Ceamse: Nuevo round en la Justicia
08:29 | 
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Nuevo round en la Justicia por el futuro de la Ceamse
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas de la Región se presentan en la Corte para reclamar el cumplimiento de un fallo que prohíbe ampliar el predio de Diagonal 74. Esa sentencia está apelada
En un nuevo capítulo de la batalla judicial cuyo resultado decidirá el futuro del relleno sanitario de Ensenada, organizaciones de defensa del medio ambiente de la Región realizarán hoy una presentación contra el intento de CEAMSE de ampliar el vertedero.
Concretamente, las ONG pedirán a la Suprema Corte bonaerense que mantenga firme su decisión de impedir al ente estatal que se encarga de la disposición final de residuos que abra nuevos módulos de enterramiento en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato. Esa resolución, dictada a inicios de diciembre pasado, fue apelada por CEAMSE -cuyo presidente es designado por el Ejecutivo provincial- con un pedido de "recurso extraordinario" que busca llevar la cuestión al ámbito de la Corte Suprema de la Nación.
"Vamos a expresar nuestro firme rechazo y nuestros fundamentos, tal como lo marca la ley, porque estamos convencidos de que el recurso extraordinario es improcedente" expresó Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "se pretende seguir enterrando indiscriminadamente y violando leyes ambientales cuando ya se estipularon plazos de cierre, el municipio platense adjudicó a una empresa la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos, y el propio gobernador predica otras estrategias en cuanto a la disposición final de los desechos en la Región Capital".
Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara son las entidades integrantes de la Asamblea "No+CEAMSE" que desde hace más de un lustro dan pelea en la Justicia para lograr la clausura definitiva del relleno que recibe a diario alrededor de 900 toneladas de basura generada en la región.
Fecha de Publicación: 14/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Ambientalistas de la Región se presentan en la Corte para reclamar el cumplimiento de un fallo que prohíbe ampliar el predio de Diagonal 74. Esa sentencia está apelada
En un nuevo capítulo de la batalla judicial cuyo resultado decidirá el futuro del relleno sanitario de Ensenada, organizaciones de defensa del medio ambiente de la Región realizarán hoy una presentación contra el intento de CEAMSE de ampliar el vertedero.
Concretamente, las ONG pedirán a la Suprema Corte bonaerense que mantenga firme su decisión de impedir al ente estatal que se encarga de la disposición final de residuos que abra nuevos módulos de enterramiento en el predio de diagonal 74 y arroyo El Gato. Esa resolución, dictada a inicios de diciembre pasado, fue apelada por CEAMSE -cuyo presidente es designado por el Ejecutivo provincial- con un pedido de "recurso extraordinario" que busca llevar la cuestión al ámbito de la Corte Suprema de la Nación.
"Vamos a expresar nuestro firme rechazo y nuestros fundamentos, tal como lo marca la ley, porque estamos convencidos de que el recurso extraordinario es improcedente" expresó Marcelo Martínez, titular de Nuevo Ambiente: "se pretende seguir enterrando indiscriminadamente y violando leyes ambientales cuando ya se estipularon plazos de cierre, el municipio platense adjudicó a una empresa la construcción de una planta de tratamiento integral de residuos, y el propio gobernador predica otras estrategias en cuanto a la disposición final de los desechos en la Región Capital".
Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara son las entidades integrantes de la Asamblea "No+CEAMSE" que desde hace más de un lustro dan pelea en la Justicia para lograr la clausura definitiva del relleno que recibe a diario alrededor de 900 toneladas de basura generada en la región.
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El supermercado del basural
El supermercado del basural
Fecha de Publicación: 13/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Son 130 hectáreas junto al barrio De la Cárcova donde van a parar toneladas de alimentos, electrodomésticos, metales, cartón, plásticos y todo lo que sobra en una ciudad. La policía cobra peaje para la “carrera” de los chicos que viven de este recurso.
“En el basural encontrás de todo: carne picada en bolsas enormes que tira la empresa que hace las hamburguesas marca Paty, alfajores y galletitas de Arcor o Terrabusi, salchichas de Viena y hasta electrodomésticos. Hay de todo.” Los chicos, que tienen entre 12 y 20 años, juran que en el cinturón ecológico del Ceamse, en la zona de José León Suárez, se pueden encontrar mercaderías “en perfecto estado, como si fuera un supermercado para indigentes”, que sirven para mitigar el hambre de miles de familias de los barrios más pobres del partido de San Martín. Claro que, para encontrar el “tesoro”, hay que revolver basura maloliente que se apila desde hace décadas, a la vera de una autovía que irónicamente se llama Camino del Buen Ayre. “Te aseguro que la comida que se tira no está vencida. En algunos casos tiene fecha de vencimiento para dentro de tres o cuatro semanas o más”, le asegura a Página/12 un hombre que ahora forma parte de una cooperativa, pero que vivió muchos años “levantando comida de la basura”. El entrevistado sostiene con un toque de humor negro: “Hasta ahora nunca supimos de nadie que se haya muerto por comer estos desechos, pero sí hubo varios muertos o heridos por el accionar de la policía”.
Se refiere a los casos recientes de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, asesinados en un hecho por el que fue detenido el oficial subinspector Ezequiel Vega, que además hirió con su escopeta a Joaquín Romero, de 19. También a casos que ocurrieron en años anteriores, como el de Diego Duarte (ver aparte). Almirón, Ramos y Romero formaban parte de una legión de miles de personas de “4 a 80 años” que concurren todos los días al cinturón ecológico a revolver la basura.
“El horario de verano es de 18 a 19, de lunes a sábado, pero a veces la policía que custodia el predio nos echa quince minutos antes. Ellos deciden cuándo entramos y cuándo salimos. Muchas veces nos golpean al entrar y al salir, para que nos apuremos, y se ríen si se nos cae el carrito en el que llevamos lo que pudimos juntar”, afirma uno de los tantos chicos del barrio De la Cárcova, en José León Suárez, que antes de las cinco preparan su bicicleta, sus bolsas o su carrito, para entrar al Ceamse y treparse a las montañas de basura.
“Es un tema muy complejo, donde hay muchos intereses de por medio, y donde los pibes son las víctimas principales”, dice a este diario la socióloga María Magdalena Gagey, del Movimiento Evita, quien le planteó el problema al jefe de la Policía Bonaerense Juan Carlos Paggi, al subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín, y al titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio. “Les señalamos la necesidad de buscar formas de organización de los chicos de las villas que van al Ceamse de generar sistemas de reciclado, invirtiendo y organizando cooperativas de trabajo. El problema es preocupante porque hay algunos sectores que tienen un accionar violento, y la situación con la policía es muy tensa, sobre todo después de lo que ocurrió en Suárez”, con la muerte de los dos chicos y el ataque que sufrió un tercero que sigue hospitalizado.
Adán Guevara, vecino del barrio Independencia, organizó en 2004 la primera cooperativa de recuperadores urbanos en la zona de José León Suárez, donde ahora funcionan nueve plantas similares donde tienen su lugar cientos de vecinos. Para la primera se contó con el aporte del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense y del Ceamse. Con el dinero aportado entonces por el gobierno provincial se compraron máquinas que sirven para el reciclaje. Los que trabajan en esas plantas usan barbijos y guantes para separar el cartón y el plástico para luego venderlo. La experiencia, aunque positiva, no alcanza para todos los que revuelven la basura, la mayoría jóvenes remisos a nuclearse en cooperativas, porque “prefieren seguir como ahora, porque sacan una renta que no debe ser muy importante, pero que les permite conseguir algunas cosas, en medio de las enormes dificultades que atraviesan ellos y sus familias”, señala Gagey.
Los chicos del barrio De la Cárcova se quejan de la policía y de algunos personajes civiles. “Hay dos grupos, muy conocidos por todos, que están entongados con la policía y que son los primeros en ser autorizados a entrar al Ceamse. Cuando a nosotros nos dan la orden de largada, ellos ya están arriba de la montaña de basura y se llevan las mejores cosas.” Los líderes de esos dos grupos son conocidos por la policía y también por la Justicia, dado que se han presentado denuncias en las cuales se aportaron datos concretos, pero “hasta ahora parecen gozar de una impunidad que alguien les garantiza”, advierte el entrevistado, que siendo joven solía subirse a la montaña de de-sechos.
“La policía es la que fija los horarios, que se adelantan para el invierno, porque oscurece antes. A nosotros nos cobran 150 pesos por cabeza para poder ingresar por las dos puertas de acceso que tiene el predio, pero los acomodados entran gratis. Durante todo el día, no hay policía controlando el lugar, ellos llegan sólo a la hora señalada, para cobrar el ‘peaje’. A nosotros nos acusan de descarrilar los trenes y de robar la mercadería, pero la verdad es que cuando se produjeron dos hechos, el año pasado, los que más se llevaron cosas fueron los propios policías.” De acuerdo con varios testimonios coincidentes, en dos descarrilamientos hubo saqueo de azúcar y de aceite.
“Muchos de los pibes se llevaron cosas, pero lo hicieron, la mayoría, porque la policía los incitaba: ‘Dale, agarrá eso y llevátelo’.” Los chicos “les hicieron caso y se llevaron mercadería, pero en un momento dado, los mismos policías dijeron: ‘Basta, se acabó, váyanse’”. Luego de eso, de acuerdo con los testimonios recogidos por Página/12, “los que empezaron a cargar cosas, en un móvil que apareció en el lugar, fueron los propios policías, que se llevaron bolsas de azúcar y envases con aceite”. Los personajes policiales “fuertes” en la zona son tres: uno al que se lo conoce por su apelativo “Cadenita de Plata”, un ex jefe de calle de la comisaría cuarta y un tercero del que se tienen pocos datos.
El entrevistado, que hoy tiene una cooperativa, afirma que “es muy difícil agarrar a estos tipos, porque ya hubo varios intentos de la televisión por registrar escenas de la violencia policial, pero no lo lograron porque ellos se portan bien cuando llegan las cámaras y como tienen cómplices entre los que revuelven la basura, aportan testimonios falsos que hablan a favor de la policía”.
“Los policías nos desprecian y nos discriminan. Ellos siempre hacen ostentación de chapa, de uniforme y de pistola. Más de una vez, después que estuvimos juntando cosas arriba de la mierda, cuando bajamos nos sacan algunos metros de cobre o paquetes con salchichas. A mediados del año pasado, un policía grandote le pegó a una nena que estaba con un familiar. El hombre, que era corpulento, se peleó con el policía, pero aparecieron varios y lo golpearon. Estuvo internado y dicen que perdió un ojo”, cuentan varios chicos que se reúnen, en la “previa” al ingreso al Ceamse, en una esquina del De la Cárcova. La historia es conocida en todo el barrio.
El momento de ingreso al Ceamse, de lunes de sábados, es mencionado por todos los pibes como “la largada”. Lo hacen porque los que van a pie se sienten en un maratón y los que van en bicicleta actúan como si corrieran un “sprint”. Cada segundo vale oro. “La presencia policial es lo peor. En la puerta del Ceamse se comportan igual que cuando entran al barrio. ‘Tirate al piso’, ‘Parate contra la pared’ y si te negás, te ponen la pistola en la cabeza. La solución es que todos los chicos tengan un trabajo digno y que se acabe el cirujeo. Mientras tanto, que por lo menos pongan a los gendarmes, que tratan mucho mejor que los canas”, afirma el hombre de la cooperativa.
Fecha de Publicación: 13/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Son 130 hectáreas junto al barrio De la Cárcova donde van a parar toneladas de alimentos, electrodomésticos, metales, cartón, plásticos y todo lo que sobra en una ciudad. La policía cobra peaje para la “carrera” de los chicos que viven de este recurso.
“En el basural encontrás de todo: carne picada en bolsas enormes que tira la empresa que hace las hamburguesas marca Paty, alfajores y galletitas de Arcor o Terrabusi, salchichas de Viena y hasta electrodomésticos. Hay de todo.” Los chicos, que tienen entre 12 y 20 años, juran que en el cinturón ecológico del Ceamse, en la zona de José León Suárez, se pueden encontrar mercaderías “en perfecto estado, como si fuera un supermercado para indigentes”, que sirven para mitigar el hambre de miles de familias de los barrios más pobres del partido de San Martín. Claro que, para encontrar el “tesoro”, hay que revolver basura maloliente que se apila desde hace décadas, a la vera de una autovía que irónicamente se llama Camino del Buen Ayre. “Te aseguro que la comida que se tira no está vencida. En algunos casos tiene fecha de vencimiento para dentro de tres o cuatro semanas o más”, le asegura a Página/12 un hombre que ahora forma parte de una cooperativa, pero que vivió muchos años “levantando comida de la basura”. El entrevistado sostiene con un toque de humor negro: “Hasta ahora nunca supimos de nadie que se haya muerto por comer estos desechos, pero sí hubo varios muertos o heridos por el accionar de la policía”.
Se refiere a los casos recientes de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17, asesinados en un hecho por el que fue detenido el oficial subinspector Ezequiel Vega, que además hirió con su escopeta a Joaquín Romero, de 19. También a casos que ocurrieron en años anteriores, como el de Diego Duarte (ver aparte). Almirón, Ramos y Romero formaban parte de una legión de miles de personas de “4 a 80 años” que concurren todos los días al cinturón ecológico a revolver la basura.
“El horario de verano es de 18 a 19, de lunes a sábado, pero a veces la policía que custodia el predio nos echa quince minutos antes. Ellos deciden cuándo entramos y cuándo salimos. Muchas veces nos golpean al entrar y al salir, para que nos apuremos, y se ríen si se nos cae el carrito en el que llevamos lo que pudimos juntar”, afirma uno de los tantos chicos del barrio De la Cárcova, en José León Suárez, que antes de las cinco preparan su bicicleta, sus bolsas o su carrito, para entrar al Ceamse y treparse a las montañas de basura.
“Es un tema muy complejo, donde hay muchos intereses de por medio, y donde los pibes son las víctimas principales”, dice a este diario la socióloga María Magdalena Gagey, del Movimiento Evita, quien le planteó el problema al jefe de la Policía Bonaerense Juan Carlos Paggi, al subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales César Albarracín, y al titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio. “Les señalamos la necesidad de buscar formas de organización de los chicos de las villas que van al Ceamse de generar sistemas de reciclado, invirtiendo y organizando cooperativas de trabajo. El problema es preocupante porque hay algunos sectores que tienen un accionar violento, y la situación con la policía es muy tensa, sobre todo después de lo que ocurrió en Suárez”, con la muerte de los dos chicos y el ataque que sufrió un tercero que sigue hospitalizado.
Adán Guevara, vecino del barrio Independencia, organizó en 2004 la primera cooperativa de recuperadores urbanos en la zona de José León Suárez, donde ahora funcionan nueve plantas similares donde tienen su lugar cientos de vecinos. Para la primera se contó con el aporte del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense y del Ceamse. Con el dinero aportado entonces por el gobierno provincial se compraron máquinas que sirven para el reciclaje. Los que trabajan en esas plantas usan barbijos y guantes para separar el cartón y el plástico para luego venderlo. La experiencia, aunque positiva, no alcanza para todos los que revuelven la basura, la mayoría jóvenes remisos a nuclearse en cooperativas, porque “prefieren seguir como ahora, porque sacan una renta que no debe ser muy importante, pero que les permite conseguir algunas cosas, en medio de las enormes dificultades que atraviesan ellos y sus familias”, señala Gagey.
Los chicos del barrio De la Cárcova se quejan de la policía y de algunos personajes civiles. “Hay dos grupos, muy conocidos por todos, que están entongados con la policía y que son los primeros en ser autorizados a entrar al Ceamse. Cuando a nosotros nos dan la orden de largada, ellos ya están arriba de la montaña de basura y se llevan las mejores cosas.” Los líderes de esos dos grupos son conocidos por la policía y también por la Justicia, dado que se han presentado denuncias en las cuales se aportaron datos concretos, pero “hasta ahora parecen gozar de una impunidad que alguien les garantiza”, advierte el entrevistado, que siendo joven solía subirse a la montaña de de-sechos.
“La policía es la que fija los horarios, que se adelantan para el invierno, porque oscurece antes. A nosotros nos cobran 150 pesos por cabeza para poder ingresar por las dos puertas de acceso que tiene el predio, pero los acomodados entran gratis. Durante todo el día, no hay policía controlando el lugar, ellos llegan sólo a la hora señalada, para cobrar el ‘peaje’. A nosotros nos acusan de descarrilar los trenes y de robar la mercadería, pero la verdad es que cuando se produjeron dos hechos, el año pasado, los que más se llevaron cosas fueron los propios policías.” De acuerdo con varios testimonios coincidentes, en dos descarrilamientos hubo saqueo de azúcar y de aceite.
“Muchos de los pibes se llevaron cosas, pero lo hicieron, la mayoría, porque la policía los incitaba: ‘Dale, agarrá eso y llevátelo’.” Los chicos “les hicieron caso y se llevaron mercadería, pero en un momento dado, los mismos policías dijeron: ‘Basta, se acabó, váyanse’”. Luego de eso, de acuerdo con los testimonios recogidos por Página/12, “los que empezaron a cargar cosas, en un móvil que apareció en el lugar, fueron los propios policías, que se llevaron bolsas de azúcar y envases con aceite”. Los personajes policiales “fuertes” en la zona son tres: uno al que se lo conoce por su apelativo “Cadenita de Plata”, un ex jefe de calle de la comisaría cuarta y un tercero del que se tienen pocos datos.
El entrevistado, que hoy tiene una cooperativa, afirma que “es muy difícil agarrar a estos tipos, porque ya hubo varios intentos de la televisión por registrar escenas de la violencia policial, pero no lo lograron porque ellos se portan bien cuando llegan las cámaras y como tienen cómplices entre los que revuelven la basura, aportan testimonios falsos que hablan a favor de la policía”.
“Los policías nos desprecian y nos discriminan. Ellos siempre hacen ostentación de chapa, de uniforme y de pistola. Más de una vez, después que estuvimos juntando cosas arriba de la mierda, cuando bajamos nos sacan algunos metros de cobre o paquetes con salchichas. A mediados del año pasado, un policía grandote le pegó a una nena que estaba con un familiar. El hombre, que era corpulento, se peleó con el policía, pero aparecieron varios y lo golpearon. Estuvo internado y dicen que perdió un ojo”, cuentan varios chicos que se reúnen, en la “previa” al ingreso al Ceamse, en una esquina del De la Cárcova. La historia es conocida en todo el barrio.
El momento de ingreso al Ceamse, de lunes de sábados, es mencionado por todos los pibes como “la largada”. Lo hacen porque los que van a pie se sienten en un maratón y los que van en bicicleta actúan como si corrieran un “sprint”. Cada segundo vale oro. “La presencia policial es lo peor. En la puerta del Ceamse se comportan igual que cuando entran al barrio. ‘Tirate al piso’, ‘Parate contra la pared’ y si te negás, te ponen la pistola en la cabeza. La solución es que todos los chicos tengan un trabajo digno y que se acabe el cirujeo. Mientras tanto, que por lo menos pongan a los gendarmes, que tratan mucho mejor que los canas”, afirma el hombre de la cooperativa.
No logran que las industrias dejen de contaminar
Saneamiento del Riachuelo: No logran que las industrias dejen de contaminar la cuenca
Fecha de Publicación: 12/02/2011
Fuente: Clarin
País/Región: Capital - Buenos Aires
Inspeccionaron 9.000 de 23.000: probaron que 350 contaminan. Pero sólo 12 presentaron planes de reconversión y ninguno está en marcha. Y deben hacer cloacas, trasladar gente, y sacar basurales. Saneamiento del Riachuelo
A dos años y medio de la orden de saneamiento del Riachuelo, la contaminación que producen las industrias sigue sin tratarse y no para. Hasta ahora sólo se han inspeccionado 9.000 de 23.000 establecimientos y se encontraron las primeras 350 que contaminan.
Este uno de los ejes del plan de saneamiento que más se viene demorando. Los vertidos son los que tienen peores consecuencias para la salud , y los que menos se ven: mercurio, zinc, plomo y cromo, hasta 50 veces por encima de los valores legalmente admitidos.
La ACUMAR (Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo) es la responsable de inspeccionar las curtiembres, frigoríficos, industrias químicas, petroquímicas y metalúrgicas que tiran sus fluidos sin tratar a la cuenca. La Autoridad está a cargo del secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien llegó al puesto a fines de diciembre tras dos gestiones cuestionadas, las de Homero Bibiloni, y antes, de Romina Picolotti.
El plazo inicial previsto era de 30 días, pero dos años y medio más tarde sólo se llevan inspeccionadas 9.000 fábricas: en 350 se probó que contaminan. De esas, sólo 12 presentaron planes de reconversión , y ninguno está en marcha. Para las tareas de control, ACUMAR cuenta únicamente con 42 inspectores. Según Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace, “esta cifra da idea de que no se puede proceder con mucha celeridad”.
Para Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) –otra de las ONGS encargadas de controlar el saneamiento de la cuenca–, esta demora “habla de un déficit, a pesar de los constantes reclamos de las ONGS y del Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa”.
En 2008, la Corte dictó un fallo que provocó la creación de la ACUMAR –el organismo compuesto por representantes de la Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires– que debía trabajar sobre el plan de saneamiento. La sentencia se basó en una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en Dock Sud, afectados por los altos niveles de contaminación.
Bilbao explica que los avances son “muy lentos. Las medidas implementadas hasta ahora son aspectos ‘cosméticos’. En la cuestión de fondo no se están tomando medidas para recomponer la cuenca”. Sin embargo, el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lleva la causa, tiene un enfoque más positivo: “Lo importante es que se está haciendo, más allá de los tiempos”, le explicó a Clarín .
Además, el fallo contempla otros ejes dentro del plan. Uno es sobre otro tipo de desechos : el 65% de las viviendas de la cuenca, la mayoría en villas, no tiene cloacas y sus desechos van a parar directamente al río, sin tratamiento.
Para hacer nuevas obras –agua potable y cloacas– y construir una planta de tratamiento, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 640 millones de dólares. Fuentes de la empresa estatal AySA explicaron que recién a fin de año comenzarían las obras.
La Corte Suprema también dio un plazo de un año para la erradicación de los 220 basurales a cielo abierto que hay a lo largo del Riachuelo (los más grandes de la Ciudad están en Villa Lugano y Barracas). Si bien el año pasado sacaron 70 mil toneladas de basura, apenas se removieron 25 basurales. “Son ‘dinámicos’, los cierran pero vuelven a aparecer. Por eso pasan las gestiones y en vez de disminuir, cada vez hay más”, explica Bilbao.
Pero para Nápoli lo más urgente es reubicar a las personas que aún están viviendo entre los desechos, “que son quienes presentan la situación de mayor riesgo sanitario. Y aún seguimos sin saber cuántas son”.
El plomo en sangre de los habitantes de la cuenca supera los niveles máximos tolerables. Por eso aparecen las consecuencias: pérdida de peso y capacidad intelectual, trastornos en embarazos, cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel. ACUMAR debía presentar en 2008 un programa sanitario en 90 días, que nunca se llevó a cabo, y todavía sigue sin saberse el número concreto de personas en situación de emergencia.
El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi no respondió a los pedidos de este diario para hablar sobre el plan de saneamiento. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos por La Boca criticó: “Se estará trabajando mucho, pero todo es visual. En lo profundo están los caños con residuos industriales. Es lo más grave, lo que enferma y sobre lo que no se hace nada. Con eso estamos muy en deuda”.
Fecha de Publicación: 12/02/2011
Fuente: Clarin
País/Región: Capital - Buenos Aires
Inspeccionaron 9.000 de 23.000: probaron que 350 contaminan. Pero sólo 12 presentaron planes de reconversión y ninguno está en marcha. Y deben hacer cloacas, trasladar gente, y sacar basurales. Saneamiento del Riachuelo
A dos años y medio de la orden de saneamiento del Riachuelo, la contaminación que producen las industrias sigue sin tratarse y no para. Hasta ahora sólo se han inspeccionado 9.000 de 23.000 establecimientos y se encontraron las primeras 350 que contaminan.
Este uno de los ejes del plan de saneamiento que más se viene demorando. Los vertidos son los que tienen peores consecuencias para la salud , y los que menos se ven: mercurio, zinc, plomo y cromo, hasta 50 veces por encima de los valores legalmente admitidos.
La ACUMAR (Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo) es la responsable de inspeccionar las curtiembres, frigoríficos, industrias químicas, petroquímicas y metalúrgicas que tiran sus fluidos sin tratar a la cuenca. La Autoridad está a cargo del secretario de Ambiente y ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien llegó al puesto a fines de diciembre tras dos gestiones cuestionadas, las de Homero Bibiloni, y antes, de Romina Picolotti.
El plazo inicial previsto era de 30 días, pero dos años y medio más tarde sólo se llevan inspeccionadas 9.000 fábricas: en 350 se probó que contaminan. De esas, sólo 12 presentaron planes de reconversión , y ninguno está en marcha. Para las tareas de control, ACUMAR cuenta únicamente con 42 inspectores. Según Consuelo Bilbao, coordinadora de la Campaña de Riachuelo de Greenpeace, “esta cifra da idea de que no se puede proceder con mucha celeridad”.
Para Andrés Napoli, director del Area Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) –otra de las ONGS encargadas de controlar el saneamiento de la cuenca–, esta demora “habla de un déficit, a pesar de los constantes reclamos de las ONGS y del Juzgado Federal de Quilmes, que lleva adelante la causa”.
En 2008, la Corte dictó un fallo que provocó la creación de la ACUMAR –el organismo compuesto por representantes de la Nación, Ciudad y la Provincia de Buenos Aires– que debía trabajar sobre el plan de saneamiento. La sentencia se basó en una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en Dock Sud, afectados por los altos niveles de contaminación.
Bilbao explica que los avances son “muy lentos. Las medidas implementadas hasta ahora son aspectos ‘cosméticos’. En la cuestión de fondo no se están tomando medidas para recomponer la cuenca”. Sin embargo, el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lleva la causa, tiene un enfoque más positivo: “Lo importante es que se está haciendo, más allá de los tiempos”, le explicó a Clarín .
Además, el fallo contempla otros ejes dentro del plan. Uno es sobre otro tipo de desechos : el 65% de las viviendas de la cuenca, la mayoría en villas, no tiene cloacas y sus desechos van a parar directamente al río, sin tratamiento.
Para hacer nuevas obras –agua potable y cloacas– y construir una planta de tratamiento, se aprobó un préstamo del Banco Mundial por 640 millones de dólares. Fuentes de la empresa estatal AySA explicaron que recién a fin de año comenzarían las obras.
La Corte Suprema también dio un plazo de un año para la erradicación de los 220 basurales a cielo abierto que hay a lo largo del Riachuelo (los más grandes de la Ciudad están en Villa Lugano y Barracas). Si bien el año pasado sacaron 70 mil toneladas de basura, apenas se removieron 25 basurales. “Son ‘dinámicos’, los cierran pero vuelven a aparecer. Por eso pasan las gestiones y en vez de disminuir, cada vez hay más”, explica Bilbao.
Pero para Nápoli lo más urgente es reubicar a las personas que aún están viviendo entre los desechos, “que son quienes presentan la situación de mayor riesgo sanitario. Y aún seguimos sin saber cuántas son”.
El plomo en sangre de los habitantes de la cuenca supera los niveles máximos tolerables. Por eso aparecen las consecuencias: pérdida de peso y capacidad intelectual, trastornos en embarazos, cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel. ACUMAR debía presentar en 2008 un programa sanitario en 90 días, que nunca se llevó a cabo, y todavía sigue sin saberse el número concreto de personas en situación de emergencia.
El titular de la ACUMAR, Juan José Mussi no respondió a los pedidos de este diario para hablar sobre el plan de saneamiento. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos por La Boca criticó: “Se estará trabajando mucho, pero todo es visual. En lo profundo están los caños con residuos industriales. Es lo más grave, lo que enferma y sobre lo que no se hace nada. Con eso estamos muy en deuda”.
Se desarrolló una reunión del COFEMA
Se desarrolló una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente en Buenos Aires
Fecha de Publicación: 11/02/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
El 8 y 9 de febrero se desarrolló en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la reunión de la Secretaría Ejecutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en la que se trataron distintas temáticas.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien se hizo presente en el encuentro, expresó su compromiso para la revitalización del COFEMA. A la vez, se refirió a la necesidad de consensuar políticas para lograr acuerdos.
En tanto, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Armando Gandía, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, abrieron la reunión que contó con la participación de representantes de organismos ambientales de las regiones NOA, NEA, Patagonia, Cuyo y Centro.
En la primera jornada, se debatió sobre los manuales de educación ambiental que lanzará la Secretaría de Ambiente durante este año, bosques nativos y las conclusiones de la Asamblea sobre residuos sólidos urbanos realizada por el COFEMA a fines de 2010 en San Juan, que delineó, entre otros objetivos, la reglamentación a nivel nacional y la optimización del manejo integral de los desechos. Con relación a esto, Mussi manifestó su voluntad de generar una Estrategia Nacional de gestión de residuos (ENGIRSU).
En el último día del encuentro, Gandía presentó el programa de Desarrollo de Derivados Climáticos, que tiene como fin reducir los impactos negativos de eventos climáticos en la economía de la Argentina.
Asimismo, se abordó la situación actual y se definieron actividades en torno a las leyes de glaciares y de aguas.
Estuvieron presentes además de los funcionarios mencionados, Marcelo Zetlenok, director Nacional de Articulación Institucional de la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS; Eduardo Manghi, de la Dirección de Bosques; Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental; Sergio La Rocca, asesor de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental; Yolanda Ortíz, asesora del COFEMA y el presidente del Consejo y Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Asimismo, estuvieron presentes los representantes de los organismos ambientales de Salta, Juan Godoy y Emiliano Venier; Hugo Bay, de Formosa; Darío Mariani, de La Pampa; Oscar Echeverría, de Río Negro; Nora Martinez, de Catamarca; Viviana Rovira, de Misiones; Sebastián Presti y Mónica Casanovas de la provincia de Bs As; Omar Saá, de San Luis; Javier Corcuera, Adrián González, Damián Ingrisani y Máximo Cafici, de la ciudad de Bs As; Ariel Martínez, de Tierra del Fuego; Verónica Derna y Graciela Villanueva de Misiones.
Fecha de Publicación: 11/02/2011
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
El 8 y 9 de febrero se desarrolló en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la reunión de la Secretaría Ejecutiva del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) en la que se trataron distintas temáticas.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien se hizo presente en el encuentro, expresó su compromiso para la revitalización del COFEMA. A la vez, se refirió a la necesidad de consensuar políticas para lograr acuerdos.
En tanto, el subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales, Armando Gandía, y la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, abrieron la reunión que contó con la participación de representantes de organismos ambientales de las regiones NOA, NEA, Patagonia, Cuyo y Centro.
En la primera jornada, se debatió sobre los manuales de educación ambiental que lanzará la Secretaría de Ambiente durante este año, bosques nativos y las conclusiones de la Asamblea sobre residuos sólidos urbanos realizada por el COFEMA a fines de 2010 en San Juan, que delineó, entre otros objetivos, la reglamentación a nivel nacional y la optimización del manejo integral de los desechos. Con relación a esto, Mussi manifestó su voluntad de generar una Estrategia Nacional de gestión de residuos (ENGIRSU).
En el último día del encuentro, Gandía presentó el programa de Desarrollo de Derivados Climáticos, que tiene como fin reducir los impactos negativos de eventos climáticos en la economía de la Argentina.
Asimismo, se abordó la situación actual y se definieron actividades en torno a las leyes de glaciares y de aguas.
Estuvieron presentes además de los funcionarios mencionados, Marcelo Zetlenok, director Nacional de Articulación Institucional de la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Ambientales de la SAyDS; Eduardo Manghi, de la Dirección de Bosques; Guillermo Priotto, coordinador de la Unidad de Educación Ambiental; Sergio La Rocca, asesor de la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental; Yolanda Ortíz, asesora del COFEMA y el presidente del Consejo y Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván.
Asimismo, estuvieron presentes los representantes de los organismos ambientales de Salta, Juan Godoy y Emiliano Venier; Hugo Bay, de Formosa; Darío Mariani, de La Pampa; Oscar Echeverría, de Río Negro; Nora Martinez, de Catamarca; Viviana Rovira, de Misiones; Sebastián Presti y Mónica Casanovas de la provincia de Bs As; Omar Saá, de San Luis; Javier Corcuera, Adrián González, Damián Ingrisani y Máximo Cafici, de la ciudad de Bs As; Ariel Martínez, de Tierra del Fuego; Verónica Derna y Graciela Villanueva de Misiones.
Sali-Dulce: el Defensor del Pueblo se expide
El defensor del Pueblo de la Nación planteó el daño de la cuenca Salí-Dulce a Mussi
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán - Salta y Córdoba
Sella dijo que habrá créditos a tasa cero para los ingenios tucumanos que arrojan vinaza.
“La contaminación de la cuenca Salí-Dulce están entre los temas que más nos preocupa”, remarcó el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en diálogo con EL LIBERAL, luego del encuentro que mantuviera con el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
Sella sostuvo que le manifestó todas las acciones que se llevaron adelante tanto desde la Defensoría de la Nación como desde el Consejo de Defensores que conforman los representantes de las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Córdoba desde hace tres años.
Le detalló a Mussi las gestiones que se hicieron. “Le exigimos al Comité de Cuenca acciones concretas y consideramos que estas acciones son insuficientes y eso es lo que le transmitimos al secretario de Medio Ambiente y le pedimos que la Nación se involucre claramente en la cuestión para colaborar en la solución a los problemas”, indicó.
Sella dijo que tuvo una recepción “muy favorable” por parte del funcionario nacional que es “una persona que está muy empapada de la problemática e incluso nos comentó que estuvo considerando esta situación con el secretario de Ambiente deTucumán y con el ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur), que es tucumano”.
“Nos manifestó que hay un problema inmediato e importante en la contaminación producida por la vinaza y que hay créditos disponibles para los ingenios que producen acohol de caña –explicó- y que generan una cantidad importante de vinaza que contamina, intentando que se tomen créditos a tasa cero para tratar de elaborar un sistema de reconversión y tratamientos de los desechos”.
“Esto es algo que si bien estaba disponible desde hace un año, la Secretaría está intentando motorizar el acceso al crédito por parte de las empresas. No sabemos hoy con qué resultados, pero dentro de las funciones de la Defensoría está intentar que eso se concrete”, señaló.
Reclaman por los fondos de la Ley de Bosques
Organizaciones ambientalistas reclaman la restitución de los fondos de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fecha de Publicación: 10/02/2011
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Fundación Vida Silvestre Argentina manifestaron su profunda preocupación ante la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010.
Organizaciones ambientalistas expresan una profunda preocupación por la falta de claridad en el manejo de los fondos para la protección de los bosques.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010 , la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación “por razones operativas”. (1)
Frente a esta decisión, las organizaciones ambientalistas enviaron una carta dirigida al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, manifestando su “profunda preocupación” por la falta de claridad en el manejo de los fondos. (2)
“Sin entender ni encontrar explicaciones oficiales a este cambio de rumbo en la conformación y utilización del Fondo para la protección de los bosques y, teniendo en cuenta que varias provincias con sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos realizados ya han presentado planes de manejo forestal, y asumiendo la necesidad de las diferentes jurisdicciones de contar con un presupuesto adecuado para el control y monitoreo del cumplimiento de la Ley 26.331, es que pedimos una respuesta oficial a fin de entender cuál es el motivo de tal decisión”, afirman en la carta.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrá ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Las organizaciones advirtieron que “la partida presupuestaria asignada para el año 2010 es insuficiente y lo mismo ocurre con lo presupuestado para 2011, según lo establecido por la Ley N° 26.331. Llamando la atención sobre el riesgo al que se ponen los últimos bosques nativos del país por el incumplimiento de la Ley 26.331 por parte del Estado Nacional, en el Año Internacional de los Bosques, establecido bajo la Resolución 61/193 de la Organización de Naciones Unidas, es que pedimos se revea la medida adoptada bajo la Decisión Administrativa N° 1037 y asimismo, se proceda a conformar la totalidad del Fondo para la protección de los bosques nativos tal como la Ley 26.331 lo establece”.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas sustentables que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Vecinos se rebelan contra la minera San Jorge
Vecinos de Uspallata reaccionan tras el visto bueno a la minería
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Bioetanol: la producción aumentará un 252%
La producción de bioetanol aumentará un 252% este año
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Nacional
Se estima que se podrá alcanzar la meta de un corte de 5% con las naftas. El aporte de Tucumán continuará a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Trinidad, La Florida, La Corona y Santa Bárbara.
La Secretaría de Energía estableció los volúmenes anuales de bioetanol para incrementar la producción de biocombustibles, que este año se prevé que alcanzarán los 210.691 metros cúbicos en todo el país, lo que representará un crecimiento de 252% con relación a 2010. Lo hizo a través de la Resolución 1.673, que lleva la firma del secretario de Energía, Daniel Cameron, publicada ayer en el Boletín Oficial.
En Tucumán, la producción de bioetanol continuará exclusivamente a cargo de los ingenios Santa Rosa, La Corona, La Trinidad, La Florida y Santa Bárbara, mientras que en el plano nacional se incorporarán dos nuevos jugadores. Se autorizó a la firma Promaíz la disponibilidad de 49.200 metros cúbicos anuales de bioetanol a partir de diciembre próximo, y de 135.000 para febrero de 2012. También le dio el visto bueno a la empresa Vicentín, para producir 48.000 metros cúbicos anuales, a partir de julio del año próximo.
Las firmas autorizadas son Compañía Bioenergía Santa Rosa, Bioenergía La Corona, Alconoa, Biotrinidad, Compañía Bioenergética La Florida, Río Grande Energía, Río Ledesma, Bío San Isidro, Energías Ecológicas de Tucumán, Biomadero y Promaíz. De esta manera, este año se producirán 11.353 metros cúbicos mensuales de bioetanol hasta mayo próximo, cuando aumentarán a 14.433, para pasar en junio a 19.983. En julio esa cifra subirá a 20.483; en noviembre, a 20.563; para trepar en diciembre a 28.668 metros cúbicos de bioetanol. Los mayores montos fueron asignados a las firmas Bioledesma, integrante del grupo agropecuario Ledesma, con un cupo de 48.996 metros cúbicos; Alconoa (Tabacal) con 39.500 metros cúbicos y Compañía Bioenergética La Florida con 39.000 metros cúbicos. De esta forma, Ledesma (compañía argentina perteneciente a la familia Blaquier); Tabacal (empresa controlada por la corporación estadounidense Seabord), y el ingenio La Florida (Los Balcanes SA) concentran el 60% del cupo de 210.691 metros cúbicos de etanol asignado.
El presidente de Compañía Bioenergética La Florida, Gabriel Sustaita, ponderó el hecho de que el porcentaje de corte de bioetanol con las naftas pasará este año del 2,5% a casi el 5% a partir del aporte de los ingenios, y del 5% con la incorporación de nuevas empresas productoras del biocombustible.
Promedio
La autoridad de aplicación informará mensualmente a las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con etanol el volumen de dicho biocombustible asignado a cada una de ellas para realizar la mezcla con nafta. Para esto se tomará como base el promedio de la participación de cada una de ellas en el mercado interno del último año.
Las empresas encargadas de realizar las mezclas de nafta con bioetanol y de distribuir el combustible deberán concentrar el abastecimiento de las mezclas de nafta con bioetanol en la zona geográfica más acotada posible, acorde a las características logísticas de la empresa en particular.
Jaque dio luz verde a San Jorge
Jaque dio luz verde a San Jorge
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Mendoza
Después de 2 años, el gobernador mendocino firmó finalmente ayer la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina San Jorge y autorizó así, la explotación de cobre y oro en la localidad de Uspallata a la minera de capitales canadienses. Inmediatamente conocida la noticia comenzaron las protestas y amenazas desde algunas ONG ambientalistas en contra del proyecto, que prometieron movilizarse durante la semana por el centro mendocino y la Legislatura. El anuncio lo realizó ayer el subsecretario de Minería e Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien explicó además, que el "documento" ya se encuentra en la Legislatura Provincial para su revisión y aprobación definitiva. Asimismo, el funcionario de Jaque, explicó que "la DIA ha sido emitida con algunos condicionamientos para la empresa en cuanto al inicio de obra, planta piloto y cierre de la mina, especialmente se ha tenido en cuenta todo lo que tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales y la creación -para ese cometido- de un fondo de garantía (fideicomiso) y seguro ambiental". "Esto no es solamente terminar de explotar, sino también remediar todos los pasivos y dejar la mina como corresponde. Asimismo, Vázquez insistió que estos anuncios deben generar "tranquilidad" en los mendocinos y los sectores ambientalistas: "todos han estado ampliamente representados en esta discusión, mediante el Consejo del Ambiente", indicó el funcionario. El proyecto minero San Jorge consiste en la explotación de cobre (en un 0,47%) y Oro (0,191 gr/Tn), minerales descubiertos en la década de 1960 en la Estancia Yalguaraz, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras a unos 45 kilómetros del límite con San Juan.
El Ejecutivo local también envió a la Legislatura otro proyecto de Ley para crear la Agencia de Protección Ambiental en la órbita de la Secretaría de Ambiente.
Respaldo a la planta de residuos en Buenos Aires
Fuerte respaldo a la construcción de la planta de residuos
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Fecha de Publicación: 08/02/2011
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
Los intendentes de la Región coincidieron ayer en que el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios que recorrieron en España, se ajusta a las necesidades de un sistema que permita dejar de enterrar la basura en el predio que la Ceamse posee en Punta Lara y expresaron que, además de resolver la disposición final de los desechos, "permitirá solucionar el problema de las canteras abandonadas".
Los jefes comunales de La Plata, Pablo Bruera; Ensenada, Mario Secco; Berisso, Enrique Slezack; Brandsen, Mirta Sargiotti y Punta Indio, Héctor Equiza, acordaron además entrevistarse con vecinos y representantes de instituciones de poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que fueron a inspeccionar y que pertenecen a la empresa Sanea, una de las firmas que ganó la licitación para la puesta en marcha del proyecto Basura Cero en nuestra región.
Como se ha informado, una delegación integrada, entre otros funcionarios, por los intendentes del Consorcio Regional; el titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, José Manuel Molina y el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, viajó a Constantí, en la provincia española de Tarragona, para conocer en detalle el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de Sanea, que integra la UTE -junto con las firmas platenses Esur y MGM- ganadora de la licitación para construir una planta similar en nuestra zona.
La delegación fue recibida por el consejero delegado Joan Griñó, quien informó a los visitantes sobre los procesos de recuperación de residuos domiciliarios y las alternativas que ofrecen las tecnologías modernas.
Al finalizar la primera jornada de visita, el intendente Pablo Bruera sostuvo que la aplicación de esas tecnologías "será un gran avance para la Ciudad porque los procesos que le dan valor a los residuos es algo de lo que veníamos hablando pero que no hemos podido desarrollar hasta ahora".
Bruera expresó que "esto viene de la mano del plan de La Plata sobre reciclado que, en colaboración con la Universidad, durante estos dos últimos años ha demostrado ser de gran valor". Por su parte, Molina sostuvo que "ambientalmente el tratamiento de residuos en la planta de Sanea es el correcto" y que "estos trabajos con el compost vienen en la línea de lo que se ha planteado en la Provincia sobre la necesidad de solucionar el problema de las canteras". Como se ha informado, una parte de los residuos inorgánicos serán convertidos en bloques secos con los que se planea rellenar canteras abandonadas.
La delegación mantendrá encuentros institucionales con organismos de la Generalitat de Catalunya y otros municipios catalanes y entrevistará a vecinos de zonas aledañas a las plantas de tratamiento.
Se demora en aplicar la ley de glaciares
El Gobierno se demora en aplicar la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Fecha de Publicación: 07/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Ya se cumplió el plazo y sigue sin reglamentarla ni darle presupuesto
El Congreso la convirtió en ley, el Gobierno la vetó, el Congreso la volvió a convertir en ley, y ahora duerme en un cajón oficial esperando que la reglamenten. Si el azar tuviera algo que ver en esto, se podría pensar que la ley de glaciares nació sin suerte, aunque las leyes casi nunca dependen del azar.
Es que a fines de enero venció el plazo de 90 días para reglamentar la ley que busca proteger las áreas periglaciares y sus cursos de agua de la contaminación que provoca la minería. Por lo tanto, el futuro de la norma es incierto.
La demora es más grave porque, además, el Gobierno no asignó los fondos para inventariar los glaciares, una tarea previa ineludible que sólo se puede hacer en verano. "Si no se empieza ya mismo el relevamiento, se les regala un año más a las mineras", alertó el vocero de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, al recordar que inventariar los glaciares es el paso obligado antes de auditar los yacimientos ubicados en esas zonas.
En diciembre, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) cumplió su parte y entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación un listado de áreas prioritarias donde debían inventariarse los glaciares, pero desde entonces el Poder Ejecutivo guarda silencio.
No es el primer inconveniente que enfrenta la ley de glaciares. Una primera versión fue vetada en 2008 por la presidenta Cristina Kirchner. El Congreso insistió (con apoyo incluso de algunos kirchneristas) y sancionó una ley similar en septiembre de 2010. En noviembre, sin embargo, cámaras y sindicatos mineros de San Juan consiguieron, mediante un amparo, que la justicia provincial suspendiera los artículos decisivos de la norma en ese distrito. Poco después, el mismo juez aceptó una medida cautelar de dos mineras que pidieron la inconstitucionalidad de la ley.
Según el proceso habitual en estos casos, la Procuraduría del Tesoro (los abogados que representan al Gobierno) debía apelar en las dos causas, pero en el organismo no respondieron las llamadas de La Nacion solicitando esa información. Tampoco lo hizo la justicia sanjuanina.
Críticas de la oposición
Para los ecologistas, los procesos abiertos en San Juan no son excusa: toman como punto de comparación la ley de medios que el Poder Ejecutivo reglamentó y empezó a aplicar a pesar de los múltiples amparos que hay en su contra. También la oposición, que batalló el tema en el Congreso, hizo oír su reclamo.
"La Presidenta está violando la ley, que impone obligaciones presupuestarias y de reglamentación. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, no decide si las cumple o no", se quejó Federico Pinedo, jefe del bloque Pro de Diputados.
Desde el Senado, el titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, apuntó al rechazo que siempre mostró el Gobierno en el tema. "La presión de las mineras fue muy fuerte para que vetaran la ley en 2008, espero que ahora no hayan vuelto a ceder y por eso no la reglamenten", sugirió suspicaz.
"Esto muestra el poco interés y compromiso del Gobierno en el cuidado del medio ambiente", se sumó el diputado Adrián Pérez (CC).
El gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, dijo que ellos también esperan la reglamentación, pero supuso que la demora podría obedecer a los cambios en la Secretaría de Ambiente con la asunción de Juan José Mussi en reemplazo de Homero Bibiloni, aunque tampoco descartaban que la demora respondiera a que "no es fácil de reglamentar una ley con conceptos que no están claros o son imprecisos". Sea cual fuere el motivo, la ley para proteger a los glaciares todavía no se puso en marcha.
Minería de Litio: polémica por el efecto ambiental
Polémica por el efecto ambiental
Fecha de Publicación: 06/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
Como toda actividad minera, la extracción de litio reaviva la polémica en torno de su impacto ambiental: de un lado están aquellos que afirman que es nociva para el ecosistema, y del otro, los que afirman que es mínima la modificación ambiental que provoca. La extracción de este mineral se hace por evaporación y, por ende, a cielo abierto. Se trata de un proceso que lleva varias etapas: se extrae la salmuera con una bomba, se la conduce por tuberías hasta grandes piletas y allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol. En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio. Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar y se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo.
"Es uno de los procesos más limpios que hay dentro de la minería, ya que no se agrega ningún elemento contaminante para separar el litio, sino que éste se obtiene por evaporación", explica Verónica Geipel, responsable ambiental de Exar.
Jorge Mamani, representante del pueblo colla de Jujuy en el Consejo de Participación Indígena, se opone al litio. "Toda actividad que perfore la tierra y extraiga sus componentes produce un impacto en el ambiente. No está bien demostrado que no va a contaminar la poca agua dulce que hay en la Puna."
Geipel responde que el agua de las salinas no es apta para el consumo humano ni animal, y que tampoco permite que se desarrolle allí la agricultura. "El agua que evaporamos en el proceso luego vuelve en forma de lluvia", comenta. Y niega que se dañen las reservas de agua dulce de las cercanías.
Armando Alvarez, de un grupo de pequeños productores mineros, que extraen roca de aplicación (ónix), dice que no hay nada que pruebe que los acuíferos de agua dulce no serán contaminados. "La del litio de una actividad nueva y no existe control suficiente sobre ella."
Desde Exar afirman que las autoridades provinciales aprobaron su estudio de impacto ambiental. Roger Moreau es uno de los vecinos autoconvocados de Tilcara que se opone a que se extraiga el litio sin que antes haya un estudio certero de que no se dañará el ambiente. "Si bien no tengo la prueba para comprobarlo ante la Justicia, tengo una presunción de que se puede contaminar un recurso vital."
"Deberían usar otra tecnología que no afecte a las comunidades", dice Mamani. "Pero es costosísima", acota Alvarez, que califica de bajas las regalías que pagan las empresas. No obstante, algunas comunidades indígenas firmaron acuerdos que permiten la explotación de litio en Susques.
Fecha de Publicación: 06/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Jujuy
Como toda actividad minera, la extracción de litio reaviva la polémica en torno de su impacto ambiental: de un lado están aquellos que afirman que es nociva para el ecosistema, y del otro, los que afirman que es mínima la modificación ambiental que provoca. La extracción de este mineral se hace por evaporación y, por ende, a cielo abierto. Se trata de un proceso que lleva varias etapas: se extrae la salmuera con una bomba, se la conduce por tuberías hasta grandes piletas y allí sigue sus diferentes puntos de evaporación por efecto del sol. En cada estadio se precipitan materiales hasta llegar al punto en el que se logra la mayor concentración de litio. Entonces se separa este metal del agua que quedó sin evaporar y se pasa a su elaboración en planta, donde se lo termina en forma de polvo.
"Es uno de los procesos más limpios que hay dentro de la minería, ya que no se agrega ningún elemento contaminante para separar el litio, sino que éste se obtiene por evaporación", explica Verónica Geipel, responsable ambiental de Exar.
Jorge Mamani, representante del pueblo colla de Jujuy en el Consejo de Participación Indígena, se opone al litio. "Toda actividad que perfore la tierra y extraiga sus componentes produce un impacto en el ambiente. No está bien demostrado que no va a contaminar la poca agua dulce que hay en la Puna."
Geipel responde que el agua de las salinas no es apta para el consumo humano ni animal, y que tampoco permite que se desarrolle allí la agricultura. "El agua que evaporamos en el proceso luego vuelve en forma de lluvia", comenta. Y niega que se dañen las reservas de agua dulce de las cercanías.
Armando Alvarez, de un grupo de pequeños productores mineros, que extraen roca de aplicación (ónix), dice que no hay nada que pruebe que los acuíferos de agua dulce no serán contaminados. "La del litio de una actividad nueva y no existe control suficiente sobre ella."
Desde Exar afirman que las autoridades provinciales aprobaron su estudio de impacto ambiental. Roger Moreau es uno de los vecinos autoconvocados de Tilcara que se opone a que se extraiga el litio sin que antes haya un estudio certero de que no se dañará el ambiente. "Si bien no tengo la prueba para comprobarlo ante la Justicia, tengo una presunción de que se puede contaminar un recurso vital."
"Deberían usar otra tecnología que no afecte a las comunidades", dice Mamani. "Pero es costosísima", acota Alvarez, que califica de bajas las regalías que pagan las empresas. No obstante, algunas comunidades indígenas firmaron acuerdos que permiten la explotación de litio en Susques.
A dar explicaciones por el trabajo infrahumano
A dar explicaciones por el trabajo infrahumano
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”. Por ahora, no irán presos.
La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”, tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron “el mismo modus operandi denunciado” en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, “porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días”. Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil “empleados temporales” dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen “rotundo”, según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
“La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe.
Por las precarias condiciones “de habitabilidad”, se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. “Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.”, señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. “Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres”, señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, “cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos”.
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. “No damos abasto con los inspectores”, admitieron.
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”. Por ahora, no irán presos.
La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de “trata de personas” y “reducción a servidumbre”, tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron “el mismo modus operandi denunciado” en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, “porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días”. Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil “empleados temporales” dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen “rotundo”, según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
“La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe.
Por las precarias condiciones “de habitabilidad”, se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. “Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.”, señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. “Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres”, señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, “cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos”.
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. “No damos abasto con los inspectores”, admitieron.
Reservas naturales al servicio del hombre
Las reservas naturales al servicio del hombre
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son enormes fuentes de agua potable, bancos genéticos de alimentos y componentes para el desarrollo medicinal; además, aumentan las poblaciones de peces
¿Qué relación tiene la vida cotidiana con las áreas naturales protegidas? Aunque muchas personas crean que poca, no es así. Sólo para empezar se puede decir que en la Argentina el 41% de la energía hidroeléctrica se origina en tres parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Esto representa el 17% de la energía eléctrica del país.
Las áreas protegidas también son enormes bancos genéticos de alimentos: los recursos genéticos son imprescindibles para asegurar la producción de alimentos frente a las modificaciones que los ambientes sufren a causa de las alteraciones climáticas.
Estos lugares también sirven de protección de comunidades originarias y ni qué hablar de los servicios que proveen a la hora de evaluar la importancia para el turismo. Sin embargo, el presupuesto que se destina a proteger estos territorios es ínfimo.
Un área protegida es una porción de territorio o mar manejada con normas que garantizan la protección de sus recursos naturales y culturales. La categoría más conocida es la de parque nacional, pero existen otras como reservas naturales estrictas, parques provinciales, reservas privadas, monumentos naturales, reservas educativas y/o urbanas, reservas municipales, entre otras.
"Las áreas protegidas están tomando importancia a nivel internacional. El objetivo es mostrar que lejos de ser un gasto representan una inversión para los gobiernos", explica María José Pacha, de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
Pacha se refiere al último acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, en donde líderes mundiales aprobaron medidas claves para proteger la biodiversidad. Entre esos puntos establecieron aumentar para 2020 a 17% el territorio que debe ser protegido por los estados firmantes.
Actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegida. A la vez, sólo un 20% de estas áreas se encuentra con un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación, según la información proporcionada por FVSA. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos. "Por último, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país. Por ejemplo, los bosques andino patagónicos cuentan con un 35% de la superficie protegida, mientras que el pastizal pampeano apenas tiene un 1,02% protegido, el Chaco húmedo un 3,2% y el Mar Argentino un 0,85", indicaron en la ONG.
Bienes y servicios ambientales
La generación de ingresos no compensa la degradación del capital natural. Por ejemplo, según el Indec, en 2009 se generaron 330.000 millones de pesos gracias al agro, la explotación forestal, la pesca y el turismo. Estos, claramente, son bienes y servicios ambientales prestados por la naturaleza. En 2010 el presupuesto para la Administración de Parques Nacionales (APN) fue de unos 212 millones de pesos.
"Esa valoración de estos beneficios directos no están contemplados. En las provincias no existe y en el caso de APN es una asignatura pendiente destacando que el Estado nacional hace un esfuerzo impresionante para el mantenimiento del sistema. Por eso surge la pregunta de quién debería aportar para que esa recaudación aumente y cómo incorporar el manejo de los parques y reservas según a quién uno imagine que le cobrará. Tenemos que tener responsabilidad de funcionarios y ser precavidos en los montos que se establecen ya que se podrían resignar cuestiones sociales importantísimas. Tal vez se podrían incorporar a las empresas que tienen concesiones dentro de los parques incorporar cánones por los servicios ambientales que se deben proteger, como por ejemplo a las concesiones hidroeléctricas. Es un tema complejo, pero pendiente", detalló Raúl Chiesa vocal de la APN.
"En la Argentina estamos bien atrás. No hay ningún esquema de pago por servicios ambientales que esté implementado. Un claro ejemplo es la instrumentación de ley de presupuestos mínimos de protección de bosques: no encontramos ni un solo peso de aplicación concreta que haya llegado a manos de un particular", dijo Carina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Respecto de la denominada ley de bosques, se establece que se pagará (sea el Estado o un particular) a quien conserve áreas con vegetación al tiempo que determina que cada provincia debe hacer un ordenamiento territorial para evitar el avance descontrolado del desmonte. Sin embargo, aunque la norma establece que se destinará al fondo de protección el 0,3% del presupuesto nacional" y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración, entre otros. Esto significa que deberían asignarse más de 1200 millones de pesos. La administración nacional dispuso que se destinaran $300 millones.
En otros países, como Perú, ya existen los esquemas de compensación. Sólo como para tener una idea, se determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía de ese país alcanzaba los 10.000 millones de dólares. En 2009 ese guarismo llevó a que la administración peruana aumentara el 200% el presupuesto destinado a las áreas protegidas.
Fecha de Publicación: 05/02/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Son enormes fuentes de agua potable, bancos genéticos de alimentos y componentes para el desarrollo medicinal; además, aumentan las poblaciones de peces
¿Qué relación tiene la vida cotidiana con las áreas naturales protegidas? Aunque muchas personas crean que poca, no es así. Sólo para empezar se puede decir que en la Argentina el 41% de la energía hidroeléctrica se origina en tres parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces. Esto representa el 17% de la energía eléctrica del país.
Las áreas protegidas también son enormes bancos genéticos de alimentos: los recursos genéticos son imprescindibles para asegurar la producción de alimentos frente a las modificaciones que los ambientes sufren a causa de las alteraciones climáticas.
Estos lugares también sirven de protección de comunidades originarias y ni qué hablar de los servicios que proveen a la hora de evaluar la importancia para el turismo. Sin embargo, el presupuesto que se destina a proteger estos territorios es ínfimo.
Un área protegida es una porción de territorio o mar manejada con normas que garantizan la protección de sus recursos naturales y culturales. La categoría más conocida es la de parque nacional, pero existen otras como reservas naturales estrictas, parques provinciales, reservas privadas, monumentos naturales, reservas educativas y/o urbanas, reservas municipales, entre otras.
"Las áreas protegidas están tomando importancia a nivel internacional. El objetivo es mostrar que lejos de ser un gasto representan una inversión para los gobiernos", explica María José Pacha, de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).
Pacha se refiere al último acuerdo alcanzado en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, en donde líderes mundiales aprobaron medidas claves para proteger la biodiversidad. Entre esos puntos establecieron aumentar para 2020 a 17% el territorio que debe ser protegido por los estados firmantes.
Actualmente en la Argentina, sólo el 7,7% (214.969 kilómetros cuadrados) de la superficie continental se encuentra protegida. A la vez, sólo un 20% de estas áreas se encuentra con un nivel aceptable de manejo, mientras que el 57% cuenta con nulo nivel de implementación, según la información proporcionada por FVSA. Por otro lado, la superficie de mar y costas con algún grado de protección representa el 0,85% (7927 kilómetros cuadrados). Se estima que de las 45 áreas marino-costeras protegidas, el 80% no cuenta con recursos para cumplir sus objetivos básicos. "Por último, el nivel de protección no es parejo en todas las ecorregiones del país. Por ejemplo, los bosques andino patagónicos cuentan con un 35% de la superficie protegida, mientras que el pastizal pampeano apenas tiene un 1,02% protegido, el Chaco húmedo un 3,2% y el Mar Argentino un 0,85", indicaron en la ONG.
Bienes y servicios ambientales
La generación de ingresos no compensa la degradación del capital natural. Por ejemplo, según el Indec, en 2009 se generaron 330.000 millones de pesos gracias al agro, la explotación forestal, la pesca y el turismo. Estos, claramente, son bienes y servicios ambientales prestados por la naturaleza. En 2010 el presupuesto para la Administración de Parques Nacionales (APN) fue de unos 212 millones de pesos.
"Esa valoración de estos beneficios directos no están contemplados. En las provincias no existe y en el caso de APN es una asignatura pendiente destacando que el Estado nacional hace un esfuerzo impresionante para el mantenimiento del sistema. Por eso surge la pregunta de quién debería aportar para que esa recaudación aumente y cómo incorporar el manejo de los parques y reservas según a quién uno imagine que le cobrará. Tenemos que tener responsabilidad de funcionarios y ser precavidos en los montos que se establecen ya que se podrían resignar cuestiones sociales importantísimas. Tal vez se podrían incorporar a las empresas que tienen concesiones dentro de los parques incorporar cánones por los servicios ambientales que se deben proteger, como por ejemplo a las concesiones hidroeléctricas. Es un tema complejo, pero pendiente", detalló Raúl Chiesa vocal de la APN.
"En la Argentina estamos bien atrás. No hay ningún esquema de pago por servicios ambientales que esté implementado. Un claro ejemplo es la instrumentación de ley de presupuestos mínimos de protección de bosques: no encontramos ni un solo peso de aplicación concreta que haya llegado a manos de un particular", dijo Carina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Respecto de la denominada ley de bosques, se establece que se pagará (sea el Estado o un particular) a quien conserve áreas con vegetación al tiempo que determina que cada provincia debe hacer un ordenamiento territorial para evitar el avance descontrolado del desmonte. Sin embargo, aunque la norma establece que se destinará al fondo de protección el 0,3% del presupuesto nacional" y el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración, entre otros. Esto significa que deberían asignarse más de 1200 millones de pesos. La administración nacional dispuso que se destinaran $300 millones.
En otros países, como Perú, ya existen los esquemas de compensación. Sólo como para tener una idea, se determinó que el aporte de las áreas protegidas a la economía de ese país alcanzaba los 10.000 millones de dólares. En 2009 ese guarismo llevó a que la administración peruana aumentara el 200% el presupuesto destinado a las áreas protegidas.
Ley de Bosques: Preocupante manejo de fondos
Preocupante manejo de los fondos de la Ley de Bosques
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace manifestó su profunda preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010. La falta de distribución de fondos deja a las provincias sin presupuesto para el control de los desmontes ilegales. No hay explicaciones oficiales.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación.
“Esta decisión es poco transparente y es alarmante que aún no se hayan dado explicaciones oficiales. El manejo de los fondos de la Ley de Bosques resulta muy preocupante teniendo en cuenta que varias provincias que ya finalizaron sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos han acordado con los titulares de bosques nativos el financiamiento de planes de conservación y manejo forestal. Además necesitan contar con un presupuesto adecuados”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace advirtió que esta “sorprendente decisión” se tomó a pesar de que los fondos asignados durante 2010 fueron un tercio de lo que la propia Ley de Bosques establece, y que los de 2011 se repiten y vuelven a ser insuficientes ante la falta de Ley de Presupuesto.
“A fines del año pasado reclamamos que el Fondo previsto por la Ley de Bosques reciba la partida presupuestaria que corresponde. Hoy a este pedido debemos sumarle que el poco presupuesto destinado a los bosques en 2010 sea distribuido entre las provincias para el manejo sustentable de los bosques y el control de los desmontes”, agregó Giardini.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Fecha de Publicación: 04/02/2011
Fuente: Portal Contacto Político
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista Greenpeace manifestó su profunda preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa que dejó sin efecto la asignación y distribución de los fondos de la Ley de Bosques correspondientes al año 2010. La falta de distribución de fondos deja a las provincias sin presupuesto para el control de los desmontes ilegales. No hay explicaciones oficiales.
La partida presupuestaria destinada a sustanciar el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” del año 2010 (cerca de $ 300 millones) fue distribuida en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) el 15 de diciembre de 2010 y rubricada por la Decisión Administrativa 926/2010 del día 29 del mismo mes y año. Sólo un día después, el 30 de diciembre, y mediante la Decisión Administrativa 1037/2010, la Jefatura de Gabinete de la Nación dio marcha atrás con dicha asignación.
“Esta decisión es poco transparente y es alarmante que aún no se hayan dado explicaciones oficiales. El manejo de los fondos de la Ley de Bosques resulta muy preocupante teniendo en cuenta que varias provincias que ya finalizaron sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos han acordado con los titulares de bosques nativos el financiamiento de planes de conservación y manejo forestal. Además necesitan contar con un presupuesto adecuados”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace advirtió que esta “sorprendente decisión” se tomó a pesar de que los fondos asignados durante 2010 fueron un tercio de lo que la propia Ley de Bosques establece, y que los de 2011 se repiten y vuelven a ser insuficientes ante la falta de Ley de Presupuesto.
“A fines del año pasado reclamamos que el Fondo previsto por la Ley de Bosques reciba la partida presupuestaria que corresponde. Hoy a este pedido debemos sumarle que el poco presupuesto destinado a los bosques en 2010 sea distribuido entre las provincias para el manejo sustentable de los bosques y el control de los desmontes”, agregó Giardini.
De acuerdo al artículo 31 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el fondo no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional, a lo que deberá sumarse el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. Según esta normativa, por lo tanto, los fondos deberían ascender a más de 1.000 millones de pesos.
Dicho fondo se debe distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos bajo los criterios de la Ley 26.331. El 30% del mismo estará destinado a fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques, y el 70% restante tiene como objetivo compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación y manejo sostenible.
El 28 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos en forma participativa, obliga a hacer un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte, exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
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