Acusan al municipio de Bariloche de autorizar proyectos inmobiliarios en perjuicio del bosque nativo

Fecha de Publicación: 02/12/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas.
Mediante una carta pública difundida esta semana, varias organizaciones ambientalistas acusaron al Ejecutivo municipal de “violar la ley” que preserva los recursos forestales al habilitar emprendimientos privados en zonas restringidas y denunciaron que su intención, junto al gobierno provincial, es “atentar contra los niveles de protección de nuestros bosques”.
Señalaron que en una reunión de comisión realizada en el Concejo semanas atrás el subsecretario de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana, Claudio Romero, “confesó” que trabaja junto a técnicos de la provincia en la reformulación de la ley provincial 4552 “a fin de intentar disminuir el grado de protección del cual gozan extensas áreas boscosas de Bariloche”.
Citaron como un antecedente de gravedad la tragedia del complejo Villa Huinid, donde un deslave ocurrido en junio pasado le costó la vida a tres turistas uruguayos, y observaron que a las autoridades “no les alcanza con violar la ley, concediéndole licencia a un privado para construir en el kilómetro 1 de avenida de los Pioneros en zona amarilla, en la cual por ley está prohibido el desmonte”.
Las zonas definidas como “amarillas”, según la ley de Bosques, tienen un estatus de protección intermedio entre las “rojas” y las “verdes”. El mapa que define los límites de cada área debió ser actualizado y aprobado por la legislatura provincial en 2015. Ese ordenamietno todavia está pendiente y según la ley -subrayan los firmantes del comunicado-, las juirisdicciones “no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de bosques nativos”, pese a lo cual los desmontes en Bariloche “siguieron y aumentaron”.
Romero dijo que el “manifiesto” que firman Arbol de Pie, los vecinos pro reservas naturales urbanas El Trébol y Morenito Ezquerra, Jovenes por Bariloche, el Movimiento Vecinal Participativo y el Observatorio por los Derechos de la ciudad le causó “sorpresa” y se funda en una lectura errónea de sus palabras.
Durante el encuentro con los concejales el funcionario habia dicho que tiene hoy a su cargo un trabajo de reelaboración de la normativa y actualización del ordenamiento de bosques, junto a la subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro, y que “hay una superficie importante donde la ley puede aplicarse sin desmedro de los usos urbanos”.
Explicó que la idea es que en los sectores amarillos “aparezcan usos posibles que no estén directamente vinculados a la producción primaria”, sino enfocados en lo que denominó “servicios periurbanos”.
Ante una consulta de este medio, Romero dijo hoy que para las áreas amarillas la ley no habilita el cambio de uso del suelo pero sí “cierta explotación del bosque nativo, con plan de manejo y garantía de permanencia del bosque”, aunque observó que esos permisos están pensados “para espacios rurales”.
El planteo del Ejecutivo municipal en Bariloche “y lo mismo pasa en otras localidades” de la región, es el de “iaginar otros usos relacionados con la vida urbana” para las áreas categorizadas como amarillas, que en esta ciudad abarcan una importante extensión.
A modo de ejemplos Romero señaló que podrían autorizarse proyectos de “equipamiento, de residencia en muy baja densidad en convivencia con el bosque, o podría ser también un hotel boutique, con el correspondiente plan de manejo de la parcela”.
Aclaró que sobre todo eso no existen definiciones y “hay que trabajarlo”. Subrayó que desde lo técnico el trabajo consistiría en buscar una correspondencia entre lo que la ley ya autoriza para zonas amarillas en ámbito rural, adaptadas a un entorno urbano.
Sobre el ataque que le dedicaron las organizaciones Romero dijo que lo experimentó como un “agravio” y que le llama la atención que “se hayan acordado recién ahora, varias semanas después” de lo que dijo en la reunión, desarrollada a fines de octubre. También dijo que tiene buena relación con la mayoría y que la subsecretaría a su cargo “siempre estuvo abierta a todo tipo de diálogo”.
Opinó que “la interpretación que hicieron es sesgada”, que sus expresiones “no fueron una confesión” (como dice la nota) y lo atribuyó a un clima de recelo y “desconfianza” que considera injustificado. “Cada uno escucha lo que quiere escuchar” dijo Romero, para defender los lineamientos que expuso ante el Concejo y se preguntó “de dónde sacaron que eso es no cuidar el bosque”.
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15 años de la Ley de Bosques: ¿cuál es el balance desde su sanción?

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: Fundación Vida Silvestre
Provincia/Región: Nacional


La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007 y Fundación Vida Silvestre hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
La Ley N°26.331 fue sancionada en 2007, luego de un largo proceso legislativo y un fuerte consenso social, con el objetivo de frenar la deforestación creciente, promover la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos de nuestro país.
Hoy, 15 años después, Fundación Vida Silvestre Argentina hace una evaluación de sus principales debilidades y fortalezas.
El 28 de noviembre de 2007, en un contexto de emergencia forestal, en Argentina se sancionaba la ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Con tasas de deforestación que rondaban las 0,94% anual (aproximadamente 700.000 hectáreas por año) diferentes sectores de la sociedad civil se unieron para trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar y fomentar la aprobación del proyecto de ley.
La Ley de Bosques marcó un hito en el país en materia de regulación ambiental. Su sanción modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos, fortaleció técnica y económicamente a todas las jurisdicciones, visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas, y se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar su uso, brindando alternativas para equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Pero durante los 15 años desde su sanción, su implementación fue parcial y adoleció de la falta de voluntad política necesaria para su plena implementación en la mayoría de las jurisdicciones.
Si bien al principio la Ley de Bosques fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina -estabilizándose hasta el año 2019- en los dos últimos años volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, en las cuales se avanza con el cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas como indica la ley, y la ausencia de un registro nacional de infractores limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables.
Por otra parte, desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo y recibió mucho menos de lo que le correspondería, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración. En relación al estímulo financiero para el año próximo, el Presupuesto 2023 aprobado recientemente en el Congreso le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones, lo que representa sólo el 10,36% de lo establecido por la Ley 26.331. Si bien el porcentaje se triplicó en comparación a los años 2021 y 2022, sigue siendo mucho menor del que debería asignarse.
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Son proveedores de materias primas, alimentos, agua potable, medicinas y sirven como reguladores de eventos extremos como inundaciones, la erosión y la calidad del aire. Además, los bosques son hábitat de muchas especies y funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano. La pérdida de bosques ocasiona graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles, que atentan contra la salud y el bienestar de las personas y de muchas otras especies.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las diversas jurisdicciones del país y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. A principios del año 2022, luego de los incendios de la provincia de Corrientes, se anunció la asignación extra de 10.000 millones de pesos, de los cuales finalmente solo se derivaron a las provincias 5.000 millones de pesos. Para el 2023, el monto asignado llegará a un 10,36%, lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.

¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso –y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
"Quienes trabajamos desde hace años vinculados a la conservación y uso sustentable de los bosques nativos, sabemos que ha habido un salto de calidad en la gestión de los mismos desde la sanción de la Ley de bosques. Eso ha ocurrido a pesar que solo se le ha asignado aproximadamente el 8% del financiamiento establecido, que en algunas Jurisdicciones se ha carecido de la voluntad política apropiada para su plena implementación y que diversos sectores productivos han operado política y económicamente para evitar su plena implementación. Si en los próximos años logramos revertir estos factores que han atentado contra nuestros bosques y contra las comunidades que dependen de ellos, estaremos más cerca de lograr su verdadera conservación y manejo sustentable”, concluyó Manuel Jaramillo.
Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja apoyando y monitoreando la Ley de Bosques Nativos desde su diseño, hasta su implementación, así como también evaluando su funcionamiento y propiciando propuestas de mejora. Es por eso que, a partir de pedidos de información pública ambiental a la autoridad nacional de aplicación, más  un exhaustivo análisis y recopilación de información, se desarrollaron fichas infográficas descargables para exponer las principales disposiciones de la Ley 26.331 y su situación actual, tanto a nivel nacional como provincial, con toda la información (perfil territorial de cada provincia, hectáreas deforestadas, especies en peligro, hectáreas bajo planes de manejo o conservación, el presupuesto correspondiente y el asignado y más). Las fichas buscan graficar la información y ser material de consulta y comparativo para diferentes actores clave y la presente actualización incluye la proyección de asignación de fondos para el año 2023, provincia por provincia.

Ver Infografías-fichas por provincias
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Córdoba: ambientalistas inician acciones judiciales por el desmonte

Fecha de Publicación: 26/11/2022
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Córdoba


Aseguran que se trata de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos.
En la provincia de Córdoba, las topadoras trabajan desde hace meses en la construcción de una obra vial de ensanchamiento y mejoramiento en el camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores del lugar denuncian que están destrozando el poco monte que queda, que usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos.
Por todo ello, la organización autoconvocada Guardianes del Monte inició acciones sumariales judiciales para proteger los recursos naturales. Denuncian también que varias personas que intentaron proteger los árboles molles fueron brutalmente golpeadas por varios hombres que «se movían en camionetas 4×4 blancas». Aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial fue incompleta y sin el plano de la obra.
«Los daños ambientales se producen mayoritariamente en el marco de la incompetencia, negligencia, falta de consideración de la problemática ambiental por parte de los funcionarios públicos que deberían proteger y cuidar el ambiente en el que vivimos», sostuvo Luis Jiménez, miembro de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Continuó ahondando en la necesidad de que «la sociedad, o al menos parte de ella, reflexione sobre que hay que poner un límite a quienes cometen delitos contra la naturaleza».
A partir de estas consideraciones, decidieron informar a la comunidad «que la semana pasada nuestra organización ha iniciado actuaciones sumariales judiciales», aseveró Jiménez y continuó: «Lo hacemos por las diferentes irregularidades que producen severos e irreversibles daños ambientales en la ejecución de las obras viales».
En Córdoba, desde el pasado 1° de agosto Vialidad Provincial está realizando una obra y desmonte en el camino vecinal T281-17, que corre desde el paraje Los Molles, Las Rosas, hasta el paraje San Onofre, pedanía de San Javier y Yacanto. El mismo pasa por los parajes Rodeo de Piedra y Achiras Arriba.
Estas actuaciones sumariales judiciales que iniciaron las personas que protegen a los árboles están a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, de la doctora Eugenia Ferreyra. Por su lado, la organización Guardianes del Monte es patrocinada por la abogada Eugenia Scarpinello.
«Queremos comunicar a la sociedad que en ningún momento nos hemos opuesto a la realización de las obras viales», sostuvo Jiménez y apuntó: «Solo exigimos que se realicen con la debida supervisión ambiental y que informen a los vecinos en el marco de los procedimientos administrativos para la obra pública como corresponde».
«Por el momento, no podemos revelar la tipificación de los delitos denunciados, tampoco la identificación de los actores denunciados ni la naturaleza de la documentación probatoria», explicó. Las acciones judiciales iniciadas se basan en la información recibida «por parte de la dirección de Vialidad Provincial en respuesta a la resolución legislativa 36147/R/22, que fue gestionada por la legisladora Noelia Agüero de la Izquierda Socialista–FIT Unidad».
«Habiéndonos constituido como querellantes, convocamos a los y las vecinas de Traslasiera a sumarse en calidad de testigos», contó Jiménez. También aseguró que «quienes lo hagan tendrán identidad reservada para que no sufran represalias de ningún tipo».
Cabe destacar que la organización Guardianes del Monte presentó ante la Justicia cordobesa declaraciones testimoniales de testigos oculares del desmonte, fotografías y vídeos. Muchos vecinos fueron afectados por las expropiaciones compulsivas de partes de sus terrenos y destrucción de sus alambrados perimetrales con las topadoras.

Foro Ambiental contra el desmonte
El Foro Ambiental Traslasierra -línea fundadora- con la activa colaboración de la organización Guardianes del Monte, hizo un llamado público a las demás organizaciones ambientales de Traslasierra. Porque se trata -aseguran- de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos. Además, advierten que en Córdoba queda menos del 3% de los bosques nativos en alto valor de conservación.
«Debemos pensar entre todos nuevas estrategias y protocolos para la defensa de los bienes comunes, acciones necesarias y urgentes, como indica la reciente modificación de la Ley 10.208», explicó Jiménez. También dijo que esta norma alerta a «militantes y la opinión pública sobre la necesidad de generar decretos y disposiciones que protejan a la naturaleza».
«En Traslasierra se vive un momento histórico en cuanto al cuestionamiento del poder político regional, ahora más que nunca por lo que está pasando con la obra vial», aseguró Jiménez. Continuó explicando que los vecinos cuestionan «el modo en que se realiza el proyecto de asfaltado y la violencia sobre los pobladores».
«Utilizan una metodología mafiosa que es protagonizada por personajes locales que al amparo del poder político actúan en el territorio», denunció el guardián del monte. Agregó que estas personas que menciona tienen «causas penales en su contra por agresiones, pero no tienen investigación visible, no sabemos nada, ni una resolución recibimos por parte de la justicia, de este modo permite que continúen cometiendo delitos contra las personas y la naturaleza».
«Nosotros adherimos al pedido de expulsión del titular de la legislatura departamental de San Javier, para que sea sometido como cualquier otro ciudadano a los procedimientos legales correspondientes», reclamó Jiménez. Finalmente, expresó: «Basta de encubrimientos, privilegios y manejos oscuros para quienes tienen el poder político».

Denuncias por violencia
Este diario -cuando empezó la obra vial- tuvo acceso a videos que muestran a los maquinistas junto a varios hombres que se movían en camionetas 4×4 blancas, agrediendo verbal y físicamente a los y las vecinas que intentaban impedir que destruyan árboles molles.
Por todo ello, realizaron varias denuncias ante la Fiscalía N°1 de Villa Dolores a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana. Las víctimas ya declararon, pero aún no tuvieron una respuesta por el ataque y los golpes que sufrieron.
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Proyecto multi-institucional intenta restaurar los bosques nativos

Fecha de Publicación: 22/11/2022
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires


Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas.
Varias instituciones, entre ellas la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), llevan adelante el proyecto Restaura, que busca recuperar bosques nativos en general, y los talares costeros de Buenos Aires en particular.
Numerosos ecosistemas boscosos en el planeta se encuentran degradados por los incendios, los desmontes, el crecimiento de las ciudades y las invasiones de árboles exóticos, entre otras causas, consignó Sobre La Tierra, Área de Divulgación Científica y Tecnológica de la Fauba.
"A esta altura no alcanza con conservarlos, hay que empezar a trabajar activamente en su recuperación", dijo Mariela Lacoretz, docente de la Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN).
En este sentido, Lacoretz señaló que la Argentina tiene varios compromisos nacionales e internacionales que cumplir en términos de conservación y restauración de ecosistemas degradados.
"Para eso es fundamental integrar a la sociedad en general, nos valemos de la ciencia ciudadana", afirmó Lacoretz, quien también es becaria del Conicet con sede en el instituto FCEN.
Por ello, agregó, "nuestra primera acción fue arrancar con el tala, un árbol típico de la Región Pampeana, fuente de alimento y refugio para gran cantidad de fauna, cuyos bosques poseen un alto nivel de degradación".
En el país, los bosques de tala -o Celtis tala, árbol nativo emblemático de la Región Pampeana- se extendían por zonas costeras desde Mar del Plata hasta casi el límite con Santa Fe.
"En la provincia de Buenos Aires, el tala formaba bosques llamados 'talares', hoy amenazados por la ganadería, la extracción de madera, la invasión de especies exóticas y los avances de la urbanización", explicó Natalia Rodríguez, docente de Química Inorgánica y Analítica (Fauna).
La convocatoria "Tu Tala Amigo" busca "determinar la fecha óptima de recolección de frutos" de esta especie.
Para ello, piden a la gente que encuentre su tala más cercano y lo cargue en una app.
Según Rodríguez, detectar la fecha de comienzo de la fructificación será fundamental para la restauración porque permitirá recolectar semillas en el momento correcto.
Lacoretz resaltó: "La información que generemos será útil para viveristas de plantas nativas como los que integran la red Revina, quienes entonces podrán producir una cantidad de plantines suficientemente grande como para restaurar muchos talares donde sea necesario".
Además, advirtió que los talares suelen estar tan degradados que es difícil encontrar árboles semilleros. Incluso, en ocasiones se hallan tan invadidos por otras especies que ni siquiera quedan talas.
Rodríguez indicó que la convocatoria "Tu Tala Amigo" está abierta y la gente puede sumarse a través de la página web o del Instagram del proyecto.
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Sin control: Foto satelital muestra cómo avanza el desmonte en el Corredor Verde

Fecha de Publicación: 21/11/2022
Fuente: Misiones Cuatro
Provincia/Región: Misiones


Pese a las leyes de conservación vigente, ya se perdieron más de 300 mil hectáreas de selva paranaense en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen. Fuerte advertencia en bloque de dirigentes agrarios, sociales y ambientalistas al Gobernador Oscar Herrera Ahuad.
Una imagen satelital de agosto de 2022 muestra con “claridad” la fractura –o desmonte- del Corredor Verde, considerado el último remanente continuo de Selva Paranaense en el mundo, situado en la zona del Alto Uruguay de Misiones.
En 1999, su conservación fue establecida por la Ley 3631 (Ley XVI – Nº60) con el principal propósito de garantizar la permanencia del agua, la biodiversidad de especies de plantas y animales, oxígeno, suelo productivo, el territorio Mbya guaraní, el equilibrio ambiental y la identidad de la selva misionera.
Pero el Corredor Verde como tal, no existe más. Lo advierten, en bloque, los referentes de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales al cotejar imágenes satelitales que muestran una severa fragmentación en el Noreste misionero, imágenes que monitorea el propio Ministerio de Ecología de la Provincia.
La imagen demuestra que está “severamente fracturado” en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con “notables desmontes” en toda el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Urugua-í y de la Reserva de Biósfera Yabotí.
“Nos estamos quedando sin monte, sin agua y sin suelo productivo”, dijo Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). “Los primeros perjudicados con esta situación son los agricultores y las personas de menos recursos”, agregó por su parte Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM).

Números que duelen
La advertencia que proclama el bloque de dirigentes de reconocida militancia agraria y ecologista se sostiene, también, con una investigación del CONICET, divulgada en octubre de 2022, que indica que entre 1985 y 2021 fueron deforestadas en Misiones 305 mil hectáreas de Selva Paranaense.
Dicho de otro modo, sostiene el informe, elevado casi como una plegaria al gobernador Oscar Herrera Ahuad, que se ha eliminado un 20% de la superficie con monte en ese período, o su equivalente a un promedio de 8.260 hectáreas por año. El mismo estudio señala que el monte fue reemplazado por plantaciones forestales, mayoritariamente, entre otras actividades.
“El mayor aumento se registró en el área ocupada por las plantaciones forestales pasando de130 mil hectáreas en 1985 a 330 mil hectáreas en el 2021, lo que representa un aumento del 151por ciento”, se puede leer en la web del CONICET.
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Ley de bosques: a quince años de su sanción, la deforestación ilegal persiste

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Su aprobación fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental. Sin embargo, años más tarde, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde.
Un 28 de noviembre de 2007 en la Argentina se producía uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental: se sancionaba la N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El país se encontraba en emergencia forestal, con tasas de deforestación que rondaban el 0,94% anual (lo que significaba una pérdida aproximada de 700 mil hectáreas por año), lo que impulsó a diferentes sectores de la sociedad civil a trabajar por un objetivo común: frenar la deforestación y proteger los bosques nativos y a las especies y comunidades asociadas.  
A través de una gran movilización y participación ciudadana a nivel nacional, se logró juntar un millón y medio de firmas, poner en agenda legislativa la problemática y finalmente apoyar la aprobación del proyecto de ley. Durante ese proceso, la Fundación Vida Silvestre Argentina aportó elementos técnicos para la discusión que luego se vieron reflejados en la Ley,
Hoy, a 15 años de su sanción, la Ley de Bosques se convirtió en una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Además, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación en la Argentina, estabilizándose hasta el año 2019, momento en el cual volvió a incrementarse, en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.
A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. El avance de la deforestación y conversión de estos ambientes naturales para dichas actividades provoca graves consecuencias sociales, ambientales y económicas, muchas veces, irreversibles y que atentan contra nuestra salud y nuestro bienestar, así como el de otras especies que habitan los bosques.
A su vez, las áreas deforestadas ilegalmente y las que se han quemado, no están siendo restauradas, como claramente indica la ley 26.331. Complementariamente, la ausencia de un registro nacional de infractores a la ley limita las posibilidades de articular esta información con otros elementos de la política pública, que permita facilitar la disuasión y la sanción de los responsables
Los bosques nativos son proveedores de servicios ecosistémicos esenciales: contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, facilitan la regulación hídrica, son hábitat de miles de especies, dan sustento a la vida de las comunidades locales y contribuyen a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Además, los bosques sanos funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos -como virus y bacterias- que pueden afectar al ser humano.
A partir del informe “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” -elaborado en conjunto entre Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- se pueden destacar los siguientes puntos:
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Durante el año 2021 se asignaron 5.000.000 de pesos adicionales que fueron derivados a las provincias y para el 2023, según el proyecto de ley de Presupuesto, el monto asignado tendría un leve aumento y llegaría a un 10,4%., lo que aún está muy lejos de lo que debería asignarse. Estos aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
- Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
- Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
- La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 54% de la deforestación en 2021 haya ocurrido en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), repitiendo tasas de años anteriores. Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables.  No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
- Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras, desde su creación y puesta en marcha continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos argentinos, es una obligación legal y una oportunidad para el verdadero desarrollo económico y social de las jurisdicciones y de las personas que en ellas habitan. Es necesario que exista la voluntad política apropiada para el cumplimiento de esta norma en todos los niveles, la capacidad profesional, técnica y logística para su implementación y monitoreo, y la asignación de los fondos y los recursos correspondientes que permitan lo anteriormente mencionado. Aún estamos a tiempo de transformar esta ley en un modelo de gestión y gobernanza que trascienda las fronteras nacionales.

Por Manuel Jaramillo es director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Daniela Gomel, especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

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Aunque hay una cautelar, la sucesión Patrón Costas desmonta Las Yungas en Salta

Fecha de Publicación: 18/11/2022
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En la zona quieren instalar un barrio privado, pese a que la Justicia tomó cartas en el asunto. Acusan que no se fiscaliza el avance de la obra.
"La Secretaría de Ambiente de la Provincia incumple la no fiscalización que efectivamente demuestra que los desmontes están frenados", afirmó Fernanda Guillén, abogada que patrocina a los vecinos que decidieron ir a la Justicia para frenar desmontes en las Yungas sanlorenceñas, que inició en diciembre del año pasado Los Maitines S.A. para construir un barrio privado.
Esta área se encuentra protegida por ser uno de los reservorios de especies vegetales más importantes del país, tiene una variada fauna autóctona que incluye algunos animales en peligro de extinción y es una fuente de recursos naturales renovables, además de ser reservorio de agua. Tras los desmontes que inició Los Maitines, vinculada a la familia Patrón Costas, para la caminería en un predio de 125 hectáreas ubicado entre el cerro Elefante y La Quebrada, los vecinos entraron en alerta sobre todo por la amenaza de quedarse sin agua, puesto que el desarrollo urbanístico tendría una toma de captación del líquido elemento del río Castellanos en la zona alta de San Lorenzo.
Por ello interpusieron un amparo ambiental y lograron que la jueza de primera instancia Civil y Comercial de Décima Nominación, María Guadalupe Villagrán, calificara la acción como un proceso colectivo puesto que los vecinos buscan "proteger la biodiversidad de las Yungas y la calidad y caudal del agua del río Castellanos". Los vecinos pusieron foco en los avales irregulares que consiguió Los Maitines, tanto de la Secretaría de Ambiente de la Provincia como de la Municipalidad de San Lorenzo, para iniciar la tala en una zona categorizada como Amarilla por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que no autoriza desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
"El amparo ambiental pretende que se declare la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente y de la Municipalidad de San Lorenzo que aprueban el proyecto. Ambiente aprobó un plan de manejo sostenible cuando para una urbanización se tiene que aprobar un plan de cambio de uso de suelo.
La Municipalidad otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental. Lo que es grave ya que se trata de una zona amarilla y en ambas resoluciones eso está reconocido", explicó Fernanda Guillén.
La abogada señaló que el proyecto urbanístico va en contra no sólo de la OTBN, sino de Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y los principios protectorios del Derecho Ambiental. Así las cosas, el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación, concedió una Medida Cautelar de No Innovar por la cual ordena el cese de todo acto o actividad que implique extracción de especies nativas en los inmuebles propiedad de Los Maitines S.A, en atención a la naturaleza de las obras y a la importancia del proyecto.
"Esto es complicado de fiscalizar, porque se libró un oficio a la Dirección de Fiscalización y Control de la Secretaría de Medioambiente y no se respondió. Se reiteró el oficio y tampoco respondieron. El 26 de octubre venció el plazo para responder el oficio", apuntó Guillén. Agregó, se solicitó la intervención para fiscalizar Ambiente "bajo apercibimiento de desobediencia judicial porque no está cumpliendo. Tiene que hacer informes cada 15 días con imágenes satelitales para que la jueza pueda verificar el cumplimiento de la medida. Y hasta ahora no hizo ni un informe", apuntó./ Nuevo Diario.
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En 20 años, Argentina perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo

Fecha de Publicación: 14/11/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


Entre 2001 y 2021, del total de la masa forestal talada en el país, el 80% fue consecuencia directa de la industria de materias primas, incendios forestales, agricultura itineraria y urbanización, según un informe. Cómo afecta el desmonte a las comunidades del norte argentino, la zona más desprotegida.   
Las zonas deforestadas en la Argentina se incrementaron sustancialmente en los últimos 20 años y la desaparición de gran parte del área boscosa, sin intención de nuevas plantaciones, engrosa la lista de factores que profundizan la crisis climática: desde 2001 hasta 2021, el 80% de la masa forestal local eliminada estuvo directamente vinculada con los sectores dominantes que responden a la deforestación, según relevó la plataforma de monitoreo de bosques Global Forest Watch.
Durante ese período, el país perdió 438 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 7% de la pérdida total de cobertura arbórea y una disminución de esa flora nativa del 9,9%.

Un castigo a nuestra tierra
Entre las actividades que generaron mayor índice de pérdida forestal en el país, la deforestación asociada a la obtención de materias primas -postes de luz, tanino, durmientes o carbón- encabezó la lista, con 151 mil hectáreas menos en 2021 que en 2001. Le siguieron la agricultura itinerante, que dejó en ese mismo año un saldo de 25 mil hectáreas taladas de las 200 mil que hubo en total, según informó el organismo.
"Muchas zonas desmontadas después terminan siendo suelos inútiles al cabo de los años, por la salinización y la contaminación con agrotóxicos. Los wichí les llaman 'campos vencidos', son suelos que hacen más frecuentes las inundaciones porque ya no absorben las lluvias y, en verano, el efecto espejo contribuye al calentamiento", lamentó en diálogo con Télam Noemí Cruz, responsable del área de bosques de Greenpeace.
"Cuando la materia prima es sólo para carbón, tanino, postes de luz o durmientes para la utilización en las vías férreas, se hace sobrexplotación. Eso se denomina 'erosión de bosques'; se extrae madera y se empobrece y degrada todo le suelo de la zona boscosa", advirtió Cruz, y denunció: "El 85% de un ecosistema único como el quebrachal del Bosque de Tres Quebrachos -al sur de Chaco- fue destruido".
Fuentes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaron en diálogo con Télam que "la deforestación registrada se debe a desmontes ilegales o prácticas de transformación excesivas por parte de productores ganaderos en sistemas silvopastoriles, además de los incendios", que suceden con frecuencia en los bosques de categoría I y II, los más preservados.
Para dar respuesta a esta problemática, entre la cartera de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Gandería y Pesca, se creó en 2022 el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que busca transformar esas prácticas silvopastoriles en modelos foresto-ganaderos para "asegurar la continuidad de la estructura y función de los bosques nativos", explicaron desde la entidad.
"El MBGI busca abordar el problema de la pérdida de bosques regulando las intervenciones en bosques nativos para poder arribar a modelos de producción libres de deforestación, forma parte de los lineamientos técnicos estratégicos de la Ley Bosques", reforzaron las fuentes oficiales.
El estudio evidenció además que Argentina perdió 6,32 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa un 16% menos de su totalidad, y generó como consecuencia la emisión de 1,4 gigatoneladas de carbono a la atmósfera.
En 2008, por ejemplo, se midió una deforestación récord: hubo un total de 588 mil hectáreas podadas, de las cuales 491 mil fueron utilizadas para materias primas. ¿Qué consecuencias generó este desmonte? Cruz advirtió que los pueblos que habitan en la cercanía de las zonas deforestadas "pasan a ser desalojados, son parias en zonas urbanas, sin posibilidades de subsistencia conforme su cultura”.
Además, la masiva deforestación provoca la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, también en la productividad de los suelos, cambios en los llamados "ciclos hidrológicos" -que facilita las inundaciones-, y pérdida en la capacidad de fijar carbono, que termina expulsado a la capa de ozono y contribuye al avance del calentamiento global.
Sobre el dosel arbóreo en Argentina -el ecosistema que se forma por debajo y entre las copas de los árboles-, en ese mismo período las cinco provincias que registraron mayor pérdida fueron Santiago del Estero, con 1,90 millones de hectáreas; seguida por Salta, con 1,39 Mha; Chaco, con 878 Mha; Formosa, con 693 Mha; y Misiones, con 533 Mha.
El 52% del total de la pérdida de la cobertura arbórea en del país corresponde solo a la suma de las dos primeras provincias que encabezan esa lista.
Además, el 87% de la pérdida de bosques nativos corresponde a esa región del parque chaqueño, principalmente Santiago del Estero (28%), Salta (21%), Chaco (14%) y Formosa (13%). El total del área constituye el segundo foco de deforestación de Sudamérica, después del Amazonas.
Actualmente, la plataforma registró que sólo en seis días -el período que va del 6 al 13 de octubre de 2022- se registraron 163.693 alertas de deforestación local, lo que abarca un área de 1,81 mil hectáreas que se encuentran en proceso de ser taladas para diferentes actividades, entre ellas, la industria agropecuaria (mayormente), la agricultura y ganadería intensivas.
De modo que, si bien toda actividad forestal que se ejecuta dentro del territorio argentino debería estar estrictamente controlada bajo el marco regulatorio de la Ley de Bosques -la 23.331-, Cruz aseguró que “en el norte, lamentablemente, no hay recomposición de los bosques destruidos ilegalmente”.
Incluso, refuerza, “hemos presenciado desmontes en lugares de Salta, como El Arenal, y en Chaco, cerca de Misión Nueva Pompeya, donde el monte había empezado a volver después de ser arrasado y en menos de diez años se le volvió a pasar la topadora”.

La Ley de Bosques
El aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales de los bosques primarios llevó a que en 2007 se discutiera un marco legal que garantizara la protección de los bosques y los clasificara según su valor de conservación. La resolución de la ley, que se implementó en 2009, estableció un presupuesto mínimo para la protección ambiental y el manejo sostenible de esas zonas.
Sobre eso, Cruz alertó que en las zonas donde ella trabaja -Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa- “hay bosques muy amenazados, principalmente habitados por campesino e indígenas que no tienen el reconocimiento de la tierra y, con lo cual, no son destinatarios de esos fondos y no perciben las mejoras económicas locales”.
En ese sentido, desde el Ministerio respondieron que junto con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) elaboraron un Proyecto de Pagos Basados en Resultados (PBR) por el cual Argentina recibió un financiamiento de USD82 millones en concepto de pago por reducción de emisiones forestales por la disminución de la deforestación.
Este financiamiento tiene una duración de seis años a partir del 2022 y está destinado a la implementación de modelos de gestión forestal libres de deforestación que contemplen, a su vez, la participación social en la planificación y el uso sostenible de los bosques como factor de desarrollo de las economías regionales.
Este programa incluye, además, "actividades que prevén la inclusión social con especial atención a comunidades indígenas y campesinas para promover el arraigo, la perspectiva de género; la producción de conocimiento y trasferencia y la mejora permanente de instrumentos de monitoreo y control como el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación", aseguraron desde la cartera ambiental.
En total, existen en Argentina 34,3 millones de hectáreas de superficie forestal, de las cuales 33,1 millones pertenecen a monte nativo, mientras que solo 1,2 millones están compuestos por monte implantado.
Sobre ese caudal de territorio, la ley jerarquizó los bosques según el valor de conservación y la dificultad para mantenerlo activo:
Categoría 1 - Rojo: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría 2 -Amarillo: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría 3 - Verde: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Las mediciones llevadas adelante por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicaron en un informe titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, que entre el período que va desde 2008 al 2018, el 47,2% de la deforestación correspondió a desmontes autorizados dentro de la categoría 3, mientras que el 52,8% restante se produjo en las categorías 1 y 2, es decir, en áreas que la ley prohíbe.
Por otra parte, están los incendios: en Argentina, la época donde se registran mayores focos ígneos es a principios de agosto. Entonces, los organismos especializados se encargan de difundir información para evitar el inicio de éstos y dar a conocer las multas para quienes los generan adrede.
Estas alarmas rigen con frecuencia y en el período que va del 1 de noviembre de 2021 hasta el 24 de octubre del 2022, se registraron 14.590 alertas si sólo se toman en cuentas aquellas que son de "alta confianza".
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, midió que este fenómeno se dio fundamentalmente en las regiones Espinal y Monte -San Luis, La Pampa y Río Negro-, en donde más del 95% de las pérdidas de bosque nativo fueron causadas por incendios en los años 2017 y 2018.
Asimismo, en la región del Bosque Andino Patagónico, se identificaron 64.340 hectáreas de pérdida de bosque nativo entre 2001 y 2017 por incendios forestales, representando el 84% de las pérdidas registradas.
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El Gobierno recortará el presupuesto para Ambiente en 2023: renovables y ley de bosques, los más postergados

Fecha de Publicación: 27/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge del análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. “Es una muestra de que no se está priorizando la crisis climática, sino el pago de la deuda”, dijeron
Pese a que este año se perdieron más de 1,2 millones de hectáreas en la Argentina producto de los incendios, que desde hace tres años una sequía sin precedente sacude la producción agrícola y a las cada vez más frecuentes olas de calor, el Gobierno recortará -de aprobarse en el Congreso- para el año próximo la partida destinada al Ministerio de Ambiente.
El dato surge de un análisis del Presupuesto 2023 que hicieron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), al que accedió TN.
Este año, el Ministerio recibió 35,8 mil millones de pesos. El presupuesto del año que viene contempla $55,8 mil millones. En términos nominales es un aumento de 55,8% pero si se contabiliza la inflación prevista el presupuesto es menor al de este año. De acuerdo con el informe, tomando la inflación de 76,1% que estima para el 2023 la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la partida para Ambiente se achicará 11,4%.
En cambio, si se considera la inflación de 60% que estima el Gobierno para el 2023 el recorte será de 2,5%. “Por último, si tomamos como criterio la proyección de inflación interanual para 2022 (95%) como proxy de igual poder adquisitivo, la caída en términos reales es del 19%”, señala el documento.
Sobre los motivos detrás de este recorte, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó a TN: “Es una muestra más de que no se están priorizando las partidas socio ambientales. Esto es por la priorización del pago de la deuda. La deuda condiciona el poder avanzar en derechos postergados”.
Al respecto, el informe señala que el presupuesto destinado a finalidades vinculadas con “Ecología y Medio Ambiente” (que no solo dependen del Ministerio de Ambiente) reúnen en total $93 mil millones, que es el 3,5% frente a los Servicios de la Deuda.

Poco espacio para las renovables en el Presupuesto 2023
Izcurdia remarcó que en la hoja de ruta de gastos, el Gobierno “sigue priorizando la inversión en hidrocarburos y no en energías renovables o políticas que permitan avanzar hacia la transición energética. No es algo diferente a lo que se ve en otros años. Se está profundizando el modelo energético actual, que es contaminante”.
Si bien la Argentina se comprometió para que en 2025 el 20% de su matriz energética sea renovable (hoy está en 10%), este objetivo está lejos de reflejarse en el Presupuesto. De los $1.439.693 millones que tiene el Programa de Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía, el Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables representa un 0,02% sobre el total del programa (menos de $311 millones).
En esa misma línea, los subsidios a las empresas hidrocarburíferas son 333 veces más que los $450 millones de, por ejemplo, el Subprograma de Conservación de la Biodiversidad ($450 millones). Y las exenciones impositivas a las mineras ($58 mil millones) sumarán más que la totalidad del presupuesto del Ministerio de Ambiente para el año que viene.
“El presupuesto refleja que no se está encarando un plan genuino para el abandono gradual de los combustibles fósiles y una transición hacia una matriz de bajas emisiones, sino por el contrario, se está profundizando el propio modelo energético actual que no solo es contaminante, sino que está sujeto a precios volátiles”, explica el documento de ACIJ y FARN.

La ley de bosques, una eterna postergada
Debido al boom de deforestación que comenzó en la década del 2000, en 2007 se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) para preservar estos ecosistemas. Esta iniciativa contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año.
Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre. El 2023 no será la excepción: los $9000 millones destinados a la normativa apenas representan el 0,03% del Presupuesto (un 10% de lo que debería ser).
Con respecto a los recursos para el programa Manejo del Fuego (los incendios devoraron millones de hectáreas este año en la Argentina), el incremento fue de 25% entre un año el otro pero se compensó con el ingreso, por primera vez, del Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego (FNMF).
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Ley de bosques: cambian un mapa que no tenía base técnica

Fecha de Publicación: 20/10/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Para cumplir con la normativa nacional, actualizan el ordenamiento territorial.Desde la UNSa explicaron el proceso, que se encara tras años de inacción
El Gobierno provincial coordina un plan de trabajo para cumplir con lo que marca la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos (o simplemente ley de bosques), con la revisión del mapa de ordenamiento territorial que indica las zonas que se deben proteger. El proceso se enfrenta con la preocupación del sector empresarial-productivo y con el antecedente de un trabajo que se hizo mal cuando la norma comenzó a instrumentarse, hace casi 14 años, y que nunca se corrigió.
En junio del año pasado, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia inició la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, tarea que ya viene con un retraso de 9 años. El proceso se encara, esta vez, con la participación de un gran abanico de consultores académicos, especialistas de distintas áreas y referentes de comunidades y de actividades productivas.
Entre los que colaboran en la revisión, una pata importante para el desarrollo técnico corresponde a la Universidad Nacional de Salta, en donde el doctor en Biología Enrique Derlindati está a cargo del equipo que analiza el OTBN. En diálogo con El Tribuno, el docente e investigador de la UNSa describió el arduo desafío que enfrentan para definir un nuevo mapa para la ley de bosques, sobre el que hubo que trabajar desde cero.
"La principal falla del actual ordenamiento es que no encontramos en ningún punto las bases técnicas, los criterios con los que se hizo. Hablando en términos más coloquiales, cuáles fueron los criterios con los que se decidió que el amarillo sea amarillo y el rojo, rojo y el verde, verde", señaló el biólogo.
Los colores a los que se refiere son los que están plasmados en un mapa de Salta, que restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Derlindati quiso "llevar tranquilidad" y afirmó que el proceso de ordenamiento territorial que ahora se encara "tiene una base técnica muy fuerte".
"Cualquier duda que surja de cualquier sector puede ser aclarada, desde que una limitación puede ser el contenido de materia orgánica del suelo hasta cuestiones de distribución de determinados grupos de especies amenazadas o lo que sea. Toda esa información va estar disponible, entonces se va a poder aclarar y discutir, y plantear cualquier inconveniente o consulta sobre bases técnicas fuertes", afirmó.
La semana pasada el Gobierno provincial difundió un parte de prensa en el que se ratifica que el nuevo ordenamiento territorial no reducirá las áreas protegidas, tal como había anticipado El Tribuno.

Preocupación
Esa certeza puso en alerta a dirigentes del campo salteño, quienes insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. La preocupación del sector se centra, en especial, en la superficie pintada de amarillo, donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Hay dos millones de hectáreas en particular que corresponden, en gran parte, a Rivadavia y al este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
Sobre ese punto, el representante de la UNSa dijo: "Es muy probable que el mapa sea distinto al que conocemos, pero las superficies se van a mantener. Lo que puede llegar a cambiar en algunos sitios es la categoría asignada".
Según lo planificado, antes de fin de año estaría terminado el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos.
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En 10 años, la Argentina perdió más de 2,4 millones de hectáreas de árboles

Fecha de Publicación: 18/10/2022
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


El dato surge de un análisis de imágenes satelitales que hizo TN. El 55% del desmonte de 2021 se produjo en sectores donde estaba prohibido deforestar.
“No puedo hablar de largo plazo porque yo no veo largo plazo. Esta ya no es una problemática para nuestros hijos y nuestros nietos, hoy estamos viendo las consecuencias gravísimas de la deforestación. Hace tres años que tenemos sequías e incendios. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover, con todo el suelo desnudo como está?”.
La pregunta -retórica, porque ya sabe la respuesta- se la hizo Micaela Camino, científica del Conicet y fundadora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.
Desde hace más de 10 años trabaja en medio del bosque de Chaco, con comunidades aborígenes y fauna autóctona. A diario es testigo del desmonte y la deforestación, de la muerte de la naturaleza en un pulmón vital para la provincia, para la Argentina y para la región.
En los últimos 10 años (2012-2021), en el país se perdieron 2.460.469 de hectáreas de bosque y pastizales a causa de la deforestación. Es el equivalente a 123 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos surgen de un cálculo propio que hizo TN sobre el modelo e imágenes satelitales de Hansen y Global Forest Change.
El 85% de esta pérdida se concentró en cinco provincias: Santiago del Estero (619.183 hectáreas), Salta (448.082), Chaco (420.675), Formosa (371.047) y Misiones (248.790). Esta zona reúne más de la mitad del bosque del país.
La principal causa del desmonte es el avance agropecuario y ganadero empujado por la suba del precio de las commodities en el mundo, sobre todo, durante la década pasada. Los incendios, cada vez más desbocados producto del cambio climático, también contribuyen a la desaparición de la cobertura natural del suelo.
En 2007 se sancionó la Ley de Bosques para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado (el máximo fue 36%) y la deforestación, desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas.
Con la desaparición de estos ecosistemas no solo se destruye flora y fauna autóctona y se desplazan comunidades, sino que se erosiona el suelo, que pierde su utilidad comercial en pocos años. Los daños quedan para siempre.

El desmonte, una dinámica que se repite
“Las grandes empresas agropecuarias avanzan sobre el bosque con cadenas y topadoras. Desplazan a las comunidades que viven ahí. A veces tienen permiso del gobierno provincial, otras veces avanzan sin permiso”, relató a TN la investigadora Camino, testigo del desmonte en Chaco desde hace 10 años.
Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.
“Cuando se quita esta masa de árboles, de biodiversidad, se liberan al ambiente partículas de carbono que retenía el bosque, lo que contribuye al calentamiento global. También el suelo se va erosionando, se va desertificando, el bosque de alrededor se empobrece y los animales ya no pueden vivir ahí. Si esto sigue así, las especies con las que trabajo van a desaparecer en 20 años”, advirtió la investigadora.
El cambio del uso del suelo es la principal causa de la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Esta semana el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó su informe bianual “Planeta Vivo” con un dato estremecedor: en América Latina en los últimos 50 años cayó 94% la población de especies salvajes monitoreadas. En la Argentina, por caso, tan solo queda el 1% de la población de yaguaretés originaria.
Pero el impacto de la deforestación, por desmonte o por los cada vez más recurrentes incendios, no solo afecta a los animales sino a la tierra que se empobrece y se vuelve estéril en pocos años. Y las comunidades que vivían de manera sostenible allí pierden su sustento económico y medicinal y son forzadas a migrar.
“El bosque funciona como una esponja natural que retiene y regula el agua. Su destrucción nos vuelve más vulnerables a los efectos del cambio climático: hay más sequías y a la vez, cuando llueve, todo se inunda. Después del desmonte el suelo queda desnudo y al poco tiempo se ven procesos de desertificación. Hay cada vez más campos abandonados porque los suelos no son aptos para poner pastura o cultivos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques en Greenpeace.

La ley de Bosques, una iniciativa útil pero con mínimo presupuesto
El avance del agro sobre los bosques del Norte se debió al boom del precio de las materias primas, sobre todo, en la primera década del 2000 y a la necesidad de expandir el negocio más allá de las fértiles tierras pampeanas. La deforestación fue récord en 2008 con la pérdida de 593.000 hectáreas (casi el triple que en 2021).
A raíz de este fenómeno, se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) que contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año. Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener, de acuerdo al monitoreo que lleva adelante Vida Silvestre.
A través de esta normativa, también se ordenaron las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
De acuerdo con el monitoreo de la superficie de bosque nativo que lleva adelante el Gobierno, durante 2021 el 55% de los desmontes se produjeron en zonas rojas y amarillas. Es decir, que fueron ilegales.
“Lo que pasa es que las zonas que son aptas para ese tipo de producción se están acabando, entonces las empresas que desmontan y cultivan se están aventurando en zonas más frágiles”, explicó Matías Mastrangelo, doctor en Biología de la Conservación e investigador del Conicet en Santiago del Estero.
El especialista señaló que esta dinámica ocurre gracias a la connivencia de los gobiernos provinciales que ven una oportunidad de mayores desembolsos económicos. “Los gobiernos provinciales hacen la vista gorda. Un desmonte ilegal hoy es una contravención. No hay un desincentivo para estas empresas dejen de desmontar. Lo absorben como un costo de producción”.
Hace un mes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, envió un decreto provincial (2157/2022) a la legislatura para actualizar el ordenamiento territorial de bosques y poder transformar en “verde” una zona amarilla. Estos cambios estaban prohibidos por la Justicia por una disposición ambiental desde 2021. Ambientalistas e investigadores argumentaron en contra de este cambio.
El decreto de Capitanich surgió luego de una carta que enviaron miembros de empresas agrícolas ganaderas (Los Frentones, Pampa del Infierno) en donde pidieron “actualizar el ordenamiento territorial de un área de vital importancia por su potencial productivo para la actividad agrícola”.
Al respecto, en el gobierno provincial dijeron a TN: “Algunas personas, desde el sector productivo y desde la organización civil organizada, plantearon discusiones. Son tensiones que sucederán. Estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, con las recomendaciones que surjan y poder aplicar esta herramienta de la mejor manera”.

¿Hay tiempo de cambiar las cosas?
La recuperación de la cobertura arbórea perdida y de la biodiversidad es una delicada tarea que llevará décadas. Hay que volver a construir un ecosistema absolutamente depredado. Pero los expertos coinciden en que el primer paso es dejar de deforestar. El segundo, comprender la importancia del capital natural y valorar el peso específico de disminuir las emisiones en un contexto de crisis climática global.
Hoy, la deforestación genera entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
En este sentido, Martín Mónaco, Director Nacional de Bosques, dijo a TN que la posibilidad de llevar a cabo políticas de protección “dependen de la conciencia ciudadana y de los tenedores de bosques para comprender el valor de estos ecosistemas y sus servicios, el financiamiento y las decisiones políticas respecto de un desarrollo rural diferente que comprenda la integralidad de los desmontes y sus consecuencias en las inundaciones, la migración rural hacia las grandes ciudades, la perdida de capacidad productiva del país a través de la perdida de suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El año pasado, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció un Plan Nacional de Forestación a través del cual se plantarían 100 millones de árboles en 2022. Según constató TN, hasta el momento no se sembró ni uno.
Para Lucía Lázari, coordinadora de Paisajes Terrestres de Vida Silvestre la restauración no se trata solo de “plantar árboles” sino de tener un compromiso integral con el ambiente y conciencia de la crisis climática cada vez más profunda. “Necesitamos un esfuerzo de muchas partes (instituciones públicas de gobierno, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades del territorio) que deben reunirse para el diálogo y acción. Solo si todos los actores somos parte y nos involucramos, vamos a poder afrontar este desafío tan complejo”.
Sobre el tiempo de recuperación de los bosques en la Argentina, Giardini aseguró que se tardará “al menos 50 años”. “En algunos lugares puede suceder naturalmente, si están cerca de otro bosque. Pero en zonas totalmente desmontadas no. Y aún si se quisiera ayudar, hoy no tenemos la cantidad de viveros capaces de proveer plantines suficientes. ¿Se puede recuperar? Sí. Pero esto es como una guerra en donde cada vez se te mueren más soldados”, ejemplificó Giardini.

Ver la nota completa con infografía
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Salta hará un nuevo ordenamiento de bosques y registrará desmontes hechos y autorizados

Fecha de Publicación: 11/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se prevé realizar un análisis que superponga los diversos intereses productivos, ambientales y sociales, para poder trazar las superficies que pueden ser volcadas a la producción y las condiciones para hacerlo.
El director general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Ignacio Goitia, sostuvo que pretenden rehacer el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Salta.
El funcionario relató a Salta/12 que esa fue la conclusión a la que se llegó con distintos sectores que conforman el Consejo Asesor del OTBN, tras necesarias reuniones para actualizar el mapa cuya revisión está vencida desde 2014.
Goitia afirmó que entre los criterios para definir los colores (rojo, amarillo o verde), que permiten o detienen el paso de las topadoras, se incluirán también los desmontes ya realizados, e incluso los que están autorizados pero aún no se hicieron.
Agregó que el asesoramiento técnico está a cargo de integrantes del INTA, el CONICET, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Decidimos hacer el OTBN con un mapa nuevo. El anterior no regiría más, una vez que se apruebe”, indicó el funcionario al sostener que por el momento en la mesa técnica se están definiendo las 9 capas que se superpondrán sobre el mapa salteño y que abordan cuestiones sociales, ambientales y productivas, para luego ser sometidas a un proceso participativo. Una vez que esto se defina, el mapa deberá ser evaluado por la Legislatura provincial. En 2009, cuando eso aconteció, el mapa fue modificado en el ámbito político.
El proceso es participativo y para ello se utilizó una metodología trazada por investigadores del CONICET. La Metodología Q se instrumentó para que cada uno de los participantes indique cuál es su percepción sobre el bosque. A raíz de estas percepciones se conformaron cuatro grupos.
Una vez trazadas las capas, los grupos se reunirán a debatir y en aquellos puntos que haya acuerdo, se definirá un criterio. Pero cuando no haya acuerdos, la decisión será tomada por los técnicos.

Ni la Rural ni Greenpeace
Aunque desde ambos sectores se hicieron observaciones sobre el posible nuevo Ordenamiento Territorial, ni la Sociedad Rural Salteña, Prograno, u otras entidades que agrupan a grandes productores, se sentaron a la mesa participativa. Pero tampoco participa en esta instancia la organización ambientalista Greenpeace. “Todos fueron invitados a sentarse. Y aún tienen las puertas abiertas para hacerlo”, dijo Goitia.
El titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, afirmó (como lo hiciera con anterioridad) que no recibieron invitación alguna. En declaraciones al diario El Tribuno, el ruralista había criticado la pretensión de establecer zonas no susceptibles de ser desmontadas: “lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente".
Las palabras del ruralista generaron la reacción de la referente campesina de la ruta 81, Lucía Ruiz: “hasta ahora no se sentaron a una sola convocatoria para manifestar sus posturas”, le recriminó en declaraciones a Salta/12. Ruiz, quien participa del Consejo Asesor, añadió que es necesario que no pensar solamente en el aspecto comercial sino también en cómo incide la forma de producción en el cambio climático y en el ambiente.
“De estos cuarenta años que pasaron, o quizás más décadas de desmonte, no se avanzó nada y seguimos igual de pobres”, fue la respuesta de la campesina a Segón; sostuvo asimismo que el desarrollo que se ve de un lado, no repercute de igual manera en el otro. “El presidente de la Rural dice que con subsidios vamos a seguir pobres. No es así. Trabajando bajo monte y con el monte también puede haber desarrollo”, afirmó.
Añadió la necesidad de incorporar al campesinado y al pequeño productor en líneas viables de comercialización que, dijo faltan la mayoría de las veces. A ello sumó el requerimiento de infraestructura (como lugares para faenar y frigoríficos) y beneficios que lleguen al sector, dado que entendió que mientras se permite a los grandes productores ganar diferencias con diversas políticas (respecto al dólar o impuestos), para el campesinado solo quedan algunos perjuicios como el que se vive en la actualidad por la sequía.
“En la carta están las condiciones para participar que Salta no cumple”, dijo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, al dar cuenta de una nota que esta organización le envió al gobernador Gustavo Sáenz.
En cinco puntos de la misiva se indica que en el proceso de definición del OTBN no se deben validar desmontes ilegales, respetando a rajatabla los colores sobre los que se hicieron; se deben respetar los territorios de comunidades de pueblos originarios. Realizar un proceso realmente participativo; mantener amplias zonas forestales continuas y en buen estado de conservación, y “ser progresivo en cuanto a aumentar la protección de las zonas forestales de la provincia”. Esto último responde al hecho de que Argentina firmó en la última Cumbre Climática un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, y a que Salta ya perdió 703.421 hectáreas desde la sanción Ley Nacional 26.331. “El nuevo OTBN de Salta no debe habilitar nuevas zonas para desmonte, resultando necesario eliminar del mismo la Categoría III – verde (donde se puede deforestar)”, exigió Greenpeace en el quinto punto.
Al respecto, Goitia afirmó que de los puntos reclamados por Greenpeace, se cumple con los primeros cuatro. Pero entendió que imponer la eliminación de la Categoría III, podría implicar dejar de lado también el concepto de la modalidad participativa.
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"Va en contra del proyecto para llegar al 2030 con deforestación cero"

Fecha de Publicación: 21/09/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Desde la agrupación ambientalista señalaron que el mapa no respeta el "principio de no regresión", previsto por la Ley 26.331. Y que éste deja desprotegidas 400 mil hectáreas de bosques.
A través de un comunicado público la agrupación avocada al cuidado del medio ambiente, Somos Monte, destacó su categórico rechazo al mapa presentado por el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Entre los principales motivos destacan que el mapa del nuevo OTBN desafectó 400 mil hectáreas de bosques en el departamento de Almirante Brown.  
"Esta decisión no emerge de ningún trabajo técnico, sino de la exclusiva voluntad del Gobernador. Para el colectivo, el mapa, no respeta el principio de no regresión previsto por la Ley 26.331. Los apurados talleres de septiembre, que pretenden validar esa propuesta, más bien han desinformado y confundido a la población", sostuvieron.  
Sin embargo, el proyecto presentado por el Gobernador el pasado viernes 16 expresaba que "la presencia de la frontera agropecuaria debe ser compatible con esta ley de ordenamiento y con el estricto cumplimiento de normas ambientales y laborales para la regularización de los trabajadores del sector".
Y, en ese sentido: "hemos cumplido la meta propuesta, entendemos que la legislatura durante septiembre y octubre debería tratarlo en el recinto, y así con los dictámenes pertinentes poder dar certeza y certidumbre a la producción chaqueña y al desarrollo de la cadena foresto industrial, pero también una señal muy clara y contundente para la preservación del ambiente y para las políticas públicas que pretendemos desarrollar", sostuvo Capitanich.
Las cuatro principales exigencias del colectivo
- Que se eliminen los tres polígonos regresivos introducidos a último momento.
- Se restituyan los bosques desmontados ilegalmente.
- Se asegure real información y participación a las comunidades indígenas y campesinas.
- Se brinde asistencia a los trabajadores de la industria forestales para reconvertir sus actividades sin sacrificar puestos de trabajo.

Detalles del nuevo ordenamiento de bosques
El 46% de la superficie del Chaco es territorio boscoso, lo que constituye 4,6 millones de hectáreas, de las cuales 2 millones son reservas ambientales. "El 20 por ciento de nuestra superficie son reservas; y con las provincias del Norte Grande constituimos la zona de biodiversidad más importante de América del Sur, después de la Amazonía", graficó el mandatario, Jorge Capitanich, al resaltar la importancia de la superficie boscosa chaqueña.
El nuevo ordenamiento establece que el 10% de los bosques (7% de la superficie provincial) corresponde a la categoría roja -alta conservación-. Se incrementó así al doble la conservación estricta de bosques nativos. En mediana conservación se incorporó el 70% de la masa boscosa con un incremento en esta categoría del 13% de la superficie respecto del 2009 llegando al 60% de la superficie catastral provincial.
Esta categoría de conservación promueve todas aquellas actividades de desarrollo sostenible que identifican,  generan valor y dinamizan las economía y que, en su desarrollo, pueden plantear afectación de la masa boscosa a través de un plan de manejo forestal. En tanto que la superficie destinada a Baja conservación- verde- es de 3.309.428 hectáreas (33% de la superficie provincial) integrando el 21% de los bosques nativos, sujetos a cambio de uso de suelo para el desarrollo agrícola intensivo/extensivo con alta tecnificación.

Más Información:

Verde, amarillo y rojo
El viernes 16, para el Chaco productivo fue un día clave. Algunos pocos, muy pocos, celebraron. Otros, la inmensa mayoría, quedaron muy preocupados porque sienten que más allá de los anuncios y enunciados, las audiencias para analizar el ordenamiento territorial de bosques nativos no cumplieron cabalmente con el postulado de escuchar a todas las opiniones.
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