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Los mamíferos de Córdoba algo más protegidos
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Córdoba es la primera provincia en proteger a sus mamíferos
Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente aprobó un sistema de categorización para las 68 especies que habitan en la provincia. El trabajo, realizado por la UNC, determinó que hay 25 especies en peligro de extinción.
La provincia de Córdoba es la primera del país en adoptar una categorización de mamíferos según su nivel de conservación.
El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes relevaron los 68 mamíferos autóctonos de la provincia. El 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse.
El trabajo fue publicado hace un año en un libro editado por la UNC, pero ahora la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia la incluyó dentro de su cuerpo normativo para proteger el ambiente cordobés.
Se trata de la resolución 334 de este año. Allí figuran las 68 especies relevadas con su categoría de conservación.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Otras 12 están en la categoría “en peligro”: mara, lobito de río, zorro colorado de Achala, pecarí de collar, conejo de los palos, oso melero, pichiciego menor y gato de los pajonales.
Las otras cuatro son tuco-tuco: de Pascual, de Reig, cordobés (estas tres sólo viven en Córdoba, son endemismos) y el serrano. Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos con los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie y garras potentes en las patas para cavar.
Otras especies endémicas de Córdoba, pero en riesgo menor, son el ratón serrano y el zorro colorado de Achala, una subespecie más colorada y más chica que el zorro colorado.
En tanto, otras ocho especies fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerables”. Hasta ahí las 25 especies que están más en riesgo de extinguirse. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Resolución pionera
Daniela Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar) de la UNC, apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
Y recuerda que el primer esfuerzo de sistematización de los mamíferos de Córdoba fue de Rodolfo Miatello en 1994, pero no fue incorporada a la legislación de Córdoba.
Y da un ejemplo: “Hay especies como la vizcacha, que fue plaga, pero hoy ha desaparecido de muchos sitios. Ahora está en estado ‘vulnerable’, es decir, que no se puede tocar ni cazar”.
Tamburini apunta que esta resolución también debería tenerse en cuenta a la hora de definir si se realiza o no una obra pública o emprendimiento privado que requieran desmonte.
La pérdida de hábitat por el desmonte es la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
La resolución obliga a actualizar esta categorización dentro de 10 años y además encomienda a la Provincia a que en el plazo de cinco años efectúe una categorización similar de otros grupos de la fauna silvestre como anfibios, reptiles y aves. Desde la Provincia no dieron más precisiones sobre el tema.
Cuidar el bosque
Más allá de la normativa, Tamburini cree que la mejor forma de proteger a estas especies es “como mínimo respetar las áreas de conservación y de manejo de la ley de bosques y atender las áreas protegidas”.
El otro autor del trabajo es Ricardo Torres, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet).
“Esperamos que esta resolución sea una herramienta más para la conservación de los mamíferos ya que muchas especies son muy valiosas por los servicios ecosistémicos que prestan”, explica la bióloga.
De hecho murciélagos y roedores son los grupos de mamíferos más abundantes en Córdoba. A pesar de su mala fama, son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas.
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Fecha de Publicación: 14/11/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Ambiente aprobó un sistema de categorización para las 68 especies que habitan en la provincia. El trabajo, realizado por la UNC, determinó que hay 25 especies en peligro de extinción.
La provincia de Córdoba es la primera del país en adoptar una categorización de mamíferos según su nivel de conservación.
El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quienes relevaron los 68 mamíferos autóctonos de la provincia. El 37 por ciento de ellos está en riesgo de extinguirse.
El trabajo fue publicado hace un año en un libro editado por la UNC, pero ahora la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia la incluyó dentro de su cuerpo normativo para proteger el ambiente cordobés.
Se trata de la resolución 334 de este año. Allí figuran las 68 especies relevadas con su categoría de conservación.
Hay cinco especies que están en “peligro crítico” de extinguirse dentro de Córdoba: guanaco, pecarí quimilero, aguará guazú, tapetí y carpincho.
Otras 12 están en la categoría “en peligro”: mara, lobito de río, zorro colorado de Achala, pecarí de collar, conejo de los palos, oso melero, pichiciego menor y gato de los pajonales.
Las otras cuatro son tuco-tuco: de Pascual, de Reig, cordobés (estas tres sólo viven en Córdoba, son endemismos) y el serrano. Los tuco-tuco son roedores de hábitos subterráneos con los ojos bien arriba, en el cráneo, para poder asomarse a la superficie y garras potentes en las patas para cavar.
Otras especies endémicas de Córdoba, pero en riesgo menor, son el ratón serrano y el zorro colorado de Achala, una subespecie más colorada y más chica que el zorro colorado.
En tanto, otras ocho especies fueron incluidas dentro de la categoría “vulnerables”. Hasta ahí las 25 especies que están más en riesgo de extinguirse. El resto fueron etiquetadas como “cercana a la amenaza” y “preocupación menor”.
Resolución pionera
Daniela Tamburini, investigadora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Cernar) de la UNC, apunta: “La fauna siempre fue considerada como un elemento molesto. La única ley que tiene Córdoba es de 1958 y es una ley de caza, no de protección”.
Y recuerda que el primer esfuerzo de sistematización de los mamíferos de Córdoba fue de Rodolfo Miatello en 1994, pero no fue incorporada a la legislación de Córdoba.
Y da un ejemplo: “Hay especies como la vizcacha, que fue plaga, pero hoy ha desaparecido de muchos sitios. Ahora está en estado ‘vulnerable’, es decir, que no se puede tocar ni cazar”.
Tamburini apunta que esta resolución también debería tenerse en cuenta a la hora de definir si se realiza o no una obra pública o emprendimiento privado que requieran desmonte.
La pérdida de hábitat por el desmonte es la mayor amenaza para los mamíferos cordobeses. Luego le siguen la caza y el impacto de la urbanización, en especial en el oeste de la provincia.
La resolución obliga a actualizar esta categorización dentro de 10 años y además encomienda a la Provincia a que en el plazo de cinco años efectúe una categorización similar de otros grupos de la fauna silvestre como anfibios, reptiles y aves. Desde la Provincia no dieron más precisiones sobre el tema.
Cuidar el bosque
Más allá de la normativa, Tamburini cree que la mejor forma de proteger a estas especies es “como mínimo respetar las áreas de conservación y de manejo de la ley de bosques y atender las áreas protegidas”.
El otro autor del trabajo es Ricardo Torres, investigador del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (UNC-Conicet).
“Esperamos que esta resolución sea una herramienta más para la conservación de los mamíferos ya que muchas especies son muy valiosas por los servicios ecosistémicos que prestan”, explica la bióloga.
De hecho murciélagos y roedores son los grupos de mamíferos más abundantes en Córdoba. A pesar de su mala fama, son importantes para el ser humano porque contribuyen al control de plagas y a la diseminación de semillas.
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Dictan procesamiento por contaminación del Riachuelo
Procesaron al ex titular del Mercado de Liniers por contaminar un arroyo del Riachuelo
Fecha de Publicación: 09/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex presidente de la firma Mercado de Liniers S.A., Roberto Arancedo, por la contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno. En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular.
La causa investiga si se contaminó el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. “Se determinó la presencia de sustancias tóxicas, constitutivas de residuos peligrosos, en los efluentes líquidos del Mercado de Hacienda de Liniers, volcados al arroyo Cildáñez. Se estableció su peligrosidad para la salud y el ambiente, con arreglo a lo dispuesto en aquella ley (de Residuos Peligrosos), y se advirtió en sucesivas tomas de muestra de agua efectuadas en las instalaciones del Mercado que esas sustancias tóxicas superaban los límites máximos establecidos por la Autoridad de Cuenca en el marco de sus atribuciones fijadas por ley”, sostuvo el juez.
A criterio del juez, el imputado “en su carácter de Presidente del Directorio de MLSA, tenía pleno conocimiento y un dominio efectivo en cuanto a la actividad de la firma y la toma de decisiones en su representación, y que en esos términos actuó con dolo”.
La causa se inició el 27 de junio de 2018 a raíz de la denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental contra la firma Mercado de Liniers S.A. por la posible contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno.
La Ley de Residuos Peligrosos sostiene que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (3 a 10 años de prisión), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El fallo sostuvo que se había intimado “a la empresa a presentar el monitoreo de agua del efluente para todos los analitos establecidos en la Res. ACUMAR 1/2007” y que “para la obtención del permiso de vuelco deberían adoptarse medidas para la disminución del contenido de patógenos del efluente, especialmente para la E. Coli, toda vez que se producía el arrastre de materia fecal animal del suelo del predio”.
“Ha quedado demostrada la materialidad de los hechos imputados a Roberto Arancedo, esto es, haber volcado -en su carácter de Presidente del Directorio de la empresa Mercado de Liniers S.A.- efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno de esa empresa sita en la Av. Lisandro de la Torre 2406 de esta ciudad, al arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del Río Matanza Riachuelo. Ese vuelco, se produjo en infracción a la normativa ambiental, contaminando el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. No se ha producido discusión sobre la generación de desechos y su destino, mas sí sobre el contenido de injusto asignado a su conducta”, se aseguró.
En su descargo, señaló el juez, “Arancedo comenzó por referirse al vuelco de efluentes líquidos sobre el arroyo Cildáñez como una situación fáctica ajena y preexistente”, pero “desde el año 1992 -cuando se otorgó la concesión- hasta la fecha de los hechos transcurrieron 25 años" y “a lo largo de ese período se modificó la Constitución Nacional y entró en vigencia diversa normativa” que establece el derecho “a un ambiente sano y la obligación de preservarlo en cabeza de todo habitante y de las autoridades estatales”. Por eso, se añadió, “ningún individuo puede considerarse ajeno a ese mandato legal -de jerarquía constitucional y convencional”.
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Fecha de Publicación: 09/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Riachuelo
En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular
El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex presidente de la firma Mercado de Liniers S.A., Roberto Arancedo, por la contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno. En su resolución, el juez le prohibió la salida del país y le trabó embargos por 5 millones de pesos a la firma y su ex titular.
La causa investiga si se contaminó el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. “Se determinó la presencia de sustancias tóxicas, constitutivas de residuos peligrosos, en los efluentes líquidos del Mercado de Hacienda de Liniers, volcados al arroyo Cildáñez. Se estableció su peligrosidad para la salud y el ambiente, con arreglo a lo dispuesto en aquella ley (de Residuos Peligrosos), y se advirtió en sucesivas tomas de muestra de agua efectuadas en las instalaciones del Mercado que esas sustancias tóxicas superaban los límites máximos establecidos por la Autoridad de Cuenca en el marco de sus atribuciones fijadas por ley”, sostuvo el juez.
A criterio del juez, el imputado “en su carácter de Presidente del Directorio de MLSA, tenía pleno conocimiento y un dominio efectivo en cuanto a la actividad de la firma y la toma de decisiones en su representación, y que en esos términos actuó con dolo”.
La causa se inició el 27 de junio de 2018 a raíz de la denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental contra la firma Mercado de Liniers S.A. por la posible contaminación del arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del río Matanza Riachuelo, a través del vuelco de los efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno.
La Ley de Residuos Peligrosos sostiene que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal (3 a 10 años de prisión), el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
El fallo sostuvo que se había intimado “a la empresa a presentar el monitoreo de agua del efluente para todos los analitos establecidos en la Res. ACUMAR 1/2007” y que “para la obtención del permiso de vuelco deberían adoptarse medidas para la disminución del contenido de patógenos del efluente, especialmente para la E. Coli, toda vez que se producía el arrastre de materia fecal animal del suelo del predio”.
“Ha quedado demostrada la materialidad de los hechos imputados a Roberto Arancedo, esto es, haber volcado -en su carácter de Presidente del Directorio de la empresa Mercado de Liniers S.A.- efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno de esa empresa sita en la Av. Lisandro de la Torre 2406 de esta ciudad, al arroyo Cildáñez, perteneciente a la cuenca del Río Matanza Riachuelo. Ese vuelco, se produjo en infracción a la normativa ambiental, contaminando el curso de agua en cuestión de un modo peligroso para la salud, entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018. No se ha producido discusión sobre la generación de desechos y su destino, mas sí sobre el contenido de injusto asignado a su conducta”, se aseguró.
En su descargo, señaló el juez, “Arancedo comenzó por referirse al vuelco de efluentes líquidos sobre el arroyo Cildáñez como una situación fáctica ajena y preexistente”, pero “desde el año 1992 -cuando se otorgó la concesión- hasta la fecha de los hechos transcurrieron 25 años" y “a lo largo de ese período se modificó la Constitución Nacional y entró en vigencia diversa normativa” que establece el derecho “a un ambiente sano y la obligación de preservarlo en cabeza de todo habitante y de las autoridades estatales”. Por eso, se añadió, “ningún individuo puede considerarse ajeno a ese mandato legal -de jerarquía constitucional y convencional”.
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"Operación Bandada" contra el tráfico de fauna
Desarticularon una red de tráfico de fauna: Hubo allanamientos en la provincia
Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El operativo de la Policía Federal Argentina, culminó con 26 detenidos y el secuestro de 21 armas de fuego, tras 35 allanamientos en Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos.
La Policía Federal Argentina desarticuló una banda criminal dedicada a la distribución y comercialización de animales en distintas provincias de nuestro país, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en un parte recibido por El Entre Ríos.
Destacaron, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, que el operativo culminó con 26 detenidos y el secuestro de 21 armas de fuego, tras 35 allanamientos en Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos.
Compleja red de tráfico de fauna
Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes federales del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, fuerza comandada por el entrerriano Néstor Roncaglia, permitieron detectar una red de tráfico de fauna, con roles bien definidos, donde se individualizaron cazadores furtivos de fauna autóctona, choferes de camiones quienes, en forma oculta, distribuían las especies desde distintas provincias, acopiadores y a quienes comercializaban dicha especies.
A raíz de la información reunida durante nueve meses de investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, dispuso el allanamiento, en forma simultánea, de 35 domicilios ubicados, 19 en las zonas Zona norte, Sur y Oeste del conurbano bonaerense, dos en las localidades de Roque Pérez y Villarino y 14 en el las Provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos donde se logró rescatar 2.400 aves y 82 tortugas terrestres y reptiles preparados para su comercialización.
26 detenidos, armas secuestradas y más
Dicho operativo, además, arrojó la detención de 26 personas y el secuestro de 21 armas de fuego (escopetas, rifles y carabinas), 18 teléfonos celulares, 360 jaulas y tramperas para la guarda y caza de aves, 5 vehículos, 185.000 pesos en efectivos y 1.300 dólares producto de la comercialización de los animales.
En total fueron detenidas 26 personas, tras la denominada "Operación Bandada". Los detenidos, junto con las especies rescatadas, quedaron a disposición del juzgado interventor en la causa por infracción a la "Ley Nacional de Protección de la Fauna".
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Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: El Once
Provincia/Región: Nacional
El operativo de la Policía Federal Argentina, culminó con 26 detenidos y el secuestro de 21 armas de fuego, tras 35 allanamientos en Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos.
La Policía Federal Argentina desarticuló una banda criminal dedicada a la distribución y comercialización de animales en distintas provincias de nuestro país, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en un parte recibido por El Entre Ríos.
Destacaron, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, que el operativo culminó con 26 detenidos y el secuestro de 21 armas de fuego, tras 35 allanamientos en Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos.
Compleja red de tráfico de fauna
Las tareas investigativas llevadas a cabo por los agentes federales del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, fuerza comandada por el entrerriano Néstor Roncaglia, permitieron detectar una red de tráfico de fauna, con roles bien definidos, donde se individualizaron cazadores furtivos de fauna autóctona, choferes de camiones quienes, en forma oculta, distribuían las especies desde distintas provincias, acopiadores y a quienes comercializaban dicha especies.
A raíz de la información reunida durante nueve meses de investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, dispuso el allanamiento, en forma simultánea, de 35 domicilios ubicados, 19 en las zonas Zona norte, Sur y Oeste del conurbano bonaerense, dos en las localidades de Roque Pérez y Villarino y 14 en el las Provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Entre Ríos donde se logró rescatar 2.400 aves y 82 tortugas terrestres y reptiles preparados para su comercialización.
26 detenidos, armas secuestradas y más
Dicho operativo, además, arrojó la detención de 26 personas y el secuestro de 21 armas de fuego (escopetas, rifles y carabinas), 18 teléfonos celulares, 360 jaulas y tramperas para la guarda y caza de aves, 5 vehículos, 185.000 pesos en efectivos y 1.300 dólares producto de la comercialización de los animales.
En total fueron detenidas 26 personas, tras la denominada "Operación Bandada". Los detenidos, junto con las especies rescatadas, quedaron a disposición del juzgado interventor en la causa por infracción a la "Ley Nacional de Protección de la Fauna".
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Usan agroquímicos no permitidos en Santa Fe
Denunciaron en Arequito el uso de agroquímicos no permitidos
Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Alertado por los vecinos, un integrante de la Comisión Comunal intervino ante una aspersión cercana a la planta urbana.
El viernes último un integrante de la Comisión Comunal de Arequito denunció una fumigación ilegal en cercanías de la planta urbana de esta población del departamento Caseros, de poco más de siete mil habitantes. Según la denuncia, los vecinos comenzaron a reclamar por el fuerte olor que sentían en el ambiente en horas del atardecer en la zona sudeste del pueblo y recurrieron a las autoridades comunales para que evalúen la situación. En ese contexto, Gabriel Bustamante, se ocupó de recorrer la zona y constató que el fuerte olor provenía de las tareas de aspersión que había realizado minutos antes un agricultor con productos prohibidos por la ordenanza específica vigente.
Según narró el denunciante las aspersiones se realizaron en la zona sudoeste de la parte urbana de la localidad, en momentos en que el viento predominaba del cuadrante sur, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. "Inmediatamente me comuniqué con el veedor comunal, Franco Zuchetti, quien tiene la función de controlar las aplicaciones en la jurisdicción", contó Bustamante.
"Tras informarle la situación, inmediatamente concurrió al lugar. Mientras tanto recorrí la zona y observé que un pulverizador terrestre, de los llamados mosquito, se encontraba trabajando en la zona cercana al área urbana. Entonces también me comuniqué con la policía local", indicó Bustamante.
Una vez en el lugar, Bustamante, Zucchetti y personal policial se dirigieron al campo ubicado a unos 900 metros al sudoeste del casco urbano donde constataron que el aplicador, que fue identificado, ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo certificaron que minutos antes de llegar asperjaron con 2,4 D, un herbicida sistémico hormonal muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y, en nuestro país, sus formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos fueron prohibidas por el Senasa, por la alta volatilidad.
En Santa Fe, por la resolución Nº 135 del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2015 se encuentra prohibido el uso y aplicación del herbicida en su formulación éster isobutílico y restringido su uso para aplicaciones aéreas y terrestres en su formulación sal dimetil amina, a un radio de 6.000 metros y 1.000 de asentamientos poblacionales respectivamente.
Sin embargo, este producto no está autorizado por la ordenanza comunal de Arequito y, al ser una aplicación no informada, tampoco pudo ser controlada como dispone la normativa vigente. Por esa razón, tanto el productor como el aplicador, podrían estar incurriendo en una infracción a la legislación comunal e incluso en delitos tipificados en las leyes de protección del ambiente y de residuos peligrosos.
Bustamante contó que situaciones similares "vienen sucediendo desde hace varias semanas" y eso lo llevó a denunciar el caso en la comisaría local. "Ahora espero que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse", dijo y adelantó que el próximo lunes solicitará una reunión en la Comuna para estudiar modificar en algunos puntos la ordenanza vigente, "para que los aplicadores de fitosanitarios que no realizan las tareas con responsabilidad tomen conciencia de los problemas que causan en la salud de la población y se les apliquen las sanciones que correspondan".
Plantas de acopio
La Comuna de Berabevú, en el departamento Caseros, rubricó una ordenanza que prohíbe la permanencia o instalación de plantas de acopio dentro del área urbana. El presidente comunal, Leonardo Bagnasco, dijo al respecto que "es necesario contribuir y avanzar en el ordenamiento urbano del pueblo, aunque también priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la población". Esta ordenanza, seguramente sentará un precedente en la región, ya que la mayoría de los pueblos posee la misma característica. Crecieron al margen del trazado del ferrocarril por lo que el área urbana se extendió a ambos lados de las vías, al igual que los acopios que se establecían allí para facilitar la carga de cereal a los vagones.
Actualmente esas plantas de acopio permanecieron operativas a lo largo de los años y su cercanía con las viviendas se constituyó en una problemática difícil de resolver. La decisión política para establecer parámetros claros que privilegien la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente, fue clave en esta localidad que ahora aporta reglas para su permanencia y prevé el traslado de las unidades de acopio.
La nueva normativa establece que la Comuna será la encargada de monitorear el trabajo de aquellas instalaciones ya existentes y que las mismas deberán ajustar su forma y su entorno para no continuar generando o ampliando problemas que pueda traer aparejado su funcionamiento en el sitio actual. Además establece un plazo de cuatro años para la reubicación de esas instalaciones en terrenos previamente evaluados y aprobado, a la vez que fija las multas pertinentes en caso de incumplir los puntos regulados.
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Fecha de Publicación: 08/11/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Alertado por los vecinos, un integrante de la Comisión Comunal intervino ante una aspersión cercana a la planta urbana.
El viernes último un integrante de la Comisión Comunal de Arequito denunció una fumigación ilegal en cercanías de la planta urbana de esta población del departamento Caseros, de poco más de siete mil habitantes. Según la denuncia, los vecinos comenzaron a reclamar por el fuerte olor que sentían en el ambiente en horas del atardecer en la zona sudeste del pueblo y recurrieron a las autoridades comunales para que evalúen la situación. En ese contexto, Gabriel Bustamante, se ocupó de recorrer la zona y constató que el fuerte olor provenía de las tareas de aspersión que había realizado minutos antes un agricultor con productos prohibidos por la ordenanza específica vigente.
Según narró el denunciante las aspersiones se realizaron en la zona sudoeste de la parte urbana de la localidad, en momentos en que el viento predominaba del cuadrante sur, a una velocidad de cinco kilómetros por hora. "Inmediatamente me comuniqué con el veedor comunal, Franco Zuchetti, quien tiene la función de controlar las aplicaciones en la jurisdicción", contó Bustamante.
"Tras informarle la situación, inmediatamente concurrió al lugar. Mientras tanto recorrí la zona y observé que un pulverizador terrestre, de los llamados mosquito, se encontraba trabajando en la zona cercana al área urbana. Entonces también me comuniqué con la policía local", indicó Bustamante.
Una vez en el lugar, Bustamante, Zucchetti y personal policial se dirigieron al campo ubicado a unos 900 metros al sudoeste del casco urbano donde constataron que el aplicador, que fue identificado, ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo certificaron que minutos antes de llegar asperjaron con 2,4 D, un herbicida sistémico hormonal muy común, usado en el control de malezas de hoja ancha. Es uno de los herbicidas más utilizados en el mundo y, en nuestro país, sus formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos fueron prohibidas por el Senasa, por la alta volatilidad.
En Santa Fe, por la resolución Nº 135 del Ministerio de la Producción, desde marzo de 2015 se encuentra prohibido el uso y aplicación del herbicida en su formulación éster isobutílico y restringido su uso para aplicaciones aéreas y terrestres en su formulación sal dimetil amina, a un radio de 6.000 metros y 1.000 de asentamientos poblacionales respectivamente.
Sin embargo, este producto no está autorizado por la ordenanza comunal de Arequito y, al ser una aplicación no informada, tampoco pudo ser controlada como dispone la normativa vigente. Por esa razón, tanto el productor como el aplicador, podrían estar incurriendo en una infracción a la legislación comunal e incluso en delitos tipificados en las leyes de protección del ambiente y de residuos peligrosos.
Bustamante contó que situaciones similares "vienen sucediendo desde hace varias semanas" y eso lo llevó a denunciar el caso en la comisaría local. "Ahora espero que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse", dijo y adelantó que el próximo lunes solicitará una reunión en la Comuna para estudiar modificar en algunos puntos la ordenanza vigente, "para que los aplicadores de fitosanitarios que no realizan las tareas con responsabilidad tomen conciencia de los problemas que causan en la salud de la población y se les apliquen las sanciones que correspondan".
Plantas de acopio
La Comuna de Berabevú, en el departamento Caseros, rubricó una ordenanza que prohíbe la permanencia o instalación de plantas de acopio dentro del área urbana. El presidente comunal, Leonardo Bagnasco, dijo al respecto que "es necesario contribuir y avanzar en el ordenamiento urbano del pueblo, aunque también priorizar el cuidado del medio ambiente y la salud de la población". Esta ordenanza, seguramente sentará un precedente en la región, ya que la mayoría de los pueblos posee la misma característica. Crecieron al margen del trazado del ferrocarril por lo que el área urbana se extendió a ambos lados de las vías, al igual que los acopios que se establecían allí para facilitar la carga de cereal a los vagones.
Actualmente esas plantas de acopio permanecieron operativas a lo largo de los años y su cercanía con las viviendas se constituyó en una problemática difícil de resolver. La decisión política para establecer parámetros claros que privilegien la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente, fue clave en esta localidad que ahora aporta reglas para su permanencia y prevé el traslado de las unidades de acopio.
La nueva normativa establece que la Comuna será la encargada de monitorear el trabajo de aquellas instalaciones ya existentes y que las mismas deberán ajustar su forma y su entorno para no continuar generando o ampliando problemas que pueda traer aparejado su funcionamiento en el sitio actual. Además establece un plazo de cuatro años para la reubicación de esas instalaciones en terrenos previamente evaluados y aprobado, a la vez que fija las multas pertinentes en caso de incumplir los puntos regulados.
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Bosques como necesidad para las futuras generaciones
Conservar los bosques es perpetuar para las generaciones futuras recursos de vida y de sustentabilidad
Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuando los bosques no son manejados adecuadamente pierden sus beneficios ambientales y sociales, como el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación del clima y la supervivencia de las comunidades que los habitan. Es fundamental conservarlos y cuidarlos de la degradación y de la deforestación
A pesar de que desde el año 2007 existe en Argentina una norma de alcance nacional que establece un alto nivel de protección, la Ley No 26.331, más conocida como Ley de Bosques, el país tiene una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. Se estima que en los últimos quince años se perdieron por año trescientas mil hectáreas de bosques nativos, según datos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Uno de los puntos principales que establece la ley consiste en el ordenamiento territorial de los bosques nativos, es decir que cada provincia debe clasificar la zona boscosa en tres categorías de conservación. Zona roja: áreas de muy alto valor de conservación, que no deben transformarse por su valor de conectividad, biodiversidad y protección de cuencas hídricas, que hacen imprescindible mantener el bosque a perpetuidad. Zona amarilla: áreas de mediano valor de conservación, que pueden ser sometidas a aprovechamiento sostenible, ecoturismo, e investigación científica. Zona verde: áreas de bajo valor de conservación, que pueden ser transformadas en forma parcial o total.
Desde el año 2015 la Secretaria de Ambiente de la Nación lleva adelante el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) cuyo objetivo es actualizar toda la información sobre la ubicación, la extensión y las especies de árboles que conforman los bosques. A la fecha el censo está avanzado en un 78%, con 3247 parcelas relevadas en las veintitrés provincias. Los datos que fueron consignados, en un trabajo conjunto entre los técnicos ambientales y los pobladores locales, son altura, diámetro, sanidad y cantidad de árboles, como también la biodiversidad.
Para la ingeniera forestal Laura Pinciroli, “la conservación solo se logra involucrando a las personas que viven en y del bosque, trabajando en conjunto de manera amigable y entrecruzando el conocimiento técnico con el saber de las comunidades”.
Para aquellos propietarios de tierras que poseen áreas de bosque resguardado, la ley creó el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. El 70% de ese fondo es para compensar económicamente a los dueños por mantener el bosque, con un aporte no reintegrable, que se paga por hectárea y por año. El propietario asume la obligación de realizar un plan de manejo y conservación que es revisada y aprobada por la cartera de ambiente de cada provincia.
“Ecoportal de Piedra”, es una reserva natural privada de setecientas setenta y seis hectáreas, con áreas rojas y amarillas, ubicada en Villamonte, Jujuy. Los propietarios de esta finca recibieron el monto que prevé la ley como parte del plan de conservación para que el bosque siga cumpliendo su función de regulación, de conectividad y de absorción de dióxido de carbono. Con el dinero alambraron parcelas para evitar el ingreso de ganado, mejoraron las cabañas y senderos para recibir a los turistas, y apoyan en forma permanente la investigación científica y las actividades educativas.
El ecoturismo es la forma en que esta reserva se sustenta hoy en día. Realizan tours fotográficos, cabalgatas, senderismo y avistaje de aves en la yunga jujeña. Y si el turista está atento y con los binoculares bien puestos quizás pueda descubrir el único nido conocido de Halcón Negro Grande en Argentina, un ave en peligro de extinción.
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Fecha de Publicación: 07/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Cuando los bosques no son manejados adecuadamente pierden sus beneficios ambientales y sociales, como el mantenimiento de la biodiversidad, la regulación del clima y la supervivencia de las comunidades que los habitan. Es fundamental conservarlos y cuidarlos de la degradación y de la deforestación
A pesar de que desde el año 2007 existe en Argentina una norma de alcance nacional que establece un alto nivel de protección, la Ley No 26.331, más conocida como Ley de Bosques, el país tiene una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. Se estima que en los últimos quince años se perdieron por año trescientas mil hectáreas de bosques nativos, según datos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Uno de los puntos principales que establece la ley consiste en el ordenamiento territorial de los bosques nativos, es decir que cada provincia debe clasificar la zona boscosa en tres categorías de conservación. Zona roja: áreas de muy alto valor de conservación, que no deben transformarse por su valor de conectividad, biodiversidad y protección de cuencas hídricas, que hacen imprescindible mantener el bosque a perpetuidad. Zona amarilla: áreas de mediano valor de conservación, que pueden ser sometidas a aprovechamiento sostenible, ecoturismo, e investigación científica. Zona verde: áreas de bajo valor de conservación, que pueden ser transformadas en forma parcial o total.
Desde el año 2015 la Secretaria de Ambiente de la Nación lleva adelante el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos (INBN2) cuyo objetivo es actualizar toda la información sobre la ubicación, la extensión y las especies de árboles que conforman los bosques. A la fecha el censo está avanzado en un 78%, con 3247 parcelas relevadas en las veintitrés provincias. Los datos que fueron consignados, en un trabajo conjunto entre los técnicos ambientales y los pobladores locales, son altura, diámetro, sanidad y cantidad de árboles, como también la biodiversidad.
Para la ingeniera forestal Laura Pinciroli, “la conservación solo se logra involucrando a las personas que viven en y del bosque, trabajando en conjunto de manera amigable y entrecruzando el conocimiento técnico con el saber de las comunidades”.
Para aquellos propietarios de tierras que poseen áreas de bosque resguardado, la ley creó el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. El 70% de ese fondo es para compensar económicamente a los dueños por mantener el bosque, con un aporte no reintegrable, que se paga por hectárea y por año. El propietario asume la obligación de realizar un plan de manejo y conservación que es revisada y aprobada por la cartera de ambiente de cada provincia.
“Ecoportal de Piedra”, es una reserva natural privada de setecientas setenta y seis hectáreas, con áreas rojas y amarillas, ubicada en Villamonte, Jujuy. Los propietarios de esta finca recibieron el monto que prevé la ley como parte del plan de conservación para que el bosque siga cumpliendo su función de regulación, de conectividad y de absorción de dióxido de carbono. Con el dinero alambraron parcelas para evitar el ingreso de ganado, mejoraron las cabañas y senderos para recibir a los turistas, y apoyan en forma permanente la investigación científica y las actividades educativas.
El ecoturismo es la forma en que esta reserva se sustenta hoy en día. Realizan tours fotográficos, cabalgatas, senderismo y avistaje de aves en la yunga jujeña. Y si el turista está atento y con los binoculares bien puestos quizás pueda descubrir el único nido conocido de Halcón Negro Grande en Argentina, un ave en peligro de extinción.
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Misiones: multa record por desmonte
Ratifican dura sanción por un desmonte en San Pedro
Fecha de Publicación: 06/11/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Ante una denuncia de actividad de desmonte producida en la zona de San Pedro y a raíz de la preocupación de algunos sectores respecto a cómo continúa la situación tras la verificación correspondiente, se explicó desde el Ministerio de Ecología de Misiones que “están suspendidos todos los trabajos en el terreno hasta tanto se defina la restauración del área afectada, habiéndose practicado inspección por agentes de la Dirección de Bosques y se continúa el sumario que desembocará en una elevada multa por las infracciones cometidas”.
Lo previo fue en respuesta a un escrito que circula planteando preocupación respecto a los efectos provocados y eventualmente ante el temor que se proceda, según cita a “plantar maíz transgénicos” y planteando que las actividades no habría cesado.
Sin embargo, desde Ecología ratificaron que están suspendidos todos los trabajos. Desde la misma dependencia se había informado el 22 de octubre que el desmonte había afectado a un conjunto de lotes en el límite entre los Departamentos de San Pedro y San Vicente, en cercanías del Paraje Paraíso.
“Se constató una actividad de desmonte de bosques nativos protectores de curso de agua y de pendientes mayores al 15%, lo que constituye grave infracción a las leyes Provinciales XVI -105 y XVI -53, ya que la ley impide su eliminación de este tipo de bosque por su importancia ambiental y biológica”, se consignó.
Se explicó que la superficie afectada era de unas 60 hectáreas de bosques nativos y que cabría la aplicación de multas superiores a los 20 millones de pesos.
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Fecha de Publicación: 06/11/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones
Ante una denuncia de actividad de desmonte producida en la zona de San Pedro y a raíz de la preocupación de algunos sectores respecto a cómo continúa la situación tras la verificación correspondiente, se explicó desde el Ministerio de Ecología de Misiones que “están suspendidos todos los trabajos en el terreno hasta tanto se defina la restauración del área afectada, habiéndose practicado inspección por agentes de la Dirección de Bosques y se continúa el sumario que desembocará en una elevada multa por las infracciones cometidas”.
Lo previo fue en respuesta a un escrito que circula planteando preocupación respecto a los efectos provocados y eventualmente ante el temor que se proceda, según cita a “plantar maíz transgénicos” y planteando que las actividades no habría cesado.
Sin embargo, desde Ecología ratificaron que están suspendidos todos los trabajos. Desde la misma dependencia se había informado el 22 de octubre que el desmonte había afectado a un conjunto de lotes en el límite entre los Departamentos de San Pedro y San Vicente, en cercanías del Paraje Paraíso.
“Se constató una actividad de desmonte de bosques nativos protectores de curso de agua y de pendientes mayores al 15%, lo que constituye grave infracción a las leyes Provinciales XVI -105 y XVI -53, ya que la ley impide su eliminación de este tipo de bosque por su importancia ambiental y biológica”, se consignó.
Se explicó que la superficie afectada era de unas 60 hectáreas de bosques nativos y que cabría la aplicación de multas superiores a los 20 millones de pesos.
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Córdoba en emergencia forestal
Emergencia Forestal: Córdoba ya perdió más del 95% de su bosque nativo
Fecha de Publicación: 04/11/2019
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Córdoba
Entre 2001 y 2018, pese a la legislación vigente sobre medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión, representan el 56% de esas pérdidas.
“Qué linda esta plantita”, dice y la arranca de raíz con cuidado. La mete en una bolsa con tierra húmeda y la aromática, tras la caída del sol, viaja entre los bártulos con algún destino lejos del espacio nativo. La escena sobre la “Minthostachys verticillata”, conocida como peperina, es algo usual entre los visitantes de las sierras. Fascina el paisaje, la sombra, los mates con ese yuyito de aroma cordobés, pero cuesta proyectar cuánto de lo que nos rodea una tarde de verano en la sierras, va desapareciendo como la peperina.
A comienzos del siglo pasado Córdoba tenía cerca de 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. De ese total, hasta las mediciones hechas por el grupo de investigación liderado por Marcelo Zak y Marcelo Cabido, en el año 2000 determinó que en la provincia los bosques nativos ocupan solo un 3,6%. Es decir, solo unas 594 mil hectárea. La emergencia forestal no es un eufemismo del futuro, es ya tierra arrasada.
900 hectáreas de bosque nativo en 2018
En este siglo, entre 2001 y 2018, cuando más se sancionó legislación sobre la protección del medioambiente, la provincia perdió 131 mil hectáreas de cobertura arbórea. Durante este período, según registros de la organización internacional Global Forest Watch, Río Primero, Río Seco, Ischilín, Roque Sáenz Peña y Unión representaron el 56% de todas esas pérdidas, siendo Río Primero, el departamento más afectado.
Durante 2018, Córdoba perdió 889 hectáreas de bosque nativo. Con intensidad, como fue previo a la sanción de la Ley de Bosques, o a cuentagotas, como pasa ahora en la ilegalidad, el desmonte en la provincia avanza sigiloso.
“Entre los distintos momentos históricos de poblamiento, Córdoba perdió millones de hectáreas de ecosistemas naturales, tanto de bosques, como pastizales y humedales. La deforestación en los últimos 100 años, fue uno de los ejes, y el modelo basado en agroquímos intensificó el impacto, tanto en el medio natural que soporta esta producción, como en la salud de la cantidad de poblaciones relacionadas a esos sistemas agropecuarios”, dice el biólogo e investigador Cristian Schneider, quien también es miembro de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.
Factores de la destrucción
Según consigna la plataforma Montes de Córdoba, los factores que destruyen el bosque nativo son los incendios, la invasión de plantas exóticas, el crecimiento urbano, y el avance de las fronteras agropecuarias. Este último, es el que más incidió en la gran pérdida de los ecosistemas locales.
Se trata de un fenómeno que se dio principalmente a partir de la introducción del modelo agroindustrial con utilización de transgénicos. La soja desde la década del 90, por ejemplo, hizo que Córdoba se transformara.
Las zonas al sureste de la provincia comenzaron a tener cada vez más cultivo. Y eso generó una presión sobre el área norte de la provincia. Los sectores ganaderos se fueron moviendo hacia el norte, y esos corrimientos de las fronteras agropecuarias, como se suele llamar, generó una presión sobre esa zona. Desde Río primero hacia el norte hubo grandes deforestaciones.
Si se mira hacia el sureste de Córdoba, esta es un área donde se hacen cultivos hace más de 40 años donde habitan localidades sumamente pobladas que no tienen ningún porcentaje de bosque alrededor. Allí también se presenta una situación grave donde los cultivos extremadamente cerca de esas poblaciones, utilizan grandes cantidades de agroquímicos y no tienen protecciones forestales cerca de la ciudad.
En lo local, para Schneider hay una discusión de fondo que se tiene que dar sobre cómo se está encarando el desarrollo, las formas de vida y producción que demanda la ciudadanía en Córdoba. “Eso no significa que se tiene que producir de acuerdo a los códigos de este modelo basado siempre en el beneficio económico, más que en responder a determinadas necesidades de la población y generar modos sanos, y equilibrados de producción”, explica y agrega: “No hay que destruir lo que en realidad está dando oportunidad de producir”.
Una estructura que no termina en el suelo
El imaginario social muchas veces plantea que el bosque está solo representado por árboles, pero una cuestión importante a resaltar es que en realidad se trata de una estructura compleja, no es solo de árboles. Este punto no es menor a la hora de definir lo que se entiende por bosque nativo, sobre todo si se piensa cómo se define el mismo en las leyes sancionadas para su protección.
“Si uno define que en un bosque nativo solo se tiene que proteger árboles, eso deja fuera de la ley o desprotegidos, un montón de otras estructuras que también son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas”, dice a este medio, el científico Lisandro Agost, que trabaja en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables dependiente de la UNC y estudió durante años, el cambio de cobertura arbórea de Córdoba.
Si bien se piensa que los bosques nativos están constituidos solo por árboles, por ejemplo, en la Pampa de Achala que está formada por pastizales de altura, eso también parte de una cobertura boscosa nativa. “Un bosque está constituido por muchos estratos, están los árboles, arbustos, las enredaderas, las herbáceas, los pastos, y después tenés toda la estructura que está por debajo, un bosque no termina en el suelo, es decir, donde empieza a surgir la vegetación sino que por debajo del suelo están las raíces, y una cantidad de microorganismos constituyen también parte de un bosque nativo”, explica Agost.
Es por ello que si uno hace un corte de suelo en un monocultivo de soja, probablemente, encuentre muchos menos biodiversidad en las capas de tierra, en cambio "en un bosque nativo, los árboles pueden tener raíces tres veces más largas de lo que se ve por arriba, es decir, si un árbol tiene cinco metros, las raíces pueden llegar hasta más de 15 metros y conectarse en distancias muy grandes”, dice el investigador.
Tener claro este punto, hace cambiar la percepción de lo que se tiene que preservar en el territorio.
Sin implementación, no hay bosque nativo
La pérdida de los servicios ecosistémicos que prestan los bosques nativos a la sociedad, fue motivo de preocupación a nivel internacional desde los años setenta, por lo que la conservación y enriquecimiento de los bosques está incluida en la agenda ambiental internacional desde hace cinco décadas y ahora vuelve a alzar la voz bajo los planteos de miles de jóvenes alrededor del mundo, que demandan medidas concretas para atender la emergencia ambiental.
En el 2007 se sancionó la ley nacional 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” que fue reglamentada en 2009. En 2010, con algunas controversias por su alcance, Córdoba sancionó la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y su decreto reglamentario 170/2011.
Anteriormente, la ley provincial 9.219 de 2005 y el decreto 10/2005 prohibieron el desmonte total dejando establecidos los términos de referencia para las intervenciones en bosques nativos. A esto se suma la Ley Agroforestal 10.467 y este año, la Unicameral provincial también le hizo lugar a la Ley de Agricultura Familiar. Sin embargo, desde 1990, Argentina es uno de los diez países que más desmontes sufrió a nivel mundial hasta el 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Juguetes del capitalismo
“Queda claro que la ley puede tener un discurso muy bonito, incluso si para sancionarla hubo participación y voces de distintos sectores, que no sucede muy seguido, pero es sabido que el capitalismo te da una herramienta pero es al mismo tiempo un juguete vacío y tenemos que estar atentos a no caer. La legislación actual a veces no se cumple por omisión del Gobierno, eso es terrible y es así cómo muchos colectivos llegan a judicializar la ausencia del Estado”, indica Schneider y agrega que más allá de la barrera de financiamiento que muchas veces argumenta el Estado, “hay una ausencia de esa intención de que la agenda política sea cierta, respecto a la política ambiental”.
“Hay un desinterés porque no hay intención de poder regular lo que significa la enorme presión que generan intereses económicos particulares en estos ecosistemas. Y contra eso no hay financiamiento que valga porque la Provincia puede recibir un montón de dinero y no destinarlo para lo que tiene que hacer, sino que no tiene interés en hacerlo”, explica el biólogo, para quien a la hora plantear soluciones a la emergencia ambiental, no puede haber pocas voces que se arroguen determinado conocimientos y visión particular de las medidas que hay que implementar.
“Tiene que haber procesos de trabajo en el territorio, no solo de diagnóstico sino a nivel de decisión donde se den estas participaciones en función de tener en claro que en otras escalas están ocurriendo cosas similares y la sumatoria de problemáticas y necesidades hace que el panorama sea bastante crítico, duro a nivel de lo que significa la crisis ambiental”, puntualiza Schneider.
En esa línea, Lisandro Agost, aporta que la irreversibilidad respecto a la situación de los bosques nativos, tiene que ver con que las políticas de Estado tengan un control constante y continuo para decidir que ciertas áreas sean de agricultura o de urbanización y los bosques sean protegidos, y ciertas zonas sean restauradas.
“Si hay predisposición, tiempo, inversión estatal, y se fomentan las investigaciones, se puede volver a un punto de reversibilidad del estado actual de la provincia”, dice y amplía: “Poniendo en perspectiva, en Córdoba tenemos menos del 3% de bosque nativo -considerando que desde los últimos registros, el desmonte avaza- y eso es una situación crítica frente a un contexto mundial de cambio climático global”.
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Agroquímicos: justicia procesa a productores de Pergamino
Procesan a tres productores de Pergamino por contaminar con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 01/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
La Justicia los considera penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente, generando graves problemas de salud en poblaciones cercanas a sus campo por la utilización de productos tóxicos.
Sabrina Ortiz ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida agrícola que actúa por contacto) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija adolescente, según el último análisis, tiene niveles de glifosato cien veces mayor de lo aconsejable para su peso. El hijo menor, de apenas siete años, ostenta el récord familiar: el glifosato que recorre su organismo es 120 veces más de lo inofensivo para su edad.
Desde 2011, Ortiz -hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino-viene denunciando las fumigaciones (además le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a dejar su casa) que derivaron, primero, en el fallo de un juez federal que suspendió la aplicación de agroquímicos en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, desde este martes, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
En el marco de la causa por las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida de Pergamino, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, ponderó la información aportada por un comité científico -integrado, entre otros, por investigadores del Conicet, especialistas en derivas y agroecología y médicos- y procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a "prima facie" coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y les fijó un embargo a cada uno por tres millones de pesos.
Villafuerte Ruzo había ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en aquellos barrios luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice la provisión de agua potable".
En abril de este año, y luego de que el intendente Javier Martínez, de Cambiemos, sostuviera que "el agua tiene la calidad que indican los códigos alimentarios”, los peritos de la Corte Suprema ratificaron que el agua de los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida “no era apta para consumo humano”, luego de constatar la presencia de 18 agroquímicos, de los cuales, casi la mitad, son considerados cancerígenos.
Además del proceso y embargo a los productores, la justicia confirmó para la próxima semana la indagatoria a dos funcionarios del municipio de Pergamino, quienes se desempeñaban en la Dirección de Ambiente Rural, área encargada de realizar el control de las fumigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 mil, de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Antes de irse, apuran la Ley Monsanto
Diputados: buscarán tratar la ley de semillas antes que se caiga el proyecto
Fecha de Publicación: 31/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, algo que en lo formal podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora tras las elecciones del domingo pasado no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo a LA NACION que el oficialismo está detrás ese objetivo para semillas.
En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola.
El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a $10 millones.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada.
Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo que iba a acompañar. Además, el año electoral hizo que se registren muy pocas reuniones formales en la cámara.
Según el artículo primero de la ley 13.460 sobre la tramitación de asuntos en el Parlamento, "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". Luego indica que solo si hubo sanción en una de las cámaras se puede prorrogar un año más.
"La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)", indicó Benedetti.
De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la industria semillera.
Tras el fallido decreto, hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas.
Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. "Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante", apuntó el legislador.
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja resistente a insectos y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. En un tiempo hizo controles propios en los puertos hasta que una resolución oficial determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) puede realizar controles.
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Fecha de Publicación: 31/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El oficialismo en la Cámara de Diputados intentará que el proyecto para modificar la actual ley de semillas pueda tratarse en el recinto de ese cuerpo legislativo y evitar que se caiga, algo que en lo formal podría ocurrir a fin de año si no hay un avance.
Si bien por ahora tras las elecciones del domingo pasado no hay una fecha concreta para sesiones en Diputados, Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, dijo a LA NACION que el oficialismo está detrás ese objetivo para semillas.
En noviembre de 2018, Cambiemos, en una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, logró emitir un dictamen para modificar la ley vigente desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y la soja apenas se sembraba en unas 400.000 hectáreas en todo el país, lejos de los 18 millones de hectáreas actuales.
Esa ley permite el uso propio gratuito, el derecho de los productores de guardarse parte de su cosecha de soja o trigo para usar como semilla en la siguiente campaña agrícola.
El dictamen de noviembre de 2018 hace una restricción del uso propio e introduce un pago por ello en favor de las empresas obtentoras de los productos. Deja afuera del pago a pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación hoy no superior a $10 millones.
Para el caso de los que tienen que pagar señala que las empresas deben establecer por cinco años el valor de la regalía que quieren cobrar, agotando todos los derechos en la semilla, y contempla que se pueda deducir de Ganancias la compra de semilla fiscalizada.
Los bloques opositores estuvieron en la reunión por el dictamen, pero no lo acompañaron. Este año hubo tres intentos para meter el tema en las pocas sesiones ordinarias que hubo en la Cámara, pero no fue posible por cambios de posturas en el peronismo que iba a acompañar. Además, el año electoral hizo que se registren muy pocas reuniones formales en la cámara.
Según el artículo primero de la ley 13.460 sobre la tramitación de asuntos en el Parlamento, "todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, se tendrá por caducado". Luego indica que solo si hubo sanción en una de las cámaras se puede prorrogar un año más.
"La voluntad política (del oficialismo) sigue para llegar a un acuerdo. Estamos preparados para llevar el proyecto al tratamiento y con la voluntad para aceptar modificaciones que sean necesarias. Lo podemos tratar ahora, si hay extraordinarias o con la nueva cámara (en este caso se tendría que hacer una ratificación del proyecto)", indicó Benedetti.
De esta manera, el diputado nacional por Juntos por el Cambio ratificó el interés del oficialismo de que el proyecto se trate.
En agosto pasado, el Gobierno amagó con un decreto presidencial para modificar la ley de semillas ante las demoras en el Congreso. Dio marcha atrás ante algunas objeciones de entidades de productores y de la industria semillera.
Tras el fallido decreto, hace unas semanas en plena campaña el presidente Mauricio Macri prometió una ley para actualizar semillas.
Benedetti se refirió precisamente a que en el país se demore más el tratamiento de este tema. "Hay una profunda inequidad mientras más nos demoremos; hay una sola empresa que cobra por el derecho del uso propio. Monsanto cobra sobre el uso propio con una condición dominante", apuntó el legislador.
Vale recordar que Monsanto, comprada por la alemana Bayer, lanzó en el país una soja resistente a insectos y comenzó a cobrar un canon por esa tecnología. En un tiempo hizo controles propios en los puertos hasta que una resolución oficial determinó que solo el Instituto Nacional de Semillas (Inase) puede realizar controles.
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Justicia entrerriana habilita fumigar cerca de escuelas
La Justicia falló a favor del decreto del gobierno entrerriano que organiza la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Fecha de Publicación: 30/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Entre Ríos
La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
- Hay una zona de exclusio´n desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
- Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (segu´n la clasificacio´n Senasa).
- De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
- Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
- Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
- A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solucio´n más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visio´n de todas las partes, intentando no dejar de lado la informacio´n científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ri´os y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
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Misiones optó por no sembrar soja
Misiones decidió proteger su biodiversidad y no plantar soja como hacen otras provincias
Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Lo señaló el Asesor en Relaciones Internacionales del Gobierno de Misiones, Patricio Lombardi, en declaraciones exclusivas a C6Digital desde Dubai donde se encuentra para acompañar a la delegación misionera que representa al país en el certamen internacional “Robótica First Global Challenge”, el Mundial de la especialidad que comenzará este jueves 24 en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Lombardi indicó que la tarea a su cargo tiene que ver con abrir puertas, especialmente internacionales. “Que es más difícil para las provincias. Para la Cancillería también es muy nuevo que los Estados provinciales se abran y tomen iniciativas. Estamos caminando este camino juntos”, subrayó.
El Asesor recordó que Misiones tiene inversiones de Dubai, concretamente en Puerto Iguazú y en el rubro hotelero.
En este sentido, esta inversión se utiliza a modo de promoción para otros interesados en emprendimientos en la provincia.
Según sostuvo, para Misiones las relaciones internacionales son tal vez más importantes que para cualquier otra provincia habida cuenta que limita con países extranjeros en el 90 por ciento de su territorio.
“Entonces, tener una oficina que se ocupe de las relaciones internacionales es clave. Dentro de eso, trabajamos codo a codo con la Cancillería, es un trabajo en conjunto que hacemos, con una coordinación con los diplomáticos argentinos que tienen su sede en el exterior para poder conjuntamente sacar lo mejor de este tipo de viaje que requiere mucha coordinación, adaptarse en usos y costumbre de otro país, como en este caso en Dubai”, señaló Lombardi.
Además, mencionó que Misiones tiene una joya a nivel mundial, como las Cataratas. “Pero tenemos algo que va más allá que va con nuestra selva, nuestro ambiente, nuestra idiosincrasia de proteger y no talar. Nos cuesta mucho dinero porque sería mucho más fácil bajar árboles y plantar sojas como hacen otras provincias”, observó.
También Lombardi recordó que fundó con el músico Charly Alberti la organización ambiental R21.
Lombardi destacó la importancia que toma la provincia en temáticas de vanguardia particularmente en lo que respecta a la Copa Robótica, certamen donde obtuvo el primer lugar en Buenos Aires lo que le valió representar a la Argentina en Dubai.
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Fecha de Publicación: 28/10/2019
Fuente: Noticias del 6
Provincia/Región: Misiones
Lo señaló el Asesor en Relaciones Internacionales del Gobierno de Misiones, Patricio Lombardi, en declaraciones exclusivas a C6Digital desde Dubai donde se encuentra para acompañar a la delegación misionera que representa al país en el certamen internacional “Robótica First Global Challenge”, el Mundial de la especialidad que comenzará este jueves 24 en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Lombardi indicó que la tarea a su cargo tiene que ver con abrir puertas, especialmente internacionales. “Que es más difícil para las provincias. Para la Cancillería también es muy nuevo que los Estados provinciales se abran y tomen iniciativas. Estamos caminando este camino juntos”, subrayó.
El Asesor recordó que Misiones tiene inversiones de Dubai, concretamente en Puerto Iguazú y en el rubro hotelero.
En este sentido, esta inversión se utiliza a modo de promoción para otros interesados en emprendimientos en la provincia.
Según sostuvo, para Misiones las relaciones internacionales son tal vez más importantes que para cualquier otra provincia habida cuenta que limita con países extranjeros en el 90 por ciento de su territorio.
“Entonces, tener una oficina que se ocupe de las relaciones internacionales es clave. Dentro de eso, trabajamos codo a codo con la Cancillería, es un trabajo en conjunto que hacemos, con una coordinación con los diplomáticos argentinos que tienen su sede en el exterior para poder conjuntamente sacar lo mejor de este tipo de viaje que requiere mucha coordinación, adaptarse en usos y costumbre de otro país, como en este caso en Dubai”, señaló Lombardi.
Además, mencionó que Misiones tiene una joya a nivel mundial, como las Cataratas. “Pero tenemos algo que va más allá que va con nuestra selva, nuestro ambiente, nuestra idiosincrasia de proteger y no talar. Nos cuesta mucho dinero porque sería mucho más fácil bajar árboles y plantar sojas como hacen otras provincias”, observó.
También Lombardi recordó que fundó con el músico Charly Alberti la organización ambiental R21.
Lombardi destacó la importancia que toma la provincia en temáticas de vanguardia particularmente en lo que respecta a la Copa Robótica, certamen donde obtuvo el primer lugar en Buenos Aires lo que le valió representar a la Argentina en Dubai.
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Apoyo al juez que suspendió los desmontes ilegales
Somos Monte Chaco respalda medida judicial que frena los desmontes
Fecha de Publicación: 26/10/2019
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Somos Monte Chaco expresa respaldo a la decisión del juez en lo Civil y Comercial N°21 por la que impide que se continúe la extracción de madera en predios en los que se autorizó en contraposición a la Ley de Bosques. Pide la recomponer los suelos desmontados ilegalmente.
Desde Somos Monte Chaco, movimiento que nuclea organizaciones y personas preocupadas por los problemas asociados al mal uso de nuestros bosques, expresan apoyo “a la decisión del juez de proteger los últimos bosques que quedan en predios donde las autorizaciones han sido entregadas de forma ilegal. La resolución del juez Civil y Comercial Nº21 indica que una medida cautelar ya existente alcanza a la explotación y al aprovechamiento de los bienes extraídos ilegalmente en estos predios. Es decir, prohíbe que se continúe extrayendo y cortando madera en predios donde se autorizó ilegalmente”, expresa en un documento la organización conservacionista.
“Se trata de alrededor de 50 predios en los cuales, por orden judicial, no podrá continuar, al menos por el momento, el aprovechamiento forestal. Cuando hace algunos años la provincia de Chaco evaluó, junto a técnicos, especialistas y científicos de diferentes áreas, las características ambientales y socio-culturales de estos predios, llegó a la conclusión de que explotar comercialmente el bosque con planes de cambio de uso de suelo (que es el nombre técnico para lo que conocemos como desmontar) sería peligroso ambientalmente. Es decir, la provincia junto a especialistas realizó una evaluación a partir de la cual se prohibió en estos predios este tipo de actividad pues, de hacerlo, nos encontraríamos en un gran riesgo ambiental, pudiendo generar procesos de desertificación o pérdida de agua potable, entre otras consecuencias negativas”, explica Somos Monte Chaco. Y luego, precisa que “esta evaluación ocurrió en el marco de la implementación de la Ley de Bosques, a partir de la cual se ordenaron los bosques nativos, de allí surgió el mapa del OTBN, y se decidió el uso que está permitido en cada área boscosa de la provincia. En los predios que alcanza la medida cautelar, el ordenamiento indicaba que estaban en una categoría que permitía su uso sustentable (Categoría amarilla, o II, en el ordenamiento territorial)”.
”Habiendo decidido que en estos predios no se podía deforestar, y que solo podrían ser utilizados comercialmente si se realizaba un manejo sustentable del bosque, la Dirección de Bosques, encargada de cuidar nuestro patrimonio forestal, y de salvaguardar nuestra seguridad ambiental, autorizó dicho cambio de manera irregular”, expone la organización ambientalista.
En tal sentido, señala que “sin pasar por los procesos de evaluación para la recategorización previstos por la ley, en estos predios se disminuyó la categoría de conservación y se autorizaron desmontes”. Luego afirma que “estas recategorizaciones y los aprovechamientos forestales hechos luego en estos predios son ilegales. Y, por ser ilegales, han sido denunciados por el defensor del pueblo. Ahora el juez ordena que no se aproveche la madera hasta tanto concluya su investigación. Y Somos Monte apoya esta decisión”, declara.
“Estos predios, desmontados ilegalmente, y de los cuales el Estado aún no informó dónd e están ubicados, la superficie de bosque perdida, qué volumen, tipo y destino fue el de la madera extraída, deben recomponerse ecológicamente. Solamente así revertiremos la fertilidad de nuestros suelos, la potabilidad de nuestra agua y nuestra seguridad ambiental”, sostiene esta ONG. Y deja el interrogante: ¿Cómo puede siquiera discutirse si vamos a usar algo que es ilegal?” A lo que responde: “Porque un desmonte ilegal significa que nos han quitado a todos y a todas nuestros bienes comunes limitados, que incluyen recursos madereros, servicios ecosistémicos y, como insistimos en este texto, la posibilidad de vivir en un ambiente seguro”.
“Pedimos al Estado que informe sobre la real situación de los predios recategorizados ilegalmente, su ubicación, el tipo y volumen de madera extraída, su destino, y que controle que no se sigan sacando árboleestoss vivos de predios”, expresa Somos Monte Chaco.
“El sector forestal cuenta aún con 4 millones de hectáreas de bosque nativo donde realizar sus actividades comerciales. La actividad forestal, carbonera, etc. Continúa legalmente en esta enorme superficie y, de hecho, cada año se otorgan cientos de permisos regulares para el aprovechamiento forestal sustentable”, afirma.
“Dado que los aprovechamientos en estos predios son ilegales, detenerlos haciendo uso de las leyes provinciales y nacionales vigentes no es en absoluto un intento de obstaculizar el potencial productivo de nuestra tierra. Por el contrario, el objetivo es lograr un desarrollo verdadero, digno y sustentable. Las leyes ambientales y los accionares para que las mismas se cumplan no son un obstáculo para el sector forestal, sino una herramienta para defender a los empresarios honestos, así como la única forma para garantizar el futuro del patrimonio forestal del Chaco, de lo que dependen el trabajo de muchas personas y al mismo tiempo el bienestar de millones de personas, por cuanto no solo habitantes del Chaco nos beneficiamos de la tierra, del agua y del aire que todos los días nos alimentan”, enfatiza.
Desde Somos Monte, se remarca “la necesidad de trabajo digno en la provincia, especialmente en la zona rural. Sabemos que en la explotación forestal hay personas trabajando sin derechos laborales, sin sueldos dignos, que sufren accidentes de los que nadie se hace cargo, que incluyen mutilaciones y demás”. Asimismo , reclama “no solo un uso sustentable y seguro de nuestros bosques, y una restauración ambiental donde se produjeron los desmontes ilegales, sino también fuentes de trabajo dignas para los trabajadores forestales”. Y además, recuerda que “restaurar ecológicamente estos predios puede ser una gran fuente de trabajo. Los predios desmontados ilegalmente deben recomponerse y sus suelos frágiles, no deben impactarse más de lo que ya fueron dañados”.
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Fecha de Publicación: 26/10/2019
Fuente: Chaco On Line
Provincia/Región: Chaco
Somos Monte Chaco expresa respaldo a la decisión del juez en lo Civil y Comercial N°21 por la que impide que se continúe la extracción de madera en predios en los que se autorizó en contraposición a la Ley de Bosques. Pide la recomponer los suelos desmontados ilegalmente.
Desde Somos Monte Chaco, movimiento que nuclea organizaciones y personas preocupadas por los problemas asociados al mal uso de nuestros bosques, expresan apoyo “a la decisión del juez de proteger los últimos bosques que quedan en predios donde las autorizaciones han sido entregadas de forma ilegal. La resolución del juez Civil y Comercial Nº21 indica que una medida cautelar ya existente alcanza a la explotación y al aprovechamiento de los bienes extraídos ilegalmente en estos predios. Es decir, prohíbe que se continúe extrayendo y cortando madera en predios donde se autorizó ilegalmente”, expresa en un documento la organización conservacionista.
“Se trata de alrededor de 50 predios en los cuales, por orden judicial, no podrá continuar, al menos por el momento, el aprovechamiento forestal. Cuando hace algunos años la provincia de Chaco evaluó, junto a técnicos, especialistas y científicos de diferentes áreas, las características ambientales y socio-culturales de estos predios, llegó a la conclusión de que explotar comercialmente el bosque con planes de cambio de uso de suelo (que es el nombre técnico para lo que conocemos como desmontar) sería peligroso ambientalmente. Es decir, la provincia junto a especialistas realizó una evaluación a partir de la cual se prohibió en estos predios este tipo de actividad pues, de hacerlo, nos encontraríamos en un gran riesgo ambiental, pudiendo generar procesos de desertificación o pérdida de agua potable, entre otras consecuencias negativas”, explica Somos Monte Chaco. Y luego, precisa que “esta evaluación ocurrió en el marco de la implementación de la Ley de Bosques, a partir de la cual se ordenaron los bosques nativos, de allí surgió el mapa del OTBN, y se decidió el uso que está permitido en cada área boscosa de la provincia. En los predios que alcanza la medida cautelar, el ordenamiento indicaba que estaban en una categoría que permitía su uso sustentable (Categoría amarilla, o II, en el ordenamiento territorial)”.
”Habiendo decidido que en estos predios no se podía deforestar, y que solo podrían ser utilizados comercialmente si se realizaba un manejo sustentable del bosque, la Dirección de Bosques, encargada de cuidar nuestro patrimonio forestal, y de salvaguardar nuestra seguridad ambiental, autorizó dicho cambio de manera irregular”, expone la organización ambientalista.
En tal sentido, señala que “sin pasar por los procesos de evaluación para la recategorización previstos por la ley, en estos predios se disminuyó la categoría de conservación y se autorizaron desmontes”. Luego afirma que “estas recategorizaciones y los aprovechamientos forestales hechos luego en estos predios son ilegales. Y, por ser ilegales, han sido denunciados por el defensor del pueblo. Ahora el juez ordena que no se aproveche la madera hasta tanto concluya su investigación. Y Somos Monte apoya esta decisión”, declara.
“Estos predios, desmontados ilegalmente, y de los cuales el Estado aún no informó dónd e están ubicados, la superficie de bosque perdida, qué volumen, tipo y destino fue el de la madera extraída, deben recomponerse ecológicamente. Solamente así revertiremos la fertilidad de nuestros suelos, la potabilidad de nuestra agua y nuestra seguridad ambiental”, sostiene esta ONG. Y deja el interrogante: ¿Cómo puede siquiera discutirse si vamos a usar algo que es ilegal?” A lo que responde: “Porque un desmonte ilegal significa que nos han quitado a todos y a todas nuestros bienes comunes limitados, que incluyen recursos madereros, servicios ecosistémicos y, como insistimos en este texto, la posibilidad de vivir en un ambiente seguro”.
“Pedimos al Estado que informe sobre la real situación de los predios recategorizados ilegalmente, su ubicación, el tipo y volumen de madera extraída, su destino, y que controle que no se sigan sacando árboleestoss vivos de predios”, expresa Somos Monte Chaco.
“El sector forestal cuenta aún con 4 millones de hectáreas de bosque nativo donde realizar sus actividades comerciales. La actividad forestal, carbonera, etc. Continúa legalmente en esta enorme superficie y, de hecho, cada año se otorgan cientos de permisos regulares para el aprovechamiento forestal sustentable”, afirma.
“Dado que los aprovechamientos en estos predios son ilegales, detenerlos haciendo uso de las leyes provinciales y nacionales vigentes no es en absoluto un intento de obstaculizar el potencial productivo de nuestra tierra. Por el contrario, el objetivo es lograr un desarrollo verdadero, digno y sustentable. Las leyes ambientales y los accionares para que las mismas se cumplan no son un obstáculo para el sector forestal, sino una herramienta para defender a los empresarios honestos, así como la única forma para garantizar el futuro del patrimonio forestal del Chaco, de lo que dependen el trabajo de muchas personas y al mismo tiempo el bienestar de millones de personas, por cuanto no solo habitantes del Chaco nos beneficiamos de la tierra, del agua y del aire que todos los días nos alimentan”, enfatiza.
Desde Somos Monte, se remarca “la necesidad de trabajo digno en la provincia, especialmente en la zona rural. Sabemos que en la explotación forestal hay personas trabajando sin derechos laborales, sin sueldos dignos, que sufren accidentes de los que nadie se hace cargo, que incluyen mutilaciones y demás”. Asimismo , reclama “no solo un uso sustentable y seguro de nuestros bosques, y una restauración ambiental donde se produjeron los desmontes ilegales, sino también fuentes de trabajo dignas para los trabajadores forestales”. Y además, recuerda que “restaurar ecológicamente estos predios puede ser una gran fuente de trabajo. Los predios desmontados ilegalmente deben recomponerse y sus suelos frágiles, no deben impactarse más de lo que ya fueron dañados”.
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Los bosques no son prioridad para los gobiernos
$10,30: el dinero destinado para cuidar cada hectárea de bosque nativo según el presupuesto 2020
Fecha de Publicación: 23/10/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Desde que se sancionó en 2007, ningún gobierno cumplió con el porcentaje mínimo estipulado por ley de Bosques para conservar las zonas protegidas del país.
Antes de viajar, se suele esbozar un gasto potencial, cosa de no quedarse corto. Igualmente, los gobiernos estiman el presupuesto nacional para el año entrante, y envían ese plan a Diputados y al Senado, de modo que aprueben o rediscutan los números. De la tajada que le toca al medio ambiente, una de las áreas históricamente ninguneadas fue la protección de bosques nativos, acostumbrada a recibir montos irrisorios. Sin embargo, a quienes crean que ya lo han visto todo en materia de desfinanciamiento, acá va una sorprendente: el Ejecutivo nacional envió al cuerpo legislativo un proyecto para 2020 que destina, a cada hectárea de bosque nativo, una suma inferior a la de un boleto de colectivo.
¿Cuánto? Sólo 10,30 pesos por hectárea. Según denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “ya es una triste costumbre que la partida destinada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos no se condiga con lo que establece la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental”.
Se refieren a la ley de Bosques. Sancionada en 2007, el texto establece que el fondo de conservación deberá integrarse con partidas presupuestarias asignadas anualmente “no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, más el “2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal”.
Sumados, esos dos montos dan un 100% que varía cada año. Pero, según advirtió FARN, en 2010 se destinó sólo el 24%. En 2013, el 10%. En 2017, el 8%. En 2019, el 4,6%. Y para 2020 se proyecta el 3,25%. En pesos, $ 609.829.000.
María Marta Di Paola, directora del área de Investigación de FARN, opinó que, “más allá del signo político, la ley siempre estuvo desfinanciada. Desde el seno político, siempre surgen prioridades que se consideran 'más urgentes'. La materia ambiental necesita un horizonte a largo plazo y acá se suele responder a los problemas coyunturales. Se necesitan acciones activas, no reactivas”.
Clarín dialogó sobre estos temas con Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien admitió (con pesar) la insuficiencia histórica de las partidas destinadas a su área: “Es cierto que el fondo de la ley de Bosques nunca se constituyó al 100%. Desde la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Bosques siempre informa cuál es el número adecuado de acuerdo a la ley, pero el presupuesto que pretenden los ministerios es siempre más alto que lo que después se consolida en el Ministerio de Hacienda".
Para Moreno, "de todos modos eso se somete a discusión en el Congreso, donde tampoco es un tema prioritario. Gobernadores, provincias y Nación deberían terminar de definir la prioridad que se le da a la cuestión ambiental”.
Prohibido tocar
Por ley, el Estado debe destinar partidas a las provincias con bosque nativo, las cuales girarán el dinero a los “beneficiarios” (los dueños de esos territorios, sea el estado nacional, el provincial o un privado) para que puedan, por fin, concretar sus planes de ejecución. Luego deberán rendir esos gastos. ¿Por qué el Estado les da dinero a los dueños de bosques nativos y por qué es importante si se destinan 10 pesos o, en cambio, millones?
Los bosques se dividen en zonas “rojas” (no se pueden alterar) y “amarillas” (se pueden alterar mínimamente). Di Paola explicó que “el Estado busca la conservación de este tipo de ecosistemas (por los cursos de agua, por ser fuentes de absorción de C02, elemental para combatir el calentamiento global...), de modo que compensa a los tenedores por el servicio ambiental que están proveyendo al no tocar esas zonas protegidas”.
Para recibir el dinero, el beneficiario presenta un plan. Según Di Paola, “el dinero se usa para hacer corta-fuegos o mejorar alambrados, por ejemplo”. Además, agregó Moreno, “algunos se dedican al turismo y usan el financiamiento para sus actividades, para el trabajo de guardaparques, infraestructura, creación de senderos...”. Di Paola insistió en la importancia de entregar estas partidas, ya que comprometen a los tenedores a conservar los bosques.
Por cierto, la Argentina manejó cifras preocupantes de desmonte. Pero, si bien las 31,4 millones de hectáreas de bosques nativos contabilizadas en 1998 bajaron a 27,3 millones en 2015, Moreno aseguró que “la deforestación bajó mucho en los últimos cinco años: está en menos de la mitad de lo que había sido históricamente, con un 0,4% anual”.
Capítulo 2020
Como el proyecto de partidas presupuestarias para 2020 se discutirá tras la elección presidencial, Di Paola insistió en "pedir que los legisladores revisen el presupuesto y revean que se cumpla la ley de Bosques".
Moreno prefirió defender el trabajo que vinieron haciendo. Remarcó que desde 2018 se enfocaron en paliar un engorroso circuito burocrático-administrativo que provocaba grandes demoras en los tiempos desde que se otorgaban las partidas, se ejecutaban y se presentaban las rendiciones.
"Todo eso tardaba no menos de dos o tres años", dijo, y explicó: "El tema es que no se pueden asignar nuevas partidas si no se presentó la rendición anterior. Así es como empiezan los pedidos de prorrateos de las presentaciones…"
Para paliar esa situación, en 2018 se creó un fideicomiso que permite que la Nación entregue las partidas a los beneficiarios directamente, sin pasar por la posta burocrática de la gestión provincial (más allá de que la aprobación de los planes se hace en cada jurisdicción). “De todas las partidas asignadas entre 2009 y 2015, sólo el 80% de ese dinero había sido rendido”, recordó Moreno.
“El cambio está funcionando. Vemos mejoras y ya hay varias provincias que están al día, como Jujuy, Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Misiones está por sumarse".
"Otras diez hicieron un gran esfuerzo para terminar sus rendiciones, aunque no lo lograron todavía. Y las cinco más atrasadas son Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Chubut”, detalló el funcionario, y remarcó: "Mejorar el circuito de gestión de las partidas es tan importante como aumentar el presupuesto".
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Gualeguaychú: barrio privado deberá ser demolido
La Justicia falló contra el barrio náutico Amarras de Gualeguaychú
Fecha de Publicación:23/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
El barrio empezó a construirse sobre los humedales del río Gualguaychú, no hicieron estudios de impacto ambiental y provocó inundaciones en zonas densamente pobladas.
La Justicia entrerriana ordenó la “demolición y desmantelamiento” del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano, por su “impacto negativo sobre el medio ambiente”, ya que las obras de elevación de la tierra que se hicieron para construirlo provocaron “la crecida del río e inundaciones”.
En el fallo, firmado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), se ordenó además “dejar la zona en su estado anterior”. Esta sentencia está en la línea de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en julio dejó sin efecto la anterior sentencia del Stjer en la que rechazaba la acción de amparo interpuesta por vecinos de Gualeguaychú que pedían el cese de las obras.
El caso, promovido por un grupo de vecinos afectados, tuvo por objeto inicial la prevención y cese del emprendimiento inmobiliario conocido como Amarras de Gualeguaychú, que comprende una fracción de terreno de 445 lotes, y un proyecto de construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero al Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú.
La empresa demandada, Altos de Unzué SA, emprendedor inmobiliario, antes de hacer los estudios de impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo, constatados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En este contexto, la Dirección de Hidráulica provincial difundió un informe técnico del cual surge que la construcción de este barrio náutico afecta los humedales del río (el valle de inundación). Posteriormente, Altos de Unzué SA presentó un estudio de impacto ambiental que indicaba la existencia de una reserva de pájaros. La ley provincial 9718 declara "área natural protegida a los humedales" del Departamento de Gualeguaychú. Al construir un megaemprendimiento como el Amarras, se produce un impacto permanente e irreversible.
La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido, en junio, la “paralización y demolición” del barrio, ya que “las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y obligado a la evacuación de más de 150 personas. La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua”. E insistió en que “Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona” y que “el agua que los terrenos sobreelevados del barrio desplazaban ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”.
Los jueces entrerrianos señalaron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y por eso se solicitó la “recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior”. La decisión se basa en “la prevención del daño futuro y la recomposición de la polución ambiental ya causada”, y ordena además un “resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles”.
La justicia le dio 180 días a la empresa Altos de Unzué SA, encargada de la construcción del barrio, para “desmantelar” la zona, e instruyó a la Secretaría Ambiental de Gualeguaychú para “controlar el cumplimiento de la sentencia”.
En declaraciones a medios locales, el abogado Juan Ignacio Weimberg, que participó activamente de la causa contra el megaemprendimiento inmobiliario, aseguró: "Es factible que la empresa presente quiebra y todas las personas que de buena fe confiaron en una firma que vendió espejitos de colores, gente que firmó boletos de compra-venta, terminarán frustradas en sus derechos. Lo más seguro es que quiebren, porque pagar no van a pagar”. Para sustentar sus dichos, recordó que el abogado de Altos de Unzué S.A., Daniel Garbino, había dicho hace un tiempo que “esta sentencia es el decreto de quiebra” de la empresa sancionada por la Justicia. “No tienen el capital para hacer frente al aluvión de demandas que se les viene, además de las costas legales y las tareas de desmantelamiento”, concluyó.
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Fecha de Publicación:23/10/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Entre Ríos
El barrio empezó a construirse sobre los humedales del río Gualguaychú, no hicieron estudios de impacto ambiental y provocó inundaciones en zonas densamente pobladas.
La Justicia entrerriana ordenó la “demolición y desmantelamiento” del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano, por su “impacto negativo sobre el medio ambiente”, ya que las obras de elevación de la tierra que se hicieron para construirlo provocaron “la crecida del río e inundaciones”.
En el fallo, firmado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), se ordenó además “dejar la zona en su estado anterior”. Esta sentencia está en la línea de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en julio dejó sin efecto la anterior sentencia del Stjer en la que rechazaba la acción de amparo interpuesta por vecinos de Gualeguaychú que pedían el cese de las obras.
El caso, promovido por un grupo de vecinos afectados, tuvo por objeto inicial la prevención y cese del emprendimiento inmobiliario conocido como Amarras de Gualeguaychú, que comprende una fracción de terreno de 445 lotes, y un proyecto de construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero al Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú.
La empresa demandada, Altos de Unzué SA, emprendedor inmobiliario, antes de hacer los estudios de impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo, constatados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En este contexto, la Dirección de Hidráulica provincial difundió un informe técnico del cual surge que la construcción de este barrio náutico afecta los humedales del río (el valle de inundación). Posteriormente, Altos de Unzué SA presentó un estudio de impacto ambiental que indicaba la existencia de una reserva de pájaros. La ley provincial 9718 declara "área natural protegida a los humedales" del Departamento de Gualeguaychú. Al construir un megaemprendimiento como el Amarras, se produce un impacto permanente e irreversible.
La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido, en junio, la “paralización y demolición” del barrio, ya que “las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y obligado a la evacuación de más de 150 personas. La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua”. E insistió en que “Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona” y que “el agua que los terrenos sobreelevados del barrio desplazaban ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”.
Los jueces entrerrianos señalaron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y por eso se solicitó la “recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior”. La decisión se basa en “la prevención del daño futuro y la recomposición de la polución ambiental ya causada”, y ordena además un “resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles”.
La justicia le dio 180 días a la empresa Altos de Unzué SA, encargada de la construcción del barrio, para “desmantelar” la zona, e instruyó a la Secretaría Ambiental de Gualeguaychú para “controlar el cumplimiento de la sentencia”.
En declaraciones a medios locales, el abogado Juan Ignacio Weimberg, que participó activamente de la causa contra el megaemprendimiento inmobiliario, aseguró: "Es factible que la empresa presente quiebra y todas las personas que de buena fe confiaron en una firma que vendió espejitos de colores, gente que firmó boletos de compra-venta, terminarán frustradas en sus derechos. Lo más seguro es que quiebren, porque pagar no van a pagar”. Para sustentar sus dichos, recordó que el abogado de Altos de Unzué S.A., Daniel Garbino, había dicho hace un tiempo que “esta sentencia es el decreto de quiebra” de la empresa sancionada por la Justicia. “No tienen el capital para hacer frente al aluvión de demandas que se les viene, además de las costas legales y las tareas de desmantelamiento”, concluyó.
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Explosión en planta de agroquímicos investigada
La Justicia investigará la explosión de la planta de agroquímicos en Mercedes
Fecha de Publicación: 21/10/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) investigará si se infringió la ley de Residuos Peligrosos durante el incendio en una fábrica que produce agroquímicos en la localidad bonaerense de Mercedes en el que murió un hombre de 42 años.
El incendio se generó el 27 de septiembre pasado en la fábrica de SIGMA AGRO S.A, que produce herbicidas líquidos y en polvo, aceites y humectantes, provocando la muerte de Rubén Ponce, de 42 años, quien falleció seis días después, como consecuencia de las quemaduras producidas al caer a una zanja con líquido derramado durante la explosión.
En principio, la investigación por averiguación de comisión de delito quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
"Sin embargo, en el marco de una presentación realizada por la División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina, la Ufima, a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación preliminar a fin de verificar si existieron situaciones de infracción a la ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051)", informó hoy la página fiscales.gob.ar.
En consecuencia, "la unidad especializada pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación que informe con urgencia lo que ocurrió y, en caso de considerar que existió una infracción a la ley de medio ambiente (N° 24.051), especifique si fue afectado el suelo, el agua o el aire y acerca de las medidas adoptadas para la protección del ambiente".
La UFIMA se creó mediante la Resolución PGN 123/06, y entre sus funciones está la de generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, referidas a hechos que infrinjan la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
La semana pasada, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aseguró a Télam que "lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo".
El funcionario detalló que tanto el municipio, como Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Ambiente de Nación vienen realizando monitoreo conjunto de las napas, de los pozos de los vecinos y de la planta y de las tierras.
Sobre las actuaciones urgentes, el Trebino señaló que "la empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada".
Por su parte Martín Barros, parte de los vecinos autoconvocados del paraje La Verde, donde está ubicada la planta sobre la ruta 42, sostuvo a Télam que "a pesar de las reuniones tenemos una incertidumbre que se acrecienta porque no vemos que la información sea trasparente con nosotros".
La planta es de categoría 3, comenzó a funcionar en 2014 y según fuentes de la OPDS tenía su estudio de impacto ambiental en condiciones.
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Fecha de Publicación: 21/10/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Buenos Aires
La Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) investigará si se infringió la ley de Residuos Peligrosos durante el incendio en una fábrica que produce agroquímicos en la localidad bonaerense de Mercedes en el que murió un hombre de 42 años.
El incendio se generó el 27 de septiembre pasado en la fábrica de SIGMA AGRO S.A, que produce herbicidas líquidos y en polvo, aceites y humectantes, provocando la muerte de Rubén Ponce, de 42 años, quien falleció seis días después, como consecuencia de las quemaduras producidas al caer a una zanja con líquido derramado durante la explosión.
En principio, la investigación por averiguación de comisión de delito quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.
"Sin embargo, en el marco de una presentación realizada por la División Delitos Ecológicos de la Policía Federal Argentina, la Ufima, a cargo del fiscal federal Ramiro González, inició una investigación preliminar a fin de verificar si existieron situaciones de infracción a la ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051)", informó hoy la página fiscales.gob.ar.
En consecuencia, "la unidad especializada pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación que informe con urgencia lo que ocurrió y, en caso de considerar que existió una infracción a la ley de medio ambiente (N° 24.051), especifique si fue afectado el suelo, el agua o el aire y acerca de las medidas adoptadas para la protección del ambiente".
La UFIMA se creó mediante la Resolución PGN 123/06, y entre sus funciones está la de generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso, referidas a hechos que infrinjan la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la Ley 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
La semana pasada, el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, aseguró a Télam que "lo que pasó fue grave y hay que ocuparse. Eso implica tareas urgentes pero también un monitoreo a corto, mediano y largo plazo".
El funcionario detalló que tanto el municipio, como Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y Ambiente de Nación vienen realizando monitoreo conjunto de las napas, de los pozos de los vecinos y de la planta y de las tierras.
Sobre las actuaciones urgentes, el Trebino señaló que "la empresa removió las tierras de estos lugares y la acumuló en una zona impermeabilizada".
Por su parte Martín Barros, parte de los vecinos autoconvocados del paraje La Verde, donde está ubicada la planta sobre la ruta 42, sostuvo a Télam que "a pesar de las reuniones tenemos una incertidumbre que se acrecienta porque no vemos que la información sea trasparente con nosotros".
La planta es de categoría 3, comenzó a funcionar en 2014 y según fuentes de la OPDS tenía su estudio de impacto ambiental en condiciones.
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Mendoza discute urbanización en el pie de la montaña
Buscan aprobar la nueva Ley del Piedemonte antes del 2020
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A ocho meses de la Emergencia Ambiental y el cepo a autorizar nuevos emprendimientos de urbanización en el pie de la montaña, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial trabaja con los cuatro municipios que tienen jurisdicción en los lineamientos que regirán para la urbanización. Cómo es la situación de cada una de las comunas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial busca consensuar con los cuatro municipios del Gran Mendoza -Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Las Heras- las nuevas reglas para los usos del Piedemonte, quedando tan sólo dos meses para el final de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.
A través de un decreto, Cornejo prohibió la autorización de nuevos loteos hasta tanto no haya una base científica que ordene la urbanización frente al potencial riesgo aluvional y ambiental.
Fuentes gubernamentales indicaron que la intención es que la nueva Ley de Piedemonte sea aprobada antes de fin de año, para que ya haya un marco regulatorio en febrero de 2020, cuando expire la prohibición.
Mientras tanto, funcionarios de las distintas comunas se reúnen periódicamente para hacer los aportes que se condicen con sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.
En líneas generales, las zonas ya urbanizadas serán aseguradas con obras de contención, pero se espera que el futuro de las actividades que se realicen debajo de la montaña, sean de menor impacto y ambientalmente amigables.
Desde la Ciudad de Mendoza, la directora de Planificación Urbanística, Ángela Gatti sostuvo, “para nuestro gobierno lo fundamental es dotar de servicios y mejorar la infraestructura a La Favorita que está emplazada en el Piedemonte y en todo el sector que se conoce como el Corredor de Papagallos".
Y profundizó, "porque está bastante urbanizado, después de eso, la intención es armonizar con la propuesta de la provincia, que es la creación de una gran área natural para el uso recreativo y turístico”
“En estos momentos estamos haciendo las consultas del borrador con nuestros equipos técnicos, en un idea y vuelta con ambiente de la provincia. Entendemos que algunos aspectos de la antigua norma están obsoletos y otros tienen plena vigencia” , opinó la técnica del gobierno del intendente Rodolfo Suarez.
Por otro lado, puntualizó que están próximos al lanzamiento de una licitación para dotar de servicios a los 37 barrios que comprenden La Favorita.
La situación de Las Heras
La región al pie de la montaña dentro del ejido de Las Heras, tiene distintos niveles de complejidad y de riesgo de aluvión, según indicó Pedro Noguera, director de Planificación y Ordenamiento Territorial.
Entre los puntos más críticos se ubica la zona del Cerro Arco, donde el año pasado el fuego arrasó con algunas de las propiedades, como parte de la flora y la fauna del lugar.
“Desde el área de planificación lo que hemos pedido son obras a hidráulica para poder construir defensas”, destacó Noguera.
En un análisis general, el funcionario adelantó que para la comuna hay pocas posibilidades de que se habiliten nuevos proyectos de urbanización, teniendo en cuenta la identificación de zonas vulnerables que arrojó un estudio del Instituto Nacional del Agua (INA).
Por eso, el director de Planificación hizo hincapié en que se va a asegurar lo que ya está urbanizado y no agravar el impacto actual.
En ese sentido, indicó que desde la Municipalidad de Daniel Orozco han gestionado diques de contención ante hidráulica para mitigar el peligro.
Luján releva zonas de peligro
En el caso de Luján de Cuyo, que a través de un largo litigio con Las Heras por parte del ejido del Piedemonte, formó un nuevo distrito, la subsecretaria de Ordenamiento y Planificación Territorial, Mónica Da Dalt comentó que en estos momentos un equipo está relevando las zonas de mayor riesgo, como es el caso de las tierras ubicadas al oeste de la Ruta 82.
Da Dalt remarcó que la comuna ya tiene su plan de Ordenamiento Territorial, que contemplaba el piedemonte, en base al aporte de un equipo de profesionales del área, que establecieron cómo se debe avanzar a partir de ahora en el crecimiento del área metropolitana.
No obstante, admitió que están en plena elaboración de los aportes para la nueva normativa.
Godoy Cruz quiere una gran área natural
A través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia por el conflicto entre Las Heras y Luján, Godoy Cruz salió favorecido con una porción del ejido que comprende el piedemonte.
El intendente Tadeo García Zalazar puntualizó que el uso de esas tierras se destinará a una reserva natural municipal y adelantó, "son unos ocho kilómetros aproximadamente que serán afectados para un sendero natural y la idea es que lo compartamos con los otros municipios para potenciar el turismo y la actividad deportiva".
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Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A ocho meses de la Emergencia Ambiental y el cepo a autorizar nuevos emprendimientos de urbanización en el pie de la montaña, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial trabaja con los cuatro municipios que tienen jurisdicción en los lineamientos que regirán para la urbanización. Cómo es la situación de cada una de las comunas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial busca consensuar con los cuatro municipios del Gran Mendoza -Ciudad, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Las Heras- las nuevas reglas para los usos del Piedemonte, quedando tan sólo dos meses para el final de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo.
A través de un decreto, Cornejo prohibió la autorización de nuevos loteos hasta tanto no haya una base científica que ordene la urbanización frente al potencial riesgo aluvional y ambiental.
Fuentes gubernamentales indicaron que la intención es que la nueva Ley de Piedemonte sea aprobada antes de fin de año, para que ya haya un marco regulatorio en febrero de 2020, cuando expire la prohibición.
Mientras tanto, funcionarios de las distintas comunas se reúnen periódicamente para hacer los aportes que se condicen con sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.
En líneas generales, las zonas ya urbanizadas serán aseguradas con obras de contención, pero se espera que el futuro de las actividades que se realicen debajo de la montaña, sean de menor impacto y ambientalmente amigables.
Desde la Ciudad de Mendoza, la directora de Planificación Urbanística, Ángela Gatti sostuvo, “para nuestro gobierno lo fundamental es dotar de servicios y mejorar la infraestructura a La Favorita que está emplazada en el Piedemonte y en todo el sector que se conoce como el Corredor de Papagallos".
Y profundizó, "porque está bastante urbanizado, después de eso, la intención es armonizar con la propuesta de la provincia, que es la creación de una gran área natural para el uso recreativo y turístico”
“En estos momentos estamos haciendo las consultas del borrador con nuestros equipos técnicos, en un idea y vuelta con ambiente de la provincia. Entendemos que algunos aspectos de la antigua norma están obsoletos y otros tienen plena vigencia” , opinó la técnica del gobierno del intendente Rodolfo Suarez.
Por otro lado, puntualizó que están próximos al lanzamiento de una licitación para dotar de servicios a los 37 barrios que comprenden La Favorita.
La situación de Las Heras
La región al pie de la montaña dentro del ejido de Las Heras, tiene distintos niveles de complejidad y de riesgo de aluvión, según indicó Pedro Noguera, director de Planificación y Ordenamiento Territorial.
Entre los puntos más críticos se ubica la zona del Cerro Arco, donde el año pasado el fuego arrasó con algunas de las propiedades, como parte de la flora y la fauna del lugar.
“Desde el área de planificación lo que hemos pedido son obras a hidráulica para poder construir defensas”, destacó Noguera.
En un análisis general, el funcionario adelantó que para la comuna hay pocas posibilidades de que se habiliten nuevos proyectos de urbanización, teniendo en cuenta la identificación de zonas vulnerables que arrojó un estudio del Instituto Nacional del Agua (INA).
Por eso, el director de Planificación hizo hincapié en que se va a asegurar lo que ya está urbanizado y no agravar el impacto actual.
En ese sentido, indicó que desde la Municipalidad de Daniel Orozco han gestionado diques de contención ante hidráulica para mitigar el peligro.
Luján releva zonas de peligro
En el caso de Luján de Cuyo, que a través de un largo litigio con Las Heras por parte del ejido del Piedemonte, formó un nuevo distrito, la subsecretaria de Ordenamiento y Planificación Territorial, Mónica Da Dalt comentó que en estos momentos un equipo está relevando las zonas de mayor riesgo, como es el caso de las tierras ubicadas al oeste de la Ruta 82.
Da Dalt remarcó que la comuna ya tiene su plan de Ordenamiento Territorial, que contemplaba el piedemonte, en base al aporte de un equipo de profesionales del área, que establecieron cómo se debe avanzar a partir de ahora en el crecimiento del área metropolitana.
No obstante, admitió que están en plena elaboración de los aportes para la nueva normativa.
Godoy Cruz quiere una gran área natural
A través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia por el conflicto entre Las Heras y Luján, Godoy Cruz salió favorecido con una porción del ejido que comprende el piedemonte.
El intendente Tadeo García Zalazar puntualizó que el uso de esas tierras se destinará a una reserva natural municipal y adelantó, "son unos ocho kilómetros aproximadamente que serán afectados para un sendero natural y la idea es que lo compartamos con los otros municipios para potenciar el turismo y la actividad deportiva".
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Mar del Plata: fumigan a metros de una escuela
Fumigación a metros de una escuela: apuntan a Arroyo por la falta de control
Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Fecha de Publicación: 17/10/2019
Fuente: 0223
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos responsabilizaron al Intendente y a la provincia por la falta del cumplimiento de la cautelar. “No vemos que haya un cambio después de octubre”, admitieron.
Hace 10 días una auxiliar docente fue amenazada por tomar fotografías a un “mosquito” que fumigaba una escuela en el Paraje San Francisco. El grave hecho fue analizado desde la Asamblea Paren de Fumigarnos, que responsabilizaron al gobierno provincial y municipal por la falta de control.
“No tenemos conocimientos de una amenaza así, como la que sufrió la docente. Pero sí sabemos de la impunidad que tienen porque siguen fumigando. Existe una falta de control tanto de Policía Ambiental como de Gestión Ambiental: en muchos casos tergiversan la información, no van ante una denuncia o van tarde. No quieren controlar y eso es evidentemente una decisión política”, expresó en diálogo con 0223 Radio, Jorge Piccorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos.
En ese análisis, sostuvo que todos los organismos que están bajo la órbita provincial como la Policía Ecológica o municipal cómo la de Gestión Ambiental, "deben hacer cumplir la cautelar de la Suprema Corte Provincial, que impide fumigar a menos de 1000 metros de viviendas o establecimientos educativos”, precisó.
En relación a si las próximas elecciones en la Argentina pueden torcer el rumbo en materia agroambiental, Piccorelli expresó su pesimismo, ya que el problema “es estructural”.
“Esto viene en forma intensiva desde 1996 con la entrada de la soja con Felipe Solá como ministro de Agricultura Ganadería y Pesca. En la época de Cristina, vino Monsanto, que quiso instalar una planta en Malvinas Argentinas que la gente repudió. dijo Luego Cristina dijo no que Monsanto no sabía que había una Patagonia”, recordó con ironía.
Y remarcó: “Obviamente que este gobierno es peor porque puso CEOS en los cargos estratégicos. Y sabemos de qué se trata. Peor que Macri no creo que sea, pero ya se está diciendo que una de las empresas de las más conocidas (Singenta), daría un porcentaje al Estado para mitigar el hambre. Volvemos a repetir lo del 2001 con la soja y así también se propagó”, consideró.
“Si depende de los políticos, no creo que cambie. Sí como la gente se va movilizando, se va informando, se va metiendo en el tema. En la medida que desde abajo presionemos puede que los de arriba puedan ir cambiando”, señaló.
En relación a Mar del Plata, el referente de la Asamblea Paren de Fumigarnos recordó que “la Ordenanza que protegía los 1000 metros de los núcleos poblacionales fue votada por unanimidad en el 2008 y luego del tractorazo -porque se hizo la primer multa- fue derogada también por unanimidad. Y luego se votó la nueva que no protegía absolutamente nada, y fue votada por todos menos por Arroyo, que se opuso pero que hoy está actuando en su contra”.
En tal sentido, apuntó contra los concejales: “En ningún momento se quejaron cuando habían votado la ordenanza 18.740. Tampoco los Defensores del Pueblo, pasando de Mónica Felices o Beatriz Arza hasta acá, a excepción de los últimos años de la defensoría bonaerense. Ninguna parte gubernamental o administrativa se ha manifestado por las fumigaciones en el distrito”, cerró.
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Presencia de material cancerígeno en el Subte
Admiten que los manuales del subte B de Buenos Aires decían que tenían asbesto
Fecha de Publicación: 16/10/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Gobierno porteño deberá dar informes por la presencia de material cancerígeno en el Subte. Informe de la CNN.
Los manuales técnicos de los 36 coches CAF 5000 que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) le compró al metro de Madrid para el subte B decían que tenían asbesto.
Aún así, la operación por 4,2 millones de euros se concretó, a pesar de que esa sustancia cancerígena está prohibida tanto en España como en la Argentina.
Lo reconoció el propio presidente de Sbase, Eduardo de Montmollin, en un informe transmitido por CNN en Español.
Aunque al mismo tiempo, aseguró que asumieron que el metro madrileño había retirado ese material y que estaban en condiciones de poder vender los vagones.
Qué dijo
"Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no", se excusa de Montmollin, en diálogo con la periodista Emilia Delfino. Y continúa: "La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unos manuales y carpetas así, y lo que dice es una letra chiquita en la página 473 del tomo cuatro del manual de descripción de partes. En teoría los técnicos de Sbase... no puedo garantizar que se hayan leído todas y cada una de las páginas de todos los manuales técnicos".
En el informe muestran una copia del manual en que se lee con claridad que los vagones tiene dos planchas aislantes de amianto, también conocido como asbesto.
Un material cancerígeno por el que ya enfermaron 11 trabajadores del subte B. Mientras tanto, 180 más están haciéndose análisis para ver si están afectados.
Qué debe hacer el Gobierno
La presencia del material cancerígeno asbesto en formaciones y locaciones del Subte, el plan para la descontaminación de las mismas y el impacto que esa situación puede tener en la salud de los trabajadores, serán los ejes de un informe que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá elevar a la Legislatura en un plazo de 30 días.
El pedido de informes aprobado el pasado 10 de octubre e impulsado por el legislador Gabriel Solano (PO), solicita consignar el alcance de la contaminación con asbesto en las formaciones de todas las líneas del Subte, aclarando los planes de descontaminación para "preservar la salud de los trabajadores, los usuarios y garantizar el servicio".
El caso de la línea B es de especial atención ya que se ha reconocido que diversas formaciones (que fueron compradas usadas al Metro de Madrid) cuentan con este material y los trabajadores que les realizaron mantenimiento en el taller "Rancagua" afirman haber desarrollado patologías por esa situación.
Es en ese sentido se pide al Gobierno que aclare "si ha realizado una investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la compra del material rodante contaminado con asbesto".
A fines de agosto, el Frente de Izquierda había presentado una batería de proyectos relacionados con la problemática y llegó a proponer sobre tablas la citación de funcionarios de la Ciudad para que den explicaciones ante la Legislatura.
En esa ocasión, la iniciativa fue rechazada por 37 votos de los diputados del oficialismo y aliados que hoy no se opusieron al pedido de informes.
Por otra parte, el martes pasado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) exigió a Sbase y a Metrovías que en diez días presente un programa para descontaminar de asbesto a las formaciones, y señalaron que en caso contrario iniciarán un plan de lucha.
"El plan que debe presentar Sbase y Metrovías en los próximos diez días es la licitación para comprar nuevos trenes en la línea B primero, y luego en todas, de lo contrario tomaremos medidas para proteger la salud de nuestros compañeros", precisó en una rueda de prensa elsecretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli.
Según el sindicato, a fines de agosto pasado se había detectado que cinco trabajadores sufrían el ensanchamiento de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, una de los síntomas relacionados con la exposición al asbesto.
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Fecha de Publicación: 16/10/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: CABA
El Gobierno porteño deberá dar informes por la presencia de material cancerígeno en el Subte. Informe de la CNN.
Los manuales técnicos de los 36 coches CAF 5000 que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) le compró al metro de Madrid para el subte B decían que tenían asbesto.
Aún así, la operación por 4,2 millones de euros se concretó, a pesar de que esa sustancia cancerígena está prohibida tanto en España como en la Argentina.
Lo reconoció el propio presidente de Sbase, Eduardo de Montmollin, en un informe transmitido por CNN en Español.
Aunque al mismo tiempo, aseguró que asumieron que el metro madrileño había retirado ese material y que estaban en condiciones de poder vender los vagones.
Qué dijo
"Es cierto que hay documentación que dice eso pero no había manera de afirmar o validar si esto efectivamente era cierto o no", se excusa de Montmollin, en diálogo con la periodista Emilia Delfino. Y continúa: "La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unos manuales y carpetas así, y lo que dice es una letra chiquita en la página 473 del tomo cuatro del manual de descripción de partes. En teoría los técnicos de Sbase... no puedo garantizar que se hayan leído todas y cada una de las páginas de todos los manuales técnicos".
En el informe muestran una copia del manual en que se lee con claridad que los vagones tiene dos planchas aislantes de amianto, también conocido como asbesto.
Un material cancerígeno por el que ya enfermaron 11 trabajadores del subte B. Mientras tanto, 180 más están haciéndose análisis para ver si están afectados.
Qué debe hacer el Gobierno
La presencia del material cancerígeno asbesto en formaciones y locaciones del Subte, el plan para la descontaminación de las mismas y el impacto que esa situación puede tener en la salud de los trabajadores, serán los ejes de un informe que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá elevar a la Legislatura en un plazo de 30 días.
El pedido de informes aprobado el pasado 10 de octubre e impulsado por el legislador Gabriel Solano (PO), solicita consignar el alcance de la contaminación con asbesto en las formaciones de todas las líneas del Subte, aclarando los planes de descontaminación para "preservar la salud de los trabajadores, los usuarios y garantizar el servicio".
El caso de la línea B es de especial atención ya que se ha reconocido que diversas formaciones (que fueron compradas usadas al Metro de Madrid) cuentan con este material y los trabajadores que les realizaron mantenimiento en el taller "Rancagua" afirman haber desarrollado patologías por esa situación.
Es en ese sentido se pide al Gobierno que aclare "si ha realizado una investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la compra del material rodante contaminado con asbesto".
A fines de agosto, el Frente de Izquierda había presentado una batería de proyectos relacionados con la problemática y llegó a proponer sobre tablas la citación de funcionarios de la Ciudad para que den explicaciones ante la Legislatura.
En esa ocasión, la iniciativa fue rechazada por 37 votos de los diputados del oficialismo y aliados que hoy no se opusieron al pedido de informes.
Por otra parte, el martes pasado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) exigió a Sbase y a Metrovías que en diez días presente un programa para descontaminar de asbesto a las formaciones, y señalaron que en caso contrario iniciarán un plan de lucha.
"El plan que debe presentar Sbase y Metrovías en los próximos diez días es la licitación para comprar nuevos trenes en la línea B primero, y luego en todas, de lo contrario tomaremos medidas para proteger la salud de nuestros compañeros", precisó en una rueda de prensa elsecretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli.
Según el sindicato, a fines de agosto pasado se había detectado que cinco trabajadores sufrían el ensanchamiento de la pleura, que es la membrana que recubre los pulmones, una de los síntomas relacionados con la exposición al asbesto.
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