Vecinos se rebelan contra la minera San Jorge
19:46 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Vecinos de Uspallata reaccionan tras el visto bueno a la minería
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
Fecha de Publicación: 09/02/2011
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Los uspallatinos autoconvocados anunciaron que intentarán frenar con protestas “en la calle” a la minera San Jorge, autorizada por Celso Jaque. La ecologista Oikos acudirá otra vez a la Justicia.
Organizaciones ecologistas y los vecinos de Uspallata que se oponen a la instalación de la minera San Jorge reaccionaron duro el día después de conocida la autorización del gobernador Celso Jaque para que se pueda explotar cobre en la zona.
Eduardo Sosa, de la organización defensora del ambiente Oikos, anticipó que en los próximos días podría acudir a la Justicia “a través de un amparo o bien con una acción procesal ante la Suprema Corte de Justicia” para frenar el avance de la minera ya que, según entiende, “la declaración de impacto ambiental firmada por el Ejecutivo no habría subsanado todos los vicios administrativos que tiene el expediente”.
Por su parte los vecinos autoconvocados de Uspallata, el grupo de uspallatinos que militaron durante los últimos dos años en contra de San Jorge, emitió un comunicado en donde lanza la advertencia de “salir a la calle para detener a la minera” ya que “proyectos perjudiciales como éste no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos”.
Ayer el Gobierno finalmente firmó la autorización para la extracción de cobre en Uspallata tras un largo y controvertido proceso que ahora pasa a la Legislatura. “Será una autorización con condicionamientos”, expresó el subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, durante el anuncio de la firma de la declaración de impacto ambiental que será enviada a la Legislatura, en donde le espera un largo debate.
Las exigencias impuestas por las autoridades mineras y ambientalistas de la provincia están relacionadas con el informe final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), que se conoció a fines de diciembre pasado y que estableció, entre otros puntos, la obligatoriedad de que toda la superficie del proyecto donde se depositará el dique de colas (unas 800 hectáreas) sea protegida con al menos una doble barrera impermeable, con sensores de alerta temprana, para evitar contaminaciones. La empresa, para cumplir este objetivo, deberá hacer una inversión millonaria.
Además se impuso la realización de una etapa piloto y la formación de varios fondos. Uno de ellos de garantías para las operaciones de cierre de la mina (una vez concluida la extracción del mineral) y otro de “compensación socioambiental” en el que aportarán la Comuna de Las Heras, la propia empresa y el Gobierno.
“Hay que ver cómo se constituyen estos fondos, porque las empresas por lo general contratan un seguro de caución simple que luego no cubre los gastos en caso de grandes catástrofes”, advirtió Sosa, anticipando la presentación judicial que se terminaría realizando durante los próximos días, luego de que la DIA sea publicada en el Boletín Oficial y antes de los diez días corridos desde esa publicación.
Este es el segundo intento de Oikos por frenar el proceso en tribunales. En diciembre ya había denunciado penalmente a funcionarios y empresarios por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el primer caso, y de “ falsedad ideológica”, en el segundo.
“Yo creo que vamos a ir a juicio, si es que la DIA, como pensamos, no tiene lo que tiene que tener”, argumentó Sosa, quien dijo que se evaluará un aspecto clave: si quedó resuelta o no la “incertidumbre científica” acerca de si la cuenca del arroyo El Tigre es abierta o no. “Si lo es –explicó Sosa– deberían intervenir todos los municipios de la cuenca y no sólo Las Heras”, como se habría establecido.
Postura vecinal
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Uspallata calificaron de “vergonzosa” la aprobación de San Jorge y denunciaron que su ratificación “es parte del modelo extractivo minero agroexportador que imponen desde la Nación”.
Y concluye: “Sabemos que proyectos perjudiciales como éste, que no contribuyen al desarrollo de nadie más que de algunos bolsillos corruptos, no se detienen en circos burocráticos y fachadas de representación sino en la calle. Y es ahí donde se detendrá San Jorge”.
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