Alerta y rechazo a nivel político por la “desnacionalización” de la pesca y su impacto

Fecha de Publicación: 03/01/2024
Fuente: Portal quedigital.com.ar
Provincia/Región: Nacional


Desde la Legislatura bonaerense solicitaron al Congreso que no permita el avance de las reformas regresivas de la explotación del Mar Argentino. Repercusiones a nivel municipal.
Con la presentación de la “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei, que no es más que el complemento de las reformas regresivas aplicadas en el también cuestionado “decretazo”, legisladores y políticos municipales también se expresaron en contra de los artículos dedicados exclusivamente a la desregulación y sobre todo la “desnacionalización” de la pesca, con todo lo que podría traer aparejado en Mar del Plata y en los puertos del país.
Entre las desregulaciones que plantea Milei para el Régimen Nacional de Pesca Vigente, busca las cuotas de capturas de recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva se liciten de manera internacional, que los buques puedan descargar capturas nacionales en puertos foráneos o que deje de regularse la nacionalidad de los trabajadores a bordo. Por el impacto en la soberanía y en el trabajo nacional, rápidamente la propuesta recibió cuestionamientos de distintos sectores.
En la última sesión extraordinaria de la Legislatura bonaerense, el diputado marplatense Gustavo Pulti se expresó en contra de la desregulación de la pesca y la venta de las capturas del Mar Argentino al mejor postor dentro de la Zona Económica Exclusiva, es decir, las primeras 200 millas náuticas.
“Se impulsa la decisión de licitar internacionalmente sin exigir tripulación nacional ni industria nacional naval, de licitar a través de un arancel. ¡Qué tergiversación terrible! La soberanía de explotar el Mar Argentino con barcos argentinos y tripulación argentina cambiada por una modesta, elemental, pobre, insuficiente y repugnante visión fiscalista de que le vendo el derecho a pescar a uno que -venga de donde venga- pague dos pesos más“, expresó desde su banca.
Al respecto, junto a otros diputados del bloque de Unión por la Patria, Pulti adelantó que presentaron un proyecto para que la Legislatura solicite a las dos cámaras del Congreso Nacional “que rechacen la ley ómnibus, principalmente por la amenaza que representa la desnacionalización de nuestra pesca”, apuntó y deseó que las dos cámaras “se planten” para defender la soberanía nacional.
Mientras tanto, a nivel municipal, quien se expresó a través de sus redes sociales fue el secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, quien aseguró que el propio intendente Guillermo Montenegro “está manteniendo diálogo con legisladores y funcionarios para alertar y revertir” el avance de la reforma.
“La modificación de la Ley Nacional de Pesca afectaría negativamente al trabajo de los marplatenses. Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en la fabricación de buques”, enfatizó.
En las últimas horas y más allá de las condiciones actuales del sector, desde la agrupación empresaria Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina que integran poderosos empresarios locales como también desde el Sindicato Marítimo de Pescadores habían apuntado contra la reforma.
Mientras desde las patronales cuestionaron la licitación internacional de las cuotas de captura sin considerar la infraestructura del “historial pesquero” y la mano de obra nacional empleada por el sector, desde el Simape consideraron que si avanza “puede haber desocupación y quedar todo en manos extranjeras“.
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Un negocio para pocas manos  

Fecha de Publicación: 02/01/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


"Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel", adviertió el sector sobre el proyecto de Milei.   
Los representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) se reunirán hoy viernes con autoridades del gobierno provincial para que intervenga “atento al riesgo” que implican las reformas que propone en el sector el proyecto de Ley Ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. Sostienen que las modificaciones quitan la protección impositiva que rige sobre el sector y que la desregulación del mercado apunta a que las petroleras y mezcladores puedan producir su propio combustible, dejando en pocas manos el negocio de la energía en el país.  “Es una ley que realmente firma la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”, aseguró Marcelo Kusznierz, integrante de Casfer, en diálogo con Rosario/12.
El encuentro surgió a través de una carta pública enviada por Casfer al gobernador Maximiliano Pullaro, donde las pymes elaboradoras de biocombustibles de la provincia manifestaban su preocupación por los cambios planteados dentro del paquete de leyes que el gobierno nacional envió al Congreso. La inquietud de la entidad tuvo rápida receptividad y este viernes mantendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Producción.
El proyecto nacional plantea la modificación de ocho artículos de la ley 27.640, donde se establece el marco regulatorio para la elaboración, almacenaje, comercialización y  mezcla de biocombustibles y deroga otros diez artículos. Desde el sector entienden que estas modificaciones provocarían “un colapso” de las pymes dedicadas al biodiesel en la Argentina.
Según explicó Kusznierz, la iniciativa “libera el mercado de biodiesel” habilitando la importación del producto, libera el precio y elimina el porcentaje fijado para la protección del corte mínimo obligatorio; y habilita tanto a las grandes petroleras como a las mezcladoras a producir su propio combustible. A su vez, la medida también elimina la protección impositiva que rige sobre el biodiesel y el bioetanol respecto al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
“Con esas medidas se le estaría dando al lobby petrolero el negocio completo de la energía en la Argentina”, advirtió el empresario. “Lo que se hace es liberar las fuerzas del mercado sobre las pymes de la provincia de Santa Fe, y de la Argentina en general, dejando en manos de los grandes grupos concentrados, como son las aceiteras y las petroleras, tanto la producción como la compra y la venta”, agregó Kusznierz.
Para el dirigente, los cambios propuestos en la Ley Ómnibus de Milei van en contra del espíritu y los objetivos planteados por la ley vigente, como el ahorro de divisas, la industrialización de la ruralidad y la protección del medio ambiente. “Que se permita la importación de biodiesel con la escasez de dólares que hay es una cosa increíble, la industria del biodiesel se creó para ahorrar divisas porque en nuestra producción se paga en pesos y dejamos de importar gasoil con la sustitución de importaciones”, remarcó.
En la provincia de Santa Fe hay diez plantas elaboradoras de biocombustibles, la mayoría de ellas instaladas en comunidades pequeñas que motorizan las economías regionales: “Por eso nosotros hablamos del arraigo rural que traen estas plantas, que están lejos de los puertos. Eso es importante porque generan todo un movimiento económico. El sector pyme del biodiesel de Santa Fe le da trabajo y sustento a unas 2.500 familias”.
“Nosotros pedimos que esté el gobernador Pullaro para darle entidad al reclamo, porque es un problema muy grave para nosotros. Esto realmente nos deja fuera de toda competencia”, sostuvo Kusznierz. Y agregó: “Quieren modificar una ley que, si bien es perfectible, te permite trabajar. La incorporación de estos artículos realmente firman la desaparición de las pymes del biodiesel, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina”. En ese sentido, el dirigente de Casfer remarcó que el biodiesel es “un combustible de transición” al que están apostando los principales socios comerciales del país. “Mientras que otros países están pensando en una agenda de aumento de corte, nosotros desacreditamos ese potencial y dejamos en manos del libre mercado una tecnología limpia que hay que proteger porque cuida al medio ambiente”, explicó.
Para Kusznierz, los biocombustibles son “un sector pujante” en el que el Estado no solo debe intervenir, sino también potenciar y proteger: “Es un ámbito donde se apuesta a la economía de la investigación y los nuevos desarrollos, que generan empleo y arraigo rural".
Desde Casfer esperan que diputados y senadores nacionales por Santa Fe tengan en cuenta la situación del sector en el tratamiento legislativo.
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Antes de irse, el extitular del INTA retiró al organismo de un proyecto global para medir el impacto de los agroquímicos en personas y ambiente

Fecha de Publicación: 30/12/2023
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional

Mariano Garmendia dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei. Antes, firmó una resolución que quita a la Argentina de SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas, que es financiada desde 2020 por la Unión Europea. En octubre, ya había prohibo difundir los resultados de una investigación de una profesional de INTA Balcarce, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa.
El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.
De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.
Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.
En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.
De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.
También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.
Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.
Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.
“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.
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Grave: Milei busca reformar la ley de Glaciares, de Quema y de Bosques para promover la actividad comercial

Fecha de Publicación: 29/12/2023
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno envió al Congreso un paquete de reforma del Estado que, entre varios puntos polémicos, plantea una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un paquete de reforma del Estado y de la actividad económica, denominado ley "ómnibus", que contempla diversos puntos polémicos, entre los cuales se encuentran una serie de desregulaciones que afectan legislaciones vinculadas a la conservación y protección del medio ambiente como la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques y la ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
A través del proyecto de ley denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, se propone la modificación de las tres normativas para promover la actividad comercial y desregular el control sobre el medio ambiente.
En las consideraciones del texto señalan que "en el área de medio ambiente se sugieren cambios en la ley de quema, permitiendo a los productores a realizar cortafuegos y acciones preventivas hoy vedadas por la legislación" y se impulsarán cambios en el Fondo de bosques nativos "que pasará a financiarse directamente del Presupuesto, y se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin".

Cambios en la Ley de Glaciares
Además, plantean "una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias".
Puntualmente, sobre este último punto, el proyecto modificar la definición de protección de ambiente periglaciar para circunscribirla exclusivamente aquellos en los que se encuentren geoformas protegidas, por lo que se excluirá de las mismas a los ambientes periglaciares que no contengan glaciares de roca o escombros activos.
Además, excluye también a aquellas geoformas protegidas que actualmente no se encuentren incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, no cuenten "con una perennidad continua de al menos 2 años o más", no tengan "una dimensión igual o superior a 1 hectárea" ni tampoco pueda demostrarse "una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas".
Por otro lado, modifica la definición de glaciar, la cual actualmente es entendidas como "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo".
El nuevo proyecto plantea la siguiente definición:
La protección que se dispone en el artículo 1º se extiende: dentro del ambiente glaciar, a los glaciares descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de roca o de escombros activos, según lo previsto en el artículo 1º y las definiciones que se establecen a continuación:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve.
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria.
c) Glaciares de escombros activos: aquellos cuerpos mixtos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos, y que constituyan fuentes de agua de recarga de cuencas hidrográficas.”

Reforma a la ley del control de actividades de quema
Con respecto a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, el gobierno de Javier Milei propone modificar la definición actual que entiende por quema "toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo".
El artículo 497 del proyecto enviado esta tarde al Congreso agrega a la definición vigente que "se entiende por “aprovechamiento productivo” toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno.”
A continuación, el artículo 498 sustituye el artículo 3 de la normativa vigente referido a las prohibiciones que actualmente señala: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica".
De aprobarse la sustitución, la prohibición quedará circunscripta al tiempo de respuesta del Estado respecto del pedido de autorización de quema que solicite un privados. En caso de no haber respuesta en el plazo de 30 días, se considerará autorizada la quema.
La definición que propone la nueva normativa es la siguiente: "Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la solicitud de autorización. En el caso que transcurra el plazo de 30 días sin que la autoridad competente se expida expresamente, se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente.”

Modificaciones en la Ley de Bosques
En cuanto a la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la normativa actual define el alcance de la protección sobre las categorías I (rojo), II (amarillo) y III (verde)
En el caso de la primera, actualmente la legislación señala que se trata de "sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse", donde se encuentran incluidas "áreas que por susubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica".
La categoría II abarca a "sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica".
En el caso de la categoría III, comprende a los sectores "de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley".
La nueva legislación propone sustituir el artículo 26 de dicha ley, el cual actualmente señala que "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente—, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades".
Y, además, prevé que "en todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 25.675 —Ley General del Ambiente— y en particular adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes, en el marco de la Ley 25.831 —Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental—.
De ser aprobada la nueva legislación, el artículo 26 quedaría redactado de la siguiente manera: "Para los proyectos de desmonte de bosques nativos que se encuentren bajo la categoría I y II prescripta en el artículo 9°, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675 -Ley General del Ambiente-, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.”
Por lo tanto, se eliminarán las regulaciones de los artículos 16,17 y 18 para el caso de las categorías I y II de bosques nativos.
Además, sustituye el artículo 31 sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y elimina el financiamiento proveniente del 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
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La Justicia condenó a la Municipalidad de La Plata, la Provincia y ABSA por la contaminación del Arroyo El Gato

Fecha de Publicación: 28/12/2023
Fuente: ElEditor Platense
Provincia/Región: Buenos Aires


La Justicia Federal ordenó a la Municipalidad de La Plata, a la Provincia de Buenos Aires y a la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) iniciar acciones concretas para frenar la contaminación del Arroyo El Gato. Asimismo, deberán instalar barreras flotantes de contención y extracción con el fin de facilitar el retiro de los residuos sólidos del agua.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4 a cargo del Juez Alberto Recondo se pronunció tras la medida cautelar impulsada por la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en representación de un grupo de vecinos de Ensenada.
De acuerdo al fallo, tanto la Provincia como el Municipio deberán realizar un relevamiento de toda la extensión de los arroyos y cuenca del Río de la Plata, limitada a las aguas que bañan a las localidades de La Plata, Ensenada y Berisso, para identificar todos los puntos en los que se vierten sustancias contaminantes.
Los vecinos -patrocinados por la Clínica Jurídica- denunciaron la presencia en el agua de efluentes cloacales provenientes de la planta de ABSA de Ringuelet y de residuos sólidos urbanos como consecuencia de la falta de controles del Ejecutivo.
Tras la decisión judicial, el Gobierno bonaerense y ABSA tendrán que presentar un plan provisorio para evitar los daños producidos por el líquido cloacal sin tratamiento, los cuales caen en el sistema compuesto por el Arroyo El Gato, Río Santiago y Río de la Plata. Todos los planes y obras posteriores deberán tener fecha de inicio y de finalización.
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“El DNU refleja el negacionismo de Milei a la crisis ambiental”

Fecha de Publicación: 26/12/2023
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional


En diálogo con LNM, el abogado especialista en ambientalismo Darío Ávila reflexionó sobre las medidas que el Presidente incluyó en su primer Decreto de Necesidad y Urgencia y que vuelve atrás varias conquistas.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que difundió el presidente Javier Milei esta semana continúa generando polémica con medidas que afectaron a distintas áreas y marcaron el retroceso en varias conquistas que llevaron años de lucha y trabajo para poder sancionar una ley que amparara derechos colectivos.
En el caso de la lucha ambientalista, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) difundieron el jueves un comunicado en el que expresaron su más enérgico repudio al Decreto Nº 70/2023 al cual tildaron de “inconstitucional” y contrario a los mandatos convencionales y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia ambiental.

“Pedimos la suspensión del decreto”
“Advertimos con profunda preocupación la orfandad de fundamentos que presenta el referido decreto a fin de sustentar las reformas y derogaciones legales. No existe rigurosidad técnica ni argumentos jurídicos sólidos que justifiquen mínimamente las reformas postuladas”, indica en el que advierte que el Poder Ejecutivo emite arbitrariamente con el DUN disposiciones de carácter legislativo.
“En el marco de la grosera inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y los efectos regresivos en materia socioambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre nuestros bienes comunes, solicitamos urgente al Presidente de la Nación la urgente suspensión del mismo”, expresa el comunicado.
Es que el primer Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó Javier Milei en un discurso que dio por cadena nacional avanza en al menos tres aspectos preocupantes en torno al cuidado y defensa del medioambiente y a los compromisos que Argentina tomó con la firma de acuerdos internacionales.
El abogado especialista en medio ambiente Darío Ávila enumeró en diálogo con La Nueva Mañana, al menos tres leyes que, si son derogadas, tendrán un grave impacto en materia de derechos ambientales.

Ley de Manejo del Fuego
En primer término, Ávila aclaró que el DNU no hace mención a la derogación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego como tal. Sin embargo, Milei la enumeró entre las 30 normativas que derogaría y que difundió la comunicación de la Presidencia.
A lo que alude es a la modificación de la misma a través de la Ley 27.604, que prohíbe el cambio de destino de áreas protegidas y humedales, luego de que éstas hayan sido arrasadas por el fuego.
Tras la sanción de la ley que crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego, se modificó el artículo 22 bis, porque impone una prohibición por seis años en aquellos lugares donde se hubiesen producido incendios, ya sean intencionales o no intencionales, de realizar subdivisiones, loteos o fraccionamientos, ventas y avance en edificación del proyecto que originalmente estuviese proyectado en dichas tierras. “Esta modificación tenía una clara finalidad: que esos bosques nativos que sufrieron esa degradación por incendio sean recuperados, sean remediados”, señaló Ávila.

“No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática”
“Cuando ese proyecto de ley es elevado al Congreso para su debate, se mencionó entre los argumentos la existencia de una práctica bastante habitual de utilizar al fuego como instrumento para eliminar a los bosques nativos, que están protegidos por otra ley de Presupuestos Mínimos. Allí se describen áreas rojas y amarillas y se establecen prohibiciones de realizar cualquier tipo de actividad relacionada a intereses desarrollistas, inmobiliarios, de actividad minera y agropecuaria”, recordó el abogado.
Para el abogado ambientalista, la decisión no fue arbitraria, ya que se encolumna con el listado de medidas que toma para poner a la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho, desregulando cualquier tipo de limitación que pudieran haber sido reglamentada por Ley.
“Claramente esta connotación ideológica está plasmada desde el artículo N°1 del DNU, ya que lo primero que declara es la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social´. No hay una mínima mención a la emergencia ambiental y climática, lo cual demuestra ese componente negacionista que mostró durante la campaña al no reconocer la existencia de una crisis ambiental y la problemática del cambio climático. Es preocupante que estos temas no estén dentro de la agenda de prioridades del Gobierno”, aseguro Ávila.

Derechos colectivos y propiedad privada
“Milei pone a la propiedad privada por encima de un montón de otros derechos constitucionales que han tenido reconocimiento a través de fallos dictados por la propia Corte Suprema de Justicia que siempre priorizó los derechos colectivos por sobre la propiedad privada, en especial aquellos relacionados a la salud, la vida y el derecho al ambiente”, explicó.
“Claramente, el Presidente toma una postura absolutamente economicista, utilitarista, y privatista de defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de otros valores, que a partir de la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional y superiores como los derechos colectivos, al ambiente, los derechos previsionales, y todos estos derechos que integran los que se conoce como los derechos de segunda y tercera generación, son derechos que están por encima de la propiedad privada. Milei, a diferencia de la Corte Suprema, vuelve a colocar a la propiedad privada por encima de los derechos colectivos”, indicó Ávila.
En ese marco, cuestionó la derogación de dos puntos mencionados por el DNU. Uno de ellos es la derogación de las leyes N° 24.523 y N° 24.695 de Minería.

Minería: “Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales”
La Ley N° 24523 regula el Sistema nacional de comercio minero y dio lugar a la base de datos de comercio minero, los centros de información y consulta, los agentes de información y los usuarios. “El objeto es aportar información sobre la oferta y la demanda interna y externa de los productos y subproductos mineros”, reza la normativa.
La Ley N° 24.695 crea el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos. Con esta normativa se conoce quiénes explotan las canteras y los yacimientos mineros y la cantidad de trabajadores que emplea.
“Todo eso ya no se podrá saber. Se disuelven los registros de extracción de los recursos naturales que hoy están a disposición de los ciudadanos como información pública”, explicó Ávila.

Sin subsidios para promover la energía renovable.
También hizo referencia al impacto negativo que tendrá desactivar el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica establecido por la Ley 27.424. La misma establece el marco regulatorio para que todos los ciudadanos conectados a la red eléctrica pública y que cuenten con un equipo solar fotovoltaico puedan generar energía para su autoconsumo en hogares, pymes, grandes industrias, comercios, producciones agrícolas, entes públicos u organismos oficiales y que el excedente se pueda inyectar a la red de distribución. Con esta acción, Ávila señaló que el Estado ya no otorgará subsidios de incentivo para promover el equipamiento para fomentar el uso de energías renovables.

Milei, con una postura contraria al Acuerdo de París
Por último, el abogado advirtió sobre el posible incumplimiento de acuerdos internacionales y multilaterales como el que tiene por objeto la lucha contra el cambio climático. “El acuerdo de París al cual adhirió nuestro país tiene por objetivo precisamente que los Estados deben adoptar medidas de mitigación y de lucha en contra del cambio climático, y cuya principal medida tiene que ser abandonar la utilización del combustible fósil, porque es la principal fuente de emisión de gas de efecto invernadero. La propuesta del acuerdo es que al año 2050 tenemos que llegar a la descarbonización. Es decir, dejar de utilizar los hidrocarburos como fuente generadora de energía para evitar que se siga incrementando la temperatura media normal a escala planetaria y que no se supere el 1,5 grado de los niveles que se obtenían durante la época preindustrial”, recordó.
“Todos los Estados que han firmado este acuerdo se comprometen en solidaridad y cooperación con los valores que promueven estos acuerdos multilaterales, tomando consciencia de que si esta lucha debe llevarse a cabo de manera conjunta. Milei ha demostrado tener una postura totalmente contraria a ese compromiso que la Argentina asumió en 2015 cuando suscribió el Acuerdo de París”, enfatizó Ávila.
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DNU de Milei: ¿qué cambiará en la ley de manejo del fuego?

Fecha de Publicación: 23/12/2023
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El decreto del Gobierno nacional establece en su encabezado que esa norma también está entre las modificadas. Pero en el texto completo aparece una sorpresa.
Al anunciar en la noche de este miércoles el vasto Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece muy diferentes desregulaciones en materia económica y laboral, el presidente Javier Milei hizo referencia en su discurso de presentación a la inclusión en la larga lista de “una modificación de la Ley de Manejo del Fuego”.
Pero la lectura de los textos completos del DNU, publicados en el Boletín Oficial, arrojan una sorpresa: no hay ninguna referencia específica a ese tema. Sólo quedó en los títulos.
A horas de conocerse el decreto, se especula con dos posibilidades: o se trató de una omisión y ese punto quedó olvidado de ser incluido en el texto final o hubo una decisión de último momento para, al menos en esta instancia, no incorporarlo.
La ley nacional 28.815 de manejo del fuego, que regula lo referido a los incendios rurales y forestales en el país, fue aprobada en el Congreso en 2012. A fines de 2020, en tanto, se sumó la ley 27.064 que modificó el tyecto de 2012 en algunos artículos para agregar ciertas prohibiciones. Se supone, en base a las versiones previas circulantes, que eran esas reformas de 2020 las que se pretendía ahora derogar.
El proyecto de reforma de 2020 había sido promovido por el bloque de diputados del Frente de Todos. En ese momento, fue muy cuestionado por el muy sector agropecuario y la oposición votó dividida.
En lo central, esos artículos incoeporados establecían que tras un incendio de campos “sea provocados o accidental” sería prohibida por 30 años “cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. También se prohibía la venta de esos campos para loteos o para proyectos de urbanización.
La refoema surgió en medio de los grandes incendios que afectaron, por meses, a la zona de delta del río Paraná, en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos. Quienes la promovieron planteaban como hipótesis que parte de los inicios de fuegos tendrían como origen a los dueñsos de las tierras que quemaban de modo intencional sus campos para poder avanzar allí luego con el reemplazo del monte o los pastizales por agricultura o con proyectos de urbanizaciones.
Por esos días, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias advertía que la reforma ponía “en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país”, además de dar “por asumida la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia y condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa”.
Aunque la ley era de validez en todo el país, el foco apuntaba sobre todo a los constantes incendios rurales en la zona del rio Paraná.

Para Córdoba
Para Córdoba, esa reforma de la ley nacional de 2020 no implicó grandes cambios en la práctica.
En esta provincia ya estaba vigente una ley menos restrictiva pero con similar sentido, que establece que un área catalogada como zona roja de conservación de bosques nativos por la ley de ordenamiento territirial no puede cambiar de uso no de destino después de ocurrido un incendio, Sin embargo, desde hace años, desde diferentes sectores ligados al ambientalismo se cuestiona que faltan en esta provincia los controles suficientes del Estado para garantizar que sobre un campo con monte quemado no aparezca luego otro uso. Sólo de ese modo, se lograría el objetivo de desalentar que haya quemas intencionales con ese fin.
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Ambiente, de ministerio a subsecretaría

Fecha de Publicación: 13/12/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


De acuerdo con el organigrama nacional, la cartera relativa a las acciones contra el cambio climático quedarán supervisadas por el Ministerio del Interior. Una exfuncionaria de María Julia Alsogaray suena para manejar el área.
En una muestra más de las prioridades para su gobierno, Javier Milei decidió quitar el status ministerial al área de Ambiente, pero no a una secretaría sino a un cargo inferior: subsecretaría. Así lo confirmó Marcia Levaggi, flamante secretaria de Política Exterior de la Cancillería,  quien en la Cumbre de Cambio Climático de la ONU (COP 28) anticipó la modificación en organigrama nacional. Y si bien aún falta la confirmación, todo parece indica que quien asumirá en el cargo será Ana Lamas, una exfuncionaria de María Julia Alsogaray.
"El Estado se va a achicar. Hay una fuerte demanda de reducción del sector público y para afrontar la crisis económica que estamos todos sobrellevando, se va a transformar en una Subsecretaría de Ambiente. Va a haber otros ministerios que van a asumir importantes competencias en materia ambiental. El Ministerio de Agricultura en particular. La Secretaría de Energía va a tener una Subsecretaría de Transición Energética y Planificación y también la Secretaría de Bioeconomía. No es una eliminación sino una redistribución de competencias en un esquema de Estado más reducido que se va a tratar de hacer más efectivo y más eficiente", anticipó Levaggi al portal Infobae, para intentar justificar el cambio en la política climática.
El enfoque ambiental en el mandato de la ultraderecha era un gran interrogante, ya que el propio Milei niega el accionar humano entre las causas del cambio climático del planeta. Así lo marcó en el propio debate presidencial, en donde indicó que este pico de altas temperaturas es "un comportamiento cíclico,  independientemente de la existencia del hombre”. Levaggi se paró en la vereda de enfrente de su jefe. "«El cambio climático es una realidad que tenemos que enfrentar, que afecta a nuestras poblaciones, a nuestras economías y a nuestras sociedades. Tenemos que ser parte de la respuesta global porque los efectos adversos también nos impactan”, comentó.
Tras confesar la degradación de Ambiente, Levaggi fue consultada por la persona que estará al frente del área. Allí evitó dar nombres, pero en la misma nota de Infobae dan por (casi) seguro que el cargo será ocupado por Ana Lamas, una exfuncionaria del PRO que tiene en su CV haber sido directora Institucional de la Secretaría Nacional del Medio Ambiente entre 1992 y 1994, cuando lo conducía una tal Alsogaray, la misma que prometió limpiar el Riachuelo en solo mil días. También fue asesora legal del Proyecto Acumar.
La trayectoria de Lamas se completa -según su perfil de LinkedIN- en el ambiente privado: trabajó como "facility management ambiental"en los bancos BBVA y Santander, en el Hospital Italiano y en Telecom/Cablevisión.
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COP28: Argentina se mantendrá dentro del Acuerdo de París durante la presidencia de Javier Milei

Fecha de Publicación: 12/12/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Así lo aclaró Marcia Levaggi, jefa de la delegación nacional en las conversaciones durante su participación en la Cumbre sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se celebra en Dubai
 La Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, seguirá siendo parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Así lo confirmó a la prensa la nueva titular de la diplomacia climática del país, pese a declaraciones previas del flamante mandatario Javier Milei, que este domingo la presidencia.
“Vine a traer tranquilidad a las Naciones Unidas y a otros países que Argentina va a seguir comprometida con el Acuerdo de París y va a cumplir sus obligaciones climáticas”, dijo Marcia Levaggi quien aseguró que cuenta con todo el apoyo del nuevo gobierno, que la envió como jefa de la delegación argentina en las conversaciones sobre el clima de la COP28 de las Naciones Unidas que se están celebrando en Dubai, hasta pasado mañana.
“Milei es liberal, es libertario y cree en las fuerzas del mercado. Y el mercado exige incluir medidas para abordar el cambio climático”, agregó en declaraciones a la prensa presente en esta cumbre.
Hace casi siete años, 197 países se pusieron de acuerdo en París para intentar frenar el aumento promedio global de la temperatura en 1.5ºC. Es decir, intentar detener el calentamiento global para que el planeta Tierra siga siendo habitable.
Aquel compromiso incluyó objetivos voluntarios que cada uno de los países presentó ante las Naciones Unidas para intentar conseguirlo. Esos escenarios que implican cambios en las matrices de consumo y producción de los estados se llaman Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
Levaggi fue embajadora de Argentina en Senegal y ahora ocupa la secretaría de Política Exterior de la Cancillería. Llegó aquí como jefa de la delegación de Argentina en la COP28, en reemplazo de Cecilia Nicolini, ex secretaria de Cambio Climático. La nueva funcionaria tiene una larga trayectoria en temas ambientales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería.
La delegación argentina ya había sufrido un cambio en la delegación en medio de una cumbre de cambio climático en 2015, cuando se llegó al Acuerdo de París. En aquel momento el recambio se produjo entre los equipos de los ex presidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
La postura de Milei sobre la crisis climática ya había sido planteada en esta cumbre. La semana pasada, durante el segmento de alto nivel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo de Milei: “Espero que se sume a las cuestiones climáticas, porque verá que esto también es bueno para su país”.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, también declaró estar preocupada por la postura de ahora presidente argentino, el cual viene “atado a una tendencia autoritaria”.
Y, a pesar de contar con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, el embajador Marc Stanley, fue muy claro cuando felicitó a Milei por su triunfo en segunda vuelta: “Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media”.
Las cumbres de cambio climático ya lidiaron con presidentes negacionistas: primero fue Donald Trump, ex presidente estadounidense, quien en 2017, anunció que dejaría el Acuerdo de París y Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil. Bolsonaro no se retiró del acuerdo, aunque sus políticas económicas y productivas favorecieron la deforestación de su país durante los cuatro años que duró su mandato.
Mientras que la decisión de Trump no impidió que ciudades y estados de los Estados Unidos continuaran sin problemas con la acción climática a la que se habían comprometido.
Retirarse del Acuerdo de París no es tan sencillo. Las reglas estipulan que un país debe esperar un año completo para retirarse después de notificarle a la ONU su intención de hacerlo. Así, Trump recién logró retirar a los Estados Unidos en 2020 y se convirtió en el primer país en abandonar el tratado.
Sin embargo, la nueva administración encabezada por Joe Biden volvió a insertar el país en el acuerdo. Y, el efecto dominó de que se retiraran muchos países que la comunidad internacional temía, no ocurrió.
En Argentina el acuerdo fue ratificado por el Congreso y tiene rango constitucional. Es decir que si existiera una decisión del gobierno debería ser aprobada por el Congreso con mayoría especial, algo que tras las declaraciones de la funcionaria, por ahora, quedaría descartado.
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Se presentó la edición 2022 del Informe del Estado del Ambiente

Fecha de Publicación: 09/12/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
 

Fue realizado, como cada año, en cumplimiento de lo establecido por la Ley General del Ambiente y en línea con los compromisos del Acuerdo de Escazú para brindar acceso a la información.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó ante el Congreso de la Nación el reporte que aúna los principales datos del estado de situación del ambiente en la Argentina correspondientes al año 2022. Se trata de la octava publicación realizada en el marco de lo impulsado por la Ley 25675, la que constituye un instrumento de relevamiento y análisis a escala nacional.
En el prólogo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, aseguró: “Tenemos la convicción de que el acceso a la información es un derecho de cada uno de los ciudadanas y ciudadanos argentinos; así como es esencial que la sociedad cuente con información sustancial sobre la situación ambiental existente en nuestro territorio”.
Asimismo, el funcionario resumió: “Durante los casi cuatro años en los que hemos tenido el honor y la responsabilidad de conducir la cartera ambiental, avanzamos y profundizamos las políticas de conservación de nuestros ecosistemas, creando y ampliando parques nacionales, aumentando, además, los recursos presupuestarios para un mejor cuidado de los bosques nativos. Promovimos la sostenibilidad en los procesos socioproductivos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible y ampliamos nuestros compromisos climáticos a nivel internacional”. También indicó: “Reconstruimos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, realizando una inversión histórica que nos permite cuidar nuestros ecosistemas frente a la mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos que genera el cambio climático”.
Estructurado en 16 capítulos, el reporte describe de manera pormenorizada y exhaustiva cada área temática abordada y las principales herramientas de gestión, acompañadas por sus correspondientes figuras, tablas y mapas. Es también un elemento clave puesto al servicio del acceso a la información pública, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
El Informe del Estado del Ambiente 2022 se ocupa de abordar la situación del suelo, los ambientes acuáticos, la atmósfera, la diversidad biológica, los bosques, las áreas naturales protegidas, la dimensión física del ambiente, el cambio climático, residuos, sustancias y productos químicos, además de los principales sectores de la economía junto con las actividades que impactan sobre el ambiente. El capítulo final está dedicado a repasar las distintas herramientas de las que dispone el Estado nacional para llevar adelante la gestión ambiental del territorio.
El informe completo ya se encuentra disponible en el sitio web del Centro de Información Ambiental (CIAM).
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Balance de gestión en un nuevo aniversario de la creación de ACUMAR

Fecha de Publicación: 08/12/2023
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Se cumple un nuevo aniversario de la ley de creación de ACUMAR y es una oportunidad para repensar y evaluar lo hecho en estos últimos años para cumplir los objetivos de saneamiento.
La Ley 26.168 fue sancionada, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el 15 de noviembre de 2006, promulgada el 4 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. Mediante esta letra legal, se creó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho público interjurisdiccional, para ejercer su competencia en el área de la Cuenca Matanza Riachuelo y atender a su deterioro ambiental.
La ley responde a la demanda, conocida como “Causa Mendoza”, que un grupo de vecinos y vecinas de Villa Inflamable, Avellaneda, había presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí reclamaban al Estado la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
En la gestión que culmina el 10 de diciembre, presidida por Martín Sabbatella, bajo el lema de “Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea”, han sido muchos y muy significativos los avances en pos del saneamiento. Grandes obras de infraestructura, fiscalización y control de las industrias, promoción del empleo verde y acciones de limpieza fueron algunas de las acciones que se llevaron adelante, pensando siempre en lo esencial de construir e invitar a una relación más cercana y sustentable con el entorno.
En este sentido, Sabbatella destacó: “Sin dudas, el balance en este fin de gestión es altamente positivo. Hoy la Cuenca Matanza Riachuelo cuenta con un organismo eficiente, transparente, profundamente presente en el territorio, que cuenta con equipos capacitados e impulsa políticas innovadoras y estratégicas de modo interdisciplinario. Logramos avanzar hacia una nueva etapa en el saneamiento y eso nos llena de orgullo”.
En primer lugar, la contaminación orgánica fue abordada a través de dos grandes hitos: el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas y, junto a AySA, la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una megaobra de ampliación cloacal que ataca a la mayor fuente de contaminación del río, los efluentes cloacales sin tratamiento.
Además, la obra del Parque Industrial Curtidor (PIC) en Lanús, ya está concluida y se espera comenzar con la mudanza y radicación de pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca. La Planta de Tratamiento de Efluentes del PIC, que tiene un gran estado de avance, será una solución y un puente hacia los estándares de una producción amigable con el ambiente.
Unido a esto último, durante 2023, establecimientos industriales de la Cuenca, responsables del mayor porcentaje de contaminación, realizaron obras de adecuación a la normativa ambiental vigente. Y se crearon las Guardias Ambientales: equipos móviles de supervisión y prevención que recorren la Cuenca los siete días de la semana detectando situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad ambiental.
Se puso en marcha el Centro Integrado de Monitoreo y Control Ambiental (CIMCA), un lugar de recepción, registro, análisis y visualización online de los datos ambientales de la Cuenca, que permite optimizar la vigilancia integral. A su vez, se está terminando de construir el primer Laboratorio Ambiental de ACUMAR.
Una vez iniciada la gestión de Sabbatella, se verificó que los arroyos que desembocaban en el río estaban llenos de basura, por lo que en 2021 se incorporó el servicio de perfilado y desobstrucción que consiste en el raspaje del talud en lugares impactados por residuos y obstrucciones para acomodar los cauces con la finalidad de que el agua circule correctamente, fundamentalmente en los días de lluvia y así reducir la posibilidad de inundaciones.
También se ejecutaron obras de mejoras en el espacio público de la ribera del Riachuelo. Así es como se acondicionaron zonas para actividades recreativas y el Camino de Sirga alcanzó una mejora de cerca del 90%.
Se creó el Circuito Turístico Ambiental “El puente y sus dos orillas”. Se trata de un recorrido histórico y patrimonial gratuito por la Cuenca Baja para el que se instalaron dos Estaciones de Promoción e Interpretación Ambiental.
La agroecología y la producción de flora nativa cobró relevancia gracias al fortalecimiento de la Red de Viveros. Estas acciones ayudan a la mejora y conservación del suelo, con la reserva y depuración del agua, y la regulación climática. Además, se impulsó el proyecto para la preservación ambiental de parcelas de la reserva natural “Bosques de Ciudad Evita”, en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el Municipio de La Matanza.
Con los gobiernos locales y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se articuló para garantizar soluciones habitacionales para familias en situación de riesgo ambiental.
En materia de Educación, el Programa Escuelas por la Cuenca llegó a más de 1000 instituciones educativas, promoviendo el compromiso con las problemáticas ambientales vinculadas al territorio.
Y en Salud, se pusieron nuevamente en funcionamiento las 16 Unidades Sanitarias Ambientales y las Unidades Móviles volvieron al territorio. Para el período 2024-2027 se rediseñó el Plan Sanitario de Emergencia de la Cuenca. Y, finalmente, ACUMAR cumplió la manda de la Justicia en cuanto a las Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR).
Estas son algunas de las obras que se llevaron a cabo en esta gestión y que marcaron un antes y un después en el saneamiento del Matanza Riachuelo. Pero, además, diariamente, se realiza la limpieza sistemática del espejo de agua del cauce principal de la Cuenca. En simultáneo y complementariamente, más de 1.600 cooperativistas limpian las márgenes del Riachuelo. Y se realizan de forma trimestral monitoreos de la calidad del agua, suelo y aire.
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Argentina inició su participación en la cumbre de cambio climático de la ONU

Fecha de Publicación: 04/12/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está presente desde hoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 28 (COP28) en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que se extenderá hasta el 12 de diciembre. Entre las primeras medidas adoptadas, fue aprobada la forma de funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños, que contará con financiamiento para que los países con mayores vulnerabilidades ante los fenómenos climáticos puedan hacerle frente a los principales impactos.
La participación argentina en el encuentro internacional busca continuar con el reclamo de priorización de la agenda de adaptación al cambio climático e impulsar posiciones conjuntas con otros países latinoamericanos, a partir del argumento de que 86 % de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas en el hemisferio norte, mientras que el hemisferio sur representa el 14 %. Por eso, la defensa de los intereses conjuntos apunta a fortalecer la agenda de financiamiento a partir del principio de que existen responsabilidades comunes pero diferenciadas, por lo cual se debe exigir el financiamiento comprometido por los países centrales.
El fondo de financiamiento que acaba de ponerse en marcha —su secretariado tendrá sede en el Banco Mundial— constituye un primer paso en esa dirección, aunque está lejos aún de resolver las necesidades para lograr los objetivos del Acuerdo de París.
La COP 28 nuclea a funcionarios y representantes de múltiples países, organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes y otros actores que buscan generar acuerdos para dar respuesta a la emergencia climática. Se celebra cada año en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en cuyo ámbito se logró en 2015 el Acuerdo de París, el que procura intensificar acciones e inversiones para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.
Mañana se espera el arranque de la Cumbre de Líderes, en la que se prevé la participación de un gran número de jefes de Estado.
Por parte de la cartera de Ambiente nacional, forman parte de la comitiva argentina en la COP28 la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; y la directora nacional de Cambio Climático, Florencia Mitchell.
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Cambio Climático: Agricultura consensuó con las entidades agropecuarias la posición en la COP 28

Fecha de Publicación: 02/12/2023
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Provincia/Región: Nacional


En línea con lo trabajado para reuniones anteriores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca convocó al sector privado a adoptar una declaración conjunta a través de la cual se expresa la convicción sobre la sostenibilidad del sector, su aporte a la seguridad alimentaria y la imperiosa necesidad de avanzar en dos grandes temas pendientes de la agenda internacional: financiamiento y liberalización del comercio agrícola internacional.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, encabezó una reunión para consensuar con los distintos representantes del sector agroindustrial, el documento que presentará Argentina en la 28ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), comúnmente conocida como Conferencia de las Partes (COP28), que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre, en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El documento da continuidad a los planteos consensuados previo a la COP26 de Glasgow y COP27 de Sharm el-Sheij, donde se expuso claramente que el sector es parte de la solución a los desafíos de la sostenibilidad, y no del problema.
En esta ocasión, en la Declaración Conjunta, además de reiterar el compromiso con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, poniendo en valor todo el trabajo que se viene realizando en Argentina para el aumento sostenible de la producción, se señala que para poder expresar todo nuestro potencial productivo de manera sostenible, es indispensable, el financiamiento y los aportes para las adecuaciones de los sistemas productivos así como un sistema de comercio internacional justo, transparente, libre de restricciones injustificadas y subsidios distorsivos. Es por ello que se plantea la importancia que ambos temas sean abordados con determinación en la COP28, arrojando resultados concretos: "sin decisión, no hay acción climática".
En la Declaración Conjunta se remarca que los principales reportes de los organismos internacionales especializados señalan que además de la "triple crisis ambiental" (con grandes desafíos en materia de cambio climático, pérdida biodiversidad y polución), hay otros flagelos igualmente urgentes y prioritarios, como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la falta de desarrollo, que deben ser abordados con toda la determinación y compromiso por todas las naciones, las más desarrolladas y las que están en vías de desarrollo. Esta situación se ve agravada por un contexto internacional sumamente complejo con un notorio debilitamiento del multilateralismo, que da lugar a la adopción de medidas comerciales unilaterales restrictivas o distorsivas que, lejos de buscar obtener resultados legítimos en materia ambiental, tienen como objetivo proteger a sus industrias y mercados internos frente a la competencia internacional, en especial a la proveniente de Países en Desarrollo (PEDs). Es por ello que en la Declaración Conjunta se hace un llamamiento a evitar esta clase de medidas sin base científica y se convoca a los países a retomar con firmeza y decisión las negociaciones en la OMC para la eliminación de toda clase de subsidios distorsivos y la remoción de las barreras arancelarias y para-arancelarias.
Por otra parte, se convoca a terminar con las dilaciones en la reglamentación e implementación del Artículo 6 del Acuerdo de Paris. Estas demoras son una pérdida de tiempo fundamental, el desarrollo de mecanismos de compensación por medio de mercados de carbono tanto por la captura como remoción de carbono brindan una solución concreta que no puede seguir pendiente de especulaciones políticas, es necesario el financiamiento para la implementación de manera urgente.
Del encuentro, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; el responsable de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Ariel Martínez; el director Nacional de Relaciones Internacionales, Maximiliano Moreno; los presidentes de Fundación Barbechando, German Paats, y de Maizar, Pedro Vigneau; el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía; Marcos Pereda y Andrés Costamagna, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Marcelo Espinosa y Lucas Magnano de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO); los representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera -Centro de Exportadores de Cereales (CIARA - CEC), Gustavo Idígoras, y demás representantes del Consejo Agroindustrial Argentino
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Un gobierno que se va, un gabinete que no está resuelto: incertidumbre por el rol argentino en la COP28

Fecha de Publicación: 29/11/2023
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


La cumbre climática más importante del año comienza este jueves y se extenderá por dos semanas. El nuevo gobierno no enviará representantes y es una incógnita cómo encarará la política ambiental.
Javier Milei aseguró que el cambio climático no es causado por el hombre, sino que es cíclico. También, arrancó de una pizarra blanca al grito de “afuera” el cartel que representaba al Ministerio de Ambiente. No entrará en su estructura de carteras y aún es un misterio si recaerá siquiera en una secretaría o subsecretaría.
Sin embargo, aunque Milei no crea en el calentamiento global, la crisis climática continuará afectando a la Argentina con sequías, incendios, inundaciones y olas de calor. Daños materiales concretos. También hay compromisos internacionales concretos, validados por el Congreso.
Y una parte importante de las negociaciones y la diplomacia global pasa por tomar medidas para reducir el efecto de esta crisis e ir hacia una transición energética ambiciosa. Todo demanda fondos. Gran parte de los préstamos y el financiamiento internacional pide como contraprestación compromisos ambientales.
La Argentina está dentro del grupo de países que está negociando en las esferas internacionales por financiamiento climático. Especialmente con dos objetivos: para poder amortiguar el impacto de la crisis y para pérdidas y daños.
Según aseguró una fuente cercana al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a Clarín el nuevo gobierno no se saldrá del Acuerdo de París. Las definiciones on the record en la materia aún no llegaron.
En apenas tres días, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, se hará en Dubai la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Es la cumbre climática más importante del año y una esfera de negociación de alto impacto político. La administración actual enviará representantes y un equipo negociador técnico ya validado por Cancillería con la organización de la conferencia. El nuevo gobierno de Javier Milei, al menos hasta donde pudo saber TN, no mandará a nadie. “Aún no somos gobierno”, repiten como un mantra.

¿Qué negociará la Argentina en la COP28?
El gobierno saliente enviará una delegación técnica que viene llevando adelante las negociaciones y que tiene el objetivo de sentar y defender la que, al menos hasta ahora, fue la posición de la Argentina: nuestro país no es el gran responsable de las emisiones que causan la crisis climática, pero sí está siendo afectado. Por lo tanto, necesita financiamiento de las naciones que más emiten para hacer una transición energética pero, sobre todo, para paliar los efectos devastadores del cambio climático. Grosso modo.
También se compromete a cumplir sus compromisos ambientales que incluyen, por ejemplo, emisiones netas cero para 2050.
Nuestro país negocia en tándem con Uruguay y Brasil (AUB) y está formalmente dentro del grupo de G77+China, es decir, países en vías de desarrollo.
A la delegación de Ambiente la encabezarán la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini y la directora nacional de Cambio Climático Florencia Mitchell con el equipo negociador. También asistirá la Directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, Corina Lehmann.
El G77+China convocó a una cumbre específica de líderes en el que están citados todos los ministros, presidentes y jefes de gobierno que vayan en los primeros días de la COP28. Algo inédito. Sin embargo, como no irá el ministro de Ambiente Juan Cabandié ni el presidente Alberto Fernández no es clara la representación que tendrá la Argentina.
“Pusimos en agenda los temas de financiamiento. Es un eje principal para el Sur Global (países más pobres, más afectados por el cambio climático). Necesitamos una modificación y una reforma de la arquitectura financiera internacional en donde la cuestión climática sea para ayudar a los países en desarrollo. Que no tengamos que elegir entre desarrollarnos y cuidar el ambiente sino que sea una política conjunta y eso requiere financiamiento y medios de implementación. Que los organismos de crédito canalicen financiamiento climático, que haya inversión en infraestructura, salud, políticas de cuidado”, sintetizó a TN Nicolini.
La Argentina tendrá así tres ejes sobre los que presionará (es una incógnita si luego los mantendrá el próximo gobierno):
- Incrementar el financiamiento que los países más ricos (y que más emisiones de gases efecto invernadero generan) le dan a los países en vías de desarrollo para política ambiental de adaptación. Es aquella destinada a proteger y disminuir las vulnerabilidades del impacto de la crisis climática. Y que ese dinero llegue efectivamente a destino. La Argentina, al igual que la mayoría de los países de América Latina es de renta media y eso muchas veces dificulta la llegada de fondos destinados a adaptación, que suelen recaer en países más pobres.
- Institucionalizar y poner en funcionamiento el fondo de pérdidas y daños que servirá para compensar, justamente, las pérdidas a causa de desastres naturales. Un fondo independiente del anterior. Es una incógnita cómo funcionará este fondo y si dependerá del Banco Mundial o de un organismo independiente, que es sobre lo que presionará la Argentina.
- Instalar el concepto de que la Argentina es un acreedor climático e impulsar el canje de deuda por acción climática. El gobierno actual trabajó durante un año con la oficina de crédito de Estados Unidos y la organización Rewilding en crear bonos verdes con respaldo en la naturaleza de los parques nacionales para poder financiar así parte de la deuda.
Además de la comitiva confirmada originalmente, también Energía, Agricultura, Salud y Cancillería iban a enviar representantes. En la COP, además de la negociación formal, se debaten ejes temáticos paralelos que son atravesados por el cambio climático. Y hay líderes, empresarios y lobbistas de peso.
Según pudo saber TN, el ministerio de Energía dio de baja su participación y no está claro si habrá representantes de otras áreas. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, asistirá por el momento. No está confirmada la presencia del Canciller, Santiago Cafiero.
El gobierno electo de Milei no enviará representantes: “Esa cumbre es antes del 10 de diciembre, por lo tanto no somos gobierno”, dijeron a TN fuentes cercanas a la futura canciller Diana Mondino.
Ambiente no tiene aún destino dentro del organigrama. En las filas libertarias no tienen claro dónde se ubicará (podría ser bajo la órbita de Capital Humano, depender de jefatura de Gabinete o incluso de Ministerio del Interior). En la actual administración no fueron contactados para iniciar ningún tipo de transición.
“Hay una gran incertidumbre porque se va a dar el cambio de gobierno mientras estemos allá. No es algo que nos beneficie. Es muy importante con qué puntos vamos, los fuertes de Argentina y cómo se va a dar y si va a haber cambios de delegación o no”, explicó a TN Camila Mércure, asistente de política climática de FARN que participará de la COP.
“La visión del sur global, de qué manera toda la región vamos hacia la COP es muy importante. El mensaje es claro: hay que eliminar los combustibles fósiles y parar con el financiamiento a los fósiles. Debe darse la transición energética y es clave esto a la hora de pedir el financiamiento y qué tipo de financiamiento”, agregó.
Para Mércure, el hecho de que la Argentina siga consiguiendo financiamiento para explotar Vaca Muerta desincentiva la agenda de energías renovables y la vuelve menos atractiva con los compromisos internacionales de nuestro país.
A lo largo de los últimos años, la Argentina logró obtener fondos para distintos programas a cambio de acción climática o al menos como parte de una agenda climática. Algunos ejemplos son el Fondo Verde del Clima (82 millones de dólares) o dinero del BID (400 millones) para manejo de residuos
Si el actual gobierno quiere conservar estos fondos y ampliar el financiamiento en una Argentina con flaco acceso al crédito, deberá mantener una línea de compromiso ambiental riguroso.
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¿Negacionismo o negocio? Cuál será al final la agenda de medio ambiente de Milei

Fecha de Publicación: 24/11/2023
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional


La Cumbre del Clima de Dubai estará llegando a su fin el próximo 12 de diciembre, dos días después de que Javier Milei asuma formalmente como presidente de todos los argentinos. Con ese marco de fondo, el nuevo mandatario deberá despejar una de las grande dudas que giraron alrededor de su figura durante toda la campaña. Qué lugar ocupará en su agenda la cuestión climática, cada vez más vinculada a lo económico. En el momento definitivo de la praxis política, cuánto habrá de negacionismo por parte del presidente sobre la situación actual del calentamiento global.
En el ministerio de Medio Ambiente, que maneja todavía Juan Cabandié, había desazón esta semana. El cambio de ciclo político decreta el fin de un turno oficialista que, aún con críticas, había encontrado un punto de funcionamiento atendiendo diferentes frentes ambientales de la Argentina: la prevención de incendios, el trabajo inconcluso de la protección de humedales, los proyectos vinculados a cierres de basurales, la creación de áreas marítimas protegidas, la discusión por la transición a las energías renovables, entre otros temas abarcados estos años.
Pero ahora nadie los había llamado. Todavía seguía alta la espuma de la victoria y Cabandié y sus asesores estaban a la espera de ese llamado. “Nada por ahora, no sabemos quién ni cómo se ocupará del Medio Ambiente”, dijeron ante la consulta de Clarín. Del mismo modo, cundía la expectativa en el amplio y diverso en lo ideológico mundo de los ambientalistas. Se preguntaban en foros y redes quién será el nuevo ministro o en todo caso secretario del área.
Querían saber si existe un plan en la Libertad Avanza sobre política ambiental. Si adhieren por ejemplo a lo que el mundo conoce como “capitalismo verde”. Por ejemplo, se sabía durante la campaña que los equipos técnicos de Bullrich y de Massa exploraban la posibilidad del canje de deuda por naturaleza, algo que es tendencia global y ya concretaron países de la región como México en el mar de Cortéz y Ecuador en Islas Galápagos. Nuevos formas de valerse de dólares para países con la moneda hundida con la Argentina. Nadie sabe si esto existe de alguna manera en las carpetas de los asesores de Javier Milei.
Por diferentes medios, intentaron hacerle llegar, incluso a Mauricio Macri, el mensaje de que la creación de áreas protegidas, a partir de la donación de tierras, genera negocios y la chance de ingreso de divisas para la Argentina. Y que al mismo tiempo se protege la naturaleza. Pero por ahora no hubo receptores oficiales para la temática.
En sus redes sociales, el ambientalista Emiliano Ezcurra, ex vicepresidente Administración de Parques Nacionales durante el gobierno de Macri y titular de la ONG Banco de Bosques, tuiteó: “@javiermilei @victoria.villarruel no los voté pero ganaron en elecciones libres e impecables, corresponde felicitar y desear éxito. No cometan el error de encasillar la causa ambiental en ninguna ideología específica porque va mucho más allá de eso. Y por favor, respeten, cuiden, amplíen y mejoren nuestros @parquesnacionalesar”.
Lo de los Parques Nacionales no es un tema menor. Durante la campaña, Villarruel declaró que le parecía absurda la creación de áreas protegidas. Señaló en una entrevista que el “oficialismo pretende continuar creando cargos públicos, a través de la creación de estos parques”. Luego advirtió que el cuidado de esas áreas quedan a cargo de "militantes" a quienes se les paga con "cargos públicos".
Pero a la hora de verdad, ya circula que Medio Ambiente será un tema de la agenda presidencial, un tema transversal y sensible para economía y para energía. Aquí se entra entonces en el terreno de las hipótesis. “Puede ir con turismo a parar a la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, que conducirá Sandra Petovello”, decían fuentes cercanas al presidente electo. Desde el macrismo, se hablaba de Medio Ambiente y Turismo como oficinas que terminarían a cargo de un mismo funcionario. “Pero está todo incipiente, no ocupa lugar prioritario por ahora”, decían un ex ministro de Macri que participa de la mesa chica por el reparto de cargos.
Existe además un nombre que da vueltas como potencial referente del área: Gonzalo Pascual, ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires que supo tener a su cargo la gestión del Ecoparque. Dejó el cargo en 2018, cuando estalló la polémica por la muerte de una jirafa y de un rinoceronte que debían ser trasladados desde el antiguo zoológico porteño. Fuentes cercanas al ex funcionario también niegan por ahora la posibilidad. La moneda, la moneda verde, por ahora está en el aire.
Pero es cierto que el área tiene su historia. Desde María Julia Alsogaray hasta el rabino Sergio Bregman y finalmente Juan Cabandié. Todos funcionarios con alto perfil político en su momento para una bandera que demanda cada vez más una mayor presencia en el debate político internacional.
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Lanzaron un micrositio web para monitorear el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación: 23/11/2023
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) lanzó un micrositio web para monitorear el plan de saneamiento sobre ese curso de agua, informó hoy el organismo público tripartito.
Se trata de "Monitor PISA", que tiene por objetivo centralizar los avances más importantes en torno al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y permite que cada ciudadano pueda acceder a información sobre las principales obras y acciones que ACUMAR lleva adelante, así como los resultados de los indicadores y la inversión presupuestaria necesaria para su cumplimiento.
"Con esta web estamos dando un paso más hacia la transparencia en la gestión del Estado. Estamos dando respuesta a una demanda de muchos años que reclamaba una plataforma en la que se pudiera seguir el avance en tiempo real de las distintas líneas de acción del organismo", recalcó el presidente del organismo, Martín Sabbatella.
El funcionario destacó que "desde este sitio podemos conocer cuáles son los avances, donde están las dificultades y sobre todo reconocer los desafíos e identificar las prioridades para la gestión en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo".
Esta nueva herramienta se presenta como un micrositio de la web principal del organismo y puede accederse a ella a través de la dirección monitorpisa.acumar.gob.ar
El Monitor PISA, además, incorpora distintas capas georreferenciadas de la información presentada, a través de las cuales se podrá visualizar de manera simple su implementación en el territorio de la Cuenca.
Entre las principales obras que contempla este micrositio se encuentra la construcción del "Sistema Riachuelo", la obra de saneamiento más importante de los últimos 70 años en el país.
En relación al control y adecuación industrial, el Monitor PISA brinda información sobre dos obras clave para disminuir la carga contaminante en la Cuenca: el Parque Industrial Curtidor en Lanús, con su respectiva Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales, y el Mercado Agroganadero en Cañuelas, con su nueva y moderna planta de tratamiento.
El micrositio ofrece informacin sobre acciones asociadas a Salud y Educaci y Calidad Ambiental
El micrositio ofrece además información referente al avance del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, así como acciones e indicadores asociados a Salud y Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Manejo Hídrico, entre otras líneas que lleva adelante el organismo.
El Monitor PISA se presenta como una forma de dar seguimiento al Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que es el documento que guía el trabajo de ACUMAR, permitiendo la labor coordinada entre los distintos actores que trabajan para resolver las problemáticas de la Cuenca.
Está organizado por diferentes ejes con proyectos específicos, a fin de garantizar la mejora en la calidad de vida, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Esta herramienta es un complemento y una de las formas de visualizar el Sistema de Indicadores con el que cuenta ACUMAR y que recientemente se actualizó a través de la resolución 209/2023, que, como fruto de un proceso de revisión que se inició de forma participativa en 2021, presenta un nuevo marco conceptual, una redefinición de los objetivos y metas para el cumplimiento del Fallo de la Corte Suprema, y una reorganización en 10 ejes de los 31 indicadores ahora definidos.
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