Botnia: Polémica por los científicos
21:30 | 
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Polémica por los científicos que controlarán las papeleras
Fecha de Publicación: 28/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Fiel a su twitterpromesa de dar a conocer la composición del comité científico nacional que va a monitorear Botnia y el Río Uruguay antes de viajar el lunes a Montevideo, el canciller Héctor Timerman reveló ayer los nombres de los dos argentinos que integrarán el comité de monitoreo binacional sobre la ex Botnia y el río Uruguay.
Se trata del licenciado en Zoología y Ecología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Carlos Colombo, y del ingeniero Guillermo Esteban Lyons.
Fueron propuestos para integrar el comité por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Antes coordinaron ambos los trabajos del equipo científico que estudió el agua y el aire en la zona de influencia de Botnia y presentó lo hallado como alegato ante la Corte Internacional de La Haya Entre los asambleístas hubo reacciones dispares sobre esa designación.
En general, asombro frente al nombramiento de Lyons, desaliento por no haber designado a ninguno de los científicos propuestos por la Asamblea y reconocimiento de la talla profesional de los nombrados.
“De Colombo tenemos referencias y se conoce su trabajo. Pero lo de Lyons me sorprende”, señaló a Clarín el abogado Osvaldo Fernández.
Es que los asambleístas esperaban que uno de los dos elegidos fuera, por un lado, propuesto por ellos, y por otro, especialista en temas de celulosa. Otras opiniones: Gustavo Rivollier emitió una opinión más moderada: “es cierto, no son los científicos que propusimos, pero ambos tienen antecedentes suficientes para estar al frente de esta tarea ” y “conocen sobradamente la problemática de la región”.
Luis Leissa, otro asambleísta histórico, fue más duro. De Colombo -Master en Ciencias y Doctor en Oceanografía (Química) por la Universidad de Quebec, Canadá- transmite solidez técnica, dijo: “Cuando Timerman y él nos mostraron las pruebas que produjeron para Argentina ante La Haya, vimos que realmente demostraban contaminación”. Pero “nos prometió, el canciller, que Colombo vendría a Gualeguaychú a explicar tales pruebas y jamás vino; también iba a viajar Timerman y no lo ha hecho. Nos pidieron dos nombres de científicos para integrar el comité y no tomaron ninguno. Entonces, sentimos desazó n al ver que no son serios con nosotros”, agregó.
Si el nombre que se pronuncia es el de Lyons, la opinión de Leissa va todavía más allá.
Los asambleístas se quejaron por la falta de cumplimiento de otras promesas que les hizo Timerman cuando los recibió.
Por ejemplo, recordaron que Lyons es el responsable del Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que desde sus inicios “ funcionó a medias y actualmente es una incógnita (nadie sabe si continúa o no)”. Otro punto que critican es que el contrato de trabajo con científicos de la UBA que lograron la mayor parte de las pruebas de contaminación aérea de Botnia cesó en mayo y no ha sido renovado. Además, la cámara de video que prometió el Gobierno colocar para vigilancia de Botnia las 24 horas nunca se instaló y el equipamiento de laboratorio específico que se adquirió para este Plan está comprado y guardado en una oficina de Gualeguaychú.
“Lyons tiene que ver con todas estas promesas sin cumplir y no se mostró nunca comprometido con el Plan de Vigilancia, pese a ser el titular. Es más, siempre fue justificatorio de lo que no se hacía”, rotuló Leissa como conclusion de los nombramientos de Timerman, mientras preparan el reinicio del corte parcial para mañana.
Fecha de Publicación: 28/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Fiel a su twitterpromesa de dar a conocer la composición del comité científico nacional que va a monitorear Botnia y el Río Uruguay antes de viajar el lunes a Montevideo, el canciller Héctor Timerman reveló ayer los nombres de los dos argentinos que integrarán el comité de monitoreo binacional sobre la ex Botnia y el río Uruguay.
Se trata del licenciado en Zoología y Ecología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Carlos Colombo, y del ingeniero Guillermo Esteban Lyons.
Fueron propuestos para integrar el comité por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Antes coordinaron ambos los trabajos del equipo científico que estudió el agua y el aire en la zona de influencia de Botnia y presentó lo hallado como alegato ante la Corte Internacional de La Haya Entre los asambleístas hubo reacciones dispares sobre esa designación.
En general, asombro frente al nombramiento de Lyons, desaliento por no haber designado a ninguno de los científicos propuestos por la Asamblea y reconocimiento de la talla profesional de los nombrados.
“De Colombo tenemos referencias y se conoce su trabajo. Pero lo de Lyons me sorprende”, señaló a Clarín el abogado Osvaldo Fernández.
Es que los asambleístas esperaban que uno de los dos elegidos fuera, por un lado, propuesto por ellos, y por otro, especialista en temas de celulosa. Otras opiniones: Gustavo Rivollier emitió una opinión más moderada: “es cierto, no son los científicos que propusimos, pero ambos tienen antecedentes suficientes para estar al frente de esta tarea ” y “conocen sobradamente la problemática de la región”.
Luis Leissa, otro asambleísta histórico, fue más duro. De Colombo -Master en Ciencias y Doctor en Oceanografía (Química) por la Universidad de Quebec, Canadá- transmite solidez técnica, dijo: “Cuando Timerman y él nos mostraron las pruebas que produjeron para Argentina ante La Haya, vimos que realmente demostraban contaminación”. Pero “nos prometió, el canciller, que Colombo vendría a Gualeguaychú a explicar tales pruebas y jamás vino; también iba a viajar Timerman y no lo ha hecho. Nos pidieron dos nombres de científicos para integrar el comité y no tomaron ninguno. Entonces, sentimos desazó n al ver que no son serios con nosotros”, agregó.
Si el nombre que se pronuncia es el de Lyons, la opinión de Leissa va todavía más allá.
Los asambleístas se quejaron por la falta de cumplimiento de otras promesas que les hizo Timerman cuando los recibió.
Por ejemplo, recordaron que Lyons es el responsable del Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que desde sus inicios “ funcionó a medias y actualmente es una incógnita (nadie sabe si continúa o no)”. Otro punto que critican es que el contrato de trabajo con científicos de la UBA que lograron la mayor parte de las pruebas de contaminación aérea de Botnia cesó en mayo y no ha sido renovado. Además, la cámara de video que prometió el Gobierno colocar para vigilancia de Botnia las 24 horas nunca se instaló y el equipamiento de laboratorio específico que se adquirió para este Plan está comprado y guardado en una oficina de Gualeguaychú.
“Lyons tiene que ver con todas estas promesas sin cumplir y no se mostró nunca comprometido con el Plan de Vigilancia, pese a ser el titular. Es más, siempre fue justificatorio de lo que no se hacía”, rotuló Leissa como conclusion de los nombramientos de Timerman, mientras preparan el reinicio del corte parcial para mañana.
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El monitoreo en el centro de la escena
El monitoreo en el centro de la escena
Fecha de Publicación: 27/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El canciller dará a conocer hoy a los científicos que realizarán el monitoreo al río Uruguay y que el lunes, con Almagro, pondrán en marcha el control. Los ambientalistas discuten algunos de los nombres trascendidos.
El canciller Héctor Timerman anunció que hoy dará a conocer los nombres de los miembros del comité científico argentino que trabajarán junto a sus pares uruguayos para el monitoreo de la pastera UPM (ex Botnia) y del río Uruguay. El funcionario consideró además “injustos” los nuevos cortes anunciados por los manifestantes de Gualeguaychú, tras la asamblea ampliada en donde el pasado miércoles decidieron realizar caravanas para bloquear el tránsito de la Ruta 136 durante todos los domingos de septiembre. El canciller también confirmó que el lunes viajará a Montevideo para reunirse con su par oriental, Luis Almagro, y que allí comenzará el monitoreo binacional acordado entre los presidentes de la Argentina y Uruguay.
“Ya tenemos decidido quiénes van a ser los miembros del comité científico. Mañana (por hoy) en un comunicado los daremos a conocer con sus antecedentes científicos”, señaló Timerman, tras participar de una conferencia en el hotel Alvear. Tal como lo había adelantado ayer por la mañana en Twitter, el canciller anunció que viajará al Uruguay el próximo lunes, y que “desde ese momento comienzan a funcionar el comité científico y el monitoreo”, precisó.
Según pudo saber Página/12, los nombres de los argentinos que integrarán el comité fueron aprobados el martes por la presidenta Cristina Fernández. El doctor Juan Carlos Colombo, que trabajó en los estudios presentados como prueba de la demanda argentina ante el Tribunal de La Haya, es casi un número puesto para formar parte del tándem. La presencia de Colombo en el comité sería una buena señal para los ambientalistas, que confían en el trabajo que desarrolló al frente de los equipos científicos de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, que corroboraron la alteración del medio ambiente por parte de la pastera finlandesa. Pese a ello, en la ciudad entrerriana se quejaron de que ni Elías Matta ni Marcelo Conti, los especialistas en medio ambiente propuestos por la asamblea, hayan sido tenidos en cuenta para integrar el grupo que tomará las muestras en UPM.
Otro de los factores que en las últimas horas cargaron de incertidumbre a los activistas fue la confirmación por parte de Uruguay de que uno de los científicos que actuará en el comité será el ingeniero Eugenio Lorenzo. Especialista en ingeniería hidráulica, Lorenzo dejó la titularidad de la delegación oriental dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para poder sumarse al grupo que realizará los monitoreos. Lorenzo es además técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (Dinama) y participó de las negociaciones con la Argentina sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay. En Gualeguaychú no sólo critican su tarea en la CARU, sino que no olvidan que Lorenzo fue uno de los que plasmó su firma en el informe ambiental que autorizó a la ex Botnia a entrar en funcionamiento. Varios de los consultados por este diario interpretaban que el movimiento tiene que ver con una solapada intención de Uruguay de “embarrar” el monitoreo bilateral.
Por otra parte, al ser consultado por la decisión de los asambleístas de retomar las medidas sobre la Ruta 136 mediante caravanas que obstruyan el tránsito por algunas horas, Timerman consideró la medida “injusta”. “Ya tenemos un acuerdo con el Uruguay por medio del cual los científicos argentinos van a entrar a Botnia y habrá un monitoreo total y absoluto no sólo de la pastera, sino de todo el río”, argumentó el titular del Palacio San Martín. “Yo me ocupé de resolver el tema Botnia. El corte no es responsabilidad mía”, respondió Timerman, quien descartó tener un nuevo encuentro con los asambleístas. En tanto, desde la otra orilla, la subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte consideró que la medida de fuerza que adoptarán los asambleístas “no es una buena noticia”.
Fecha de Publicación: 27/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
El canciller dará a conocer hoy a los científicos que realizarán el monitoreo al río Uruguay y que el lunes, con Almagro, pondrán en marcha el control. Los ambientalistas discuten algunos de los nombres trascendidos.
El canciller Héctor Timerman anunció que hoy dará a conocer los nombres de los miembros del comité científico argentino que trabajarán junto a sus pares uruguayos para el monitoreo de la pastera UPM (ex Botnia) y del río Uruguay. El funcionario consideró además “injustos” los nuevos cortes anunciados por los manifestantes de Gualeguaychú, tras la asamblea ampliada en donde el pasado miércoles decidieron realizar caravanas para bloquear el tránsito de la Ruta 136 durante todos los domingos de septiembre. El canciller también confirmó que el lunes viajará a Montevideo para reunirse con su par oriental, Luis Almagro, y que allí comenzará el monitoreo binacional acordado entre los presidentes de la Argentina y Uruguay.
“Ya tenemos decidido quiénes van a ser los miembros del comité científico. Mañana (por hoy) en un comunicado los daremos a conocer con sus antecedentes científicos”, señaló Timerman, tras participar de una conferencia en el hotel Alvear. Tal como lo había adelantado ayer por la mañana en Twitter, el canciller anunció que viajará al Uruguay el próximo lunes, y que “desde ese momento comienzan a funcionar el comité científico y el monitoreo”, precisó.
Según pudo saber Página/12, los nombres de los argentinos que integrarán el comité fueron aprobados el martes por la presidenta Cristina Fernández. El doctor Juan Carlos Colombo, que trabajó en los estudios presentados como prueba de la demanda argentina ante el Tribunal de La Haya, es casi un número puesto para formar parte del tándem. La presencia de Colombo en el comité sería una buena señal para los ambientalistas, que confían en el trabajo que desarrolló al frente de los equipos científicos de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, que corroboraron la alteración del medio ambiente por parte de la pastera finlandesa. Pese a ello, en la ciudad entrerriana se quejaron de que ni Elías Matta ni Marcelo Conti, los especialistas en medio ambiente propuestos por la asamblea, hayan sido tenidos en cuenta para integrar el grupo que tomará las muestras en UPM.
Otro de los factores que en las últimas horas cargaron de incertidumbre a los activistas fue la confirmación por parte de Uruguay de que uno de los científicos que actuará en el comité será el ingeniero Eugenio Lorenzo. Especialista en ingeniería hidráulica, Lorenzo dejó la titularidad de la delegación oriental dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para poder sumarse al grupo que realizará los monitoreos. Lorenzo es además técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (Dinama) y participó de las negociaciones con la Argentina sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay. En Gualeguaychú no sólo critican su tarea en la CARU, sino que no olvidan que Lorenzo fue uno de los que plasmó su firma en el informe ambiental que autorizó a la ex Botnia a entrar en funcionamiento. Varios de los consultados por este diario interpretaban que el movimiento tiene que ver con una solapada intención de Uruguay de “embarrar” el monitoreo bilateral.
Por otra parte, al ser consultado por la decisión de los asambleístas de retomar las medidas sobre la Ruta 136 mediante caravanas que obstruyan el tránsito por algunas horas, Timerman consideró la medida “injusta”. “Ya tenemos un acuerdo con el Uruguay por medio del cual los científicos argentinos van a entrar a Botnia y habrá un monitoreo total y absoluto no sólo de la pastera, sino de todo el río”, argumentó el titular del Palacio San Martín. “Yo me ocupé de resolver el tema Botnia. El corte no es responsabilidad mía”, respondió Timerman, quien descartó tener un nuevo encuentro con los asambleístas. En tanto, desde la otra orilla, la subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte consideró que la medida de fuerza que adoptarán los asambleístas “no es una buena noticia”.
Misiones: segunda reunión sobre OT
Diputados realizaron la segunda reunión sobre ordenamiento de bosques
Fecha de Publicación: 27/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Las comisiones de Presupuesto, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal se reunieron esta mañana en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, para avanzar en el estudio del proyecto de ley del Poder Ejecutivo (PE) que propone implementar en la provincia un régimen de promoción del manejo sostenible y conservación de los bosques nativos.
Estuvieron presentes los ministros del Agro, Néstor Ortega, y de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta; la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Viviana Rovira; el subsecretario de Tierras y Colonización, Jaime Ledesma, y el director general del Sistema de Información Geográfica de la provincia, Juan Solari, además de otras autoridades. También participaron más de 50 entidades, entre asociaciones y empresas del sector forestal e industrial de la madera, organizaciones ambientalistas no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos y de investigación, jefes comunales, y representantes de la comunidad Mbyá Guaraní. Los invitados fueron convocados por las autoridades de las comisiones para que emitan sus consideraciones y participen del debate, con el fin de enriquecer la iniciativa del PE a la hora de emitir el dictamen. El presidente de la comisión de Presupuesto, Hugo Passalacqua, recordó que en la última reunión “surgió esta invitación ciudadana que efectuamos a las asociaciones”. “Los diputados estamos hoy en una posición de aprendizaje y de escuchar con absoluta humildad todo lo que tienen para decirnos, opiniones, aportes, críticas y preguntas. En la Cámara de Diputados el uso de la palabra es absolutamente libre, como debe ser; éste es el lugar exacto para tratar esto”, dijo. “Después de habernos nutrido de todo los que nos contaron hoy nos vamos a reunir la semana que viene ya para discutir un dictamen para este proyecto de ley, y la próxima instancia de discusión va a ser en el recinto, o sea que hay muchos pasos para mejorar la propuesta, y ese es nuestro espíritu”, agregó. Por su parte, Viviana Rovira destacó que se convocó a “a todos los organismos y asociaciones que tienen que ver con nuestros bosques nativos, como por ejemplo asociaciones ecologistas y colegios profesionales, para que acerquen sus aportes, porque la modalidad de trabajo busca la participación y el consenso”. Señaló que “no sólo tenemos que pensar en los fondos que vienen de Nación, sino que tenemos que trabajar en este proyecto de ley porque es importante para nosotros, para todos los misioneros”. “Es la primera vez que se hace una zonificación de bosques nativos y lo hicimos con el objetivo de cuidarlos, porque son nuestros ancestros”, concluyó la funcionaria. La reunión fue enriquecida por el intercambio de ideas y el aporte de sugerencias efectuados por los participantes, entre los cuales los integrantes del Foro Foresto Industrial de Misiones, conformado por diferentes asociaciones vinculadas al sector, manifestaron su beneplácito por el proyecto de ley y presentaron sus consideraciones con el ánimo de enriquecer la futura norma. El proyecto La iniciativa apunta a establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos; promover su enriquecimiento, restauración, conservación, mejoramiento y manejo sostenible, y valorizar los servicios ambientales que brindan fomentando la conservación de las masas forestales nativas.
Con esta medida se pretende dar cumplimiento a la Ley Nacional 26331 (Ley Bonasso), que establece un umbral mínimo obligatorio de protección para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan. Además, imponer a las jurisdicciones provinciales la obligación de proceder al ordenamiento de sus bosques nativos, en función de criterios de sustentabilidad.
El ordenamiento de los bosques nativos permitirá a la provincia acceder a los beneficios establecidos por la Ley 26331, en el marco del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, así como también recibir compensaciones por los servicios ambientales que brinden estos recursos naturales.
El proyecto pretende implementar las medidas necesarias para el control, monitoreo y fiscalización de las actividades para el aprovechamiento de los bosques nativos; mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales que beneficien a la sociedad en su conjunto; fortalecer el Sistema de áreas Naturales Protegidas, y lograr la permanencia de masas nativas.
Se propone establecer, según criterios de sustentabilidad, tres categorías de ordenamiento: la categoría Roja comprendería las áreas Naturales Protegidas, y abarca los parques y reservas provinciales; la Amarilla comprendería a los bosques nativos en propiedades privadas, tales como las reservas privadas de usos múltiples; y la Verde, que incluiría a las áreas con bosques nativos que por la aptitud de los suelos se puedan utilizar para desarrollar actividades productivas siempre y cuando sean sostenibles y no afecten las áreas pobladas por comunidades indígenas ni corredores biológicos, entre otras condiciones.
Fecha de Publicación: 27/08/2010
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Las comisiones de Presupuesto, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal se reunieron esta mañana en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, para avanzar en el estudio del proyecto de ley del Poder Ejecutivo (PE) que propone implementar en la provincia un régimen de promoción del manejo sostenible y conservación de los bosques nativos.
Estuvieron presentes los ministros del Agro, Néstor Ortega, y de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta; la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Viviana Rovira; el subsecretario de Tierras y Colonización, Jaime Ledesma, y el director general del Sistema de Información Geográfica de la provincia, Juan Solari, además de otras autoridades. También participaron más de 50 entidades, entre asociaciones y empresas del sector forestal e industrial de la madera, organizaciones ambientalistas no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos y de investigación, jefes comunales, y representantes de la comunidad Mbyá Guaraní. Los invitados fueron convocados por las autoridades de las comisiones para que emitan sus consideraciones y participen del debate, con el fin de enriquecer la iniciativa del PE a la hora de emitir el dictamen. El presidente de la comisión de Presupuesto, Hugo Passalacqua, recordó que en la última reunión “surgió esta invitación ciudadana que efectuamos a las asociaciones”. “Los diputados estamos hoy en una posición de aprendizaje y de escuchar con absoluta humildad todo lo que tienen para decirnos, opiniones, aportes, críticas y preguntas. En la Cámara de Diputados el uso de la palabra es absolutamente libre, como debe ser; éste es el lugar exacto para tratar esto”, dijo. “Después de habernos nutrido de todo los que nos contaron hoy nos vamos a reunir la semana que viene ya para discutir un dictamen para este proyecto de ley, y la próxima instancia de discusión va a ser en el recinto, o sea que hay muchos pasos para mejorar la propuesta, y ese es nuestro espíritu”, agregó. Por su parte, Viviana Rovira destacó que se convocó a “a todos los organismos y asociaciones que tienen que ver con nuestros bosques nativos, como por ejemplo asociaciones ecologistas y colegios profesionales, para que acerquen sus aportes, porque la modalidad de trabajo busca la participación y el consenso”. Señaló que “no sólo tenemos que pensar en los fondos que vienen de Nación, sino que tenemos que trabajar en este proyecto de ley porque es importante para nosotros, para todos los misioneros”. “Es la primera vez que se hace una zonificación de bosques nativos y lo hicimos con el objetivo de cuidarlos, porque son nuestros ancestros”, concluyó la funcionaria. La reunión fue enriquecida por el intercambio de ideas y el aporte de sugerencias efectuados por los participantes, entre los cuales los integrantes del Foro Foresto Industrial de Misiones, conformado por diferentes asociaciones vinculadas al sector, manifestaron su beneplácito por el proyecto de ley y presentaron sus consideraciones con el ánimo de enriquecer la futura norma. El proyecto La iniciativa apunta a establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos; promover su enriquecimiento, restauración, conservación, mejoramiento y manejo sostenible, y valorizar los servicios ambientales que brindan fomentando la conservación de las masas forestales nativas.
Con esta medida se pretende dar cumplimiento a la Ley Nacional 26331 (Ley Bonasso), que establece un umbral mínimo obligatorio de protección para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan. Además, imponer a las jurisdicciones provinciales la obligación de proceder al ordenamiento de sus bosques nativos, en función de criterios de sustentabilidad.
El ordenamiento de los bosques nativos permitirá a la provincia acceder a los beneficios establecidos por la Ley 26331, en el marco del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, así como también recibir compensaciones por los servicios ambientales que brinden estos recursos naturales.
El proyecto pretende implementar las medidas necesarias para el control, monitoreo y fiscalización de las actividades para el aprovechamiento de los bosques nativos; mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales que beneficien a la sociedad en su conjunto; fortalecer el Sistema de áreas Naturales Protegidas, y lograr la permanencia de masas nativas.
Se propone establecer, según criterios de sustentabilidad, tres categorías de ordenamiento: la categoría Roja comprendería las áreas Naturales Protegidas, y abarca los parques y reservas provinciales; la Amarilla comprendería a los bosques nativos en propiedades privadas, tales como las reservas privadas de usos múltiples; y la Verde, que incluiría a las áreas con bosques nativos que por la aptitud de los suelos se puedan utilizar para desarrollar actividades productivas siempre y cuando sean sostenibles y no afecten las áreas pobladas por comunidades indígenas ni corredores biológicos, entre otras condiciones.
Agroquímicos: 12 millones de afectados
Un problema sanitario con 12 millones de afectados
Fecha de Publicación: 26/08/2010
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La utilización de agroquímicos sobre cultivos provocó en los últimos años un "aumento significativo de los casos de cáncer y malformaciones congénitas", que en algunos lugares "se han multiplicado por tres" en recién nacidos, aseveró Medardo Avila Vázquez, coordinador del Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, que se realizará el próximo fin de semana en Córdoba.
"El problema sanitario que ocasiona la fumigación sistemática afecta a 12 millones de personas que viven en los 23 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, y requiere un análisis académico y científico por parte de los equipos de salud", explicó Avila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo del Hospital Nacional de Clínicas, en la capital cordobesa.
El profesional de la salud comentó que el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados se realizará en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, lo que significa que "por primera vez la universidad pública asume el problema para discutirlo y estudiarlo en forma sistemática y profunda".
"Estamos encontrando en las poblaciones rurales fumigadas que hay un aumento significativo de los casos de cáncer y malformaciones congénitas en los recién nacidos, que se han multiplicado por tres", resaltó.
El grupo Médicos de Pueblos Fumigados reúne a profesionales que, en su mayoría, están "enfrentados" con los intendentes de las ciudades en las que ejercen y con "los principales productores de la zona", a quienes reclamaron que "paren de fumigar".
Entre los asistentes al encuentro estará el científico Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet. Carrasco, en un estudio publicado en 2009, aseguró que las "concentraciones ínfimas de glifosato" utilizadas en la agricultura "son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión".
Avila Vázquez destacó que Argentina pasó de consumir 30 millones de litros de plaguicidas en 1995 a 300 millones en la última campaña agrícola. Los agrotóxicos esparcidos, especialmente desde aviones, caen sobre las "casas, escuelas, parques y plazas" de los pueblos dedicados a la agricultura.
Las fumigaciones con este tipo de productos pueden ocasionar "trastornos neurológicos, aumento de los abortos espontáneos y nacimientos de bebés con malformaciones, cánceres de distintos tipos y leucemia", detalló el profesional.
Los efectos contaminantes "afectan más a los niños", porque "generalmente acciona sobre la descendencia de las personas contaminadas", y a las embarazadas, debido a que "muchos plaguicidas son disruptores hormonales".
Fecha de Publicación: 26/08/2010
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
La utilización de agroquímicos sobre cultivos provocó en los últimos años un "aumento significativo de los casos de cáncer y malformaciones congénitas", que en algunos lugares "se han multiplicado por tres" en recién nacidos, aseveró Medardo Avila Vázquez, coordinador del Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, que se realizará el próximo fin de semana en Córdoba.
"El problema sanitario que ocasiona la fumigación sistemática afecta a 12 millones de personas que viven en los 23 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, y requiere un análisis académico y científico por parte de los equipos de salud", explicó Avila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo del Hospital Nacional de Clínicas, en la capital cordobesa.
El profesional de la salud comentó que el Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados se realizará en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, lo que significa que "por primera vez la universidad pública asume el problema para discutirlo y estudiarlo en forma sistemática y profunda".
"Estamos encontrando en las poblaciones rurales fumigadas que hay un aumento significativo de los casos de cáncer y malformaciones congénitas en los recién nacidos, que se han multiplicado por tres", resaltó.
El grupo Médicos de Pueblos Fumigados reúne a profesionales que, en su mayoría, están "enfrentados" con los intendentes de las ciudades en las que ejercen y con "los principales productores de la zona", a quienes reclamaron que "paren de fumigar".
Entre los asistentes al encuentro estará el científico Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet. Carrasco, en un estudio publicado en 2009, aseguró que las "concentraciones ínfimas de glifosato" utilizadas en la agricultura "son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión".
Avila Vázquez destacó que Argentina pasó de consumir 30 millones de litros de plaguicidas en 1995 a 300 millones en la última campaña agrícola. Los agrotóxicos esparcidos, especialmente desde aviones, caen sobre las "casas, escuelas, parques y plazas" de los pueblos dedicados a la agricultura.
Las fumigaciones con este tipo de productos pueden ocasionar "trastornos neurológicos, aumento de los abortos espontáneos y nacimientos de bebés con malformaciones, cánceres de distintos tipos y leucemia", detalló el profesional.
Los efectos contaminantes "afectan más a los niños", porque "generalmente acciona sobre la descendencia de las personas contaminadas", y a las embarazadas, debido a que "muchos plaguicidas son disruptores hormonales".
Gualeguaychú vuelve a los cortes parciales
Asamblea en Gualeguaychú: vuelven los cortes parciales
Fecha de Publicación: 26/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Las nuevas medidas se harán efectivas todos los domingos de septiembre.
La asamblea ampliada de Gualeguaychú decidió anoche volver a cortes de rutas programados , a pesar del acuerdo de control del río Uruguay por la ex Botnia, firmado por los gobiernos de la Argentina y Uruguay. Ayer a última hora la asamblea confirmó la decisión de endurecer las medidas de protesta , luego de un intervalo en la protesta desde el 19 de junio pasado, cuando los asambleístas “se bajaron” de la ruta para favorecer las negociaciones bilaterales en pos de un acuerdo de monitoreo de la planta de Botnia. Fue la Corte Internacional de La Haya la que, en su fallo del 20 de abril, ordenó a ambos países monitorear la planta de Botnia.
Según determinó la asamblea, las nuevas medidas se harán efectivas todos los domingos de septiembre . Se tratarán de cortes de cuatro horas aproximadamente: empezarán dos horas antes de las asambleas, es decir a las 15,30 y concluirán al final de las habituales asambleas . El 6 de octubre se realizará una nueva asamblea ampliada que decidirá la continuidad o no de los “cortes programados” Hoy, una cosa es segura: el acuerdo de Cristina y Mujica para monitorear doce veces al año no ha conformado a la Asamblea. Anoche, la asamblea ampliada analizó centralmente dos temas: el mencionado acuerdo de monitoreo y las medidas a tomar en el futuro inmediato. “Hay insatisfacción con el acuerdo –dijo el abogado Osvaldo Fernández a Clarín-. También somos todos concordantes en reivindicar la vuelta al diálogo, que se ha dado en las últimas semanas; en la necesidad de tomar alguna medida de protesta; en continuar insistiendo en reclamos históricos como la aplicación del Código Aduanero y el desarrollo de un Plan de Vigilancia de Salud en la ciudad; exigir al Gobierno que respalde a la Justicia Federal cuando envía exhortos a los empresarios de Botnia que residen en suelo uruguayo, etc”.
Los puntos calientes de debate fueron la moción de prorrogar la tregua en el corte de ruta y la decisión acerca de qué medidas deben tomarse en el futuro. La idea de volver a cortar la ruta continuo seduce a una minoría, integrada por los mismos asambleístas que votaron no bajarse hace dos meses. Otros, mocionaron realizar caravanas en la ruta internacional 136. Esas caravanas terminarían en una concentración multitudinaria en Arroyo Verde, con lo cual, entre la lenta movilización automovilística y la reunión posterior, se generarían cortes breves. Esa última propuesta fue la que sufrió variantes para tomar la decisión: volver a la ruta, al menos, todos los domingos de septiembre.
Fecha de Publicación: 26/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
Las nuevas medidas se harán efectivas todos los domingos de septiembre.
La asamblea ampliada de Gualeguaychú decidió anoche volver a cortes de rutas programados , a pesar del acuerdo de control del río Uruguay por la ex Botnia, firmado por los gobiernos de la Argentina y Uruguay. Ayer a última hora la asamblea confirmó la decisión de endurecer las medidas de protesta , luego de un intervalo en la protesta desde el 19 de junio pasado, cuando los asambleístas “se bajaron” de la ruta para favorecer las negociaciones bilaterales en pos de un acuerdo de monitoreo de la planta de Botnia. Fue la Corte Internacional de La Haya la que, en su fallo del 20 de abril, ordenó a ambos países monitorear la planta de Botnia.
Según determinó la asamblea, las nuevas medidas se harán efectivas todos los domingos de septiembre . Se tratarán de cortes de cuatro horas aproximadamente: empezarán dos horas antes de las asambleas, es decir a las 15,30 y concluirán al final de las habituales asambleas . El 6 de octubre se realizará una nueva asamblea ampliada que decidirá la continuidad o no de los “cortes programados” Hoy, una cosa es segura: el acuerdo de Cristina y Mujica para monitorear doce veces al año no ha conformado a la Asamblea. Anoche, la asamblea ampliada analizó centralmente dos temas: el mencionado acuerdo de monitoreo y las medidas a tomar en el futuro inmediato. “Hay insatisfacción con el acuerdo –dijo el abogado Osvaldo Fernández a Clarín-. También somos todos concordantes en reivindicar la vuelta al diálogo, que se ha dado en las últimas semanas; en la necesidad de tomar alguna medida de protesta; en continuar insistiendo en reclamos históricos como la aplicación del Código Aduanero y el desarrollo de un Plan de Vigilancia de Salud en la ciudad; exigir al Gobierno que respalde a la Justicia Federal cuando envía exhortos a los empresarios de Botnia que residen en suelo uruguayo, etc”.
Los puntos calientes de debate fueron la moción de prorrogar la tregua en el corte de ruta y la decisión acerca de qué medidas deben tomarse en el futuro. La idea de volver a cortar la ruta continuo seduce a una minoría, integrada por los mismos asambleístas que votaron no bajarse hace dos meses. Otros, mocionaron realizar caravanas en la ruta internacional 136. Esas caravanas terminarían en una concentración multitudinaria en Arroyo Verde, con lo cual, entre la lenta movilización automovilística y la reunión posterior, se generarían cortes breves. Esa última propuesta fue la que sufrió variantes para tomar la decisión: volver a la ruta, al menos, todos los domingos de septiembre.
Daños ambientales: piden que no prescriban
Piden se considere crímenes de lesa humanidad a los daños ambientales
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En una carta abierta difundida hoy, la Asamblea Delta y Río de la Plata solicitó que por su continuación en el tiempo y la afectación a generaciones futuras, esos delitos no sean excarcelables ni prescriban hasta tanto el daño no sea reparado.
Bajo el título: “Mortandad Masiva de Peces: ¿Muerte Natural por Frío o Ecocidio por Contaminación Generalizada?”, los asambleístas expresaron que “la muerte masiva de los peces no es sólo la muerte de los peces; es la enfermedad y muerte del agua en las que viven y la muerte de otras especias; siendo agua el 75% de nuestro cuerpo, es el anticipo de nuestra propia enfermedad”.
La carta abierta, distribuida en forma de comunicado, advirtió que en la Argentina hay “miles de Botnias” que contaminan en forma frecuente las aguas.
Cristian Cevidanes, integrante de la Asamblea y firmante del comunicado, explicó que hace 32 años vive en el Delta, los mismos en los “que me dedico a denunciar la contaminación creciente de nuestros ríos, Reconquista, Riachuelo, Río de la Plata, Luján y los de la primera Sección del Delta del Paraná”.
Entre las causas que provocan mayor contaminación, el ambientalista señaló a la agroindustria exportadora de granos, que “cada vez más expandida y fuera totalmente de controles, están envenenando, con su expansión, todos los ríos”.
En tal sentido, dijo que cuando se exhiben los crecientes números de la producción en miles de millones de toneladas, habría que preguntarse “cuantos millones de toneladas reciben nuestros ríos”.
Mas adelante acusó que, mientras “la dictadura sinceraba la contaminación con la ‘Cuota de Resarcimiento’ (contaminador- pagador), es decir, por seguir envenenando, había que pagar, (cuando lo hacían), los gobiernos democráticos derogaron aquella macabra ley y democratizaron la contaminación. Ahora no se paga nada por seguir contaminando”.
“Hasta ahora la muerte de peces que ocurre cada vez más seguido, era atribuida precisamente a la contaminación del agua por la presencia de desechos (efluentes industriales y cloacales). Dentro de los efluentes industriales aparecen los Agrotóxicos (herbicidas y fertilizantes químicos en general) más los lixiviados (líquidos de la basura)”, explicó.
“Si tenemos por Cambio Climático inviernos más cortos y más cálidos y la contaminación es mayor, ¿Por qué creer que los peces mueren de frío si antes con inviernos más largos y más intensos esto no sucedía?”, agregó.
Tras interrogarse sobre la magnitud del daño ambiental que está dejando “este modelo de progreso; de desarrollo”, sin una política efectiva de protección y preservación de los recursos naturales, Cevidanes aseguró que “da mucha impotencia y vergüenza que, siendo tan evidente la consecuencia de estos ecocidios, no haya reacción rápida y efectiva en los decidores políticos, en los funcionarios específicos, en la agenda que marcan los medios y en la participación social para lograr los cambios”.
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional
En una carta abierta difundida hoy, la Asamblea Delta y Río de la Plata solicitó que por su continuación en el tiempo y la afectación a generaciones futuras, esos delitos no sean excarcelables ni prescriban hasta tanto el daño no sea reparado.
Bajo el título: “Mortandad Masiva de Peces: ¿Muerte Natural por Frío o Ecocidio por Contaminación Generalizada?”, los asambleístas expresaron que “la muerte masiva de los peces no es sólo la muerte de los peces; es la enfermedad y muerte del agua en las que viven y la muerte de otras especias; siendo agua el 75% de nuestro cuerpo, es el anticipo de nuestra propia enfermedad”.
La carta abierta, distribuida en forma de comunicado, advirtió que en la Argentina hay “miles de Botnias” que contaminan en forma frecuente las aguas.
Cristian Cevidanes, integrante de la Asamblea y firmante del comunicado, explicó que hace 32 años vive en el Delta, los mismos en los “que me dedico a denunciar la contaminación creciente de nuestros ríos, Reconquista, Riachuelo, Río de la Plata, Luján y los de la primera Sección del Delta del Paraná”.
Entre las causas que provocan mayor contaminación, el ambientalista señaló a la agroindustria exportadora de granos, que “cada vez más expandida y fuera totalmente de controles, están envenenando, con su expansión, todos los ríos”.
En tal sentido, dijo que cuando se exhiben los crecientes números de la producción en miles de millones de toneladas, habría que preguntarse “cuantos millones de toneladas reciben nuestros ríos”.
Mas adelante acusó que, mientras “la dictadura sinceraba la contaminación con la ‘Cuota de Resarcimiento’ (contaminador- pagador), es decir, por seguir envenenando, había que pagar, (cuando lo hacían), los gobiernos democráticos derogaron aquella macabra ley y democratizaron la contaminación. Ahora no se paga nada por seguir contaminando”.
“Hasta ahora la muerte de peces que ocurre cada vez más seguido, era atribuida precisamente a la contaminación del agua por la presencia de desechos (efluentes industriales y cloacales). Dentro de los efluentes industriales aparecen los Agrotóxicos (herbicidas y fertilizantes químicos en general) más los lixiviados (líquidos de la basura)”, explicó.
“Si tenemos por Cambio Climático inviernos más cortos y más cálidos y la contaminación es mayor, ¿Por qué creer que los peces mueren de frío si antes con inviernos más largos y más intensos esto no sucedía?”, agregó.
Tras interrogarse sobre la magnitud del daño ambiental que está dejando “este modelo de progreso; de desarrollo”, sin una política efectiva de protección y preservación de los recursos naturales, Cevidanes aseguró que “da mucha impotencia y vergüenza que, siendo tan evidente la consecuencia de estos ecocidios, no haya reacción rápida y efectiva en los decidores políticos, en los funcionarios específicos, en la agenda que marcan los medios y en la participación social para lograr los cambios”.
Ayui: justicia federal promueve investigación
Proyecto ayui: justicia federal promueve investigación y envia gendarmes
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El fiscal federal de la localidad correntina de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, dispuso que efectivos de Gendarmería Nacional se constituyan en la zona del arroyo Ayuí, donde las empresas Copra S.A (del vicepresidente del diario Clarín, José Aranda) y Adeco Agro (George Soros), entre otras, pretenden construir una represa inundando 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.
Pont explicó en declaraciones a Télam, que promovió requerimiento de instrucción penal para investigar el megaemprendimiento arrocero que intenta utilizar las aguas del arroyo Ayuí para construir una represa.
Señaló que las fuerzas federales se constituyeron en el lugar "para realizar un relevamiento, sobre quiénes son los dueños de los campos ribereños, se identifique a los responsables del proyecto, si los hubiere y en que estado se encuentra para avanzar en la investigación".
En tanto, dijo a Télam que se consideró la preocupación de ambientalistas de Corrientes y Entre Ríos que plantearon como consecuencia de la construcción de la represa, la destrucción del hábitat, bosques nativos y especies autóctonas.
"Estas cuestiones ambientales son muy graves y tiene que ver con un río que desemboca en el Uruguay y puede afectar la cuenca hídrica de un río internacional", afirmó Pont.
Por otra parte, el fiscal federal manifestó también que en el caso del proyecto Ayuí Grande, "se está hablando de un bien de dominio público que no puede se utilizado para dominio privado". "Este delito es tratado en el Código Penal", afirmó.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres tiene jurisdicción en la mitad de la provincia de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay y está a cargo de la magistrada Mabel Borda.
Fecha de Publicación: 25/08/2010
Fuente: Yahoo Noticias
Provincia/Región: Corrientes
El fiscal federal de la localidad correntina de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, dispuso que efectivos de Gendarmería Nacional se constituyan en la zona del arroyo Ayuí, donde las empresas Copra S.A (del vicepresidente del diario Clarín, José Aranda) y Adeco Agro (George Soros), entre otras, pretenden construir una represa inundando 8 mil hectáreas cercanas a los esteros del Iberá.
Pont explicó en declaraciones a Télam, que promovió requerimiento de instrucción penal para investigar el megaemprendimiento arrocero que intenta utilizar las aguas del arroyo Ayuí para construir una represa.
Señaló que las fuerzas federales se constituyeron en el lugar "para realizar un relevamiento, sobre quiénes son los dueños de los campos ribereños, se identifique a los responsables del proyecto, si los hubiere y en que estado se encuentra para avanzar en la investigación".
En tanto, dijo a Télam que se consideró la preocupación de ambientalistas de Corrientes y Entre Ríos que plantearon como consecuencia de la construcción de la represa, la destrucción del hábitat, bosques nativos y especies autóctonas.
"Estas cuestiones ambientales son muy graves y tiene que ver con un río que desemboca en el Uruguay y puede afectar la cuenca hídrica de un río internacional", afirmó Pont.
Por otra parte, el fiscal federal manifestó también que en el caso del proyecto Ayuí Grande, "se está hablando de un bien de dominio público que no puede se utilizado para dominio privado". "Este delito es tratado en el Código Penal", afirmó.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres tiene jurisdicción en la mitad de la provincia de Corrientes, sobre el margen del río Uruguay y está a cargo de la magistrada Mabel Borda.
La Corte emplazó al Gobierno por la Ceamse
La Corte emplazó al Gobierno bonaerense por la Ceamse
Fecha de Publicación: 24/08/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo de la Provincia deberá dar explicaciones en cinco días por el funcionamiento y la eventual ampliación del relleno de Punta Lara
El gobierno provincial deberá dar explicaciones ante la Suprema Corte bonaerense por el funcionamiento, la eventual ampliación y las estrategias de cierre del relleno sanitario de Ensenada. Así lo determinó el máximo tribunal provincial, que otorgó al Ejecutivo cinco días de plazo para elaborar el informe. En tanto, ayer se acordó la extensión de la tregua para que se mantenga el servicio de recolección de residuos en la Región al menos hasta el próximo lunes.
La resolución de la Suprema Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud, alcanza también a las autoridades de Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse), y se enmarca en la causa que entidades ambientalistas -Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara- entablaron hace un lustro contra el ente que desde 1977 se encarga de la disposición final de residuos en la Región.
En este contexto, se emplaza al gobernador Daniel Scioli a informar acerca de "las decisiones normativas adoptadas a la fecha para la autorización, habilitación y apertura de centros de disposición final en la región"; "si se ha determinado, con las previas evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, un lugar apto para la localización de un Polo Ambiental"; y "si se ha determinado alguna localización, dentro del territorio de alguno de los municipios de la región -La Plata, Berisso o Ensenada-, que no sea la del Centro de Disposición Final Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una estación de transferencia de residuos".
También se demandan respuestas y estimaciones de concreción -en términos de "tiempo razonablemente estimado"- vinculadas con las "alternativas de solución frente a la situación denunciada por Ceamse en relación al predio de Punta Lara, teniendo en consideración que es público y notorio que" -la Provincia- "ha encarado junto a los municipios de la región un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos".
El tribunal, además, calificó como "intempestiva" una presentación que CEAMSE realizó el 17 de agosto pasado informando acerca de un proyecto de ampliación, justificado en que a fin de año estaría completo el módulo D -único actualmente disponible- del relleno sanitario.
Para los magistrados, "los convenios homologados por el Tribunal, que gozan de los efectos de la cosa juzgada, tuvieron por inequívoca finalidad el cierre definitivo del centro de disposición final de residuos que el Ceamse gestiona y administra en el predio de Punta Lara". Por ese motivo, ordenaron a la sociedad estatal que acreditara "los elementos que justificarían la necesidad de ampliación, en tanto en su presentación originaria no se acompañaron informes técnicos ni otro tipo de pruebas de respaldo".
Coordinación Ecológica deberá asimismo "informar si, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que actualmente envían al predio de Ensenada los municipios de la región, existe alguna alternativa técnica de solución diferente de la que plantea en su presentación; en particular, si la construcción y puesta en funcionamiento allí de una estación de transferencia, conforme los antecedentes agregados sobre el particular en el expediente, evitaría la expansión del módulo D".
Por otra parte, Gabino Pistoia, secretario gremial de Agoec, explicó ayer que “se abrió un canal de diálogo, lo que es positivo, pero aún estamos a la espera de respuestas concretas; nosotros defendemos la continuidad de un modelo de gestión que venimos construyendo los trabajadores desde hace treinta años”, en referencia al sistema que desarrolla la Ceamse en Punta Lara. Pistoia cargó duro contra las organizaciones de defensa del medio ambiente: “no las escuché ni las vi salir a criticar por la quema de basura en las cavas donde se disponía clandestinamente”.
Fecha de Publicación: 24/08/2010
Fuente: El Día
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ejecutivo de la Provincia deberá dar explicaciones en cinco días por el funcionamiento y la eventual ampliación del relleno de Punta Lara
El gobierno provincial deberá dar explicaciones ante la Suprema Corte bonaerense por el funcionamiento, la eventual ampliación y las estrategias de cierre del relleno sanitario de Ensenada. Así lo determinó el máximo tribunal provincial, que otorgó al Ejecutivo cinco días de plazo para elaborar el informe. En tanto, ayer se acordó la extensión de la tregua para que se mantenga el servicio de recolección de residuos en la Región al menos hasta el próximo lunes.
La resolución de la Suprema Corte, firmada por los jueces Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud, alcanza también a las autoridades de Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado (Ceamse), y se enmarca en la causa que entidades ambientalistas -Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara- entablaron hace un lustro contra el ente que desde 1977 se encarga de la disposición final de residuos en la Región.
En este contexto, se emplaza al gobernador Daniel Scioli a informar acerca de "las decisiones normativas adoptadas a la fecha para la autorización, habilitación y apertura de centros de disposición final en la región"; "si se ha determinado, con las previas evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, un lugar apto para la localización de un Polo Ambiental"; y "si se ha determinado alguna localización, dentro del territorio de alguno de los municipios de la región -La Plata, Berisso o Ensenada-, que no sea la del Centro de Disposición Final Ensenada, para la construcción y funcionamiento de una estación de transferencia de residuos".
También se demandan respuestas y estimaciones de concreción -en términos de "tiempo razonablemente estimado"- vinculadas con las "alternativas de solución frente a la situación denunciada por Ceamse en relación al predio de Punta Lara, teniendo en consideración que es público y notorio que" -la Provincia- "ha encarado junto a los municipios de la región un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos".
El tribunal, además, calificó como "intempestiva" una presentación que CEAMSE realizó el 17 de agosto pasado informando acerca de un proyecto de ampliación, justificado en que a fin de año estaría completo el módulo D -único actualmente disponible- del relleno sanitario.
Para los magistrados, "los convenios homologados por el Tribunal, que gozan de los efectos de la cosa juzgada, tuvieron por inequívoca finalidad el cierre definitivo del centro de disposición final de residuos que el Ceamse gestiona y administra en el predio de Punta Lara". Por ese motivo, ordenaron a la sociedad estatal que acreditara "los elementos que justificarían la necesidad de ampliación, en tanto en su presentación originaria no se acompañaron informes técnicos ni otro tipo de pruebas de respaldo".
Coordinación Ecológica deberá asimismo "informar si, teniendo en cuenta la cantidad de residuos que actualmente envían al predio de Ensenada los municipios de la región, existe alguna alternativa técnica de solución diferente de la que plantea en su presentación; en particular, si la construcción y puesta en funcionamiento allí de una estación de transferencia, conforme los antecedentes agregados sobre el particular en el expediente, evitaría la expansión del módulo D".
Por otra parte, Gabino Pistoia, secretario gremial de Agoec, explicó ayer que “se abrió un canal de diálogo, lo que es positivo, pero aún estamos a la espera de respuestas concretas; nosotros defendemos la continuidad de un modelo de gestión que venimos construyendo los trabajadores desde hace treinta años”, en referencia al sistema que desarrolla la Ceamse en Punta Lara. Pistoia cargó duro contra las organizaciones de defensa del medio ambiente: “no las escuché ni las vi salir a criticar por la quema de basura en las cavas donde se disponía clandestinamente”.
Fuego incontrolable en Jujuy
Fuego incontrolable en Jujuy
Fecha de Publicación: 23/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Jujuy
El incendio en el Parque Nacional Caliegua ya afectó 700 hectáreas. Preocupan algunas especies en peligro de extinción.
El fuego desatado la semana pasada en territorio del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, se tornó incontrolable y ya afectó setecientas hectáreas. Los guardaparques no pueden hacer prácticamente nada porque el foco ígneo está localizado en una zona inaccesible, en las que ni siquiera hay sendas. Los cañadones y pendientes pronunciadas imposibilitan el acceso de los brigadistas.
Al desalentador panorama se suma un alarmante pronóstico meteorológico que indica que subirá la temperatura, habrá bajas de humedad y vientos en aumento.
El incendio se inició el domingo 15 en la parte alta de las serranías de Calilegua, a 3600 metros sobre el nivel del mar. El lunes, personal de Parques Nacionales sobrevoló la zona con especialistas de Plan Nacional de Manejo de Fuego. Desde entonces, buscan vías accesibles hacia el lugar, pero hasta el momento no hallaron una forma de combatir el fuego que fue provocado por un puestero de Alto Calilegua en su intento de alejar un zorro que atemorizaba al ganado. Según un prestigioso medio provincial, este hombre será llevado a la justicia para que responda por su negligencia.
El fuego arrasa el bosque montano que alberga especies nativas como alisos y pinos del cerro que tardan muchos años en recuperarse. Por ahora no se sabe hasta qué punto se verá afectada la zona. Igualmente preocupa el destino de la taruca, un venado que reside en esa región y está en peligro de extinción.
Fecha de Publicación: 23/08/2010
Fuente: ADN
Provincia/Región: Jujuy
El incendio en el Parque Nacional Caliegua ya afectó 700 hectáreas. Preocupan algunas especies en peligro de extinción.
El fuego desatado la semana pasada en territorio del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, se tornó incontrolable y ya afectó setecientas hectáreas. Los guardaparques no pueden hacer prácticamente nada porque el foco ígneo está localizado en una zona inaccesible, en las que ni siquiera hay sendas. Los cañadones y pendientes pronunciadas imposibilitan el acceso de los brigadistas.
Al desalentador panorama se suma un alarmante pronóstico meteorológico que indica que subirá la temperatura, habrá bajas de humedad y vientos en aumento.
El incendio se inició el domingo 15 en la parte alta de las serranías de Calilegua, a 3600 metros sobre el nivel del mar. El lunes, personal de Parques Nacionales sobrevoló la zona con especialistas de Plan Nacional de Manejo de Fuego. Desde entonces, buscan vías accesibles hacia el lugar, pero hasta el momento no hallaron una forma de combatir el fuego que fue provocado por un puestero de Alto Calilegua en su intento de alejar un zorro que atemorizaba al ganado. Según un prestigioso medio provincial, este hombre será llevado a la justicia para que responda por su negligencia.
El fuego arrasa el bosque montano que alberga especies nativas como alisos y pinos del cerro que tardan muchos años en recuperarse. Por ahora no se sabe hasta qué punto se verá afectada la zona. Igualmente preocupa el destino de la taruca, un venado que reside en esa región y está en peligro de extinción.
Inspección en el Riachuelo: sin avances
Inspección en el Riachuelo, sin avances de saneamiento
Fecha de Publicación: 22/08/2010
Fuente: Agencia La Provincia
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el recorrido Sella señaló que "a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras para la población o el ambiente, la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han
sido cumplidos de manera que no se advierten cambios en el Riachuelo".
Y expresó que "es preocupante constatar que son miles de personas en la rivera de la
ciudad las que siguen conviviendo con factores de riesgo ambiental como son la basura y las sustancias tóxicas, pese a la sentencia de la Corte que priorizó la atención sanitaria urgente de estos pobladores".
El Defensor indicó que existen “demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales” como así también hay “falta de control de la contaminación de origen industrial”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación coordina el Cuerpo Colegiado, conformado por 5 ONGs entre las que se encuentran la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace que participaron de la inspección.
Fecha de Publicación: 22/08/2010
Fuente: Agencia La Provincia
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
En el recorrido Sella señaló que "a 2 años del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, no existen avances que se traduzcan en mejoras para la población o el ambiente, la mayor parte de las obligaciones y plazos previstos en la sentencia no han
sido cumplidos de manera que no se advierten cambios en el Riachuelo".
Y expresó que "es preocupante constatar que son miles de personas en la rivera de la
ciudad las que siguen conviviendo con factores de riesgo ambiental como son la basura y las sustancias tóxicas, pese a la sentencia de la Corte que priorizó la atención sanitaria urgente de estos pobladores".
El Defensor indicó que existen “demoras en la relocalización de los asentamientos que se encuentran sobre basurales” como así también hay “falta de control de la contaminación de origen industrial”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación coordina el Cuerpo Colegiado, conformado por 5 ONGs entre las que se encuentran la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace que participaron de la inspección.
Presentan una denuncia penal por Ayuí
Presentan una denuncia penal por Ayuí
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Chaco - Corrientes
Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que prevé la pena de prisión para quienes “ilícitamente” utilicen las aguas de represas, ríos y arroyos.
La construcción de la represa Ayuí Grande que los empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor Timerman, para que “Ayuí no se convierta en una nueva Botnia”, se le agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se presentó ante la Cámara Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién “ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos” y a aquel “que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas”.
La denuncia destaca que “la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas”, al tiempo que producirá “la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños”. Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue “una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado”, ya que “altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible”.
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que “la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino”.
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí Grande.
La senadora advirtió que “esto podría tener un impacto ambiental de grandes dimensiones” y aseguró que “el proyecto no sólo viola la Constitución sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil, a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay”.
Asimismo, calificó como “impresionante e intencionado” el silencio de muchos medios de comunicación respecto del conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los responsables de la iniciativa.
“Hay un gran sector de la comunidad preocupada y movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el Uruguay”, agregó Osuna.
“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)”, finalizó la legisladora.
Amparo a la Ley de Bosques de Chubut
Ley de Bosques: la justicia admitió amparo
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La juez de Esquel, Claudia Melidoni, declaró admisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches de Chubut en el que piden la nulidad y declaración de inconstitucional de la ley provincial de bosques. También ordenó citar al la secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular es Homero Bibiloni, en su calidad de autoridad de aplicación.
La juez dispuso que “a la luz de los hechos y el derecho expuestos por las comunidades amparistas, declarar admisible el amparo solicitado”, y dar “por iniciada formalmente la demanda de amparo contra la provincia de Chubut”.
Cabe recordar que las comunidades Cayún, Leopoldo Quilodrán, Lorenzo Pulgar Huentuquidel y Motoco-Cárdenas, pertenecientes al pueblo mapuche demandaron a la provincia por haber aprobado una ley que afecta sus derechos territoriales y culturales “sin haber consultado a los pueblos originarios que habitan la provincia y sin haberles dado participación violando, de esa manera, derechos humanos constitucionalmente reconocidos”, afirman los abogados del Grupo de Acceso Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT).
La inconstitucionalidad y la nulidad de la ley aprobada en la Legislatura Provincial el pasado 17 de junio.
Los integrantes del Gajat informaron que a través de la presentación se busca “asegurar al pueblo mapuche ser protagonista ineludible de procedimientos de consulta y participación en todas las etapas de elaboración, desarrollo y sanción, de acuerdo a los parámetros internacionales que rigen en la República Argentina al respecto, en especial, en condiciones de igualdad y buena fe”.
Entre los reclamos se exige que la autoridad de aplicación de la ley provincial tenga composición indígena representativa de los pueblos originarios de la provincia.
Edgardo Manosalva, representante legal, afirmó que “la noticia judicial fortaleció aún más a las comunidades cordilleranas, las cuales se mantienen resistiendo en territorio, en Trawún permanente”.
Fecha de Publicación: 21/08/2010
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
La juez de Esquel, Claudia Melidoni, declaró admisible el amparo presentado por cuatro comunidades mapuches de Chubut en el que piden la nulidad y declaración de inconstitucional de la ley provincial de bosques. También ordenó citar al la secretaría de Ambiente de la Nación, cuyo titular es Homero Bibiloni, en su calidad de autoridad de aplicación.
La juez dispuso que “a la luz de los hechos y el derecho expuestos por las comunidades amparistas, declarar admisible el amparo solicitado”, y dar “por iniciada formalmente la demanda de amparo contra la provincia de Chubut”.
Cabe recordar que las comunidades Cayún, Leopoldo Quilodrán, Lorenzo Pulgar Huentuquidel y Motoco-Cárdenas, pertenecientes al pueblo mapuche demandaron a la provincia por haber aprobado una ley que afecta sus derechos territoriales y culturales “sin haber consultado a los pueblos originarios que habitan la provincia y sin haberles dado participación violando, de esa manera, derechos humanos constitucionalmente reconocidos”, afirman los abogados del Grupo de Acceso Jurídico para el Acceso a la Tierra (GAJAT).
La inconstitucionalidad y la nulidad de la ley aprobada en la Legislatura Provincial el pasado 17 de junio.
Los integrantes del Gajat informaron que a través de la presentación se busca “asegurar al pueblo mapuche ser protagonista ineludible de procedimientos de consulta y participación en todas las etapas de elaboración, desarrollo y sanción, de acuerdo a los parámetros internacionales que rigen en la República Argentina al respecto, en especial, en condiciones de igualdad y buena fe”.
Entre los reclamos se exige que la autoridad de aplicación de la ley provincial tenga composición indígena representativa de los pueblos originarios de la provincia.
Edgardo Manosalva, representante legal, afirmó que “la noticia judicial fortaleció aún más a las comunidades cordilleranas, las cuales se mantienen resistiendo en territorio, en Trawún permanente”.
El gobierno contra la Represa Ayuí
Una represa en el aire
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno llevará adelante acciones judiciales para evitar la construcción de una represa en Corrientes, considerada “dañina” para el medio ambiente y “violatoria” del Tratado del Río Uruguay. El proyecto denominado Represa Ayuí Grande planea la creación de un lago artificial que inundará ocho mil hectáreas de una reserva cercana a los Esteros del Iberá para el riego de otras 18 mil, destinadas al cultivo de arroz, que serían instaladas en esa zona. En tanto, la iniciativa de las empresas Copra SA, encabezada por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adeco Agro, del magnate húngaro George Soros, fue defendida por el gobernador correntino, Ricardo Colombi, a pesar de haber cosechado el rechazo de organizaciones ambientalistas y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
“Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional. Estamos evaluando presentaciones judiciales para evitar que se ponga en marcha la construcción de este emprendimiento”, dijo el canciller. En ese sentido, agregó que “Argentina está decidida a actuar contra las empresas de Aranda y de Soros, para evitar que se destruya el ecosistema en Corrientes y en toda la Mesopotamia”. Timerman también señaló que se comunicó con su par uruguayo, Luis Almagro, para ponerlo al tanto de la situación y para adelantarle que viajará a Montevideo para hablar sobre el tema. En forma paralela, envió una carta a Colombi pidiendo información sobre la represa que permita “empezar a estudiar su impacto medioambiental”, antes de recibir una “denuncia” por parte del Uruguay.
La Secretaría de Medio Ambiente pidió información sobre esta represa en tres oportunidades, la primera en 2008 y la última “hace unos meses”, pero sin ninguna respuesta, reseñó el titular del Palacio San Martín. Timerman confió en que ahora el gobernador impida el avance en la construcción de la obra “e imponga un tiempo de espera” hasta que analicen un eventual daño ambiental. A fines de 2009, el entonces mandatario correntino y primo del actual, Arturo Colombi, firmó un decreto habilitando a los empresarios a deforestar un área protegida. La Justicia declaró inconstitucional el decreto, pero pocos meses más tarde, apenas asumido el actual gobierno, la Legislatura aprobó la ley de ordenamiento territorial de bosques, copia exacta del decreto anulado, según denunciaron ambientalistas que se oponen a la construcción.
Colombi argumentó que la provincia quedó en medio de “peleas que no tienen que ver con lo productivo” y defendió el proyecto. “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando”, señaló.
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El Gobierno frena una represa en Corrientes
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman anunció ayer que el Gobierno estudia acudir a la Justicia para impedir la construcción de una represa en la provincia de Corrientes que puede afectar la cuenca del río Uruguay.
El proyecto es de dos empresas arroceras, y, dijo el canciller, preocupa al gobierno uruguayo, porque es motivo potencial de un conflicto medioambiental y jurídico.
La represa lleva el nombre de Ayuí Grande, y es promovida por dos emprendimientos privados, uno vinculado al empresario norteamericano George Soros, y otro ligado con José Aranda, accionista del grupo Clarín. "Es una posible violación al Tratado del río Uruguay, cometida, o que se estaría por cometer, por parte de dos empresas en la provincia de Corrientes", dijo Timerman, ayer, en una conferencia de prensa.
Timerman dijo que las empresas se proponen "inundar 8000 hectáreas" con el emprendimiento.
"Haremos la denuncia porque estamos a pocas semanas del comienzo de la obra, que colocaría a la Argentina como violatoria del Tratado del río Uruguay", dijo el canciller.
"La Argentina no va a convalidar la violación del tratado", agregó.
Timerman reveló que mantuvo una conversación por este tema con su par uruguayo, Luis Almagro, en momentos en que se define el monitoreo ambiental sobre el río.
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El Gobierno, contra un proyecto en Corrientes que Colombi defiende
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Corrientes
El mismo día en que el Gobierno nacional lanzó un ataque público y judicial contra un emprendimiento arrocero en Corrientes, el gobernador de esa provincia y radical K, Ricardo Colombi, reaccionó al embate defendiendo el proyecto: “Lo apoyamos y vamos a seguir apoyando como a cualquier emprendimiento productivo, agrícola, forestal, ganadero, cítrico u hortícola”.
Ayer, en la voz del canciller Héctor Timerman, la Casa Rosada apuntó contra la construcción de la represa Ayuí Grande, y dijo que “puede ser violatoria del medio ambiente y del derecho internacional”. Agregó que “la Argentina no va convalidar la posible violación de un tratado internacional que se estaría por cometer”.
El ministro de Relaciones Exteriores puso en duda la legalidad de un emprendimiento que cuenta con el aval de Colombi a través del decreto 2353 del 9 de diciembre de 2009 (ver facsímil).
El documento ratifica “la resolución 794 del señor Administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente”. El decreto fue refrendado también por el Ministro de Producción, Trabajo y Turismo a través del Director de Recursos Forestales, Luis María Mestres. Con la disposición n° 004.
A pesar de esta documentación, Timerman se opuso al proyecto, impulsado por una Unión Transitoria de Empresas en la que participan Copra –del directivo del Grupo Clarín, José Aranda–, Pilagá SRL –de George Soros–, Santa Clara, Yuquerí S.A., Tupantuva S.A. y Estancia Ñu Verá de la Familia Serrano.
Ayer, Colombi opinó lo contrario: “B ienvenidos sean estos proyectos porque nosotros necesitamos generar recursos, mano de obra y trabajo para mejorar la calidad de vida de todos los correntinos”.
En relación al conflicto planteado por Timerman, el gobernador se quejó: “la provincia de Corrientes no puede ser el jamón del sandwich en peleas que no tienen que ver con lo netamente productivo”.
La represa Ayuí Grande, que comenzará sus obras en septiembre, tomará agua de un arroyo para regar 15 mil hectáreas de arroz.
Según el ingeniero Jorge Adámoli, a cargo del estudio de impacto ambiental, “el caudal del arroyo Ayuí es de 40 metros cúbicos por segundo. Eso equivale al 1% del Río Uruguay”, explicó el profesional y agregó: “por otra parte, las autoridades del agua y del ambiente de Corriente s vienen monitoreando desde hace varios años a las áreas arroceras de la provincia, y no encontraron ningún parámetro de contaminación fuera de los límites permitidos”.
Ante los reclamos de algunos dirigentes ambientales sobre el impacto del proyecto en el ecosistema del río Uruguay (adonde termina desembocando el curso de agua del arroyo), Adámoli dijo: “este emprendimiento es sobre 15.000 hectáreas de arroz. Uruguay tiene sobre la cuenca del río 150.000 hectáreas de este grano, y Brasil, 1.200.000 has., también sobre el río Uruguay”. El ingeniero concluyó que “ esa hipótesis de contaminación no resiste el menor análisis”.
El plan de gestión ambiental del proyecto prevé más de 2 millones de pesos para análisis de calidad de aguas y sedimentos que realizarán organismos científicos e independientes de los accionistas, según informaron ayer fuentes vinculadas al proyecto. Según Adámoli, “eso da un nivel de monitoreo que no tiene precedentes en ningún proyecto arrocero ni agrícola del país”.
Hasta ayer, el Gobierno no había hecho efectiva la amenaza de presentarse ante la Justicia por la supuesta violación de tratados internacionales. Esta embestida oficial atentaría contra las leyes que amparan las decisiones provinciales.
Incendio en el Parque Nacional Calilegua
Un incendio arrasó 600 hectáreas del Parque Nacional Calilegua
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy
El fuego se desarrolló en la parte más alta de la reserva ubicada en Jujuy.
Un incendio de grandes proporciones afectaba ayer al Parque Nacional Calilegua, de la provincia de Jujuy, donde el fuego ya había arrasado unas 600 hectáreas de pastizales altos y manchones de bosques nativos en el interior de la reserva.
Nelson Valiente, jefe del departamento Incendio del Parque Calilegua, dijo que “el siniestro se desarrolla en la zona más alta del parque, en la Sierra de Calilegua, donde hay una divisoria de agua que hace límite con el departamento de Valle Grande”.
El funcionario afirmó que las llamas “quemaron un 90 por ciento de pastizales altos de zonas aledañas al parque” y que “al ingresar a la reserva agarró manchones del bosque alto montano o bosque nativo, donde predominan especies como el Aliso del cerro y Quenua”.
En las cercanías de ese parque, en la zona de Valle Grande, los agricultores suelen utilizar el fuego como una herramienta que, según dicen, sirve para mejorar las pasturas en forma muy rápida.
Pero, frecuentemente, suelen perder el control del fuego, como lo que podría haber pasado en este caso.
El llamado Viento Norte, similar al Zonda cuyano, que produce sequedad en el ambiente, más condiciones climáticas favorables, hacen propicio este tipo de accidentes.
“El aviso de la existencia de fuego fuera del parque se recibió el domingo 15 de agosto a la noche y su extensión a la reserva se produjo el día 17 de agosto”, destacó Valiente.
La evaluación de los daños hasta el momento fue estimada en “unas 600 hectáreas entre Valle Grande y el Parque”.
Los peritos analizaban ayer en el lugar el tipo de tareas que se pueden realizar en la zona para avanzar en el combate del fuego, aunque ya trabajan agentes del Plan de Manejo del Fuego y del Parque Nacional Calilegua.
Según Valiente, “el lugar es retirado e inaccesible y para llegar a la zona “los brigadistas tienen primero que alcanzar el paraje San Francisco, para lo que demoran unas 8 a 10 horas caminando”.
Fecha de Publicación: 20/08/2010
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Jujuy
El fuego se desarrolló en la parte más alta de la reserva ubicada en Jujuy.
Un incendio de grandes proporciones afectaba ayer al Parque Nacional Calilegua, de la provincia de Jujuy, donde el fuego ya había arrasado unas 600 hectáreas de pastizales altos y manchones de bosques nativos en el interior de la reserva.
Nelson Valiente, jefe del departamento Incendio del Parque Calilegua, dijo que “el siniestro se desarrolla en la zona más alta del parque, en la Sierra de Calilegua, donde hay una divisoria de agua que hace límite con el departamento de Valle Grande”.
El funcionario afirmó que las llamas “quemaron un 90 por ciento de pastizales altos de zonas aledañas al parque” y que “al ingresar a la reserva agarró manchones del bosque alto montano o bosque nativo, donde predominan especies como el Aliso del cerro y Quenua”.
En las cercanías de ese parque, en la zona de Valle Grande, los agricultores suelen utilizar el fuego como una herramienta que, según dicen, sirve para mejorar las pasturas en forma muy rápida.
Pero, frecuentemente, suelen perder el control del fuego, como lo que podría haber pasado en este caso.
El llamado Viento Norte, similar al Zonda cuyano, que produce sequedad en el ambiente, más condiciones climáticas favorables, hacen propicio este tipo de accidentes.
“El aviso de la existencia de fuego fuera del parque se recibió el domingo 15 de agosto a la noche y su extensión a la reserva se produjo el día 17 de agosto”, destacó Valiente.
La evaluación de los daños hasta el momento fue estimada en “unas 600 hectáreas entre Valle Grande y el Parque”.
Los peritos analizaban ayer en el lugar el tipo de tareas que se pueden realizar en la zona para avanzar en el combate del fuego, aunque ya trabajan agentes del Plan de Manejo del Fuego y del Parque Nacional Calilegua.
Según Valiente, “el lugar es retirado e inaccesible y para llegar a la zona “los brigadistas tienen primero que alcanzar el paraje San Francisco, para lo que demoran unas 8 a 10 horas caminando”.
Preocupa el proyecto arrocero en Ayui
Preocupa a ambientalistas de Corrientes el proyecto arrocero en Ayui
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Corrientes
A fin de maximizar la producción de arroz, construirán una represa que hará desparecer 55 kilómetros de costa y numerosas especies autóctonas.
Guillermo Cardozzo, coordinador de la fundación Reserva del Iberá, dio más detalles a RADIO MÁXIMA sobre el proyecto arrocero que amenaza la biodiversidad del arroyo Ayui. “Esto es el icono del capitalismo, unos pocos toman mucho”, expresó.
El proyecto pretende inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Los ríos en Argentina son un bien público, y esta sería la primera vez que una empresa se adueña de un río, en beneficio propio.
Este emprendimiento arrocero pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el coordinador de la fundación Reserva del Iberá, aclaró que de lo que se está en contra no es de la producción, sino “de los medios que se utilizan para maximizar la producción”. Informó que se pretenden cultivar 28 mil hectáreas de arroz, y con esto desaparecerán 55 kilómetros de costa del arroyo Ayui Grande, en Corrientes. Además, desaparecerán especies autóctonas actualmente protegidas por la ley como los bosques nativos, el aguará guazú y el lobito de río.
“Cuando se tocan intereses económicos estas cosas pasan a segundo plano”, lamentó el ambientalista. “Los intereses económicos pueden torcer cualquier cosa”, expresó.
Timerman: "Ayuí no será otra Botnia"
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, "no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto". Además, reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti, sobre "los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental" del proyecto. Según Timerman, el pedido de Taccetti "no recibió respuesta".
"Le reitero la solicitud para que usted tenga a bien disponer la remisión a este Ministerio de todos los antecedentes y la información completa del citado proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental llevados a cabo", señalá la misiva.
Taccetti había realizado el pedido el 16 de febrero de 2010.
Según la carta, el objetivo de la información es para que "las autoridades nacionales competentes puedan evaluar oportunamente si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y por lo tanto correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en el citado acuerdo internacional".
"Hasta tanto no se remita dicha información y no se hayan expedido las autoridades competentes...resulta necesario reiterar la necesidad de que no se proceda a autorizar la realización del proyecto ni el inicio de las obras con el fin de evitar que nuestro país pudiera eventualmente incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975", finaliza la carta.
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Máxima On Line
Provincia/Región: Corrientes
A fin de maximizar la producción de arroz, construirán una represa que hará desparecer 55 kilómetros de costa y numerosas especies autóctonas.
Guillermo Cardozzo, coordinador de la fundación Reserva del Iberá, dio más detalles a RADIO MÁXIMA sobre el proyecto arrocero que amenaza la biodiversidad del arroyo Ayui. “Esto es el icono del capitalismo, unos pocos toman mucho”, expresó.
El proyecto pretende inundar 8.000 hectáreas para plantar arroz y soja. Los ríos en Argentina son un bien público, y esta sería la primera vez que una empresa se adueña de un río, en beneficio propio.
Este emprendimiento arrocero pertenece al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y del multimillonario húngaro George Soros.
En diálogo con RADIO MÁXIMA, el coordinador de la fundación Reserva del Iberá, aclaró que de lo que se está en contra no es de la producción, sino “de los medios que se utilizan para maximizar la producción”. Informó que se pretenden cultivar 28 mil hectáreas de arroz, y con esto desaparecerán 55 kilómetros de costa del arroyo Ayui Grande, en Corrientes. Además, desaparecerán especies autóctonas actualmente protegidas por la ley como los bosques nativos, el aguará guazú y el lobito de río.
“Cuando se tocan intereses económicos estas cosas pasan a segundo plano”, lamentó el ambientalista. “Los intereses económicos pueden torcer cualquier cosa”, expresó.
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Timerman: "Ayuí no será otra Botnia"
Fecha de Publicación: 19/08/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Corrientes
El canciller Héctor Timerman afirmó que el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, impulsada por el vicepresidente del grupo Clarín, José Antonio Aranda, y el empresario húngaro George Soros, "no se va a convertir en una nueva Botnia porque la Argentina va a denunciar esto". Además, reiteró formalmente al gobernador del Corrientes, Ricardo Colombi, un pedido de información realizado a principios de 2010 por el entonces vicecanciller Vitorio Taccetti, sobre "los antecedentes y la información completa, incluidos los estudios de impacto ambiental" del proyecto. Según Timerman, el pedido de Taccetti "no recibió respuesta".
"Le reitero la solicitud para que usted tenga a bien disponer la remisión a este Ministerio de todos los antecedentes y la información completa del citado proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental llevados a cabo", señalá la misiva.
Taccetti había realizado el pedido el 16 de febrero de 2010.
Según la carta, el objetivo de la información es para que "las autoridades nacionales competentes puedan evaluar oportunamente si dicho proyecto cae en el ámbito de aplicación de los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 y por lo tanto correspondería someter el mismo a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el marco del mecanismo de información y consulta previas previsto en el citado acuerdo internacional".
"Hasta tanto no se remita dicha información y no se hayan expedido las autoridades competentes...resulta necesario reiterar la necesidad de que no se proceda a autorizar la realización del proyecto ni el inicio de las obras con el fin de evitar que nuestro país pudiera eventualmente incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975", finaliza la carta.
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