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72 millones de abejas muertas en Córdoba
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Murieron 72 millones de abejas por los agroquímicos
Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: 24 CN
Provincia/Región: Córdoba
Los apicultores de traslasierra denunciaron la pérdida de más de mil colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. Senasa de Villa Dolores se encuentra analizando las muestras para determinar la causal de muerte aunque se sospecha del uso de agroquímicos a 3000 metros de las zona afectada. Peligran exportaciones por 168 millones de dolares.
Este fin de semana el CAFCI emitió un comunicado dando a conocer que un equipo multidisciplinario integrado por miembros de SENASA, INTA, SsAF, Agricultura de la Provincia y organizaciones de productores se acercó a los apiarios afectados, nucleados en la Asociación de Apicultores de Traslasierra y del Valle del Conlara, y se constató la mortandad abrupta de aproximadamente 1200 colmenas distribuidas en unas 2500 hectáreas. Los técnicos del SENASA de Villa Dolores fueron los encargados de tomar muestras de abejas y cera para su análisis en los laboratorios.
Los resultados del SENASA determinarán el causante del deceso de los millones de ejemplares, aunque las familias de apicultores aseguran que los responsables son los campos de siembra colindantes. Al interrumpirse el ciclo de polinización, la vegetación local se verá afectada, por lo que no solo se pierde la polinización vegetal sino también la que le asegura comida a los animales. Los productores se encuentran preocupados por el efecto residual de lo que haya matado a los ejemplares, ya que no solo afectaría a nuevas colmenas instaladas en el mismo lugar, sino que la madera o la cera también podría ser tóxica.
Según los datos de la FAO - Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas, la producción actual de miel en Argentina ronda las 60 mil toneladas por año. Nuestro país es el primero en ingreso de divisas, el segundo exportador y el tercer productor mundial de miel. Argentina actualmente exporta el 95% de su producción total apícola, que representa ingresos por 168 millones de dolares anuales. El 65% de la producción total, la realizan los productores del centro del país.
Los actuales productores apícolas de Traslasierra llegaron de la pampa húmeda, donde la utilización de herbicidas y agroquímicos puso en riesgo la actividad, entonces decidieron migrar en busca de una zona libre de pesticidas. Ahora es el Ministerio de Agronomía de Córdoba quien deberá informar respecto a las recetas fitosanitarias emitidas en la zona, a fin de localizar las fumigaciones clandestinas, aunque los vecinos ya adelantaron que vieron avionetas, y uno de los apiarios afectados está localizado a solo 3000 metros de un círculo de siembra. La falta de controles y la informalidad hacen que en argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, mientras los productores luchan a diario con el incremento en el uso de .agroquímicos y herbicidas que disminuyen ostensiblemente la población de sus colmenas.
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Fecha de Publicación: 01/04/2018
Fuente: 24 CN
Provincia/Región: Córdoba
Los apicultores de traslasierra denunciaron la pérdida de más de mil colmenas y la muerte de alrededor de 72 millones de abejas. Senasa de Villa Dolores se encuentra analizando las muestras para determinar la causal de muerte aunque se sospecha del uso de agroquímicos a 3000 metros de las zona afectada. Peligran exportaciones por 168 millones de dolares.
Este fin de semana el CAFCI emitió un comunicado dando a conocer que un equipo multidisciplinario integrado por miembros de SENASA, INTA, SsAF, Agricultura de la Provincia y organizaciones de productores se acercó a los apiarios afectados, nucleados en la Asociación de Apicultores de Traslasierra y del Valle del Conlara, y se constató la mortandad abrupta de aproximadamente 1200 colmenas distribuidas en unas 2500 hectáreas. Los técnicos del SENASA de Villa Dolores fueron los encargados de tomar muestras de abejas y cera para su análisis en los laboratorios.
Los resultados del SENASA determinarán el causante del deceso de los millones de ejemplares, aunque las familias de apicultores aseguran que los responsables son los campos de siembra colindantes. Al interrumpirse el ciclo de polinización, la vegetación local se verá afectada, por lo que no solo se pierde la polinización vegetal sino también la que le asegura comida a los animales. Los productores se encuentran preocupados por el efecto residual de lo que haya matado a los ejemplares, ya que no solo afectaría a nuevas colmenas instaladas en el mismo lugar, sino que la madera o la cera también podría ser tóxica.
Según los datos de la FAO - Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas, la producción actual de miel en Argentina ronda las 60 mil toneladas por año. Nuestro país es el primero en ingreso de divisas, el segundo exportador y el tercer productor mundial de miel. Argentina actualmente exporta el 95% de su producción total apícola, que representa ingresos por 168 millones de dolares anuales. El 65% de la producción total, la realizan los productores del centro del país.
Los actuales productores apícolas de Traslasierra llegaron de la pampa húmeda, donde la utilización de herbicidas y agroquímicos puso en riesgo la actividad, entonces decidieron migrar en busca de una zona libre de pesticidas. Ahora es el Ministerio de Agronomía de Córdoba quien deberá informar respecto a las recetas fitosanitarias emitidas en la zona, a fin de localizar las fumigaciones clandestinas, aunque los vecinos ya adelantaron que vieron avionetas, y uno de los apiarios afectados está localizado a solo 3000 metros de un círculo de siembra. La falta de controles y la informalidad hacen que en argentina la apicultura pueda derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos, mientras los productores luchan a diario con el incremento en el uso de .agroquímicos y herbicidas que disminuyen ostensiblemente la población de sus colmenas.
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Etiquetas:
agricultura industrial,
agroquímicos,
biodiversidad,
contaminación,
Córdoba
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Proponen una emergencia en todo el país por los agrotóxicos
Proponen declarar la emergencia sanitaria y ambiental en todo el país por los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Solanas junto a su colega Daniel Filmus, presentaron un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Sanitaria, Social y Ambiental en todo el país ante los problemas ocasionados a la salud pública como consecuencia de la contaminación de aire, tierra y agua derivados de la aplicación de agroquímicos. El proyecto de Solanas sostiene que esta situación amerita la acción inmediata y urgente de las autoridades públicas competentes.
En el proyecto, se prevé la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), como autoridad de aplicación de la emergencia declarada, y según la propuesta dicha Comisión, y los Gobiernos locales serán los encargados de diseñar, conjuntamente con grupos ambientales y universidades, un equipo interdisciplinario, a fin de planificar, proponer y ejecutar políticas públicas al respecto. Asimismo, deberán remitir al Congreso de la Nación los informes respectivos, que den cuenta sobre el manejo de la emergencia, el restablecimiento de la salud de la población, la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales en las zonas declaradas en emergencia.
En los considerandos de la iniciativa, Solanas afirma que “la grave situación que atraviesa nuestro país por la aplicación de glifosato, ha colocado a nuestra región, ante una situación de contaminación ambiental que merece la pronta y urgente atención de todas las autoridades públicas”.
Además de Solanas y Filmus, el proyecto lleva la firma de los diputados nacionales Guillermo Carmona, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Alejandro Ramos, Walter Correa y Alberto Ciampini.
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Fecha de Publicación: 30/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Nacional
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Solanas junto a su colega Daniel Filmus, presentaron un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Sanitaria, Social y Ambiental en todo el país ante los problemas ocasionados a la salud pública como consecuencia de la contaminación de aire, tierra y agua derivados de la aplicación de agroquímicos. El proyecto de Solanas sostiene que esta situación amerita la acción inmediata y urgente de las autoridades públicas competentes.
En el proyecto, se prevé la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA), como autoridad de aplicación de la emergencia declarada, y según la propuesta dicha Comisión, y los Gobiernos locales serán los encargados de diseñar, conjuntamente con grupos ambientales y universidades, un equipo interdisciplinario, a fin de planificar, proponer y ejecutar políticas públicas al respecto. Asimismo, deberán remitir al Congreso de la Nación los informes respectivos, que den cuenta sobre el manejo de la emergencia, el restablecimiento de la salud de la población, la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales en las zonas declaradas en emergencia.
En los considerandos de la iniciativa, Solanas afirma que “la grave situación que atraviesa nuestro país por la aplicación de glifosato, ha colocado a nuestra región, ante una situación de contaminación ambiental que merece la pronta y urgente atención de todas las autoridades públicas”.
Además de Solanas y Filmus, el proyecto lleva la firma de los diputados nacionales Guillermo Carmona, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Alejandro Ramos, Walter Correa y Alberto Ciampini.
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Niños fumigados, suspenden fumigaciones en San José
Tras evacuar escuela por agrotóxicos, prohíben por 60 días fumigar en San José
Fecha de Publicación: 27/03/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo decidió el HCD de San José, luego de que niños y docentes de tres escuelas sufrieran las consecuencias de la aplicación de agroquímicos la semana pasada.
Tras la sucesión de hechos y denuncias de los vecinos de Perucho y también de El Brillante, el Concejo Deliberante de San José, aprobó anoche, sobre tablas, una Ordenanza por la cual prohíbe por 60 días las fumigaciones -pulverizaciones- aéreas, terrestres autopropulsadas o de arrastre de productos agroquímicos y/o plaguicidas, quedando exceptuadas las que se realicen con fines sanitarios y que cuenten con habilitación municipal.
El sector abarcado por la prohibición es el área urbana y denominado intersticio urbano, de acuerdo a la Ordenanza Nº 10/2011 de Ordenamiento Territorial, donde están incluidos los campos que se encuentran la arrocera y las plantaciones de nuez pecan, en la zona de Perucho Verne, lugar de las polémicas fumigaciones.
La Ordenanza Nº 01/2018 sancionada anoche, desde hoy ya está en vigencia y contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo.
Esa norma será transitoria, por dos meses, hasta tanto el Concejo termine de elaborar una Ordenanza definitiva en la cual se viene trabajando con asesoramiento legal y de una ingeniera agrónoma. Afirman que este proyecto tiene como objetivo alcanzar gradualmente la producción de agroecológica, adecuada a la realidad local y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días.
Durante la justificación del proyecto, los concejales afirmaron el municipio no cuenta con las armas suficientes para actuar, ya que la Provincia es la que tiene facultades, pero no ha habido respuestas suficientes de los organismos competentes.
“Desde el Concejo debemos actuar en el cuidado de la salud y la convivencia pacífica de nuestra ciudad”, se indicó desde el oficialismo, según publicó El Observador Regional.
El Concejal Gustavo Woeffray tuvo duros conceptos con “los políticos que están a la expectativa para juntar votos con los problemas de la población, como ya lo hicieron con las inundaciones, con la máquina que se quedó en zanjón o ahora con los agroquímicos”. “No importa que nos critiquen, pero no usen a los vecinos como escudo para sacar un rédito político”, aseveró.
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Fecha de Publicación: 27/03/2018
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Así lo decidió el HCD de San José, luego de que niños y docentes de tres escuelas sufrieran las consecuencias de la aplicación de agroquímicos la semana pasada.
Tras la sucesión de hechos y denuncias de los vecinos de Perucho y también de El Brillante, el Concejo Deliberante de San José, aprobó anoche, sobre tablas, una Ordenanza por la cual prohíbe por 60 días las fumigaciones -pulverizaciones- aéreas, terrestres autopropulsadas o de arrastre de productos agroquímicos y/o plaguicidas, quedando exceptuadas las que se realicen con fines sanitarios y que cuenten con habilitación municipal.
El sector abarcado por la prohibición es el área urbana y denominado intersticio urbano, de acuerdo a la Ordenanza Nº 10/2011 de Ordenamiento Territorial, donde están incluidos los campos que se encuentran la arrocera y las plantaciones de nuez pecan, en la zona de Perucho Verne, lugar de las polémicas fumigaciones.
La Ordenanza Nº 01/2018 sancionada anoche, desde hoy ya está en vigencia y contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo.
Esa norma será transitoria, por dos meses, hasta tanto el Concejo termine de elaborar una Ordenanza definitiva en la cual se viene trabajando con asesoramiento legal y de una ingeniera agrónoma. Afirman que este proyecto tiene como objetivo alcanzar gradualmente la producción de agroecológica, adecuada a la realidad local y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días.
Durante la justificación del proyecto, los concejales afirmaron el municipio no cuenta con las armas suficientes para actuar, ya que la Provincia es la que tiene facultades, pero no ha habido respuestas suficientes de los organismos competentes.
“Desde el Concejo debemos actuar en el cuidado de la salud y la convivencia pacífica de nuestra ciudad”, se indicó desde el oficialismo, según publicó El Observador Regional.
El Concejal Gustavo Woeffray tuvo duros conceptos con “los políticos que están a la expectativa para juntar votos con los problemas de la población, como ya lo hicieron con las inundaciones, con la máquina que se quedó en zanjón o ahora con los agroquímicos”. “No importa que nos critiquen, pero no usen a los vecinos como escudo para sacar un rédito político”, aseveró.
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El agronegocio contrataca por ordenanzas restrictivas
Semilleras y agroquímicos buscan frenar las ordenanzas municipales por el uso del glifosato
Fecha de Publicación: 26/03/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El aumento al rechazo por el uso de los agroquímicos en el campo en distintas localidades del interior del país, comenzó a ser tomado en serio por la industria que ve en ella un problema que podría implicar un cambio en el paradigma de la revolución verde. El tema comenzó a ser ruido cuando Rosario, cuna de la soja, prohibió en diciembre pasado el uso del glifosato, que pese a que se buscó la forma de frenarlo, la ordenanza fue aprobada. En esa línea, la provincia de Entre Ríos lleva la delantera en decirle no a los fitosanitarios: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, van en esa línea.
Por eso las empresas entienden que deben tomar las riendas e impulsan que sean los productores los que enfrenten la defensa del negocio contra los ambientalistas.
La semana pasada representantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) se reunieron en Pergamino en donde se mostraron preocupados por el avance de las ordenanzas y propusieron que sean los productores apoyados por técnicos de la industria los que refuten la posición de los concejales y ambientalistas. Pero para eso se necesita tiempo y dinero; dado que habrá que capacitar a las distintas entidades del campo en donde se deberá encontrar a la persona adecuada que pueda representar al sector.
El objetivo es estar atento a los avances que puedan surgir en los Concejos Deliberantes para de esa forma adelantarse a la prohibición generando la idea de un debate público y poder así emitir opinión al respecto.
Ayer sin ir mas lejos en la localidad de San José, en Entre Ríos, se prohibió por un plazo de 60 días las fumigaciones con agroquímicos, al sancionar una ordenanza que impone esa restricción y que rige en todo el territorio de esta localidad ubicada en el departamento Colón.
La ordenanza Nº 01/2018 contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo. El objetivo de la norma, según aseguraron los concejales, es alcanzar gradualmente la producción agroecológica adecuada a la realidad de San José y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días, reveló Telám.
Concordia es otra de las ciudades que quiere prohibir el glifosato, medida impulsada por Cambiemos. Para eso el próximo martes tendrá lugar una audiencia donde todas las fuerzas vivas darán su opinión. Esta localidad es comandada por el Frente Para la Victoria, que casualmente no estaría dando apoyo a la posible ordenanza. Hace poco su intendente Enrique Cresto, fue distinguido por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, como uno de los municipios a nivel nacional con mejor desempeño en el ranking nacional de gestiones comunales.
El tema divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario que respaldan la limitación al uso de glifosato señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura mas amigable con el medio ambiente.
Muchos de ellos fueron tomados como "brutos" en los grupos de WhatsApp por no "entender" e "interpretar" lo que el Gobierno Nacional "piensa" sobre los agroquímicos.
Queda claro que no hay igualdad de opiniones. El debate debería ser amplio, pero éste busca estar cerrado a un pequeño entorno. Quizás la próxima semana cuando se reúna el Cofema se puedan barajar algunos lineamientos "no obligatorios" para la provincias. Lo ideal sería que se proponga un proyecto de ley para trasladar la discusión en el Congreso.
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Fecha de Publicación: 26/03/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
El aumento al rechazo por el uso de los agroquímicos en el campo en distintas localidades del interior del país, comenzó a ser tomado en serio por la industria que ve en ella un problema que podría implicar un cambio en el paradigma de la revolución verde. El tema comenzó a ser ruido cuando Rosario, cuna de la soja, prohibió en diciembre pasado el uso del glifosato, que pese a que se buscó la forma de frenarlo, la ordenanza fue aprobada. En esa línea, la provincia de Entre Ríos lleva la delantera en decirle no a los fitosanitarios: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, van en esa línea.
Por eso las empresas entienden que deben tomar las riendas e impulsan que sean los productores los que enfrenten la defensa del negocio contra los ambientalistas.
La semana pasada representantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) se reunieron en Pergamino en donde se mostraron preocupados por el avance de las ordenanzas y propusieron que sean los productores apoyados por técnicos de la industria los que refuten la posición de los concejales y ambientalistas. Pero para eso se necesita tiempo y dinero; dado que habrá que capacitar a las distintas entidades del campo en donde se deberá encontrar a la persona adecuada que pueda representar al sector.
El objetivo es estar atento a los avances que puedan surgir en los Concejos Deliberantes para de esa forma adelantarse a la prohibición generando la idea de un debate público y poder así emitir opinión al respecto.
Ayer sin ir mas lejos en la localidad de San José, en Entre Ríos, se prohibió por un plazo de 60 días las fumigaciones con agroquímicos, al sancionar una ordenanza que impone esa restricción y que rige en todo el territorio de esta localidad ubicada en el departamento Colón.
La ordenanza Nº 01/2018 contempla sanciones ante transgresiones que conllevarían, en el primero de los casos, a la clausura del predio por una semana como mínimo. El objetivo de la norma, según aseguraron los concejales, es alcanzar gradualmente la producción agroecológica adecuada a la realidad de San José y sin que altere la convivencia social, como si ocurre por estos días, reveló Telám.
Concordia es otra de las ciudades que quiere prohibir el glifosato, medida impulsada por Cambiemos. Para eso el próximo martes tendrá lugar una audiencia donde todas las fuerzas vivas darán su opinión. Esta localidad es comandada por el Frente Para la Victoria, que casualmente no estaría dando apoyo a la posible ordenanza. Hace poco su intendente Enrique Cresto, fue distinguido por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, como uno de los municipios a nivel nacional con mejor desempeño en el ranking nacional de gestiones comunales.
El tema divide aguas dentro de Cambiemos. Algunos concejales consultados por este diario que respaldan la limitación al uso de glifosato señalaron que sus propios pares del partido no toman en cuenta las objeciones de querer impulsar una agricultura mas amigable con el medio ambiente.
Muchos de ellos fueron tomados como "brutos" en los grupos de WhatsApp por no "entender" e "interpretar" lo que el Gobierno Nacional "piensa" sobre los agroquímicos.
Queda claro que no hay igualdad de opiniones. El debate debería ser amplio, pero éste busca estar cerrado a un pequeño entorno. Quizás la próxima semana cuando se reúna el Cofema se puedan barajar algunos lineamientos "no obligatorios" para la provincias. Lo ideal sería que se proponga un proyecto de ley para trasladar la discusión en el Congreso.
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El drama de las escuelas fumigadas en Entre Rïos no para
En una misma semana los chicos de una escuela de San José fueron fumigados dos veces
Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Mendoza: variado reclamo en el Carrusel Vendimial
El reclamo contra la minería contaminante se hizo sentir
Fecha de Publicación: 08/03/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura encabezaron las contramarchas y protestas en el Carrusel Vendimial bastante politizado por la cantidad de reclamos, entre ellos los de docentes o los de la familia de Darío Chacón.
A esto se sumó la queja contra la pulverización de las vides incluida en el proceso para la lucha contra la lobesia botrana, más conocida como polilla de la vid.
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Fecha de Publicación: 08/03/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura encabezaron las contramarchas y protestas en el Carrusel Vendimial bastante politizado por la cantidad de reclamos, entre ellos los de docentes o los de la familia de Darío Chacón.
A esto se sumó la queja contra la pulverización de las vides incluida en el proceso para la lucha contra la lobesia botrana, más conocida como polilla de la vid.
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Agricultura: los millones de toneladas de agroquímicos 2017
En 2017 aumentó el uso de agroquímicos y fertilizantes en 3,7 millones de toneladas
Fecha de Publicación: 05/03/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El consumo de agroquímicos y fertilizantes se incrementó por un total estimado de 3,8 millones de toneladas, frente a las 3,6 millones de toneladas del año anterior. No obstante, el reporte resalta que "el 69,5% del consumo respondió a importaciones".
Los factores del crecimiento
Los debates en torno al uso de los agroquímicos y a la prohibición del glifosato por citar un ejemplo, no detienen su uso. Desde la consultora, se refirieron a que en los últimos 25 años hubo un crecimiento considerable en la utilización de agroquímicos y fertilizantes a raíz de la expansión agrícola y del incremento de la producción.
Para Alejandro Ovando, Director de la consultora, las perspectivas son positivas para el segmento de agroquímicos y fertilizantes, como respuesta a la mejora del sector agropecuario tras la eliminación y la baja de retenciones y el crecimiento del área sembrada.
Entre otras variables que motivaron el crecimiento del rubro, detallan: la devaluación del peso, la eliminación de trabas a las exportaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y girasol le dieron impulso al mercado de fertilizantes local, lo que generó un crecimiento en el año 2016, dada la mayor área sembrada y la intensificación de fertilizantes por hectárea y hacia el 2017, continuó la tendencia positiva.
Comercio exterior
De acuerdo al reporte, en 2017 el comercio exterior de agroquímicos y fertilizantes mostró una disminución tanto en valores como en cantidades transadas. En lo que respecta a las cantidades, se enviaron 256 mil toneladas, un 27,9% por debajo de las 355 mil toneladas del 2016, por lo que se revirtió la tendencia creciente observada desde 2014.
“Las ventas externas medidas en valores alcanzaron los USD 396 millones, un 13,5% por debajo de los USD 458 millones del 2016”.
Los destinos de exportación en valores durante el año pasado se concentraron en el mercado regional: Brasil llevó la delantera con un 32,7%, seguido por Paraguay con un 24,1%; Bolivia con un 12,5%; Uruguay con un 11,3%; y Chile con un 9,6% de participación.
Las importaciones de agroquímicos y fertilizantes en valores, lograron USD 1.846 millones, un 1,5% por encima de los USD 1.818 millones del 2016. "El incremento respondió a una suba del 30,7% de las compras externas de herbicidas a base de la disminución glifosato al alcanzar los USD 400 millones, y una caída del 5,5% del total de los abonos nitrogenados por USD 729 millones, que en su conjunto tuvieron una participación del 39,5% en las importaciones", analizaron.
En cuanto a las cantidades importadas, totalizaron unas 2.640 mil toneladas, 6,7% por debajo de las 2.829 mil toneladas del 2016. En lo referido a los orígenes relevantes de las importaciones en valores, China ocupó el primer lugar con el 29,8%, seguido por Estados Unidos con el 24,1%. En tanto, Brasil ocupó el tercer lugar, algo alejado, con el 7,5%, mientras que Rusia ocupó la cuarta posición, con el 6,2%.
Horizonte prometedor
Las perspectivas para el sector son positivas para este año. En este sentido, vale la pena destacar que si bien las leyes llevan su tiempo, hace una semana los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria firmaron una normativa conjunta basada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y además se anunció la reglamentación de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que se publicó el pasado 20 en el Boletín Oficial.
Para avanzar en todo esto, han decidido crear un grupo de trabajo que elaborará los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, dado que su uso es muy cuestionado y requiere de una correcta aplicación.
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Fecha de Publicación: 05/03/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El consumo de agroquímicos y fertilizantes se incrementó por un total estimado de 3,8 millones de toneladas, frente a las 3,6 millones de toneladas del año anterior. No obstante, el reporte resalta que "el 69,5% del consumo respondió a importaciones".
Los factores del crecimiento
Los debates en torno al uso de los agroquímicos y a la prohibición del glifosato por citar un ejemplo, no detienen su uso. Desde la consultora, se refirieron a que en los últimos 25 años hubo un crecimiento considerable en la utilización de agroquímicos y fertilizantes a raíz de la expansión agrícola y del incremento de la producción.
Para Alejandro Ovando, Director de la consultora, las perspectivas son positivas para el segmento de agroquímicos y fertilizantes, como respuesta a la mejora del sector agropecuario tras la eliminación y la baja de retenciones y el crecimiento del área sembrada.
Entre otras variables que motivaron el crecimiento del rubro, detallan: la devaluación del peso, la eliminación de trabas a las exportaciones, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y girasol le dieron impulso al mercado de fertilizantes local, lo que generó un crecimiento en el año 2016, dada la mayor área sembrada y la intensificación de fertilizantes por hectárea y hacia el 2017, continuó la tendencia positiva.
Comercio exterior
De acuerdo al reporte, en 2017 el comercio exterior de agroquímicos y fertilizantes mostró una disminución tanto en valores como en cantidades transadas. En lo que respecta a las cantidades, se enviaron 256 mil toneladas, un 27,9% por debajo de las 355 mil toneladas del 2016, por lo que se revirtió la tendencia creciente observada desde 2014.
“Las ventas externas medidas en valores alcanzaron los USD 396 millones, un 13,5% por debajo de los USD 458 millones del 2016”.
Los destinos de exportación en valores durante el año pasado se concentraron en el mercado regional: Brasil llevó la delantera con un 32,7%, seguido por Paraguay con un 24,1%; Bolivia con un 12,5%; Uruguay con un 11,3%; y Chile con un 9,6% de participación.
Las importaciones de agroquímicos y fertilizantes en valores, lograron USD 1.846 millones, un 1,5% por encima de los USD 1.818 millones del 2016. "El incremento respondió a una suba del 30,7% de las compras externas de herbicidas a base de la disminución glifosato al alcanzar los USD 400 millones, y una caída del 5,5% del total de los abonos nitrogenados por USD 729 millones, que en su conjunto tuvieron una participación del 39,5% en las importaciones", analizaron.
En cuanto a las cantidades importadas, totalizaron unas 2.640 mil toneladas, 6,7% por debajo de las 2.829 mil toneladas del 2016. En lo referido a los orígenes relevantes de las importaciones en valores, China ocupó el primer lugar con el 29,8%, seguido por Estados Unidos con el 24,1%. En tanto, Brasil ocupó el tercer lugar, algo alejado, con el 7,5%, mientras que Rusia ocupó la cuarta posición, con el 6,2%.
Horizonte prometedor
Las perspectivas para el sector son positivas para este año. En este sentido, vale la pena destacar que si bien las leyes llevan su tiempo, hace una semana los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria firmaron una normativa conjunta basada en las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y además se anunció la reglamentación de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que se publicó el pasado 20 en el Boletín Oficial.
Para avanzar en todo esto, han decidido crear un grupo de trabajo que elaborará los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, dado que su uso es muy cuestionado y requiere de una correcta aplicación.
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Gobierno impulsará la regulación de fumigaciones
El Gobierno busca regular la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Fecha de Publicación: 23/02/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno impulsará mediante una resolución un marco regulatorio para la aplicación de productos fitosanitarios, informaron ayer los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman , y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere . La iniciativa oficial se da en un contexto en el que muchos municipios avanzan en normas propias para la aplicación del herbicida glifosato, entre otros agroquímicos.
Ambos funcionarios anunciaron que crearán un grupo de trabajo cuyo objetivo será elaborar los principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en agricultura y alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. En 90 días el grupo deberá entregar un informe.
El equipo estará compuesto por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Salud; Agroindustria, y Ambiente; el Consejo Federal Agropecuario (CFA); el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema); el INTA, y el Senasa. Etchevehere aclaró que el resultado del informe será una "sugerencia" a los municipios, que son los que deben reglamentar estas cuestiones. Además, anunció que convocó para el 5 de marzo a una reunión conjunta donde representantes del Cofema y el CFA tratarán esta temática.
Por su parte, Bergman indicó: "Cada equipo profesional [de cada ministerio] tiene sus expertos y su mirada; es sano y bueno que tengamos las discusiones mano a mano para que encontremos consenso. El debate tiene que ser técnico". Además, afirmó que una vez que se constituya el grupo de trabajo, lo que estiman será en marzo, es probable que surja un anteproyecto de ley de presupuesto mínimo nacional de la aplicación de fitosanitarios. "Las BPA también son importantes para no perder mercados", agregó.
Ambas carteras indicaron que avanzarán en una mejor definición de los principios rectores para la regulación de la aplicación de esos productos, especialmente en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección.
Además, señalaron que la normativa reconocerá la autonomía de las distintas jurisdicciones, se focalizará en destacar la importancia de hacer aplicaciones correctas y respetará las pautas de uso del producto y su manejo a campo, lo que incluye las condiciones ambientales para pulverizar.
Reglamentación
Etchevehere anunció además la reglamentación de la ley de envases vacíos. Las empresas que registran fitosanitarios tendrán que "hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos".
A partir de esta legislación, se implementan sistemas de recolección y lugares de destino de los recipientes y se establece un régimen especial de tratamiento, con el cual los productores deberán entregar sus envases libres de producto (a través del triple lavado o lavado a presión) en los centros de almacenamiento transitorio (CAT). Allí se los canalizará para dos vías: reciclaje o disposición final.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Córdoba sin remediaciones
Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Paraná: que se vetó de la ordenanza anti glifosato?
Cuáles son los artículos vetados de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Científicos comprueban que el Paraná tiene glifosato
Científico del Conicet asegura que el Paraná esta contaminado con glifosato
Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Fecha de Publicación: 11/02/2018
Fuente: Infovera
Provincia/Región: Litoral
No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública”. Esa frase repetía una y otra vez, cuando recorría el país, Andrés Carrasco, reconocido científico del Conicet fallecido hace tres años, quien confirmó los efectos devastadores del glifosato en la salud. El enunciado fue usado ayer al final de la exposición del doctor Damián Marino, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP).
Es que las conclusiones de su presentación demandan la acción inmediata del Estado para frenar los efectos del modelo productivo sobre los recursos naturales. “Tenemos esa convicción de la universidad pública y es nuestro primer deber empoderar a las comunidades, sobre todo cuando se trata de salud pública”, enfatizó el investigador. Marino fue el primero de los disertantes, y durante más de media hora expuso los resultados de los estudios que revelaron la presencia de residuos de agroquímicos y metales pesados en las aguas de los ríos Paraguay y Paraná.
Luego fue el turno de la doctora en Química Alcira Trinelli, investigadora de la UBA y del Conicet, e integrante de un equipo que durante cinco años (2010-2015) documentó el estado del recurso hídrico en la zona de Pampa del Indio. Acompañó las presentaciones, además del diputado Trabalón, el referente de la Red de Salud Popular, Pablo Fernández Barrios. Y estuvieron presentes la defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá; la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Claudia Terengui; la mujer destacada del año, María Angélica Kees; representantes de la Administración Provincial del Agua (APA) y alumnos de la ENS Nº 67 de Resistencia. Marino reveló detalles que verifican el impacto del “modelo agroproductivo” en la cuenca del río Paraná, un recurso hídrico fundamental para el país. Explicó que la cuenca, en su tramo superior, tiene “concentraciones de distintos insecticidas de uso agrícola”; mientras que desde la cuenca media hacia la baja existe “contaminación múltiple” con algunos metales y principalmente con glifosato. “Son los sitios más afectados. El glifosato es una molécula dominante. El Paraná está en problemas”, resaltó. Si se contrastan los valores obtenidos por las investigaciones con los niveles guías (referencias aceptadas en el país y en el mundo), las muestras superaban a esos niveles en endosulfan, clorpirifos y cipermetrina. “La publicación científica validada a nivel internacional dice que todas las muestras de agua superaron para, al menos alguno de los plaguicidas, el nivel guía recomendado para toda la biota acuática. Y recomienda articular políticas inmediatas para el manejo de los plaguicidas en la cuenca”, repasó el catedrático.
Parte de la presentación del doctor en Química, Damián Marino, donde repasó efectos letales y subletales en sedimentos del río. Los estudios científicos en la cuenca del Paraná-Paraguay se plasmaron en tres publicaciones asociadas: la primera, en 2013, sobre efectos observados en sedimentos (el barro del fondo del río); la segunda en 2016 y la más reciente en enero de 2017, donde se comprobó la presencia de un conjunto de pesticidas en el agua y en el sedimento. Todas las investigaciones tuvieron como escenario el tramo argentino del Paraná. Para el trabajo científico, la UNLP logró la cooperación de Prefectura Naval Argentina, que aportó el buque “Dr. Leloir”. “Las muestras se tomaron en las desembocaduras de los arroyos o ríos que drenan desde el interior del país hacia el Paraná, con el objetivo de ver el goteo permanente sobre el gran río”, contó Marino. Precisó que el tramo en el que trabajaron desde el buque Leloir abarcó desde el río Pilcomayo hasta Rosario; mientras que desde Rosario hasta Luján las muestras fueron tomadas en cada desembocadura, pero llegando a los lugares vía terrestre. De las muestras obtenidas se analizaron los efectos letales (organismos muertos) y subletales (alteración del desarrollo y la reproducción). “Lo relevante que se obtuvo es que las concentraciones de metales no superaban los niveles guías”, reveló, y puntualizó que sólo el plomo hallado en casi todas las muestras de sedimentos, en cantidades inferiores a las aceptadas, comprobaba la incidencia de las actividades antrópicas de ciudades que recorre el Paraná en su cuenca. “Se ve que ríos como el San Lorenzo, Saladillo o el Pavón tienen sedimentos con concentraciones altas” que provocaban efectos letales en organismos. En tanto, implicancias subletales se notaron en la cuenca alta (provincia de Buenos Aires), con alteraciones en el crecimiento vinculadas a altos niveles de plaguicidas. “Mirando los resultados, veíamos que el glifosato estaba pegado en partículas en suspensión o formando parte del sedimento.
A partir de la cuenca media empezaba a aumentar la concentración. Y cuando llegaba a la altura de Luján, había aumentado mucho”, subrayó. Llevando la explicación a números y comparaciones, alertó que los niveles de glifosato más AMPA (metabolito en la degradación del glifosato) halladas en la cuenca del río “son unas cuatro veces las concentraciones que pueden encontrarse en un campo sembrado con soja”. Entonces concluyó: “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”. Hay más: todas las muestras de agua, material en suspensión y sedimento de fondo tenían presencia de insecticidas diseñados para matar insectos. “Esto muestra que los insecticidas están distribuidos a lo largo de toda la cuenca”, indicó el investigador. En tanto, advirtió que tras la prohibición de uso del endosulfan (un insecticida), hubo otros sustitutos que fueron lanzados al mercado. Hoy, el más barato es el clorpirifós. “El ambiente estaba dando aviso a esa situación, al uso que se le da a los recursos”, indicó. Comparando, dijo que de la carga total de plaguicidas, el 90% es de glifosato y el 10% restante se reparte entre clirpirifós, cipermetrina y endosulfán. “Eso es un reflejo del mercado de fitosanitarios”, sostuvo. El contexto inicial en que Marino ubicó su presentación fue el informe de Planeta Vivo, una organización internacional que elabora un índice que mide la biodiversidad del planeta. Ese índice fue hecho sobre 10 mil especies de distinto tipo. “Se ve que entre 1970 y 2010, hubo un decaimiento del 52% de las poblaciones a nivel mundial. Pero en América Latina el valor es 80%. No es que hay menos especies, sino que los grupos poblacionales son más chicos”, graficó, y trasladando a la experiencia cotidiana explicó que la gente puede observar la presencia de menos cantidades de ranas o de peces. Como concepto emergente del informe, resaltó que en menos de dos generaciones humanas se destruyó la mitad de la población de especies que había en la Tierra durante toda su evolución.
En tanto, utilizando el concepto de Huella Ecológica, que se mide en varios países, dijo que “Argentina tiene esencialmente una huella basada en los sistemas agroproductivos”. Luego, apuntó otro dato gráfico: tomando la biocapacidad, es decir cuánto puede ofrecer el planeta respecto de lo que se está usando, y cruzando con información de la evolución poblacional, puede verse que el 8 de agosto de 2016 la humanidad consumió todos los recursos naturales de ese año. “A partir de ahí consumimos recursos a crédito, se los estamos sacando a las generaciones futuras. La última vez que salimos hechos fue en diciembre 1970. Hoy estamos consumiendo por año un planeta y medio. Algo no está andando”, alertó. Al respecto, resaltó que los plaguicidas “son una huella que vamos dejando a los sistemas ecológicos”. “Tienen asociado un concepto de dinámica. Desde el momento de la aplicación, ocurrirán procesos en la atmósfera, en el suelo, y otros que vincularán el suelo con el agua. Se dan todos en forma simultánea”, expuso. Al iniciar su presentación, el doctor Marino resaltó que todos los trabajos presentados son fruto de un equipo de investigación dirigido hasta el año pasado por la investigadora del Conicet Alicia Ronco, fundadora de la carrera de Ambiente de la UNLP Antes, resaltó que todos los resultados obtenidos en las investigaciones fueron costeados por fondos públicos, y de ahí la importancia de que “vuelvan a la población” en forma de estudios que ayuden a advertir algunas situaciones que requieren de políticas públicas diseñadas y aplicadas sin más postergaciones. Luego de hallar glifosato en el agua usada para consumo en Pampa del Indio, en el año 2012, la medida cautelar interpuesta tuvo efectos y las pulverizaciones dejaron de hacerse en superficies cercanas a poblaciones. Así lo resumió la doctora en Química de la UBA y científica del Conicet, Alcira Trinelli, quien durante cinco años estudió el agua para consumo y riego en esa localidad chaqueña y en parajes de la zona donde predomina la población aborigen y con alto nivel de vulnerabilidad social. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó Alcira Trinelli (UBA-Conicet) Trinelli explicó que las muestras se tomaron en la planta potabilizadora, aljibes de escuelas, aguas de napas, Pampa Chica, Lote 4, Campo Medina y Campo Nuevo; el río Bermejo y la red de agua de Presidencia Roca. Hubo campañas de muestreo en 2012, 2013 y 2014. Al margen de la contaminación del agua con bacterias, con valores que exceden los parámetros legislados, en la primera campaña fue hallado glifosato. “Sabíamos que en ese momento, en 2012, había aviones fumigando sin restricciones sobre la lejanía de las zonas pobladas.
Encontramos niveles elevados, como las 500 partes por billón en la entrada de la planta de tratamiento de agua”, contó. “Gracias a la medida cautelar que se interpuso poco después de esos muestreos donde se halló glifosato, a partir de 2013 en las muestras no fue detectado nuevamente”, ponderó. Lo más preocupante, recordó, fue el agua analizada en la zona de Campo Medida, que mezclaba múltiples contaminantes. “En todos los parajes encontramos algún tipo de tóxico, excepto en el río Bermejo y en Presidencia Roca”, expuso. Alcira Trinelli es parte del equipo conformado por investigadores y estudiantes de las facultades de Ciencias Exactas y de Medicina de la UBA. El trabajo en Pampa del Indio, que abarcó cinco años, fue financiado con recursos de un voluntariado, subsidios de la Subsecretaria de Políticas Universitarias y de la propia universidad. La iniciativa surgió por un pedido expreso de la comunidad qom de Pampa del Indio, ante la falta de acceso al agua de calidad. Hubo varias organizaciones que actuaron como contraparte. El objetivo fue analizar la calidad del agua para consumo y riego, para generar una herramienta científica que sirviera para sustentar reclamos de acceso al agua.
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Muerte de peces en el Litoral: ¿calor o agroquímicos?
Alerta por la gran mortandad de peces en los ríos del litoral argentino
Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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Fecha de Publicación: 10/02/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Litoral
Lugareños de las zonas afectadas dispararon la alarma. Los especialistas santafesinos aseguran que la causa es la escasez de oxígeno en el agua
Numerosos pobladores, pescadores, baqueanos y trabajadores rurales del extremo nordeste provincial advirtieron durante el fin de semana por medio de las redes sociales sobre la altamente preocupante mortandad de peces registrada en las aguas del río Paraná y sus afluentes y en el río San Javier, en el departamento homónimo. Fueron estos mismos habitantes de esas regiones quienes recomendaron a las autoridades se imponga una fuerte restricción a la posible recolección, venta y consumo de los ejemplares hallados porque consideran que están fuertemente contaminados.
En posiciones diametralmente opuestas a la del gobierno provincial, que atribuye los hechos "a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas", los pobladores de la zona no dudaron en atribuir la mortandad de peces al "lavado" de los sembradíos de soja, caña de azúcar, arroz y algodón lindantes con los cauces y fumigados con diversos agroquímicos de alta toxicidad
Entre los mensajes viralizados en las redes se destaca que los peces muertos no son solo los que se ven a simple vista sino que la cantidad se duplica si se considera la gran cantidad que muere y queda retenida bajo el agua por los camalotales.
Los pescadores de las zonas afectadas destacan la "impresionante cantidad de corvina de río muerta que hay" y reclaman que se inspeccione "qué tiene el agua. Hay que advertir para que la corvina no se consuma. Llamen a la radio, a los diarios, a Prefectura para que alguien difunda esto; para que no se consuma ese pescado. Dicen que es impresionante Uno levanta un poco el camalote y abajo flota la corvina muerta", se indicó.
Otros testimonios de la población que circularon el viernes por las redes entre videos y audios de emisoras y canales de Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe señalaban que "están muriendo muchísimos peces en el norte porque todas la chacras estaban regadas con veneno para la soja y el algodón y como llovió mucho eso se fue con el agua al río y está matando a todos los peces. Recomienden no comprar pescado, porque puede morir la gente; den la alerta máxima".
Asimismo, se indicaba que "la contaminación viene de río arriba, pero estamos viendo si es desde Asunción. porque hay mucha posibilidad también de que sea en la estancia La Emilia (ubicada sobre el río 10 kilómetros al norte de la ciudad de Corrientes —y que fue comprada por capitales brasileños y está cultivando unas 9.000 hectáreas de arroz. Allí fumigan con veneno fosforado y esa agua salió toda al río. Esa agua está contaminada y mata a los peces".
Desde la provincia
Desde el gobierno provincial se indicó que "el fenómeno obedece a la disminución de los niveles de oxígeno, por las altas temperaturas, entre otras causas. Se recomienda consumir solo pescado fresco, convenientemente lavado y adecuadamente conservado".
El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró un informe sobre la mortandad en ríos de la provincia. El mismo señala que las altas temperaturas, acompañadas de una repentina crecida del caudal de agua, están provocando una disminución en los niveles de oxígeno. El documento advierte que la reciente crecida arrastró la materia orgánica de lagunas, que sumada a las altas temperatura y al entrar esta en descomposición, disminuyó aún más los niveles de oxígeno. El informe afirma que "esta situación se manifiesta en ambientes de aguas poco profundas, no así en el cauce principal de los ríos".
El director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), Eduardo Elizalde, dijo que está totalmente desaconsejado el consumo de ejemplares, muertos o moribundos en estas circunstancias, ya que los peces se descomponen y podrían representar un grave riesgo para la salud. Sólo debe consumirse el pescado fresco, que es el obtenido de especímenes sanos y de calidad adecuada para el consumo humano, convenientemente lavado y adecuadamente conservado.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Entre Ríos: sociedad se organiza contra los agrotóxicos
Contra los agrotóxicos, en la calle y en tribunales
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Multarán a empresa que quemaba bidones de agroquímicos
Multarán a empresa agroindustrial por cometer una falta ambiental gravísima
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Cóndores envenenados: se entrega el puestero prófugo
Se entregó el puestero que estaba prófugo tras la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra
El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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