Ley de Humedales: el oficialismo reflota el tratamiento en la Cámara de Diputados

Fecha de Publicación: 02/11/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Este jueves, los diputados tratarán el proyecto de la ley de Humedales. Desde el Frente de Todos esperan emitir dictamen ese día.
El oficialismo logró que este jueves se reflote el tratamiento de la ley de Humedales en la Cámara de Diputados. Sectores del bloque del Frente de Todos buscarán emitir dictamen ese mismo día, a pesar de la resistencia de gran parte de la oposición.
El proyecto vuelve a tratarse después de un mes de impasse por la presión ejercida por algunos sectores del agronegocio, la minería y gobernadores de provincias donde esos intereses económicos juegan fuerte.
"La idea es firmar este jueves mismo. Y que cada uno se haga cargo de su voto", señalaron fuentes cercanas al presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grossoa. Sin embargo saben que desde la oposición volverán a cargar las tintas sobre un supuesto tratamiento exprés del proyecto.
Se decidió ir a un cuarto intermedio y el martes siguiente el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile (UCR), en contra de la sanción de una legislación que condicione la explotación económica en humedales, citó a una reunión informativa para darle espacio a representantes de la agroindustria y la minería. Desde estos sectores advirtieron que una iniciativa como la establecida en el proyecto de ley encarecería el costo de algunos proyectos y afectaría el desarrollo económico de las provincias, a la vez que implicaría un avance sobre la propiedad privada.
Por su parte, después de más de un mes con el debate inactivo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, reclamó el urgente tratamiento de la ley de Humedales: "Es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto".

Qué plantea la ley de Humedales
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, uso racional y sostenible de los humedales establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas húmedos de todo el país. Su objetivo es regular la actividad de emprendimientos productivos en humedales y exigir garantías de preservación con evaluaciones de impacto ambiental.
Los humedales conservan el 40% de la biodiversidad total, y de acuerdo a evidencia científica están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y desde 1970 se perdió el 35% de los humedales del mundo.

Cuándo comenzó la iniciativa por la ley
El debate para la sanción de una ley de protección de Humedales lleva una casi diez años. El primer proyecto se presentó en 2013, y tanto en 2015 como en 2018 dos proyectos de Humedales consiguieron media sanción del Senado, pero no pudieron sancionarse ya que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.
En 2020 el debate volvió a tomar impulso y hubo dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero no de las otras tres comisiones a las que tenía giro. El proyecto perdió estado parlamentario y generó una nueva desilusión en las organizaciones ambientalistas que venían militando el tema.
En el último tiempo, los incendios intencionales en el Delta del Paraná y el impacto en la ciudad de Rosario llevaron a que se retome el debate y en marzo de este año se presentó un proyecto similar consensuado con más de 500 organizaciones de la sociedad civil, científica y académica.
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Constatan desove de peces en el Paraná, pero no garantizan reproducción efectiva

Fecha de Publicación: 02/11/2022
Fuente: El Once
Provincia/Región: Corrientes


“Si el río vuelve a descender, las zonas con alevinos se van a secar y va a morir todo. Por ahora, es un estado alentador porque se produjo el desove, pero no podemos garantizar que deje descendencia viva en el río”, afirma un especialist
Juan Pablo Roux, director del Instituto de Ictiología del Nordeste (INICNE), se refirió a la situación que atraviesa la fauna del río Paraná, las posibilidades de una reproducción efectiva y los controles a la pesca deportiva y comercial.
Recientemente, el directivo participó -en representación del sector científico- en la denominada Mesa Pesquera, que reúne a miembros del Gobierno de Corrientes, hoteleros y la Asociación de Pescadores Deportivos, en la que se conversó de la reglamentación de veda que se está armando desde la Dirección de Recursos Naturales.
“Hay dos miradas muy diferentes de los controles y se trata de converger entre ambas para mejorar el uso del recurso. Desde la Dirección de Recursos Naturales aseguran que los controles en agua y tierra se hacen, pero son pocos para las situaciones complicadas que se presentan en determinadas épocas y eso genera conflicto”, comentó Roux planteando la problemática.

Controles de pesca
En la reunión se habló de un protocolo para protección de cardúmenes y control en períodos de bajante, los trabajos con la Provincia del Chaco y el manejo de la pesca comercial en los 90 kilómetros habilitados, que incluyen el tramo desde Paso de la Patria hasta la desembocadura del arroyo Ambrosio, cerca de Bella Vista (Corrientes).
Roux comentó también que “desde el INICNE propusimos articular trabajos para lograr una comercialización interna entre las zonas de pesca deportiva y comercial, particularmente para los turistas que deseen comer pescado”. A su vez, reveló que no hubo representantes del sector comercial en las reuniones y opinó que habría que hacer un control más efectivo en la zona de pesca con mallón.

La situación del río y la reproducción
En las últimas semanas, el río Paraná experimentó un fuerte repunte producto de las lluvias en Brasil. “En estos últimos 15 días la creciente estimuló el desove de los peces en estado de maduración. En el INICNE pudimos constatar un desove, hemos extraído huevos y los incubamos en el laboratorio y tuvimos descendencia de sábalos. Esto no garantiza que el ciclo reproductivo sea efectivo, porque toda esa descendencia de larvas y alevinos tiene que ingresar al valle aluvial para su desarrollo”, dijo a Radio UNNE y agregó que “todavía no hay una conexión concreta y si el río vuelve a un cauce de 2 metros esas zonas con alevinos se van a secar y va a morir todo lo que esté allí. Por ahora, es un estado alentador porque se produjo el desove, pero no podemos garantizar que deje descendencia viva en el río”, explicó Roux.
“Cuando el pez está maduro y se dan las condiciones se reproduce sin importar cualquier otra situación que puede estar generando el hombre. No se trata de hacer una veda en el momento en que los peces se están reproduciendo, tenemos que tener períodos para quitar la presión de pesca cuando los peces están vulnerables, eso puede ser en cualquier época del año. Por eso existe el sistema de veda extendida”, agregó.
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Denuncian matanza de peces en el río Bermejo por parte de una empresa agroindustrial

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


Por las trascendidas denuncias de contaminación en el Río Bermejo, a la altura de paraje El Carmen, con vertidos industriales, desde el gobierno realizarán los estudios correspondientes.
Marcelo Nieva, comunicador y pescador de Pichanal, denunció, a través de las redes sociales a la empresa Seaboard Agroindustria y otras empresas de la zona, de tirar químicos tóxicos a las aguas de ríos para matar peces. Nieva compartió imágenes impactantes en las redes sociales, acusando a las industrias de terminar con la fauna acuática para hacer desvío de aguas de ríos y usarlas en sus plantaciones. Según su denuncia, el fin de semana pasado encontraron la masacre de peces en el paraje El Carmen, ubicado a casi 40 minutos de Pichanal.
Las Secretaría de Ambiente y de Recursos Hídricos dispusieron que las muestras de agua sean recolectadas aguas arriba y aguas abajo en la zona de la junta, entre los ríos Bermejo y San Francisco. Siguiendo los procedimientos y medidas de seguridad indicados, serán enviadas a laboratorio para su análisis.
Desde el área de Biodiversidad explicaron que generalmente en esta época del año, la fauna ictícola se ve perjudicada por las altas temperaturas y el bajo caudal de agua producto de las escasas lluvias. Estos factores provocan una disminución de oxígeno y el encalle de algunos ejemplares de mayor tamaño.
Es importante resaltar que las elevadas temperaturas causan tres fenómenos: disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua, acelera velocidad de descomposición de la materia orgánica (organismos como bacterias y hongos contribuyen con la descomposición, y para eso utilizan oxígeno).  En tercer lugar, aumenta el metabolismo de los peces con el consiguiente incremento de requerimiento de oxígeno.
Por su parte, la Policía División Lacustre y Fluvial de Pichanal, en una constatación ocular en la zona, observó algunos ejemplares muertos y descartó la presencia de fauna asociada afectada.
Para la próxima semana, los organismos diligenciaron la toma de muestras de agua, a los fines de constatar la presencia o no de sustancias contaminantes y en su caso determinar responsabilidades.
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Frenan el desmonte ilegal de tres topadoras

Fecha de Publicación: 01/11/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Durante la jornada de ayer viernes, personal de la Dirección de Bosques del Chaco logró detener el desmonte ilegal que se estaba llevando a cabo en un predio del Departamento Independencia, ubicado unos ocho kilómetros al noroeste de la localidad de Avia Terai.
El predio afectado es el denominado Parcela 69, Lote 14, Circunscripción III. En él estaban trabajando de manera ilegal tres topadoras Caterpillar D8, de una conocida empresa de desmontes establecida en la ciudad de Pampa del Infierno.
El procedimiento empezó con el Informe de Detección 1182/22 del Departamento de Geo- Información, con el cual se solicitó la orden de allanamiento en el Juzgado de Paz de Avia Terai, la cual fue otorgada de manera inmediata. Una vez constituidos en el predio, junto a la oficial de justicia y la Policía Rural, se procedió a detener el trabajo de las tres topadoras Caterpillar D8, las cuales quedaron secuestradas en el predio. Se imputó cargos por Infracción a la Ley 2079-R.
Consultado el Director de Bosques sobre el accionar de la empresa de servicios que realiza el topado, advirtió que si bien no se puede mencionar el nombre de la empresa para no entorpecer el proceso administrativo, se puede decir que es una empresa instalada en la localidad de Pampa del Infierno, y que de manera reincidente realiza trabajos de desmonte ilegal. Inclusive, una de las topadoras, ya había sido secuestrada.
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Crece la presión dentro del oficialismo provincial para que sea reformada la ley 7722

Fecha de Publicación: 31/10/2022
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


A la iniciativa del intendente de Malargüe para que ese departamento quede excluido de la normativa que impide explotar la minería metalífera, se sumó ahora un proyecto de aliados del PRO y otros partidos. Esta iniciativa vuelve a plantear que se modifiquen los artículos que bloquean la actividad.
Legisladores aliados del Frente Cambia Mendoza presentaron finalmente este viernes un proyecto de ley para intentar flexibilizar nuevamente la ley ambiental 7722, en momentos en los que el gobernador Rodolfo Suárez rechazó la posibilidad de acompañar otra iniciativa en torno a la minería, en este caso del intendente de Malargüe Juan Ojeda, que pretende establecer zonas aptas en su comuna para habilitar la minería metalífera.
El proyecto, que es una propuesta del diputado provincial del Pro, Gustavo Cairo; lleva no sólo el acompañamiento de su partido -como la del legislador Enrique Thomas-; sino también de otros partidos políticos de Cambia Mendoza, como el Partido Demócrata Progresista, con Josefina Canale; y de Demócratas en el Frente, con Guillermo Mosso.
El principal cambio que proponen los legisladores es el de modificar el artículo 1 de la 7722, en el que se pide excluir de las sustancias prohibidas para actividad minera al ácido sulfúrico, mientras que se mantendría solamente la prohibición, según el articulado, al cianuro y mercurio. También la iniciativa propone que la Legislatura no deba refrendar las declaraciones de impacto ambiental que se realicen para futuros proyectos mineros, con el objetivo de “quitar la especulación política de un estudio que es técnico y científico”; y por último, se prevé la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza a partir de la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
De esta manera, y casi a contrarreloj de la finalización del período ordinario de la Legislatura, ingresó otro proyecto más, que pretende reabrir el debate minero, ante un Rodolfo Suárez que ya dejó en claro en varias oportunidades que mientras sea gobernador no volverá a impulsar la minería; y un intendente radical, como Ojeda, que busca excluir a algunas zonas de Malargüe del área de control de la 7722. A la par, organizaciones ambientalistas han manifestado su crítica respecto a estas iniciativas, y aseguran que se está preparando el terreno para una nueva discusión legislativa que tiene como objetivo quitar poder a la ley que ha causado sin dudas controversia en Mendoza.
Se espera que el proyecto, que ingresó por la Cámara Baja, sea remitido a las comisiones de Economía, Ambiente y también a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Punto a punto
Sobre la quita del ácido sulfúrico como sustancia prohibida del proceso minero, en el proyecto se hizo referencia a que esta sustancia está presente en una gran cantidad de procesos industriales, como por ejemplo para la creación de fertilizantes, refinación del petróleo, producción de pinturas, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos y manufactura de detergentes y plásticos, entre otros. Cairo también dijo a Los Andes en la edición del 17 de octubre que se utiliza en la industria vitivinícola, tanto en bodegas como en la producción de mosto.
No obstante, también en el proyecto se elimina la frase “y otras sustancias tóxicas similares” que actualmente está vigente en la ley 7722 cuando se enumeran las sustancias prohibidas para el proceso minero. Esto fue propuesto, ya que incluso un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, declaró esa propia frase como inconstitucional ante un planteo judicial que realizó la empresa minera San Jorge, que pretende extraer cobre en Uspallata.
Como argumentos del fallo, que fueron tomados en los considerandos del proyecto, se remarcó que esa controversial frase “se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, toda vez que en este aspecto la ley adolece de una gran indeterminación”. Precisamente el artículo 19, tal como indicó el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, “exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de previsión y previsibilidad posible a fin de que cumplan con el estándar de claridad que es exigible para que los sujetos puedan ajustar sus respectivas conductas”.
Con relación a la actual aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Cairo manifestó que aprobarla “implica seguir un procedimiento complejo y exhaustivo” desde el punto de vista técnico, con participación de universidades nacionales, la Dirección General de Irrigación, más organismos como el INTA, el INA y organizaciones ambientalistas.
Ante esto, consideró la necesidad de dejar la aprobación de la DIA al aspecto técnico y científico, y quitar el político, quitando a la Legislatura como otro de los filtros para este tipo de proyectos. “Allí los intereses partidarios y electorales de unos y otros pueden dar por tierra, como lo han hecho, a proyectos impecables desde el punto de vista técnico”, marcó, y agregó: “Si queremos algún desarrollo minero y que esa área de la economía traiga inversiones y empleos a nuestra provincia, esto requiere necesariamente una modificación”.
Por último, respecto a la creación de una Agencia de Control Ambiental de Mendoza, el proyecto considera como “fundamental” que la gente pueda confiar en quienes controlan. Ante esto es que se propone la creación de la Agencia “con un directorio elegido por instituciones vinculadas al cuidado del medioambiente”. El mismo estaría integrado, según el artículo 3 del proyecto, por un presidente elegido por el Poder Ejecutivo y cuatro vocales elegidos por las siguientes instituciones: uno designado por la Universidad Nacional de Cuyo, uno por la Universidad Tecnológica Nacional, uno por el Consejo Provincial del Ambiente creado por ley provincial 5.961 y el último designado por el Departamento General de Irrigación.
Por otro lado, la Agencia “reemplazará al EPAS”, según el proyecto, que quedará disuelto a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y cuya estructura administrativa pasará a formar parte de este organismo de control ambiental.

Minería en San Juan
También en los fundamentos del proyecto se decidió comparar la minería con lo que ocurre en la provincia de San Juan. “En San Juan hay más de 750 empresas que prestan servicios a las mineras y cerca de 10.000 personas trabajando en forma directa en los emprendimientos. Esto se debe multiplicar por toda la actividad económica que producen todas esas personas consumiendo e invirtiendo en la provincia”, manifestaron.
También se mencionó que, en el caso de la provincia vecina, se tributa un 55% del moto total de ventas, de los cuales un 85% lo recauda la Nación; y un 15% la provincia y el municipio donde se desarrolla la explotación”.
“Además de esto, las empresas gastan aproximadamente el 30% de lo obtenido en sus ventas en costos de producción, como salarios, insumos y servicios que contratan dentro de la población local”, agregaron.
Por último, Cairo consideró que los mendocinos “estamos perdiendo grandes oportunidades”. “No alcanzan ya los tres pilares de desarrollo que hemos emprendido: agroindustria, petróleo y turismo. A nuestra economía le falta esta cuarta pata que genere empleos de calidad e ingresos para las arcas del estado. El futuro depende de nosotros”, culminó.
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Por primera vez, el Paraná tiene un plan de emergencia en caso de contaminación

Fecha de Publicación: 31/10/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Nacional


La Administración General de Puertos (AGP), bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, logró la aprobación del Plan Nacional de Emergencias en caso de contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas para la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, una herramienta esencial para la prevención de riesgos, mejorar la seguridad de la navegación y contribuir al cuidado ambiental. Se trata del primer plan nacional dispuesto desde la gestión de la VNT, que cumplirá con todas las exigencias de seguridad y cuidado del ambiente a nivel nacional e internacional.
El Plan consiste en disponer de un protocolo de acción y rápida respuesta ante cualquier eventualidad, garantizando los equipos técnicos y físicos necesarios para poder afrontar la situación. Concretamente, se establecieron nueve estaciones de asistencia para atender las emergencias dispuestas a lo largo de toda la traza de la VNT, desde el km 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.
Las mismas aseguran el cumplimiento de todas las normativas de seguridad y ambientales nacionales e internacionales de la navegación. Estas fueron auditadas por el personal de la Prefectura Naval Argentina para comprobar su capacidad y equipamiento.
En caso de alerta, AGP dará aviso a la estación que corresponda para iniciar el proceso de contención del incidente. Contando para ello con estaciones de respuestas dispuestas en: Buenos Aires- Río de La Plata; Buenos Aires-Dock Sud; Buenos Aires-Escobar; Escobar-Campana-Zárate; Zárate-San Nicolás; San Nicolás-San Lorenzo; San Lorenzo- San Martin- Timbúes; San Martin- Corrientes; y Corrientes-Barranqueras-Confluencia.
Para su aprobación, se practicó un simulacro en el que se evaluaron las acciones de respuesta para contención de derrames, dando cumplimiento a la Ordenanza Marítima N° 08/98 Dpam y se evaluaron las acciones de respuesta de contención de los mismos. Contando además con la capacidad tecnológica incorporada a la VNT mediante el Sistema de Monitoreo (SiMon), que aporta una rápida alerta e información clave a las autoridades.
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Agroquímicos en Argentina: cuántos litros se usan en 36 millones de hectáreas productivas

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Nacional


El país se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, una tendencia que ha ido creciendo con el paso de los años.
Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, muchos de los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados.
En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de productos fitosanitarios. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17.000 toneladas de polietileno cada año.
Cuando se analizan las estadísticas del mercado argentino de productos fitosanitarios, se puede observar claramente una tendencia creciente en su uso, pasando de 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en el año 2002, a 225 millones de kilogramos o litros en 2008, y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012. Precisamente ese volumen han sido la última estadística referida al mercado de fitosanitarios publicadas por la CASAFE, posteriormente se han publicado resúmenes.
En el año 2016 hubo un aumento del volumen vendido del 13 % respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a la problemática de malezas resistentes. Se destacan en importancia los herbicidas, y en segundo lugar los insecticidas con un volumen comercializado de 17,6 millones de litros.
Existen en el mercado argentino cerca de 5.387 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 %, seguido por los insecticidas y fungicidas. El resto, como acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etc., no superan el 14 %.
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La lucha para salvar al cauquén colorado, un ave en peligro crítico de extinción en Argentina

Fecha de Publicación: 29/10/2022
Fuente: Portal es.mongabay.com
Provincia/Región: Nacional


La foto es elocuente. Una mujer de la que solo se aprecia el rostro sonriente está acostada en el suelo. Su cuerpo está cubierto por una veintena de ejemplares de cauquenes, producto de una “exitosa” jornada de caza. Por fortuna, no se trata de una imagen actual sino de principios de este siglo, pero las consecuencias de aquella práctica, sumada a otras variadas razones, sí que pertenecen a la actualidad: el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) es una de las aves más amenazadas en Argentina, tanto que está catalogada como En Peligro Crítico de Extinción en la lista local de animales en riesgo. Los últimos conteos reportan la supervivencia de no más de 700 ejemplares.
Otras dos especies de este género también se hallan en un estado preocupante: el cauquén común (Chloephaga picta) y el cabeza gris o real (Chloephaga poliocephala) aparecen como Amenazadas en dicha clasificación.
Cinco especies conforman el grupo de estas aves acuáticas endémicas de Sudamérica, de aspecto semejante a un ganso aunque biológicamente emparentadas con los patos. Tres de ellas, los cauquenes comunes, de cabeza gris y colorados comparten una característica: son migratorios. Los tres nidifican y se reproducen en la Patagonia Austral a ambos lados de la frontera argentino-chilena, y en abril-mayo viajan alrededor de 1300 kilómetros hacia el norte para pasar el invierno en puntos muy concretos del sur de la provincia de Buenos Aires —la mayoría— y el norte de Río Negro.
Con aproximadamente 50 centímetros de longitud y 2 kilos de peso, el colorado es el más pequeño de la estirpe. Debe su nombre a una cabeza pardo-rojiza cuyo color se va atenuando hacia la zona de la frente y la corona. El pico negro, el vientre gris cruzado por finas barras negras y las patas de tonalidad naranja completan su figura.
La cifra de los escasos 700 individuos que sobreviven en el continente contrasta con la de 42 000 de una variante de cauquén colorado asentada de manera permanente en las Islas Malvinas, es decir, que no migran.
Análisis genéticos realizados por las ornitólogas Mariana Bulgarella y Cecilia Kopuchian, especialistas en biología evolutiva, han mostrado diferencias significativas que sugieren que se trataría de especies distintas (lo cual impediría repoblar con ejemplares malvineros la población continental-fueguina), pero se necesitarán nuevos estudios para confirmarlo.
Mientras tanto, y dado el tamaño de la población en el archipiélago, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera la especie como “de preocupación menor”, lo cual tiene consecuencias negativas en los planes de acción y manejo que deberían implementarse o estudios de impacto ambiental, además de dificultar la obtención de fondos para los trabajos de investigación y conservación de los individuos del continente que luchan por no extinguirse.

Una plaga a erradicar
En 1954, el ornitólogo norteamericano Peter Scott consideraba al cauquén colorado como “el más común entre los gansos en los alrededores de la estepa norte de la isla de Tierra del Fuego”. Lo ocurrido en las siete décadas siguientes fue una acumulación de sucesos que condujo a la especie a su triste actualidad: “La disminución de la población no se puede atribuir a una sola causa. Ha sido multifactorial”, resume Pablo Petracci, investigador especialista en conservación y manejo del Grupo Gekko en la Universidad Nacional del Sur. Aunque para encontrar el punto de partida quizás haya que retroceder veinte años más.
“En 1931 —relata Petracci— muchas sociedades rurales presionaron al Estado para que se declarase plaga a los cauquenes. Los productores decían que bajaban en los trigales cuando las espigas comenzaban a crecer, se comían los brotes y sus materias fecales quemaban el suelo”. Por entonces no había evidencia científica alguna, pero las autoridades accedieron a la solicitud. Más aún, se implementaron planes de control en los sitios de invernación, y de erradicación en los lugares de reproducción en la Patagonia.
Así comenzó una persecución sostenida que comprendió acciones tan variadas como la destrucción de huevos (medida que solo entre 1972 y 1974 alcanzó una cifra de 180 000), el envenenamiento o la caza indiscriminada. La medida más llamativa, en todo caso, fue la dispersión con aviones.
“En los años 80 y 90 muchos productores —nosotros nunca lo hicimos— optaban por llevarse los cauquenes al mar. Contrataban un par de aviones que levantaban las bandadas con el ruido de los motores y las iban arreando, aprovechando que aquí estamos a unos 30 kilómetros de la costa”, cuenta Carlos Pardo, dueño de El Tamarisco, el campo que su familia posee desde hace tres generaciones en el distrito de San Cayetano. “La actividad, aun cuando se declaró ilegal, siguió haciéndose hasta 2010, aunque además de ser peligrosa y costosa fuese inútil”, señala Petracci: “Los cauquenes son bichos robustos y acuáticos. Los empujaban hasta hacerlos bajar en el mar pero al poco tiempo volvían”.

Zorros grises, el enemigo mortal
El segundo golpe de gracia a la salud de la especie en Argentina y Chile fue la introducción del zorro gris chico (Lycalopex griseus) en Tierra del Fuego. Nativos de las regiones pampeana y patagónica, los zorros fueron trasladados a la isla en 1951 con el objeto de controlar al invasor conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), pero su presencia tuvo un efecto devastador sobre los “gansos magallánicos”.
Más tarde llegarían el sobrepastoreo por la cría de ganado ovino, la actividad petrolera y gasífera y la depredación por parte del visón americano (Neovison vison) para completar un cóctel al cual se suma ahora la instalación de parques eólicos a ambos lados de los Andes.
Con tantos peligros circundantes, el número de ejemplares fue descendiendo de manera dramática. En los años setenta, el naturalista Mauricio Rumboll fue el primero en alertar que la población de cauquenes —y especialmente del colorado— estaba en franca declinación. Desde entonces los conteos en el área de invernación han demostrado el empeoramiento de la situación. De una cifra de 36 000 individuos en 1976 se fue pasando a 16 000 en 1984; 8900 en 2007 y 6 419 en las campañas de 2014-2015. Así, no es extraño que el cauquén colorado haya sido incluido en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).
Una de las amenazas más graves, las escopetas de cazadores locales y extranjeros, fue desapareciendo a partir de 2007, cuando se prohibió dispararle a los cauquenes migratorios, primero en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país cuatro años después. En aquel tiempo, el naturalista Hernán Ibáñez trabajaba en el área de fiscalización de lo que entonces era la Secretaría de Ambiente de la Nación. “La situación era caótica”, recuerda, “había distritos que tenían prohibida la caza del cauquén común y otras que no. Pero sucede que la hembra de esa especie es igual a un cauquén colorado, y a estas aves se les dispara en vuelo, donde es imposible identificar uno del otro. La única solución era la prohibición absoluta”.
La resistencia, como cabía esperar, fue muy alta. “Íbamos a algunos municipios y nos trataban como personas no gratas. Nos decían: ‘No los queremos acá, ustedes no quieren que vengan los cazadores y ellos nos dan propinas’. Y los dueños de las estancias hacían buenos negocios con los operadores de turismo”, continúa Ibáñez.
El arduo trabajo de concientización y diálogo a través de talleres consiguió modificar la mirada. “Hoy la visión ha cambiado por completo. La comunidad en general no quiere ni ver a los cazadores. Existe un compromiso y un conocimiento mucho más fino, y si un vecino ve que están cazando en el campo de al lado, llama a la policía y lo denuncia”, dice este naturalista que ahora prosigue su defensa de los cauquenes desde su puesto en la Fundación Félix Azara. En la actualidad, los problemas se han trasladado a las zonas de nidificación en la Patagonia.

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Cabandié denunció penalmente la realización de terraplenes en el Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional


El titular de la cartera de Ambiente acompañó la denuncia con imágenes grabadas a partir de un sobrevuelo que evidencian el trabajo de maquinaria vial para crear cursos de agua artificiales en lugares no permitidos.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Victoria, en el marco de la investigación por las quemas intencionales realizadas en el Delta del Paraná. La presentación fue acompañada del registro audiovisual tomado durante un sobrevuelo, en el que se observa a una retroexcavadora remover tierra para realizar un canal artificial.
La presentación realizada por Cabandié tiene por objeto “se investigue a los responsables y autores de los movimientos de suelo ilícitos que se vienen produciendo en el departamento de Gualeguay y localidades aledañas en la provincia de Entre Ríos, conductas sancionadas por el artículo 182 del Código Penal, como por el Decreto Provincial 4977/09”. Dichas actividades se encuentran prohibidas, además, por la Ley 9172 —por incumplimiento de la medida cautelar emitida el 1 de julio de 2020— sumado a que no se contaba con la evaluación de impacto ambiental correspondiente.
El video aportado como prueba surge de un vuelo de patrullaje de rutina efectuado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, en el que se detecta maquinaria efectuando terraplenes en la zona de las Islas Lechiguanas, partido de Gualeguay.
La realización de nuevos cursos hídricos y de quemas deliberadas son prácticas productivas que afectan al ecosistema del Delta del Paraná. La creación de terraplenes en los humedales se asocia al desvío del flujo natural del agua y a la ampliación del territorio, lo que constituye una modificación del uso del suelo para actividades económicas como la ganadería, la agricultura y los proyectos inmobiliarios.
Además del registro audiovisual, se ofreció a la Dirección del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para dar cuenta sobre las detecciones y localizaciones de terraplenes y movimientos de suelos que alteran el curso normal de las aguas en los últimos 12 meses. En el mismo sentido, se propone a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal para que informen sobre las actas de constatación labradas durante el último año. Asimismo, se puso a disposición de la fiscalía mencionada la declaración testimonial de Alberto Seuffernheld, director del SNMF.
Cabe recordar que las acciones de la cartera nacional en el combate del fuego se complementan con exposiciones ante la Justicia para que se avance con las investigaciones que den con los responsables de los incendios intencionales en el Delta. Con este fin, Cabandié, acompañado por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, se presentó en agosto en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria para presentar información georeferenciada sobre quemas. De esta manera, se brindaron datos arrojados por los Faros de Conservación que permiten identificar con precisión la ubicación de los terrenos donde se inician los focos ígneos. También se solicitó a la provincia de Entre Ríos que indique la nomenclatura catastral de dichos terrenos para determinar la titularidad de los campos.
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Falla en la planta nuclear: no hay peligro, pero faltan resolver dudas

Fecha de Publicación: 28/10/2022
Fuente: Energía On - Diario Río Negro
Provincia/Región: Buenos Aires


La operadora Nucleoeléctrica Argentina informó el desprendimiento de un componente del reactor de Atucha II. Técnicos y expertos trabajan para detectar qué originó la falla y cuánto demorará la obra.
La compañía operadora de las centrales nucleares del país, Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), informó que detectaron una falla mecánica en el reactor de la planta Atucha II y confirmaron que se realizará una intervención «directa» para repararlo. Aseguraron a Energía On que «no implica» riesgos para el personal o el ambiente.
«Personal de Nucleoeléctrica Argentina detectó que un componente interno del reactor se había desprendido y desplazado de su lugar de diseño», informaron desde Nasa en un breve comunicado. La falla se detectó durante las inspecciones que se realizaron recientemente.
Según consultó Energía On a fuentes del Nasa, la planta estaba parada porque estaban realizando mantenimiento a un cojinete de una turbina. Como siempre se hace en este tipo de tareas, aprovecharon para realizar una inspección por zonas que no pueden visitarse cuando está operativa la central.
Así fue que el lunes por la tarde el personal de nucleoeléctrica que realizó la recorrida encontró la falla mecánica y la informó. «Tal como comunicamos no hay riesgo vinculado a la falla ni para el personal ni el ambiente», le dijeron a este medio.
Actualmente están a la espera de que los técnicos que están trabajando informen qué fue lo que originó la falla y el tiempo que demandará la reparación. Sobre la pieza y la mano de obra desde Nasa confirmaron que cuentan con capacidad instalada para repararlo. Durante ese proceso la planta permanecerá en su actual condición de parada segura.
«La central cumple con todas las exigencias locales e internacionales y como todas las centrales nucleares argentinas cuenta con la Licencia de Operación por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear», resaltaron desde Nasa.
La central nuclear Atucha II comenzó a entregar energía a la red el 27 de junio de 2014, luego de que su construcción estuviera paralizada de 1994 hasta 2006. Se encuentra sobre la margen derecha del Río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una potencia de 745 MW.
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El Gobierno recortará el presupuesto para Ambiente en 2023: renovables y ley de bosques, los más postergados

Fecha de Publicación: 27/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge del análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. “Es una muestra de que no se está priorizando la crisis climática, sino el pago de la deuda”, dijeron
Pese a que este año se perdieron más de 1,2 millones de hectáreas en la Argentina producto de los incendios, que desde hace tres años una sequía sin precedente sacude la producción agrícola y a las cada vez más frecuentes olas de calor, el Gobierno recortará -de aprobarse en el Congreso- para el año próximo la partida destinada al Ministerio de Ambiente.
El dato surge de un análisis del Presupuesto 2023 que hicieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al que accedió TN.
Este año, el Ministerio recibió 35,8 mil millones de pesos. El presupuesto del año que viene contempla $55,8 mil millones. En términos nominales es un aumento de 55,8% pero si se contabiliza la inflación prevista el presupuesto es menor al de este año. De acuerdo con el informe, tomando la inflación de 76,1% que estima para el 2023 la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la partida para Ambiente se achicará 11,4%.
En cambio, si se considera la inflación de 60% que estima el Gobierno para el 2023 el recorte será de 2,5%. “Por último, si tomamos como criterio la proyección de inflación interanual para 2022 (95%) como proxy de igual poder adquisitivo, la caída en términos reales es del 19%”, señala el documento.
Sobre los motivos detrás de este recorte, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó a TN: “Es una muestra más de que no se están priorizando las partidas socio ambientales. Esto es por la priorización del pago de la deuda. La deuda condiciona el poder avanzar en derechos postergados”.
Al respecto, el informe señala que el presupuesto destinado a finalidades vinculadas con “Ecología y Medio Ambiente” (que no solo dependen del Ministerio de Ambiente) reúnen en total $93 mil millones, que es el 3,5% frente a los Servicios de la Deuda.

Poco espacio para las renovables en el Presupuesto 2023
Izcurdia remarcó que en la hoja de ruta de gastos, el Gobierno “sigue priorizando la inversión en hidrocarburos y no en energías renovables o políticas que permitan avanzar hacia la transición energética. No es algo diferente a lo que se ve en otros años. Se está profundizando el modelo energético actual, que es contaminante”.
Si bien la Argentina se comprometió para que en 2025 el 20% de su matriz energética sea renovable (hoy está en 10%), este objetivo está lejos de reflejarse en el Presupuesto. De los $1.439.693 millones que tiene el Programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía, el Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables representa un 0,02% sobre el total del programa (menos de $311 millones).
En esa misma línea, los subsidios a las empresas hidrocarburíferas son 333 veces más que los $450 millones de, por ejemplo, el Subprograma de Conservación de la Biodiversidad ($450 millones). Y las exenciones impositivas a las mineras ($58 mil millones) sumarán más que la totalidad del presupuesto del Ministerio de Ambiente para el año que viene.
“El presupuesto refleja que no se está encarando un plan genuino para el abandono gradual de los combustibles fósiles y una transición hacia una matriz de bajas emisiones, sino por el contrario, se está profundizando el propio modelo energético actual que no solo es contaminante, sino que está sujeto a precios volátiles”, explica el documento de ACIJ y FARN.

La ley de bosques, una eterna postergada
Debido al boom de deforestación que comenzó en la década del 2000, en 2007 se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) para preservar estos ecosistemas. Esta iniciativa contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año.
Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre. El 2023 no será la excepción: los $9000 millones destinados a la normativa apenas representan el 0,03% del Presupuesto (un 10% de lo que debería ser).
Con respecto a los recursos para el programa Manejo del Fuego (los incendios devoraron millones de hectáreas este año en la Argentina), el incremento fue de 25% entre un año el otro pero se compensó con el ingreso, por primera vez, del Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego (FNMF).
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Habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo podrían tener plomo en sangre

Fecha de Publicación: 27/10/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Riachuelo


La evaluación poblacional y toxicológica ambiental se realizará en Almirante Brown, Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
Especialistas de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) iniciaron una evaluación poblacional para detectar presencia de plomo en sangre de los habitantes de esa cuenca, informó el organismo.
Se trata de una actividad enmarcada en la Semana internacional para prevenir la intoxicación por plomo.
En ese sentido, hasta el 29 de octubre próximo se realizarán también acciones para prevenir la intoxicación con ese metal.
La iniciativa de la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura es dirigida conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este marco, Acumar implementó en las Unidades Sanitarias Móviles operativos de evaluación poblacional y evaluación toxicológica ambiental en Almirante Brown, Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.
Además, se realizaron acciones en salas de espera con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los efectos del metal y se brindó la posibilidad de realizar una plombemia a pacientes que concurren a los hospitales por otras causas.
El organismo también llevó adelante encuentros de formación para profesionales de la salud sobre fuentes de exposición a plomo, diagnóstico y efectos clínicos en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda y Merlo.
El objetivo de estas jornadas es formar recursos a nivel local para poder identificar las poblaciones de riesgo y realizar un diagnóstico clínico temprano.
En articulación con el Ministerio de Salud porteño se capacitó sobre exposición a plomo, estado nutricional y recomendaciones alimentarias, detalló Acumar.
Por otro lado, de forma periódica, Acumar realiza evaluaciones toxicológicas ambientales y poblacionales para detectar posibles fuentes de plomo y con esa finalidad se llevan adelante controles en población de la Cuenca expuesta a través del ambiente o de las actividades laborales informales, que afectan tanto a las personas adultas que las llevan a cabo, como a sus acompañantes y convivientes.
Ante la sospecha de exposición a este metal, se brindan pautas higiénicas, dietéticas, laborales y personales para disminuir dicha exposición y pautas nutricionales que reducen la absorción del plomo.
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Cambio climático: impactos y avances en Argentina

Fecha de Publicación: 26/10/2022
Fuente: El Auditor
Provincia/Región: Nacional


Si bien en el país rige la Ley 27.520 de adaptación y mitigación, poco se aplica y las sequías, inundaciones y altas temperaturas afectan a la región. Cuáles son los principales retos de cara al compromiso de la Agenda 2030.
El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático para reflexionar sobre los efectos negativos que tiene en la salud, el ambiente, las economías y el desarrollo sustentable. En Argentina, desde hace 3 años, rige la Ley 27.520 que establece un marco legal para actuar ante la problemática. Sin embargo las emisiones de CO2 no se reducen y en 2021 representaron un 10% más que en 2020. “Tenemos mucha normativa ambiental, lo que falla es la aplicación”, alertó Jazmín Rocco Predassi coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de 2019 institucionalizó espacios que ya existían y otros que no. Ese año fue un avance la conformación del Consejo Asesor Externo que estaba establecido en la ley y el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. "Era un objetivo de la normativa, una hoja de ruta para cumplir con los compromisos asumidos en la Agenda 2030”, comentó Rocco Predassi quien aseguró que el Plan Nacional de Adaptación se presentará en la COP27 en Egipto en noviembre.

¿Cuáles son los impactos del cambio climático en nuestro país?
El año pasado, según el Servicio Meteorológico Nacional, fue uno de los años más cálidos desde 1961. Y el calor es uno de los efectos que trae la crisis climática a los que se suman las sequías, incendios, inundaciones, eventos climáticos extremos y sus consecuencias sobre las personas, el medio ambiente, las economías y la salud.
“Los eventos extremos cada vez más intensos y frecuentes ya los estamos viviendo hace unos años y van a continuar acentuándose. En estos momentos estamos en medio de una sequía muy fuerte. En enero tuvimos una ola de calor donde Argentina fue el punto más caliente del planeta. Estos eventos afectan a la ciudadanía pero también se ven afectadas otras cuestiones como la economía”, indicó Rocco Predassi.
En 2020 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó un informe donde explica los impactos de la crisis climáticas, las áreas vulnerables y los efectos a futuro en algunas zonas. Siguiendo el informe, ya se observan cambios en el este y en el norte del país con respecto a la frecuencia de temperaturas extremas, la cantidad de días al año con olas de calor se duplicó en regiones próximas a la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo se observaron aumentos en la precipitación media anual para gran parte del territorio con consecuencias hídricas. En el oeste y en el norte, los periodos secos de invierno se han hecho más largos generando problemas en el acceso al agua. A futuro se esperan más sequías, inundaciones, incendios e incrementos de las olas de calor. Con este panorama, existe un riesgo de que aumenten la transmisión de algunas enfermedades como dengue y fiebre amarilla, se pierdan cultivos, haya deshielos tempranos en la Patagonia y problemas en la distribución de energía en momentos de alta demanda.

Emisiones de gases del efecto invernadero
En Argentina, el 53% de las emisiones están vinculadas al sector energético; el 37% agricultura, ganadería y otros usos de la tierra; el 6 % a la industria y el 4 % restante a los residuos, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero elaborado por Ministerio de Ambiente. En este sentido, “falta una visión a largo plazo. Argentina tiene pendiente la elaboración de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo que viene del Acuerdo de París pero es una meta a 2050. Eso todavía no se ha desarrollado”, expresó Rocco Predassi.
“Necesitamos acciones a corto plazo pero también una visión a largo plazo y una alineación entre todas las políticas del gobierno nacional. El cambio climático no puede quedar relegado a un ministerio porque es una cuestión económica, social, vinculada a la energía, a la producción agropecuaria. Todas las políticas deberían alinearse hacia un objetivo de máxima para poder mitigar y adaptarnos a estas nuevas situaciones que ya estamos viviendo y que van a seguir profundizándose”, añadió la integrante de FARN.
En este mismo sentido se expidió la Auditoría General de la Nación (AGN) cuando auditó la Dirección Nacional de Cambio Climático y alertó sobre la falta de una estrategia nacional de largo plazo, que incluya las medidas de mitigación y adaptación para atender las necesidades nacionales. El organismo de control también detectó fallas en la generación de información para identificar potenciales eventos climáticos extremos.

¿Cómo medir tus emisiones, la huella de carbono?
Sustentabilidad Sin Fronteras nació durante la COP en Marruecos ante la falta de acción territorial, proyectos y concientización sobre el tema. Hoy la fundación está conformada por profesionales de diferentes especialidades y, entre otras actividades, desarrollan eventos como la Cumbre Regional de la Juventud, el ciclo de entrevistas Cable a Tierra, acciones de concientización y una plataforma para medir la huella de carbono tanto de un ciudadano como de una organización o empresa.
Huelladecarbono.ar es una plataforma simple que, mediante una serie de preguntas, calcula la emisión de CO2 de forma libre y gratuita. “Cualquiera puede ingresar y medir su huella de carbono y tener la posibilidad de llevarse algunos tips sobre cómo reducir la huella de carbono y cómo compensarla a través de plantación de nativas hasta otro tipo de forma de compensación con aliados estratégicos que tiene la fundación”, detalló Cruz Ruax, director de Proyectos Nacionales y Relaciones Institucionales de la fundación.
Desde Sustentabilidad Sin Fronteras ven con alerta la falta de urgencia con la que se está actuando. “Las políticas públicas tienen que tener una mirada más integral, transversal. Todavía falta más compromiso, los lobbies que llevan a cabo actividades productivas que son las principales responsables de la crisis climática empiecen a entender que tienen que transicionar hacia otro modo de producir y esa transición tiene que incluir a los trabajadores y al empleo verde. Hay mucho para hacer”, remarcó Ruax.
A nivel mundial según informes de el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) la temperatura del planeta ya se incrementó en promedio 1,1 grados centígrados desde la Revolución Industrial por actividades humanas. Ante este panorama, "tenemos que seguir exigiendo más mecanismos de participación para que la juventud ambientalista, las asambleas, colectivos sean incluidos y escuchados. El llamado a la participación tiene que ser con mayor compromiso”, agregó Ruax quien sobre el final subrayó la importancia que tiene que el Congreso de la Nación sancione una Ley de Humedales para la protección de estos ecosistemas fundamentales para la mitigación del cambio climático.
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Amparo para frenar dragado en la Hidrovía Paraguay-Paraná llegó a la Corte Suprema

Fecha de Publicación: 26/10/2022
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Litoral Argentino


El máximo tribunal deberá dirimir la causa concerniente al Amparo Ambiental Federal por gravedad de la crisis hídrica-climática y la consecuente oposición a mayores tareas de profundizaciones del río.
La Corte Suprema tiene que resolver una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que reclama considerar el estado del Paraná frente a la crisis hídrica y el avance de las obras para profundizar su dragado.
La organización pretende que la Corte dicte la medida cautelar y se frenen y prohiban las tareas de dragado iniciadas en uno de los pasos críticos que tiene el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná, frente a la ciudad de Ramallo (Santa Fe), en un contexto de pronunciada bajante del curso durante el seco verano de 2021-2022, que afectó seriamente a importantes ciudades misioneras y que se podría repetir, pero “con una mayor gravedad”, estimó el abogado ambientalista Lucas Micheloud en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“La situación es dramática, el fenómeno de La Niña afecta la región por tercer año consecutivo. Todas las proyecciones indican que va a seguir hasta marzo o abril del 2023, por lo tanto se va a sostener la bajante del río y esto genera profundos impactos en todos los ecosistemas”, alertó el activista ambiental.
Y añadió: “En este contexto, que el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay pretenda ampliar y ensanchar el canal del lecho del río con obras de dragados, es decir remover y perforar su lecho, lo único que va a hacer es quitarle agua no sólo al humedal sino a todo lo que está cerca para aumentar el caudal del Paraná, secándolo todo alrededor”, explicó sobre tan sólo uno de los impactos esperables si se prosiguen las tareas sin el debido estudio de impacto ambiental.
“La fauna ictícola está muy estresada sin la capacidad de resiliencia que tiene para enfrentar lo que ocurre, porque es muy prolongada la crisis hídrica y lo mismo está sucediendo con los humedales del Delta, que están por un lado este presionados por los incendios forestales, por la expansión de la frontera agrícola ganaderas y agravado la situación hídrica”, amplió el abogado integrante de la AAdeAA.
Dijo Micheloud: “Esto no puede seguir hasta tanto se realicen los estudios de impacto ambiental en la totalidad de las intervenciones que se vienen haciendo sin ningún tipo de evaluación previa en todos los tramos de la cuenca del Paraná”.
“Desde que nosotros interpusimos el amparo, hace algunos días, el Ministerio de Transporte habilitó para que se realicen obras de dragado en otros diez pasos críticos. Es decir, autorizó que se avancen en obras de dragado sin ningún tipo de estudio previo y lo paradójico es que el director de impacto ambiental del Ministerio de Transporte señaló que ellos no tienen competencias ambientales y tampoco se le da ningún tipo de intervención al Ministerio de Ambiente”, cuestionó.
Para el ambientalista y abogado, estas mega obras a lo largo del Paraná “no son inocuas” sino que por el contrario tienen “graves impactos en los ecosistemas y también en la sociedad”.
“Las obras de dragado están provocando profundos impactos en los humedales, en la flora en general del humedal y en la fauna ictícola no porque esto le quita oxigenación al agua, la suspensión de los sedimentos y el riesgo obviamente para el consumo humano donde se hacen estos pasos, es enorme. Se trata de una región donde hay muchas tomas de agua para consumo. Eso no se puede dejar librado al azar”, urgió.
“Estos pasos que no son obras inocuas, lo decíamos desde mucho antes y se están haciendo sin una evaluación de impacto ambiental, sin cumplir con las mínimas reglas de la democracia participativa. No hubo ninguna convocatoria de audiencias públicas, por lo tanto digo la situación es muy compleja y es muy preocupante”, finalizó.

“La cuenca es una sola y hay que cuidarla en su totalidad”
A decir del integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Lucas Micheloud, “la cuenca es una sola. Nosotros tenemos una unidad de cuenca, una perspectiva de unidad de cuenca. Es decir, el río puede tener distintas regiones, distintos tramos, pero es una sola, por lo tanto la preservación y cuidado de sus ecosistemas asociados no tienen ningún límite fronterizo jurisdiccional”, remarcó durante la larga charla en la cual explicó la complejidad de la situación.
“Al no haber evaluaciones ambientales estratégicas y previas, estas obras se están realizando hoy sin control alguno. En el paso Las Hermanas, por ejemplo, es zona de un bosque petrificado donde hay restos paleontológicos de valor histórico que no está valuado por las autoridades, eso no está ni siquiera en la discusión. Es uno de los bosques petrificados más importantes que tiene esta región. Las obras de dragado, entre otras cuestiones, lo que hacen es profundizar los cambios físicos del fondo acuático, porque van hacia la remoción de los sedimentos que tienen que ser categorizados para ver qué contaminantes tienen”, pidió el experto.
Micheloud exigió ver qué contaminantes tienen esos sedimentos que se van a remover a causa de las obras, categorizar sus agentes y definir qué tratamiento hay que darles en su disposición final. si se hace en agua o en tierra y en qué lugar.
“Hoy esto está en una absoluta nebulosa. Las tareas de dragado van afectando el tiempo de permanencia del agua en los distintos ecosistemas y sobre todo la dinámica que tiene el canal del río y el terreno aluvional. El Delta del Paraná y el Delta argentino es un área inundada, pero si estas obras se sostienen en el tiempo sin los análisis hidrológicos correspondientes van a provocar un proceso de desertificación”, aseguró.
“Por otro lado se van modificando los patrones en la circulación del agua y eso va erosionando las costas. Todos los estudios que estamos realizando con gente especializada nos dicen que la isla se puede partir”, dijo.
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Universidades investigan la relación entre cáncer infantil y los agroquímicos

Fecha de Publicación: 25/10/2022
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Una red de seis universidades nacionales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe pondrán bajo la lupa durante los próximos cinco años la relación entre factores ambientales clave, como calidad del agua, uso de agrotóxicos y condiciones de vida, con los “preocupantes” indicadores de mortalidad infantil por cáncer que tiene Argentina y la Región Centro, como los calificó el médico e investigador, Alejandro Oliva.
En tanto, entre la población a partir de los 60 años, investigarán junto al Instituto Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario el cruce entre esos elementos y enfermedades degenerativas en esa población, específicamente Parkinson y Alzheimer.
Así, el cruce entre salud y ambiente seguirá siendo en una nueva fase el norte de las investigaciones que llevan adelante universidades nacionales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe y que conforman la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (Redinasce). Tras cerrar una primera etapa donde se trabajó sobre los indicadores de cáncer en adultos, así como las anomalías congénitas vinculadas a la calidad del agua y la presencia de arsénico, la superficie sembrada y el uso de agroquímicos, además de las condiciones de vida de la población, este viernes anunciaron la puesta en marcha de una segunda fase de trabajo hasta 2026.
En estos primeros años, los resultados obtenidos ya mostraron claras relaciones entre la mortalidad por cáncer en los varones de las tres provincias de la región central del país y el desarrollo de las superficies sembradas, así como también en relación a los indicadores de pobreza. Fundamentalmente, en la prevalencia de determinados tipos de cáncer, como son el de pulmón, páncreas y colon.
Del mismo modo que los estudios sobre el agua realizados sobre el agua consumida por la población -agua de red que llega a los domicilios y que consume el 70 % de estas poblaciones- mostraron que la tasa de mortalidad está aumentada para hombres y mujeres a lo largo de los 25 años que conforma el período estudiado.

El cáncer infantil, una prioridad
Oliva, a cargo del Programa de Medio Ambiente y Salud del Centro de Estudios Interdisciplinarios UNR y coordinador de las investigaciones desde 2016, señaló que las investigaciones en relación al cáncer infantil “son una prioridad” y así lo declaró el Ministerio de Salud de la Nación. “Sucede que en todo el mundo la mortalidad baja, por prevención y los controles, pero en la Argentina en los niveles socioeconómicos más bajos sube desde 2010 y es preocupante”, explicó el médico.
A ese escenario, Oliva le sumó que la Región Centro “históricamente tuvo tasas superiores a las medias nacionales y Santa Fe está entre las cinco provincias con tasas de mortalidad más altas”, lo que sustenta la decisión de avanzar a partir de ahora en la investigación de esos indicadores en un cruce con los factores ambientales, como ya se hizo en adultos.
El objetivo es primero trabajar en el mapa de las 24 provincias para luego focalizar en la zona central del país, así como también se plantean el desafío de obtener “datos departamentales de la provincia que permitan saber cuáles son los de mayor riesgo”. Y más aún, la clave -adelantó- estará en sumar a los factores que ya se vienen estudiando -superficie sembrada, calidad de agua y nivel socioeconómico- la calidad del aire.
“La apuesta es hacer un estudio particularmente de aire, que es uno de los factores que más impacto tiene en la contaminación ambiental y sobre todo en los chicos, que son más receptivos a esa contaminación y también desde el punto de vista del cáncer”, anticipó.
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