Córdoba sin remediaciones
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Deuda ambiental: casi no se hicieron remediaciones
Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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Fecha de Publicación: 15/02/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
A veces su efecto más notorio es el mal olor, aunque en algunos casos los vecinos llevan la contaminación en la sangre. Eso los distingue; lo que tienen en común es que casi todos los sitios contaminados de la provincia aún están sin remediar.
Se trata de fundiciones, emprendimientos nucleares, depósitos de agroquímicos, rellenos sanitarios, basurales y canteras. En sus suelos hay metales pesados, sustancias radiactivas y otros residuos que pueden generar problemas de salud a la población. A veces, la actividad altera el ambiente: se desmonta o se cambia la fisonomía del terreno.
A pesar de que la Justicia, un municipio o la Provincia solicitaron la remediación del lugar, muchos de estos predios siguen funcionando o están habitados. En el mejor de los escenarios, se clausuró el lugar. Algunas canteras lograron recomponer parte del predio.
Una remediación implica no sólo cerrar el sitio, sino remover o neutralizar la contaminación para evitar daños en la salud y en el ambiente.
La ley 10.208, sancionada en 2012, obliga al Gobierno cordobés a crear el Registro de Pasivos Ambientales de la Provincia (Repa). La norma también indica que el titular de la actividad que generó el pasivo debe recomponer el sitio contaminado.
Javier Britch, secretario de Ambiente de la Provincia, indicó que por ahora sólo tienen un registro georreferenciado de los basurales a cielo abierto. “Son los pasivos ambientales más grandes de la provincia y estamos cerrándolos de a poco. Son más de 400. El año pasado clausuramos 27. La próxima planta de tratamiento de residuos será en Río Tercero, y nos permitirá clausurar 15 basurales más. Luego hay que recomponer esos predios”, explicó.
Radiactivos
Los pasivos ambientales más resonantes son el “chichón” de Alta Córdoba, un enterramiento de 56 mil toneladas de desechos minerales de baja radiación, ubicado en ese barrio de la Capital, y la mina de uranio de Los Gigantes, en las Sierras Grandes.
También son los sitios contaminados más antiguos, ya que la mina dejó de funcionar en 1990, mientras que el “chichón” data de la década de 1960. La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) monitorea los sitios, pero aún no los remedia. Desde la Provincia, informaron que la Cnea presentó el plan de remediación a la Secretaría de Minería de la Provincia, pero le fue devuelto con varias correcciones. A fines de 2017, el organismo nacional volvió a entregarlo y ahora la Provincia lo está evaluando. Se espera que en marzo haya una respuesta.
Agroquímicos
En Alta Córdoba también hay un galpón ya en desuso del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde habían quedado almacenadas 11 toneladas de DDT (dicloro difenil tricloroetano). En 2005 se dispuso su traslado “provisorio” al predio de la empresa Taym, en Bouwer. Sin embargo, la remediación del depósito ordenada por la Justicia en 2007 aún no se llevó a cabo.
“Está abandonado, lleno de contaminantes. Quisiéramos que ya viniera gente de Senasa a limpiar y poner en condiciones ese lugar”, dijo Jorge, un vecino del predio.
El DDT es un pesticida de alto riesgo, que en su momento contaminó la sangre de al menos 28 personas que vivían en cercanías del galpón. “El material que estaba en ese galpón y que fue llevado por una guarda provisoria a Taym, donde permaneció 10 años, estaría pronto a disponerse localmente en una empresa que lo puede tratar”, aseguró Britch.
Y agregó: “Para el galpón de Alta Córdoba, hay una propuesta de la UNC tendiente a remediarlo sacando el revoque y moviendo el suelo, pero eso nunca se ejecutó porque el tema se judicializó y se impidió el acceso”.
Plomo en sangre
Las fundiciones de plomo de Bouwer y General Cabrera tampoco fueron remediadas. El plomo es una sustancia muy tóxica que provoca anemia, daño neurológico y renal y disminución de la fertilidad. Los vecinos de ambos predios registraron altos niveles en sangre de ese metal pesado, como así también sus operarios.
El año pasado, el predio de Bouwer fue vendido. Sus nuevos dueños viven en el lugar. Juan Lupi, jefe comunal, aseguró que intentó, sin éxito, clausurar el sitio y dejar constancia en la escritura de que el terreno está contaminado.
“Tuvimos que ir a la Justicia. La fundición ya dejó de funcionar, pero el suelo está contaminado. La Provincia o la Nación deberían remediarlo”, comentó.
Britch aclaró: “En el momento en el que se clausuraron esas fundiciones, no había ninguna ley que obligara a remediar sitios contaminados. Espero que la Justicia indique que hay que hacerla; por ejemplo, removiendo la escoria de plomo que queda”.
En 2007, Rolando Guadagna, juez civil y comercial de Río Cuarto, consideró que estaba probada la contaminación originada por la fundición de plomo de General Cabrera y que, “pese a conocer el riesgo”, las autoridades municipales y provinciales “nada hicieron” entre 2002 y 2006.
Ordenó a la Provincia realizar estudios de suelo y napas freáticas, además de encarar tareas de remediación y brindar asistencia médica a las familias afectadas.
Hoy la fundición está radicada en un campo de Carnerillo, pero el antiguo predio no fue remediado. En tanto, el basural de General Cabrera, uno de los sitios donde la Justicia había hallado escoria y restos del plomo, fue tapado con tierra y cercado para que nadie pueda ingresar.
“Mi antecesor cerró el basural con un tejido olímpico y en mi gestión se lo cubrió con tierra. En un tiempo se podrá usar para algo, si están interesados y se hacen los estudios correspondientes”, informó Carolina Eusebio, quien fue intendenta de la localidad entre 2007 y 2015.
Un grupo de vecinos demandó a municipio, Provincia y empresa por la contaminación, aunque 11 años después aún no tienen respuesta. “Seguimos esperando justicia. No sólo fueron los problemas de salud; además tuvimos que mudarnos a otro lugar por recomendación médica”, explicó Laura Albornoz, una vecina damnificada.
Residuos urbanos
Según Ambiente de la Provincia, en Córdoba hay 435 basurales a cielo abierto. Para Britch, es el mayor pasivo ambiental que tiene la Provincia. A través de acuerdos socio ambientales (ASA) por regiones, se logró cerrar 105. “Cada cierre implica ordenar la cadena de disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU), desde la clasificación en origen hasta el vertedero, incluyendo acciones de educación, normatización, constitución del ente administrador y tareas de reciclado”, dice Britch.
En la Capital, existen alrededor de 100 microbasurales, indicaron desde la Provincia. En 2015, la Municipalidad encaró un programa para transformarlos en canchas de fútbol, sin mucho éxito. Los vecinos siguieron tirando basura y escombros y en algunos casos se robaron los arcos.
Sobre la ruta 36, al lado de la cárcel de Bouwer, se ubica Potrero del Estado, predio que durante casi 30 años recibió 10 millones de toneladas de RSU de la ciudad de Córdoba y otros municipios y comunas cercanas.
La fosa nueve, la última en la que se dispusieron residuos hasta el cierre del enterramiento en abril de 2010, ya fue cubierta de tierra.
Según la Municipalidad, responsable de la clausura, tras haberse tapado la última fosa sólo resta colocar una cobertura vegetal y continuar haciendo monitoreos ambientales, para devolver el predio al Gobierno provincial en dos años.
Britch indicó que la Provincia proyecta un espacio de generación de energía solar. “La intención es aprovechar una tierra que está muy devaluada para cualquier otro uso, pero que está muy nivelada y es de fácil acceso a la red, en el marco de la Ley de Generación Distribuida”, apuntó el funcionario.
Sin embargo, en 2013 la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por vecinos de Bouwer, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y la Fundación Club de Derecho, para exigir al municipio la remediación del enterramiento y que cese el daño ambiental.
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