A juicio por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
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Enjuician al dueño de un frigorífico por contaminar la Cuenca Salí - Dulce
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30
El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Nacional
Luego de un largo proceso llega a los estrados el caso por contaminación a la cuenca acuífera por parte de un frigorífico tucumano sin que se realzará tratamiento previo. La audiencia en tribunales federales comenzará a las 9.30El propietario del frigorífico "La Barraca", instalado en Alderetes, Manuel Aarón Bliman, será sometido hoy a un juicio oral y público por contaminar las aguas del río Salí, que desemboca en el dique El Frontal, de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.
El empresario, quien fue procesado en 2005 por el entonces responsable del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Racedo, es considerado presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación ambiental con riesgo para la salud pública, previsto y penado por los artículos 55 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (de Residuos Peligrosos).
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Bliman "habría vertido efluentes industriales, de los previstos en el anexo I y II de la Ley 24.051, sin tratamiento previo, de modo peligroso para la salud común de las personas, derivados de su actividad frigorífica, los cuales derivan finalmente en el río Salí".
La audiencia, que se iniciará a las 9.30, es un hecho histórico en materia de la lucha contra la contaminación en la región, puesto que por primera vez un industrial estará en el banquillo de los acusados, en un debate oral y público. Anteriormente, el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) realizó juicios abreviados contra el ex intendente de Concepción, Octavio Muedra, y contra el dueño de un sanatorio privado de Banda del Río Salí, también por contaminar la cuenca Salí-Dulce. En ambos casos, se fijaron multas y prisión en suspenso, por violaciones a la Ley de Residuos Peligrosos.
En el caso de Bliman, el artículo 55 de la Ley 24.051 prevé penas de 3 a 10 años de prisión a aquel que "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, la atmósfera o el ambiente en general". Además, establece que si esa contaminación "fuera seguida de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 24 años de reclusión o prisión".
En tanto, el artículo 57 de esa norma señala que cuando la contaminación "se hubiese producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin prejuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir".
El Tribunal que juzgará a Bliman está integrado por los jueces del TOF María Alicia Noli, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas. En representación del Ministerio Público Fiscal actuará Leopoldo Peralta Palma, mientras que la defensa será ejercida por Próspero Barrionuevo (h)
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Conte, Legislador de Alperovich, desmonta
Legislador de Alperovich arrasa con bosques del Sur tucumano y acusa a indígenas de ladrones y drogadictos
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
En la semana en que se celebra el Día Nacional del Árbol, el legislador alperovichista Alberto José Conte festejó su cumpleaños 60.
Es una mera coincidencia, pero al cacique de la comunidad indígena de Solco Yampa, Rolando Fregenal Yampa, le suena a una mala broma del destino. "Ese hombre está matando la naturaleza", protesta, amargado, el líder de la organización diaguita.
Fregenal Yampa tiene fotos de cedros, cebiles y tipas derrumbados, y una carpeta con una colección de denuncias en la Dirección de Flora y Fauna, en la Defensoría del Pueblo y en la Policía. Sin embargo, no pudo lograr que cese la tala en los montes de Filo Orillero y El Último Potrero de la localidad de Arcadia, al sur de la provincia. "Esta no es una discusión por las tierras. A eso lo resolverán la Justicia, la Nación o quien tenga que ser. Aquí el problema es que están destrozando los pulmones de nuestra Madre Tierra. Y después, cuando vienen las tormentas fuertes, aparecen las inundaciones. Y todo por gente ambiciosa como ese hombre. ¿Para qué quiere más dinero?", dispara el cacique.
Ese hombre -al que alude Fregenal Yampa- es Conte, dueño de las fincas, ex delegado comunal del pueblo y actual integrante del bloque oficialista Tucumán Crece. "Tengo todos los permisos", asegura el alperovichista, que defiende sin dudarlo la tala de árboles. Pero no se quedará allí: además, el legislador sostiene que la comunidad de Solco Yampa subsiste mediante la comisión de diferentes delitos graves, como el narcotráfico y el abigeato. "Yo tengo otro concepto de la vida del ser. Ellos no trabajan. Para que tengan motocicletas o zapatillas Adidas y vivan de la forma en que viven ellos tienen que andar en robos o drogas u otras cosas fuera del contexto público de una persona de bien", afirma Conte, sentado en el bar de un hotel cinco estrellas.
La disputa entre la organización que comanda Fregenal Yampa y el legislador que más veces ha faltado a sesión en el último año no es nueva. Ambos se disputan la posesión del inmueble que, en la actualidad, explota el terrateniente alperovichista. "Las tierras son mías, de mi propiedad. Puedo exhibir la escritura pública; una parte se la compré a la empresa Pucará SA, de Juan Lastra; la otra es una herencia de mi padre, y legítimamente me pertenece como único hijo", asegura Conte. Y afirma que ha denunciado al cacique por amenazas de muerte, hace pocos meses, en la fiscalía penal de Concepción que comanda Edgardo Sánchez.
El legislador argumenta que ha obtenido el permiso para deforestar la zona en 2001, luego de haber comprado las parcelas de Lastra. ¿Qué hizo en los lugares donde antes estaban los robustos cedros y otras variedades típicas de la región? "He puesto citrus; ahí todo es limón. Van 1.200 personas a cosechar en la propiedad mía. Es una parte social que hago. Les doy de comer a 1.200 personas, y pienso que es una obra de bien", sostiene Conte. Y agrega que las autorizaciones para derribar los árboles continúan vigentes, aunque "hoy en día están restringidos" los permisos por la legislación actual. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", remarca el alperovichista.
El reclamo de la comunidad de Solco Yampa, esta vez, no apunta a la tenencia de los terrenos. "Varias veces fuimos (a las fincas de Conte) y constatamos el daño que está haciendo este legislador. Ya dejó pelados varios sectores del monte. Estamos hartos de vivir así; ya no queremos ser esclavos de gente como esta, ni ver cómo destrozan la naturaleza para hacer plata. Alguien tiene que frenar lo que está haciendo Conte", exige Fregenal Yampa, que tiene el acompañamiento de otros caciques de la zona.
De hecho, el líder de la organización indígena firmó una denuncia por escrito hace algunas semanas en la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. En ella, le solicita a la repartición que no le devuelva las máquinas que le habrían secuestrado al parlamentario oficialista en julio, dado el riesgo de que "continúe con sus prácticas ilegales". Además, Fregenal Yampa asentó reclamos en la comisaría de Alpachiri y en la Defensoría del Pueblo. "Nosotros no llevamos una mala vida, eso no es cierto. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan un lugar en el que crecer. No me sorprende que el legislador ahora diga que hacemos cosas ilegales. ¿Qué más va a decir un hombre como él?", se descarga el cacique.
En la Cámara, esta semana, se presentaron varios proyectos de ley destinados a la forestación. Las diversas iniciativas llevan las firmas de oficialistas y de opositores. Conte, sin embargo, defiende la tala masiva de árboles. "Esta gente no me va a perjudicar. Soy una persona que hace unos días cumplió 60 años y no voy a andar con tonteras o con cosas fuera de la ley. Soy un legislador de la Provincia", asegura el alperovichista.
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El PJ pedirá informes sobre la tala en las fincas de Conte
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La intención es que la Dirección de Fiscalización Ambiental envíe un inspector a Arcadia. El planteo será efectuado por el titular de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Alfredo Toscano. Una comunidad indígena denunció daños graves
El legislador alperovichista Alberto José Conte no termina feliz la semana de su cumpleaños. En la Cámara, ni oficialistas ni opositores vieron con buenos ojos que el parlamentario con más ausencias injustificadas al recinto de sesiones haya admitido que taló árboles en una finca de Arcadia, al sur de la provincia. Por eso, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura tomó nota de los desmontes, y tramitará un pedido de informes con el fin de determinar si la deforestación en esa zona tendrá algún impacto.
"El objetivo es que la Dirección de Fiscalización Ambiental, que depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, envíe un inspector. Hace unos meses hicimos una modificación al régimen sancionatorio de la Ley General de Medio Ambiente y, en función de lo que se trate, la repartición actuará. Pero no me corresponde decir si debe haber algún tipo de sanción, porque no conozco la situación en profundidad", dijo el legislador oficialista Alfredo Toscano, presidente de esa comisión.
Ayer a la mañana, Conte se bajó de su auto BMW sin chapa patente en el estacionamiento del parlamento y entró al edificio con unos papeles en la mano. A quien se lo preguntara, irritado, el legislador le mostraba los permisos de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia para avanzar con la tala en las fincas de Filo Orillero y El Último Potrero.
De esta manera, Conte trató de hacerle frente a la denuncia de la comunidad indígena Solco Yampa. "Está matando la naturaleza", dice el cacique de esa organización, Rolando Fregenal Yampa, quien hizo presentaciones en la Policía, en la Defensoría del Pueblo y en otras reparticiones provinciales. Sin embargo, la deforestación continúa.
Debido a esta situación, la Cámara tiene pensado pedir los informes que indiquen qué impacto está produciendo la tala. Fregenal Yampa advirtió sobre posibles inundaciones por las lluvias de verano, entre otras consecuencias. Y los demás legisladores no quieren pagar los costos políticos por la actividad de Conte.
De hecho, varios parlamentarios recordaron por lo bajo los proyectos que se presentaron la última semana, en el marco de los eventos por el Día Nacional del Árbol, que se celebró el miércoles (incluso, existe una iniciativa del radical Ariel García que tiene el apoyo del jefe del bloque del PJ, Roque Álvarez; del titular de la comisión de Medio Ambiente, Toscano; del encargado del otro bloque de la UCR, Federico Romano Norri; y del demócrata cristiano José Páez).
Quien también estuvo de festejos esta semana -aunque no en defensa de los árboles- fue Conte. El domingo pasado, el dirigente descorchó en Arcadia por la victoria de su hijo, Paulino Conte, en una prueba del Provincial de rally. El legislador y su esposa, Rosa Alderete -que es comisionada rural del pueblo-, le entregaron el premio al ganador.
Al día siguiente, el parlamentario sopló las 60 velitas. El martes, sin embargo, Conte faltó a la sesión extraordinaria de la Cámara. Y el miércoles, luego de haber enviado el certificado médico para justificar una nueva inasistencia al recinto, recibió a LA GACETA en el bar de un hotel cinco estrellas. Allí, acusó a la comunidad indígena de Solco Yampa de estar involucrada en cuatrerismo y en drogas. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", aseguró sobre su actividad privada. Sus colegas, por las dudas, están listos para pedir los informes.
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Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: Contexto
Provincia/Región: Tucumán
En la semana en que se celebra el Día Nacional del Árbol, el legislador alperovichista Alberto José Conte festejó su cumpleaños 60.
Es una mera coincidencia, pero al cacique de la comunidad indígena de Solco Yampa, Rolando Fregenal Yampa, le suena a una mala broma del destino. "Ese hombre está matando la naturaleza", protesta, amargado, el líder de la organización diaguita.
Fregenal Yampa tiene fotos de cedros, cebiles y tipas derrumbados, y una carpeta con una colección de denuncias en la Dirección de Flora y Fauna, en la Defensoría del Pueblo y en la Policía. Sin embargo, no pudo lograr que cese la tala en los montes de Filo Orillero y El Último Potrero de la localidad de Arcadia, al sur de la provincia. "Esta no es una discusión por las tierras. A eso lo resolverán la Justicia, la Nación o quien tenga que ser. Aquí el problema es que están destrozando los pulmones de nuestra Madre Tierra. Y después, cuando vienen las tormentas fuertes, aparecen las inundaciones. Y todo por gente ambiciosa como ese hombre. ¿Para qué quiere más dinero?", dispara el cacique.
Ese hombre -al que alude Fregenal Yampa- es Conte, dueño de las fincas, ex delegado comunal del pueblo y actual integrante del bloque oficialista Tucumán Crece. "Tengo todos los permisos", asegura el alperovichista, que defiende sin dudarlo la tala de árboles. Pero no se quedará allí: además, el legislador sostiene que la comunidad de Solco Yampa subsiste mediante la comisión de diferentes delitos graves, como el narcotráfico y el abigeato. "Yo tengo otro concepto de la vida del ser. Ellos no trabajan. Para que tengan motocicletas o zapatillas Adidas y vivan de la forma en que viven ellos tienen que andar en robos o drogas u otras cosas fuera del contexto público de una persona de bien", afirma Conte, sentado en el bar de un hotel cinco estrellas.
La disputa entre la organización que comanda Fregenal Yampa y el legislador que más veces ha faltado a sesión en el último año no es nueva. Ambos se disputan la posesión del inmueble que, en la actualidad, explota el terrateniente alperovichista. "Las tierras son mías, de mi propiedad. Puedo exhibir la escritura pública; una parte se la compré a la empresa Pucará SA, de Juan Lastra; la otra es una herencia de mi padre, y legítimamente me pertenece como único hijo", asegura Conte. Y afirma que ha denunciado al cacique por amenazas de muerte, hace pocos meses, en la fiscalía penal de Concepción que comanda Edgardo Sánchez.
El legislador argumenta que ha obtenido el permiso para deforestar la zona en 2001, luego de haber comprado las parcelas de Lastra. ¿Qué hizo en los lugares donde antes estaban los robustos cedros y otras variedades típicas de la región? "He puesto citrus; ahí todo es limón. Van 1.200 personas a cosechar en la propiedad mía. Es una parte social que hago. Les doy de comer a 1.200 personas, y pienso que es una obra de bien", sostiene Conte. Y agrega que las autorizaciones para derribar los árboles continúan vigentes, aunque "hoy en día están restringidos" los permisos por la legislación actual. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", remarca el alperovichista.
El reclamo de la comunidad de Solco Yampa, esta vez, no apunta a la tenencia de los terrenos. "Varias veces fuimos (a las fincas de Conte) y constatamos el daño que está haciendo este legislador. Ya dejó pelados varios sectores del monte. Estamos hartos de vivir así; ya no queremos ser esclavos de gente como esta, ni ver cómo destrozan la naturaleza para hacer plata. Alguien tiene que frenar lo que está haciendo Conte", exige Fregenal Yampa, que tiene el acompañamiento de otros caciques de la zona.
De hecho, el líder de la organización indígena firmó una denuncia por escrito hace algunas semanas en la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. En ella, le solicita a la repartición que no le devuelva las máquinas que le habrían secuestrado al parlamentario oficialista en julio, dado el riesgo de que "continúe con sus prácticas ilegales". Además, Fregenal Yampa asentó reclamos en la comisaría de Alpachiri y en la Defensoría del Pueblo. "Nosotros no llevamos una mala vida, eso no es cierto. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan un lugar en el que crecer. No me sorprende que el legislador ahora diga que hacemos cosas ilegales. ¿Qué más va a decir un hombre como él?", se descarga el cacique.
En la Cámara, esta semana, se presentaron varios proyectos de ley destinados a la forestación. Las diversas iniciativas llevan las firmas de oficialistas y de opositores. Conte, sin embargo, defiende la tala masiva de árboles. "Esta gente no me va a perjudicar. Soy una persona que hace unos días cumplió 60 años y no voy a andar con tonteras o con cosas fuera de la ley. Soy un legislador de la Provincia", asegura el alperovichista.
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El PJ pedirá informes sobre la tala en las fincas de Conte
Fecha de Publicación: 31/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La intención es que la Dirección de Fiscalización Ambiental envíe un inspector a Arcadia. El planteo será efectuado por el titular de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Alfredo Toscano. Una comunidad indígena denunció daños graves
El legislador alperovichista Alberto José Conte no termina feliz la semana de su cumpleaños. En la Cámara, ni oficialistas ni opositores vieron con buenos ojos que el parlamentario con más ausencias injustificadas al recinto de sesiones haya admitido que taló árboles en una finca de Arcadia, al sur de la provincia. Por eso, la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura tomó nota de los desmontes, y tramitará un pedido de informes con el fin de determinar si la deforestación en esa zona tendrá algún impacto.
"El objetivo es que la Dirección de Fiscalización Ambiental, que depende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la Provincia, envíe un inspector. Hace unos meses hicimos una modificación al régimen sancionatorio de la Ley General de Medio Ambiente y, en función de lo que se trate, la repartición actuará. Pero no me corresponde decir si debe haber algún tipo de sanción, porque no conozco la situación en profundidad", dijo el legislador oficialista Alfredo Toscano, presidente de esa comisión.
Ayer a la mañana, Conte se bajó de su auto BMW sin chapa patente en el estacionamiento del parlamento y entró al edificio con unos papeles en la mano. A quien se lo preguntara, irritado, el legislador le mostraba los permisos de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia para avanzar con la tala en las fincas de Filo Orillero y El Último Potrero.
De esta manera, Conte trató de hacerle frente a la denuncia de la comunidad indígena Solco Yampa. "Está matando la naturaleza", dice el cacique de esa organización, Rolando Fregenal Yampa, quien hizo presentaciones en la Policía, en la Defensoría del Pueblo y en otras reparticiones provinciales. Sin embargo, la deforestación continúa.
Debido a esta situación, la Cámara tiene pensado pedir los informes que indiquen qué impacto está produciendo la tala. Fregenal Yampa advirtió sobre posibles inundaciones por las lluvias de verano, entre otras consecuencias. Y los demás legisladores no quieren pagar los costos políticos por la actividad de Conte.
De hecho, varios parlamentarios recordaron por lo bajo los proyectos que se presentaron la última semana, en el marco de los eventos por el Día Nacional del Árbol, que se celebró el miércoles (incluso, existe una iniciativa del radical Ariel García que tiene el apoyo del jefe del bloque del PJ, Roque Álvarez; del titular de la comisión de Medio Ambiente, Toscano; del encargado del otro bloque de la UCR, Federico Romano Norri; y del demócrata cristiano José Páez).
Quien también estuvo de festejos esta semana -aunque no en defensa de los árboles- fue Conte. El domingo pasado, el dirigente descorchó en Arcadia por la victoria de su hijo, Paulino Conte, en una prueba del Provincial de rally. El legislador y su esposa, Rosa Alderete -que es comisionada rural del pueblo-, le entregaron el premio al ganador.
Al día siguiente, el parlamentario sopló las 60 velitas. El martes, sin embargo, Conte faltó a la sesión extraordinaria de la Cámara. Y el miércoles, luego de haber enviado el certificado médico para justificar una nueva inasistencia al recinto, recibió a LA GACETA en el bar de un hotel cinco estrellas. Allí, acusó a la comunidad indígena de Solco Yampa de estar involucrada en cuatrerismo y en drogas. "Que los ambientalistas se queden tranquilos", aseguró sobre su actividad privada. Sus colegas, por las dudas, están listos para pedir los informes.
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Minería en Córdoba: Desestiman inconstitucionalidad
Cielo abierto para la minería
Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Diario Judicial, edición del 28/08/2012
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pues consideró que el actor carecía de legitimación activa. La Corte local afirmó que el demandante “no es titular de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación al haber sólo solicitado los mismos”, pues reviste “el carácter de mero solicitante”.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad que inició un hombre, contra el Gobierno Provincial, para cuestionar la validez de la norma que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. El actor había invocado su carácter de titular de un permiso de cateo, pero la Corte local consideró que el permiso nunca le fue otorgado y que, por ende, carecía de legitimación activa.
En particular, los jueces Domingo Sesín, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, Armando Andruet, Carlos García Allocco y Luis Rubio indicaron que conforme el oficio de la Secretaría de Minería provincial “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”, por lo que “el presentante no es titular aún de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación, al haber sólo solicitado los mismos”.
El actor reviste “el carácter de mero solicitante” lo que implica que “no cuenta con legitimación suficiente para cuestionar el cambio legislativo plasmado a través de la ley provincial 9526”, precisó, además, el Máximo Tribunal cordobés.
En el caso, un hombre interpuso una acción declarativa ante la Corte cordobesa, contra el Gobierno local, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9526, artículos 1, 2, 3 y 4, que dispuso la prohibición que se realice actividad minera metalífera a cielo abierto –en todas sus etapas- dentro del territorio provincial.
Primero, el Alto Tribunal local indicó que el actor había interpuesto la acción “por derecho propio”, invocando “su carácter de titular de los permisos de cateo iniciados en fecha 29/07/05 ante la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba”, para “la explotación de sustancias de primera categoría explotadas a cielo abierto en la pedanía Ischilín- Copacabana”.
No obstante, los magistrados provinciales afirmaron que según el oficio de la Secretaría de Minería de Córdoba, las actuaciones invocadas por el demandante eran “solicitudes de permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría”, por lo que “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”.
Además, la Secretaría de Minería informó que “atento a la entrada en vigencia de la Ley 9526” y a que “en el plan de trabajos el solicitante mencionó que catearía oro, plata y plomo”, entonces, “se procedió a requerirle que manifieste su interés en continuar con el pedido con respecto a minerales no metalíferos, a lo cual respondió que continuaría con los permisos de cateo en las condiciones solicitadas oportunamente”, precisó la Corte local.
Dicho eso, el Alto Tribunal cordobés expresó que la situación descripta implicaba que el actor “carece de un interés directo para postular la presente pretensión declarativa, al no sufrir una presunta amenaza a sus derechos en virtud de las disposiciones cuestionadas en su adecuación constitucional, las que no serían, en su caso, susceptibles de irrogarle un perjuicio concreto”.
“El accionante efectuó, en su momento, ante la autoridad de aplicación, las presentaciones pertinentes a los fines de la ulterior obtención de los permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría, acto que lo habilitaría a su exploración y, eventualmente, explotación de tales componentes naturales”, pero “tales componentes naturales no fueron concedidos, por lo que carece hasta la fecha de un título que le permita tales actividades”, precisaron los jueces.
Finalmente, al fundar el rechazo de la acción declarativa, el Tribunal Superior de Córdoba sostuvo que era “aplicable la doctrina de la Corte Suprema” en tanto “ha señalado enfáticamente que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos”.
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Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Diario Judicial, edición del 28/08/2012
Provincia/Región: Córdoba
La Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad contra la ley provincial que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pues consideró que el actor carecía de legitimación activa. La Corte local afirmó que el demandante “no es titular de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación al haber sólo solicitado los mismos”, pues reviste “el carácter de mero solicitante”.El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad que inició un hombre, contra el Gobierno Provincial, para cuestionar la validez de la norma que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. El actor había invocado su carácter de titular de un permiso de cateo, pero la Corte local consideró que el permiso nunca le fue otorgado y que, por ende, carecía de legitimación activa.
En particular, los jueces Domingo Sesín, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, Armando Andruet, Carlos García Allocco y Luis Rubio indicaron que conforme el oficio de la Secretaría de Minería provincial “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”, por lo que “el presentante no es titular aún de los permisos de cateo emanados de la autoridad de aplicación, al haber sólo solicitado los mismos”.
El actor reviste “el carácter de mero solicitante” lo que implica que “no cuenta con legitimación suficiente para cuestionar el cambio legislativo plasmado a través de la ley provincial 9526”, precisó, además, el Máximo Tribunal cordobés.
En el caso, un hombre interpuso una acción declarativa ante la Corte cordobesa, contra el Gobierno local, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 9526, artículos 1, 2, 3 y 4, que dispuso la prohibición que se realice actividad minera metalífera a cielo abierto –en todas sus etapas- dentro del territorio provincial.
Primero, el Alto Tribunal local indicó que el actor había interpuesto la acción “por derecho propio”, invocando “su carácter de titular de los permisos de cateo iniciados en fecha 29/07/05 ante la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba”, para “la explotación de sustancias de primera categoría explotadas a cielo abierto en la pedanía Ischilín- Copacabana”.
No obstante, los magistrados provinciales afirmaron que según el oficio de la Secretaría de Minería de Córdoba, las actuaciones invocadas por el demandante eran “solicitudes de permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría”, por lo que “no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”.
Además, la Secretaría de Minería informó que “atento a la entrada en vigencia de la Ley 9526” y a que “en el plan de trabajos el solicitante mencionó que catearía oro, plata y plomo”, entonces, “se procedió a requerirle que manifieste su interés en continuar con el pedido con respecto a minerales no metalíferos, a lo cual respondió que continuaría con los permisos de cateo en las condiciones solicitadas oportunamente”, precisó la Corte local.
Dicho eso, el Alto Tribunal cordobés expresó que la situación descripta implicaba que el actor “carece de un interés directo para postular la presente pretensión declarativa, al no sufrir una presunta amenaza a sus derechos en virtud de las disposiciones cuestionadas en su adecuación constitucional, las que no serían, en su caso, susceptibles de irrogarle un perjuicio concreto”.
“El accionante efectuó, en su momento, ante la autoridad de aplicación, las presentaciones pertinentes a los fines de la ulterior obtención de los permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría, acto que lo habilitaría a su exploración y, eventualmente, explotación de tales componentes naturales”, pero “tales componentes naturales no fueron concedidos, por lo que carece hasta la fecha de un título que le permita tales actividades”, precisaron los jueces.
Finalmente, al fundar el rechazo de la acción declarativa, el Tribunal Superior de Córdoba sostuvo que era “aplicable la doctrina de la Corte Suprema” en tanto “ha señalado enfáticamente que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos”.
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La Ley 7.722 de Mendoza va a la Suprema Corte
La UCR presiona a la Corte por la ley antiminera provincial
Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.
El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.
Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.
Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.
Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.
Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.
Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.
Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.
Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.
En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
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Fecha de Publicación: 30/08/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.
El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.
Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.
Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.
Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.
Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.
Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.
Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.
Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.
En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
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Demuestran que la ARN miente sobre Atucha I
Desmienten a la Autoridad Nuclear
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entidades ambientalistas insisten que una empresa holandesa observada hizo una parte clave de Atucha.
Distintas agrupaciones ambientalistas sumaron presión al polémico episodio sobre la seguridad de la central nuclear Atucha I.
Ayer, Greenpeace, Los Verdes y FARN hicieron público u n artículo de una revista holandesa de 1972 que evidencia que el recipiente de presión de la central argentina fue fabricado por Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).
Se trata de la empresa que construyó la vasija del reactor belga con posibles fisuras y no por la empresa Siemens, como sostuvo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en un comunicado la semana pasada.
Dos semanas después de que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) denunciara que Atucha era uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM, la ARN hizo su descargo. El 22 de agosto emitió un comunicado en el que afirmó que “existen diferencias tanto en el material base como en el proceso constructivo del recipiente de presión, provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij de Holanda”. Sin embargo, el artículo difundido ayer por las organizaciones, titulado “La energía atómica y sus aplicaciones”, menciona que entre los dos proyectos que el sector nuclear holandés tenía a su cargo en ese momento, se encontraba “la vasija para el proyecto Atucha en Argentina, construido y financiado por Alemania”. Y la imagen que ilustró esa cita muestra el recipiente de Atucha I en los astilleros de RDM , en Rotterdam.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Entidades ambientalistas insisten que una empresa holandesa observada hizo una parte clave de Atucha.Distintas agrupaciones ambientalistas sumaron presión al polémico episodio sobre la seguridad de la central nuclear Atucha I.
Ayer, Greenpeace, Los Verdes y FARN hicieron público u n artículo de una revista holandesa de 1972 que evidencia que el recipiente de presión de la central argentina fue fabricado por Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM).
Se trata de la empresa que construyó la vasija del reactor belga con posibles fisuras y no por la empresa Siemens, como sostuvo la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en un comunicado la semana pasada.
Dos semanas después de que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) denunciara que Atucha era uno de los 19 reactores en operación con vasijas provistas por la empresa holandesa RDM, la ARN hizo su descargo. El 22 de agosto emitió un comunicado en el que afirmó que “existen diferencias tanto en el material base como en el proceso constructivo del recipiente de presión, provisto por la empresa alemana Siemens y no por Rotterdam Droogdok Maatschappij de Holanda”. Sin embargo, el artículo difundido ayer por las organizaciones, titulado “La energía atómica y sus aplicaciones”, menciona que entre los dos proyectos que el sector nuclear holandés tenía a su cargo en ese momento, se encontraba “la vasija para el proyecto Atucha en Argentina, construido y financiado por Alemania”. Y la imagen que ilustró esa cita muestra el recipiente de Atucha I en los astilleros de RDM , en Rotterdam.
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Riachuelo: intiman a Armella a que de explicaciones
Otra limpieza en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.
La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Riachuelo
El juez designado para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Esto obliga al contrato directo de obras, que benefician a empresas vinculadas con él.La Corte Suprema le exigió al juez federal de Quilmes Luis Armella que le dé explicaciones, en un plazo máximo de cinco días, sobre el mecanismo que viene aplicando para ejecutar las obras complejas y la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha derivado en contrataciones millonarias sin licitación en beneficio de empresas cercanas al propio magistrado. A la vez, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que haga su propia evaluación sobre los procedimientos utilizados y las firmas beneficiadas, y entregue un informe en el plazo “más breve posible”. El tribunal se basó en la información revelada por Página/12 en su edición del domingo último. Analiza desplazar a Armella de la gran causa de saneamiento del Riachuelo y, si la investigación comprueba las irregularidades denunciadas, la Corte debería formular una denuncia penal. Armella fue designado por la propia Corte Suprema para que se ocupara de la ejecución del plan de limpieza del Riachuelo derivado de una serie de sentencias que dictó a partir de 2006 (ver nota aparte). Le tocó a él por una cuestión de jurisdicción y porque, según explicaron en el alto tribunal, era el juzgado menos cargado de trabajo en la zona. Las resoluciones supremas dispusieron medidas protectoras y se le encomendaron a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) los objetivos de mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente y prevenir daños. La Corte incluso fijó plazos precisos para sanear basurales, urbanizar villas y asentamientos, limpiar las márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir una planta depuradora y generar un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Este diario, en una nota firmada por el periodista Horacio Verbitsky, en su edición del domingo último, reveló que a través de documentos de la Acumar queda en evidencia un modus operandi en la actuación de Armella: intima a la Autoridad de Cuenca a realizar proyectos y obras en plazos perentorios, bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Ante la premura, Acumar (de la que participan la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma junto con catorce municipios) obvia la licitación y adjudica la realización de las obras a empresas cercanas, especialmente por lazos de parentesco, al mismo juez (ver aparte). Las obras iniciadas o a realizar por ese núcleo de empresas llegan por lo menos a 250 millones de pesos. Los precios duplican los valores de mercado. Las intimaciones sólo aceleran la firma de los contratos, pero no ocurre lo mismo con el avance de las obras.
Los jueces de la Corte recibieron la información como un baldazo de agua fría y le requirieron a Armella en una breve notificación que explique los que ya son “hechos de conocimiento público” que “afectan la credibilidad del plan de saneamiento” de la cuenca hídrica más contaminada del país. “En un tema de esta envergadura no podemos ser blandos”, dijo un juez supremo. “No podemos dejar esto en incertidumbre”, señaló. Durante el acuerdo de ayer, uno de los ministros, Enrique Petracchi, planteó que Armella debía ser directamente desplazado del tema. El resto de los jueces, en consideración a la complejidad de la causa, prefirió esperar a analizar la respuesta que proporcionen el magistrado y la auditoría encomendada.
La AGN auditará “las contrataciones y la regularidad de los procedimientos que involucran a las obras públicas previstas en el Plan Integral del Saneamiento Ambiental”. El organismo analizará “las obras, los procedimientos de selección e identificación de empresas adjudicatarias y su integración”, además de las transferencias de fondos desde distintas jurisdicciones. Su titular, Leandro Despouy, señaló que los datos publicados por este diario “son suficientemente contundentes como para justificar el pedido de auditoría formulado por la Corte”. Dijo que, ante la urgencia, la AGN armará un grupo especial para ocuparse del tema e irá haciendo entregas parciales de sus hallazgos a la Corte.
“Vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales”, advirtió Despouy. En la Corte ya están pensando en quién podría reemplazar a Armella, al menos en lo que al Riachuelo atañe.
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Integrante del IPCC advierte sobre inundaciones
El diluvio que viene
Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sugirió a funcionarios bonaerenses y municipales realizar “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”.
Los modelos climáticos utilizados para hacer pronósticos meteorológicos advierten que de aquí en más habrá “mayores precipitaciones” en la provincia de Buenos Aires y que “las lluvias intensas serán aún más agudas”. Así lo adelantó ayer el meteorólogo Vicente Barros, investigador superior del Conicet y copresidente de Grupo de Trabajo II del panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Para el especialista, esto obliga a realizar en la región afectada por las últimas inundaciones “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”, entre otras.
Las intensas precipitaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas dejaron a la luz que hay “una adaptación de la infraestructura al ambiente que está pendiente”, sostuvo Barros. Su hipótesis se basa en que “las inundaciones en la región se hicieron más frecuentes desde la década de 1970” y en la actualidad, es posible evitar que miles de personas sean afectadas por el desborde de ríos y arroyos mediante obras preventivas. Lo dijo ante funcionarios bonaerenses e intendentes, en el encuentro “Eventos meteorológicos y fenómenos hidrológicos”.
Un ejemplo de planificación urbana inadecuada es la ubicación de la ciudad de Azul. Según el secretario de Espacio Público, Eduardo Aparicio, en 1832, la localidad fue fundada por el coronel Pedro Burgos, con la venia de Juan Manuel de Rosas, sobre la vera del río homónimo, pero del lado equivocado. “Del otro lado del río, donde vivían los indios, no se inunda”, dice el funcionario. Aparicio estimó que la situación “se resolvería con la construcción de un canal aliviador”.
Ese pueblo, en lo que va del año, sufrió tres inundaciones. La primera, en abril cuando una especie de tornado azotó el Gran Buenos Aires. Las otras dos, en las últimas semanas, cuando el pluviómetro sumó 297,6 milímetros para agosto, lo que superó el record histórico para ese mes en 1913, de 194 milímetros.
“El cambio climático ya se ha producido. Tenemos las mismas lluvias hace cincuenta años. Las precipitaciones intensas son las que terminan produciendo las inundaciones”, aseveró Barros. Por eso, desde su visión, es pertinente realizar obras de infraestructura como aliviadores, sistemas de alerta, canales, entre otras obras, con fondos provenientes del Global Environmental Fund, creado a partir de la Cumbre Climática de Copenhague, en 2009, que dispone de recursos aportados por los países desarrollados.
Según Barros, los modelos climáticos –ecuaciones utilizadas en meteorología para realizar los pronósticos del tiempo, analizar los movimientos y la circulación de la atmósfera y otras cuestiones que ayudan a comprender, por ejemplo, los efectos del cambio climático o el calentamiento global– “prevén mayores precipitaciones en la región” y se estima que las precipitaciones intensas “serán aún más agudas”.
A eso se suma la impermeabilización de los suelos a causa de tanta lluvia, que no llega a drenar ni a evaporarse naturalmente, por lo que Barros aventuró que en la primavera es posible que haya nuevas inundaciones, dado que las lluvias son mayores en esa época.
“El próximo paso es diagramar planes de infraestructura sobre las zonas afectadas para establecer los recursos necesarios para solicitar al fondo internacional”, asumió Aparicio ante el inminente panorama. Puso como ejemplo el caso de San Antonio de Areco, que en 2009 quedó bajo el agua, y que halló la solución en las obras hídricas. Y, este año, no hubo inundación alguna.
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Fecha de Publicación: 29/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Un integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sugirió a funcionarios bonaerenses y municipales realizar “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”.
Los modelos climáticos utilizados para hacer pronósticos meteorológicos advierten que de aquí en más habrá “mayores precipitaciones” en la provincia de Buenos Aires y que “las lluvias intensas serán aún más agudas”. Así lo adelantó ayer el meteorólogo Vicente Barros, investigador superior del Conicet y copresidente de Grupo de Trabajo II del panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Para el especialista, esto obliga a realizar en la región afectada por las últimas inundaciones “obras de infraestructura como canales aliviadores y sistemas de alerta”, entre otras.
Las intensas precipitaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas dejaron a la luz que hay “una adaptación de la infraestructura al ambiente que está pendiente”, sostuvo Barros. Su hipótesis se basa en que “las inundaciones en la región se hicieron más frecuentes desde la década de 1970” y en la actualidad, es posible evitar que miles de personas sean afectadas por el desborde de ríos y arroyos mediante obras preventivas. Lo dijo ante funcionarios bonaerenses e intendentes, en el encuentro “Eventos meteorológicos y fenómenos hidrológicos”.
Un ejemplo de planificación urbana inadecuada es la ubicación de la ciudad de Azul. Según el secretario de Espacio Público, Eduardo Aparicio, en 1832, la localidad fue fundada por el coronel Pedro Burgos, con la venia de Juan Manuel de Rosas, sobre la vera del río homónimo, pero del lado equivocado. “Del otro lado del río, donde vivían los indios, no se inunda”, dice el funcionario. Aparicio estimó que la situación “se resolvería con la construcción de un canal aliviador”.
Ese pueblo, en lo que va del año, sufrió tres inundaciones. La primera, en abril cuando una especie de tornado azotó el Gran Buenos Aires. Las otras dos, en las últimas semanas, cuando el pluviómetro sumó 297,6 milímetros para agosto, lo que superó el record histórico para ese mes en 1913, de 194 milímetros.
“El cambio climático ya se ha producido. Tenemos las mismas lluvias hace cincuenta años. Las precipitaciones intensas son las que terminan produciendo las inundaciones”, aseveró Barros. Por eso, desde su visión, es pertinente realizar obras de infraestructura como aliviadores, sistemas de alerta, canales, entre otras obras, con fondos provenientes del Global Environmental Fund, creado a partir de la Cumbre Climática de Copenhague, en 2009, que dispone de recursos aportados por los países desarrollados.
Según Barros, los modelos climáticos –ecuaciones utilizadas en meteorología para realizar los pronósticos del tiempo, analizar los movimientos y la circulación de la atmósfera y otras cuestiones que ayudan a comprender, por ejemplo, los efectos del cambio climático o el calentamiento global– “prevén mayores precipitaciones en la región” y se estima que las precipitaciones intensas “serán aún más agudas”.
A eso se suma la impermeabilización de los suelos a causa de tanta lluvia, que no llega a drenar ni a evaporarse naturalmente, por lo que Barros aventuró que en la primavera es posible que haya nuevas inundaciones, dado que las lluvias son mayores en esa época.
“El próximo paso es diagramar planes de infraestructura sobre las zonas afectadas para establecer los recursos necesarios para solicitar al fondo internacional”, asumió Aparicio ante el inminente panorama. Puso como ejemplo el caso de San Antonio de Areco, que en 2009 quedó bajo el agua, y que halló la solución en las obras hídricas. Y, este año, no hubo inundación alguna.
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Argentina se rinde ante Monsanto
Argentina planea una ley para seducir a Monsanto y le asegura regalías por su nueva soja transgénica
Fecha de Publicación: 28/08/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
Argentina está trabajando en una nueva ley de semillas para proteger los derechos de propiedad intelectual de biotecnología agrícola en un esfuerzo por incentivar a que Monsanto Co. traiga su segunda generación de semillas de soja transgénica al país.El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, dijo en un comunicado que el país ha decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas, como corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la propiedad intelectual en el proceso de desarrollo, informa hoy el diario The Wall Street Journal.
Yauhar agregó que el proyecto se enviará para discusión al Congreso en los próximos meses. Monsanto no logró obtener una patente local para las semillas de soya modificadas genéticamente que lanzó en Argentina hace 15 años, y sus esfuerzos por recaudar regalías han sido frustrados por las regulaciones locales.
Regalías aseguradas
Junto a la nueva soja transgénica que se presentó ayer en Buenos Aires, en 2013 el país adoptará también un sistema que le garantizará a Monsanto y a otras empresas de biotecnología agrícola el cobro de regalías o derechos por las patentes de sus inventos. Esto implicará un cambio profundo, pues a quince años de la adopción del primer transgénico, los productores nunca pagaron por dicha tecnología, destaca en su edición de hoy el diario Clarín.
Pablo Vaquero, vice de Monsanto Argentina, anunció junto al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que la nueva soja “Intacta RR2 Pro” estará disponible en la campaña 2013/14 (en la próxima siembra solo se realizarán ensayos en el norte). Y calculó que la mejoría de los rendimientos podría llegar al 11%. No sería poca cosa: se producirían 5 millones de toneladas más, que al valor actual serían ingresos por US$ 3.000 millones.
Pero ese salto no será gratis para los productores, que no pagaron royalties por la primera soja RR, aprobada en 1996. Y es que en aquella oportunidad Monsanto no patentó en el país su transgénico debut, y cuando quiso cobrar se encontró con una fuerte resistencia. Incluso en 2004 el gobierno kirchnerista resistió esa pretensión en los tribunales europeos, donde Monsanto había accionado contra los exportadores argentinos. Según un estudio encargado por el sector semillero, de los US$ 61.917 millones que el país habría ganado en estos 15 años gracias a la primera soja RR, 72,4% fueron para los productores, 21,2% al Estado y solo 6,4% para los proveedores de tecnología. Es decir, el inventor de la semilla mágica apenas logró beneficios.
La situación con la “Intacta” sería diferente. Monsanto ya cuenta con una batería de patentes que le aseguran la propiedad intelectual. Y para reforzar ese escenario propició, junto al resto de la industria semillera, acopiadores y exportadores, un “sistema privado” que regirá no solo para esta soja sino para el resto de los transgénicos que desembarquen en un futuro.
Este acuerdo funcionará así: cuando el productor compre semilla de soja certificada pagará el derecho fijado. Pero si no lo hiciese, al vender sus granos se realizará un sencillo test que permite detectar la presencia de los genes buscados. Y si el resultado fuera positivo el comprador del grano cobrará a cuenta del desarrollador las regalías pendientes, algo más caras que al principio.
Yauhar, además, prometió ayer que se actualizará la Ley de Semillas para limitar el milenario derecho al Uso Propio (guardar parte de la cosecha como semilla) solo a pequeños productores. Los obtentores quieren evitar así que la soja transgénica sea multiplicada y vendida en canales informales. Hoy, solo 25% de la semilla de soja es certificada y el resto se divide entre Uso Propio y la llamada “Bolsa Blanca”, que es la semilla vendida por canales informales. Con esta reforma, más que a Monsanto, se intenta proteger a las empresas que venden la semilla con el gen de Monsanto. En el caso de la nueva soja, serán Don Mario, Nidera y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), aunque rápidamente se sumarán nuevos licenciatarios.
Vaquero aclaró que todavía no se fijó un valor por la patente, pero agregó que Monsato aspira a que se equipare con un tercio de los beneficios potenciales que logren los productores. La multinacional cree, de todos modos, que los productores están dispuestos a pagar: ya firmó acuerdos con 8.500 empresarios, nada menos que 60% del área sojera.
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Chubut planea eliminar gaviotas que atacan ballenas
Chubut planea capturar o eliminar gaviotas que atacan ballenas
Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
Es para proteger a las ballenas francas australes. La caza se realizaría "en zonas próximas a Puerto Pirámides".
La provincia argentina de Chubut prepara un plan junto a científicos para la captura o eliminación de gaviotas que atacan a las ballenas francas australes, cuya aparición cerca de las costas patagónicas en épocas de apareamiento supone uno de los principales atractivos turísticos del sur del país.
La iniciativa, confirmada hoy por fuentes oficiales, despertó críticas de grupos ambientalistas, que consideran que matar a las gaviotas carroñeras no acaba con el problema de los daños que estas aves ocasionan a las ballenas.
"La captura o eliminación de las gaviotas", posiblemente por parte de policías, se realizará "en zonas próximas a Puerto Pirámides", en la península Valdés (unos 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires), declarada Patrimonio de la Humanidad, explicó el subsecretario de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de la provincia sureña, Javier Tolosano, en un comunicado.
"Al no haber experiencias a nivel internacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que hay que controlar esta relación conflictiva entre las dos especies, pero también sabemos que esto implica un abordaje complejo", indicó el funcionario.
Fuentes ligadas al proyecto dijeron que los ataques que sufren las ballenas de las gaviotas hacen que asomen menos su cabeza fuera del agua y, por lo tanto, que los turistas no tengan tantas oportunidades para ver a estos mamíferos en los recorridos en lanchas que se suelen realizar desde las ciudades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.
Críticas. El coordinador de la campaña de Océanos para América Latina de Greenpeace, Milko Schvartzman, señaló al periódico Clarín que "lo que propone el gobierno de Chubut es una medida paliativa que no termina con el problema de fondo".
Los inconvenientes son "los basurales (vertederos) a cielo abierto, los residuos que terminan en el agua y los deshechos que descartan los buques pesqueros. Eso también atrae a las gaviotas. Es cierto que las gaviotas son un serio problema para las ballenas francas, pero dispararles no termina con la superpoblación", evaluó Schvartzman.
El plan del gobierno de Chubut, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, también motivó un pedido de informes en la Legislatura provincial por parte de la opositora Unión Cívica Radical para obtener detalles del proyecto.
En la península Valdés, en la sureña Chubut, se concentran todos los años alrededor de 600 ballenas francas australes, la quinta parte de la población mundial, lo que supone una importante atracción que congrega todos los años a más de 100.000 turistas.
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Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Chubut
Es para proteger a las ballenas francas australes. La caza se realizaría "en zonas próximas a Puerto Pirámides".La provincia argentina de Chubut prepara un plan junto a científicos para la captura o eliminación de gaviotas que atacan a las ballenas francas australes, cuya aparición cerca de las costas patagónicas en épocas de apareamiento supone uno de los principales atractivos turísticos del sur del país.
La iniciativa, confirmada hoy por fuentes oficiales, despertó críticas de grupos ambientalistas, que consideran que matar a las gaviotas carroñeras no acaba con el problema de los daños que estas aves ocasionan a las ballenas.
"La captura o eliminación de las gaviotas", posiblemente por parte de policías, se realizará "en zonas próximas a Puerto Pirámides", en la península Valdés (unos 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires), declarada Patrimonio de la Humanidad, explicó el subsecretario de Conservación y Áreas Naturales Protegidas de la provincia sureña, Javier Tolosano, en un comunicado.
"Al no haber experiencias a nivel internacional, tenemos que ser muy cuidadosos. Sabemos que hay que controlar esta relación conflictiva entre las dos especies, pero también sabemos que esto implica un abordaje complejo", indicó el funcionario.
Fuentes ligadas al proyecto dijeron que los ataques que sufren las ballenas de las gaviotas hacen que asomen menos su cabeza fuera del agua y, por lo tanto, que los turistas no tengan tantas oportunidades para ver a estos mamíferos en los recorridos en lanchas que se suelen realizar desde las ciudades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.
Críticas. El coordinador de la campaña de Océanos para América Latina de Greenpeace, Milko Schvartzman, señaló al periódico Clarín que "lo que propone el gobierno de Chubut es una medida paliativa que no termina con el problema de fondo".
Los inconvenientes son "los basurales (vertederos) a cielo abierto, los residuos que terminan en el agua y los deshechos que descartan los buques pesqueros. Eso también atrae a las gaviotas. Es cierto que las gaviotas son un serio problema para las ballenas francas, pero dispararles no termina con la superpoblación", evaluó Schvartzman.
El plan del gobierno de Chubut, que se pondrá en marcha en las próximas semanas, también motivó un pedido de informes en la Legislatura provincial por parte de la opositora Unión Cívica Radical para obtener detalles del proyecto.
En la península Valdés, en la sureña Chubut, se concentran todos los años alrededor de 600 ballenas francas australes, la quinta parte de la población mundial, lo que supone una importante atracción que congrega todos los años a más de 100.000 turistas.
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Santa Fe quiere resguardar la calidad del aire
Los humos del vecino fabril
Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
Las autoridades apuntan no solamente a las "cortinas forestales", sino también a las inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones. Las empresas se comprometieron a sumar en este año 2.550 árboles más en la zona.
Resguardar la calidad del aire en un polo agroindustrial y petroquímico como la ciudad de San Lorenzo no es tarea fácil. Basta ingresar al cordón industrial para percibir los fuertes olores que emanan la gran cantidad de plantas de producción. Por esa razón, desde el Municipio local se insta a las firmas a colocar cortinas forestales alrededor de todo su perímetro. De esta manera, se obliga mediante ordenanza al sector privado a que invierta en políticas medioambientales. "No solamente requerimos cortinas forestales, sino también estamos haciendo pedidos de inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones", apuntó el subsecretario de Medio Ambiente de la localidad, Andrés Stella.
Si bien como asegura el funcionario "ha habido avances importantes" y "predisposición" de las empresas en "mejorar e invertir", en San Lorenzo suelen ocurrir imprevistos que encienden algún tipo de alarma. Como por ejemplo, la columna de humo que emanó durante varios días del mes de mayo una celda de la planta de la aceitera Vicentín, a raíz de una combustión incompleta del pellet de girasol que se almacena en su interior. Situaciones como ésta ponen a prueba los mecanismos de control y prevención del estado local, provincial y el sector privado.
Y a fin de evitar ese tipo de incidentes y a no perjudicar aún más la calidad del aire de la ciudad, el Ejecutivo insiste en el cumplimiento de la ordenanza 2287, que además de reglamentar el arbolado público en dos de sus artículos establece que todas las industrias deben colocar cortinas forestales en sus perímetros. "Generalmente, las industrias para dar cumplimiento a este requerimiento, contratan una empresa especializada", revela Stella. La cortina suele estar constituida por una doble hilera de árboles, intercalados, de hoja perenne, colocados a una cierta distancia. "Son dos hileras, de manera intermitente, de manera de lograr una barrera física. Todos sabemos que los árboles tienen varios beneficios, uno de ellos contribuir a la oxigenación, pero por otro lado las cortinas pueden actuar como barreras físicas para la propagación de polvo y barreras sonoras", amplió el funcionario.
La especie más utilizada pertenece a las coníferas, "se llaman casualinas". Es de rápido crecimiento, para que alcance en un corto tiempo alturas similares a las que tienen las plantas. En el relevamiento que efectuó este año la Municipalidad se enumeraron 10 mil unidades arbóreas que cumplen funciones de cortinas. Y para todo el 2012, las empresas se comprometieron a colocar 2.550 más. El número parte del pedido del Municipio, que le hace un requerimiento por escrito a "todas" las empresas, que a su vez, "deben presentar sus propuestas de cortinas, supervisadas por los inspectores del área de Medio Ambiente". La medida no solo abarca a grandes empresas, "que no son muchas", sino también a "medianas, talleres de montaje, metalmecánicos".
La atención en control ambiental también apunta a solicitarles a las empresas que hagan inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones. Cuando se documentan fallas en el funcionamiento de las plantas, principalmente por depuración de gases de chimeneas, se exige "un conjunto de políticas integrales a mediano y largo plazo para que se pueda ir mejorando progresivamente el ambiente". Asimismo, desde el Municipio se realizan controles de calidad de aire apoyados en la normativa vigente municipal y provincial. Los resultados se publican en la página de internet de la Municipalidad sanlorencina, como otro aporte al "conjunto de políticas públicas para mejorar la calidad ambiental".
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Fecha de Publicación: 27/08/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Santa Fe
Las autoridades apuntan no solamente a las "cortinas forestales", sino también a las inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones. Las empresas se comprometieron a sumar en este año 2.550 árboles más en la zona.
Resguardar la calidad del aire en un polo agroindustrial y petroquímico como la ciudad de San Lorenzo no es tarea fácil. Basta ingresar al cordón industrial para percibir los fuertes olores que emanan la gran cantidad de plantas de producción. Por esa razón, desde el Municipio local se insta a las firmas a colocar cortinas forestales alrededor de todo su perímetro. De esta manera, se obliga mediante ordenanza al sector privado a que invierta en políticas medioambientales. "No solamente requerimos cortinas forestales, sino también estamos haciendo pedidos de inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones", apuntó el subsecretario de Medio Ambiente de la localidad, Andrés Stella.
Si bien como asegura el funcionario "ha habido avances importantes" y "predisposición" de las empresas en "mejorar e invertir", en San Lorenzo suelen ocurrir imprevistos que encienden algún tipo de alarma. Como por ejemplo, la columna de humo que emanó durante varios días del mes de mayo una celda de la planta de la aceitera Vicentín, a raíz de una combustión incompleta del pellet de girasol que se almacena en su interior. Situaciones como ésta ponen a prueba los mecanismos de control y prevención del estado local, provincial y el sector privado.
Y a fin de evitar ese tipo de incidentes y a no perjudicar aún más la calidad del aire de la ciudad, el Ejecutivo insiste en el cumplimiento de la ordenanza 2287, que además de reglamentar el arbolado público en dos de sus artículos establece que todas las industrias deben colocar cortinas forestales en sus perímetros. "Generalmente, las industrias para dar cumplimiento a este requerimiento, contratan una empresa especializada", revela Stella. La cortina suele estar constituida por una doble hilera de árboles, intercalados, de hoja perenne, colocados a una cierta distancia. "Son dos hileras, de manera intermitente, de manera de lograr una barrera física. Todos sabemos que los árboles tienen varios beneficios, uno de ellos contribuir a la oxigenación, pero por otro lado las cortinas pueden actuar como barreras físicas para la propagación de polvo y barreras sonoras", amplió el funcionario.
La especie más utilizada pertenece a las coníferas, "se llaman casualinas". Es de rápido crecimiento, para que alcance en un corto tiempo alturas similares a las que tienen las plantas. En el relevamiento que efectuó este año la Municipalidad se enumeraron 10 mil unidades arbóreas que cumplen funciones de cortinas. Y para todo el 2012, las empresas se comprometieron a colocar 2.550 más. El número parte del pedido del Municipio, que le hace un requerimiento por escrito a "todas" las empresas, que a su vez, "deben presentar sus propuestas de cortinas, supervisadas por los inspectores del área de Medio Ambiente". La medida no solo abarca a grandes empresas, "que no son muchas", sino también a "medianas, talleres de montaje, metalmecánicos".
La atención en control ambiental también apunta a solicitarles a las empresas que hagan inversiones de tecnología en equipamiento para reducir emisiones. Cuando se documentan fallas en el funcionamiento de las plantas, principalmente por depuración de gases de chimeneas, se exige "un conjunto de políticas integrales a mediano y largo plazo para que se pueda ir mejorando progresivamente el ambiente". Asimismo, desde el Municipio se realizan controles de calidad de aire apoyados en la normativa vigente municipal y provincial. Los resultados se publican en la página de internet de la Municipalidad sanlorencina, como otro aporte al "conjunto de políticas públicas para mejorar la calidad ambiental".
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Riachuelo: el juez Armella sospechado
El Gobierno pone en la mira al juez que controla el Riachuelo
Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Nacional
Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Según publica hoy Página 12, esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella.
El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar.
Así lo denuncia hoy el periodista Horacio Verbitsky, en la portada del diario Página 12, uno de los medios afines al gobierno nacional. La embestida contra Armella se centra en la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano.
Según el artículo, documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: El juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos.
Verbitsky sostiene que los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora.
Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo.
El artículo dispara contra Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, ex intendente de Berazategui y uno de los jefes comunales cercanos a la Rosada. Verbitsky le recuerda sus vínculos con Duhalde: Fue su Ministro de Salud durante la gobernación y su Secretario de Asuntos Políticos en la presidencia interina. Pero sobre todo señala que los grupos empresariales familiares tienen base en Renelagh, el barrio residencial de Berazategui, "donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años".
Mussi llegó a la Secretaría, sin antecedente alguno en política ambiental. Fue en diciembre de 2010 y tras un claro gesto de apoyo a Cristina, durante el momento crítico de la muerte de Néstor Kirchner. El entonces intendente de Berazategui había instado a Daniel Scioli a presentarse a la reelección en la Provincia, y que todo el PJ se encolumne detrás de la figura presidencial.
Sin embargo, hace tiempo que Mussi está relegado en el gobierno nacional. Días atrás aseguró que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Semanas antes, en medio de la polémica por la explotación minera en La Rioja, el secretario de Ambiente había asegurado que "la minería que contamina es la minería a cielo abierto".
Pero, el texto de Verbitsky también dispara contra el sciolismo y asegura que "Armella es parte de una telaraña de relaciones políticas del justicialismo bonaerense tejida durante los ocho años de la gobernación de Eduardo Duhalde y que hoy se recuesta sobre Daniel Scioli, aunque conserva algunos hilos en el kirchnerismo".
El artículo señala que el 24 de febrero de este año se constituyó la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de $30.000 para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella.
Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado.
El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec.
De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui.
Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.
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Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: La Política Online
Provincia/Región: Nacional
Invocando la urgencia establecida por la Corte Suprema, el juez de Quilmes que supervisa la limpieza del Riachuelo ordena obras complejas en plazos perentorios. Según publica hoy Página 12, esto justifica la contratación directa, que con regularidad beneficia a empresas vinculadas con el juez, Luis Antonio Armella. El enorme poder que la Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para ejecutar la sentencia sobre la limpieza del Riachuelo ha permitido que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental, que Armella debe supervisar.
Así lo denuncia hoy el periodista Horacio Verbitsky, en la portada del diario Página 12, uno de los medios afines al gobierno nacional. La embestida contra Armella se centra en la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar), de la que participan la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con catorce municipios del Conurbano.
Según el artículo, documentos de la Acumar muestran un modus operandi que se reitera: El juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena. Una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos.
Verbitsky sostiene que los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas. Hasta el registro de estos procedimientos es difícil, ya que la Acumar contrata esas obras por convenios con otras entidades, como el Organismo Bonaerense para el Desarrollo Sustentable (OPDS), la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad Del Estado (Ceamse), la Universidad Tecnológica Nacional y diversos municipios, entre los más asiduos el de Lomas de Zamora.
Acaso sospechando algo, la Corte Suprema requirió hace dos semanas a la Acumar un informe detallado sobre el grado de avance alcanzado en el cumplimiento de cada uno de los objetivos obligatorios impuestos en su fallo.
El artículo dispara contra Juan José Mussi, secretario de Ambiente de la Nación, ex intendente de Berazategui y uno de los jefes comunales cercanos a la Rosada. Verbitsky le recuerda sus vínculos con Duhalde: Fue su Ministro de Salud durante la gobernación y su Secretario de Asuntos Políticos en la presidencia interina. Pero sobre todo señala que los grupos empresariales familiares tienen base en Renelagh, el barrio residencial de Berazategui, "donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años".
Mussi llegó a la Secretaría, sin antecedente alguno en política ambiental. Fue en diciembre de 2010 y tras un claro gesto de apoyo a Cristina, durante el momento crítico de la muerte de Néstor Kirchner. El entonces intendente de Berazategui había instado a Daniel Scioli a presentarse a la reelección en la Provincia, y que todo el PJ se encolumne detrás de la figura presidencial.
Sin embargo, hace tiempo que Mussi está relegado en el gobierno nacional. Días atrás aseguró que “el ambiente no está incluido en nuestro estamento gubernamental”. Semanas antes, en medio de la polémica por la explotación minera en La Rioja, el secretario de Ambiente había asegurado que "la minería que contamina es la minería a cielo abierto".
Pero, el texto de Verbitsky también dispara contra el sciolismo y asegura que "Armella es parte de una telaraña de relaciones políticas del justicialismo bonaerense tejida durante los ocho años de la gobernación de Eduardo Duhalde y que hoy se recuesta sobre Daniel Scioli, aunque conserva algunos hilos en el kirchnerismo".
El artículo señala que el 24 de febrero de este año se constituyó la sociedad “San Martín 264 Bernal SA”, con un capital de $30.000 para realizar actividades inmobiliarias y de construcción. Su presidente es el monotributista Francisco Alberto Groba, el suegro del juez Armella, y una de sus accionistas es su hija Marina Laura Groba Martini, una abogada de 35 años, casada con Armella.
Otro socio es el arquitecto Aníbal Carlos Nietzel, tío de Marina Laura. El presidente suplente es el abogado portugués Arturo Rodrigues da Silva. Aunque todos sus accionistas tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, la sociedad anónima cuya denominación es un domicilio de Bernal, se constituyó ante el escribano porteño Mario Gabriel Szmuch, fijó domicilio en Lavalle 1675, 4º 13, de la Capital Federal, y fue inscripta en la Inspección General de Justicia de la Nación. En ese edificio no funciona ninguna empresa con esa denominación. La nómina completa de sus integrantes conduce a la abigarrada trama de firmas que se benefician con la prodigalidad del magistrado.
El cuadro que se reproduce en esta página muestra esas relaciones. Rodrigues da Silva preside, es director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea preside M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio es directora suplente. Gilda González es directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González es presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios hay otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli. Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) son directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre son los directivos de Kartonsec.
De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupan las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo. Una característica singular de Gildin SA, que también gira con el nombre de fantasía Canteras del Sur, es que extrae tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui.
Ese agujero, en un predio de 20 hectáreas, fue mostrado en 2006 por Telenoche, lo cual dio lugar a que la Dirección Provincial de Minería lo clausurara, alegando que había vencido su habilitación. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando. Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente. Lo que sí hizo Armella fue prohibir el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca.
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Veladero: inician auditorias exigidas
San Juan comienza en Veladero las auditorías que exige la Corte
Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: San Juan
La provincia vecina -de impronta pro minera- tiene 180 días para entregar los informes de todos los proyectos. Sus autoridades ambientales dijeron que aún no saben si hay glaciares comprometidos.
El gobierno de San Juan iniciará auditorías ambientales para la protección de glaciares con la inspección de la mina Veladero, que explota la empresa canadiense Barrick, informó hoy el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Raúl Tello.
En el marco de lo estipulado por la Ley Nacional de Protección de Glaciares, San Juan puso en marcha una unidad especial para realizar las auditorías ambientales en los proyectos mineros metalíferos de la provincia.
Tello indicó que la mina Veladero será la primera en ser auditada en su área de acción y aclaró que esa elección responde a que "el resto de los proyectos en explotación como Casposo o Gualcamayo, en el norte de Jáchal, no están en zona de glaciares".
Ambos proyectos mineros están ubicados a menos de 2.500 metros de altura, mientras que Veladero, en el departamento Iglesia, se encuentra a una altura superior a los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El funcionario aseguró que en una segunda etapa se ocuparán del proyecto binacional Pascua Lama, que todavía está en la etapa de construcción del campamento minero.
A partir de que la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto los amparos presentados por la provincia y entidades relacionadas a la minería, el 3 de julio, el gobierno de José Luis Gioja tiene 180 días para terminar los informes ambientales.
Gioja se ajustó a la ley nacional 26.639, que estipula definir una autoridad competente, y por eso decretó que esa entidad será el Consejo Provincial de Protección de Glaciares, que le dará marco a la Unidad Especial de Auditoría Ambiental (UEAA).
La misma estará formada por los ministerios de Minería, la dirección de Hidráulica y la Secretaria de Estado de Medio Ambiente; con el asesoramiento técnico de la Universidad Nacional de San Juan y buscarán que participe también el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).
Tello señaló que como existe en la provincia desde 2011 la Comisión de protección de glaciares y se había encargado un relevamiento de los cuerpos de hielo en la cordillera, para estas nuevas auditorías "se usaran todos los datos recabados hasta ahora" por el instituto de Geología y el de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Nacional de San Juan.
Consultado por la prensa sobre si existen glaciares comprometidos por el trabajo que actualmente se realiza en la alta montaña, el funcionario respondió que hay que esperar "el primer informe de las instituciones de la UNSJ" que podrán recibir en las próximas semanas.
En cuanto a las críticas de la oposición y de distintas organizaciones ambientalistas, reflexionó: "San Juan es una provincia que promueve el desarrollo de la actividad minera, que tiene el 97 por ciento de su suelo en espacios montañosos o desérticos, no tenemos muchas alternativas".
Además, destacó "la fortaleza que ha impregnado la minería a toda la actividad económica de San Juan, a su calidad de vida". "Los primeros permisos ambientales se dieron en la provincia en los 90, pasaron 4 0 5 gobiernos de distinto signo político, incluida la Alianza", justificó el funcionario, quien luego aseguró que "la minería sin controles no sirve".
Sobre las acusaciones de la contaminación que pueden generar los proyectos mineros y el uso del agua, afirmó que "desde el puerto se tiran estas versiones y allá ellos tienen grandes problemas ambientales, son todas cortinas de humo". Tello dijo tener "la certeza, la certidumbre de que no hay contaminación de los cursos de agua" que utilizan las poblaciones.
El gobierno de San Juan se opuso desde el principio a la Ley de protección de glaciares, puntualmente en lo que la norma definía como "zona periglaciar" y defendió su derecho como provincia autónoma de "administrar sus recursos".
El gobernador Gioja se posicionó como principal defensor de la actividad minera, como "política de estado". El 3 de julio, la Corte dejó sin efecto medidas cautelares dictadas por la Justicia de San Juan y despejó el camino para que se realice un inventario de los glaciares en todo el país.
La empresa Barrick emitió un comunicado, el 25 de julio, para anunciar que "por mayores costos", el proyecto de Pascua- Lama extendió la fecha de inicio de producción (de explotación de oro y plata) y se estima que se pondrá en marcha a mediados de 2014.
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Fecha de Publicación: 26/08/2012
Fuente: Los Andes On Line
Provincia/Región: San Juan
La provincia vecina -de impronta pro minera- tiene 180 días para entregar los informes de todos los proyectos. Sus autoridades ambientales dijeron que aún no saben si hay glaciares comprometidos. El gobierno de San Juan iniciará auditorías ambientales para la protección de glaciares con la inspección de la mina Veladero, que explota la empresa canadiense Barrick, informó hoy el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Raúl Tello.
En el marco de lo estipulado por la Ley Nacional de Protección de Glaciares, San Juan puso en marcha una unidad especial para realizar las auditorías ambientales en los proyectos mineros metalíferos de la provincia.
Tello indicó que la mina Veladero será la primera en ser auditada en su área de acción y aclaró que esa elección responde a que "el resto de los proyectos en explotación como Casposo o Gualcamayo, en el norte de Jáchal, no están en zona de glaciares".
Ambos proyectos mineros están ubicados a menos de 2.500 metros de altura, mientras que Veladero, en el departamento Iglesia, se encuentra a una altura superior a los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El funcionario aseguró que en una segunda etapa se ocuparán del proyecto binacional Pascua Lama, que todavía está en la etapa de construcción del campamento minero.
A partir de que la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto los amparos presentados por la provincia y entidades relacionadas a la minería, el 3 de julio, el gobierno de José Luis Gioja tiene 180 días para terminar los informes ambientales.
Gioja se ajustó a la ley nacional 26.639, que estipula definir una autoridad competente, y por eso decretó que esa entidad será el Consejo Provincial de Protección de Glaciares, que le dará marco a la Unidad Especial de Auditoría Ambiental (UEAA).
La misma estará formada por los ministerios de Minería, la dirección de Hidráulica y la Secretaria de Estado de Medio Ambiente; con el asesoramiento técnico de la Universidad Nacional de San Juan y buscarán que participe también el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA).
Tello señaló que como existe en la provincia desde 2011 la Comisión de protección de glaciares y se había encargado un relevamiento de los cuerpos de hielo en la cordillera, para estas nuevas auditorías "se usaran todos los datos recabados hasta ahora" por el instituto de Geología y el de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Nacional de San Juan.
Consultado por la prensa sobre si existen glaciares comprometidos por el trabajo que actualmente se realiza en la alta montaña, el funcionario respondió que hay que esperar "el primer informe de las instituciones de la UNSJ" que podrán recibir en las próximas semanas.
En cuanto a las críticas de la oposición y de distintas organizaciones ambientalistas, reflexionó: "San Juan es una provincia que promueve el desarrollo de la actividad minera, que tiene el 97 por ciento de su suelo en espacios montañosos o desérticos, no tenemos muchas alternativas".
Además, destacó "la fortaleza que ha impregnado la minería a toda la actividad económica de San Juan, a su calidad de vida". "Los primeros permisos ambientales se dieron en la provincia en los 90, pasaron 4 0 5 gobiernos de distinto signo político, incluida la Alianza", justificó el funcionario, quien luego aseguró que "la minería sin controles no sirve".
Sobre las acusaciones de la contaminación que pueden generar los proyectos mineros y el uso del agua, afirmó que "desde el puerto se tiran estas versiones y allá ellos tienen grandes problemas ambientales, son todas cortinas de humo". Tello dijo tener "la certeza, la certidumbre de que no hay contaminación de los cursos de agua" que utilizan las poblaciones.
El gobierno de San Juan se opuso desde el principio a la Ley de protección de glaciares, puntualmente en lo que la norma definía como "zona periglaciar" y defendió su derecho como provincia autónoma de "administrar sus recursos".
El gobernador Gioja se posicionó como principal defensor de la actividad minera, como "política de estado". El 3 de julio, la Corte dejó sin efecto medidas cautelares dictadas por la Justicia de San Juan y despejó el camino para que se realice un inventario de los glaciares en todo el país.
La empresa Barrick emitió un comunicado, el 25 de julio, para anunciar que "por mayores costos", el proyecto de Pascua- Lama extendió la fecha de inicio de producción (de explotación de oro y plata) y se estima que se pondrá en marcha a mediados de 2014.
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Río Negro explotará petróleo en áreas de alto riesgo
Licitan áreas de exploración de muy alto riesgo
Fecha de Publicación: 25/08/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Río Negro avanza en un plan para elevar la producción, que incluye una negociación exprés de las prórrogas y sin regalías extras, siempre y cuando mejoren los rendimientos de cada bloque.
Sobre la base de los estudios realizados por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el gobierno provincial saldrá a ofrecer grandes bloques de la Línea Sur de altísimo riesgo para explorar en procura de hidrocarburos. El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Jorge Borrelli, cree que si Chubut detectó reservorios en su zona norte, no hay razones para que no se presenten analogías al otro lado del paralelo 42.
En esta entrevista, el funcionario anunció además que ya está listo el borrador del proyecto de prórroga de las concesiones otorgadas por el gobierno nacional de la década del 90. Se respetarán los derechos de las empresas que pagaron, durante el gobierno anterior, para entrar en el proceso, pero se establecerán nuevas reglas de juego: una negociación exprés, técnica e importantes incentivos para los que aumenten la producción.
La idea es lograr, al cabo de este proceso, que la extracción de hidrocarburos crezca al menos un 50% en la provincia.
Borrelli tiene expectativas en la zona de Catriel, pero también en lo que él llama el eje de la Ruta 22, entre Fernández Oro y Roca.
Su cartera, que se estableció en la ciudad de Cipolletti, ya trabaja en la conformación de un banco de datos que estará inclusive on-line para su consulta. Y está a punto de licitar un backup para que esa información no se pierda.
Para ver el reportaje entero, haga clic acá
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Fecha de Publicación: 25/08/2012
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
Río Negro avanza en un plan para elevar la producción, que incluye una negociación exprés de las prórrogas y sin regalías extras, siempre y cuando mejoren los rendimientos de cada bloque.Sobre la base de los estudios realizados por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el gobierno provincial saldrá a ofrecer grandes bloques de la Línea Sur de altísimo riesgo para explorar en procura de hidrocarburos. El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Jorge Borrelli, cree que si Chubut detectó reservorios en su zona norte, no hay razones para que no se presenten analogías al otro lado del paralelo 42.
En esta entrevista, el funcionario anunció además que ya está listo el borrador del proyecto de prórroga de las concesiones otorgadas por el gobierno nacional de la década del 90. Se respetarán los derechos de las empresas que pagaron, durante el gobierno anterior, para entrar en el proceso, pero se establecerán nuevas reglas de juego: una negociación exprés, técnica e importantes incentivos para los que aumenten la producción.
La idea es lograr, al cabo de este proceso, que la extracción de hidrocarburos crezca al menos un 50% en la provincia.
Borrelli tiene expectativas en la zona de Catriel, pero también en lo que él llama el eje de la Ruta 22, entre Fernández Oro y Roca.
Su cartera, que se estableció en la ciudad de Cipolletti, ya trabaja en la conformación de un banco de datos que estará inclusive on-line para su consulta. Y está a punto de licitar un backup para que esa información no se pierda.
Para ver el reportaje entero, haga clic acá
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Agro y minería se disputan el agua en Mendoza
Agro y minería 'pulsean' por el agua en Mendoza
Fecha de Publicación: 25/08/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Mendoza
El titular la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza, Mario Leiva, reconoció que hay canales de agua con partes muy sucias y sostuvo que el Departamento de General de Irrigación mendocino se comprometió a "largar agua", pero no lo hace, por lo que productores sospechan que quieren dar el líquido a la minería.
A principios de agosto, productores mendocinos bloquearon el tránsito en cuatro puntos estratégicos del sur provincial en reclamo de agua para riego y por los avances en el convenio para ceder líquido del río Atuel a La Pampa.
Se calcula que en la protesta intervinieron unos 3.000 productores, pero el conflicto no está concluido.
"Al día de hoy hay partes muy sucias (en los canales de agua). Eso no se limpia con palas sino con máquinas, y el Departamento General de Irrigación", indicó Leiva.
El problema de restricción de agua es muy serio para unas seis mil unidades productivas en la zona de Real del Padre y General Alvear.
"El otro tema es que, mientras pasaba eso, se hizo un anuncio diciendo que una cantidad de metros cúbicos se iba a escurrir hacia La Pampa", señaló el dirigente al ser consultado por el programa "Siempre que llovió , paró", que se emite por Radio Colonia.
Para Leiva , "la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué ellos anunciaron en público que se escurriría a La Pampa, habiendo necesidades de agua en una zona que está carenciada y que viene de sufrir emergencia?".
Entre las teorías que manejan los analistas locales es que además de la "desprolijidad", es que "si esto se aceptaba, después podía llegar a pasar la autorización para darle agua a la minería, iniciativa que es muy resistida acá en la zona".
Los productores, en tanto, se lanzaron a las rutas.
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Fecha de Publicación: 25/08/2012
Fuente: Terra
Provincia/Región: Mendoza
El titular la Confederación de Asociaciones Rurales de Mendoza, Mario Leiva, reconoció que hay canales de agua con partes muy sucias y sostuvo que el Departamento de General de Irrigación mendocino se comprometió a "largar agua", pero no lo hace, por lo que productores sospechan que quieren dar el líquido a la minería.
A principios de agosto, productores mendocinos bloquearon el tránsito en cuatro puntos estratégicos del sur provincial en reclamo de agua para riego y por los avances en el convenio para ceder líquido del río Atuel a La Pampa.
Se calcula que en la protesta intervinieron unos 3.000 productores, pero el conflicto no está concluido.
"Al día de hoy hay partes muy sucias (en los canales de agua). Eso no se limpia con palas sino con máquinas, y el Departamento General de Irrigación", indicó Leiva.
El problema de restricción de agua es muy serio para unas seis mil unidades productivas en la zona de Real del Padre y General Alvear.
"El otro tema es que, mientras pasaba eso, se hizo un anuncio diciendo que una cantidad de metros cúbicos se iba a escurrir hacia La Pampa", señaló el dirigente al ser consultado por el programa "Siempre que llovió , paró", que se emite por Radio Colonia.
Para Leiva , "la pregunta del millón de dólares es, ¿por qué ellos anunciaron en público que se escurriría a La Pampa, habiendo necesidades de agua en una zona que está carenciada y que viene de sufrir emergencia?".
Entre las teorías que manejan los analistas locales es que además de la "desprolijidad", es que "si esto se aceptaba, después podía llegar a pasar la autorización para darle agua a la minería, iniciativa que es muy resistida acá en la zona".
Los productores, en tanto, se lanzaron a las rutas.
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Agrotóxicos: desde ahora su mal uso es un delito
El mal uso de agroquímicos es un delito
Fecha de Publicación: 24/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El juicio que se llevó a cabo en Córdoba debe servir de ejemplo para no cometer errores en el uso de plaguicidas. La Justicia condenó a dos personas a prisión de ejecución condicional, al considerarlos culpables de envenenar y contaminar de modo peligroso la salud, el suelo, el agua y el medio ambiente.
El manejo adecuado de los agroquímicos permite una producción responsable y, además, lleva a que el productor, aplicador, vendedor y/o cualquier responsable en el uso de estos productos no vaya preso ni tenga problemas legales, lo que lleva mucho tiempo y esfuerzo.
Es realmente duro decir esto, pero en el juicio por el mal uso de agroquímicos que se desarrolló en Córdoba, la Cámara Cuarta del Crimen dictó una absolución y dos sentencias a prisión de ejecución condicional (en libertad), en el juicio que se siguió a dos productores agropecuarios y a un aeroaplicador, a quienes se le imputó haber infringido la Ley 24.051, de residuos peligrosos. Esta norma penaliza a quién "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Es importante comentar que a los dos condenados se les impusieron tres años de prisión en suspenso, e inhabilitación por 8 y 10 años para la aplicación de productos fitosanitarios y trabajos no remunerados.
Esto demuestra que la aplicación de las leyes que rigen en todo en país, y en las diferentes provincias, debe ser cumplida, y si en el caso que no fuera así y que se demuestre el no cumplimiento de dichas normas, hacen punible un delito que debe ser sancionado como corresponde.
Este fallo sentó precedentes, y los analistas que discuten sobre este veredicto lo consideran histórico, ya que si bien da un cumplimiento condicional, quedó clarísimo que es un delito.
Lo que debe quedar bien precisado, es que las infracciones juzgadas en este juicio se refirieron a que los acusados no observaron las distancias exigidas por las normas vigentes respecto de las áreas urbanas, y tampoco los productos agroquímicos autorizados, provocando entonces contaminación sancionada por la ley.
Normativas vigentes
En general, todas las leyes vigentes en las diferentes provincias especifican claramente esta observación, por lo que no se debe considerar desconocimiento al respeto de las normativas y que la aplicación sea realizada bajo esos parámetros.
Lo que se debe tener cuidado es de no aplicar cerca de poblaciones, ya que en el juicio presentado en la provincia de Córdoba se afirma que estas aplicaciones, en forma continua, han sido las que provocaron muertes por cáncer o deformaciones en recién nacidos y otros males, por lo que deben considerarse estos efectos, según la denuncia presentada y ya juzgada. Sí debe tenerse en cuenta este tipo de fallo, ya que ahora seguramente los desaprensivos y a quienes no les interesa aplicar correctamente actuarán como las normativas lo piden y evitar las consecuencias que pueden derivar por denuncias por mala o incorrecta aplicación.
No cabe ninguna duda de que este fallo obliga a productores, aplicadores y entidades, cuanto menos, a pensar y hacer las cosas como corresponde.
Hay que recapacitar sobre qué se está haciendo, qué se está omitiendo hacer, cuáles son las responsabilidades que se tienen, las leyes y normas vigentes que se aplican en diferentes ámbitos, regiones o provincias, qué parte de la ley se cumple y cuál no se cumple, y cómo se realizan los controles para que la ley se cumpla como debiera ser.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios, como insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, deben ser realizadas correctamente. Además, los productos a utilizarse deben ser transportados, depositados y manejados adecuadamente, y los residuos y envases desecharse, según lo estipulan las normativas vigentes.
La Eeaoc y el INTA están en permanente contacto con el productor, ya sea en cursos de capacitación sobre aplicaciones de fitoterápicos o a través de publicaciones especiales sobre el buen uso de agroquímicos.
Sólo la utilización apropiada de estos productos y el oportuno asesoramiento técnico, nos permitirán controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente.
Por último, las autoridades de aplicación de las leyes deben vigilar de manera orgánica y sistemática que la ley se cumpla en el territorio provincial que le corresponda. La responsabilidad de una adecuada aplicación es de todos los que están en la cadena, tanto los usuarios en todo su conjunto, los organismos de aplicación y porque no las instituciones de investigación. Juicios como el que se realizó en Córdoba no deben seguir dándose, si hacemos las cosas correctamente al momento de usar los agroquímicos.
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Fecha de Publicación: 24/08/2012
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
El juicio que se llevó a cabo en Córdoba debe servir de ejemplo para no cometer errores en el uso de plaguicidas. La Justicia condenó a dos personas a prisión de ejecución condicional, al considerarlos culpables de envenenar y contaminar de modo peligroso la salud, el suelo, el agua y el medio ambiente. El manejo adecuado de los agroquímicos permite una producción responsable y, además, lleva a que el productor, aplicador, vendedor y/o cualquier responsable en el uso de estos productos no vaya preso ni tenga problemas legales, lo que lleva mucho tiempo y esfuerzo.
Es realmente duro decir esto, pero en el juicio por el mal uso de agroquímicos que se desarrolló en Córdoba, la Cámara Cuarta del Crimen dictó una absolución y dos sentencias a prisión de ejecución condicional (en libertad), en el juicio que se siguió a dos productores agropecuarios y a un aeroaplicador, a quienes se le imputó haber infringido la Ley 24.051, de residuos peligrosos. Esta norma penaliza a quién "envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
Es importante comentar que a los dos condenados se les impusieron tres años de prisión en suspenso, e inhabilitación por 8 y 10 años para la aplicación de productos fitosanitarios y trabajos no remunerados.
Esto demuestra que la aplicación de las leyes que rigen en todo en país, y en las diferentes provincias, debe ser cumplida, y si en el caso que no fuera así y que se demuestre el no cumplimiento de dichas normas, hacen punible un delito que debe ser sancionado como corresponde.
Este fallo sentó precedentes, y los analistas que discuten sobre este veredicto lo consideran histórico, ya que si bien da un cumplimiento condicional, quedó clarísimo que es un delito.
Lo que debe quedar bien precisado, es que las infracciones juzgadas en este juicio se refirieron a que los acusados no observaron las distancias exigidas por las normas vigentes respecto de las áreas urbanas, y tampoco los productos agroquímicos autorizados, provocando entonces contaminación sancionada por la ley.
Normativas vigentes
En general, todas las leyes vigentes en las diferentes provincias especifican claramente esta observación, por lo que no se debe considerar desconocimiento al respeto de las normativas y que la aplicación sea realizada bajo esos parámetros.
Lo que se debe tener cuidado es de no aplicar cerca de poblaciones, ya que en el juicio presentado en la provincia de Córdoba se afirma que estas aplicaciones, en forma continua, han sido las que provocaron muertes por cáncer o deformaciones en recién nacidos y otros males, por lo que deben considerarse estos efectos, según la denuncia presentada y ya juzgada. Sí debe tenerse en cuenta este tipo de fallo, ya que ahora seguramente los desaprensivos y a quienes no les interesa aplicar correctamente actuarán como las normativas lo piden y evitar las consecuencias que pueden derivar por denuncias por mala o incorrecta aplicación.
No cabe ninguna duda de que este fallo obliga a productores, aplicadores y entidades, cuanto menos, a pensar y hacer las cosas como corresponde.
Hay que recapacitar sobre qué se está haciendo, qué se está omitiendo hacer, cuáles son las responsabilidades que se tienen, las leyes y normas vigentes que se aplican en diferentes ámbitos, regiones o provincias, qué parte de la ley se cumple y cuál no se cumple, y cómo se realizan los controles para que la ley se cumpla como debiera ser.
Las aplicaciones de productos fitosanitarios, como insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, deben ser realizadas correctamente. Además, los productos a utilizarse deben ser transportados, depositados y manejados adecuadamente, y los residuos y envases desecharse, según lo estipulan las normativas vigentes.
La Eeaoc y el INTA están en permanente contacto con el productor, ya sea en cursos de capacitación sobre aplicaciones de fitoterápicos o a través de publicaciones especiales sobre el buen uso de agroquímicos.
Sólo la utilización apropiada de estos productos y el oportuno asesoramiento técnico, nos permitirán controlar convenientemente malezas, insectos, enfermedades o cualquier organismo nocivo que afecte a nuestros cultivos, y que no seamos responsables directos de los daños que podamos originar al medio ambiente.
Por último, las autoridades de aplicación de las leyes deben vigilar de manera orgánica y sistemática que la ley se cumpla en el territorio provincial que le corresponda. La responsabilidad de una adecuada aplicación es de todos los que están en la cadena, tanto los usuarios en todo su conjunto, los organismos de aplicación y porque no las instituciones de investigación. Juicios como el que se realizó en Córdoba no deben seguir dándose, si hacemos las cosas correctamente al momento de usar los agroquímicos.
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