El Ministerio fortalece su compromiso con la prevención de la contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 06/07/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Esto es posible gracias a la creación del Programa Nacional de Prevención del Riesgo Ambiental, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, puso en marcha el Programa Nacional de Prevención del Riesgo Ambiental, el que está vinculado con las políticas públicas que buscan garantizar la calidad ambiental a través del control, la fiscalización y la prevención de la contaminación del ambiente. La resolución por la cual se creó el programa fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
La iniciativa forma parte del plan estratégico establecido para 2021 con los objetivos fortalecer, por un lado, las capacidades técnico-administrativas y brindar herramientas de gestión a las autoridades ambientales de aplicación local en relación con el control de cumplimiento del seguro ambiental obligatorio (SAO). Por el otro, procura reconocer las distintas problemáticas que se presentan tanto en lo interjurisdiccional como a nivel provincial.
La propuesta tendrá dos dimensiones: el desarrollo de la plataforma en el marco del Centro de Información Ambiental (CIAM), lo que implica un tablero de control interno que sistematice los datos de los expedientes de la Dirección de Monitoreo y Prevención; y la creación de un mapa del riesgo ambiental a nivel nacional.
Además, el programa contará con un plan de capacitaciones a organismos provinciales y autoridades de aplicación local a fin de trabajar de manera articulada en la implementación y en la ejecución de políticas públicas para fortalecer la gestión de los seguros ambientales. El mismo tendrá una versión virtual y otra versión presencial, en caso de que la situación de la pandemia lo permita.
De esta manera, se continúa con la promoción del conocimiento sobre la temática y se prosigue en el aumento de visibilidad y de importancia en la prevención del riesgo ambiental.
Cabe resaltar que la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la que dependerá el programa, cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario cuya función principal es llevar a cabo la verificación del cumplimiento del artículo 22 de la Ley General del Ambiente, el que está referido al cumplimiento del mencionado seguro ambiental.
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Cómo obtener energía a partir de los residuos   

Fecha de Publicación: 06/07/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


En Argentina se generan 16,5 millones de toneladas de residuos por año (el 49% son orgánicos). Mediante la tecnología de la biodigestión podemos aprovecharlos, transformándolos en recursos.
Dentro de las energías renovables, verdes o limpias, solo existe una que se genera a partir de los residuos orgánicos: el biogás. Además de generar energía, que es su principal objetivo, cumple un papel importantísimo en la conservación del ambiente, evitando que estos residuos terminen enterrados en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Durante su proceso de descomposición, los residuos liberan gases de efecto invernadero (como el metano y el dióxido de carbono) a la atmósfera y lixiviados que pueden resultar contaminantes a los suelos y a las napas subterráneas.
Según el Informe “Estado del Ambiente 2018”, elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos (DNGIR) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en Argentina se generan 16,5 millones de toneladas de residuos por año (el 49% son orgánicos). Mediante la tecnología de la biodigestión podemos aprovecharlos, transformándolos en recursos. Esto evitaría los costos de gestión de grandes volúmenes de residuos y reduciría los impactos socioambientales negativos asociados.
La biodigestión es un proceso anaeróbico, que se realiza en ausencia de oxígeno, por medio de biodigestores o plantas de biogás. Existen distintos tipos y tamaños de biodigestores que nos permiten implementar esta técnica en hogares, oficinas, grandes empresas, industrias y hasta en municipios. Gracias a esta tecnología ese residuo que antes representaba un problema de difícil solución, o con soluciones de costos muy elevados, se convierte en un recurso valioso que nos va a permitir generar una energía útil y renovable, cerrando un circuito virtuoso y sustentable.
El biogás es utilizado a nivel domiciliario para cocinar o calefaccionar y, en otras escalas, puede ser utilizado para generar energía eléctrica, térmica o mecánica, a parte de la calorífica. Durante el proceso de biodigestión también se genera un subproducto, el “Biol”. Se trata de un líquido que posee propiedades fertilizantes y se puede utilizar para una huerta urbana o hasta en producciones agrícolas a gran escala, evitando la utilización de productos químicos sintéticos y reduciendo los costos de producción.
El mundo enfrenta una problemática muy grande como consecuencia de la contaminación por la gran cantidad de residuos que generamos, que va en aumento. La buena noticia es que ya existen muchas opciones disponibles al alcance de las personas y de las empresas para disminuir el volumen de residuos que generamos y gestionar de manera correcta los residuos inevitables, dándoles un destino sustentable.
Tenemos una generación que nos viene elevando la vara. Niños que a edades cada vez más tempranas aprenden que no hay otro camino que el de ser sustentables. Esos niños son los dueños del planeta. Sin embargo, las capacidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras hoy está en nuestras manos.
Evitando los residuos innecesarios, separando los reciclables y gestionando de manera correcta mediante el compostaje o la biodigestión nuestros orgánicos, ya estamos colaborando con la construcción de un mundo más sustentable.
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La bajante del Paraná dejó al desnudo la contaminación con plásticos

Fecha de Publicación: 06/07/2021
Fuente: Diario Epoca
Provincia/Región: Litoral Argentino


En el mes de “Julio sin plástico” y este 3 de julio que se conmemora el “Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico”, el ambientalista Luis Martínez reflexionó sobre una realidad que impacta y afecta.
Estamos en un mes y una fecha para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de reducción de las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable. Como así también sumarse al movimiento global #JulioSinPlástico que es una campaña que propone a los ciudadanos de todo el mundo a pasar 31 días sin utilizar ni consumir plásticos de un solo uso, con el objetivo de reducir el uso de este material.
La contaminación del plástico no solo es un problema en el océano, sino que también es un problema que afecta a nuestro río Paraná provocando efectos dañinos y que la actual bajante nos permitió “levantar la alfombra” para que podamos ver lo que había debajo, un sin fin de botellas y otros productos plásticos.
Es muy frecuente escuchar hablar del plástico que contamina los océanos, pero no se menciona que, en gran parte, esa basura viene desde los ríos que confluyen en los mares, un sistema similar al de las venas del cuerpo humano.
Las botellas y otros residuos plásticos son extremadamente abundantes, sin embargo como sociedad aún no entendemos el gran problema en su total magnitud y no lo asociamos con lo que realmente significa. Aproximadamente 100 botellas se puede observar por kilómetro sobre los márgenes del río. Muchos de estos residuos plástico quedan varados en el Río y con el tiempo se vuelven un problema a un mayor, atentando con el estado natural de nuestra fauna íctica.
No sólo hablamos de botellas de plásticos también tenemos que hablar de las grandes cantidades de microplástico. La acción de los rayos UV, la fricción del agua y la arena, entre otros factores, degradan el macroplástico; lo fragmentan y lo transforman en microplástico de origen secundario. Esto quiere decir que antes fue otro producto ‒por ejemplo botellas, bolsas plásticas y restos de telgopor‒ y que se ha reducido o desgastado hasta fragmentos menores a 5 mm.
En algunos lugares se han encontrado en mayores y menores proporciones. En algunos sectores alcanza las 35.000 partículas por metro cuadrado de contaminación por microplástico. En la actualidad, lamentablemente no existe una tecnología que permita quitar esos microplásticos del ambiente. Pero podemos colaborar entre todos para evitar que estos residuos ingresen al río.
El plástico es la mayor amenaza en la biota. También existen evidencias de microplástico en peces, es decir que lo están ingiriendo y las nuevas generaciones de peces también. El principal efecto negativo de los plásticos en la salud de los peces es el bloqueo intestinal, provocando la disminución de la reproducción y un debilitamiento general que los hace más vulnerables frente a los depredadores.
La contaminación por plástico en la biota puede sufrir potencialmente efectos tóxicos, cuyo alcance aún se desconoce, porque muchos plásticos liberan sustancias tóxicas, como plaguicidas y metales pesados.
El cien por ciento de los ejemplares de sábalos tenía elementos de microplásticos en sus organismos. Aún no existe una estadística de otras especies ya que los estudios científicos siguen en curso.
El problema es que no sólo producen daño a los seres vivos sino que también pueden transportar químicos e incluir diseminación de especies invasoras y patógenos, como la escherichia coli. Sabemos que estamos expuestos aunque todavía no sabemos cuáles son los efectos que puede tener en la salud humana.
Es muy importante que todos tomemos acción ahora mismo y empecemos a reducir el consumo de productos que son de plástico. Cambiar nuestra formar de actuar hacia nuestro ambiente, optar por nuevas alternativas, como por ejemplo si vas a pescar no dejes restos de hilos, plástico o botellas, recicla los chicles porque también están hechos de plástico y muchas veces las aves y/o los peces los confunden con alimentos y, el más importante, concientizar a tu entorno sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente y recursos naturales. Son pequeñas acciones que podemos hacer y ser amigables con nuestro ambiente.
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El debate ambiental se instaló en el inicio de la exploración offshore

Fecha de Publicación: 05/07/2021
Fuente: Más Energía - La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Nacional


La noruega Equinor busca la autorización para iniciar en octubre la exploración sísmica en la plataforma marítima, pero la tarea enfrenta el rechazo de ambientalista y la industria pesquera.
Después de dos años de preparativos, la petrolera estatal noruega Equinor anunció que iniciará en octubre las tareas de exploración sísmica de tres de los seis bloques que se adjudicó en la Ronda 1 para la Exploración de Hidrocarburos en el Mar Argentino. Será el punto de partida para una campaña científica que permitirá develar la larga incógnita de la industria petrolera sobre el potencial de recursos en la plataforma marítima, uno de los espacios más extensos y menos explorados a nivel global.
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que la petrolera presentó para la adquisición de sísmica 3D en los bloques Can100, Can108 y Can114 (en la Cuenca Norte de la Plataforma), es el motivo de la Audiencia Pública que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lleva adelante desde el jueves con más de 500 oradores inscriptos, los que vienen alentando un fuerte debate sobre la necesidad y conveniencia de este tipo de actividades.
Es de esperar, que el actual sea apenas el punto de partida de la discusión ya que el Estado nacional adjudicó 18 áreas por unos 94.000 kilómetros cuadrados, de un total de 38 propuestas, que demandará una inversión inicial de u$s 720 millones. Allí tienen intereses grandes petroleras como YPF, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow.
Pero a pesar de que es una operatoria largamente difundida en las exploraciones off shore de todo el planeta, el proyecto local encontró en los activistas ambientales y en la industria pesquera sus dos más grandes detractores. Más allá de aspectos conceptuales sobre la oportunidad de embarcarse en un incierto y costoso desafío en medio de una transición energética que busca dejar atrás los hidrocarburos, el impacto en la fauna marina y las oblaciones costeras es el eje de los cuestionamientos.
Casualidad o no tanto, días antes de la audiencia el Ministerio de Ambiente sancionó el protocolo para el monitoreo de fauna marina durante la exploración sísmica, la primera norma específica que regula cómo se deben elaborar los procedimientos que llevan a cabo los observadores de fauna marina y operadores del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), a bordo de las embarcaciones de prospección sísmica offshore.
El nuevo protocolo tiene como objetivo fijar las bases para las medidas de mitigación específicas en el marco del plan de gestión ambiental, para evitar y reducir el impacto de las prospecciones sobre la fauna marina y estandarizar la información generada sobre las ocurrencias y comportamientos de ejemplares o grupos de animales que pudieran ser detectados.
Es que el relevamiento sísmico se realizará desde un buque que remolca tres fuentes de energía y diez cables submarinos (streamers) con una longitud de 10.000 metros y en los cuales se encuentran situados receptores de ondas. Pero las fuentes de energía utilizan aire comprimido, que al ser liberado rápidamente genera ondas de sonido que son reflejadas en las distintas capas del subsuelo con el consecuente riesgo que, aseguran, generaría en el medio centenar de especies marinas que habitan esa zona de la plataforma.
La presidenta de Equinor Argentina, Nidia Álvarez Crogh, dijo en la audiencia pública que la compañía realizó "cientos de estudios sísmicos de esta naturaleza siempre con los más altos estándares ambientales y de seguridad" y que la explotación hidrocarburífera que desarrolla a nivel global no se contradice con su vocación de apoyar el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
"Los sistemas energéticos en el mundo deben transformarse de manera profunda para asegurar la descarbonización y a la vez garantizar el acceso a energía limpia y accesible. Se debe reducir la demanda mundial de petróleo pero dentro del marco de los acuerdos de descarbonización el mundo aun dependerá de petróleo y gas durante muchos años", auguró Álvarez Crogh.
Equinor, con presencia en 30 países, llegó a la Argentina en 2017 y desde entonces logró los permisos de exploración costa afuera en 8 bloques del Mar Argentino, de los cuales es operador en seis, y participa en cuatro áreas no convencionales de Vaca Muerta y lleva adelante el desarrollo del parque solar Guañizul en la provincia de San Juan, pronto a entrar en operación comercial.
Pero más allá de las certezas que ofrece la petrolera noruega, el sector pesquero manifestó abierto rechazo a la actividad hidrocarburífera en el lecho marino. A través de la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina se alertó que cualquier alteración en la distribución y abundancia que se produzca en los recursos marítimos a partir de las prospecciones sísmicas, "desestabilizará la estructura comercial de las empresas, pudiendo provocar consecuencias indeseadas y pérdidas económicas considerables".
En el mismo sentido cuestionó que el desarrollo de las prospecciones sísmicas tendrán "consecuencias en los diversos estadios de crecimiento biológicos", claves en el ciclo de vida de los organismos en el área a impactar y que amenaza con dañar "una actividad económica con un desarrollo histórico muy consolidado".
Desde la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FAN), su directora de Investigación María di Paola, destacó durante la audiencia que "resulta irresponsable" continuar con el avance de la frontera extractiva de los hidrocarburos, ignorando la oportunidad de "dejar atrás el modelo productivo vigente, que llevó a esta crisis sanitaria, de biodiversidad y climática sin precedentes".
Para Di Paola, invertir en fósiles es "una idea obsoleta en un mundo que plantea la descarbonización" y entendió que el entusiasmo ante estas iniciativas "queda trunco al tener en cuenta que actualmente hay un exceso de la oferta de combustibles fósiles, que los beneficios de las empresas hidrocarburíferas están en caída y que esta actividad cada vez es más dependiente de los incentivos estatales".
Luisina Vueso, vocera de Greenpeace sobre el tema, dijo en la audiencia que no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera off shore sin que genere impactos irreversibles para los exosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de la poblaciones costeras.
La exploración sísmica es "el segundo mayor contribuyente de ruidos subacuáticos detrás de pruebas militares y nucleares, con un alcance de 300.000 kilómetros cuadrado, lo que repercute en el delicado balance de los ecosistemas marinos y en el principal corredor biológico del Mar Argentino".
Para contraponer posiciones, el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, aseguró que Equinor como todas las empresas adjudicatarias tienen “alta experiencia en este tipo de operaciones que llevan a cabo en áreas como el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Golfo de México, el Caribe y los mares de Asia-Pacífico” con “estándares de seguridad ambiental y operativa a nivel mundial”.
Pero el titular del IAPG, además, resaltó que la actividad petrolera tiene “importante expansión de la cadena de valor presente y agregará sectores nuevos como desarrollo portuario, industria naval, transporte aéreo en altamar, fabricación de herramientas especificas y sus servicios asociados".
También la empresa socia de Equinor en el proyecto, la estatal argentina YPF, se manifestó a través de su gerenta de Exploración, Fernanda Rago, quien enmarcó la actividad en “el objetivo prioritario del Gobierno nacional de logar el autoabastecimiento hidrocarburífero” lo que abre la posibilidad de “aprovechar una oportunidad única de generar valor y crecimiento económico para la sociedad, el conocimiento cientifico de los recursos naturales y el fortalecimiento de la soberanía”.
La tarea de incrementar el conocimiento del subsuelo costa afuera, aseguró, requiere de “inversiones de compañías con capacidad técnica y financiera para abordar estos emprendimientos en particular del off shore argentino, una de las últimas fronteras exploratorias que quedan en el mundo con altísimo potencial, cuantificada en un área prospectable de 590.000 km2 en el que se busca confirmar un volumen de potencial hidrocarburifero de 31 billones de barriles equivalentes”.
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Misiones fomentará por ley el uso de la energía fotovoltaica

Fecha de Publicación: 05/07/2021
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


La norma apunta a la transición progresiva hacia la energía renovable como fuente de matriz energética de la provincia
La Cámara de Diputados de Misiones se reunió nuevamente al pleno de forma virtual para tratar un total de 58 expedientes en una nueva sesión ordinaria del cuerpo. Entre los expedientes se destacaron la creación de un programa para fomentar la generación de energía solar; cambios en la ley que rige el funcionamiento de la Editorial de las Misiones; dos leyes relacionadas con la salud y la aprobación del funcionamiento de un nuevo banco en la tierra colorada.
En lo que respecta a la ley para fomentar el uso de la energía fotovoltaica, se trata de una norma que propuso el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, y que busca “fomentar la transición progresiva hacia la energía renovable como fuente de la matriz energética de la provincia”. Para ello, se establece en esta normativa un marco regulatorio.
El objetivo de darle impulso a este tipo de energías es para “el desarrollo sostenible y la mitigación climática, mediante la integración y complementación energética regional de fuentes de energías renovables”.
Según la ley, aprobada ayer, “se entiende por integración y complementación energética regional mediante energías renovables, a la incorporación de energía renovable a la matriz energética provincial mediante el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, para su producción, cogeneración y autogeneración”. Esto se expresa en el segundo de los artículos que aprobó la Legislatura.
La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Energía de Misiones. Y entre sus facultadas estará “efectuar el control y la regulación de las construcciones de las centrales. Para ello debe crear indicadores que relacionen la generación y consumo de energía eléctrica con el cambio climático, así como su seguimiento y actualización”.
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Veladero presentó planes de ampliación para extender la vida útil de la mina

Fecha de Publicación: 05/07/2021
Fuente: Servicio informativo Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


La empresa operadora responsable expuso el nuevo proyecto ante autoridades del Ministerio de Minería.
En dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, la empresa Andina Del Sol SRL realizó la presentación técnica de la futura ampliación de la mina Veladero, que permitirá extender la vida útil del proyecto a través de la expansión del valle de apilamiento en las fases 7A y 7B, acciones que serán controladas por el Ministerio de Minería.
En esa presentación se abordaron temas de ingeniería referidos al diseño y cálculo de la estructura y a la operación de esta zona del valle de lixiviación. Numerosas preguntas estuvieron dirigidas a los controles operacionales y ambientales de la futura ampliación. La empresa presentó su plan de trabajo y sobre esta base el Ministerio de Minería de la Provincia realizará sus controles de la obra a través del coordinador del proyecto de Veladero y sus inspectores de Policía Minera.
Para el Ministerio de Minería resulta de fundamental importancia que las empresas mineras presenten sus futuras obras para poder debatir con sus profesionales detalles de su construcción y control de estos proyectos.
Del encuentro, participaron el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Ing. Hugo Chirino; el secretario técnico, Ing. Mario Juárez; el director de Fiscalización y Control Minero, Lic. Roberto Luna; los ingenieros Guillermo Serafini, Alejandro Martín, Denis Monardes (coordinador del proyecto Veladero), Pablo Fernández y el Lic. Pablo Ormeño. Por el Departamento de Hidráulica participó el Ing. Carlos Yanzón y por el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES), el Ing. Rodolfo García. Por parte de la empresa estuvieron presentes los Ing. Percy Mayta, Gabriel Páez, Luis Montiveros y el Lic. Alberto Abecasis.
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Diputados dio media sanción a la nueva ley de biocombustibles

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El proyecto establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Fue por 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de biocombustibles, en una maratónica sesión que comenzó pasadas las 14. La norma recibió 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones y fue girada al Senado para su sanción definitiva.
La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio -aunque algunos de sus miembros de provincias azucareras votaron a favor-, Consenso Federal, el socialismo y la izquierda.
El proyecto de Biocombustibles establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.
El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.
Otro punto del proyecto que generó resquemores es el que habilita a la Secretaría de Energía a "elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".
Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que "esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.
“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo "hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional".
A continuación tomó la palabra la legisladora mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, que por el despacho de minoría, argumentó que “esta es una ley que fomenta la corrupción y castiga a la inversión. Una cosa es un Estado presente, otra cosa es intervencionismo de un Estado ineficiente".
Sus afirmaciones le valieron un cruce con el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien pidió una interrupción para hacer una aclaración: "Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados".
Acto seguido invitó a la diputada preopinante a revisar su celular, "a ver si tengo algún tipo de teléfono o llamado de algún empresario amigo y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia".
El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, aclaró el objetivo del proyecto de ley y dijo que "estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable”.
“De fondo estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios", sentenció.
En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, pidió votar la prórroga al régimen existente, que ya cuenta con media sanción del Senado, y criticó que no haya "un plan de desarrollo para el sector de los biocombustibles”.
Además, cuestionó el papel que le otorga el proyecto a la Secretaría de Energía. "Esta Super Secretaria va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones. A sola firma del Secretario. Y lo mas grave, es que esta Ley prohíbe la instalación de nuevas empresas. Esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina".
Por su parte, el titular de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, pidió seguir debatiendo el tema y "no votar este proyecto para devolverle a la Argentina una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.
En tanto, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, expresó: "Los tiempos nos ponen en la necesidad de acompañar el proyecto, ya que no podemos arriesgar los más de 30 mil puestos de trabajo, las inversiones y esfuerzos tecnológicos realizados. Sólo pido que debatamos otra matriz energética".
"No se dieron los espacios para discutir el problema de fondo, que es la matriz energética y la producción. Sólo se habló de dinero e inversiones, sin pensar en el impacto medioambiental o si se es sostenible prorrogarlo por 10 años", aclaró.
La diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, dio las razones de su rechazo al proyecto por considerar que "beneficia a un grupo de agrodepredadores", e insistió en plantear que el Congreso debe tener "otras prioridades".
El diputado socialista, Enrique Estévez, insistió sobre la cuestión ambiental y pidió "incorporar la mirada ambiental al modelo de país que queremos. Fomentar una economía circular, generar puestos de trabajo y tener una matriz energética más limpia, además de un desarrollo verdaderamente federal”.
"Si siguen gobernando los partidos que representan a este gran empresariado no tenemos salida para poder transformar la intoxicación, el envenenamiento que están haciendo para hacer grandes fortunas", dijo durante su discurso en el recinto.
Al cierre, el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los autores del proyecto, indicó: “Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”.
Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".
En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
En la agenda de la sesión, también se incluyó un proyecto de la diputada del PRO, María Luján Rey, que incorpora al Código Procesal Penal, el artículo 469 bis que establece un máximo para la resolución de los recursos de Casación.
"El tribunal de alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del período de noventa (90) días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por única vez y por un plazo extra de 20 (veinte) días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de diez (10) días hábiles antes del vencimiento del primer plazo dispuesto", indica el texto de la norma. La iniciativa obtuvo media sanción por unanimidad con 246 votos a favor.
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Fauna silvestre: destruyeron más de 4.000 jaulas y tramperos en Mendoza

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza


La destrucción de jaulas se hizo Centro de Rescate y Conservación de YPF, en Luján con el objetivo de la conservación y recuperación de la fauna silvestre
Se destruyeron más de 4.000 tramperos y jaulas utilizados para el comercio y tráfico ilegal de la fauna autóctona y que fueron decomisados en varios operativos.
“Este acto tiene por finalidad poner en valor el cuidado y protección de la fauna silvestre. Es una destrucción simbólica de los principales instrumentos empleados para la caza furtiva y el comercio ilegal en nuestra provincia. También es la oportunidad para remarcar los excelentes resultados que se obtienen de los trabajos bien coordinados entre diversos organismos gubernamentales”, explicó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
En los procedimientos por violación a la Ley de Fauna que se despliegan en toda la provincia, en la mayoría de los casos por denuncias de la ciudadanía, participan la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial; el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Rural y el Cuerpo de Investigaciones; el Iscamen y Gendarmería Nacional, entre otros organismos.
El acto se desarrolló en el Centro de Rescate y Conservación de YPF, ubicado en el Complejo Industrial Luján de Cuyo.

Liberaron casi 3.000 aves desde 2005
Cabe destacar que a partir del trabajo conjunto entre YPF y los organismos estatales, se han destruido 31.700 tramperos y jaulas desde 2005. Además, en los últimos cinco años se han rehabilitado en el Centro de Rescate y Rehabilitación de YPF y liberado en su hábitat natural 2.960 animales, en su mayoría aves, que fueron decomisados a cazadores furtivos, y más de 10.000 en todo el territorio provincial en lo que va de la gestión.
Se trata de liberaciones coordinadas con la Dirección de Recursos Naturales Renovables, que abarcan gran parte del país: San Luis, San Juan, Córdoba, Catamarca, Salta, Corrientes, Chaco y Tucumán. Cada especie tiene un rango de distribución específico y se debe liberar en su ecorregión original.
Mendoza es una de las pocas provincias que cuenta con legislación (el Decreto Reglamentario 1890) que prohíbe no solo el uso, la tenencia y la fabricación de implementos y sustancias para captura de fauna sino que también prohíbe la comercialización.
Además de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía es un actor clave en la lucha contra el tráfico y comercio ilegal de animales. A través del sistema Ticket, las personas pueden denunciar situaciones de caza, cautiverio, tráfico o comercio ilegal de fauna, a través de la página de Ambiente: www.ambiente.mendoza.gov.ar.

Algunas cifras del Centro de Rescate y Conservación de YPF
- Se reciben un promedio mensual de 11 actas de secuestro.
- Liberación de fauna rehabilitada en los últimos cinco años: 2.960 animales.
- EL 85% son aves autóctonas de la región de Cuyo, 14% de otras regiones del país y 1% son exóticas (fuera de Argentina).
- La especie más traficada es el siete cuchillos (Saltator aurantiirostris), luego le siguen el piquito de oro (Catamenia analis) y la diuca (Diuca diuca).
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Investigadores de la Unne analizan la contaminación que producen las luces led

Fecha de Publicación: 03/07/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Aseguran que la iluminación led es una tecnología con ventajas en lo económico y en el ahorro de energía, pero evaluarán su impacto negativo en otros aspectos.
Se trata del proyecto “Desempeño de productos de luminarias led”, acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne, y que en una de las líneas de abordaje se enfoca en el impacto de esta tecnología en materia de contaminación lumínica.
Buscan profundizar el conocimiento del uso de esta tecnología a nivel regional y proponer pautas y normativas de uso racional que aminoren los impactos negativos de la contaminación en la vida cotidiana y en el ambiente.
Las tecnologías de iluminación por diodos emisores de luz o Leds, presentan numerosas ventajas relacionadas a la economía energética, la duración de las lámparas, la intensidad y la posibilidad de variar los colores, aspectos que permiten una gran amplitud de aplicaciones domésticas, urbanas e industriales.
Esta tecnología es a primera vista muy beneficiosa para el ambiente por el enorme ahorro de energía, sin embargo también generan riesgo de contaminación lumínica.
Los profesionales aseguran que los efectos comprobados de la contaminación lumínica son muchos y afectan en distinto grado al ambiente, a plantas y animales, a la "contaminación de los cielos" y a la vida cotidiana de las personas.
“La contaminación lumínica, y sus efectos, no tuvo la atención que sí han tenido otros tipos de contaminación, probablemente por ser la menos dañina. Pero con la irrupción masiva del sistema de iluminación Led y el incremento enorme de la superficie iluminada, se acrecentaron los problemas” destacaron los investigadores a cargo del estudio, Emilio Scozzina y el José Luis Fontana, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Unne, ubicada en Corrientes.
Señalan que el objetivo del proyecto es aportar desde la ciencia en el conocimiento sobre esta tecnología y su uso en la región, y generar sustento científico que colabore en el diseño de pautas, planes y normativas de uso racional de la iluminación Led.
Los investigadores reiteraron que el objetivo del estudio iniciado es aportar en la generación de conocimiento que contribuya a analizar posibles acciones en el plano local y regional.
Señalaron que muchas veces se piensa a la contaminación lumínica como un problema que ocurre en las grandes ciudades del mundo, las más desarrolladas, pero la masificación del uso de la tecnología Led incrementó indicadores de contaminación visual en muchas partes del mundo.
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Menos del 5% de los bidones de agroquímicos se recuperan cumpliendo con la legislación

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional


La información corresponde a la provincia de Buenos Aires, que suministra datos oficiales.
En Argentina rige la ley nacional N°27.279/16. Reglamentada en 2019, se la bautizó como ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios”. Dicho en sencillo, se propone garantizar un destino final sin impactos ambientales negativos (o con los mínimos razonables) para los bidones plásticos que se emplean en el campo argentino (unos 300 millones de litros al año en una cálculo conservador).
Las provincias fueron invitadas a adherir a la misma y a la fecha, en solo 6 provincias las autoridades competentes designadas han aprobado el sistema de gestión. Restan 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La provincia de Córdoba, última que reglamentó la adhesión, se sumo al sistema a fines del año pasado.
El sistema establece lo que se denomina “Responsabilidad Extendida”, que obliga a las empresas a hacerse a cargo del envase del producto que venden después de utilizado. Para ello prevén un sistema de declaraciones juradas que permitiría determinar el destino final de cada uno de los bidones que se vendió. La ley prevé el tratamiento apropiado al tiempo que indica quiénes son las empresas y organismos habilitados para recibir el material.
El sistema, sin embargo, está lejos de funcionar de modo óptimo. En un estudio recientemente publicado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se dedica un capítulo a analizar la experiencia del sistema en la Provincia de Buenos Aires (no disponemos datos de las otras provincias). Apenas un 4,88% de los bidones entregados a los productores fue recuperado por el sistema.
Aunque puede apuntarse que las más de 500 toneladas de plástico recuperado de esta forma representan una buena noticia, lo cierto es que de los más de 13 millones de bidones que los fabricantes de agroquímicos distribuyeron en la provincia, sólo se recuperaron algo más de 640 mil envases. Menos de un 5% parece una cantidad exigua para envases que en la mayoría de los casos tienen restos de sustancias peligrosas para la salud.
Si se intenta el cálculo del uso nacional, la cantidad de envases de agroquímicos totales está muy por encima de los 17 millones de envases, en una cuenta que solamente incluye los agroquímicos comercializados legalmente.
No sorprende por eso que en las provincias en dónde funcionan los controles, aparezcan denuncias por disposición inadecuada o que más de una vez, un incendio agrícola comience en los puntos en dónde un productor decide quemar los bidones que ya utilizó.
El panorama del plástico agrícola se completa con los silo bolsas, un producto que deposita cada año en la zona agrícola más de 19.000 toneladas. Al igual que en este caso, el destino más probable para los envases de agroquímicos que no siguen la ruta prevista por la ley, es el reciclado.
El problema aquí es que el polietileno utilizado para hacer los bidones puede, una vez reciclado, utilizarse para un sinfín de aplicaciones, desde caños hasta juguetes o nuevos envases. Y la ausencia de controles impide saber si los productos elaborados estarán en contacto con personas o alimentos.
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Se reúnen para actualizar el ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El OTBN tenía que haber sido actualizado en 2014. Ambiente de la Nación hizo una observación sobre esta situación en 2020, cuando la provincia pretendió flexibilizar los requisitos para desmontar.
Este martes se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que tiene como objetivo actualizar el mapa, algo que no se hace desde 2014. La Ley provincial 7543 dispone que la actualización se debe realizar cada cinco años, lo cual nunca ocurrió desde que se aprobó el mapa del ordenamiento, que comenzó a regir en 2009.
Según se pudo conocer por algunos de los participantes y por integrantes del gobierno, habría algunos desencuentros. Uno tiene que ver con la concepción del gobierno que entiende que un conflicto por tierras no puede ser definido por un color y, por lo tanto, no debería ser un tema atinente a la clasificación dentro del OTBN (que usa colores para categorizar las zonas susceptibles de ser desmontadas o las que deben protegerse). En cambio, otros participantes entendieron que un conflicto territorial (que a veces surge ante pedidos de desmonte) debe ser debatido en este marco con el fin de determinar qué hacer en aquellas zonas a categorizar en donde los conflictos por la tenencia de la tierras se encuentran latentes.
De hecho, ante la situación que se atraviesa en la provincia por esta problemática el 11 de junio pasado se lanzó la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI).
El objetivo de esa Mesa es abordar de manera transversal las problemáticas de permanencia y acceso a la tierra desde una perspectiva interinstitucional e intercultural. Sobre todo ante el relevamiento de los conflictos sobre la posesión de tierra en el territorio nacional.
Del total de 85 contabilizados en el país, 25 corresponden a Salta. En muchos casos, esos conflictos involucran a empresarios y comunidades rurales indígenas o criollas, que disputan con la tenencia de tierra la estrategia en el manejo de los recursos naturales.

Los desmontes pueden seguir
Otro punto que se trató en esta primera reunión fue la necesidad de suspender las autorizaciones de los desmontes hasta tanto se apruebe la actualización del OTBN. La propuesta de los participantes apunta en general a lo que ocurrió entre diciembre de 2020 y enero pasado, cuando en plena pandemia la provincia convocó a audiencias públicas para desmontar 28.310 en total.
Si bien fuentes del gobierno afirmaron que no se emitió resolución alguna autorizando los desmontes propuestos, “se debe tener en cuenta que la Ley del OTBN anterior sigue vigente y que la autorización de los desmontes tiene un tiempo de vencimiento de 5 años”. Esto implica que pueda haber desmontes autorizados con antelación aún sin ejecutar, o en proceso de ser realizados. De todas maneras, se indicó que esas superficies están contempladas como suelos transformados al momento de trazar el nuevo OTBN.
Ya a fines de 2020, y ante la manifiesta intención de la Secretaría de Ambiente de la provincia de flexibilizar los requisitos para autorizar desmontes, la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, envió una misiva al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, señalando que con la resolución flexibilizadora se pasaba por encima de lo establecido en leyes nacionales y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina. Allí también le recordaba que el OTBN estaba sin actualizar desde 2014.
El objetivo del nuevo procedimiento es contar con una consulta ampliamente participativa hasta noviembre, con el fin de tener una propuesta de actualización que sea tratada en la Legislatura provincial. “El desafío va a ser que todos se pongan de acuerdo”, dijo un participante de la reunión a Salta/12.
Por su parte, la premisa que abona De los Ríos es que “hay que producir conservando o conservar produciendo”, y sostuvo que esta es la “única manera de permitir el desarrollo sustentable”. Según contaron, el ministro añadió que es necesario “potenciar la matriz productiva en áreas que hasta hoy no tuvieron el debido proceso de atención, cuidado y producción. Porque se han degradado los suelos y hemos condenado a hermanos nuestros (como comunidades indígenas o criollas), a la imposibilidad de una mejor calidad de vida”.

Puntos a trabajar
El gobierno informó que a nivel técnico se trabajará en la actualización de todas las capas de información generadas a 2021: las áreas de valor de conservación, corredores ecológicos, paisajes sustentables, correlación regional interprovincial y posibles cambios de categoría.
También será tema de análisis la incorporación de algarrobales de los Valles Calchaquíes, sistema de bosque montano, pastizales de altura, otras áreas boscosas no mapeadas y revisión de las áreas grises. De la misma manera, será sistematizada y analizada la información referida a los inventarios forestales y los relevamientos de aves y mamíferos.
En lo referido al proceso participativo, se prevé la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y criollas, a través de talleres virtuales y/o presenciales, de acuerdo a la conectividad de cada lugar.
Según corresponda, los documentos y talleres serán también redactados en las lenguas wichí, guaraní y castellana. El fin es que las decisiones en todos los sentidos sean tomadas en conjunto y validadas por todos los actores.
Finalmente, el equipo técnico que encabeza el proceso aclaró que si bien el objetivo es que en noviembre todos los puntos estén trabajados, se priorizará la eficacia y eficiencia del desarrollo. Así, las fechas de talleres con comunidades serán acordadas atendiendo las cuestiones de cada pueblo y a partir de las sugerencias de organizaciones con presencia en el territorio.
Las siguientes reuniones del Consejo serán planificadas en conjunto y por temática. La información correspondiente y el material a discutir serán enviados con anticipación para su análisis por parte de los actores. Como producto final se obtendrá un documento que apruebe el Ordenamiento Territorial de Bosques y un anexo con las cuestiones que no puedan ser incorporadas para tenerlas en cuenta en años posteriores.
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Organizaciones ambientales rechazan la incineración de residuos y plantean salidas sustentables

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Buenos Aires


La Coalición Ciudadana Anti-incineración Argentina muestra preocupación por la intención de algunos puntos del país de quemar sus residuos.
En Argentina, hay 5000 basurales a cielo abierto y lamentablemente existen algunos casos donde la intención de incinerar vuelve a ponerse sobre la mesa. Uno es el caso del colapso de la gestión de residuos en Tandil, donde se barajó la posibilidad de incinerar. Una opción que hasta tuvo rechazo internacional. En este marco, la semana pasada, se realizó el foro Incineración: Razones para prohibirla y alternativas sustentables, donde se habló que aún en el país existen hornos para incinerar residuos y de su peligrosidad.
“La tecnología de incinerar residuos es muy cuestionada. Generan una gran cantidad de cenizas, nanopartículas y otras sustancias tóxicas que afectan la calidad del aire”, explicó Cecilia Bianco, de Taller Ecologista, en el encuentro. Y agregó al respecto: “Esto afecta el sistema respiratorio de las personas y luego puede llevar al deterioro de otros sistemas como el cardíaco o el circulatorio. Está comprobado que hay emisiones de dioxinas y furanos que pueden generar cáncer, cambios metabólicos y otras enfermedades”.
Si bien el debate organizado partió de la situación que vive Tandil con respecto a la gestión de sus residuos, también incluyó la mirada global sobre las problemáticas que trae la incineración. “No solo en Argentina pasa esto. En países como Alemania, los Países Bajos e Italia descubrieron altos niveles de contaminación en huevos de gallinas, en lana de ovejas y hasta en las uñas de niños que viven cerca de un horno para incinerar residuos”, indicó Bianco.
Según Mirko Moskat, del área Basura Cero del Taller Ecologista, la incineración de una tonelada de residuos genera alrededor de una tonelada de dióxido de carbono. “Es una muy mala opción de gestión. Su contribución al cambio climático es mucho mayor a la de otros métodos”, indicó.
En ese contexto, aseguró que no solo hay que prohibir esta técnica sino que también hay que adoptar métodos de gestión de residuos más sustentables. “Primero, hay que reducir la cantidad de residuos que generamos. Eso incluye también a los métodos de producción que tenemos hoy en día”, señaló Moskat.
“E incorporar los materiales que descartamos a la industria o a la naturaleza a través del reciclaje y el compostaje. Y por último, es necesario integrar a los recuperadores urbanos y a quienes trabajan en la gestión de los residuos a los planes que se busquen implementar”, continuó Moskat, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.

Marco legal
En Argentina, hay hornos incineradores que se utilizan para los residuos peligrosos. De hecho, la Ley 24.051 regula la destrucción de este tipo de residuos como medicamentos. Pero distinta es la situación con respecto a los residuos sólidos urbanos.
Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires prohibió la incineración de este tipo de materiales en 2005 con la ley de Basura Cero. Pero en 2018 se quitó una clausula cerrojo donde no podía entregarse la basura con destino a incineración si no re reducía en un 75% la cantidad de basura que iba a los rellenos, explican desde FARN. Luego esa modificación fue declarada nula por violar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires existen leyes que obligan a las empresas que realizan la incineración de residuos a presentar declaraciones juradas para asegurar que no contaminan el aire o las fuentes de agua potable.
De todas formas, la Coalición Ciudadana Anti-incineración Argentina realizó denuncias de hornos incineradores en provincias como Santa Fe y Buenos Aires, con la experiencia de Marcos Paz. “Funciona hace 26 años, se ubica a solo 40 cuadras del centro e infringe normativas del código de planeamiento municipal”, aseguran.
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Tierra del Fuego prohíbe por ley la cría de salmones en una medida “inédita en el mundo”

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego


Tras un año de resistencia comunitaria y proyectos en contra de la instalación de esa industria en el Canal Beagle, la Legislatura  aprobó el proyecto para prohibir en esa provincia la instalación de ese tipo de criaderos.
 La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó este miércoles una ley que prohíbe la cría de salmones en la provincia, una decisión que según sus impulsores resulta “histórica” porque “se trata del primer país del mundo en legislar contra esta actividad nociva para el medio ambiente”, aseguraron los funcionarios que propician la norma.
El proyecto presentado por el diputado provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, y apoyado por organizaciones ambientalistas locales y nacionales, es el corolario de un proceso iniciado en 2018, cuando se instaló con fuerza el posible establecimiento de salmoneras en el Beagle.
En rigor, solo se trató de un proyecto de factibilidad suscripto por la ex gobernadora Rosana Bertone con empresas noruegas, derivado de un convenio de cooperación firmado tiempo antes por el ex presidente Mauricio Macri con autoridades del mismo país, donde la actividad está permitida.
“Tierra del Fuego es pionera a nivel global en proteger al ambiente contra este proceso nocivo para el medio ambiente y el ecosistema natural”
Los estudios de factibilidad nunca se terminaron y Bertone decidió no avanzar con el proyecto, aunque Organizaciones No Gubernamentales, a las que se sumaron referentes científicos del Conicet y entidades académicas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf), comenzaron a insistir con la sanción de una ley que prohibiera la salmonicultura en el ámbito provincial.
Villegas aseguró en el recinto que la medida resulta “una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales”.
“Tierra del Fuego es pionera a nivel global en proteger al ambiente contra este proceso nocivo para el medio ambiente y el ecosistema natural”, aseguró.
El diputado recordó a la prensa fueguina que hasta un grupo de chefs de todo el país se sumó a la campaña contra la cría de salmónidos, entendiendo “los pocos puestos de trabajo que puede generar, en comparación con el impacto ambiental irreparable”.
Los impulsores de la iniciativa citan como argumentos los antecedentes registrados en Chile, donde la instalación de salmoneras derivó en graves problemas para los ecosistemas marítimos.
“Hace poco tiempo, en el Fiordo de Comau, se produjo una catástrofe ambiental que generó la muerte de más de 6.000 toneladas de salmones y una contaminación sin precedentes en la zona”, mencionó Villegas.

Qué dice la ley
La ley que fue modificada durante el trabajo legislativo en comisión prohíbe “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia” con el objeto de “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de Tierra del Fuego.
La prohibición no es absoluta porque contempla “actividades de cultivo para el repoblamiento” y reconoce “los proyectos existentes de acuicultura”.
El doctor en biología e investigador principal del Conicet Adrián Schiavini explicó a Télam que uno de los riesgos de las salmoneras es el escape de ejemplares al mar, que luego compiten con especies nativas y diseminan enfermedades.
“Una jaula de red, colgada en el mar, llena de salmones, es como poner un tarro lleno de caramelos en la puerta de un colegio, para el que pase se sirva. Para los lobos marinos, los salmones gratis se obtienen empujando y rompiendo las redes”, ejemplificó el científico.
Además, los salmones criados en cautiverio generan enfermedades que afectan a la producción, añadió.
“La más famosa es el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón). Para contrarrestar este problema, se usan antibióticos y fungicidas (algunos prohibidos como la Verde Malaquita) que se incorporan en la comida y en consecuencia son liberados al medio ambiente. No sabemos cómo esas sustancias afectan a las bacterias, que son los organismos esenciales para sostener a todos los ecosistemas”, completó Schiavini.

Datos alarmantes
La última crisis ambiental causada por esta industria fue un boom de microalgas debido al aumento del amonio liberado por el excremento de los peces, lo que provocó la muerte de 37 mil toneladas de salmones que se tiraron al mar a unos 70 kilómetros de la isla de Chiloé (al sur de Puerto Montt) después de lo cual aparecieron 343 ballenas muertas y otros animales como crustáceos, moluscos, aves y lobos marinos.
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Nuevas revelaciones del impacto del cambio climático sobre el PBI y la pobreza en la Argentina para 2050

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


De aquí a tres décadas, podría representar para el país una pérdida de hasta el 5% del PBI y una merma del 10% en la recaudación fiscal.
El Banco Mundial (BM) lanzó un informe que muestra el impacto del cambio climático en la economía argentina, con una incidencia aún mayor sobre los sectores más desfavorecidos: cada año, el país pierde unos u$s1.000 millones en activos y para 2050 podría representar una caída de hasta el 5% del PBI y una merma del 10% en la recaudación fiscal.
El reporte "Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina" fue presentado por Julie Rozenberg, economista del BM, quien advirtió que “es importante tener una idea de los diferentes impactos en el bienestar de la población”.
La especialista aclaró que el estudio se basa en dos ejes principales, sequía e inundaciones, debido a que son los que tienen un correlato más frecuente y costoso en nuestra matriz productiva, que las otras variables (producción hidroeléctrica, transporte, efectos del calor sobre la salud, daños en infraestructura, etc).
“Hay una relación importante entre inundaciones y pobreza crónica. Una menor producción del agro impacta directamente en las exportaciones y al mismo tiempo también afecta los ingresos por retenciones, y eso genera una menor capacidad del gobierno para responder a las crisis”, graficó.
De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, para 2050 el PBI podría caer hasta un 5% y los ingresos fiscales alrededor de un 10%, respecto a un escenario sin cambio climático, con la soja, el maíz, el trigo y el girasol entre los cultivos más afectados.
Cada año, las inundaciones le cuestan al país un promedio de u$s1.000 millones en activos, con la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Santa Fe entre los principales damnificados. Las inundaciones provocaron pérdidas económicas por unos u$s22.500 millones desde 1980, así como del 58% de todas las pérdidas económicas causadas por desastres naturales entre 1966 y 2015. Y las consecuencias de los períodos de sequía han sido aún peores.
Con la llegada de las aguas, un 0,14% más de argentinos cae en la pobreza y puede tomarle años recuperarse: los hogares con bajo acceso a servicios tienen 3 veces más de probabilidades de caer en la indigencia que la población en general.
Si se considera que para fin de siglo los estudios sugieren que se duplicarán las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del río Paraná, el panorama es claro. “El riesgo es muy importante, porque la economía argentina es altamente dependiente de las variaciones climáticas”, sintetizó Rozenberg.
Las medidas de adaptación son urgentes y necesarias, pero tampoco alcanzarán. “Es muy costoso reducir todos los riesgos con infraestructuras, por lo que serán necesarios los planes de protección social. Es importante empezar ahora a pensar y diseñar esas estrategias”, concluyó.
Por su parte, Gabriel Blanco, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) e investigador miembro del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) sugirió apostar a la transición energética.
“Tenemos que tratar de mantener el límite de 1.5º en el aumento de la temperatura global para evitar catástrofes aún mayores de las que estamos viendo”, remarcó en la presentación del informe.
Algunas cuestiones a tener en cuenta: descentralizar la producción, diversificar los productos. fomentar una producción cerca del consumo, desarrollo territorial, lograr la soberanía energética y alimentaria y acelerar las políticas sociales y ambientales.
“El cambio climático es uno de los tantos problemas, el central es cómo producimos y consumimos. La contaminación del Riachuelo tiene la misma causa y origen que el cambio climático, un sistema económico que se desvincula de los recursos naturales y las consecuencias ambientales que genera. La mirada tiene que ser más integral”, agregó.
A favor, señaló, “existe una demanda social en todo el mundo, y ya no solo de los jóvenes, que la política está percibiendo claramente”.
Blanco pidió “transformar un modelo de desarrollo basado en extraer recursos naturales”, porque “no se puede repetir un proceso de hace un siglo, este es otro mundo”. Y desaconsejó, por otro lado, vincular las condiciones de la deuda del país a la conservación de la naturaleza: “Ponerles precio a los recursos naturales es un camino de ida, porque la discusión pasa a ser otra, una vez que le pones precios a los bosques se abre a la vez la posibilidad de cambiarlos por algo del mismo precio. El canje de deuda por naturaleza es fatal”.
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Después de años de atraso, se aumentarán las multas para las empresas que contaminen

Fecha de Publicación: 01/07/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Se trata de una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié. La misma procura modificar el artículo 49 de la Ley n.° 24051 sancionada en 1991.
La cartera ambiental nacional, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental a cargo de Sergio Federovisky, propuso modificar la Ley de Residuos Peligrosos vigente, para actualizar los valores de las multas, actualmente fijados en australes, mediante la creación de una unidad fija (UF) que perdure en el tiempo y sea de fácil aplicación.
De sancionarse la iniciativa, se establecerá así el valor de cada unidad fija en el equivalente al valor de la unidad retributiva del escalafón correspondiente al Sistema Nacional del Empleado Público (SINEP). Este cambio permitirá que las multas se encuentren actualizadas de manera automática y sin necesidad del dictado de normas específicas, a fin de contribuir a la claridad regulatoria y evitar la sobreabundancia normativa.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, surgió luego de evaluar que el valor de las multas ha quedado desnaturalizado y con valores bajos que no permiten sancionar apropiadamente las infracciones en materia de residuos peligrosos.
La cartera de Ambiente de la Nación envió la iniciativa a la Secretaría Legal y Técnica, y por disposición del presidente Alberto Fernández, la misma se envió al Congreso de la Nación para su debido tratamiento.
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