Gualeguaychú rechaza el acuerdo
08:25 | 
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Gualeguaychú rechaza el acuerdo y ya se vuelve a hablar de protesta
Fecha de Publicación: 30/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El 19 de agosto se cumple el plazo de suspensión del corte del paso internacional.
El acuerdo está, pero casi nadie está de acuerdo. Para la Asamblea de Gualeguaychú, los alcances exactos del acuerdo de monitoreo son oscuros. ¿Qué hará la Asamblea el 19 de agosto, cuando se cumpla el plazo de dos meses estipulado al levantar el corte de ruta? Orgánicamente, no se ha tratado el tema. Todavía dura el shock de la firma de dos días atrás y de las notificaciones judiciales que han recibido varios asambleístas.
Y hay quienes ya evalúan volver a la protesta.
Para el abogado Luis Leissa, tras el levantamiento del corte, el Gobierno ha hecho “gestos pequeños sin respuestas acertadas, mientras sigue apostando a la resignación y al cansancio de Gualeguaychú. Ni siquiera aceptó la posibilidad de que Susana Ruiz Cerrutti, de Cancillería, y científicos de las universidades de La Plata y UBA vinieran a Gualeguaychú a explicarnos las pruebas que presentaron ante La Haya.
Eso muestra que deben esconder cosas” , dijo. “Creo que la protesta debe continuar, ante la desprotección en que nos deja el estado nacional”, agregó Leissa. ¿Eso significa volver a la ruta? “El corte es una medida más. Hay otras, como el reclamo que acabamos ante la embajada de Finlandia. O marchas al puente, cortes sorpresivos en vez de permanentes, tareas de divulgación, reunión con la Comisión de Medio Ambiente del Senado”, indicó.
“Nadie aclara el procedimiento –dijo a Clarín Gustavo Rivollier–. En Montevideo, al regresar ayer, el canciller uruguayo dijo a la oposición que no se entrará a Botnia.
Siguen 30 días en los que la CARU deberá detallar condiciones de trabajo. Recibimos anuncios y nadie aclara la letra chica”.
Es factible que el grupo que votó en contra del levantamiento en junio reclame ahora reinstaurar el bloqueo. “Podría volver a realizarse una gran asamblea para que todos opinen. Pero por ahora, estamos atentos a conocer mejor el acuerdo. Que la DINAMA uruguaya sea quien controle a Botnia acompañada del comité científico no es buen auspicio”, afirmó Leissa. “Inés Camillioni, científica de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, declaró que el equipo de investigadores de Argentina verificó 78 episodios de contaminación con ácido sulfídrico procedente de Botnia. Pero que desde mayo, el gobierno cortó los fondos al equipo científico”.
Para Ana Angelini, “el acuerdo no cumple con lo mandado por la La Haya y, encima, pone parámetros de la DINAMA, que ya estiró espectacularmente todos los parámetros de control para permitir que Botnia se instale”. Pese a ello, “todavía es pronto para hablar sobre qué sucederá el 19 de agosto”.
¿Monitoreo o automonitoreo consentido?
Por Raúl A. Estrada Oyuela
El acuerdo firmado el martes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica no satisface el entendimiento que ambos habían alcanzado el 2 de junio, ni aporta una aproximación razonable a la preocupación creada por el grave impacto ambiental de la plata de celulosa sobre el Río Uruguay. Lamentablemente, queda abierta la cuestión.
En junio, se estableció que el 17 del corriente, las delegaciones debían acordar en la Comisión Administradora del Río Uruguay las condiciones de vigilancia para la planta de Botnia–UPM y de prevención de la contaminación del río.
No hay noticias de que esto se haya logrado.
La novedad es que, en 30 días, cada gobierno designará dos científicos para que conformen un comité de la CARU, a fin de monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes. La CARU tiene cinco comisiones técnicas y ellas se ocupan del medio ambiente y el uso del agua, de la pesca y de la calidad de las aguas y la prevención de la contaminación. Están integradas por profesionales que en muchos casos son investigadores de primera línea. ¿En qué consiste entonces la novedad? Hablar de científicos no cambia la sustancia.
La CARU no ha definido el nuevo monitoreo en el río, que debe registrar los caudales, la velocidad y la dirección del flujo en toda la columna de agua, y controlar las condiciones atmosféricas.
Deben además definirse los indicadores y la frecuencia con que se tomarán las muestras. Importan la biota del río, las especies bio-acumuladoras de contaminantes, el plancton, y las diferentes especies ictícolas. Beben tomarse muestras del agua a distintas profundidades, de los sedimentos del fondo, y analizar el material en suspensión.
Deben controlarse los gases y el material suspendido que se lanza a la atmósfera, pero una frase críptica del Acuerdo dice que se controlarán las “emisiones gaseosas que puedan acceder al Río Uruguay”.
¿Declinamos controlar la contaminación que puede llegar al territorio desde la planta? Pero además habrá que explicar cómo se distinguen los gases y partículas que pueden “caer” al río antes de alcanzar la otra costa.
Para el monitoreo en la planta los presidentes acordaron que las acciones estarán a cargo de la DINAMA y que se aplicarán las normativas de la CARU –que no existen para el caso– y las de la DINAMA. La norma de la DINAMA ha establecido que los operarios y supervisores de Botnia-UPM monitorean la planta, según informa la Comisión de Seguimiento de Monitoreo Ambiental. ¿Estará el Comité Científico estará sujeto a esa norma? ¿Es eso monitoreo conjunto, o automonitoreo de la industria consentido por los gobiernos? Las visitas científicas no podrán ser más de doce por año, a pesar de que el Estatuto del río Uruguay establece que “cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción” y que esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados”. Parece difícil restringir un tratado mediante un acuerdo pactado en el primer cordón del conurbano bonaerense.
Finalmente el acuerdo dice que el monitoreo comenzará en la planta de celulosa y en la desembocadura del Río Gualeguachú. El Estatuto del río asimila afluentes y efluentes.
Como no se indica ninguna industria en la desembocadura del río Gualeguaychú, puede entenderse que en la otra margen, donde esta la planta de celulosa, no se será monitoreado su interior, sino que sólo se observarán los efluentes cuando lleguen al Río Uruguay.
Fecha de Publicación: 30/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
El 19 de agosto se cumple el plazo de suspensión del corte del paso internacional.
El acuerdo está, pero casi nadie está de acuerdo. Para la Asamblea de Gualeguaychú, los alcances exactos del acuerdo de monitoreo son oscuros. ¿Qué hará la Asamblea el 19 de agosto, cuando se cumpla el plazo de dos meses estipulado al levantar el corte de ruta? Orgánicamente, no se ha tratado el tema. Todavía dura el shock de la firma de dos días atrás y de las notificaciones judiciales que han recibido varios asambleístas.
Y hay quienes ya evalúan volver a la protesta.
Para el abogado Luis Leissa, tras el levantamiento del corte, el Gobierno ha hecho “gestos pequeños sin respuestas acertadas, mientras sigue apostando a la resignación y al cansancio de Gualeguaychú. Ni siquiera aceptó la posibilidad de que Susana Ruiz Cerrutti, de Cancillería, y científicos de las universidades de La Plata y UBA vinieran a Gualeguaychú a explicarnos las pruebas que presentaron ante La Haya.
Eso muestra que deben esconder cosas” , dijo. “Creo que la protesta debe continuar, ante la desprotección en que nos deja el estado nacional”, agregó Leissa. ¿Eso significa volver a la ruta? “El corte es una medida más. Hay otras, como el reclamo que acabamos ante la embajada de Finlandia. O marchas al puente, cortes sorpresivos en vez de permanentes, tareas de divulgación, reunión con la Comisión de Medio Ambiente del Senado”, indicó.
“Nadie aclara el procedimiento –dijo a Clarín Gustavo Rivollier–. En Montevideo, al regresar ayer, el canciller uruguayo dijo a la oposición que no se entrará a Botnia.
Siguen 30 días en los que la CARU deberá detallar condiciones de trabajo. Recibimos anuncios y nadie aclara la letra chica”.
Es factible que el grupo que votó en contra del levantamiento en junio reclame ahora reinstaurar el bloqueo. “Podría volver a realizarse una gran asamblea para que todos opinen. Pero por ahora, estamos atentos a conocer mejor el acuerdo. Que la DINAMA uruguaya sea quien controle a Botnia acompañada del comité científico no es buen auspicio”, afirmó Leissa. “Inés Camillioni, científica de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, declaró que el equipo de investigadores de Argentina verificó 78 episodios de contaminación con ácido sulfídrico procedente de Botnia. Pero que desde mayo, el gobierno cortó los fondos al equipo científico”.
Para Ana Angelini, “el acuerdo no cumple con lo mandado por la La Haya y, encima, pone parámetros de la DINAMA, que ya estiró espectacularmente todos los parámetros de control para permitir que Botnia se instale”. Pese a ello, “todavía es pronto para hablar sobre qué sucederá el 19 de agosto”.
¿Monitoreo o automonitoreo consentido?
Por Raúl A. Estrada Oyuela
El acuerdo firmado el martes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica no satisface el entendimiento que ambos habían alcanzado el 2 de junio, ni aporta una aproximación razonable a la preocupación creada por el grave impacto ambiental de la plata de celulosa sobre el Río Uruguay. Lamentablemente, queda abierta la cuestión.
En junio, se estableció que el 17 del corriente, las delegaciones debían acordar en la Comisión Administradora del Río Uruguay las condiciones de vigilancia para la planta de Botnia–UPM y de prevención de la contaminación del río.
No hay noticias de que esto se haya logrado.
La novedad es que, en 30 días, cada gobierno designará dos científicos para que conformen un comité de la CARU, a fin de monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes. La CARU tiene cinco comisiones técnicas y ellas se ocupan del medio ambiente y el uso del agua, de la pesca y de la calidad de las aguas y la prevención de la contaminación. Están integradas por profesionales que en muchos casos son investigadores de primera línea. ¿En qué consiste entonces la novedad? Hablar de científicos no cambia la sustancia.
La CARU no ha definido el nuevo monitoreo en el río, que debe registrar los caudales, la velocidad y la dirección del flujo en toda la columna de agua, y controlar las condiciones atmosféricas.
Deben además definirse los indicadores y la frecuencia con que se tomarán las muestras. Importan la biota del río, las especies bio-acumuladoras de contaminantes, el plancton, y las diferentes especies ictícolas. Beben tomarse muestras del agua a distintas profundidades, de los sedimentos del fondo, y analizar el material en suspensión.
Deben controlarse los gases y el material suspendido que se lanza a la atmósfera, pero una frase críptica del Acuerdo dice que se controlarán las “emisiones gaseosas que puedan acceder al Río Uruguay”.
¿Declinamos controlar la contaminación que puede llegar al territorio desde la planta? Pero además habrá que explicar cómo se distinguen los gases y partículas que pueden “caer” al río antes de alcanzar la otra costa.
Para el monitoreo en la planta los presidentes acordaron que las acciones estarán a cargo de la DINAMA y que se aplicarán las normativas de la CARU –que no existen para el caso– y las de la DINAMA. La norma de la DINAMA ha establecido que los operarios y supervisores de Botnia-UPM monitorean la planta, según informa la Comisión de Seguimiento de Monitoreo Ambiental. ¿Estará el Comité Científico estará sujeto a esa norma? ¿Es eso monitoreo conjunto, o automonitoreo de la industria consentido por los gobiernos? Las visitas científicas no podrán ser más de doce por año, a pesar de que el Estatuto del río Uruguay establece que “cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción” y que esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados”. Parece difícil restringir un tratado mediante un acuerdo pactado en el primer cordón del conurbano bonaerense.
Finalmente el acuerdo dice que el monitoreo comenzará en la planta de celulosa y en la desembocadura del Río Gualeguachú. El Estatuto del río asimila afluentes y efluentes.
Como no se indica ninguna industria en la desembocadura del río Gualeguaychú, puede entenderse que en la otra margen, donde esta la planta de celulosa, no se será monitoreado su interior, sino que sólo se observarán los efluentes cuando lleguen al Río Uruguay.
Acuerdo con Uruguay para el monitoreo de Botnia
Acuerdo con Uruguay para el monitoreo de la planta de Botnia
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Autoriza hasta doce inspecciones por año de científicos de ambos países en el interior de la pastera.
Sólo una reacción adversa de los asambleístas de Gualeguaychú, cuyo reclamo tuvo un peso descomunal en la política exterior con Uruguay durante años, podría hacer naufragar el acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y José Mujica ayer, en la Quinta de Olivos. Este contempla finalmente, como pedía la Argentina, que técnicos argentinos, con pares uruguayos, puedan inspeccionar el interior de la pastera de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), que se levanta en Fray Bentos.
También podría frenarse si la empresa se negara a permitir a los argentinos entrar a la planta. Pero supo este diario de fuentes en Uruguay que la compañía no se opondrá a ello siempre y cuando se haga bajo estándares internacionales, científicos y no políticos. Con todo, la empresa dijo ayer que como lo “ha manifestado anteriormente, este es un tema entre gobiernos” y consideró que “no” correspondía hacer declaraciones sobre el asunto”. El gobierno de Mujica informó anoche el acuerdo a la oposición política y en las próximas horas hará los mismo con UPM.
Llegado ayer a las 15 horas en helicóptero desde Montevideo, a su cuarta bilateral con Cristina, Mujica permaneció unas dos horas en Olivos. Pero fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, los que en el último mes tuvieron varios encuentros –y también desacuerdos– quienes anunciaron a los periodistas el acuerdo. Este estipula la creación en los próximos 30 días de un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, que serán elegidos por cada país. Trabajarán en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (la CARU), el ente regulador del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975. El comité monitoreará “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río y sus áreas de influencia”, incluyendo la plata de Botnia, que será de hecho, dada las prioridades, la que primero se inspeccionará.
Este punto es una victoria para la Argentina, pero también hay otra para los uruguayos que pedían que las inspecciones también abarquen a las industrias y campos contaminantes del lado argentino. El acuerdo estipula que “el máximo de ingresos” de control del comité científico en cada establecimiento será de hasta 12 veces por año. Y se espera que empiece lo antes posible.
Cuando las inspecciones del comité sean del lado uruguayo, serán dirigidas por la dirección de medioambiente oriental, y viceversa cuando ocurran del lado argentino. “Se cierra un capítulo de nuestra historia y empieza otro que es el de la cooperación en el control ambiental del río Uruguay y su zona de influencia”, dijo ayer Timerman junto a Almagro.
Cristina y Mujica se verán lunes y martes en San Juan, en la cumbre del Mercosur. Ambos querían llegar ahí con un acuerdo cerrado, tal como buscaron tras el fallo de abril de la Corte de La Haya, que no habilitó la relocalización de Botnia pero considero a la vez que los uruguayos sí violaron el Estatuto binacional sobre el río. Es curioso igual porque en 2006 Argentina rechazó una propuesta algo similar de “monitoreo permanente y conjunto” sobre el impacto ambiental de las cuestionadas pasteras sobre el río.
Para Cristina, “ejemplar”
En medio de la recepción que dio ayer al equipo de hockey de Las leonas, la presidenta Cristina Kirchner hizo un alto para hablar con la prensa y expresar que estaba “muy contenta” por el acuerdo con Uruguay en el conflicto por la pastera Botnia.
Cristina calificó de “ejemplar” el acuerdo alcanzado para el monitoreo ambiental del Río Uruguay. Sostuvo que “con Pepe (José Mujica) siempre tenemos muy buena onda, porque ambos queremos solucionar”, y aseguró que “le encontramos respuesta a un problema que veníamos arrastrando hace años y teníamos que superar”. “No hay nada que pueda separarnos” con Uruguay, añadió la Presidenta.
Explicó que el acuerdo “tiene que desarrollarse en el marco de la CARU” porque así lo indica el Tratado del Río Uruguay.
Contó también que habían visto “viejas actas” de la CARU y que los mecanismos de monitoreo ya se aplicaron en 1999 y 2000.
“Era una práctica muy común que la CARU hiciera inspecciones a plantas industriales de ambas márgenes del río. No sé por qué eso se dejó de hacer”, aseguró la Presidenta.
Coincidencias en Uruguay
A su vuelta de Buenos Aires, luego de participar en la reunión de la Quinta de Olivos, el canciller Luis Almagro convocó anoche a Luis Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, principales líderes de la oposición, para explicarles los términos del acuerdo alcanzado con la Argentina. El ex presidente Lacalle se mostró complacido con la actitud del gobierno. “En temas de fronteras afuera todos debemos caminar juntos y velar por los intereses del país”, añadió. “Creo que se llegó a una buena solución”, fue lo primero que expresó Bordaberry. “Los buenos acuerdos se dan cuando las partes quedan en algún punto un poco molestas”. Ante la pregunta de cómo cree que van a reaccionar en Gualeguaychú, Bordaberry se excusó de opinar. “A los políticos uruguayos no nos corresponde pronunciarnos sobre los asambleístas, y creo no es un momento para agregar tensiones”. Mieres también expresó satisfacción por que se haya llegado a un entendimiento. “Hay equilibrio entres las partes, algo fundamental para poder encarar de la mejor manera el trabajo del cuidado ambiental”.
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Autoriza hasta doce inspecciones por año de científicos de ambos países en el interior de la pastera.
Sólo una reacción adversa de los asambleístas de Gualeguaychú, cuyo reclamo tuvo un peso descomunal en la política exterior con Uruguay durante años, podría hacer naufragar el acuerdo firmado entre Cristina Kirchner y José Mujica ayer, en la Quinta de Olivos. Este contempla finalmente, como pedía la Argentina, que técnicos argentinos, con pares uruguayos, puedan inspeccionar el interior de la pastera de la empresa finlandesa UPM (ex Botnia), que se levanta en Fray Bentos.
También podría frenarse si la empresa se negara a permitir a los argentinos entrar a la planta. Pero supo este diario de fuentes en Uruguay que la compañía no se opondrá a ello siempre y cuando se haga bajo estándares internacionales, científicos y no políticos. Con todo, la empresa dijo ayer que como lo “ha manifestado anteriormente, este es un tema entre gobiernos” y consideró que “no” correspondía hacer declaraciones sobre el asunto”. El gobierno de Mujica informó anoche el acuerdo a la oposición política y en las próximas horas hará los mismo con UPM.
Llegado ayer a las 15 horas en helicóptero desde Montevideo, a su cuarta bilateral con Cristina, Mujica permaneció unas dos horas en Olivos. Pero fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro, los que en el último mes tuvieron varios encuentros –y también desacuerdos– quienes anunciaron a los periodistas el acuerdo. Este estipula la creación en los próximos 30 días de un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, que serán elegidos por cada país. Trabajarán en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (la CARU), el ente regulador del Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos países en 1975. El comité monitoreará “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río y sus áreas de influencia”, incluyendo la plata de Botnia, que será de hecho, dada las prioridades, la que primero se inspeccionará.
Este punto es una victoria para la Argentina, pero también hay otra para los uruguayos que pedían que las inspecciones también abarquen a las industrias y campos contaminantes del lado argentino. El acuerdo estipula que “el máximo de ingresos” de control del comité científico en cada establecimiento será de hasta 12 veces por año. Y se espera que empiece lo antes posible.
Cuando las inspecciones del comité sean del lado uruguayo, serán dirigidas por la dirección de medioambiente oriental, y viceversa cuando ocurran del lado argentino. “Se cierra un capítulo de nuestra historia y empieza otro que es el de la cooperación en el control ambiental del río Uruguay y su zona de influencia”, dijo ayer Timerman junto a Almagro.
Cristina y Mujica se verán lunes y martes en San Juan, en la cumbre del Mercosur. Ambos querían llegar ahí con un acuerdo cerrado, tal como buscaron tras el fallo de abril de la Corte de La Haya, que no habilitó la relocalización de Botnia pero considero a la vez que los uruguayos sí violaron el Estatuto binacional sobre el río. Es curioso igual porque en 2006 Argentina rechazó una propuesta algo similar de “monitoreo permanente y conjunto” sobre el impacto ambiental de las cuestionadas pasteras sobre el río.
Para Cristina, “ejemplar”
En medio de la recepción que dio ayer al equipo de hockey de Las leonas, la presidenta Cristina Kirchner hizo un alto para hablar con la prensa y expresar que estaba “muy contenta” por el acuerdo con Uruguay en el conflicto por la pastera Botnia.
Cristina calificó de “ejemplar” el acuerdo alcanzado para el monitoreo ambiental del Río Uruguay. Sostuvo que “con Pepe (José Mujica) siempre tenemos muy buena onda, porque ambos queremos solucionar”, y aseguró que “le encontramos respuesta a un problema que veníamos arrastrando hace años y teníamos que superar”. “No hay nada que pueda separarnos” con Uruguay, añadió la Presidenta.
Explicó que el acuerdo “tiene que desarrollarse en el marco de la CARU” porque así lo indica el Tratado del Río Uruguay.
Contó también que habían visto “viejas actas” de la CARU y que los mecanismos de monitoreo ya se aplicaron en 1999 y 2000.
“Era una práctica muy común que la CARU hiciera inspecciones a plantas industriales de ambas márgenes del río. No sé por qué eso se dejó de hacer”, aseguró la Presidenta.
Coincidencias en Uruguay
A su vuelta de Buenos Aires, luego de participar en la reunión de la Quinta de Olivos, el canciller Luis Almagro convocó anoche a Luis Lacalle, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, principales líderes de la oposición, para explicarles los términos del acuerdo alcanzado con la Argentina. El ex presidente Lacalle se mostró complacido con la actitud del gobierno. “En temas de fronteras afuera todos debemos caminar juntos y velar por los intereses del país”, añadió. “Creo que se llegó a una buena solución”, fue lo primero que expresó Bordaberry. “Los buenos acuerdos se dan cuando las partes quedan en algún punto un poco molestas”. Ante la pregunta de cómo cree que van a reaccionar en Gualeguaychú, Bordaberry se excusó de opinar. “A los políticos uruguayos no nos corresponde pronunciarnos sobre los asambleístas, y creo no es un momento para agregar tensiones”. Mieres también expresó satisfacción por que se haya llegado a un entendimiento. “Hay equilibrio entres las partes, algo fundamental para poder encarar de la mejor manera el trabajo del cuidado ambiental”.
Va a estar pilas Buenos Aires
Va a estar pilas Buenos Aires
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
La organización ecologista Greenpeace denunció ayer que “las diez toneladas de pilas y baterías recolectadas por el gobierno porteño son de marcas reconocidas. Exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad”.
Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa SA (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que “el costo para el tratamiento de las diez toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos”, según se indicó en un comunicado.
En tanto, y de acuerdo con un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas diez toneladas de residuos de pilas para ser recicladas, lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos alcanza los 64.935 pesos.
Greenpeace reclamó que “las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos”.
“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas”, sostienen en la organización ecologista. “Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña contra la Contaminación encarada por Greenpeace.
Fecha de Publicación: 29/07/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Capital
La organización ecologista Greenpeace denunció ayer que “las diez toneladas de pilas y baterías recolectadas por el gobierno porteño son de marcas reconocidas. Exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad”.
Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa SA (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que “el costo para el tratamiento de las diez toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos”, según se indicó en un comunicado.
En tanto, y de acuerdo con un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas diez toneladas de residuos de pilas para ser recicladas, lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos alcanza los 64.935 pesos.
Greenpeace reclamó que “las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos”.
“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas”, sostienen en la organización ecologista. “Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña contra la Contaminación encarada por Greenpeace.
Chaco: fuertes multas por el desmonte
Comienzan a aplicar fuertes multas por el desmonte clandestino
Fecha de Publicación: 28/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco, a través de sus organismos correspondientes, aplicó un nuevo sistema de multas para los depredadores de los bosques chaqueños con multas de hasta 10.000 por cada hectárea desmontada en forma ilegal.
La situación arrancó con la ilegalidad de los desmontes en selva chaqueña y comenzó a ser expuesta a partir del funcionamiento en Sáenz Peña del Centro de Geoinformación Satelital, que ahora depende de la Dirección de Bosques de la provincia, con el que se detectó que, en lo que va del año, se desmontaron unas 5.000 hectáreas sin los permisos correspondientes. Fue el propio director de ese organismo, Miguel Angel López, testigo de una situación como ésta en la zona de Nueva Pompeya, donde personalmente paró a una topadora que desmontaba en un predio fiscal.
En este marco está en vigencia para quienes actúen al margen de la ley un régimen de multas que se aplica por hectárea, que es importante porque en muchos casos supera el valor de campo, pero ahora, según adelantó el director de Bosques al programa Raza Chaco que conduce José Derewicki por Radio Chaco, habrá multas de hasta 10.000 pesos por cada hectárea deforestada.
De todas maneras explicó que existen atenuantes en algunos casos, como por ejemplo cuando se produce la quema pero si de todas maneras la madera puede puede ser aprovechada como recurso, entonces “la multa puede ser menor”, indicó.
Un sistema de observación moderno
“Hemos venido trabajando intensamente en la modernización de nuestro Centro de Geoinformación Satelital que tenemos en Sáenz Peña, que nos ha permitido contar con una herramienta bastante rápida para la detección de infracciones”, indicó López.
En lo que va del año se ha logrado identificar a más de un centenar de casos que involucran aproximadamente unas cinco mil hectáreas que en realidad sorprenden; y, junto a la Ley de Ordenamiento Territorial, que permite llevar a cabo la tarea de preservación del Bosque y el fomento de una política agropecuaria, herramientas fundamentales para lograr el cometido.
“La verdad es que los datos con que nos hemos encontrado son sorpresivos porque con las posibilidades de realizar todas las tramitaciones por derecha se hace todo lo contrario y se busca permanentemente infringir la ley”, agregó el funcionario.
Fecha de Publicación: 28/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
El gobierno del Chaco, a través de sus organismos correspondientes, aplicó un nuevo sistema de multas para los depredadores de los bosques chaqueños con multas de hasta 10.000 por cada hectárea desmontada en forma ilegal.
La situación arrancó con la ilegalidad de los desmontes en selva chaqueña y comenzó a ser expuesta a partir del funcionamiento en Sáenz Peña del Centro de Geoinformación Satelital, que ahora depende de la Dirección de Bosques de la provincia, con el que se detectó que, en lo que va del año, se desmontaron unas 5.000 hectáreas sin los permisos correspondientes. Fue el propio director de ese organismo, Miguel Angel López, testigo de una situación como ésta en la zona de Nueva Pompeya, donde personalmente paró a una topadora que desmontaba en un predio fiscal.
En este marco está en vigencia para quienes actúen al margen de la ley un régimen de multas que se aplica por hectárea, que es importante porque en muchos casos supera el valor de campo, pero ahora, según adelantó el director de Bosques al programa Raza Chaco que conduce José Derewicki por Radio Chaco, habrá multas de hasta 10.000 pesos por cada hectárea deforestada.
De todas maneras explicó que existen atenuantes en algunos casos, como por ejemplo cuando se produce la quema pero si de todas maneras la madera puede puede ser aprovechada como recurso, entonces “la multa puede ser menor”, indicó.
Un sistema de observación moderno
“Hemos venido trabajando intensamente en la modernización de nuestro Centro de Geoinformación Satelital que tenemos en Sáenz Peña, que nos ha permitido contar con una herramienta bastante rápida para la detección de infracciones”, indicó López.
En lo que va del año se ha logrado identificar a más de un centenar de casos que involucran aproximadamente unas cinco mil hectáreas que en realidad sorprenden; y, junto a la Ley de Ordenamiento Territorial, que permite llevar a cabo la tarea de preservación del Bosque y el fomento de una política agropecuaria, herramientas fundamentales para lograr el cometido.
“La verdad es que los datos con que nos hemos encontrado son sorpresivos porque con las posibilidades de realizar todas las tramitaciones por derecha se hace todo lo contrario y se busca permanentemente infringir la ley”, agregó el funcionario.
Llega hoy Mujica por el monitoreo a Botnia
Llega hoy Mujica para intentar destrabar el monitoreo a Botnia
Fecha de Publicación: 28/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Buscan avanzar en el plan de inspección que obstaculiza el acuerdo.
Con el objetivo de avanzar en la definición de un programa de monitoreo conjunto en el río Uruguay y en las fábricas que vierten sus desechos en este curso de agua binacional –inlcuida la pastera UPM, ex Botnia–, el presidente uruguayo José Mujica llegará hoy a Buenos Aires para reunirse con su par argentina, Cristina Fernández, a las 15, en la residencia presidencial de Olivos.
“Sigo siendo optimista en que vamos a encontrar una solución para que los científicos puedan analizar”, dijo a medios locales Mujica, luego de llamar por teléfono a la presidenta argentina para concretar el encuentro.
“Seguimos remando, con las puertas abiertas”, concluyó.
Junto al mandatario uruguayo arribará el canciller Luis Almagro, quien también participará en la reunión a la que se sumará el canciller Héctor Timerman.
Si bien en la víspera los dos cancilleres aseguraron que las negociaciones no están “trancadas”, el encuentro frustrado entre ambos el pasado viernes y el ahora sorpresivo viaje de Mujica , sumado al total hermetismo que tanto Montevideo como Buenos Aires mantienen, abre una interrogante en cuanto hasta qué punto se ha avanzado en el acuerdo.
“Coincido con mi colega Luis Almagro. Las negociaciones no están trabadas. La solución pasa por dejar a la ciencia inspeccionar lo que necesite” , dijo hace pocas horas Timerman.
El silencio y la poca información que ha habido tras la primer propuesta de Timerman a fines de junio, la contrapropuesta uruguaya que llevó Almagro una semana después y la últimas de la tres reuniones que los dos cancilleres mantuvieron, han dado surgimiento a algunas preguntas que por estos días se hace la opinión pública uruguaya sobre la marcha de las negociaciones.
¿Quiénes serán los científicos que ingresarán a la planta de UPM (ex Botnia) es el principal punto que falta afinar para oficializar el acuerdo, como trascendió durante el fin de semana? ¿O hay en realidad algún otro importante obstáculo que está trabando la negociación? ¿Aparece ahora Mujica en escena porque es necesario poner en juego su capacidad de negociación? ¿O porque no le da demasiada confianza el canciller Timerman y prefiere participar en esta recta final, como trascendió aquí en las últimas horas? La versión sobre la desconfianza en torno al papel de Timerman en la negociación se robusteció ayer en ámbitos políticos después de que el ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Alberto Volonté, cuestionó la actuación de canciller argentino (ver Críticas...) .
En declaraciones al matutino La diaria, y cuando se le preguntó puntualmente si Uruguay interpreta que el fallo implica ingresar a la planta, el canciller Almagro dio pistas de otro punto que se está discutiendo. “Argentina entiende que para hacer más efectivo el monitoreo debe haber alguna forma de acceso a la planta”, dijo Almagro. “Para Uruguay, el camino pasa por cumplir con el artículo 44 del estatuto del río Uruguay que prevé el acceso a las jurisdicciones de uno y otro país, por lo que tenemos que encontrar el mecanismo adecuado”, aseguró el canciller.
Críticas a la actuación de Timerman
El ex embajador uruguayo en Buenos Aires Alberto Volonté criticó al canciller Héctor Timerman por recurrir a Internet para referirse a las tratativas sobre el monitoreo ambiental en la planta ex Botnia, y advirtió que la conducta del funcionario “está muy lejos del silencio y la prudencia”. Volonté dijo estar “muy preocupado” por esta situación, en medio de las conversaciones bilaterales en torno al control del impacto ambiental de la fábrica de celulosa ubicada en Fray Bentos. “Uno ve que la Cancillería uruguaya está en silencio, un silencio prudente; pero por el otro lado la Cancillería argentina, por medio de su canciller permanentemente recurriendo a Internet, nos dice cosas que están y se entrecomillan, por tanto está muy lejos del silencio y la prudencia”, dijo.
Fecha de Publicación: 28/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Buscan avanzar en el plan de inspección que obstaculiza el acuerdo.
Con el objetivo de avanzar en la definición de un programa de monitoreo conjunto en el río Uruguay y en las fábricas que vierten sus desechos en este curso de agua binacional –inlcuida la pastera UPM, ex Botnia–, el presidente uruguayo José Mujica llegará hoy a Buenos Aires para reunirse con su par argentina, Cristina Fernández, a las 15, en la residencia presidencial de Olivos.
“Sigo siendo optimista en que vamos a encontrar una solución para que los científicos puedan analizar”, dijo a medios locales Mujica, luego de llamar por teléfono a la presidenta argentina para concretar el encuentro.
“Seguimos remando, con las puertas abiertas”, concluyó.
Junto al mandatario uruguayo arribará el canciller Luis Almagro, quien también participará en la reunión a la que se sumará el canciller Héctor Timerman.
Si bien en la víspera los dos cancilleres aseguraron que las negociaciones no están “trancadas”, el encuentro frustrado entre ambos el pasado viernes y el ahora sorpresivo viaje de Mujica , sumado al total hermetismo que tanto Montevideo como Buenos Aires mantienen, abre una interrogante en cuanto hasta qué punto se ha avanzado en el acuerdo.
“Coincido con mi colega Luis Almagro. Las negociaciones no están trabadas. La solución pasa por dejar a la ciencia inspeccionar lo que necesite” , dijo hace pocas horas Timerman.
El silencio y la poca información que ha habido tras la primer propuesta de Timerman a fines de junio, la contrapropuesta uruguaya que llevó Almagro una semana después y la últimas de la tres reuniones que los dos cancilleres mantuvieron, han dado surgimiento a algunas preguntas que por estos días se hace la opinión pública uruguaya sobre la marcha de las negociaciones.
¿Quiénes serán los científicos que ingresarán a la planta de UPM (ex Botnia) es el principal punto que falta afinar para oficializar el acuerdo, como trascendió durante el fin de semana? ¿O hay en realidad algún otro importante obstáculo que está trabando la negociación? ¿Aparece ahora Mujica en escena porque es necesario poner en juego su capacidad de negociación? ¿O porque no le da demasiada confianza el canciller Timerman y prefiere participar en esta recta final, como trascendió aquí en las últimas horas? La versión sobre la desconfianza en torno al papel de Timerman en la negociación se robusteció ayer en ámbitos políticos después de que el ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Alberto Volonté, cuestionó la actuación de canciller argentino (ver Críticas...) .
En declaraciones al matutino La diaria, y cuando se le preguntó puntualmente si Uruguay interpreta que el fallo implica ingresar a la planta, el canciller Almagro dio pistas de otro punto que se está discutiendo. “Argentina entiende que para hacer más efectivo el monitoreo debe haber alguna forma de acceso a la planta”, dijo Almagro. “Para Uruguay, el camino pasa por cumplir con el artículo 44 del estatuto del río Uruguay que prevé el acceso a las jurisdicciones de uno y otro país, por lo que tenemos que encontrar el mecanismo adecuado”, aseguró el canciller.
Críticas a la actuación de Timerman
El ex embajador uruguayo en Buenos Aires Alberto Volonté criticó al canciller Héctor Timerman por recurrir a Internet para referirse a las tratativas sobre el monitoreo ambiental en la planta ex Botnia, y advirtió que la conducta del funcionario “está muy lejos del silencio y la prudencia”. Volonté dijo estar “muy preocupado” por esta situación, en medio de las conversaciones bilaterales en torno al control del impacto ambiental de la fábrica de celulosa ubicada en Fray Bentos. “Uno ve que la Cancillería uruguaya está en silencio, un silencio prudente; pero por el otro lado la Cancillería argentina, por medio de su canciller permanentemente recurriendo a Internet, nos dice cosas que están y se entrecomillan, por tanto está muy lejos del silencio y la prudencia”, dijo.
El Riachuelo, eterno demorado
El Riachuelo, eterno demorado
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Transcurre el tiempo y, a pesar del expreso mandato judicial, el curso fluvial aún está en un lento proceso de recuperación
Hay consenso general acerca de que el complejo Matanza-Riachuelo es un importante foco de contaminación ambiental. A pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a que procedieran al saneamiento del río, la contaminación continúa afectando la salud de las poblaciones aledañas.
A dos años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), organismo que debe velar por el cumplimiento efectivo de las tareas de remediación, sigue postergando el cometido que le ha sido asignado o, al menos, lo cumple a paso lento.
Se han dispuesto escasas medidas de seguridad para prevenir la formación de nuevos basurales; se han inspeccionado menos de un tercio de las industrias radicadas en la cuenca; no se han establecido metas tendientes a lograr la reducción de los vertidos de efluentes contaminantes, principalmente de componentes tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo, todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos; no se han realizado mediciones sobre la calidad del aire en la cuenca, ni se ha implementado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como ordenó la Corte en su fallo.
Incluso el polo petroquímico de Dock Sud, ubicado a tan sólo unas pocas cuadras de la zona céntrica de Buenos Aires, el cual ha sido blanco de insistentes denuncias por parte de los vecinos de La Boca, Barracas y Avellaneda, continúa en el mismo estado.
Lo que aquí comentamos no es nuevo. El Riachuelo viene siendo blanco de críticas públicas y harto fundamentadas, que se iniciaron hacia fines del siglo XIX. A partir de esa época se sucedieron, simultáneamente, juicios y anuncios políticos que prometían dar inicio a las tareas de remediación del río y su cuenca. Baste recordar los célebres 1000 días anunciados en la época del gobierno de Carlos Menem, al cabo de los cuales "se iba a poder nadar y pescar en el Riachuelo".
Sin embargo, continúan hoy los basurales a cielo abierto. Se han efectuado muy escasos avances para el saneamiento de los más de 200 basurales existentes en la cuenca. Tampoco se han adoptado medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Recientemente, se anunció el llamado a licitación pública para construir un nuevo puente giratorio sobre el Riachuelo, a fin de unir la avenida Roca, de Avellaneda, con la avenida Regimiento de Patricios, de la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de una obra positiva, pero de alguna manera paradójica, ya que miles de familias están padeciendo enfermedades a causa de la contaminación del Riachuelo y viviendo sin servicios públicos elementales a la vera del río.
Se evidencia la total ausencia de políticas públicas integrales hacia los sectores más vulnerables en materia ambiental, habitacional y fundamentalmente en respuestas efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes mas lo necesitan.
La indudable debilidad institucional del Acumar contribuye a esta situación y sería deseable que se produjeran cambios hacia la conformacion de una verdadera instancia de coordinación y articulación interjurisdiccional. De otro modo, se seguirá padeciendo este mal por otros muchos miles de días.
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
Transcurre el tiempo y, a pesar del expreso mandato judicial, el curso fluvial aún está en un lento proceso de recuperación
Hay consenso general acerca de que el complejo Matanza-Riachuelo es un importante foco de contaminación ambiental. A pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a que procedieran al saneamiento del río, la contaminación continúa afectando la salud de las poblaciones aledañas.
A dos años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Mendoza, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), organismo que debe velar por el cumplimiento efectivo de las tareas de remediación, sigue postergando el cometido que le ha sido asignado o, al menos, lo cumple a paso lento.
Se han dispuesto escasas medidas de seguridad para prevenir la formación de nuevos basurales; se han inspeccionado menos de un tercio de las industrias radicadas en la cuenca; no se han establecido metas tendientes a lograr la reducción de los vertidos de efluentes contaminantes, principalmente de componentes tales como arsénico, cromo, mercurio y plomo, todos encontrados en el agua del Riachuelo por encima de los niveles permitidos; no se han realizado mediciones sobre la calidad del aire en la cuenca, ni se ha implementado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como ordenó la Corte en su fallo.
Incluso el polo petroquímico de Dock Sud, ubicado a tan sólo unas pocas cuadras de la zona céntrica de Buenos Aires, el cual ha sido blanco de insistentes denuncias por parte de los vecinos de La Boca, Barracas y Avellaneda, continúa en el mismo estado.
Lo que aquí comentamos no es nuevo. El Riachuelo viene siendo blanco de críticas públicas y harto fundamentadas, que se iniciaron hacia fines del siglo XIX. A partir de esa época se sucedieron, simultáneamente, juicios y anuncios políticos que prometían dar inicio a las tareas de remediación del río y su cuenca. Baste recordar los célebres 1000 días anunciados en la época del gobierno de Carlos Menem, al cabo de los cuales "se iba a poder nadar y pescar en el Riachuelo".
Sin embargo, continúan hoy los basurales a cielo abierto. Se han efectuado muy escasos avances para el saneamiento de los más de 200 basurales existentes en la cuenca. Tampoco se han adoptado medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Recientemente, se anunció el llamado a licitación pública para construir un nuevo puente giratorio sobre el Riachuelo, a fin de unir la avenida Roca, de Avellaneda, con la avenida Regimiento de Patricios, de la ciudad de Buenos Aires.
Se trata de una obra positiva, pero de alguna manera paradójica, ya que miles de familias están padeciendo enfermedades a causa de la contaminación del Riachuelo y viviendo sin servicios públicos elementales a la vera del río.
Se evidencia la total ausencia de políticas públicas integrales hacia los sectores más vulnerables en materia ambiental, habitacional y fundamentalmente en respuestas efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes mas lo necesitan.
La indudable debilidad institucional del Acumar contribuye a esta situación y sería deseable que se produjeran cambios hacia la conformacion de una verdadera instancia de coordinación y articulación interjurisdiccional. De otro modo, se seguirá padeciendo este mal por otros muchos miles de días.
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Planta industrial de reciclado de neumáticos
Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Neumáticos en desuso Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
El proyecto fue ideado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Participan la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la empresa REGOMAX.
Según informó el Noticiero Tecnológico Semanal Nº 218, ya se encuentra en funcionamiento en el partido bonaerense de San Martín la primer planta industrial del país dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso. El monto de la inversión para la construcción de la planta y la adquisición de la maquinaria fue de dos millones de dólares.
El proyecto original fue desarrollado y es actualmente coordinado por INTI Caucho, área del instituto que busca generar actividades industriales a partir de los materiales recuperados y ayudar en la elaboración de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
En el marco de estos objetivos, la dependencia articuló los sectores público y privado para el desarrollo de un modelo de gestión integral de neumáticos fuera de uso. Para ello, se realizó un estudio previo de la distribución del residuo en el país, así como posibles acciones por zonas geográficas.
En el año 2007, se firmó un contrato entre la CEAMSE y la empresa REGOMAX, quienes se unieron al proyecto. Por su parte, la Coordinación Ecológica cedió el terreno y la empresa privada recicla el residuo y obtiene el molido de goma destinándolo a la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas. En tanto, el INTI garantiza que el proceso sea realizado correctamente.
La solución a un problema múltiple
Según informó el INTI, se estima que en nuestro país la generación de neumáticos fuera de uso supera las 100.000 t anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación (600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat propicio para la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y roedores.
El uso indebido de neumáticos al final de su vida útil en medios de transporte, aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito. Asimismo, su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es perjudicial para el ambiente y la salud.
Fecha de Publicación: 27/07/2010
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Buenos Aires
Neumáticos en desuso Comenzó a funcionar la primera planta industrial de reciclado de neumáticos de Argentina
El proyecto fue ideado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Participan la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la empresa REGOMAX.
Según informó el Noticiero Tecnológico Semanal Nº 218, ya se encuentra en funcionamiento en el partido bonaerense de San Martín la primer planta industrial del país dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso. El monto de la inversión para la construcción de la planta y la adquisición de la maquinaria fue de dos millones de dólares.
El proyecto original fue desarrollado y es actualmente coordinado por INTI Caucho, área del instituto que busca generar actividades industriales a partir de los materiales recuperados y ayudar en la elaboración de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
En el marco de estos objetivos, la dependencia articuló los sectores público y privado para el desarrollo de un modelo de gestión integral de neumáticos fuera de uso. Para ello, se realizó un estudio previo de la distribución del residuo en el país, así como posibles acciones por zonas geográficas.
En el año 2007, se firmó un contrato entre la CEAMSE y la empresa REGOMAX, quienes se unieron al proyecto. Por su parte, la Coordinación Ecológica cedió el terreno y la empresa privada recicla el residuo y obtiene el molido de goma destinándolo a la fabricación de pisos, pavimentos deportivos y canchas sintéticas. En tanto, el INTI garantiza que el proceso sea realizado correctamente.
La solución a un problema múltiple
Según informó el INTI, se estima que en nuestro país la generación de neumáticos fuera de uso supera las 100.000 t anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
El problema para los rellenos sanitarios es el gran volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación (600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat propicio para la proliferación de mosquitos transmisores del dengue y roedores.
El uso indebido de neumáticos al final de su vida útil en medios de transporte, aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito. Asimismo, su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es perjudicial para el ambiente y la salud.
Protección a bosques de lenga
Habrá más protección a bosques de lenga y prohibición de desmontes andinos
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Agencia Digital de Noticias
Provincia/Región: Río Negro
A partir de la sanción de la ley de conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos en la provincia de Río Negro, sancionada este mes por la Legislatura, el Estado provincial no otorgará nuevos títulos de propiedad sobre tierras fiscales en las que se encuentran ejemplares de lenga.
Según lo establece esa norma, los titulares o tenedores de tierras donde hay bosques de lenga se constituirán en “custodios ambientales”.
La misma ley estipula además que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías uno (rojo) y dos (amarillo), que son considerados, respectivamente, sectores de muy alto y mediano valor de conservación.
No obstante, podrán autorizarse prácticas de fuego de eliminación de residuos vegetales, pero esas acciones deben fundarse en la disminución de riesgos sanitarios o la prevención de incendios forestales.
La ley sancionada por la Legislatura el 8 de este mes –y promulgada por el Poder Ejecutivo cuatro días después- fija que los planes de conservación, manejo sostenible y aprovechamiento de cambio de uso del suelo requerirán de la evaluación y aprobación de la autoridad de aplicación y deberán estar firmados por titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado.
Entre otras infracciones o sanciones a la ley vigente, la realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otras actividades sometidas a permiso sin mediar la correspondiente autorización está penada con multa entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
La recaudación será afectada al denominado fondo provincial para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Agencia Digital de Noticias
Provincia/Región: Río Negro
A partir de la sanción de la ley de conservación y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos en la provincia de Río Negro, sancionada este mes por la Legislatura, el Estado provincial no otorgará nuevos títulos de propiedad sobre tierras fiscales en las que se encuentran ejemplares de lenga.
Según lo establece esa norma, los titulares o tenedores de tierras donde hay bosques de lenga se constituirán en “custodios ambientales”.
La misma ley estipula además que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las categorías uno (rojo) y dos (amarillo), que son considerados, respectivamente, sectores de muy alto y mediano valor de conservación.
No obstante, podrán autorizarse prácticas de fuego de eliminación de residuos vegetales, pero esas acciones deben fundarse en la disminución de riesgos sanitarios o la prevención de incendios forestales.
La ley sancionada por la Legislatura el 8 de este mes –y promulgada por el Poder Ejecutivo cuatro días después- fija que los planes de conservación, manejo sostenible y aprovechamiento de cambio de uso del suelo requerirán de la evaluación y aprobación de la autoridad de aplicación y deberán estar firmados por titulares de la actividad y avalados por un profesional habilitado.
Entre otras infracciones o sanciones a la ley vigente, la realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otras actividades sometidas a permiso sin mediar la correspondiente autorización está penada con multa entre 300 y 10.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
La recaudación será afectada al denominado fondo provincial para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
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El desmonte clandestino chaqueño
El desmonte clandestino chaqueño se adueñó de los departamentos Brown y Güemes
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Poco más de 5000 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron detectadas desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña y que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año, y según explicó a NORTE el titular de la Dirección de Bosques, Miguel Ángel López, durante la semana anterior, salieron desde juzgados de la segunda circunscripción tres órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
De todas maneras, reconoció dificultades trazando un paralelismo con lo que ocurre con la actividad del agro, en la que existe una superficie de 1.300.000 hectáreas que son controladas por un importante número de personas afectadas a las tareas y se generan inconvenientes de diverso tipo: “imagínense cómo hacer para cubrir el control de 5.000.000 de hectáreas de bosques; la presencia en las calles no alcanza a pesar de contar con el sistema de mapeo satelital cada 16 días”, indicó López.
Se “barre”, a través del satélite, la provincia
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó López, y explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios. Por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban, si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos.
También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles”.
El equipo de trabajo
En la oficina del Centro de Geoinformación en la cual López recibió a NORTE, el equipo de trabajo está integrado por sólo tres personas encargadas de las imágenes que brinda el satélite: el ingeniero Walter Massad, experto en sistemas de imágenes que trabajó dos años en Georgia, Estados Unidos y dos años en Canadá; el ingeniero Javier Maurazo Fernández y el técnico forestal Diego Córdoba.
“Disponemos de equipamiento moderno, que barre la geografía chaqueña, y tenemos la capacidad, a través de un software especial, que capta lo que el ojo humano no ve, y estamos trabajado también para el Ministerio de la Producción y para el Instituto de Colonización”, indicó Massad.
Un 0-800 para hacer denuncias
López, que mostró a NORTE cómo se trabaja con el sistema de imágenes en el Centro de Geoinformación ubicado en el primer piso del ex edificio de Cosecha en Sáenz Peña, adelantó que a partir de esta semana estará disponible un 0-800 para realizar denuncias, con una cinta grabadora que estará todos los días habilitada para recibirlas e intervenir ante cada llamado. “Por eso pedimos a toda la comunidad que participe de esto cumpliendo un rol social y además se ha creado el registro de infractores que próximamente estará disponible en el sitio web de nuestro organismo e inclusive en las delegaciones ya está disponible para quien quiera consultarlas”, indicó.
Fecha de Publicación: 26/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Poco más de 5000 hectáreas de montes topadas en forma clandestina fueron detectadas desde el Centro de Geoinformación instalado en Sáenz Peña y que depende de la Dirección de Bosques de la provincia.
Los desmontes fueron detectados en los primeros seis meses de este año, y según explicó a NORTE el titular de la Dirección de Bosques, Miguel Ángel López, durante la semana anterior, salieron desde juzgados de la segunda circunscripción tres órdenes de allanamientos para tres explotaciones de la zona por desmontes ilegales.
De todas maneras, reconoció dificultades trazando un paralelismo con lo que ocurre con la actividad del agro, en la que existe una superficie de 1.300.000 hectáreas que son controladas por un importante número de personas afectadas a las tareas y se generan inconvenientes de diverso tipo: “imagínense cómo hacer para cubrir el control de 5.000.000 de hectáreas de bosques; la presencia en las calles no alcanza a pesar de contar con el sistema de mapeo satelital cada 16 días”, indicó López.
Se “barre”, a través del satélite, la provincia
“Acá se mezclan otras cuestiones”, enfatizó López, y explicó se está haciendo un barrido de toda la provincia con imágenes que llegan con una corta periodicidad de tiempo “y hemos detectado importantes cambios. Por ello se han confeccionado poco más de un centenar de expedientes mediante el accionar de inspectores pertenecientes al departamento legal de Bosques para corroborar lo indicado por las imágenes”.
Detalló que una vez que se hace la inspección a campo se envían los resultados junto a lo detectado por las imágenes al Departamento de Asuntos Legales y se inician las acciones intimando por carta documento para que en el lapso de 10 días se presente el productor a hacer el descargo.
Pasado ese lapso, lo novedoso, según López, es que se pueden llegar a realizar acciones de embargo preventivo según las directivas emanadas por el ministro de la Producción, Enrique Orban, si se excede el plazo y no se adviene a negociar un plan de pagos.
También el responsable de Bosques indicó que tras la detección de los desmontes ilegales la actividad debe cesar inmediatamente “porque tenemos en la calle inspectores que se encargan de llevar a delante los controles”.
El equipo de trabajo
En la oficina del Centro de Geoinformación en la cual López recibió a NORTE, el equipo de trabajo está integrado por sólo tres personas encargadas de las imágenes que brinda el satélite: el ingeniero Walter Massad, experto en sistemas de imágenes que trabajó dos años en Georgia, Estados Unidos y dos años en Canadá; el ingeniero Javier Maurazo Fernández y el técnico forestal Diego Córdoba.
“Disponemos de equipamiento moderno, que barre la geografía chaqueña, y tenemos la capacidad, a través de un software especial, que capta lo que el ojo humano no ve, y estamos trabajado también para el Ministerio de la Producción y para el Instituto de Colonización”, indicó Massad.
Un 0-800 para hacer denuncias
López, que mostró a NORTE cómo se trabaja con el sistema de imágenes en el Centro de Geoinformación ubicado en el primer piso del ex edificio de Cosecha en Sáenz Peña, adelantó que a partir de esta semana estará disponible un 0-800 para realizar denuncias, con una cinta grabadora que estará todos los días habilitada para recibirlas e intervenir ante cada llamado. “Por eso pedimos a toda la comunidad que participe de esto cumpliendo un rol social y además se ha creado el registro de infractores que próximamente estará disponible en el sitio web de nuestro organismo e inclusive en las delegaciones ya está disponible para quien quiera consultarlas”, indicó.
Botnia: el Gobierno confía en el acuerdo
Botnia: faltan detalles, pero el Gobierno confía en el acuerdo
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cancillerías de Argentina y Uruguay terminarán de definir en los próximos días el acuerdo que permitirá que se hagan controles ambientales a las industrias ubicadas en ambas márgenes del río Uruguay, sobre todo a la papelera UPM, ex Botnia. A pesar de que aún resta acordar algunos detalles, en el Gobierno dan por hecho que el plan de monitoreo se oficializará pronto, confirmó a Clarín uno de los ministros que ayer acompañó a la presidenta Crsistina Kirchner a un acto en Santiago del Estero (Ver página 19).
El canciller Héctor Timerman usó ayer 136 caracteres para informar desde Twitter, a grandes rasgos, cuál es la posición argentina sobre el control ambiental a las industrias que trabajan sobre el río Uruguay: “ Sobre Botnia. en síntesis la posición argentina propone q los científicos tengan ingreso a todos los establecimientos en ambas márgenes” (sic). Antes había dado a entender que aún persisten algunas diferencias con Uruguay, por lo que el acuerdo sigue trabado, aunque fuentes del entorno presidencial descuentan que el tema se solucionará rápidamente .
Timerman intentó desmentir al vicecanciller del Uruguay, Roberto Conde, que había dicho que el acuerdo estaba “cerrado”: “La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la materialización y en los detalles, y es obvio que se tenían que dar estas instancias de intercambio y de traspaso de borradores de una parte a la otra”.
Siguiendo esa línea, la cancillería uruguaya dejó trascender ayer que lo que resta definir es qué organizaciones y científicos harán el monitoreo binacional a la ex Botnia y a las demás industrias que funcionan sobre el río Uruguay. El diario uruguayo El País reveló que se analiza que el equipo de ambientalistas encargados del control podría estar conformado por ambientalistas que provengan de dos universidades ( una argentina y otra uruguaya); de dos universidades y un laboratorio con prestigio internacional; de un laboratorio consensuado por ambos gobiernos; o de dos laboratorios elegidos por cada país.
Ante consultas de Clarín vía Twitter, Timerman dio a entender que lo que resta acordar es qué empresas de ambas márgenes serán monitoreadas: “La ciencia en cuidado del medioambiente no debe tener más límites que los que decidan los científicos”. ¿Uruguay se niega a abrir a los ambientalistas todas las industrias que trabajan sobre el lecho del río? Timerman dijo que no le correspondía opinar sobre el planteo del país vecino. Sobre quiénes serán los científicos, tampoco dio precisiones: “No voy a opinar públicamente sobre la postura uruguaya. Nosotros abrimos todo a la ciencia a controlar en forma permanente”.
Más allá de estas diferencias, en el Gobierno están confiados de que se llegará a un acuerdo en los próximos días.
Por su lado, los asambleístas de Gualeguaychú se mostraron escépticos y anunciaron que exigirán que el pacto binacional se plasme en un escrito porque desconfían del gobierno uruguayo (ver Los asambleístas ...). El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también sigue el tema con especial atención.
Cristina estará junto a Mujica en San Juan
La presidenta Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, se verán personalmente el martes 3 de agosto, durante la Cumbre del Mercosur y sus Estados asociados que se realizará en la provincia de San Juan. Fuentes diplomáticas especulan que ese día podrían anunciar públicamente el acuerdo de monitoreo ambiental de la ex Botnia y las demás industrias que se encuentran en ambas márgenes del Río Uruguay. Así lo había dicho esta semana el propio canciller uruguayo, Luis Almagro. El jefe de la diplomacia del país vecino explicó también que le gustaría plantear en esa reunión internacional que los países del Mercosur creen un protocolo ambiental colectivo. Más allá de estos temas, la cumbre de San Juan, sin embargo, estará teñida por el conflicto cada más agudizado entre los gobiernos de Venezuela y el de Colombia.
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos - Nacional
Las cancillerías de Argentina y Uruguay terminarán de definir en los próximos días el acuerdo que permitirá que se hagan controles ambientales a las industrias ubicadas en ambas márgenes del río Uruguay, sobre todo a la papelera UPM, ex Botnia. A pesar de que aún resta acordar algunos detalles, en el Gobierno dan por hecho que el plan de monitoreo se oficializará pronto, confirmó a Clarín uno de los ministros que ayer acompañó a la presidenta Crsistina Kirchner a un acto en Santiago del Estero (Ver página 19).
El canciller Héctor Timerman usó ayer 136 caracteres para informar desde Twitter, a grandes rasgos, cuál es la posición argentina sobre el control ambiental a las industrias que trabajan sobre el río Uruguay: “ Sobre Botnia. en síntesis la posición argentina propone q los científicos tengan ingreso a todos los establecimientos en ambas márgenes” (sic). Antes había dado a entender que aún persisten algunas diferencias con Uruguay, por lo que el acuerdo sigue trabado, aunque fuentes del entorno presidencial descuentan que el tema se solucionará rápidamente .
Timerman intentó desmentir al vicecanciller del Uruguay, Roberto Conde, que había dicho que el acuerdo estaba “cerrado”: “La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la materialización y en los detalles, y es obvio que se tenían que dar estas instancias de intercambio y de traspaso de borradores de una parte a la otra”.
Siguiendo esa línea, la cancillería uruguaya dejó trascender ayer que lo que resta definir es qué organizaciones y científicos harán el monitoreo binacional a la ex Botnia y a las demás industrias que funcionan sobre el río Uruguay. El diario uruguayo El País reveló que se analiza que el equipo de ambientalistas encargados del control podría estar conformado por ambientalistas que provengan de dos universidades ( una argentina y otra uruguaya); de dos universidades y un laboratorio con prestigio internacional; de un laboratorio consensuado por ambos gobiernos; o de dos laboratorios elegidos por cada país.
Ante consultas de Clarín vía Twitter, Timerman dio a entender que lo que resta acordar es qué empresas de ambas márgenes serán monitoreadas: “La ciencia en cuidado del medioambiente no debe tener más límites que los que decidan los científicos”. ¿Uruguay se niega a abrir a los ambientalistas todas las industrias que trabajan sobre el lecho del río? Timerman dijo que no le correspondía opinar sobre el planteo del país vecino. Sobre quiénes serán los científicos, tampoco dio precisiones: “No voy a opinar públicamente sobre la postura uruguaya. Nosotros abrimos todo a la ciencia a controlar en forma permanente”.
Más allá de estas diferencias, en el Gobierno están confiados de que se llegará a un acuerdo en los próximos días.
Por su lado, los asambleístas de Gualeguaychú se mostraron escépticos y anunciaron que exigirán que el pacto binacional se plasme en un escrito porque desconfían del gobierno uruguayo (ver Los asambleístas ...). El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, también sigue el tema con especial atención.
Cristina estará junto a Mujica en San Juan
La presidenta Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, se verán personalmente el martes 3 de agosto, durante la Cumbre del Mercosur y sus Estados asociados que se realizará en la provincia de San Juan. Fuentes diplomáticas especulan que ese día podrían anunciar públicamente el acuerdo de monitoreo ambiental de la ex Botnia y las demás industrias que se encuentran en ambas márgenes del Río Uruguay. Así lo había dicho esta semana el propio canciller uruguayo, Luis Almagro. El jefe de la diplomacia del país vecino explicó también que le gustaría plantear en esa reunión internacional que los países del Mercosur creen un protocolo ambiental colectivo. Más allá de estos temas, la cumbre de San Juan, sin embargo, estará teñida por el conflicto cada más agudizado entre los gobiernos de Venezuela y el de Colombia.
Glaciares: provincias mineras apuran sus leyes
Provincias mineras apuran sus leyes de protección ambiental
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Fecha de Publicación: 25/07/2010
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Nacional - Catamarca
El gobierno envió ayer a la legislatura el proyecto local de protección de glaciares.
Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción a la Ley de Protección de Glaciares, que de ser confirmada por el Senado implicará fuertes restricciones a la minería, las provincias en las que esta actividad es una parte importante de su desarrollo productivo, están apurando normativas propias sobre el tema, para reafirmar su potestad en materia ambiental.
Recientemente, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, consiguió el respaldo de los legisladores provinciales, que aprobaron una normativa propia, como habían hecho La Rioja y Jujuy.
En este marco, el Ejecutivo catamarqueño remitió ayer el proyecto de protección de glaciares a la Legislatura, con el objetivo de que tenga un rápido tratamiento.
La acción, que se está replicando en las provincias cordilleranas, responde a un acuerdo rubricado por los mandatarios días atrás, ante la preocupación que existe por los posibles efectos de la normativa que se está analizando en el Congreso.
En la votación de la Cámara baja nacional, los cinco diputados catamarqueños del FCS y el kirchnerismo votaron en contra de la propuesta que impulsó el arco opositor, y que prevé la prohibición de actividad minera en la zona de los glaciares y periglaciares.
Según graficó la diputada Mariana Veaute, la normativa con media sanción "perjudica mucho a Catamarca", en referencia a las restricciones que prevé.
También Dalmacio Mera (FV), cuestionó la ley, a la que calificó como un "ataque al federalismo".
Argentina con potencial en biocombustibles
Argentina es uno de los países con mayor potencial en biocombustibles
Fecha de Publicación: 24/07/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del “Segundo Foro Panamericano de Bioenergías-La Rural 2010” tuvo lugar ayer en el predio de Palermo, donde quedó en claro que Argentina es uno de los países con mayor potencial para producción de biocombustibles.
En este sentido, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), desarrolló las alternativas del mercado argentino de los bioproductos.
Explicó que “nuestro país en tan sólo tres años se ha convertido en el quinto productor y principal exportador de biodiésel a escala mundial”.
Al cierre de 2009 ascendieron a 1.2 millones de toneladas exportadas. Estos números, para los especialistas, significan no sólo la creciente demanda mundial de biodiésel sino también la alta calidad y sustentabilidad que posee este producto fabricado en la Argentina.
También se indicó que el país posee una de las industrias de biodiésel más moderna del mundo, cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales.
El 85 por ciento de las plantas están ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Rosario.
Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseñada específicamente para exportar a través de la Hidrovía Paraná-Uruguay, lo que implica la existencia del cluster más grande a nivel mundial en el sector oleaginosas.
Así lo explicó Castro al destacar que “actualmente la oferta de biocombustibles se centra en la producción de biodiésel de soja, con destino al mercado interno y a la exportación”.
A partir de 2010, en Argentina se debe mezclar los carburantes fósiles con al menos 5 por ciento de biocombustibles, la nafta con un siete por ciento de bioetanol y el gasoil con biodiésel.
La disertación tuvo lugar en el pabellón Ceibo del predio rural donde tiene lugar la 124 Exposición de Palermo y el Foro continuará hoy.
Se destacó que la legislación crea un mercado interno que demandará unas 800 mil toneladas de biodiésel, cantidad que la industria argentina puede abastecer ampliamente ya que la capacidad instalada alcanza a 2,5 millones de toneladas.
Fecha de Publicación: 24/07/2010
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional
La primera jornada del “Segundo Foro Panamericano de Bioenergías-La Rural 2010” tuvo lugar ayer en el predio de Palermo, donde quedó en claro que Argentina es uno de los países con mayor potencial para producción de biocombustibles.
En este sentido, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), desarrolló las alternativas del mercado argentino de los bioproductos.
Explicó que “nuestro país en tan sólo tres años se ha convertido en el quinto productor y principal exportador de biodiésel a escala mundial”.
Al cierre de 2009 ascendieron a 1.2 millones de toneladas exportadas. Estos números, para los especialistas, significan no sólo la creciente demanda mundial de biodiésel sino también la alta calidad y sustentabilidad que posee este producto fabricado en la Argentina.
También se indicó que el país posee una de las industrias de biodiésel más moderna del mundo, cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales.
El 85 por ciento de las plantas están ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Rosario.
Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseñada específicamente para exportar a través de la Hidrovía Paraná-Uruguay, lo que implica la existencia del cluster más grande a nivel mundial en el sector oleaginosas.
Así lo explicó Castro al destacar que “actualmente la oferta de biocombustibles se centra en la producción de biodiésel de soja, con destino al mercado interno y a la exportación”.
A partir de 2010, en Argentina se debe mezclar los carburantes fósiles con al menos 5 por ciento de biocombustibles, la nafta con un siete por ciento de bioetanol y el gasoil con biodiésel.
La disertación tuvo lugar en el pabellón Ceibo del predio rural donde tiene lugar la 124 Exposición de Palermo y el Foro continuará hoy.
Se destacó que la legislación crea un mercado interno que demandará unas 800 mil toneladas de biodiésel, cantidad que la industria argentina puede abastecer ampliamente ya que la capacidad instalada alcanza a 2,5 millones de toneladas.
Desalojo de empresa en el Riachuelo
Armella ordenó otro desalojo
Fecha de Publicación: 23/07/2010
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo de una empresa ubicada en el partido bonaerense de Lanús, para así liberar las márgenes del Riachuelo, se informó ayer.
Así lo informaron fuentes judiciales, las cuales aseguraron que la medida ya se efectivizó y por orden del juzgado los costos por la remoción de objetos correrán por cuenta de la empresa, DICC S.A.
La decisión fue tomada en el marco de la causa "Mendoza", a partir de la cual la Corte Suprema ordenó en 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo, tarea que le fue delegada al juzgado federal de Quilmes.
El juez Armella consideró apropiado remover todos los obstáculos existentes sobre el "camino de sirga" y evitar futuras usurpaciones.
"Los titulares dominiales de las tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla cuando los ríos o caminos sirven de comunicación por agua, ya sea para la navegabilidad como para la flotablidad", sostuvo el magistrado en su resolución.
Informes a ACUMAR
Además, el juez tuvo en cuenta que al pedir informes a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la misma aseguró que existían dificultades sobre la implementación del "camino de sirga" con relación al terreno que ocupaba dicha empresa.
En ese informe, el organismo, que agrupa al Estado bonaerense, porteño y nacional, detalló la existencia de dos niveles y doble fila de containers a ambos lados e invasión sobre el camino de sirga.
Para el juez, los plazos que dio a la empresa DICC S.A. para la desocupación del camino de sirga, "han sido ampliamente contemplados, como así también el libramiento de las correspondientes intimaciones y las oportunidades de liberar el camino, razón por la cual resulta de suma importancia instrumentar una medida ejemplificador".
Así, el magistrado quilmeño busca "no dilatar el cumplimiento del Plan de Saneamiento trazado en la ejecución a cargo del suscripto de la sentencia dictada por el Tribunal Cimero".
Fecha de Publicación: 23/07/2010
Fuente: El Sol de Quilmes
Provincia/Región: Capital - Buenos Aires
El juez Federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el desalojo de una empresa ubicada en el partido bonaerense de Lanús, para así liberar las márgenes del Riachuelo, se informó ayer.
Así lo informaron fuentes judiciales, las cuales aseguraron que la medida ya se efectivizó y por orden del juzgado los costos por la remoción de objetos correrán por cuenta de la empresa, DICC S.A.
La decisión fue tomada en el marco de la causa "Mendoza", a partir de la cual la Corte Suprema ordenó en 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza - Riachuelo, tarea que le fue delegada al juzgado federal de Quilmes.
El juez Armella consideró apropiado remover todos los obstáculos existentes sobre el "camino de sirga" y evitar futuras usurpaciones.
"Los titulares dominiales de las tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla cuando los ríos o caminos sirven de comunicación por agua, ya sea para la navegabilidad como para la flotablidad", sostuvo el magistrado en su resolución.
Informes a ACUMAR
Además, el juez tuvo en cuenta que al pedir informes a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la misma aseguró que existían dificultades sobre la implementación del "camino de sirga" con relación al terreno que ocupaba dicha empresa.
En ese informe, el organismo, que agrupa al Estado bonaerense, porteño y nacional, detalló la existencia de dos niveles y doble fila de containers a ambos lados e invasión sobre el camino de sirga.
Para el juez, los plazos que dio a la empresa DICC S.A. para la desocupación del camino de sirga, "han sido ampliamente contemplados, como así también el libramiento de las correspondientes intimaciones y las oportunidades de liberar el camino, razón por la cual resulta de suma importancia instrumentar una medida ejemplificador".
Así, el magistrado quilmeño busca "no dilatar el cumplimiento del Plan de Saneamiento trazado en la ejecución a cargo del suscripto de la sentencia dictada por el Tribunal Cimero".
Chaco: Sin herramientas para castigar desmontes
No hay herramientas para castigar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 22/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las entidades forestales de la provincia anunciaron ayer que convocarán, con carácter de urgencia, a los legisladores provinciales para la primera semana de agosto en Sáenz Peña, para abordar la problemática admitida en ámbitos oficiales en cuanto a que continúan los desmontes ilegales, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos.
Sostienen que el gobierno no tiene herramientas efectivas para castigar a los transgresores.
Luego de reunirse con el subsecretario de Recursos Naturales Miguel Brunswig, los principales referentes de las entidades forestales Edmundo Ybarra (Asociación de Productores Forestales del Chaco -APFCh) y Noé Khon (Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales -FAPIF) coincidieron en señalar que debe ser el ámbito legislativo en el que se debe debatir a fondo esta situación, “dado que las denuncias son reales, concretas, y hay mucŽ
ha tarea por hacer, porque hasta el momento hay normas pero no tienen la suficiente claridad ni contundencia para que los transgresores paguen la tala indiscriminada de nuestros montes”, indicó Khon.
Los desmontes ilegales
Ayer, dirigentes de entidades forestales del interior analizaron lo publicado por NORTE, que transcribió declaraciones del director de Bosques Miguel López, quien denunció que se detectó un centenar de infracciones y que hay entre 4.000 y 5.000 hectáreas de desmontes ilegales durante los primeros seis meses de 2010.
“La verdad que es increíble que todo esto continúe así, teniendo elementos de controles, como el centro de geoinformación de Sáenz Peña, que con cobertura satelital tendría que enviar la información a las autoridades competentes”, indicó Marcelo Aguirre, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Avia Terai. “Algo está fallando. O la información llega tarde o no hay sustento en las normas para que los depredadores de los montes paguen el daño hecho”, señaló.
Ybarra: No hay herramientas eficaces
Quien fue contundente ayer fue Ybarra, quien no dudó en señalar que “no hay herramientas para castigar a los infractores”, e indicó que el sistema de multas y de embargos preventivos “son cuestiones aleatorias, no centrales del tema, y quien tiene plata paga la multa y sigue desmontando. Hay que ser muy serios, caso contrario nos quedaremos sin recursos en poco tiempo”, advirtió enérgicamente.
El debate “se tiene que instalar en el ámbito que corresponda, y creo que son los legisladores quienes deben bajar después del receso y hablar en profundidad sobre este tema”, indicó.
Ybarra se refirió a que, en Saenz Peña, el Centro de Geoinformación cuenta con elementos para detectar este tipo de ilícitos. “Nos han dicho que el radar satelital detecta el calor, o sea cuando se desmontan, se sabe que queman los árboles, sin aprovechamiento forestal, y allí, de manera inmediata, tendría que hacerse una inspección, no dentro de diez o quince días, cuando ya no hay nada ni nadie”.
“Lamento profundamente decir que estamos en el aire, no hay una legislación acorde con lo que implica cuidar el recurso. Además, hay que determinar cómo se trabaja en las direcciones de Bosques del interior con el sistema de entrega de las guías forestales, por eso queremos encarar un debate profundo”, manifestó.
Fecha de Publicación: 22/07/2010
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Las entidades forestales de la provincia anunciaron ayer que convocarán, con carácter de urgencia, a los legisladores provinciales para la primera semana de agosto en Sáenz Peña, para abordar la problemática admitida en ámbitos oficiales en cuanto a que continúan los desmontes ilegales, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos.
Sostienen que el gobierno no tiene herramientas efectivas para castigar a los transgresores.
Luego de reunirse con el subsecretario de Recursos Naturales Miguel Brunswig, los principales referentes de las entidades forestales Edmundo Ybarra (Asociación de Productores Forestales del Chaco -APFCh) y Noé Khon (Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales -FAPIF) coincidieron en señalar que debe ser el ámbito legislativo en el que se debe debatir a fondo esta situación, “dado que las denuncias son reales, concretas, y hay mucŽ
ha tarea por hacer, porque hasta el momento hay normas pero no tienen la suficiente claridad ni contundencia para que los transgresores paguen la tala indiscriminada de nuestros montes”, indicó Khon.
Los desmontes ilegales
Ayer, dirigentes de entidades forestales del interior analizaron lo publicado por NORTE, que transcribió declaraciones del director de Bosques Miguel López, quien denunció que se detectó un centenar de infracciones y que hay entre 4.000 y 5.000 hectáreas de desmontes ilegales durante los primeros seis meses de 2010.
“La verdad que es increíble que todo esto continúe así, teniendo elementos de controles, como el centro de geoinformación de Sáenz Peña, que con cobertura satelital tendría que enviar la información a las autoridades competentes”, indicó Marcelo Aguirre, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Avia Terai. “Algo está fallando. O la información llega tarde o no hay sustento en las normas para que los depredadores de los montes paguen el daño hecho”, señaló.
Ybarra: No hay herramientas eficaces
Quien fue contundente ayer fue Ybarra, quien no dudó en señalar que “no hay herramientas para castigar a los infractores”, e indicó que el sistema de multas y de embargos preventivos “son cuestiones aleatorias, no centrales del tema, y quien tiene plata paga la multa y sigue desmontando. Hay que ser muy serios, caso contrario nos quedaremos sin recursos en poco tiempo”, advirtió enérgicamente.
El debate “se tiene que instalar en el ámbito que corresponda, y creo que son los legisladores quienes deben bajar después del receso y hablar en profundidad sobre este tema”, indicó.
Ybarra se refirió a que, en Saenz Peña, el Centro de Geoinformación cuenta con elementos para detectar este tipo de ilícitos. “Nos han dicho que el radar satelital detecta el calor, o sea cuando se desmontan, se sabe que queman los árboles, sin aprovechamiento forestal, y allí, de manera inmediata, tendría que hacerse una inspección, no dentro de diez o quince días, cuando ya no hay nada ni nadie”.
“Lamento profundamente decir que estamos en el aire, no hay una legislación acorde con lo que implica cuidar el recurso. Además, hay que determinar cómo se trabaja en las direcciones de Bosques del interior con el sistema de entrega de las guías forestales, por eso queremos encarar un debate profundo”, manifestó.
Etiquetas:
bosques nativos,
Chaco,
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental
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El ambiente, sin política criminal
El ambiente, sin política criminal
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: Clarín - PorMaximiliano Rusconi
Provincia/Región: Nacional
En nuestro país no existen estrategias ni preventivas ni punitivas para proteger el medio ambiente. Como en otras áreas clave como seguridad, prostitución infantil o control del lavado de activos, carecemos de resguardos elementales.
Las imágenes del terrible derrame de petróleo en las costas cercanas a la península de la Florida en los EE. UU. y Océano , el conmovedor documental que en estos días se presenta en los cines de nuestro país sobre el mundo marino y los riesgos de su desprotección frente a la permanente y ya ni siquiera gradual destrucción por el hombre nos debe motivar a formularnos una pregunta fundamental: ¿hay en nuestro país una eficaz, completa y coherente política criminal destinada a la protección del medio ambiente? La respuesta es la misma de siempre y, por supuesto lamentable: no, no hay ninguna política criminal, si bajo ese título debe entenderse un conjunto de decisiones estatales, formuladas en varias dimensiones institucionales, que provocan una actuación coherente y mancomunada de varios organismos del Estado y que tienen al desarrollo de un conjunto de controles informales, formales no punitivos y penales a efectos de desarrollar una completa estrategia de prevención de los daños ambientales (en el aire, el agua y la tierra) y, en el caso de que las instancias de prevención fracasen, de sanción de las conductas dolosas y/o imprudentes que día a día destruyen nuestra casa y, lo que es peor, la casa de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
No es que semejante carencia deba sorprendernos: lamentablemente casi podemos decir, en nuestro país, que en materia de ausencias de políticas criminales de seguridad ciudadana, de prevención y sanción de la prostitución infantil, de control del lavado de activos, etc, estamos francamente invictos. Nada de nada .
La lesión indiscriminada del medio ambiente de la cual somos víctimas a veces insensibles, como forma de ilicitud, requiere un serio trabajo en materia de reformulación y coordinación de las instancias de prevención, de redefinición y especialización de los organismos de investigación del Ministerio Público, a nivel federal. Es decir, a lo largo de todo el país, con presencia física de los fiscales en las zonas de daño presente o potencial, de transformación del sistema de penas a efectos de potenciar modelos de reparación del daño por parte de las personas jurídicas y en forma directa, entes ideales que, a su vez, deben ser responsabilizados penalmente por sí mismos (y no sólo a través de sus directivos que son transformados en fusibles y fungibles).
Décadas de gestiones públicas deprimentes nos han asegurado un escenario en el cual nuestro país sólo posee como último tesoro niveles todavía seductores de recursos naturales que, y esa es la mala noticia, no son renovables . La ausencia de trabajo estatal en la protección del medio ambiente es la mejor instigación para una descomunal depredación de esos recursos que es observada con miradas cómplices por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que para financiar los próximos tres minutos de supervivencia política pagan en moneda de exterminio de la naturaleza .
La política criminal, sobre todo en materias de tanta envergadura ética y social, es mucho más importante que el concepto cuya función es darle el nombre a más de una dependencia del Poder Ejecutivo. La política criminal es nuestra última esperanza para la protección de la vida , de toda vida. Su ausencia nos condena a ser meros observadores de posturas de coyuntura poco creíbles y de nulo impacto real en la protección del bien jurídico de mayor importancia general y comunitaria.
No perdamos más tiempo.
Fecha de Publicación: 21/07/2010
Fuente: Clarín - PorMaximiliano Rusconi
Provincia/Región: Nacional
En nuestro país no existen estrategias ni preventivas ni punitivas para proteger el medio ambiente. Como en otras áreas clave como seguridad, prostitución infantil o control del lavado de activos, carecemos de resguardos elementales.
Las imágenes del terrible derrame de petróleo en las costas cercanas a la península de la Florida en los EE. UU. y Océano , el conmovedor documental que en estos días se presenta en los cines de nuestro país sobre el mundo marino y los riesgos de su desprotección frente a la permanente y ya ni siquiera gradual destrucción por el hombre nos debe motivar a formularnos una pregunta fundamental: ¿hay en nuestro país una eficaz, completa y coherente política criminal destinada a la protección del medio ambiente? La respuesta es la misma de siempre y, por supuesto lamentable: no, no hay ninguna política criminal, si bajo ese título debe entenderse un conjunto de decisiones estatales, formuladas en varias dimensiones institucionales, que provocan una actuación coherente y mancomunada de varios organismos del Estado y que tienen al desarrollo de un conjunto de controles informales, formales no punitivos y penales a efectos de desarrollar una completa estrategia de prevención de los daños ambientales (en el aire, el agua y la tierra) y, en el caso de que las instancias de prevención fracasen, de sanción de las conductas dolosas y/o imprudentes que día a día destruyen nuestra casa y, lo que es peor, la casa de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
No es que semejante carencia deba sorprendernos: lamentablemente casi podemos decir, en nuestro país, que en materia de ausencias de políticas criminales de seguridad ciudadana, de prevención y sanción de la prostitución infantil, de control del lavado de activos, etc, estamos francamente invictos. Nada de nada .
La lesión indiscriminada del medio ambiente de la cual somos víctimas a veces insensibles, como forma de ilicitud, requiere un serio trabajo en materia de reformulación y coordinación de las instancias de prevención, de redefinición y especialización de los organismos de investigación del Ministerio Público, a nivel federal. Es decir, a lo largo de todo el país, con presencia física de los fiscales en las zonas de daño presente o potencial, de transformación del sistema de penas a efectos de potenciar modelos de reparación del daño por parte de las personas jurídicas y en forma directa, entes ideales que, a su vez, deben ser responsabilizados penalmente por sí mismos (y no sólo a través de sus directivos que son transformados en fusibles y fungibles).
Décadas de gestiones públicas deprimentes nos han asegurado un escenario en el cual nuestro país sólo posee como último tesoro niveles todavía seductores de recursos naturales que, y esa es la mala noticia, no son renovables . La ausencia de trabajo estatal en la protección del medio ambiente es la mejor instigación para una descomunal depredación de esos recursos que es observada con miradas cómplices por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que para financiar los próximos tres minutos de supervivencia política pagan en moneda de exterminio de la naturaleza .
La política criminal, sobre todo en materias de tanta envergadura ética y social, es mucho más importante que el concepto cuya función es darle el nombre a más de una dependencia del Poder Ejecutivo. La política criminal es nuestra última esperanza para la protección de la vida , de toda vida. Su ausencia nos condena a ser meros observadores de posturas de coyuntura poco creíbles y de nulo impacto real en la protección del bien jurídico de mayor importancia general y comunitaria.
No perdamos más tiempo.
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