad de los 15 minutos". Esto que significa tratar de tener todo cerca de tu casa, que no necesites hacer traslados al microcentro o a otro punto lejano de tu ciudad para hacer tus cosas cotidianas.
Eso tiene un montón de beneficios para la ciudad, porque vos no necesitás trasladarte, podés realizar y aprovechar mejor tu tiempo y en términos medioambientales es muy beneficioso porque, sin tener traslados, un montón de estas cuestiones que veníamos conversando.

-¿Por qué crees que el tema de del cambio climático no aparece en la agenda político o en la agenda partidaria?
Bueno, creo que hay algunos factores que lo llevan, depende un poco de también de que cuestiones tengan para mostrar. Pero el cambio climático, como requiere también una mirada muy de largo plazo y de inversión, muchas veces, como vos mencionabas al principio se lo percibe como que no le cambia el metro cuadrado al vecino, a la vecina. Pero como estamos viendo sí lo hace. Pero es algo quizás más difícil de entender que quizás los problemas que estamos viviendo hoy, como la inflación o problemas de empleo.
Son cuestiones que tienen más mediano y largo plazo y creo que también por eso muchas veces no está en nuestra agenda cotidiana, pero por suerte creo que hay una juventud cada vez más comprometida con esta temática que va empujando esto en la agenda pública.

-¿Hay una vuelta atrás del cambio climático?
No, la verdad es que la nueva realidad climática llegó para quedarse. Lo que sí tenemos mucho para hacer es tratar de no superar los umbrales que se consideran más peligrosos y por eso es muy importante que actuemos ya en acciones concretas, porque las ciudades además es donde más se generan.
Los gases de efecto invernadero son 70% más o menos, surge de las ciudades en todo el mundo. Por otro lado, es donde están las soluciones, donde también está la gente viviendo y sufriendo esas consecuencias.

-Argentina, según trascendió, es uno de los países que menos carbono emiten ¿Por qué le dirías a una persona que, a pesar de esto, tenemos que trabajar igual?
Mirá, nosotros somos de los que menos emiten, pero el sur global es donde más se reciben los efectos. Eso también está estudiado. Hay un debate global sobre quién debería pagar por esos daños y perjuicios. Pero este verano tuvimos el verano más caluroso de nuestra historia en por lo menos de lo que se registra y que se tiene registro periódico.
Entonces eso sabemos que existe y ya nos afecta. Entonces ya deberíamos estar trabajando por lo menos para adaptarnos a esta realidad. Entonces sí sabemos que podemos tener lluvias más frecuentes e intensas, sabemos que tenemos olas de calor muy fuertes e intensas. Estás en Mendoza y sabés que tenés problemas con el agua y que encima si no nieva, digamos durante el verano, probablemente tengas más problemas también con el agua, que es de los que ya tenías originalmente.
Necesitamos actuar ya porque nuestra calidad de vida está en riesgo. Sobre todo también, como te decía, quizás hay una parte muy invisibilizada, pero todos los barrios informales que tenemos en nuestro país, más de 5 millones de personas viven ahí. En general, no tienen acceso a la sombra de un árbol, por ejemplo, y eso también es parte de adaptarnos al cambio climático.
Es poder pensar la infraestructura verde donde hoy no llega, donde está atrasada la ciudad, poder acceder a los servicios básicos, la conexión con el agua, las cloacas, estas cuestiones que también son básicas pero son fundamentales para atravesar y prepararnos. Estar bien preparados para cuando tengamos un evento climático extremo.

-En Buenos Aires se está trabajando en obras sobre el Río de la Plata para cambiar la fisionomía de la Costanera, olvidada por el porteño, para que sea habitable y con parques ¿Cuánto puede influir este aumento de metros cuadrados verdes en la ciudad?
Mira, Siempre celebramos primero tener nuevos espacios verdes públicos, que es súper importante y hay muchos estudios que demuestran el impacto que tiene en la calidad de vida de la gente. Lo que tiene la Costanera es que está más alejada de donde hay más densidad poblacional. Entonces ahí lo que tenemos es un desafío de hacer que la gente pueda llegar ahí.
Por ejemplo, barrios como Boedo no tienen plazas. Entonces siempre en estas ciudades tenemos ese tipo de cuestiones y desafíos. Cómo pueden influir igual e ir generando corredores verdes que se van conectando entre sí. Son muy buenos para generar biodiversidad. Entonces en el mediano plazo generan múltiples beneficios para la ciudad en su conjunto. Así que celebramos ese tipo de iniciativas.

-Argentina es un país con grandes reservas de agua dulce. Tiene esa dicha y al mismo tiempo hay una irresponsabilidad en el trato del agua. Es como que "hay tanta que nunca se va acabar" ¿Cuánto le costaría a la Argentina? adaptarse a una nueva realidad del tratamiento del agua.
Eso varía de región a región, un poco como te decía, no es lo mismo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos una reserva muy grande versus Mendoza, donde tienen escasez o en varias provincias argentinas donde hay escasez. Entonces yo creo que hay que concentrar los esfuerzos también en donde más lo estamos necesitando. No es ser como apuntar, por ejemplo a la eficiencia energética en las ciudades donde más sea, en toda la ciudad del país, que es lo que estamos necesitando focalizar y quizás en la eficiencia y situación del uso del agua en las provincias donde se necesita, como Córdoba, Mendoza, porque son dos grandes referentes de eso y después creo que tiene mucho que ver con el cambio cultural. Una vez que nosotros somos más conscientes de que los recursos son finitos, podemos ir avanzando en otras direcciones. No me parece que hay que apuntar a todo al mismo tiempo con la misma fuerza, porque justamente primero necesitamos entender por qué es un riesgo para cada uno de nosotros para poder actuar en consecuencia.

-Muchísimas gracias, María.
-Muchas gracias.
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La minería de litio provoca una rebelión popular en el norte argentino

Fecha de Publicación: 23/06/2023
Fuente: El Salto Diario
Provincia/Región: Jujuy


Una movilización popular que quería impedir la reforma de la constitución de Jujuy, que criminaliza la protesta social y abre las puertas a los grandes proyectos mineros, terminó en una feroz represión policial con cientos de heridos y detenidos.
El estallido jujeño, con epicentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy y una de las provincias del norte argentino, fue el corolario de una serie de protestas que se vienen sucediendo en toda la provincia desde hace semanas, y que responden a los bajos salarios docentes, las malas condiciones de vida de la región y, sobre todo, a una reforma exprés de la carta magna provincial, que se terminó de sellar en menos de un mes y a puertas cerradas.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, el martes 20 de junio por la mañana, una fuerte movilización popular integrada por pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales y políticas enfrentó una feroz represión policial que incluyó detenciones arbitrarias en vehículos sin identificar, allanamientos en barrios de la periferia, 170 personas heridas —uno de gravedad—, al menos 69 detenidos y la presentación de 51 habeas corpus.
En la mañana del martes, cuando ya se habían concentrado algunos grupos para seguir con las protestas en rechazo a la nueva constitución, se conoció la noticia de la jura del nuevo texto y eso desató la ira popular. Se trata de un texto del que se desconocen los detalles de su articulado definitivo, dado que el domingo por la noche, y en respuesta a los continuos reclamos que desde hace días se vienen dando en toda la provincia, el gobernador Gerardo Morales anunció que retiraría dos de sus artículos. En concreto, se refería a los artículos 50 y 36, que tienen que ver con la propiedad privada de las tierras y le otorgan al Estado provincial la potestad para “reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Morales decidió dar marcha atrás con estos artículos siguiendo la misma mecánica que utilizó para llevar adelante toda la reforma: de manera inconsulta —ni siquiera lo puso en discusión en la Convención Constituyente—, de forma exprés, y entre gallos y medianoche.

Litio
Lo que está en el centro de la disputa es el derecho a la protesta y los bajos salarios, pero, sobre todo, la profundización de un modelo extractivista basado en el litio, algo que los pueblos originarios vienen denunciando desde hace mucho tiempo porque afecta sus modos de vida y sus territorios, y por lo que no han sido consultados. Lo que denuncian las comunidades es que, si bien el Estado argentino reconoce su preexistencia, el nuevo texto provincial pretende obligar a las comunidades a adoptar formas jurídicas que habiliten el reconocimiento de sus territorios y que, de no ser así, esto abriría el camino para que las empresas puedan explotar sus recursos. Aunque se anunció el retiro de los artículos vinculados a la posesión de la tierra, las comunidades insisten con que se tiene que caer la reforma completa ya que no fueron consultados, y tampoco se incluyó ningún artículo que hable del agua y del medio ambiente, dos elementos centrales de toda esta disputa. Sin ir más lejos, en abril las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc, marcharon a la capital provincial en rechazo al proyecto estatal de explotación de litio sobre 11.000 hectáreas de la Puna jujeña, y en defensa del agua y la vida.
La semana pasada, unas 500 personas pertenecientes a las comunidades de la Puna caminaron tres días desde Abra Pampa, el extremo norte de Jujuy, y Salinas Grandes, en el oeste, para llegar a la capital jujeña con la esperanza de cancelar la reforma. En el camino tuvieron que lidiar, no solo con la potencia del frío de la Puna en esta época del año, sino con la noticia, el jueves por la noche, de que la reforma había sido aprobada con el voto afirmativo de los bloques Frente Cambia Jujuy (oficialista) y el Frente Justicialista (peronismo). Luego de la brutal represión, los representantes de los pueblos originarios anunciaron que mantendrán los cortes de ruta —22 en toda la provincia—, y que llevarán su reclamo a Buenos Aires y a los organismos internacionales.
Si bien lo del martes responde a la reforma constitucional, los bajos salarios de los docentes —por debajo del costo de vida— determinaron que estos iniciaran huelgas y reclamos por mejoras salariales desde principios de junio y que, poco a poco, numerosas organizaciones se sumarán a esos reclamos. A lo largo de las protestas del último mes, Morales también debió dar marcha atrás —cinco días después de ponerlo en vigencia— con el decreto provincial 8464/23, mediante el cual se aumentaba a cifras millonarias las multas para quien realice una manifestación pública, y se abría la posibilidad de cesantear a trabajadoras y trabajadores estatales que realizarán una medida de fuerza. Sin embargo, mantuvo el artículo 67 de la nueva Constitución que se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. El artículo 67 sostiene que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, y prohíbe los cortes de calles y rutas, y “toda posible perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
Asimismo, los sostenidos reclamos en la calle dieron lugar a la aparición de la Intergremial, de la que participan sindicatos del ámbito público y privado, que acompañan el reclamo educativo y el rechazo a una reforma constitucional que criminaliza la protesta social. Tanto los sindicatos, como las organizaciones sociales, denuncian que el nuevo texto contraría derechos laborales, y afecta la carrera administrativa y las funciones de organismos de control como el Tribunal de Cuentas, al que se le reduce su alcance y función.

Represión
La brutal represión del martes, que duró cuatro horas, dejó como saldo al menos 170 heridos, 69 detenidos (cinco menores), y la presentación de 51 habeas corpus. A última hora de ese día, un nutrido grupo de personas, entre familiares, activistas y abogados, se agolpaban a las puertas del penal del Alto Comedero donde habían sido alojados la mayoría de los detenidos, en búsqueda de información. En las imágenes que se vieron durante las masivas detenciones se pudo observar, no solo detenciones arbitrarias, sino que los vehículos en los que se trasladaba a las personas detenidas no tenían identificación, y que hubo allanamientos y redadas en barrios aledaños al centro de la capital.
Nelson Mamani, un manifestante al que se vio tendido en el suelo en medio de un charco de sangre, debió ser operado de urgencia y permanece internado. El fin de semana, Mijael Lian Lamas, de 17 años, perdió un ojo luego de que un policía le disparara a la cara con una bala de goma. Si bien a última hora de ayer se anunció la liberación de dos integrantes de la agrupación HIJOS Jujuy, que habían sido detenidas durante la manifestación, también se supo que algunos de los presos que aún permanecen detenidos podrían ser imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, daños a los bienes públicos y por impedimento a las tareas de los funcionarios públicos, en grado de tentativa. Las dos integrantes de HIJOS fueron liberadas por ser testigos protegidas en juicios de lesa humanidad.
Tras la violencia desatada en las calles de la capital jujeña, se anunciaron dos jornadas de huelga y persisten los cortes de ruta, pero con una amenaza concreta de desalojo. El martes, a última hora, el juez federal Diego Matteuci dictó una orden de desalojo de los piquetes que se mantienen en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro. Por su parte, el gobernador Morales decretó asueto para el miércoles y cerró el aeropuerto gran parte del día. Lo del martes, además, determinó que algunos sindicatos docentes definieran adelantar la huelga, originalmente anunciada para el jueves, para el día miércoles, y que distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos, convocarán a una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires

Gobernador Morales
Gerardo Morales gobierna la provincia de Jujuy desde hace ocho años, preside la Unión Cívica Radical desde 2021 y, políticamente, se encuentra alineado a Juntos por el Cambio, el partido de centroderecha del expresidente Mauricio Macri. Morales, además, figura tercero en la carrera presidencial de Juntos por el Cambio, detrás de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El candidato a presidente se definirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. El martes por la tarde, tanto Bullrich como Larreta, dieron una conferencia de prensa en la que defendieron las decisiones tomadas por el actual gobernador de Jujuy. Por el lado del gobierno nacional, tanto el presidente Alberto Fernández, como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Wado de Pedro —cuyo nombre también juega como uno de los posibles candidatos a presidente del kirchnerismo—, intercambiaron mensajes por Twitter con Morales, y criticaron las acciones de unos y otros.
Uno de los asuntos que le dieron más visibilidad pública a Morales, fue el arresto de la dirigente social Milagro Sala, en enero de 2016, pocas semanas después de asumir su primer mandato. El hostigamiento y la persecución a Sala, y de la organización que lidera, la Tupac Amaru, buscó ser un elemento disciplinador a lo largo de sus mandatos, y ha sido una de sus principales banderas.

La Constitución
La reforma del texto modifica 193 de los 212 artículos de la Constitución que regía hasta ahora la provincia, y que había sido promulgada en 1986. Los miembros de la Asamblea Constituyente fueron elegidos el pasado 7 de mayo en las mismas elecciones en las que el oficialismo ganó las elecciones provinciales. De los 48 votos posibles, la reforma contó con 40, ya que seis convencionales del Frente de Izquierda, y dos peronistas, se retiraron de la Constituyente, con lo cual, la votación del texto —en la madrugada del jueves al viernes—, fue por unanimidad. El Frente Cambia Jujuy, oficialista, contaba con 28 votos, y necesitó de un acuerdo con los convencionales del Frente Justicialista, es decir, del peronismo local, para poder votar la actual carta magna.
En la tarde de ayer, el presidente Fernández dio un discurso en el que anunció que ordenó al Ministerio de Justicia de la Nación “para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”. Y le solicitó al Gobierno de Jujuy que ”convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”. En su discurso, Fernández también recordó que tanto la CIDH y la oficina regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, “se han pronunciado llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”.
Al mediodía, miles de personas se movilizaron a la casa de la provincia de Jujuy en Buenos Aires, en apoyo a los reclamos y en contra de la represión. Durante la manifestación se le solicitó al gobierno nacional la intervención federal de la provincia y la libertad de todas las personas detenidas. Hasta la tarde de ayer, al menos 53 personas permanecían detenidas en el penal del barrio Alto Comedero, entre ellas, un niño con espectro autista y otra con problemas de salud mental. Para muchos, lo que sucede en Jujuy estos días, no es más que un laboratorio de prueba de algo que luego tendrá alcance nacional, y cuyo objetivo es fijar un nuevo orden. Entre las imágenes que se viralizaron ayer por la tarde estaba la de los trabajadores de la mina “El Aguilar”, que llegaron a la capital jujeña para poner el cuerpo a la protesta cantando: “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”.
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En Río Negro buscan reglamentar la nueva ley de agroquímicos

Fecha de Publicación: 23/06/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Desde el Ministerio de Producción y Agroindustria se realizaron distintos encuentros de trabajo con referentes de los valles Inferior y Medio.
Funcionarios del Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia mantuvieron reuniones de trabajo con distintos actores vinculado a la actividad frutihortícola del Valle Inferior y Valle Medio con el objetivo de avanzar en la reglamentación de la nueva Ley de Agroquímicos (N° 5.600) promulgada en septiembre de 2022.
Los encuentros estuvieron encabezados por la directora de Sanidad Vegetal, Verónica Boltshauser, quien explicó que «la idea fue comentar los avances en la reglamentación de esta nueva ley, intercambiar opiniones y visiones, de manera de ir avanzando, teniendo en cuenta las diferentes particularidades productivas de cada  zona de la provincia».
«Existía una necesidad de actualizar la ley para incorporar herramientas tecnológicas de digitalización, análisis y procesos que faciliten su aplicación y control, en el marco de la obligatoriedad de cumplimiento de las BPA. La nueva ley Nº 5.600 fue promulgada el 29 de septiembre de 2022 y estamos trabajando en el proceso de implementación» señaló Boltshauser.
La primera reunión se realizó en el Ministerio de Producción y Agroindustria con la participación de Cecilia Brussino, de Senasa; Axel Tellería, del IDEVI; Patricia Baffoni, del INTA; Lucio Reinoso, de la Universidad de Río Negro (UNRN); Daniel López, de Casafe; y Yamil Molina, gerente del Consejo de Ingenieros Agrónomos; además de Constanza Tasca Colombo, Gastón Tordi y Pedro Doñate, de la Subsecretaría de Agricultura; y Juan Pablo Romano, de Seguridad e Higiene del Ministerio de Producción y Agroindustria.
También en Viedma los funcionarios se reunieron con Lucio Reynoso y Agustín Cervera de la Universidad de Rio Negro, con el objetivo de diagramar algunas capacitaciones que serán necesarias para la implementación de la ley.
En Choele Choel el encuentro fue en la sede del Ente Desarrollo Regional del Valle Medio (En.De.Vam) con el gerente ejecutivo Horacio Martínez ya que se tuvo en cuenta que representa a todos los municipios de la zona.
El último encuentro fue con Miguel Gallardo, director del CEAER con quien se planificó una capacitación conjunta para calibradores.
Según se indicó desde la provincia Boltshauser se encuentra trabajando con todos los sectores para avanzar en la reglamentación de la Ley para luego establecer la difusión de sus principales puntos además de capacitaciones a personal de los municipios, agronomías, productores, aplicadores, fabricantes, importadores, comerciantes y almacenadores.

La nueva ley de agroquímicos
Fue aprobada por unanimidad el 25 de agosto de 2022, sancionada el 9 de septiembre, promulgada el 21 de ese mismo mes y establecía un plazo de 180 días para su reglamentación.
La norma «declara de interés sanitario, social, ambiental, educativo y productivo provincial la implementación de las buenas prácticas agrícolas, en un todo de acuerdo a las prescripciones de la presente ley y demás normativa aplicable» y tiene como objeto «la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales, a través de un desarrollo sostenible y responsable de la actividad agropecuaria».
Quedan alcanzadas por la nueva ley «las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen, en todo el ámbito geográfico de la Provincia de Río Negro, cualquier tipo de operación que implique el manejo de agroquímicos, incluyendo aspectos tales como la formulación, fabricación, introducción a la provincia, almacenamiento, transporte, distribución, venta, entrega gratuita, uso, aplicación, gestión de residuos o control de inocuidad y toda otra actividad que la autoridad de aplicación determine».
Establece el Registro de Inscripción Obligatoria para Manejo de Agroquímicos (RIOMA), las categorías, las condiciones de seguridad y la habilitación; como así también que «la venta y/o entrega gratuita de agroquímicos se efectúa únicamente en los comercios habilitados por la autoridad de aplicación y requiere obligatoriamente de una receta fitosanitaria».
Además, «la autoridad de aplicación deberá elaborar un Manual de Presupuestos Mínimos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), referido a la utilización de agroquímicos, cuyo cumplimiento será obligatorio para todas las personas alcanzadas por esta ley».
Esta iniciativa derogó la ley 2175, promulgada en julio de 1987.
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Tres estrategias para proteger al Chaco argentino de la deforestación

Fecha de Publicación: 22/06/2023
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. En el segundo semestre de 2021, se perdieron 10 331 hectáreas de áreas forestales, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia del Chaco.
La iniciativa de MapBiomas —de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y publicada a finales de 2022— alertó sobre la pérdida de 9.5 millones de hectáreas entre 2000 y 2021 en la región del Gran Chaco que además del argentino incluye también Paraguay, Brasil y Bolivia, como resultado del uso del cambio de uso del suelo, principalmente de bosque a pastizales y agricultura.
Pero no todas son acciones en contra, ciudadanos y entidades estatales han creado estrategias para detener el efecto de las malas prácticas en este territorio que formó parte de lo que alguna vez fue el Gran Bosque Chaqueño y que atraviesa cuatro países:
Estas son tres iniciativas que buscan recuperar esta ecorregión que tiene bajo su tierra una gran reserva de carbono:

1 - Un territorio para el yaguareté
Hace dos décadas, los propietarios de la Reserva Tantanacuy —un área privada y protegida de conservación— comenzaron a realizar actividades ecoturísticas para protegerse de la tala que acabó con las áreas aledañas. Esta acción convirtió en un santuario a la reserva y logró salvar 2500 hectáreas de bosque nativo que se convirtieron en un espacio seguro para la fauna y la flora chaqueña.
En la zona donde se ubica la reserva, es posible el aprovechamiento forestal, pero no se permiten cambios de uso del suelo. No obstante, los vecinos de la reserva han logrado evadir la ley con argumentos técnicos para la aprobación de los cambios de uso de suelo, lo que continúa afectando el territorio. Es así como Tantanacuy se ha convertido en una fortaleza en medio de la deforestación.
Los safaris especializados y la observación de aves son un respiro para el Chaco argentino. Además, la reserva tiene un convenio con el Proyecto Yaguareté que logró documentar en los terrenos la presencia del jaguar o yaguareté (panthera onca), un hallazgo positivo, puesto que Argentina es el país sudamericano con menos ejemplares registrados.
Las iniciativas de conservación en tierras privadas son una oportunidad para disminuir costos en la operación de las áreas protegidas públicas. Sin embargo, es esencial la presencia del Estado para el control de las actividades turísticas, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Además, también es necesario que las iniciativas particulares se acompañen con un diseño de paisaje que esté reflejado en el ordenamiento ambiental de los bosques nativos”, resalta el experto.

2 - Una ganadería que cuide los bosques
Una de las apuestas del Refugio Privado El Cachapé es el engorde del ganado con pastizales naturales. Esto quiere decir que no se introducen especies de pastizales exóticas ni tampoco se remueven algunos pastos en beneficio de otros. Esto facilita que el mismo ambiente haga una selección natural y que los mismos animales sean quienes dispersen las semillas.
También seleccionan zonas de pastoreo de acuerdo con la época del año y controlan el número de animales que están en cada área. Esta manera de hacer ganadería, además de traer ventajas en la producción, protege el suelo. Sin embargo, Eduardo Boló Bolaño, dueño del refugio, asegura que todavía falta apoyo estatal para continuar con este modelo en otras áreas.
La transmisión de este conocimiento a sus trabajadores es otra de las actividades en la que está enfocado Boló. Si se conoce la importancia de conservar el lugar y de no cazar los animales, dice, será más fácil continuar protegiendo las 1800 hectáreas de bosque que tiene el refugio y en la que viven especies arbóreas con edades de entre los 300 y 400 años.

3 - La tecnología al servicio de la naturaleza
La falta de recursos estatales para monitorear el Chaco argentino es uno de los principales problemas para su conservación. En 2022, el gobierno provincial del Chaco expuso en Washington, Estados Unidos, el Eco-Token del Chaco. Se trata de una herramienta digital basada en criptomonedas para obtener recursos que ayuden a conservar este ecosistema. Lo que se busca es que los pagos provengan del mercado de capitales internacionales en compensación por los servicios ecosistémicos que entrega esta importante área boscosa.
Con los recursos, el gobierno provincial pretende tener un mayor control en el territorio con mejores sistemas de vigilancia que fortalezcan a los guías forestales y el control efectivo de la policía. La idea es empezar con cien mil hectáreas, de las cuales la mitad son áreas forestales y comprenden reservas estratégicas.
La propuesta deja algunas dudas como quiénes están interesados en este mercado, en especial porque estas tecnologías se caracterizan por su desconfianza hacia las entidades gubernamentales. También existe la pregunta de cuál sería el plan B si no funciona esta estrategia. El Chaco argentino tiene amenazas latentes que requieren de soluciones urgentes, aseguran los expertos.
“No debe perderse de vista la importancia de que estos servicios ecosistémicos sigan estando disponibles para las comunidades locales y los pueblos originarios. Se debe asegurar que cualquier mercadeo de los mismos no afecte negativamente a esos actores en territorio”, destacan desde la Fundación Vida Silvestre.
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