Los bosques siguen penando, cada vez menos presupuesto
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Nación se queda con dinero de las provincias para preservar los bosques
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional
Por ley se establece que se debe destinar un 0,3% del presupuesto nacional a las áreas protegidas. Sin embargo de una suma equivalente a $12.516 millones para 2019, el Estado nacional sólo distribuirá $570 millones.
En los primeros ocho años de vigencia de la Ley de Bosques, que entró en vigencia en 2010, el Estado Nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por al menos 28.960 millones de pesos. Pero apenas desembolsó 1.546 millones.
Por lo tanto, si se suman las asignaciones correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese lapso el Estado nacional se apropió de unos 27.400 millones de pesos nominales pertenecientes a las provincias.
Misiones tiene un tercio de su territorio como áreas protegidas y reservas naturales, por lo tanto, el dinero que pueda llegar para preservación ambiental es muy importante ya que los beneficios de un medio ambiente sano llegan a todos los argentinos, a través del oxígeno, el suelo, el agua y la biodiversidad. La superficie total de la provincia alcanza las 3.000.000 de hectáreas y el total de superficie aproximada bajo alguna categoria de protección ambiental es de 1.394.000 has.
Para el año 2019 la situación no cambia. Al contrario: empeora.
El Gobierno nacional violará por décimo año consecutivo lo establecido por la “Ley de Bosques”, que indica que el 0,3% del presupuesto nacional debe destinarse a la preservación de los bosques. Ese porcentaje equivale, en el presupuesto del 2019, a la suma de 12.516 millones de pesos, mientras que en concepto de retenciones agroindustriales deberían sumarse al menos otros 2000 millones.
Es decir: el año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 14.500 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2019 asigna una partida de apenas 570,5 millones de pesos (cerca del 5% del monto correspondiente).
Los datos surgen del último “Informe del estado del ambiente 2017” publicado esta semana por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación.
La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.
El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.No es una maniobra exclusiva del Gobierno de Mauricio Macri. En la década kirchnerista se incumplía de la misma manera.
Reclamo misionero
Esta situación generó un reclamo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, ex ministra de Ecología, quien sostuvo ante la Cámara de Diputados de la Nación que “hace casi diez años el Gobierno nacional se queda con parte de los recursos que por ley se deben destinar al cuidado de los bosques y solamente incluye una pequeña parte en el presupuesto anual”.
Para 2019, en el artículo 16, se asignaron al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $570.500.000 y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $25.000.000. Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
Derna fue más precisa al señalar que el monto debe proteger casi 30 millones de hectáreas, por lo tanto “es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo por decisión administrativa”, agregó.
“No solo lo pedimos nosotros, sino también el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente) y también lo han pedido Fundaciones como Vida Silvestre, Bosques Nativos Argentinos y propietarios de reservas privadas”, dijo la ex ministra.
Recordó que “en 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos el problema, el aumento se vio reflejado en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto que el año pasado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosque nativo, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a doce pesos por hectárea por año”.
“Por ello solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo. Solicitamos que sea por decisión administrativa, lo faculta el artículo 16”, enfatizó.
“Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, la flora, fauna, la biodiversidad, y nos brinda mejor calidad de vida”, finalizó Derna.
Crítico informe de la AGN
Un informe elaborado este año por la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que “la falta de presupuesto adecuado se traduce en el terreno en una baja efectividad de protección de los bosques nativos, ya que se financian menos planes que los presentados en las provincias”, además de propiciar “un monitoreo y control débil e insuficiente por falta de recursos tanto a nivel provincial como nacional (falta de equipamiento, vehículos y personal para las tareas de monitoreo y fiscalización)”.
“A diez años de la sanción de la Ley (de Bosques) 26.331, el monto previsto en las sucesivas leyes nacionales de presupuesto ha sido marcadamente inferior al que correspondería”, agrega.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Recorrerán todo el Limay para mostrar la contaminación
Con una travesía de 11 días mostrarán cómo se contamina el Limay
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Compararán las imágenes y el agua de la naciente con la confluencia del Neuquén, para demostrar la necesidad de evitar un “Riachuelo” patagónico.
Los vecinos que reclaman las aguas limpias del Limay organizaron una travesía de once días por el río que lleva un mensaje de concientización a lo largo de 550 kilómetros sobre el espejo de agua.
Buscarán sortear las cinco presas que se cruzan su trayecto hasta la confluencia y navegarlo completo.
La actividad será un llamado de atención sobre cómo el agua que nace cristalina, inolora y sin bacterias muta a los pocos kilómetros aguas abajo en una curso de agua que se monitorea permanentemente porque se desconfía hasta la aptitud balnearia de su curso.
Se trata de un grupo de los “amigos de los ríos”, “Salvemos los ríos”, “Amigos del Limay” o los vecinos de Neuquén que pelean por mantener las aguas lo más limpias posibles de los ríos que nacen de las vertientes de deshielo y que lamentablemente a Neuquén llegan a los balnearios con coliformes, entre otros residuos.
El resto de los vecinos que comparten la misma intención se reunirán en Olascoaga al fondo, en el balneario Río Grande, en un aniversario más de la multitudinaria marcha vecinal que espontáneamente nació de un posteo en las redes que interpeló: “vamos a dejar que el Limay se convierta en un Riachuelo?”
Se planea hacer una actividad con el arribo de los navegantes que además conmemore los tres años de la primera marchan en defensa de los ríos en la capital neuquina. Habría charlas con diferentes profesionales del ambiente y junta de firmas para exigir el vertido cero.
La “expedición” desde la naciente del Limay comenzará el 4 de enero y se estima termine el 14.
“Vamos a ver el río que recibimos de la naciente en el Nahuel Huapi y baja recorriendo lugares que muchos no conocen, a pesar de que se trata de toda gente preparada para hacer esta travesía”, dijo Luis Arellano, uno de los organizadores e integrantes de la travesía del Limay.
Explicó que pocos han realizado el trayecto aguas abajo debido a la dificultad de sortear 5 presas sobre el curso del Limay.
“La idea es mostrar cómo es aquello y documentarlo, y preguntarnos por los cambios que nosotros percibimos a través del río: las pisciculturas que están sobre el Alicura, el paso por Piedra y Picún; y las zonas que conocemos más como de Senillosa a Plottier y Neuquén”, dijo Luis Arellano, uno de los integrantes de la expedición.
Se pretenderá interpelar a los funcionarios sobre las diferencias que se perciben en los tramos “y qué harán para que esto termine y podamos volver a tener el río de generaciones anteriores”, dijo Arellano.
Habrá fotos, filmaciones y todo lo que sirva para “difundir cómo es el río Limay a lo largo de su recorrido y cómo lo estamos entregando a la provincia de Río Negro en la confluencia con el río Neuquén, que es casi una cloaca”, comentó.
Una aventura que incluye pasar por todas las presas
El viaje por el curso del Limay con 30 ó 40 kilómetros de avance diarios busca ser un aporte sobre el conocimiento del río. Desde la organización sostienen que nadie ama lo que no conoce, por eso esta premisa de recorrerlo desde adentro y hacer esta prueba que es exigente hasta para los más experimentados del remo.
Viajan kayaquistas que están en condiciones físicas y con embarcaciones aptas para el recorrido y que cumplan los requisitos de seguridad que exige Prefectura; sin embargo, muy pocas personas han realizado el viaje total por las complicaciones que involucra un viaje que debe sortear cinco represas.
“Hay que bajarse con el kayak y viajar por cañadones y la barda por sectores donde no hay camino, con todo el equipamiento de viaje a cuestas, para retomar el río aguas abajo de Alicura, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito”, describió Arellano.
Agregó que la travesía es poco realizada porque muchos de los deportistas o pescadores priorizan algún tramos: “se rema en el Limay medio desde Pichi Picún hasta donde nace el Chocón; otros desde Dina Huapi hasta confluencia Traful (confluencia Alicura). Hay sectores donde la ruta está a 40 kilómetros del lago, entonces cualquier asistencia por alguna emergencia se torna difícil, con poca comunicación y dificultades para el apoyo logístico, esto hace que la travesía total por el Limay sea incómoda”, describió Arellano.
En cada etapa los navegantes tendrán descansos con acampes agrestes. Por ahora hay un equipo de travesía conformado por 6 personas. Hay algunos sectores del río que será imperioso suspender cuando haya vientos de 60 ó 70 kilómetros “y por experiencia sabemos que hay que suspender por la peligrosidad, por esto se buscará ir con personas preparadas que puedan documentar en fotos e imágenes todo, para que la gente conozca y como dice el eslogan de la travesía, ame lo que tenemos a partir de que lo conoce”, sostuvo.
Arrelano agregó que con las acciones que se hicieron “algún éxito se tuvo” pero aún “ hay mucho más para hacer, e invertir en saneamiento y cuidado nuestros recursos”.
Son 550 km de travesía que va desde la naciente del río Limay en el lago Nahuel Huapi hasta su confluencia con el río Neuquén, con partida el 4 de enero.
“Para bajar por el Limay hay que sortear 5 represas. Es incómodo, muy complejo y pocos lo hacen entero, sí por tramos”.
Luis Arellano, integrante de la organización Salvemos los Ríos.
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Agroindustria: más extractivismo menos campesinado
Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: Revista Crítica
Provincia/Región: Nacional
Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.
“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.
¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.
Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.
Trabajo en disputa
"A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora", cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. "Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí", se descarga.
Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.
Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.
Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.
El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.
Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.
Despidos estratégicos
Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.
En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019.
“Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.
A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.
Territorio en disputa
Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.
¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.
Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.
Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.
“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.
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Río Negro: quieren reducir el consumo de papel estatal
El Gobierno va camino a eliminar el uso de papel
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
Se implementó un plan de modernización que busca reducir fuertemente los expedientes físicos. Aseguran que se ahorra tiempo y dinero para el Estado y los ciudadanos.
El gobierno provincial implementó hace un año herramientas digitales que le permitieron avanzar en un sistema de modernización del Estado que busca terminar con el uso del papel. El objetivo es reducir un 80 por ciento la cantidad de papel que se utiliza en los trámites administrativos y los procesos internos del Estado.
El secretario de Modernización, Silvio Castro, explicó: “Estamos trabajando en la implementación de un sistema de expediente electrónico, que es el sistema de Gestión Documental Electrónica que nos cedió a Nación, y logramos que algunos organismos lo implementen en su totalidad, como el Registro Civil y Lotería de Río Negro”.
Como parte de ese plan ya se implementaron el Registro Civil electrónico, el boletín oficial web y el sistema de compras digitales. “Queremos avanzar en un sistema para administrar los bienes del Estado”, agregó Castro.
El funcionario aseguró que además del cuidado del ambiente y el ahorro para el gobierno, “para los trabajadores del Estado el principal beneficio es que organiza el trabajo administrativo y da cierta seguridad al estar todo en una sola plataforma. La información no se pueda perder, cambiar o alterar”.
Además, Castro aseguró que el sistema le ahorra tiempo en los trámites a los ciudadanos.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: La Mañana Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro
Se implementó un plan de modernización que busca reducir fuertemente los expedientes físicos. Aseguran que se ahorra tiempo y dinero para el Estado y los ciudadanos.
El gobierno provincial implementó hace un año herramientas digitales que le permitieron avanzar en un sistema de modernización del Estado que busca terminar con el uso del papel. El objetivo es reducir un 80 por ciento la cantidad de papel que se utiliza en los trámites administrativos y los procesos internos del Estado.
El secretario de Modernización, Silvio Castro, explicó: “Estamos trabajando en la implementación de un sistema de expediente electrónico, que es el sistema de Gestión Documental Electrónica que nos cedió a Nación, y logramos que algunos organismos lo implementen en su totalidad, como el Registro Civil y Lotería de Río Negro”.
Como parte de ese plan ya se implementaron el Registro Civil electrónico, el boletín oficial web y el sistema de compras digitales. “Queremos avanzar en un sistema para administrar los bienes del Estado”, agregó Castro.
El funcionario aseguró que además del cuidado del ambiente y el ahorro para el gobierno, “para los trabajadores del Estado el principal beneficio es que organiza el trabajo administrativo y da cierta seguridad al estar todo en una sola plataforma. La información no se pueda perder, cambiar o alterar”.
Además, Castro aseguró que el sistema le ahorra tiempo en los trámites a los ciudadanos.
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Sierra de Ancasti, reuniones por el litio
Reunión por proyecto de litio en Ancasti
Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La subsecretaria de Minería, Inés Ulla, y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, se reunieron con el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán; el senador departamental, Luis Cordero; los concejales Juan Carlos Chávez y Agustina Tapia y los docentes Norma Ortega y Carlos Gerván, para darles a conocer el estado actual de proyectos mineros en la Sierra de Ancasti.
En particular se abordó un proyecto de exploración de litio en pegmatita (roca) que en la actualidad no tiene actividad, pero que estuvo en producción en la década del '70.
Las autoridades mineras y representantes departamentales acordaron coordinar reuniones entre las distintas áreas, compartir información y entrecruzar datos, como así también la Secretaría de Estado de Minería puso a disposición la documentación técnica que hay sobre la temática.
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Fecha de Publicación: 05/01/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La subsecretaria de Minería, Inés Ulla, y la directora provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, se reunieron con el intendente de Ancasti, Rodolfo Santillán; el senador departamental, Luis Cordero; los concejales Juan Carlos Chávez y Agustina Tapia y los docentes Norma Ortega y Carlos Gerván, para darles a conocer el estado actual de proyectos mineros en la Sierra de Ancasti.
En particular se abordó un proyecto de exploración de litio en pegmatita (roca) que en la actualidad no tiene actividad, pero que estuvo en producción en la década del '70.
Las autoridades mineras y representantes departamentales acordaron coordinar reuniones entre las distintas áreas, compartir información y entrecruzar datos, como así también la Secretaría de Estado de Minería puso a disposición la documentación técnica que hay sobre la temática.
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Disputa entre Ambiente y militares por territorios
Quieren que los campos Manantiales sean un Parque Nacional pero hay resistencia
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario La Provincia de San Juan
Provincia/Región: Nacional
Desde Medio Ambiente quieren convertir en parques la inmensidad de tierras ociosas que tienen los militares; hay proyecciones económicas de la rentabilidad que darían por el turismo
Se trata de unas 540.000 hectáreas de tierras muy ricas en flora y fauna -aunque actualmente se encuentran totalmente ociosas o abandonadas. Pertenecen a las Fuerzas Armadas y son muy codiciadas por la secretaría de Medio Ambiente para convertirlas en parques nacionales con fines turísticos, científicos y también de defensa. Pero una sorda disputa que viene desde el 2016 impide hasta ahora la concreción de este ambicioso proyecto del cual hasta el presidente Mauricio Macri quiere impulsar.
La Dirección de Parques Nacionales acaba de crear por ley este año el récord histórico de seis zonas nuevas de protección del ecosistema que suman un total de 48 parques en la Argentina, mucho más que en la época de Exequiel Bustillo. Y el próximo desafío será el de convertir en zonas de reserva natural a las 540.000 hectáreas que pertenecen en su mayor parte al Ejército y que están distribuidas en Mendoza, San Juan, Salta y Córdoba, entre las principales provincias.
"Hay una fuerte resistencia de los militares para entregar estas tierras que antes estaban ocupadas con mulas y vacas pero que ahora sólo estan abandonadas en gran medida ya que ni siquiera se usan para prácticas de Defensa", explicó a Infobae un allegado al secretario de Medio Ambiente el rabino Sergio Bergman.
La disputa llegó al despacho del jefe de Gabinete Marcos Peña, que es un ferviente impulsor de estos parques nacionales y cuenta con el aval del propio Macri. De hecho, el Presidente tuiteo hace unos días un mensaje inequívoco en este sentido: "el objetivo que nos propusimos el año pasado fue duplicar las áreas protegidas y lo cumplimos", escribió en relación a los 6 nuevos parques creados por ley.
Desde el Ministerio de Defensa, allegados al ministro Oscar Aguad aseguraron a Infobae que "hay predisposición plena para que haya parques nacionales en tierras sin uso". El problema es que desde Parques Nacionales se topan con la resistencia permanente del Ejército o de la Armada.
Durante el mandato del ex ministro de Defensa Julio Martínez hubo un enfrentamiento con las autoridades de Parques Nacionales por este tema y desde allí que no sanjó la discusión.
Los funcionarios de Bergman intentaron convencer a los militares sobre las conveniencias económicas de crear parques nacionales donde hay tierras ociosas de las Fuerzas Armadas. Pero no hubo caso. Incluso un funcionario de Medio Ambiente deslizó a Infobae que existen las sospechas sobre el presunto arrendamiento de algunos de estos predios a terceros para diversos usos agrícolas y sin el permiso del Ministerio de Defensa.
Aguad está dispuesto a ceder estos terrenos pero tiene una fuerte presión hacia adentro de las Fuerzas y la clave hoy es que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) destrabe el conflicto de una vez.
Según un informe de la consultora Elypsis que tiene en sus manos la Dirección de Parques Nacionales y que llegó a manos de Macri hace unos días, el turismo en las áreas protegidas creció más que el resto del turismo argentino en estos años.
"Las visitas se multiplicaron por cinco entre 1990 (711.000) y el 2017 (3,8 millones)", sostiene ese informe al que tuvo acceso Infobae. Sólo en el 2017 hubo ingresos en turismo proveniente de Parques Nacionales por unos 15.000 millones de dólares.
Proyección económica
A la vez, en el trabajo que presentó Parques Nacionales a Marcos Peña se destaca que "la demanda de turismo a parques nacionales podría elevarse a 7,8 millones de personas". En números e ingresos para la economía argentina ello implicaría un valor agregado de USD 3,4 mil millones por efecto directo del turismo y una proyección importante del empleo de unos 750.000 nuevos puestos de trabajo.
En el Gobierno saben que hay resistencia de los militares a entregar estas tierras que ahora reclama Parques Nacionales en zonas como la de Uspallata en Mendoza o Manantiales en San Juan que es donde se concentra gran parte de los 540.000 hectáreas en disputa.
Algunos de esos predios, ubicados en las provincias de San Juan (Campo Manatiales) y Mendoza (Uspallata, Estancia Polvaredas, Campo Gualtallary /Tupungato, Campo Los Andes), son de gran tamaño y protegen amplios ambientes de Alta Cordillera, Precordillera y valles andinos.
Si bien en parte de ellas persiste su necesidad de adiestramiento para la Defensa, en el marco del Convenio vigente entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales varias de ellas, por lo menos en su gran parte, podrían ser asignadas a la creación de Parques Nacionales o Reservas Nacionales.
En el caso del Campo Manantiales, de más de 300.000 hectáreas, si bien persiste el uso como campo de tiro de artillería en una pequeña porción del mismo, el origen de su asignación fue para la cría de ganado mular y caballos para tropas de montaña, actividad hoy desactivada.
En la Casa Rosada creen que esta cesesión de tierras militares ociosas se concretará tarde o temprano. De hecho, hay más de 10 inmuebles del Ejercito, la Armada o la Fuerza Aérea que estan a disposición de venta del ente estatal de bienes del Estado que se encarga de comercializar terrenos o edificios en deshuso. Por todo ello, las Fuerzas Armadas esperan sumar unos 160 millones de dólares para sus arcas y para el reequipamiento de los fuerzas.
Durante el kirchnerismo se crearon 7 reservas naturales de la Defensa, es decir, espacios asignados al Ministerio de Defensa pero para albergar ambientes naturales y darle un valor educativo a esas zonas. Desde el 2007 se reconvirtieron en zonas de ecosistema las tierras de las Fuerzas Armadas de Punta, Puerto península, Campo Mar Chiquita, la Calera, Campo Garabato, isla El Tala y Baterias Charles Darwin. En la secretaría de Medio Ambiente no descartan seguir este camino que sería un paso intermedio si las Fuerzas Armadas mantienen su tesitura de no entregar las tierras de biodiversidad.
Recientemente el Gobierno logró convertir a una parte de Campo de Mayo en reserva natural. Fue luego de casi dos años de arduas negociaciones y se conservó una parte de esas tierras para las Fuerzas Aramadas, otro espacio para la memoria y una parte de reserva natural.
Ahora desde la Casa Rosada apuntan a las 540.000 hectáreas de campos ociosos con alto componente de riqueza en flora y fauna que estan en poder de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, el camino a seguir no es sencillo: se requerirá de la aceptación del Ministerio de Defensa y las tres Fuerzas Armadas, la asignación de una resolución del ente de bienes del Estado, una ley provincial y una ley nacional.
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Mendoza: liberan aves producto del tráfico
Liberaron a más de 50 aves silvestres en la cordillera mendocina
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La tarea fue realizada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Ya se rescataron más de 6.000 animales del tráfico y de la caza
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, mediante el Departamento de Fauna, liberó a 52 aves silvestres denominadas “Negrillos”. Habían sido rescatadas en un operativo que realizó la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Rural en una vivienda en Luján de Cuyo, investigada por la comercialización de animales de manera ilegal.
Luego de que el cuerpo de inspectores determinara que esta tanda de animales se encontraba en buen estado, se procedió a la liberación en una zona cordillerana de nuestra provincia. En un emotivo momento, uno de los inspectores de la Secretaría de Ambiente abrió las jaulas para que estos ejemplares recuperaran la libertad.
“En lo que va de esta gestión venimos realizando un trabajo muy significativo en todo el territorio provincial, en lo que respecta a la conservación de la flora y fauna nativa. Ya llevamos rescatados más de 6.000 animales de la comercialización, tenencia, tráfico y caza. Esta nueva liberación es un gesto al ecosistema de nuestra Mendoza”, comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
El resto de los animales se encuentra en un periodo de rehabilitación, adaptación y cuarentena, para posteriormente proceder con la respectiva liberación.
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables recordaron a los mendocinos que la tenencia y comercio de estos animales, sin ser registrados por el Departamento de Fauna y contar con la documentación correspondiente, es ilegal y se sanciona con una multa que puede rondar hasta los $ 200.000.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
La tarea fue realizada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Ya se rescataron más de 6.000 animales del tráfico y de la caza
La Dirección de Recursos Naturales Renovables, mediante el Departamento de Fauna, liberó a 52 aves silvestres denominadas “Negrillos”. Habían sido rescatadas en un operativo que realizó la Secretaría de Ambiente conjuntamente con la Policía Rural en una vivienda en Luján de Cuyo, investigada por la comercialización de animales de manera ilegal.
Luego de que el cuerpo de inspectores determinara que esta tanda de animales se encontraba en buen estado, se procedió a la liberación en una zona cordillerana de nuestra provincia. En un emotivo momento, uno de los inspectores de la Secretaría de Ambiente abrió las jaulas para que estos ejemplares recuperaran la libertad.
“En lo que va de esta gestión venimos realizando un trabajo muy significativo en todo el territorio provincial, en lo que respecta a la conservación de la flora y fauna nativa. Ya llevamos rescatados más de 6.000 animales de la comercialización, tenencia, tráfico y caza. Esta nueva liberación es un gesto al ecosistema de nuestra Mendoza”, comentó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
El resto de los animales se encuentra en un periodo de rehabilitación, adaptación y cuarentena, para posteriormente proceder con la respectiva liberación.
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables recordaron a los mendocinos que la tenencia y comercio de estos animales, sin ser registrados por el Departamento de Fauna y contar con la documentación correspondiente, es ilegal y se sanciona con una multa que puede rondar hasta los $ 200.000.
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Vaca Muerta y un 2018 que mostró lo que es
El 2018 en Vaca Muerta, donde la regla es ‘lo excepcional’
Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Fecha de Publicación: 04/01/2019
Fuente: OPS
Provincia/Región: Nacional
Vaca Muerta se ha convertido paulatinamente en el pleno de la ruleta económica macrista. Es la esperanza que todavía sigue en pié. En tanto, los territorios avasallados y sus poblaciones sufren el despojo, la degradación se profundiza pozo a pozo y los trabajadores petroleros comienzan a aparecer también como ‘afectados’ por la explotación.
El video tiembla y no fija el plano. Grabado por el celular de un obrero petrolero, ese registro fue central para conocer lo sucedido en el pozo YPF.Nq.LCav-26 que se descontroló en la madrugada del viernes 19 de octubre y se mantuvo surgente durante 36 horas. En ese momento la compañía Nabors realizaba las tareas de perforación en el área hidrocarburífera Bandurria Sur, que opera YPF asociada a la estadounidense Schlumberger.
Durante un día y medio el pozo escupió líquidos de perforación e hidrocarburos, entre otros tóxicos. FARN y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén aseguró que fueron 45. Finalmente, el organismo provincial suspendió la licencia ambiental de cuatro pozos e impuso una multa de 32.9 millones de pesos. En un cálculo conservador, ese monto implica menos del 0.5% de los 390 millones de dólares que en octubre de 2017 Schlumberger se comprometió a invertir en el desarrollo inicial del área.
Tras la surgencia, el subsecretario de Ambiente de Neuquén Juan Lucchelli se apuró a subrayar que hacía cuatro años que no se registraba un incidente de estas características. Una afirmación que debe, cuanto menos, ser matizada.
El evento anterior al que hacía referencia el responsable de la oficina ambiental de Neuquén sucedió en el área Loma Campana, al suroeste de Bandurria Sur, el 2 de septiembre de 2014. Loma Campana es operada por YPF asociada con Chevron. En aquella oportunidad la contratista DLS no pudo controlar la presión del pozo y la pérdida duró 16 horas. El área hidrocarburífera se asienta sobre el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe. Las imágenes difundidas por la organización indígena fueron fundamentales para conocer esa situación.
Entre los dos sucesos mencionados, el 2018 y el de 2014, respectivamente, registramos, también, por lo menos dos eventos de envergadura en la provincia de Río Negro. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280. En el área Estación Fernández Oro, YPF perfora en chacras que producían peras y manzanas, poniendo en jaque la economía del Alto Valle rionegrino. La explosión fue al lado del barrio Calle Ciega 10, cuyas vecinas dieron a conocer el hecho.
También en la misma área, y por la denuncia de quienes trabajan en las inmediaciones del lugar, en 2016, se conoció la magnitud de lo que YPF había informado como un “derrame menor”. Posteriormente el Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas.
A partir del 19 de octubre de 2018 los incidentes empezaron a difundirse como una serie. De repente era importante aquello de lo que habitualmente poco se conoce. Luego de la surgencia en Bandurria Sur, YPF hizo público un derrame menor (0.6 m3) en un pozo convencional de Loma la Lata. Mientras que en diciembre se registró en Allen una nueva surgencia, en el pozo EFO 355, los hidrocarburos llegaron a un curso de agua que se comunica con el río Negro, cauce en torno al cual se asentó la población y se desarrolló el complejo productivo de la región.
Los rumores de accidentes y los rumores sobre presiones para que los operarios no difundieran imágenes de los “eventos” se volvieron una constante. A raíz de la trascendencia de lo sucedido en Bandurria Sur, el diario Río Negro, el de mayor circulación del norte de la Patagonia, publicó un informe oficial sobre incidentes hidrocarburíferos en Neuquén. Allí se constata que hay más de dos incidentes ambientales por día en esa provincia. Si bien los números varían año a año, solo en los primeros 10 meses de 2018 se identificaron 934 incidentes. En ese período, el 95% de las contingencias ambientales fueron catalogadas como “menores” y solo el 5% restante como “mayores”. Es decir, que entre enero y octubre de 2018 hubo 46 incidentes de cierta gravedad, uno por semana, de los que no trascendió ninguna información oficial 1 .
No hay capacidad de control estatal, no hay información ambiental adecuada y estas situaciones se conocen porque alguien las muestra. El celular obrero o mapuche, y las denuncias de trabajadores de la fruta o de vecinas han sido los vehículos para conocer los hechos. Los teléfonos se convierten así en un medio difuso de fiscalización que obliga a las empresas y a los funcionarios a tomar públicamente medidas en situaciones que antes dejaban libradas a, en el mejor de los casos, negociaciones no conocidas.
En 2016 dos especialistas del Concerned Health Professionals of New York y de Physicians for Social Responsibility de Estados Unidos visitaron Argentina, en esa oportunidad subrayaron que, entre otros riesgos, el fracking genera una alta tasa de mortalidad laboral. “Las tasas de muerte en los Estados Unidos a causa de la industria del fracking son siete veces más altas que en otras industrias y dos veces más altas que en la fuerza policial, que se considera una de las más peligrosas”, sostuvo la médica Sandra Steingraber . En aquel momento, esas apreciaciones parecían exageradas.
Dos años después, y tras un relanzamiento de las inversiones desde 2017, los números de mortalidad laboral parecen empezar a concordar con aquel vaticinio:en 2018 fallecieron cinco petroleros en la cuenca neuquina. La cifra se corresponde con la reactivación de la actividad de Vaca Muerta, y los nuevos regímenes y esquemas laborales que el fracking exige.
El periodista especializado Marcelo García vincula la muerte de esos obreros con la aplicación de la “adenda” del convenio colectivo de trabajo para el aumento de la productividad, que impulsaron el gobierno nacional, la administración neuquina, las operadoras del sector y los sindicatos petroleros. Señala también que los últimos dos decesos se produjeron el último de los 12 días que los operarios permanecen en el campo. “Es el momento en que el trabajador se encuentra con un profundo desgaste físico, ya con su percepción deteriorada”.
Los derrames y las muertes obreras tuvieron cierta repercusión en las agendas mediáticas. Fueron presentadas como problemas vinculados a la explotación de hidrocarburos no convencionales. Las excepciones, los errores, los inconvenientes. Nos parecen pertinentes dos comentarios al respecto.
Por un lado, que lejos de la excepcionalidad que la cobertura mediática enfatizó y la información oficial propuso, las situaciones excepcionales son regulares. Por otro lado, el propio desarrollo de este tipo de explotación es nocivo. Cada perforación implica aproximadamente el desmonte de una hectárea de la ambiente frágil o de tierras transformadas en productivas por el acumulado de décadas de trabajo, millones de litros de agua (cada vez más, en la medida que extienden las perforaciones horizontales y los procesos de fracturas), multiplicar las emisiones de gases tóxicos que afectan las salud y el clima, y destrozar las economías regionales, que comienzan a palpitar su vida al calor del precio internacional del barril.
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Yaguareté es visto luego de 11 años en el Parque Pilcomayo
Tras 11 años, apareció un yaguareté en el Parque Río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Incertidumbre de una reserva neuquina
La reserva Luan seguirá abierta pero restringida
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Biósfera Patagonia Azul, convenio para fortalecimiento
Turismo firmó un convenio para fortalecer la Reserva de Biósfera Patagonia Azul
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Santa Fe: 9 millones para reforestación
La provincia invirtió más de 9 millones para mitigar el cambio climático
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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