Admiten un amparo ambiental contra el defensor del Pueblo

Fecha de Publicación: 06/04/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba


Mario Decara fue denunciado por desmonte, movimiento de suelos y apertura de calles incumpliendo leyes ambientales. El defensor rechaza las acusaciones y las circunscribe a una "motivación política".
La Justicia de Cruz del Eje admitió formalmente un recurso de amparo ambiental presentado por 68 vecinos de Villa Giardino en contra de Mario Decara, el defensor del Pueblo de la Provincia. La acción judicial no es por sus funciones, sino por ser el propietario de un extenso inmueble de Villa Giardino en donde –denuncian los demandantes– se habrían producido desmontes, cierres de caminos de uso vecinal y movimientos de suelo que afectaron el medio ambiente y el curso del arroyo San Pedro.
Se trata de un primer paso formal que da la Justicia para comenzar a analizar la situación planteada por los vecinos; por lo que el tribunal que integran los vocales Omar Sarich, Lucrecia Nocetto y Jorge Castro no emitió medida cautelar alguna, sólo reconocieron la legitimidad de los demandantes, encuadraron el amparo en la categoría ambiental e intimaron a Decara, a la Municipalidad de Villa Giardino y al Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia a presentar en un plazo de seis días sendos informes en los que planteen cuál es su posición respecto del planteo vecinal.
Decara, en diálogo con La Voz, dijo que dará "una respuesta contundente desde lo técnico" para "cerrar esta polémica que tiene motivaciones políticas, no reales; realizada por un grupo de vecinos bienintencionados, pero incentivados por militantes kirchneristas".

El amparo
La base argumentativa del amparo solicitado por los vecinos es que Decara "habría omitido dar cumplimiento a las leyes" de Defensa del Medio Ambiente, ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y al Código de Aguas de la Provincia de Córdoba.
En el expediente, "denuncian movimientos de suelos, apertura de numerosas calles, deforestación a tala rasa, de bosque nativo y exótico implantado, extracción de material terroso", y advierten que "la consecuencia de estos hechos en zona roja y amarilla originó la destrucción fragmentada del monte nativo en grandes áreas".
De acuerdo al amparo solictado, "las posibles consecuencias futuras" tendrían un impacto directo sobre la fauna "ya (que los animales no contarían) con grandes extensiones para su libre circulación, protección, anidación y alimentación y aunque haya áreas fragmentadas, muchas especies se perderán o extinguirán, al menos localmente".
En un mismo sentido, señalan que "la pérdida de cobertura boscosa y suelo expuesto provoca(ría) erosión, que lleva a la pérdida de suelo fértil y de mantillo, dado también su cercanía a las sierras y consecuente nivel de pendiente, las lluvias con su mayor escurrimiento (...) producirá menor alimentación de las napas y acuíferos de la zona, (...) dejando de evitar que las zonas bajas se inunden, con daño ecológico y natural irreparable".

Qué dice Decara
Para Decara, "lo único real" de lo denunciado por los vecinos es que autorizó una extracción de tierras por parte de la Municipalidad de Villa Giardino y del Gobierno de la Provincia, la que habría sido utilizada para "ayudar a recomponer calles y caminos arrasados durante las lluvias". "¿Qué quieren que haga si el Estado pide que colabore con tierra para arreglar las calles, que me niegue?", preguntó retóricamente el defensor del Pueblo.
Con énfasis, niega que haya abierto calles ("ya estaban abiertas"), haber modificado el curso del arroyo ("es imperceptible, y la realizaron los anteriores propietarios") y que se realizara desmonte de bosque nativo ("la mayoría de las especies no son autóctonas, y fueron implantadas por la familia Giardino").
El punto más controversial en esta nueva polémica que envuelve al defensor del Pueblo es el cierre de un camino que lleva a su hotel y que era usado habitualmente por los vecinos de Villa Giardino.
En el amparo se sostiene: "A principio de mayo (de 2020), los vecinos de Villa Giardino vivieron con asombro el cierre del antiguo camino Altos de San Pedro, antiguo camino que atraviesa el predio propiedad de Mario Decara, y que fuera de servidumbre entre las diferentes estancias que conformaban la zona para los siglos XVII y XVIII". Sobre este antecedente histórico, reclaman el derecho a utilizarlo.
El defensor del Pueblo admite que cerró el paso durante la pandemia porque, según su versión, "ocurrieron en la zona delitos continuados y encuentros clandestinos".
"Nunca me molestó que se usara ese camino que atraviesa mi propiedad; pero durante la cuarentena fue utilizado para cometer distintos delitos, desde robo de ganado y competencias de moto-cross hasta encuentros clandestinos para violar las medidas sanitarias; por lo que decidí ejercer el derecho de propiedad y cerrar la tranquera", dijo Decara.  
En seis días hábiles, la Justicia tendrá en su poder el relato formal del defensor del Pueblo; y se abocará a resolver la cuestión de fondo del amparo. Los jueces podrán apreciar fotos satélites, registros de drones, informes de historiadores y agrimensores, pruebas que integran el archivo que se adjunta al pie de esta página. Sopesará con las pruebas que el defensor del Pueblo pondrá sobre la mesa. Recién entonces la Cámara responderá: ¿Son ciertas las acusaciones de los vecinos? ¿Está Decara dañando el medio ambiente?
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Chubut: corre el plazo de la iniciativa popular que podría cerrarle las puertas a la minería

Fecha de Publicación: 06/04/2021
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut


Con el proyecto para habilitar zonificación minera paralizado, los diputados tienen hasta el 23 de mayo para tratar una propuesta contraria, que prohíbe la actividad
Mientras el debate en torno al dictamen favorable del proyecto de zonificación minera en Chubut sigue a la espera del tratamiento en la Legislatura, otro plazo ya corre en sentido contrario para los diputados de esta provincia: la iniciativa popular que, impulsada por la Unión de Asambleas Ciudadanas, podría cerrar definitivamente las puertas a la minería y generar consecuencias sobre otras actividades, como el aluminio y el petróleo.
La iniciativa popular fue impulsada por grupo de ciudadanos que presentó ante el Tribunal Electoral de la Provincia de Chubut un proyecto de ley con la firma del 6 por ciento del padrón electoral e invocando la facultad prevista en el artículo 263 de la Constitución de Chubut. Allí, se formó el expediente caratulado “Unión de Asambleas Ciudadanas” y luego fue remitido a la Legislatura el pasado 23 de noviembre. Según establece la Constitución, los diputados cuentan con 6 meses para su tratamiento, un plazo que vence a partir del 23 de mayo 2021.
Los incidentes de Lago Puelo, que dejaron al presidente Alberto Fernández en medio de una protesta antiminera, son el telón de fondo de un debate que divide las aguas en Chubut y que ahora encendió una luz de alerta en otras actividades productivas de esta provincia y en el impacto que tendría sobre inversiones mineras anunciadas en otros puntos del país.
La minería se analiza con dos olas que avanzan en sentido contrario. Con dictamen favorable en la comisión de Recursos Naturales, el proyecto de zonificación minera que pretendía habilitar la actividad en los departamentos de Gastre y Telsen -ubicados en la Meseta de Chubut- todavía espera tratamiento y provocó que la Legislatura salte de 3 a 7 bloques.

División en el peronismo
El próximo 10 de abril el tema será debatido en el Congreso del PJ provincial, en donde se analizará la posición del presidente del partido y hasta hace dos años prominero, Carlos Linares. Las autoridades partidarias se opusieron al proyecto del gobernador Mariano Arcioni y pidieron participación en el debate. Linares anticipó incluso sanciones contra los legisladores justicialistas que avalen esta iniciativa, provocando otro quiebre dentro del PJ que tiene como referente fuerte a Carlos Eliceche, exintendente de Puerto Madryn y presidente de la Comisión que dio su voto para el dictamen favorable del proyecto oficial.
Con la dilación del tratamiento de la zonificación, ahora la Legislatura quedó en el umbral de una prohibición definitiva a la minería en Chubut. La Iniciativa Popular planteará un fuerte debate dentro del justicialismo, con referentes que ya habían explicitado su postura en favor de la minería pero que se opusieron al proyecto impulsado por Arcioni. Ahora, con el dictamen de zonificación en la comisión de Recursos Naturales, la prohibición definitiva golpea la puerta y quedará en manos de los 7 bloques en los que se reparten los diputados provinciales.
Según la ley, la Iniciativa Popular prevista en la Constitución reformada en 1994 tiene un tiempo perentorio para ser abordada, que es de 6 meses. Una vez que el Tribunal Electoral chequeó la autenticidad de mas de 30 mil firmas, la propuesta fue ingresada a fines de noviembre, casi al mismo tiempo que el proyecto de zonificación. Antes de que finalice el mes de mayo deberá ser abordado por los legisladores que tendrán que definir si está a favor o contra.

Otras actividades en riesgo
El tratamiento del proyecto encendió una luz de alerta en otras actividades productivas de Chubut: en su articulado no solo afectaría el potencial minero metalífero provincial sino otras actividades industriales como la producción de arenas silíceas, de alúmina y sentaría precedentes para la producción petrolera.
En el artículo 4, el proyecto de prohibición que deberá tratar la Legislatura incluye “la actividad minera en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las cuales deberán proceder al cierre y al inmediato proceso de remediación, recomposición y restitución necesarios”.
La expectativa de la Unión de Asambleas Ciudadanas es que ante la falta de votos para habilitar la minería que se vio en este tiempo, puedan estar dadas las condiciones para que la Cámara de Diputados convierta en ley este proyecto, que enumera una lista de elementos químicos que utiliza la industria minera para sus explotaciones para que queden inhabilitados de por vida en esta provincia, además del cianuro que está ya prohibido.
También desde Nación miran con preocupación el avance de la Iniciativa Popular en Chubut y el impacto que tendrá en otras inversiones mineras previstas en el país. El secretario de Minería, Alberto Hensel, anunció la intención del Gobierno de trabajar sobre la carga tributaria de grandes proyectos mineros de manera de “facilitar inversiones millonarias que se puedan recibir del sector”, con la consecuente “generación de empleo”.
Empleo, cadena de valor y “generación de divisas” prometido por los funcionarios podría darse de narices la prohibición y antecedente que podría plantearse desde Chubut.
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Finca El Pongo: productores piden a las autoridades que "defiendan las tierras"

Fecha de Publicación: 06/04/2021
Fuente: Jujuy al Momento
Provincia/Región: Jujuy


Productores agrícolas de Perico se manifestaron en el Concejo Deliberante para solicitar al intendente y a los concejales que intervengan en el conflicto con la Finca El Pongo, donde según denuncian, el gobierno pretende desmontar tierras que están siendo sembradas.
Desde que comenzó el año, vecinos de Perico vienen protestando en rechazo a la producción de cannabis medicinal. Hacían hincapié en que las tierras constituyen un legado de Plinio Zabala en beneficio del Hospital Arturo Zabala.
 El tiempo pasó pero el reclamo continúa. Por eso fueron, los pequeños productores de la Finca El Pongo, donde está asentada la plantación de cannabis, los que se oponen a este “cambio de la matriz productiva”, como lo vende el gobierno.
"El Estado no debe fundir a los productores locales", expuso un abogado ambientalista que opinó sobre el rol que adopta el gobierno provincial con este proyecto.
Los trabajadores fruthortícolas marcharon en contra de esta producción, situación que terminó en una polémica y cuestionada audiencia pública.
Sin respuesta alguna, los productores de Finca El Pongo se manifestaron en el Concejo Deliberante pidiendo que el intendente y los concejales defiendan las tierras.
Julia García, productora del lugar habló de esta situación y recordó promesas incumplidas del gobierno: “Estamos haciendo presencia porque realmente nos ignoran, la Finca El Pongo siempre ha sido parte de las promesas en tiempos de campaña pero hoy no tenemos ni salud ni seguridad”.
“Somos una comunidad que representamos al campo y a la ciudad, esta Finca la estamos defendiendo hace años. No podemos estar solos, queremos defender estas tierras que quieren ser desmontadas cuando es totalmente ilegal. Todas las tierras están sembradas, cultivadas”, enfatizó la trabajadora.
Por su parte, Nancy Martínez insistió en que es ilegal este desmonte que se pretende hacer: “La semana pasada ya habíamos marchado y venir a Jujuy para exponer nuestra postura. Hoy decidimos movilizar para hacer llegar nuestro reclamo al intendente y a los concejales porque no nos vemos muy representados.”
“Hemos analizado este proyecto con todos los proyectos y este desmonte sobre las 440 hectáreas es una total mentira, desmontar donde hay lugar que están sembrando desde hace año es impensable”.
“Una vez más este gobierno de la provincia lleva mentiras a la Nación”, expuso.
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Buscan que el Agujero Azul sea un santuario para proteger la biodiversidad marina

Fecha de Publicación: 05/04/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


En noviembre pasado se presentó un proyecto de ley específico para la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la  "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul con el objetivo de defender la fauna oceánica y evitar la depredación de los pesqueros internacionales.
 En una porción de la zona de aguas internacionales conocida como Agujero Azul, unos 4.300 kilómetros cuadrados sobre la plataforma continental argentina y al límite de su zona económica exclusiva (ZEE), se enciende cada noche una ciudad de luces que desde el espacio se ve como otra Área Metropolitana de Buenos Aires, superándola incluso en tamaño.
La luminosidad la producen barcos pesqueros de diferentes banderas que operan allí con técnicas destructivas del medioambiente y en situación de dudosa legalidad, a cuya acción intenta poner coto un proyecto de ley para crear un "área marítima protegida bentónica" (del lecho marino) y otro "superador" que está en proceso de elaboración en el marco de la iniciativa interministerial Pampa Azul, en consonancia con uno de los lineamientos del futuro Tratado Global de los Océanos que Argentina impulsa junto a otros países en la ONU.
La magnitud de la actividad pesquera que allí se desarrolla -involucra tanto prácticas legales como ilegales- quedó demostrada en imágenes satelitales de la NASA, difundidas por la organización ambientalista Greenpeace, que el pasado 23 de febrero contabilizó 470 buques concentrados en una superficie de 4.300 kilómetros cuadrados, a 500 kilómetros del Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur.
"El Agujero Azul es una zona del mar que tiene una pequeña porción dentro de la ZEE y el resto afuera. Se llama así porque es un corredor biológico del Mar Argentino, muy rico en biodiversidad", dijo a Télam la coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección del Mar Argentino, Luisina Vueso.
El área es poco profunda (con áreas inferiores a 200 metros), dado que "tiene la particularidad" de que allí la plataforma continental argentina se extiende más allá del final de su ZEE, lo que la transforma en "un vivero de poblaciones como el calamar" por la enorme disponibilidad de alimento y condiciones que facilitan la reproducción.
Además es el lugar elegido por "muchos mamíferos en sus migraciones", algunos de ellos en estado vulnerable de conservación, como los rorcuales y cachalotes.
Pero esta misma riqueza hace del Agujero Azul "un foco de atracción" para los buques pesqueros de aguas distantes que encuentran allí uno de los dos únicos lugares del mundo donde pueden aplicar la técnica de "pesca de arrastre de fondo" en aguas internacionales, y por eso se han convertido en "un caladero muy importante" para la obtención de calamar, merluza común y merluza negra.
Otro problema es que "están destruyendo ecosistemas que son muy frágiles y muy importantes", señaló Vueso.
Es que la pesca de arrastre empleada para la merluza "es muy poco selectiva" y "devasta todo el suelo (marino)" arrasando con corales, esponjas y muchos peces que luego son descartados; mientras que la otra técnica, denominada "de palangre", usada para los calamares, si bien es más selectiva, usa anzuelos y carnadas a nivel superficial, lo que "afecta también a las aves".
Ocurre que las aguas internacionales, es decir, aquellas que se extienden más allá de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva de cada país, están reguladas sólo por organismos o acuerdos regionales para la pesca denominados Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP).
No obstante, están avanzadas las conversaciones en la ONU para la elaboración de un Tratado Internacional de Aguas Profundas -o Tratado Global del Mar- que "sería el primer instrumento vinculante bajo la Convención sobre el Derecho del Mar (1982) y abarcaría la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas fuera de jurisdicciones nacionales", según describe Naciones Unidas.
Voceros de Cancillería recordaron que en 2017 la Asamblea General de la ONU convocó una conferencia diplomática para la elaboración de este tratado que "regulará aspectos relacionados con los recursos genéticos marinos, las áreas marinas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental, entre otros"; y cuya cuarta y última reunión fue postergada en marzo pasado por la pandemia.
"La Argentina participa activamente en este proceso, abogando por la elaboración de un tratado universal, balanceado y efectivo que permita cerrar las brechas que existen actualmente en la protección del medio marino", dijeron.
A nivel internacional, el Gobierno argentino "coordina posición con el G77 y China, y el grupo de países latinoamericanos afines", mientras que "en el plano interno, la posición nacional es consensuada entre la Cancillería y los organismos competentes del Estado".
 "La negociación del tratado 'BBNJ' (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) es actualmente la más importante en el ámbito del derecho del mar y cobra especial importancia para nuestro país teniendo en cuenta su extenso litoral marítimo que incluye una plataforma continental cuyo límite recientemente demarcado la proyecta como una de las más extensas de la región", dijeron.
 Y como "el principal desafío en la gestión de los ecosistemas marinos es integrar los diferentes intereses económicos y sociales garantizando la salud del mar y su biodiversidad y promoviendo la utilización sustentable de sus recursos", la apuesta argentina es por "un tratado que refleje un equilibrio entre los diferentes intereses, a la vez que resguarde la soberanía, jurisdicción y derechos de los Estados ribereños".
Por su parte, Vueso consideró que el tratado "permitiría crear santuarios marinos" en hábitats críticos como el Agujero Azul y la expectativa es "salga este año, pero depende de los gobiernos del mundo".
 El llamado de atención de Greenpeace sobre esta área específica hace referencia también al hecho de que algunos buques pesqueros internacionales "desactivan sus sistemas de posicionamiento satelital" para adentrarse en la ZEE argentina, incurriendo en pesca ilegal, una actividad que combaten de modo sinérgico los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Agricultura.
 Una iniciativa específica para la protección del Agujero Azul es el proyecto de ley presentado por los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y Leonardo Grosso (Frente de Todos) en noviembre pasado, para la creación de un "Área Marina Protegida Bentónica" en la porción de 164.000 kilómetros cuadrados de "plataforma continental bajo jurisdicción argentina" que corresponden al Agujero Azul, pero al ser de carácter "bentónica" involucra solo el lecho marino excluyendo la columna de agua superior.
"El problema allí no es solo la pesca ilegal sino el tipo de pesca que arrasa con todo, afectando a las especies que buscan refugio para su reproducción y cría en sus cañones submarinos, algunas de ellas amenazadas regional o globalmente", dijo a Télam Camaño.
Por otro lado, agregó, "están las explosiones que se generan en el área para la búsqueda del petróleo", lo que "también es altamente perjudicial" para los ecosistemas marinos.
 Este proyecto fue abordado en la última reunión del Comité de la Iniciativa Pampa Azul que integran los ministerios de Ciencia, Ambiente, Agricultura, Defensa, Seguridad, Turismo y Relaciones Exteriores.
Fuentes de este espacio explicaron que en función de los resultados de esa reunión, "se está conformando una comisión especial para elaborar un proyecto alternativo y superador", que mantenga el espíritu del original pero "que se apoye en Parques Nacionales como autoridad de aplicación", que recoja la opinión de "los organismos especializados en las distintas materias" y que tengan en cuenta todos los "intereses involucrados", incluyendo los pesqueros e hidrocarburíferos.
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Greenpeace volvió a denunciar desmontes en San Lorenzo

Fecha de Publicación: 05/04/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata del emprendimiento urbanístico Los Maitines, que a pesar de haber recibido el rechazo de un sector de la población y de la ONG internacional, fue aprobado por ambiente provincial y del municipio.
Greenpeace volvió a escribirle una carta al gobernador Gustavo Sáenz, tratándolo de “cómplice del crimen ambiental en la Selva de Yungas” de la localidad de San Lorenzo por permitir que el emprendimiento urbanístico Los Maitines SA avance sobre un territorio de 125 hectáreas ubicada justo en medio del cerro Elefante y La Quebrada. Según la ONG, la construcción está emplazada sobre una cuenca hídrica y la finca está clasificada en la Categoría Amarilla de la Ley Nacional de Bosques, lo que prohibiría el desmonte.
El desarrollo del country Los Maitines fue fuertemente cuestionado el año pasado por los vecinos de la zona, no solo por el daño ambiental que podría generar, sino porque muchos temen que se agrave aún más la falta de agua que viven cotidianamente, sobre todo quienes están cercanos a Lesser.
También denunciaron la nulidad de la audiencia pública, que se realizó por orden municipal, en plena pandemia y de manera virtual, impidiendo la presencialidad en un momento en que la Secretaría de Ambiente había suspendido todos los llamados.
Sin embargo, la resolución 117/2021 de la Secretaría de Ambiente de Salta aprobó el Plan de Manejo de Bosque Nativo de Interfase, “lo aprueban como plan de manejo de bosque nativo cuando es una urbanización, que según la ley es un desmonte, y no se puede realizar en amarillo”, indicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Mientras que la resolución 01/2021 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Lorenzo le otorgó el certificado de aptitud ambiental aunque desde el municipio aclararon que se hicieron muchos reparos, como bajar la cota de construcción y la cantidad de lotes previstos, “por pedido de la Secretaría de Obras Públicas y para reducir el impacto ambiental”.
Los Maitines SA pertenece a la familia Patrón Costas, su desarrollador, Alejandro Cornejo, confirmó que ya tienen todos los permisos “con restricciones y modificaciones que vamos a tener que hacer ya que la municipalidad nos la exige”. A la vez que renegó sobre el tiempo que llevan esperando las habilitaciones: “A los que optamos por hacer las cosas bien y elegimos el camino más largo nos exigen siempre más que a los que le meten pata sin tener los papeles y luego regularizan”, manifestó. Y añadió que sería bueno que el Estado controle todos los proyectos que se están ejecutando “sin ningún trámite previo”.
Cornejo detalló que aún no comenzaron con las obras en el terreno porque antes están realizando relevamientos y ajustes y subrayó que será “un proyecto modelo”, porque según él, cumple con todos los requisitos ambientales solicitados.
De la resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia se desprende que de las más de 2.000 hectáreas que posee la familia Patrón Costas, la superficie que será destinada al proyecto de urbanización comprende 125, de las cuales poco más de 71 se convertirán en lotes y 40 serán para áreas verdes y de recreación “con mantenimiento de especies nativas”.
La resolución señala que del total de hectáreas que involucra la urbanización (125), al menos 85 “cuentan con mayor potencial de ser intervenidas en cuanto a la presencia de bosque”, y que como no está contemplada la limpieza total de los lotes, “la superficie donde se realizarán las tareas de limpieza de terreno, movimiento de suelo y construcción de infraestructura, oscila entre las 24,5 y las 31,8 hectáreas”.
“Este desarrollo urbanístico implica el desmonte de un ecosistema frágil y único como la Selva de Yungas, que concentra la mitad de la biodiversidad de Argentina. Además viola la Ley Nacional de Bosques, que en su artículo 4 define como desmonte al desarrollo de áreas urbanizadas sobre bosques nativos, y por ende no pueden autorizarse en esa zona protegida. Al autorizar este proyecto, el gobierno de Sáenz es cómplice de la violación de la normativa para cometer un verdadero crimen ambiental”, advirtió Noemí Cruz.
Esta es la segunda vez que Greenpeace envía una carta al gobernador de la provincia reclamando por este desmonte y solicitando que declare la emergencia forestal.
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Mendoza abrió la oferta económica de la represa Portezuelo del Viento

Fecha de Publicación: 05/04/2021
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Mendoza


A pesar de la fuerte resistencia de cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO, Mendoza sigue adelante con la obra.
El ministro de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza, Mario Isgro, junto al director de Emesa, Pablo Magistocchi, participaron en el acto de la última apertura de sobres del proceso licitatorio para la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito Portezuelo del Viento.
La oferta económica, contenida en el sobre 3, tiene seis variables que van desde 884 millones de dólares hasta 1.063 millones de dólares.
Según dieron a conocer los medios mendocinos, los costos calculados por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Malal-Hue son "la última instancia del proceso de licitación y el paso anterior a la adjudicación definitiva de la obra, previo análisis de las ofertas".
Mendoza inició el dificultoso camino hacia la concreción de la presa en septiembre de 2019, con el llamado a licitación internacional. Un mes después, el Gobierno nacional giró los fondos de la primera cuota pactada en el cronograma de pago trimestral hasta octubre de 2024.
En julio del 2020, las firmas Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas se presentaron en UTE para llevar a cabo la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito.
Tras varios meses en estudio, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas finalizó el análisis de antecedentes y, luego de ser aprobada, se dio lugar a la apertura del sobre 2, que contenía el plan de trabajo. La aprobación de las ofertas técnicas (básica y alternativa) y sus variantes posibilitó esta nueva instancia licitatoria, de apertura del sobre 3, con la oferta económica.

Resistencia
El pasado 15 de marzo el gobierno de Mendoza se sentó a negociar con el resto de las provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado para tratar de destrabar la construcción de Portezuelo del Viento, en el marco una comisión que elaborará los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la represa.
Pero no le fue bien. Por el contrario, sufrió un nuevo cachetazo. Cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO apoyaron la realización de nuevo estudio de impacto ambiental con la intervención del Ministerio de Ambiente de Nación.
Esta primera reunión se realizó en Buenos Aires, en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada.
Fue el titular de esa cartera, Wado De Pedro, quien convocó en noviembre a una "mesa de trabajo" para definir los “términos de preferencia” para tener otro EIAR.
Por La Pampa participaron la Fiscala de Estado, Romina Schmidt, única mujer entre los representantes provinciales y el diputado nacional Hernán Pérez Araujo.
Por Mendoza viajaron Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, y Humberto Mingorance, secretario de Ambiente.
La reunión fue presidida por el Secretario de Interior, José Lepere, y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, además de los representantes de las cinco provincias integrantes del COIRCO.
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Sigue el bloqueo selectivo en contra de la minería

Fecha de Publicación: 03/04/2021
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


El juez Cecenarro rechazó un Habeas Corpus Preventivo presentado por los grupos antimineros.
Los grupos antimineros que iniciaron la semana pasada un bloqueo selectivo e informativo en los caminos a Choya y El Potrero, en el departamento Andalgalá, cuestionaron al juez de Control de Garantías, Rodolfo Cecenarro, que rechazó el Habeas Corpus Preventivo interpuesto en resguardo de las vecinas y vecinos que llevan adelante esta acción. Al mismo tiempo, informaron que continuarán con la medida
La Asamblea El Algarrobo emitió un comunicado de prensa en el que denuncia que “la decisión judicial no respeta el debido proceso, ya que el habeas corpus fue rechazado por un proveído simple, sin los debidos fundamentos que justifiquen tamaña decisión”. Señaló, asimismo, que la decisión de Cecenarro es del 24 de marzo, pero la notificación recién se realizó ayer lunes. “Este artero ocultamiento y la tardanza en la notificación coartan nuestro derecho a apelar la decisión, ya que el plazo para interponer este recurso es hasta las primeras dos horas hábiles de el lunes 29 de marzo”.
Los asambleístas añaden en el escrito: “Queremos reiterar que nuestro accionar es en resguardo de nuestros bienes comunes y de nuestro territorio, accionar al que nos vimos obligados ante la pasividad, la negligencia o la clara complicidad de los gobiernos de turno.  Invitamos, finalmente, a lxs vecinxs a sumarse en esta lucha que es de todxs, porque es por la preservación de las sierras del Aconquija: nuestro tanque de agua para el desarrollo de una vida digna”.
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Buscan la eliminación de plásticos de un solo uso y una fuerte educación ambiental

Fecha de Publicación: 03/04/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe


Presentarán al Concejo Municipal un documento que aporte soluciones a la gestión de residuos. Pretenden ordenanzas que impulsen una reducción en el impacto al medio ambiente. Proponen que se elabore un programa de incentivo a los mercados a granel y comercios sustentables.
Con el objetivo de definir detalles del documento que presentarán al Concejo Municipal de Santa Fe la próxima semana, que busca que la gestión integral de residuos esté basada en las "3 R": reducir-reciclar-reutilizar, referentes de organizaciones ecológicas se reunieron esta semana en la Plaza Constituyentes.
RedCicladores (un colectivo que articula el espacio Igualdad Santa Fe e integran las Asociaciones Dignidad y Vida Sana, Capibara y Fridays For Future, más ciudadanos independientes) buscan que los concejales aborden la propuesta para se elaboren ordenanzas o bien se cree una comisión que trate los temas ambientales que preocupan a la ciudadanía.
Joaquín Azcurrain, coordinador de RedCicladores, dialogó con El Litoral y adelantó parte del documento que presentarán al Concejo. "Hay una preocupación general por el estado de situación que tiene la ciudad en materia de gestión de residuos. No solamente en las deficiencias del servicio de recolección, que ya viene de larga data, sino en la falta de una política clara de separación, reducción de residuos y el estado en sí mismo del relleno sanitario", analizó.
Azcurrain precisó que el impulso de algunas acciones en pos del cuidado ambiental, no solo contribuirá al impacto climático sino también "a mejorar la calidad de vida de la gente. No puede ser que los vecinos sigan viviendo con microbasurales en la puerta de su casa", cuestionó.

Propuestas
Entre las propuestas que elaboraron se destaca las acciones para la reducción en la generación de residuos. En el documento establecen que "es necesario promover regulaciones y políticas para la eliminación de materiales contaminantes o no degradables que puedan ser reemplazados por otros materiales biodegradables. Se deben impulsar formas de producción y consumo más amigables con la naturaleza y orientadas a la disminución paulatina de la generación de residuos".
La batería de medidas para la reducción de basura, a la que apuestan los integrantes de RedCicladores, incluye: una ordenanza que elimine plásticos de un solo uso; un programa "Compre Local", más certificaciones de origen emitidas por la Municipalidad; elaboración de un programa de incentivo a los mercados a granel y comercios sustentables; realización de talleres de compostaje en todos los barrios de la ciudad; instalación de composteras comunitarias y facilitación de composteras individuales.
En otro aspecto, sostienen que la reutilización de residuos cumple con dos funciones: aporta a la consecución del objetivo de basura cero y ayuda a construir un mundo más ecológico y saludable; genera nuevas fuentes de trabajo e ingresos.
 
Educación ambiental
En consecuencia proponen que se dicten talleres de capacitación laboral en la recuperación o reutilización de materiales en el marco de las escuelas de trabajo; y generar incentivos a emprendimientos sustentables que incorporen residuos reutilizados.
"La educación ambiental es un Estado presente en bajar lineamientos claros de qué manera se deben separar los residuos; cuáles son las mejores formas de consumir, de reducir y hacer un consumo sustentable. Más allá de que la educación ambiental tenga una currícula que involucra al gobierno provincial", indicó el coordinador de RedCicladores, y agregó que debe existir una campaña de difusión "permanente, sobre cuál es la idea, porque pasamos de la separación en domicilio, como dispone la ley de Basura Cero, a un programa de Ecobarrios que la gente no sabe qué es".
 
Separación y reciclaje
Uno de los reclamos en los que hacen hincapié es que "vuelva la separación en origen de los días lunes y jueves. Eso es un capital que había ganado la ciudad, los mismos integrantes de Dignidad y Vida Sana (encargados de clasificar los residuos en la planta del relleno sanitario) dicen que por más que llegaban mezclados orgánicos con secos, el volumen que manejaban permitía recuperar muchísimo más", resaltó Azucurrain.
Actualmente se reciclan sólo el 2% de los residuos generados en la ciudad y el resto es enterrado en el relleno sanitario. En este sentido, y para fortalecer las políticas de reciclado y alcanzar el objetivo basura cero, proponen: incentivar a la separación de origen, sumado a la recolección diferenciada por hogares: articulación entre las diferentes políticas de separación (recolección por hogares, campanas y cestos diferenciados en el espacio público, campañas específicas por barrios y en eventos); condiciones dignas de trabajo, con mayor inversión en infraestructura, maquinaria y elementos de trabajo para la Asociación Civil "Dignidad y Vida Sana"; y generar un registro de recuperadores urbano.
"Cuando abordamos el tema del reciclado ya estamos con el problema encima de consumo excesivo de plástico, que hacen el sector privado y los ciudadanos que recaemos en eso porque todo viene en plástico. El Estado debe apostar a políticas de reducción, como abandonar los plásticos de un solo uso en la ciudad -reiteró-, así como también generar incentivos fiscales para aquellos comercios que hagan una venta a granel o sin plástico", concluyó.

Compostera comunitaria
Una de las novedades es la creación de un compostaje comunitario. "Vamos a llevar adelante en las próximas semanas una prueba piloto en plaza Escalante, de la primer compostera comunitaria en la ciudad de Santa Fe", adelantó el coordinador de RedCicladores.
A su vez, comentó que entre las propuestas a presentar se encuentra la construcción de una planta de compostaje en el relleno sanitario. "Con todas estas acciones buscamos intentar reducir al máximo toda la basura que se deposita en el relleno sanitario, porque es una ´bomba de tiempo`, ya que es una montaña de basura de más de 20 metros. Estamos a tiempo de evitar un grave daño ambiental en la ciudad", señaló
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Con la licencia social consolidada, Santa Cruz atrae inversiones mineras y el sector emplea de manera directa a unas 6.000 personas

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Santa Cruz


La mitad de las minas metalíferas que están en producción en el país se encuentran en el territorio de la provincia. Por la ley del 70/30, más del 70% de los empleados son de Santa Cruz. En esta nota, el detalle de las inversiones por parte de las empresas operadoras.
El vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, puso en valor que la provincia “ha desarrollado la licencia social” para la actividad minera y explicó que esto significa que “las distintas localidades y las personas que las habitan admiten a la minería como parte importante de nuestro desarrollo”.
Quiroga emitió el concepto en su exposición en la PDAC (la mayor feria internacional de minería del mundo), que este año se realizó en la modalidad virtual por la pandemia del COVID-19, consignó el diario La Opinión Austral, que detalló los distintos emprendimientos y las inversiones realizadas por las empresas en las últimas décadas.
La publicación indicó que la realidad de la minería en Santa Cruz trae “aire fresco” a un escenario de conflictividad en Mendoza y en Chubut al tratarse de dos provincias que han tenido dificultades políticas para generar marcos legales que permitan desarrollar la industria.

Punto de inflexión
Se indicó en este sentido que el próximo mes de mayo puede ser un punto de inflexión a nivel nacional, ya que el secretario de Minería, Alberto Hensel, tiene previsto concretar el lanzamiento del Plan Estratégico Minero con el que promete “salir de la discusión de si hacer o no minería”, en sus palabras, y pasar a debatir “cómo aprovechar esta actividad para el desarrollo económico y social”.
En este contexto, “la provincia de Santa Cruz muestra cómo el hecho de contar con licencia social como estandarte principal para el desarrollo minero, hoy le permite posicionarse como la protagonista del segmento metalífero”, consignó La Opinión Austral, que detalló que la provincia “concentra un 52% de la producción de oro del país: de las 12 minas de este tipo que hoy operan en el territorio nacional, en Santa Cruz hay seis”.
“Tenemos el Macizo del Deseado, pero también la provincia ha desarrollado la licencia social. Esto significa que las distintas localidades y las personas que las habitan admiten a la minería como parte importante de nuestro desarrollo”, remarcó el vicegobernador Quiroga.

Política de Estado
“La provincia sostiene como política de Estado el desarrollo de la actividad desde hace 20 años, lo que hoy la catapulta como la mayor exportadora de oro y plata de la Argentina”, remarcó La Opinión Austral.
Agregó que en estas últimas dos décadas “por lo menos unos 4.500 millones de dólares se desembolsaron en desarrollos mineros en la provincia, que en conjunto emplean a más de 6.000 personas de manera directa (en más de un 70% se trata de santacruceños)”.
Es que Santa Cruz no solo ostenta el hecho de que la mitad de las minas metalíferas que están en producción en el país están en su territorio, sino que posee a una de las más importantes del mundo: Cerro Negro. Esta se posicionó, en el inicio de este año, entre las 10 minas de oro más productivas a nivel global.
Desde que inició su producción en 2014, en el desarrollo de Cerro Negro se han invertido cerca de 2.400 millones de dólares. Actualmente emplea a 1.400 personas, y cumple, según afirma la empresa, con la ley provincial del 70/30, dando ocupación a mano de obra local.
Además bajo el acuerdo de responsabilidad social, a través del Fondo Unirse, la firma estadounidense aportará 30 millones de dólares para la construcción de una línea eléctrica.
En paralelo, según datos de la empresa, cerca del 40% de la energía que se utiliza en Cerro Negro para su producción proviene de fuentes renovables, lo que supera con creces las pautas que marca la ley para un desarrollo productivo sustentable.

Continuidad
Además, en Santa Cruz conviven yacimientos maduros, como Cerro Vanguardia, que ha reinvertido en exploración parte de su producción desde su inicio en 1998 y ha logrado duplicar su vida útil -hoy estima su cierre para 2025-, y generar proyectos nuevos recientemente iniciados, como la mina Cerro Moro, la última en entrar en producción en 2018.
Cerro Vanguardia comenzó a producir en el marco de una asociación público-privada entre la sudafricana AngloGold Ashanti y la estatal Fomicruz, hoy emplea a más de 1.000 personas y lleva invertidos desde su inicio más de 400 millones de dólares.
Solo en 2019, de acuerdo con la información que brindó la firma a SCP, las inversiones de capital totalizaron los 31 millones de dólares. Durante diez años, la mina de la localidad de San Julián que abrió paso a la minería metalífera en la provincia fue la única en producción.
En junio de 2007 inició su fase productiva la mina San José, que fue la primera de explotación subterránea con procesamiento del mineral in situ en la provincia.
En el proyecto, según indicó la firma Minera Santa Cruz -una asociación entre el operador peruano Hochschild y la canadiense Minera Andes, hoy McEwen Mining- lleva invertidos desde el comienzo 743 millones de dólares. Emplea más de 1.400 personas y cuenta con más de 2.000 proveedores.
En tanto, la empresa canadiense Yamana Gold -que en los 15 años que lleva en el país pudo desarrollar tres minas- invirtió cerca de 300 millones de dólares entre 2016 y 2018 solo para la construcción de Cerro Moro y, de acuerdo con los datos ofrecidos, hoy emplea cerca de 1.450 personas, de los cuales 750 son en forma directa y el resto contratistas.
Otra de las minas más jóvenes de la provincia es Don Nicolás, que según Cerrado Gold entró en producción en diciembre de 2017 y tiene una vida útil estimada en seis años. La firma -también canadiense- invirtió 250 millones de dólares y actualmente emplea poco más de 300 personas.
Si bien no es de las más jóvenes, ya que inició su producción en 2009, Pan American Silver dio un nuevo comienzo a las instalaciones de la mina Manantial Espejo en 2019 y 2020 con el desarrollo de las minas Joaquín y COSE.
La firma canadiense invirtió más de 300 millones de dólares entre los tres yacimientos -que combinan la explotación a cielo abierto y la subterránea- y cuenta con 660 empleados.
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Analizaron y dieron detalles sobre el avance de las obras de las represas en Santa Cruz

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: BaeNegocios
Provincia/Región: Nacional


La gobernadora Alicia Kirchner, junto a autoridades provinciales, representantes de UTE Represas Patagonia, Electroingeniería e IEASA, mantuvieron una reunión en la que se presentó tanto el avance de la construcción, como la situación ambiental.
La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el encuentro en Casa de Gobierno con autoridades y representante de la UTE Represas Patagonia, Electroingeniería e IEASA, a los efectos de indagar acerca del avance de las obras en Santa Cruz, así como también la situación ambiental. Además se focalizó la atención en el trabajo que se genera, los proveedores, la necesidad de realizar capacitaciones; y se manifestó la intención de seguir concretando mesas de trabajo conjuntas.
La mandataria provincial fue acompañada por el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba; el secretario de Estado de Legal y Técnica, Sergio Sepúlveda; el secretario de Estado de Ambiente, Mariano Bertinat; y la secretaria de Estado de Responsabilidad Social, Rocío Campos.
Además fueron parte del encuentro, el representante de Gezhouba en Comité Ejecutivo de UTE, Zhang Xiaorui; el director comercial, Yuan Jiafu; el accionista y socio fundador Electroingeniería, Osvaldo Acosta; el director de Electroingeniería, Sebastián Ferreyra; el representante Electroingeniería en Comité Ejecutivo de UTE, Daniel De La Torre; el director Electroingeniería, Carlos Ballardini; el director RRII de UTE, Mariano Musso; por IEASA se hicieron presentes, su presidente, Agustín Gerez; y el subgerente general, Sebastián Bonetto.
Al término de la reunión, Leonardo Álvarez destacó que la Gobernadora requirió la presencia de la empresa constructora de las Represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, como así también IEASA en su rol de comitente de la obra por parte del Estado Nacional. “En la reunión se planteó el grado de avance de obra. Hoy la represa Néstor Kirchner está cercana a un 20 por ciento y la represa gobernador Cepernic ya en 25 por ciento, estimando tener la primera turbina en funcionamiento en el año 2023”, explicó. Además indicó que la idea fue estar al tanto del trabajo realizado paras superar los problemas de implantamiento geológico de una de las represas.
“Nos comentaron que hay más de 2.100 personas trabajando en la obra con turnos rotativos en función de los protocolos vigentes debido a la situación epidemiológica; el porcentaje de participación de proveedores locales; y los tópicos importantes de los avances de una de las obras públicas más grande de Latinoamérica y de financiamiento chino más relevante”, consideró.
En cuanto a los planteos que se efectuaron por parte de la provincia, Álvarez sostuvo que se hizo hincapié en la preocupación en relación al avance de las compensaciones ambientales que son muy importantes para las localidades de inserción de la obra.
Por otra parte, señaló que acordó continuar profundizando en una mesa compartida. “La provincia ha vuelto a tener una participación activa en la obra después de lo que sucediera durante el periodo 2015 – 2019 en el que el Gobierno Nacional anterior no nos tuvo en cuenta a pesar de que Santa Cruz está poniendo uno de sus activos más importantes”, subrayó.
También, el Jefe de Gabinete comentó que una de las preocupaciones más importantes de la Gobernadora, es la posibilidad de que cada vez más santacruceños y santacruceñas puedan incorporarse al engranaje productivo de la provincia en empleos de calidad. Para tal fin, se necesita saber cuáles son las necesidades de capacitación y trabajar en las mismas desde el Consejo Provincial de Educación.
Por su parte, la ministra Silvina Córdoba resaltó que además se focalizó la atención en las compensaciones ambientales, proveedores, empleo y capacitaciones. Asimismo se hizo alusión a temas puntuales de la obra. “Hoy más del 70 por ciento del personal que trabaja en Represas es de la provincia de Santa Cruz. Estamos trabajando en un plan de proveedores más fuerte del que ya se viene implementando porque creemos que es uno de los ejes más importantes en el trabajo y responsabilidad social respecto a la obra”, detalló.
Finalmente, Agustín Gerez resaltó: “Hoy nos acercamos para hacerles saber que la obra está alcanzado un nivel y ritmo optimo en la represa Jorge Cepernic y que estamos próximos a firmar los documentos para el relanzamiento formal de represa Néstor Kirchner con el objetivo firme de hacer la primera entrega de energía en 2023 con la primera turbina de la represa Jorge Cepernic”, detalló.
En relación a los protocolos que se aplican en las represas, puntualizó: “Actualmente nos encontramos con 2.600 trabajadores directos en las dos represas y los protocolos por el COVID son muy estrictos, lo cual nos lleva a determinadas sensibilidades de improductividad en el territorio pero lo hemos abordado con la responsabilidad que implica. A pesar de la pandemia se siguió avanzando en la construcción de la obra que es un eje central en nuestra gestión”.
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Mutiló a una puma: deberá pagar una "cuota alimentaria" de por vida

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa


 El animal perdió una pierna en una trampa. Por primera vez un caso de violencia en perjuicio de un animal de la fauna silvestre obtiene un resarcimiento económico. La puma se recupera en una reserva de Calamuchita.
Cuando la encontraron, estaba agotada. Hacía horas que saltaba de un lado al otro, intentando escapar. Una de sus patas delanteras quedó aprisionada y triturada por los feroces dientes de una trampa “de oso” o “leonera”.
Todavía Unelén (“la primera de su tipo”, en lengua mapuche) no se llamaba Unelén. Era una puma de unos tres años, gravemente herida.  
Brigadistas del Parque Nacional Lihué Calel, de La Pampa, se toparon con la felina, presa de un cepo que colgaba de un alambre colindante entre el predio del parque y los campos vecinos. La conocían, había sido vista varias veces por las cámaras del espacio protegido de 32.500 hectáreas.
Hoy, la puma se recupera en una reserva de fauna de Córdoba.

La historia de Unelén
Unelén sentó jurisprudencia: por primera vez un caso de violencia en perjuicio de un animal de la fauna silvestre (delito penal en Argentina, tipificado en la ley 22.421), obtuvo un resarcimiento económico.
Su cazador debe abonar una cuota para su manutención mientras viva (estiman que pueden ser 15 a 20 años más).
En un “acuerdo de reparación” avalado por la Justicia, el productor agropecuario Sergio Neubauer debe depositar una suma mensual de 4.000 pesos, ajustable cada seis meses.
Con ese monto, se cubre parte de los gastos en alimentación. A su vez, debe aportar material de concientización y educación ambiental.
En su defensa, dijo que la trampa tenía como finalidad un jabalí, cuya caza está liberada, para preservar su ganado vacuno.
Pese a que su uso está prohibido, aseguran que este tipo de trampas se consigue en cualquier ferretería. Además, podría haber lesionado a alguno de los trabajadores del parque o a cualquier persona que pasara por allí. De hecho, está prohibida la caza del puma o de cualquier animal silvestre.
El incumplimiento del pago desencadenará la continuidad de la causa judicial, que podría terminar con un fallo que ordene la cárcel, informó Viviana Antoci, intendenta del Parque Nacional y encargada de impulsar la demanda penal. “Sienta un precedente legal para posibles luchas posteriores”, valoró.
En paralelo, se inició una demanda civil, aún en proceso, que podría condenar al pago de una multa que al menos permita recuperar parte de los 300 mil pesos de los gastos operativos que se destinaron al rescate y recuperación de la puma.  
Viviana sostuvo que este caso extremo debería ayudar a modificar la mirada negativa hacia el puma en ciertos sectores.
Los campos cercanos tienen vacas, cuyo depredador principal no es el puma, apuntó.  

El rescate
Unelén fue hallada el 16 de mayo pasado, en plena pandemia y de inmediato se activó su rescate.
Estaba herida por la “mordedura” de la trampa y su instinto frustrado de huir la había lastimado aún más. La durmieron, le quitaron la trampa y le realizaron la primera amputación, de parte de la mano derecha, en un “quirófano” al aire libre.
“Dudábamos de que pasara la noche”, recordó Antoci, quien acompañó todo el proceso. Pero Unelén demostró fortaleza.
Fue trasladada unos meses a la reserva Parque Luro y sometida a una nueva amputación, ya total de su pata lesionada. De esa forma evitarían una infección y la ayudarían a una mejor readaptación a la nueva vida, en cautiverio y con tres patas.
Mutilada, estaba condenada a no regresar al monte.  

De La Pampa a Córdoba  
En búsqueda de un lugar definitivo para su vida en cautiverio, apareció en el escenario Pumakawa, la reserva de animales de Villa Rumipal, en Córdoba, especializada en el manejo de grandes felinos.
El 31 de octubre llegó a Pumakawa, que sumó el integrante número 13 a su nutrida comunidad de pumas.
“Está en un proceso de adaptación intenso, pasó de silvestre a cautiva y de entera a amputada. Aun se muestra muy retraída”, describió Kai Pacha, responsable de la asociación civil Pumakawa.
Estimó que tiene unos 3 o 4 años de edad. En cautiverio, la expectativa de vida supera los 20 años.
“Nuestra responsabilidad con ella es de todo ese tiempo, el mismo compromiso para quien puso la trampa”, apuntó.
Aclaró que el costo, solo en alimentación, sin considerar veterinario y otros rubros, se acerca a los 25 mil pesos mensuales, muy superior a los 4 mil de la cuota que paga el sancionado, aunque valoró el convenio y el mensaje que encierra.
“Debe enseñarnos a tratar de convivir con la naturaleza, sino una trampa se vuelve en contra de quien la puso”, apuntó.

¿Más pumas?
En las próximas semanas, la cantidad de pumas de Pumakawa podría pegar un salto, de 13 a 23, si finalmente se concreta el traslado de los diez decomisados en un importante proceso realizado en Balcarce, provincia de Buenos Aires.
Allí desmantelaron un criadero clandestino de fauna silvestre, con más de 300 animales encerrados.
Si recibe apoyo de instituciones y fundaciones que están gestionando, para adecuar la infraestructura y provisión de comida, Pumakawa se consolidaría como espacio de acogida de pumas que ya no pueden volver a su espacio natural, pero ya no solo de Córdoba sino nacional.  
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La comunidad Wichi denunció amenazas ante su intento por frenar el desmonte en Tartagal

Fecha de Publicación: 02/04/2021
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Salta


La comunidad Territorios Originarios Wichi asegura que a pesar de las medidas judiciales que le dio la razón volvieron las topadoras y camiones para seguir con el desmonte.
La comunidad Territorios Originarios Wichi de Tartagal, Salta, denunció amenazas luego de que denunciaran que empresarios agropecuarios retomaron las tareas de desmonte para ganar tierras para la explotación de soja y la cría de ganado.
Aunque el desmonte en la zona se remonta a fines de la década del '90 de la mano del paulatino proceso de sojización de la zona y emprendimientos forestales y ganaderos, el proceso de desmonte se profundizó a partir de 2017 y la "frontera" de la tala y depredación de monte ya llegó al borde de los límites de la comunidad Wichi.
Desde ese momento, la comunidad dio inicio a un proceso de resistencia, mediante diferentes acciones, tanto jurídicas como comunicacionales, con el acompañamiento de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y Radio Comunitaria La Voz Indígena.
Así desde 2019 rige una medida cautelar de no innovar que puso freno al desmonte.
A pesar de ello desdela comunidad Wichi denunciaron que este año "se retomó la tala del monte y el ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad", puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son parte integrante de sus vidas como comunidad wichi. "Es decir, que no son un ente inanimado, todo lo contrario, son seres con los que comparten la vida y que tienen una existencia más allá de la separación entre naturaleza/cultura", explicaron.
Ante la decisión de frenar una vez más el desmonte que infringe la orden judicial de no innovar, tanto los integrantes de la comunidad como una antropóloga que trabaja con ellos fueron amenazados por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos ya fueron denunciados también ante la policía.
Las tierras que ocupan les fueron reconocidas como propiedad de la comunidad y hoy están amenazadas ante el avance sojero.
Luego de una larga espera, el 10 de marzo pasado técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hicieron entrega de la carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58 publicada en el Boletín Oficial, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y público del territorio.
La resolución del INAI, establece que “se reconoce la ubicación actual, tradicional y pública, de la comunidad Territorios Originarios Wichi, perteneciente al pueblo Wichi, ubicada en el departamento San Martín, provincia de Salta, respecto de la superficie georeferenciada”.
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El presupuesto del Ministerio de Ambiente será 300% mayor que el de 2020

Fecha de Publicación: 01/04/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional


Fue publicado en el Boletín Oficial. Además, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego será siete veces más que lo ejecutado en 2020 y 15 veces lo gastado en 2019.
A través de la Decisión Administrativa 281/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se produjo una modificación del Presupuesto Nacional 2021 que eleva el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a más de $ 11.330 millones. De este modo, el presupuesto 2021 de la cartera que conduce Cabandié crece más de un 300 % con respecto a lo ejecutado en 2020.
“El presupuesto 2021, el primer presupuesto votado por nuestra gestión, ya tenía un fuerte incremento presupuestario que se potencia con esta ampliación. Estamos hablando de un 300 % más de recursos para el Ministerio”, remarcó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie.
El ministro de Ambiente también celebró que “se consolidan los recursos para el Servicio del Manejo del Fuego con los fondos provenientes del cobro de alícuotas de seguros”, y dijo: “Ampliamos los recursos para obras y acciones en materia de gestión de residuos sólidos urbanos”.
Según el comunicado de la cartera de Ambiente, en el primer caso, el Servicio del Manejo del Fuego totaliza con las modificaciones presupuestarias más de $ 3.058 millones. El nuevo presupuesto implica un crecimiento de fondos siete veces superior a lo ejecutado en 2020 ($ 433 millones) y 15 veces lo gastado en 2019 ($ 196 millones).
La mencionada decisión administrativa da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Presupuesto Nacional 2021, incorporando a la partida del Ministerio de Ambiente $ 2.640 millones provenientes de la contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros que formarán parte del financiamiento del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, según lo establece la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Manejo del Fuego.
Cabe recordar que el Gobierno nacional, a través del decreto 192/2021, homologó el nuevo convenio que reconoce las particularidades propias de la tarea que llevan a cabo brigadistas que se desempeñan en la Administración de Parques Nacionales y en el SNMF. Además, crea un régimen de carrera específico que reivindica su labor.
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Cazaba ciervos en extinción para traficar su carne y lo atraparon en una isla de San Fernando

Fecha de Publicación: 01/04/2021
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Buenos Aires


Tenía cuerpos de animales en su casa, entre ellos una especie en peligro.
Además de hacer campañas para difundir la importancia del cuidado del Medio Ambiente, atender denuncias de quemas ilegales y rescatar a especies en peligro de extinción, en el Delta del Río Paraná cada vez son más los casos de caza ilegal de fauna local.
En San Fernando, este fin de semana atraparon a un cazador furtivo de ciervos de los pantanos, un animal que está en riesgo de desaparecer por su escasa reproducción y su comercialización ilegal.
La Policía Federal Argentina allanó el domicilio de una persona en la Segunda Sección de Islas donde se encontraron cuerpos de especies protegidas, algo que violaba la Ley de Conservación de la Fauna.
Desde el Municipio de San Fernando, donde sostienen campañas y una creciente política medioambiental para cuidar a las especies que habitan el Delta, salieron a advertir sobre los peligros para la biodiversidad que representa el ejercicio de la caza furtiva y su ilegalidad en el Provincia de Buenos Aires.
El sábado, un hombre fue detenido por infracción a la Ley de Conservación de la Fauna, dado que en su casa encontraron cadáveres de especies protegidas como el Ciervo de los Pantanos.
La investigación es llevada a cabo por la Policía Federal Argentina y colabora la Brigada de Control Ambiental, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; la administración de Parque Nacionales y el Destacamento de Guardaparques de la Reserva de Biósfera Delta del Paraná.
 El Director de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “En las últimas horas de la noche del sábado se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio en la Reserva de Biósfera Delta del Paraná, siguiendo la línea de investigación de la Policía Federal por los hechos sucesivos de caza furtiva en el Delta. El allanamiento dio como resultado un detenido, al que se le encontró en su poder carne de distintas especies y también de Ciervo de los Pantanos”.
El funcionario remarcó: “Hay que recordar que el ciervo es un monumento natural de la Provincia de Buenos Aires y se encuentra en peligro de extinción. La caza de este estilo ha aumentado en los últimos tiempos y las fuerzas federales vienen siguiendo distintas líneas de investigación para terminar con estos hechos que ponen en riesgo no solo a la especie protegida sino a toda la biodiversidad del Delta”.
Por último, Gabriel Tato advirtió: “Es importante destacar que la actividad de caza está penada por ley, así como también el consumo de esta carne, se trata de un delito ambiental y federal. San Fernando viene trabajando activamente en el cuidado de la Reserva de Biósfera y en toda su biodiversidad, el Intendente Juan Andreotti ha tomado la cuestión ambiental como eje de su gestión. Por lo tanto, trabajamos no solo con la fiscalización sino también en el Comité Técnico-Científico del Ciervo de los Pantanos, esta especie amerita un gran esfuerzo de toda la fuerza pública y de los gobiernos nacional, provincial y local”.

El emotivo rescate de una cría
Un ciervo de los pantanos bebé fue rescatado a principios de febrero en el Delta.
Pudo ser salvado por la intervención de la Brigada de Control Ambiental (BCA), en la casa de un vecino en las islas de San Fernando, en Arroyo Ciervo.
El animal, que ya forma parte de la identidad de los isleños del Delta, había sido encontrado desprotegido y sin su madre, hace varios meses atrás, por un vecino que se encontraba caminando por la zona.
"Me da felicidad que la puedan llevar a un lugar donde va a estar protegida y ojalá que pronto pueda volver a la Isla”, cuenta Celsa Gonzalez, hermana del hombre que la rescató. Él narró: “Nos hicimos cargo de la cierva desde que era bebé, hace seis meses que está viviendo con nosotros, mi hermano la encontró en el campo. Llamamos ayer y enseguida vinieron los guardaparques y el equipo de Temaikén para cuidarla como corresponde", dijo .
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Cabandié: "La Justicia no ha avanzado" en la acción por la quema de islas

Fecha de Publicación: 01/04/2021
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral Argentino


El ministro nacional recorrió la Granja La Esmeralda con su par provincial Erika Gonnet. Recordó que las quemas forestales configuran un delito penal.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandie, estuvo este lunes en la ciudad capital para recorrer, junto con su par provincial Erika Gonnet, el predio de la Granja La Esmeralda. En ese contexto, y luego de establecer las pautas con las que se organizará la actividad en ese predio, dialogó con periodistas sobre un tema que durante el 2020 estuvo presente en la agenda santafesina: la quema de islas.

- ¿Cuáles fueron los avances judiciales?,- quiso saber El Litoral.
- El año pasado hubo 300 mil hectáreas quemadas en las islas del lado de Entre Ríos que afectó a distintas localidades de Santa Fe en la costa del Paraná, y la Justicia no ha avanzado. Tenemos un nuevo magistrado a cargo de la causa. Esperemos que eso redunde en avances y logros.
Para el problema de las quemas hay que identificar a tres actores: los que prenden, los que apagan y los que tienen que impedir que los que prenden vuelvan a hacerlo. El que prende comete un delito, nuestra responsabilidad es apagarlo y lo hacemos; pero si a los dos días vuelven a prender se vuelve un círculo vicioso imposible de frenar si es que la Justicia no actúa en castigar con el peso de la ley a quien prende.

 - ¿Por qué esa dilación de la Justicia?- inquirió este diario.
- Hay distintos intereses cruzados. De productores, medios de comunicación. Vamos a ser realistas: hay gente a la que le importa "un comino" el ambiente y al mismo tiempo la voracidad de ciertos sectores…

- ¿Sectores inmobiliarios, por ejemplo?-, preguntó El Litoral.
- La voracidad lleva a que se perjudique durante nueve meses como fue el 2020 a toda la costa del Paraná, de la provincia de Santa Fe, incluso ha llegado a Entre Ríos, y no les importa. Y la Justicia convive con esa actitud delictiva de quemar. Porque la quema de pastizales o las quemas forestales son un delito penal.

El ministro abogó por una producción sostenible. "Muchas veces esa voracidad de ganar a expensas de las personas y del ambiente nos trae grandes dolores de cabeza". Y aclaró que "no estamos hablando del futuro lejano sino del día a día porque la bajante del Paraná que tuvimos el año pasado y hoy por suerte no está en los mismos registros, ha generado perjuicios enormes como dar pie a la quema de esos pastizales para que los productores ganaderos no desaprovechen ni un centavito. Hace años que hay ganado ahí, el objetivo era quemar pastizales para que esos animales puedan consumir", advirtió. Pero también llamó la atención sobre la caza furtiva, como parte de la causa de las quemas.
Con relación a la instalación de faros de conservación en la provincia, Cabandie detalló los proyectos en marcha y advirtió: "Los recursos son infinitos para comprar la tecnología necesaria pero es más fácil castigar con el peso de la ley a quien prende (fuego) porque de esa manera no van a volver a prender. Pero la justicia no lo hace".

Humedales
En otro orden, Cabandie felicitó a la provincia "porque está iniciando un inventario de humedales que es un avance enorme".
"También lo están haciendo otras provincias pero Santa Fe fue pionera y eso nos permite avanzar en pos de construir escenarios para que en algún momento tengamos una ley de humedales".
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