Condenan al Estado y a una empresa a indemnizar a una comunidad guaraní

Fecha de Publicación: 30/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2004, sin pedir autorización, la empresaa Refinor realizó obras en territorio de varias comunidades indígenas, una la demandó. Ahora la firma y el Estado nacional deberán pagar por los daños provocados.
El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a la empresa Refinería del Norte SA (Refinor) a abonar una suma a determinar por daños materiales y al Estado nacional a pagar una indemnización de 2 millones de pesos más intereses a les integrantes de la Comunidad guaraní Caraparí por el “daño moral” provocado al ingresar a su territorio sin pedir permiso, sin informar qué se iba a hacer y realizar obras para el tendido de un gasoducto que provocaron grandes cambios a les habitantes originaries.
El fallo, del pasado 23 de diciembre, se tomó en una demanda por daños y perjuicios iniciada por las comunidades Caraparí y El Arenal en contra de las empresas Refinería del Norte SA y Conta SRL en concepto de reparación de daño ecológico, daños morales y materiales. Con representación del abogado Matías Duarte las comunidades aseguraron que estos daños fueron provocados por el accionar de estas empresas violatorio de derechos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria, la  identidad e integridad cultural y la preexistencia asegurados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gasoducto Pocitos - Campo Durán, destinado a importar gas desde Bolivia, comenzó a construirse en agosto de 2004 y su traza pasaba por territorio de las comunidades indígenas El Arenal, La Bendición y Caraparí, El Obraje y Monte Sinaí. En la demanda se reseñó que esta obra se inició sin autorización de las comunidades, sin haber realizado estudios de impacto ambiental, social y cultural y los relativos a seguridad geodésica para obras de esta magnitud. Luego se amplió la demanda contra del Estado nacional, concretamente la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que autorizó el inicio de las obras sin haber realizado estos estudios.
A la hora de resolver, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda, desestimó el reclamo de El Arenal porque había llegado a un acuerdo con Refinor y dejó de lado a Conta SRL porque era solo una contratista, y condenó a "Refinería del Norte S.A. a abonarle (a Caraparí) el valor que se determine de conformidad a lo establecido en el Considerando IV y VI (el daño provocado); y al Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación) la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral de los integrantes, con más los intereses que correspondan, teniendo en cuenta los lineamientos señalados en el Considerando IV y VI".

La consulta es un proceso
El punto IV de los considerandos de la sentencia es sobre la consulta previa, libre e informada. "No existen constancias que con anterioridad al comienzo de las obras (en agosto de 2004), haya existido una correcta consulta previa a las Comunidades sustentada en una información acabada a fin de lograr su consentimiento pleno, en los términos plasmados por los instrumentos internacionales y nacionales" que reconocen este derecho, sostuvo el magistrado.
En el expediente se probó que les integrantes de las comunidades autorizaron la realización de estudios topográficos, y "luego se vieron sorprendidos en su buena fue cuando comenzaron las obras, con el ingreso de maquinaria pesada, sin aviso previo".
Esto derivó en un conflicto ya con la obra empezada, representantes de la provincia de Salta, de Refinor y de las comunidades "suscribieron un acta notarial de cooperación mutua". Sin embargo,  el juez subrayó que tanto este "acta de cooperación mutua suscripta cuando había empezado la ejecución de la obra, como los denominados 'permisos de ingreso' (...), no pueden ser considerados la 'consulta previa y debidamente informada' que debe requerirse a las comunidades, puesto que como se dijo, las comunidades afectadas deberían poder participar de la preparación de los estudios de impacto medioambiental".
Asimismo, el juez recordó que según el Convenio 169 de la OIT, "es obligatoria la realización de procesos de consulta con las comunidades originarias, con la finalidad de llegar a acuerdos y de obtener el consentimiento sobre las medidas propuestas, respecto de decisiones que afectan a sus integrantes y territorio, tiene que ver con el reconocimiento de su existencia". Y, a pesar de que esta consulta no es vinculante y el Estado podría avanzar con una obra aún sin el acuerdo de las comunidades, "evidentemente, la información previa tiende a otorgar mayor legitimidad a la acción, le otorga un rol protagónico a las comunidades y las ilustra sobre el alcance y consecuencias de la obra", razonó el magistrado.
"En definitiva, en el caso, el procedimiento previo de consulta no se adecuó a los estándares internacionales", concluyó, insistiendo en que "El procedimiento previo de consulta, llevado en legal forma, hubiese permitido a las comunidades deliberar y opinar sobre el proyecto y, aunque no hubieran otorgado el consentimiento, habrían sido parte en el proceso decisorio. Esta omisión estatal y el súbito comienzo de la obra en su territorio, generó perturbaciones en la vida comunitaria", aseguró el juez.
Asimismo, recordó que la consulta "no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación", por lo que el "procedimiento de consulta no puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos meramente formales o limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños". Y aseguró que este proceso de consulta "era una responsabilidad del Estado y no de las empresas que iban a llevar a cabo la construcción".
"La representatividad legítima de las autoridades tradicionales fue pasada por alto en numerosas circunstancias, reduciendo los procesos de Consulta y participación recomendados por el Convenio 169 de OIT a 'Actas Acuerdo'" que "no hicieron más que generar conflictos intra e inter comunitarios", recriminó. Por esto, fijó "una indemnización por la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral, cuyo obligado al pago es el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación)".

Reparación de daños
En el punto VI Bavio consideró que "se han producido daños que merecen ser reparados. Estos perjuicios son por un lado de índole material, consecuencia directa e inmediata de la construcción del gasoducto, y moral por la omisión de la consulta previa e informada que debió llevar adelante la demandada antes de comenzar la obra".
En cuanto a los daños materiales, el juez se basó en un informe del perito oficial Pfister Oliver, "del cual se desprende que la instalación del gasoducto causó perjuicios a los integrantes de la comunidad", sobre todo diez familias fueron directamente afectadas por la destrucción de su área de cultivo, y algunas hasta dejaron de ser productoras agrícolas luego de estos destrozos.
La traza del gasoducto dentro de territorio guaraní fue por casi dos kilómetros (1740 metros) con un ancho de 30 metros, ocupando una superficie 5,22 hectáreas. El perito dijo que la obra destruyó flora de árboles (como variedades de algarrobos) y arbustos, y que "es indudable que las familias y las zonas de cultivo tuvieron que ser trasladadas luego de la obra". Incluso desde que se comenzó con la obra "muchas de estas familias abandonaron el área de cultivos; y que muchas de éstas áreas tienen renovales de por lo menos 2 años de arbustos y árboles, prueba clara del abandono efectuado, algunas familias trasladaron sus áreas de cultivos a zonas que no están afectadas por la traza”.
En cuanto al daño moral, "configurado por la omisión de realización de algún tipo de proceso o procedimiento tendiente a informar previa y debidamente a la comunidad sobre la obra que se iba a llevar a cabo", el magistrado dijo que del informe de la pericia antropológica realizada por la antropóloga Mónica Flores Klarik "surge que la obra del gasoducto afectó profundamente la vida de la Comunidad Caraparí, en dos aspectos: uno, material y otro, en sus relaciones socio-políticas".
En efecto, "su economía de subsistencia se vio alterada, en razón de la afectación de la subsistencia de algunas familias del paraje de Madrejones, por la destrucción de cercos de cultivos y predios en donde existían frutales plantados; la destrucción de la vivienda de la familia de Marcos González que estaba en el camino de la traza; la eliminación de árboles de especies autóctonas; y la modificación topográfica que alteró al sentido de la escorrentía del agua".
Y las relaciones sociales fueron alteradas porque "la Comunidad también sufrió por la perturbación de la vida comunitaria y familiar; por la desestabilización de las autoridades tradicionales de la Comunidad; por la ruptura de lazos comunitarios, de relaciones de parentesco e intercomunitarias; y por la alteración de la tranquilidad y armonía comunitaria", como también lo había explicado en su momento el mburuvicha (cacique) Hilario Vera, histórico referente de Caraparí, impulsor de esta demanda que ahora recibió la alegría de esta decisión judicial.
Si bien finalmente el gasoducto no fue construido en tierras de Caraparí, el juez concluyó en que "su traza y su pretendida construcción provocaron daños a la Comunidad Caraparí, que deben ser indemnizados por la Refinería", y para eso consideró "apropiado que las partes inicien y lleven a cabo el procedimiento establecido en la Resolución ENARGAS 3562/2015 (sobre las afectaciones provocadas por instalaciones gasíferas) para la determinación del monto del valor real del bien afectado (tierra) y de los perjuicios directos acreditados y ocasionados por la servidumbre sobre ese espacio".
Para el caso de que "no hubiere acuerdo al respecto dentro del plazo de 20 días de notificada o de quedar firme la sentencia, se requerirá a ENARGAS que establezca el canon 'provisorio', que servirá para cumplimentar con la exigencia de la 'previa indemnización', el que deberá ser abonado junto con los intereses que se calculen tomando la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (art. 5 de la Resolución), desde el momento en el cual Refinerías del Norte SA. ingresó al predio (junio de 2004) para la construcción de las instalaciones", manda la sentencia.
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Agrotóxicos: en Salta hay más diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La investigadora Mariana Schmidt dijo que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias".
Profesionales del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta y de la Atención Primaria de la Salud refirieron que hay un aumento de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas en el norte provincial. El dato surgió en la investigación científica “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, publicada en la “Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales”, una edición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador.
La investigación expone el debate sobre la aplicación de agrotóxicos en Salta en la producción agrícola en Salta y los conflictos que se generaron a raíz de esta situación.
Mariana Schmidt, investigadora del CONICET que además contó con financiamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación para realizar esta investigación, es quien analizó los aspectos relacionados a la parte normativa, política institucional, judicial y social generada con la aplicación de las sustancias que se utilizan para la producción agrícola, sobre todo a gran escala.
La investigadora detalló en el relevamiento que “En entrevistas con profesionales de la salud del servicio de oncología pediátrica del Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), de la ciudad de Salta, y de Atención Primaria de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), refirieron la existencia creciente de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas”.
Según este relevamiento, los profesionales señalaron que “la mayoría de los/as pacientes en oncología pediátrica en el HPMI provienen del departamento de San Martín (entre el 35 y el 40 por ciento), al tiempo que se registra gran cantidad de leucemias y linfomas en niños/as indígenas”.
Como conclusión de esta investigación que toca un tema del que poco se habla en la provincia y que es inherente al modelo de agronegocio que se desarrolla en Salta,  Schmidt entendió que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias” de este sistema.
Con una historia que empezó en la región pampeana una década antes que en el NOA, parece lógico considerar la posibilidad de evaluar en la población los efectos de la aplicación de estas sustancias. Sin embargo, casi no hay datos que provengan desde la salud para cuestionar el modelo impuesto en las zonas del Chaco salteño, actualmente en emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán por las muertes evitables de las infancias originarias, en particular la wichí.

“Venenos útiles” y comunidades inconsultas
Al analizar la discusión legislativa en torno a las normativas que surgieron tras la estimación de los efectos nocivos de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, Schmidt hizo referencia a las controversias en el debate de la Ley 7.812, de 2013, cuyo objetivo es “proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos”.
Entre los ejes del debate legislativo que tuvo lugar en 2012 se identificó como uno de los principales argumentos el “insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas respecto de los daños causados por los agroquímicos”. En palabras de un diputado: “No van a encontrar una estadística porque nunca la hubo en la provincia, no hay un trabajo en concreto sobre los efectos producidos por estos productos en ninguna región de Salta (…) cuando nos reunimos la Comisión de Producción con el sector de la Salud, vinieron los médicos y les planteamos el hecho de no contar con una estadística para conocer las reacciones que pueden producir los productos fitosanitarios, porque como sabemos en los distintos lugares en donde hay mucha producción (…), existen distintas alergias que la gente ha comenzado a tener sobre todo en la piel y en las vías respiratorias, pero nos respondieron que no existe en la provincia un registro que nos informe las causas de la contaminación que está afectando al ser humano”.
De las versiones taquigráficas de 2012 surge también otro de los hechos que atraviesa la realidad cotidiana de habitantes cercanos a las fincas en producción que usaban “los envases (de agroquímicos) como parte del techo de la casa, para soportar alguna puerta o para cortarlos y usarlos como vasija”. Entre otras escenas, los legisladores describieron cómo “los aviones de fumigación pasan por sobre las poblaciones aborígenes, donde muchas veces no les da tiempo a levantar porque se encuentran con una comunidad viviendo en una cortina de 30 metros de ancho”. Se aludió al caso de departamentos sojeros como Anta, donde, desde hacía ya una década “la fumigación aérea causaba daños porque las poblaciones que están rodeadas de la actividad de la agricultura con el tiempo comenzaron a sentir los perjuicios que provocaban los productos químicos”.
En las modificaciones durante el tratamiento legislativo se cambió el término de “agroquímico” por el de “fitosanitarios”. “Si bien se justificó en la adecuación terminológica a otras normas en vigencia, no debemos dejar de destacar lo que esto implica, al suprimir toda referencia a su naturaleza química y/o tóxica para hacer lugar a una definición que los asimila más bien a ser un ‘medicamento para plantas’, al prescindir de sus connotaciones negativas”, sostuvo Schmidt. A la inversa, también con la discusión se cambió el verbo “comprobar” los efectos en la salud, por “detectar”. Las discusiones, añadió la investigadora, se vincularon entonces con la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.
“Una certeza recorrió la mayoría de las alocuciones”, añadió Schmidt en el artículo. En este punto, el debate legislativo adhirió a la idea que “si bien la norma afecta intereses económicos privados, no va en contra de las fuerzas del trabajo”, en un contexto en el que impera la necesidad de continuar con las actividades productivas y aplicar “venenos útiles” con tal fin.
La investigadora analizó que si bien “se realizaron reuniones y se recibieron aportes, en su mayoría de entidades productivas, en ningún caso encontramos referencias a la participación de organizaciones vecinales de los principales centros urbanos, pueblos indígenas y/o campesinos que pudieran afectarse”

Control sí, pero sin recursos
En un relevamiento realizado a fines de 2019 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia, Schmidt indicó que se indagó sobre el modo de funcionamiento y alcances de los controles. “De acuerdo con la información que suministraron allí, son escasos los recursos (materiales y humanos) disponibles para afrontar el control y monitoreo de las más de un millón de hectáreas cultivadas, sostuvo.
Precisó que "Se realiza un promedio de 70 inspecciones anuales, en dependencia de la disponibilidad de vehículos: el programa no tiene movilidad propia y son extensas las distancias que separan a la capital provincial de las localidades afectadas por las fumigaciones. Entre las principales localidades a las cuales se llega por rutas asfaltadas están Las Lajitas (200 km de distancia), Orán (280 km) y Tartagal (360 km). Si la denuncia llegara desde una comunidad indígena como Tonono (en San Martín), son entre 500 y 600 km, en un viaje de entre siete y ocho horas, que requiere atravesar caminos de tierra de difícil tránsito en épocas de lluvia”, observó.
En esa misma línea señaló como otro obstáculo que las denuncias se pueden realizar solamente “a través de una presentación ante la División Rural y Ambiental de la Policía provincial, que elabora un acta y efectúa la derivación correspondiente, o mediante la denuncia personal y/o telefónica en la oficina central en Salta”.
El desarrollo del agronegocio en la provincia implicó deforestación, conflictos sobre la tenencia de tierras con comunidades originarias y campesinas, y 20 años de en los que falló en demostrar sus beneficios a las comunidades locales. Con la ampliación de la frontera agropecuaria se instaló la fumigación para mejorar los rindes de la producción.
Este y otros puntos se debatieron en un conversatorio que se desarrolló el 3 de diciembre pasado en Anta, el departamento que es el polo del modelo del agronegocio salteño, y en el que Schmidt expuso. Allí vecinos autoconvocadxs y organizaciones civiles dieron un paso en la necesidad del debate con especialistas con el fin de concientizar sobre un problema que los aflige, y los afecta.
La investigación completa de Schmidt puede leerse en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/4939/3894
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Salta inauguró uno de los parques de energía solar más grandes del país

Fecha de Publicación: 18/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Salta


Se trata del Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200. Ubicado en la localidad de Olacapato, posee una potencia total de 200 Mw.
El Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, considerada la segunda planta solar más grande del país, fue inaugurado en Salta y su puesta en marcha posiciona a la provincia a la cabeza en la generación de energías renovables.
"Estamos convencidos que las energías renovables nos van a permitir combatir las limitaciones energéticas, reducir la contaminación, intervenir favorablemente en el cambio climático e impactar en la salud de los salteños", expresó el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos.
El funcionario formuló estas afirmaciones en la ceremonia de puesta en marcha del Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, en la localidad de Olacapato, de la Puna salteña, que posee una potencia total de 200 Mw.
"Valoramos que hayan elegido Salta, las virtudes naturales del clima de la Puna salteña, y especialmente la generación de fuentes de empleo para nuestra gente", destacó el funcionario.
El proyecto fue realizado en el marco del Programa RenovAr, y financiado por Proparco, la firma DEG Energy, el Fondo Interactivo para el Cambio Climático de Francia (ICCF), la empresa europea de servicios financieros Société Générale y KfW, el Banco de Desarrollo de Alemania.
La puesta en marcha y entrada en operación de este parque solar, junto a la Planta Fotovoltaica de Cafayate y a la generación de energía hidráulica, permitirá alcanzar una generación de energía eléctrica, con fuentes renovables, equivalente al 40% de la demanda de energía de la provincia.
Por su parte, el director regional de Neoen, Emmanuel Pujol, agradeció al Gobierno de Salta por todo el apoyo brindado, especialmente durante el tiempo de pandemia, y destacó que, desde el primer día, se trabajó con las comunidades locales.
"Nos comprometimos a tener un impacto positivo sobre los pueblos cercanos a la planta. Y entre otras obras, colaboramos en la construcción de un playón deportivo y la restauración del pozo de agua de las escuela de Olacapato", comentó.
El directivo señaló también, que en colaboración con la Fundación Anpuy, se capacitaron jóvenes de la comunidad y se financiaron becas estudiantiles terciarias y universitarias.
Con una capacidad de 208 MWp, Altiplano 200 es el resultado de la fusión de los proyectos La Puna (107 MWp) y Altiplano (101 MWp) en las licitaciones RenovAr 1 y RenovAr 2.
Ambos proyectos tienen un contrato a largo plazo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y venderán electricidad verde a un precio muy competitivo, ya que es el precio de electricidad solar más bajo en Argentina, durante un período de 20 años.
Clara Acoria y Anita Quipildor, representantes de las comunidades locales, destacaron la importancia que tienen para los habitantes de la Puna "estar a la vanguardia de la transformación energética de la provincia".
El Parque Solar Altiplano 200 tiene una potencia total de 200 MW, abarca una superficie de 350 hectáreas, y está integrada por un total de 554.580 paneles solares.
Con una inversión estimada de u$s313 millones, la construcción de la planta generó 462 puestos de trabajos, mientras que la etapa de operación demanda 20 empleos permanentes.
El parque se encuentra interconectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), aportando energía al sistema nacional.
Participaron en la inauguración la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherrer-Effose; el ministro de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán; el presidente de Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Alberto Castillo; el senador por el departamento de Los Andes, Leopoldo Salva; y autoridades de las comunidades de San Antonio de los Cobres, Olacapato y Salar de Pocitos.
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Salteños se manifestaron en contra de los desmontes en el Cerro de la Virgen

Fecha de Publicación: 14/12/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Se trató de un abrazo simbólico para detener la destrucción de la reserva natural ubicada en barrio Tres Cerritos.
Si bien en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, quienes trabajan en el desmonte de la zona volvieron para continuar con su tarea con total impunidad. Cansados de estar detrás del accionar de los funcionarios y de patearse la pelota en cuanto a las competencias, decidieron hacer un abrazo simbólico en el lugar y hacerse escuchar.
Es así que esta mañana pasadas las 11 se reunieron en la plaza de Tres Cerritos. Al respecto, el ambientalista y vecino de Tres Cerritos, Maximiliano Assaf, explicó que en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El primero de los intentos comenzó en octubre al pie del cerro de la Virgen, y gracias al accionar de los vecinos y la respuesta de los medios, la Municipalidad pudo paralizarla. La segunda ocurrió recientemente en el barrio de Los Ingenieros, ubicado sobre la avenida Del Golf, donde se trabajó con maquinaria pesada e incluso se llegó a construir un camino.
En el mismo sentido, Assaf explicó que todos los desmontes que se detuvieron están ubicados en una zona que es reserva natural, y que está siendo degradado y pretenden explotarlo ilegalmente y sin estudios de impacto ambiental ni permisos. Contó también que se enteraron que la Municipalidad podría avanzar en una denuncia judicial contra los depredadores.
Finalmente explicó que los desmontes en la zona son preocupantes porque están en una zona con mucha pendiente, donde lluvias pueden generar deslizamientos por la falta de cobertura del suelo. Por lo que se quiere evitar esa situación y que sea un verdadero desastre.
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Impunidad total: Vecinos denuncian que siguen arrasando con la reserva de Tres Cerritos

Fecha de Publicación: 11/12/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El ambientalista y vecino de Tres Cerritos, Maximiliano Assaf, explicó que en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El primero de los intentos comenzó en octubre al pie del cerro de la Virgen, y gracias al accionar de los vecinos y la respuesta de los medios, la Municipalidad pudo paralizarla. La segunda ocurrió recientemente en el barrio de Los Ingenieros, ubicado sobre la avenida Del Golf, adonde se trabajó con maquinaria pesada e incluso se llegó a construir un camino. También en ese caso se pudo parar gracias al accionar de los vecinos.
Assaf explicó a Fm Profesional que todos los desmontes que se detuvieron están ubicados en una zona que es reserva natural, y que está siendo degradado y pretenden explotarlo ilegalmente y sin estudios de impacto ambiental ni permisos. Contó también que se enteraron que la Municipalidad podría avanzar en una denuncia judicial contra los depredadores, y sostuvo que los vecinos apoyan ese accionar.
Finalmente explicó que los desmontes en la zona son preocupantes porque están en una zona con mucha pendiente, donde lluvias pueden generar deslizamientos por la falta de cobertura del suelo.
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Pese al freno municipal, seguirían los desmontes en la reserva del cerro 20 de Febrero

Fecha de Publicación: 07/12/2021
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Esta semana se conoció que, tras las denuncias presentadas por vecinos cercanos al predio de la Virgen del Cerro, la Municipalidad de Salta realizó inspecciones de manera periódica en la Reserva Natural del cerro 20 de Febrero, determinando que no se permitirá bajo ninguna circunstancia construcciones en el lugar.
Con esta medida, se buscaba frenar una irregularidad que se venía denunciando hace tiempo. El terreno en cuestión se encuentra ubicado en calle Los Carolinos al 700, del cual los vecinos presentaron disconformidad con los trabajos de limpieza y desmalezado que se realizaban en el terreno privado que se encuentra en el área semiprotegida.
Sin embargo y pese a la medida municipal para impedir el desmonte, otra vez los residentes del barrio Tres Cerritos afirmaron que las acciones de desmonte y limpieza del terreno siguen adelante, sin importar el impedimento de la intendencia para preservar la flora y la fauna de la serranía.
“Los vecinos de la zona manifiestan su preocupación por futuras construcciones en la ladera del cerro en cuestión, la cual supera la cota de elevación 1225m estipulada en la Carta Orgánica Municipal que restringe las construcciones a elevaciones mayores a 1225m en todas las laderas de los cerros colindantes con nuestra ciudad”, espetaron los residentes de la zona.
Recordando que este problema viene desde hace dos años, los vecinos recalcaron que hicieron denuncias a la Municipalidad de Salta, a la Policía Rural y Ambiental, como igualmente a la Policía de Salta. “Algunos trabajos continúan”, lamentaron por esta irregularidad.
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En lo que va del año convocaron a audiencias para desmontar 25 mil has en Salta

Fecha de Publicación: 22/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


A la superficie de desmonte se suman audiencias para evaluar “manejo con aprovechamiento forestal y silvopastoril”, en 5.538 hectáreas, y un “Plan de Manejo y Conservación Forestal”, en 12.956 hectáreas.
En lo que va del año la provincia ya convocó a 9 audiencias públicas para el desmonte de más de 25 mil hectáreas para actividades agrícolas y/o ganaderas. Mientras, se conoció que más de 5.538 hectáreas serán destinadas al Plan de Manejo con Aprovechamiento Forestal y Silvopatoril, y otras 13 mil, a un Plan de Manejo y Conservación Forestal.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, afirmó que ninguno de los procedimientos expuestos en las audiencias públicas que involucren desmontes contará con los certificados para iniciar los trabajos. La determinación se tomó ante el actual procedimiento de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que en la provincia está desactualizado desde 2014. Una vez actualizado y establecido el nuevo mapa con las zonas que se pueden desmontar y las que no (que se pintan de verde, o de rojo o amarillo, según correspondan), cada uno de los pedidos de desmontes se adecuará al nuevo trazado. La readecuación será sin audiencia pública mediante, según lo indicado por Aldazábal.
“Se ha decidido que se hace la evaluación y la instancia de la audiencia (del desmonte solicitado), y mientras se revisa el OTBN se suspende el acto administrativo”, sostuvo el funcionario ante lasconsulta de Salta/12. Sobre las razones para suspender las audiencias públicas hasta que el ordenamiento esté actualizado, afirmó que si bien la Ley establece que se debe actualizar el OTBN cada 5 años, desde el punto de vista legal no dispone ni sanción por la desactualización ni deja sin vigencia legal al actual ordenamiento.
Aldazábal aclaró que los desmontes, en tanto, se harán una vez que se finalice la actualización del OTBN y se realice la readecuación pertinente.

Tres audiencias de planes de manejo
En esta semana se publicaron tres audiencias públicas para poner en consideración planes de manejo dentro de extensiones considerables de montes chaqueños.
Según surge de las convocatorias, una involucra el “Plan de Manejo y Conservación Forestal en una superficie de 12.956” hectáreas de Finca San José de Pocoy del departamento San Martín, iniciado por la firma San José de Pocoy SA. La fecha establecida para esa audiencia es el miércoles 15 de diciembre, a las 10, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Coronel Cornejo.
Otra de las convocatorias involucra un “Plan de Manejo con Aprovechamiento Forestal y Silvopatoril en una superficie de 1.955” hectáreas en Finca Totoral, del departamento Rivadavia. El trámite, iniciado por Estela Mabel Meichtry, tendrá lugar el 16 de diciembre, a las 10, en la escuela N° 4.189 del paraje El Ocultar, jurisdicción de La Unión, en Rivadavia.
La última audiencia que se publicó esta semana es para un “Plan de Manejo Silvopastoril con Aprovechamiento Forestal en una superficie de 3.583” hectáreas de Finca El Toro, de Rivadavia. El trámite fue iniciado por Aida Isabel Weinreiter y la audiencia tendrá lugar el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 10, en el Salón del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Los Blancos, en Rivadavia Banda Norte.
Solo se puede consultar los expedientes yendo de manera presencial y con turno previo (por la covid-19) hasta el edificio de la Secretaría de Ambiente en la capital salteña, estas condiciones provocan que sean prácticamente inaccesibles para un poblador de esos lugares distantes de la ciudad de Salta. Pese a los recaudos que se toman ante la pandemia, y que los expedientes cuentan con un soporte digital, al día de hoy no se instrumentó la difusión digitalizada de los expedientes que contienen los estudios de Impacto Social y Ambiental de estos proyectos para poder revisarlos vía on line.
Especialistas consultados por Salta/12 sostuvieron que estos planes de manejo involucran un aprovechamiento de las tierras con pequeñas extensiones de plantación de pasturas, y extracción de madera sin las grandes extensiones de desmonte (es decir manteniendo el monte nativo en general). Aunque consideraron que se debe contar con un control exhaustivo sobre los trabajos a realizar.

Oposiciones a las audiencias
El 5 de noviembre pasado en la audiencia por Simbolito, un desmonte de 785 hectáreas en Anta, vecinos de este departamento llegaron a movilizarse en rechazo al desmonte en general. Estos vecinos, que viven en uno de los departamentos con mayor tasa de deforestación en la provincia, vienen desde hace tiempo realizando acciones con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias que los desmontes acarrean el ambiente.
Carolina, una de las habitantes de esa zona (cuya identidad se resguarda, ante las denuncias contra otro activista que mostró desmanejos en temas ambientales), afirmó que lo que se vive en las ciudades más grandes del departamento muestra las consecuencias de la deforestación. A su entender, la más directa es el viento que traspasa las “cortinas forestales” que debían quedar delimitando cada una de las superficies desmontadas. Con el tiempo las llamadas “cortinas” se convirtieron en “tules”, según calificaron ambientalistas que preveían las consecuencias a futuro.
Los vientos, en muchos casos de gran intensidad, afectan sobre todo a quienes viven en casas precarias, que soportan cada tanto la voladura de las chapas de sus techos. “Rogamos que llueva porque los calores son intensos. Pero cuando llueve se termina inundando todo”, sostuvo la vecina al considerar este como un efecto más del desmonte. Además, en cuanto a las posibles afectaciones a la salud, hay situaciones que consideró “curiosas”, como los casos de cáncer o los padecimientos de problemas respiratorios.
Estos temas serán debatidos en el “Encuentro Debate Socio Ambiental del NOA”, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el municipio de Apolinario Saravia (del departamento Anta) y del que participarán especialistas en el tema.
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Tres Cerritos: frenaron el desmonte en el cerro 20 de Febrero

Fecha de Publicación: 20/11/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


A partir de las denuncias de vecinos, suspendieron una serie de tareas de desmonte en un predio ubicado en calle Los Carolinos al 700.
Vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes, limpieza, y depredación de la laderas Este de las serranías adyacentes a Los Carolinos al 700, camino a la Virgen del Cerro y que entendemos que corresponden a la Matricula Nº 182523 de acuerdo a las copias de Cedula Parcelaria y plano.
El mes pasado los vecinos de la zona se sorprendieron porque el predio fue cercado con una lona medianera verde y a principios de noviembre comenzaron tareas de poda , desmonte y depredación. Los obreros aducen que solamente hacen tareas de desmalezamiento y limpieza de canal de desagüe del agua de lluvia, el cual estaba y aún está cubierto con sedimentos.
Tras las denuncias, el propietario del predio fue notificado para que se abstenga de continuar con los trabajos de limpieza, desmalezado y otros, que se están realizando en el terreno hasta que se presenten los papeles habilitantes emitidos por la Municipalidad.

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Cabe destacar que se trata de un terreno ubicado en la ladera del cerro que comprenden áreas especiales de parques y reservas naturales, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental, como así también están amparadas por la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente.
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En el norte salteño arrasaron con un bosque que se recuperaba de otro desmonte

Fecha de Publicación: 08/11/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Lo informó la comunidad wichí El Arenal a integrantes de la organización ambientalista Greenpeace. Ocurrió en General Ballivián. El lugar había sido desmontado hace 8 años y estaba en proceso de reconstitución.
El coordinador de Bosques de Greenpeace en Argentina, Hernán Giardini, fue el encargado de relatar a los medios lo ocurrido hace dos semanas. Según dijo, se entraron en un recorrido que hicieron al Chaco salteño hasta llegar a la comunidad El Arenal, una comunidad Wichí ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de General Ballivián en el departamento San Martín.
"La comunidad nos contó que venían utilizando para su subsistencia al bosque que se empezaba a recuperar rápidamente. Contaron que la vegetación superaba la cabeza de un adulto. Y esto fue posible por la existencia de algunas cortinas forestales y superficies boscosas cercanas", explicó el ambientalista a la sección local del diario Página 12.
La vegetación logró crecer porque al parecer "estuvo sin ser expuesta a agrotóxicos". Pero hace un mes llegaron topadoristas para desmontar el bosque. "La gente los paró. Pero el tipo les dijo que cualquier cosa iban a hacer los trabajos de noche". Y finalmente lo hicieron.
"No pudimos reconocer de cuál empresario es, ni si tenían permiso para hacerlo", indicó Giardini. El problema es la falta de monitoreo y una mirada específica en las imágenes satelitales sobre los bosques que pueden llegar a recuperarse para que no vuelvan a ser dañados. Mientras, "la comunidad no sabe qué hacer porque es lo último que les queda" para poder subsistir.
Giardini hizo algunas reflexiones respecto de una zona que se desmontó dos veces en ocho años y volvió a reclamar que el desmonte sea calificado como un delito penal. En ese marco, recordó que el martes último Alberto Fernández firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación junto a líderes y representantes de más de 100 países, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, en el Reino Unido.
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Detectaron un desmonte cercano a la Reserva Nacional de Pizarro

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aunque se dio aviso de esta situación, se desconoce si hubo una actuación de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Hace dos semanas un grupo de la organización ambientalista Greenpeace se acercó hasta una zona de la que surgió, a través del análisis de imágenes satelitales, un desmonte ilegal de 75 hectáreas que se generó entre enero y mayo en la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento Anta.
Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento en el que se pudo llegar al lugar, los ambientalistas se dieron con que las cenizas de la quema de los restos del desmonte eran recientes. “Se veía el humo y hasta alguna chispa”, dijo a Salta/12 el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El desmonte se realizó en la zona de amortiguación de la emblemática Reserva Nacional Pizarro, que simboliza de algún modo (para bien o para mal) cómo continúa la situación de la conservación después de haberse sancionado la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Según la información que brindó Greenpeace, “documentamos un desmonte ilegal de 75 hectáreas en la Categoría I – rojo, máxima protección en la Ley Nacional de Bosques, a sólo 5 kilómetros de la Reserva Nacional Pizarro, Salta”. Giardini sostuvo que tomó conocimiento de que en aquel momento vecinos de la zona que se incendiaba habían comunicado de la situación a la Policía y la Secretaría de Ambiente de la provincia, “Pero al parecer nadie apareció”.
El ambientalista entendió que como en las imágenes se fue acumulando la cantidad de superficie desmontada realizada mes a mes, estimaron que la actividad ilegal se realizó de a poco entre enero y mayo.
En la zona se destacan árboles como cebil colorado, palo borracho, algarrobo, quebracho, duraznillo, palo blanco palo amarillo y tipa. Se recordó que este es uno de los últimos sectores de Selva Pedemontana de Yungas, en un departamento altamente deforestado por la agroindustria. De hecho, la Reserva quedó rodeada de desmontes que se generaron durante el boom sojero.
Pobladores de la zona, en tanto, confirmaron que apenas vieron el fuego, hace unas semanas, se dio aviso de la situación. La humareda se veía en el camino vecinal que une la plaza del pueblo de General Pizarro por 22 kilómetros hasta llegar a la zona de aguas termales que están dentro de la Reserva.
El lugar está altamente modificado por los desmontes realizados por finqueros dedicados al agronegocio a escalas mayores, y productores hortícolas. En esas producciones los vecinos son testigos del uso de agrotóxicos cuyos bidones, dijeron, terminan muchas veces tirados en las aguas de los ríos o alrededor de las fincas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, se comprometió a verificar el inicio de sumarios por este desmonte, aunque entendió que deberían haberse iniciado, dado que 75 hectáreas "no se le escapan” al monitoreo de imágenes satelitales de la provincia.
Por su parte, la organización ambientalista afirmó que mediante imágenes satelitales comprobaron que en lo que va de 2021 en la provincia de Salta se deforestaron 8.769 hectáreas de bosques nativos. “Necesitamos que se prohíba y se penalice el desmonte”, sostuvieron.
Esta semana se conoció que ingresó en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional salteño Lucas Godoy, que establece penas de prisión efectiva para aquellos que hayan desmontado de manera ilegal. Además incluye una millonaria multa económica si se comprueba que se hizo la deforestación con fines de lucro.
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Los paneles solares devolvieron la esperanza en Chiyayoc

Fecha de Publicación: 16/10/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


 El Tribuno fue parte de una cruzada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un poblado aislado, ubicado a 4.500 msnm. El paso del mechero a la electricidad, un gran salto para la comunidad
 Los paneles solares devolvieron la esperanza en Chiyayoc Solo una potencia volitiva arrolladora impele a llegar hasta Chiyayoc. Se toma por la ruta nacional 34 hasta Los Lapachos. Ya en Jujuy se sigue por la ruta nacional 9. Pasando Humahuaca se llega hasta Iturbe y se continúa por una ruta provincial hasta antes de la cuesta a Iruya. Allí se realiza un desvío hacia la izquierda y se agarrarán unos 40 kilómetros por una huella de camino. Esta senda regular parece auspiciosa e ilusiona con que se haya escapado de la vorágine noticiosa una ampliación que deje a unos pasos del pueblo de Chiyayoc. Pero no. La panorámica al dejar el seguro recinto de un vehículo ofrece la cornisa. Una senda irregular, de caprichoso empinamiento o vertiginoso descenso, entre los 3.300 y los 4.500 msnm.
Perdido, remoto, aislado. Expresado en 18 familias, un alumnado primario de 7 estudiantes, un padrón electoral de 67 personas (en 2015). Así es Chiyayoc.
Para llegar al caserío se deben transitar 18 kilómetros a pie. El Tribuno fue hasta allí a principios de agosto de 2018 acompañando la entrega de 15 hornos a leña de la Fundación Solar INTI. Las familias chiyayoquenses se habían adecuado al modelo propuesto por el ingeniero agrónomo francés Pierre-Yves Herrouet: habían hecho un aporte económico y otro de tiempo y pagado el 40% del valor total del producto. El resto lo habían financiado solidariamente padrinos de Francia y de Argentina. Al término de aquel viaje habían quedado felices con su cocina económica, transportable, que se puede utilizar a diario y que conserva el gusto de los platos cocidos con leña, pero sin el efecto indeseado de la contaminación por el humo. Las familias desde entonces ahorrarían más del 80% de la leña empleada para cocinar y, a la vez, al desprender poco humo evitarían la emisión de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año. Ya el hecho de no caminar horas en busca de leña la volvía atractiva.
En Chiyayoc los pobladores llevaban sus celulares a cargarlos en la escuela N° 4345, la única que contaba con panel solar hasta que en septiembre de 2018 les fueron a instalar equipos residenciales a los habitantes. Ahora con la corriente continua del panel solar pueden cargar los teléfonos y las computadoras, escuchar radio e iluminarse día y noche. Javier Corbalán
Sin embargo, El Tribuno pudo entender a través de los testimonios de los habitantes que había otros emergencias. Chiyayoc no había sido alcanzada jamás por un plan de vivienda, el agua potable o los paneles solares, salvo el de la escuela.
A pesar de que son propietarios con título comunitario, las familias chiyayoquenses emigran a los centros urbanos donde están disponibles las fuentes de trabajo. Abandonan la producción orgánica de papa, oca, maíz, haba, arveja y carne de oveja, cordero y cabra, porque los pequeños productores no ven ganancia, sobre todo por las enormes distancias que deben cubrir hasta los destinos. “El potencial de agricultura y ganadería es grandísimo aquí. Hay gente con 20 mil hectáreas, montes enteros de 7.000 ha, o San Pedro como 25 mil ha, o Santiago con 120 mil ha, pero necesitamos que llegue un camino a Chiyayoc, San Juan, Rodeo del Valle Delgado, Matansilla del Valle Delgado. Para llegar al mercado de Salta tenemos 420 km”, se desahogaba Cornelio Herrera, entonces concejal por Iruya. Agregaba que el camino era la esperanza, sobre todo porque en los últimos años habían visto desaparecer varias comunidades como Abra de Araguyó y Casa Grande. “Seguimos usando la vela y el mechero y para un joven querer estudiar con eso es dificultoso, y también la distancia que hay de aquí adonde llegan los vehículos”, decía, impotente. En la mente de este medio se concibió entonces la idea de que podría haber alguna solución.

La solución
La nota sobre cómo llegaba el progreso a Chiyayoc con 15 hornos a leña de la Fundación Solar INTI, realizada por El Tribuno, atrajo la mirada de Edesa, ESED (Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos) y Permer (Programa Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales), los tres involucrados en cubrir las necesidades eléctricas esenciales de todos los habitantes rurales dispersos de Salta.
Por otra parte, Pierre-Yves Herrouet, de Solar INTI, había convocado a través de su Facebook de nuevo a padrinos solidarios. “Las familias de Chiyayoc nos pidieron ayuda para llevar paneles solares. Ayudemos a que este pueblo siga con su cultura y que la gente no tenga que irse de la comunidad”, posteó. En la oficina de Edesa (pasaje Zorrilla 29), el ingeniero Hugo González, gerente de Relaciones Institucionales de Edesa y ESED; el contador público Martín Corti, gerente de ESED SA, empresa que realiza el mantenimiento de los clientes rurales dispersos; el ingeniero Pierre Ritzer, de la Unidad Ejecutora Permer Salta; y la licenciada Sol Manolizi, de Relaciones Institucionales del Ente Regulador, recibieron a El Tribuno para ofrecer un panorama del programa de paneles solares, qué familias estaban incluidas en él y cuál era el plan de instalación de los próximos meses en toda la provincia. Edesa tiene tres tipos de clientes: los pobladores que gozan del sistema interconectado; otros de generación aislada, es decir, pequeños pueblos donde no llega la energía interconectada, pero sí se la produce localmente como San Antonio de los Cobres, con generación térmica o renovable; y los de generación dispersa con energía solar renovable. Entre estos últimos se ubica Chiyayoc. Corti en aquel momento había dicho que el Banco Mundial, que lleva a cabo un programa de financiamiento de energías renovables con el fin de contribuir a una matriz energética más limpia y a la mitigación del cambio climático, exige para derivar fondos que haya una distribuidora comprometida con el mantenimiento de los servicios.
Pierre-Yves Herrouet, de Solar INTI, sacó esta foto a Yolanda Chorolque, residente de Chiyayoc, feliz con su equipo. “El panel solar es un enorme avance para los pueblos de altura. Esa energía es renovable y es fabuloso para las comunidades donde la naturaleza es pura, no contaminada. Mi admiración para ellos por su capacidad de supervivencia”, dijo Pierre. Javier Corbalán
De acuerdo con Ritzer en 2012 se habían instalado 5.038 equipos fotovoltaicos a particulares a través del Permer. Y habían quedado a la espera de un estudio de impacto sobre las familias cinco departamentos: Iruya, San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. De un total de 2.629 solicitantes, 889 familias se localizaban en Iruya y entre estas 32 eran de Chiyayoc. Para las familias ser beneficiarias del programa comporta un salto en su calidad de vida. Por un lado se disminuye la inhalación de hollines provocados por la combustión de lámparas y velas y la contaminación del entorno natural. Por otro, aumenta para ellos las horas nocturnas a emplear en el trabajo y el esparcimiento, pero sobre todo, ahorran mucho dinero. Después de esta reunión y a pesar de no estar en los planes, Edesa, ESED y Permer se comprometieron a instalar los 32 paneles solares a las familias de Chiyayoc, mientras que las conexiones internas fueron costeadas por los padrinos solidarios de Solar INTI y el transporte lo puso la Municipalidad de Iruya. Luego de que vivieran la experiencia de llevar la solución energética definitiva a Chiyayoc, cuyos habitantes hoy tienen luz, radio y pueden recargar celulares y con adaptador una notebook, desde ESED la recuerdan como la mayor logística que hayan hecho para llevar a la alta montaña la mayor cantidad de equipos reasignados. La cuadrilla de ESED y Solar INTI estuvieron dos semanas instalando los paneles solares. Las baterías tienen una vida útil de tres años en promedio y justo a Chiyayoc habían regresado dos semanas atrás para hacer el mantenimiento. “Pasaron del mechero a tener luz en cualquier momento del día, a escuchar radio cuando antes lo hacían a pilas. Estos usuarios pagan al mes $700 que en relación con las pilas es nada. Ganaron en iluminación, educación, información. Pueden llevar el celular cargado a la escuela y usar la internet satelital del establecimiento”, afirmó Corti.
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Sáenz anunció que Salta, Jujuy y Catamarca crearán la Región Minera del Litio

Fecha de Publicación: 01/10/2021
Fuente: Gobierno de Salta
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Catamarca


El Gobernador de Salta fue orador en el Seminario Internacional de Litio en Sudamérica 2021. Adelantó que con sus pares de Jujuy y Catamarca constituirán el 5 de octubre, el Comité Regional del Litio, para coordinar los requerimientos de las provincias entre sí y ante Nación en investigación, extracción, producción e industrialización.
El gobernador Gustavo Sáenz disertó por videoconferencia, en la apertura del Seminario Internacional del Litio en Sudamérica 2021, que organiza el medio especializado Panorama Minero.
El mandatario salteño compartió el panel con los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil, de Jujuy Gerardo Morales; con el secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel; el presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Martín Cerdá y Silvia Rodríguez, Presidente Women in Mining Argentina.
Acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo sustentable, Martín de los Ríos, durante su participación,   Sáenz anunció que en la próxima reunión de la Mesa de Litio que se desarrollará en Catamarca el 5 de octubre, los gobernadores firmarán el Tratado Interprovincial de creación de la región Minera del Litio. En este sentido, Sáenz puntualizó que se constituirá el Comité Regional del Litio, cuyo objetivo es coordinar los requerimientos provinciales entre sí y ante la Nación, en los aspectos de interés regional referidos a la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del Litio.
“De esta manera avanzamos para que las tres provincias brinden las mismas oportunidades para los que quieran invertir, con reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad:, indicó.
Al afirmar que la minería reviste una trascendencia vital para el desarrollo de la provincia, el Gobernador destacó que “el litio es punto central en la transición energética y que tanto Salta como las provincias vecinas del Noa tienen un rol protagónico”.
Por ello puso de relieve la necesidad de una gobernanza responsable de los recursos minerales centrada en el cuidado social y ambiental. Al respecto puntualizó: “Trabajamos fuertemente en promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza y garantizar un mejor vivir para nuestros pueblos”.  Y en la construcción de este desarrollo sustentable necesitamos el compromiso y la participación de todos los actores: gobiernos, empresas, instituciones y universidades.
El desafío es “construir políticas públicas aplicables al sector minero que sean de orden participativo, orientadas al interés público que dé fuerza e impulsen el desarrollo de economías locales, creando nuevas fuentes de empleo genuino y que todos estos esfuerzos conduzcan a lograr mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes en especial de aquellos que residen cercanos a los proyectos mineros”.
Por último Sáenz aseveró que “los recursos mineros pertenecen a las provincias”, destacó Sáenz y en este sentido reconoció, al igual que los otros dos gobernadores, la afirmación en este sentido del Secretario de Minería de Nación.

Seminario Internacional de Litio
El evento, que culminará mañana, es organizado por el medio especializado Panorama Minero y cuenta con presentaciones de actualidad sobre los principales proyectos de litio de Argentina y del denominado Triángulo del Litio, como así también de representantes de compañías mineras, proveedores, organismos internacionales y referentes reconocidos en todo el mundo.
El Seminario Internacional de Litio en Sudamérica fue creado en 2011 y desde entonces se ha posicionado como el evento de referencia para la industria con una realización anual itinerante en las provincias del noroeste argentino, Jujuy, Salta y Catamarca, y un promedio de asistencia de 600 personas por edición.
Entre las conferencias se cuentan los principales actores referentes del mundo del litio como los Gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta, la secretaría de Minería de la Nación, las empresas de litio Livent Corporation, Orocobre, Lithium Americas, Neo Lithium Corp, Proyecto Pastos Grandes, Eramet, Lake Resources, Galan Lithium, entre otras. También el referente de este sector, Joe Lowry, representantes de Chile, las consultoras especializadas Benchmark Minerals Intelligence, CRU, entre otros.
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La salud de muchos salteños en juego por el derrame de petróleo en el Bermejo

Fecha de Publicación: 22/09/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Senadores salteños pidieron que se investigue la denuncia de contaminación en la frontera que separa Salta con Bolivia.
En su última sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de declaración sobre la supuesta contaminación en el Río Bermejo. La medida surgió después de que denunciaran derrame de petróleo en la frontera que separa Salta con Bolivia.
La iniciativa fue impulsa por Juan Cruz Curá. En el texto sancionado por el recinto se exige investigar "los supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo". Se insta a la colaboración de los legisladores nacionales, indicó Salta 4400.
El proyecto pide a diputados y senadores nacionales que "arbitren las medidas y realicen las gestiones necesarias y suficientes ante quienes correspondan para que se investiguen y se requieran informes por los supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo en el Río Bermejo a la altura de la ciudad de Bermejo (frente a Aguas Blancas), limítrofe entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia", completa la normativa.
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Empresario salteño quiere desmontar en una zona de uso campesino en Jujuy

Fecha de Publicación: 20/09/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La Universidad Nacional de Jujuy, Parques Nacionales y Agricultura Familiar manifestarán sus argumentos en contra del avance de la deforestación en un área declarada como zona campesina por el municipio de Palma Sola.
“Desahucio forzoso” o “desalojo silencioso”. Estas expresiones, volcadas en una nota que Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo, y María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) de la Nación, dirigieron a la ministra de Ambiente de Jujuy, Maria Inés Zigarán, resumen las posibles consecuencias de un desmonte que pretende realizar el empresario Néstor Cervera en la finca El Mistol, en el departamento jujeño de Santa Bárbara, que linda con la provincia de Salta.
Por el pedido de autorización del desmonte presentado a la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, el gobierno convocó a una audiencia pública que tendrá lugar hoy a las 10.30 en el Salón de Uso Múltiples ubicado al lado de la Comisión Municipal de Vinalito. Sin embargo, la mayor parte de la población campesina afectada es de la jurisdicción de Palma Sola, municipio que, mediante la ordenanza Nº 153/2016, declaró su zona rural como “Área Campesina”. Ambos municipios se encuentran dentro del departamento Santa Bárbara.
“La finca tiene dos accesos. Uno es por Vinalito y otro por Palma Sola”, explicó Castillo a Salta/12. La elección del sitio para la audiencia parece haber sido influenciada por un precedente de 2014. Aquel año, Cervera presentó un pedido para desmontar 12 mil hectáreas de la misma Finca El Mistol. La audiencia se hizo en Palma Sola y la resistencia del campesinado fue más fuerte. El desmonte le fue denegado.
En el expediente presentado por Cervera ante la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy se indica que El Mistol (que se desmembró de una finca más grande de casi 50 mil hectáreas), cuenta con un poco más de 18.800 hectáreas. Pero “la cédula parcelaria habla de 13 mil hectáreas”, sostuvo la funcionaria nacional al detectar la primera incongruencia del expediente presentado.
El actual proyecto es para desmontar unas 2.400 hectáreas. Esto llevaría el desmonte total dentro de la finca El Mistol a más de 5.000 hectáreas efectivamente deforestadas, según surge del expediente.
Lo que no se pudo establecer es si los desmontes anteriores (de unas 3.100 hectáreas) fueron autorizados, y si los hizo Cervera desde 2011 en adelante (cuando compró la finca según la cédula parcelaria), o el anterior titular registral de la finca. No existe un monitoreo integral de todos los desmontes que se realizaron en la zona y, por lo tanto, no se pueden prever las implicancias que ello podría generar para las poblaciones de Santa Bárbara, el área de influencia del Parque Nacional Calilegua (que trabaja con proyectos productivos para el campesinado), en incluso para las zonas limítrofes de Salta, en donde también los desmontes ganaron terreno.

Un campesino que ganó el juicio
“Esos desmontes se hicieron después de 2011”, dijo Gloria Mamaní, campesina de la zona y actual coordinadora de la SAFCI en la zona. Contó que en 2014 cuando se quiso avanzar con el trámite por el desmonte de las 12 mil hectáreas, “nos enteramos un día antes de la audiencia y no nos pudimos anotar. Pero tampoco nos dejaron que participemos”. La alternativa del campesinado fue un corte de ruta para evitar el paso de quienes pretendían llegar a la audiencia.
Nunca se enteraron de otras audiencias públicas para realizar más desmontes. Sí fueron testigos, en cambio, de las recurrentes detenciones de Rolando Páez, a quien “lo metían varias veces preso para meter las topadoras con las que hacían picadas y desmontes”. Mamaní afirmó que se cansaron de realizar las denuncias ante el Ministerio de Ambiente jujeño “pero ellos (los propietarios de la finca) siguieron con los desmontes”.
Páez es uno de los campesinos que tiene su casa dentro de la finca El Mistol. Pese a los intentos de desalojarlo mediante la Justicia acusándolo de usurpación, el empresario perdió ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy el 20 de septiembre de 2018. De la nota presentada por Castillo y Rachid surge que en el fallo “se expresa claramente sobre la presencia de las familias campesinas y el uso de territorio que realizan en el lugar denominado Paraje Las Vertientes, donde se ubica la finca El Mistol, refiriendo que es una ‘zona de tipo Chaqueño, zona de chaco jujeño, zona de monte, con flora de tipo chaqueña con diversidad de árboles y animales y en ese ambiente natural se desarrollan actividades ganaderas a monte abierto, donde los animales se alimentan de forraje del monte, los frutos, las hojas naturales, y es una actividad bien diversa, en general también hacen mayormente ganado vacuno, cerdos, gallinas… El ganado se caracteriza por andar a monte abierto pastoreando por distintos sectores”.
Páez y otras 12 familias campesinas habitan, poseen y tienen zonas de pastoreo en la finca y serían quienes sufrirán la afectación directa de los desmontes que propone hacer El Mistol.
Pero no solo esta finca genera el problema de raíz para el campesinado. Pues en la zona hay otras superficies con sembradíos de soja que han afectado sus producciones. Se calcula que hay unas 100 familias que están quedando acorralados por los desmontes y sus consecuentes monocultivos.
La deforestación no es el único problema. “Sufrimos de las fumigaciones que nos pasan por arriba de la cabeza”, sostuvo Mamaní. “Para nosotros viene siendo un gran dolor e impotencia que autoridades no tomen cartas en el asunto porque nos sacan derechos como campesinos y afectan nuestra producción. Estamos tristes porque no hay justicia para el campesino ni nuestros derechos cuando somos quienes producimos el alimento”, agregó.

Comunidades guaraníes también
Castillo afirmó que en la zona que se quiere desmontar también hay comunidades guaraníes que podrían ver afectadas sus territorios por el desmonte. Pero del expediente no surge la existencia de encuestas ni a los campesinos (algunos de ellos con sus casas dentro de la finca), ni a las comunidades originarias que, por ley, deberían haber sido consultadas de manera previa, libre e informada sobre los desmontes.
La única referencia que se ve en parte del expediente indica que la finca “tiene su perímetro alambrado en su totalidad para evitar la destrucción de sus cultivos, pero constantemente son derribados por pastajeros vecinos que poseen muchas cabezas de ganado y poca tierra”.
La preocupación de quienes esperan detener el desmonte es que la audiencia sea un mínimo trámite a cumplir para aprobar la deforestación y así, contribuir al desarraigo forzado del campesinado de la zona.
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Piden investigar posible contaminación del Bermejo

Fecha de Publicación: 01/09/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El senador por Orán, Juan Cruz Curá, presentó un pedido de informes al Ministerio de Producción y Ambiente. Al parecer una petrolera derrama crudo en el río.
El legislador provincial solicitó al fiscal federal que se investigue supuestos actos de contaminación sobre el río Bermejo, a la altura de la localidad de Bermejo (frente a Aguas Blancas), en mérito a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas.
Esta situación nace días pasados cuando diversos medios de comunicación publicaron noticias respecto a manifestaciones vertidas por el presidente de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Bermejo, Daniel Condorí, en las que expuso que “realizó una visita casual a la zona y se percataron que continúa el derrame de crudo en este sector adyacente a la toma de agua por parte de la empresa municipal. Está a metros de la toma de agua y esto puede constituir un riesgo porque se trata de agua que abastece a la población”, dijo el funcionario boliviano.
Continuó manifestando lo siguiente: “Tengo entendido que Pluspetrol está a cargo del derrame de este petróleo y entonces nosotros vamos a llegar al fondo y a donde corresponde”.
Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que expresa que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, el legislador solicitó se investiguen estos hechos por tratarse, supuestamente, de actos ilícitos de carácter contaminante, que podrían causar un serio daño ambiental al curso de agua, que ahí es binacional pero luego corre solo dentro de territorio argentino.
El río Bermejo es uno de los ríos más importantes de la Cuenca del Plata. Tiene su nacimiento en las sierras de Santa Victoria y desemboca en el río Paraguay. Su tramo superior se halla en Bolivia, pero la mayor parte de su recorrido y cuenca se encuentran en territorio argentino, sirviendo de frontera natural entre ambos países en un tramo de solo 75 kilómetros.
“El agua es un recurso escaso, de vital importancia para el consumo humano, como así también para las actividades agropecuaria, industrial y minera, por lo que corresponde adoptar acciones inmediatas para la protección de este recurso”, expresó Curá al respecto.

Pedido de informes
Por otra parte, Curá reclamó la realización de estudios sobre el agua que beben los vecinos de Aguas Blancas, que podrían estar contaminada por reiteradas pérdidas de petróleo de la multinacional Pluspetrol, que en este caso opera del lado boliviano.
El legislador norteño elevó un pedido de informes para requerir al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, la documentación sobre lo actuado respecto de la situación de probable contaminación.
El senador por Orán solicitó que envíen “las actuaciones iniciadas en relación a supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo” en el cauce, a la altura de las localidades de Bermejo (Estado Plurinacional de Bolivia) y Aguas Blancas (República Argentina). A su vez, solicitó las constancias y antecedentes de denuncias, investigaciones o actuaciones sobre situaciones similares.
Curá, como presidente de la comisión de Áreas de Frontera y Límites destacó que su intención es que la población local sepa qué nivel de contaminación generan los derrames que vienen denunciando funcionarios bolivianos y que se dan en la ciudad de Bermejo, frente a la localidad Argentina de Aguas Blancas por parte de la empresa Pluspetrol.
Al parecer, las denuncias contra la multinacional se repiten desde hace por lo menos una década y por eso están solicitando la intervención provincial y nacional, porque entre otras cosas “el agua que toman en Aguas Blancas y sus inmediaciones es captada del río Bermejo y tratada para el consumo humano”.
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Arrojan desechos de agroquímicos a la vera del Río del Valle

Fecha de Publicación: 30/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El vecino ambientalista Eric Zamora denunció que una enorme cantidad de desechos tóxicos agrarios son arrojados a las orillas del río, en el municipio de Las Lajitas.
El ambientalista Eric Zamora denunció que una enorme cantidad de desechos de envases de agroquímicos son arrojados a la vera del Río del Valle, y al lado de una planta recicladora, en el pueblo homónimo que pertenece al municipio Las Lajitas en el departamento Anta. El vecino radicó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
 Zamora registró mediante fotografías y un video las toneladas de basura tóxica que son arrojadas a la vera del río, al aire libre, sin ningún tipo de resguardo. Envases de agroquímicos, bidones, bolsas, empaques de glifosato, bolsones en los que se transporta cereal curado, etiquetas de empresas como Syngenta y Bunge y con advertencias de peligro fueron halladas en el lugar.
"En las etiquetas decía que eran productos peligrosos y que había que manipularlos con precaucion, advertía el peligro para los peces y la flora. Todas tienen advertencias y teléfonos para llamar en caso de intoxicación", describió. Además, indicó que había máquinas fumigadoras manuales tiradas.
 El activista denunció el avance de la frontera agroindustrial, precisó que ya formalizó alrededor de 15 denuncias vinculadas a las fumigaciones con agroquímicos y una por amenaza de muerte de un finquero pero no obtuvo respuestas de las autoridades locales.
Según explicó, en tiempos de lluvia todos los desechos van a parar al río, y cauce abajo habitan pobladorxs que utilizan el agua para consumo humano o de sus animales. Zamora publicó en facebook el registro audiovisual del basural. Sin embargo, dijo que hay un silencio alarmante de las autoridades municipales, y puso énfasis en el riesgo para la salud pública que implica este material abandonado a cielo abierto.
La denuncia fue radicada por Zamora vía online ante la UFIMA, añadió que realizará además otra denuncia en la dependencia fiscal de Las Lajitas.
Contó que tomó conocimiento de ese basural porque relatos de vecinxs que se asentaron en tierras de la multinacional La Moraleja, ya que iban a sacar plástico que se desecha de las silobolsas para armar las chozas precarias. Además, lxs vecinxs le dijeron que fueron denunciadxs por la planta recicladora debido a que se llevaban esos plásticos. El asentamiento está a 800 metros del lugar que es como un basural a cielo abierto, a la orilla del río y al lado de la planta de reciclaje.  
La ley de fitosanitarios 27279 prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, del mismo modo que la comercialización o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.
La ley prohíbe también el uso del material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos que, por su utilización o naturaleza, puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente.
Las Lajitas es una localidad conocida como el polo sojero de la provincia. Sin embargo, las empresas del agro, según lo que se evidencia con el hallazgo de esa cantidad de residuos, no tienen un manejo adecuado de sus desechos.
La denuncia de Zamora se hizo un día antes de que el municipio de Las Lajitas, que tiene como intendente a Fernando Alabi, realice un foro ambiental junto a una ONG de la Capital, Mundo Verde.
Salta/12 intentó consultar al intendente pero no atendió las llamadas. Zamora consideró que las toneladas de residuos del agro al lado del río implican "una grave violación a los derechos ambientales y humanos". "Lo observado es sumamente peligroso para la vida de quienes residen en el lugar, como así también para el desarrollo óptimo del ambiente", manifestó en la denuncia ante UFIMA y pidió una "inmediata y urgente investigación".
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Salta/12 que la Fiscalía a cargo de María García Pisacic intervendrá a partir de este jueves con su auxiliar fiscal. Dijeron que la funcionaria tomó conocimiento de la situación por la consulta realizada.
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Inauguran "cosechas de agua"

Fecha de Publicación: 28/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En Santa Victoria Este el grupo El Quebracho, de la Organización de Familias Criollas, ha desarrollado 6 cisternas de captación de lluvia para recolectar agua segura mediante un apoyo de la Mesa de Acceso y Gestión del Agua para el Chaco salteño, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y ejecutando un convenio con el Enohsa y el Ministerio de Infraestructura de Salta.
La organización inaugurará las obras el próximo 10 de septiembre a las 11 en esa localidad de Rivadavia.
En este proyecto se viene trabajando hace más de 20 años en diferentes acciones, luego de que una crecida del Pilcomayo borrara sus puestos en Puerto La Paz hace 15 años, y se asentaran donde hoy viven.
En el marco de la conformación y consolidación de la OFC, en el año 2000 se inició un proceso de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas que les permitió definir el acceso a su tierra y la distribución territorial, articulado desde el Proyecto Pilcomayo y ratificado en la sentencia de la Corte Interamericana junto a Lhaka Hon hat.
Mientras el proceso de acuerdo por la tierra se desarrollaba, se trabajó un programa de manejo de los recursos naturales con construcción de represas, implantación de sistemas silvopastoriles y un plan ganadero, apicultura, fortalecimiento de grupos de mujeres y módulos agroecológicos, entre muchas otras acciones de capacitación e inversiones prediales. También aportaron en estos últimos años otros programas como Bosque y Comunidad, con el cual se desarrolló un PIC (plan integral comunicatorio) con inversiones de agua, cerramientos, sistemas de paneles solares, entre otros. La organización quiere mostrar los resultados de 20 años de trabajo, que les permite mejorar la vida a sus familias como un modelo a seguir, poniendo en práctica la propuesta elevada a la Corte Interamericana, que podría ser multiplicada, al menos como modelo para cumplir cabalmente con el fallo.
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Avanza el proceso para instalar biodigestores en comunidades originarias salteñas

Fecha de Publicación: 25/08/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


Luego de recibir la propuesta técnica, la cartera de Ambiente nacional abrió la oferta económica para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de tecnología ambientalmente sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, realizó la apertura del sobre con la propuesta económica de la empresa Desarrollo de Equipos Industriales S.A. para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestores en dos comunidades originarias de la provincia de Salta.
El llamado correspondió a la solicitud de propuestas n.° 04/2021. El mismo se realizó en el ámbito del proyecto “Modelos de Negocios Sostenibles para la Producción de Biogás a partir de Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos” (ARG 16/G23), que ejecuta la cartera que conduce Juan Cabandié, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Cabe señalar que la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparación de la oferta económica, a fin de analizar si se adecúa a las condiciones indicadas.
El propósito buscado es poner en marcha dos biodigestores tubulares para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos en las comunidades guaraní Colonia Fiscal 8 y wichi Pacará, ambas de la provincia del Noroeste argentino. Esta tecnología permitirá hacer frente a la gestión interna de los residuos en estas poblaciones y la generación de energías renovables.
Se busca que los biodigestores sean instalados para el aprovisionamiento energético de los pozos de agua, la red de iluminación LED y la estación de recarga de equipos electrónicos. A la vez, se incluirán las soluciones logísticas más aptas para el manejo interno de la materia prima que alimenta al biodigestor, para la provisión de agua diaria necesaria y todo lo requerido para utilizar el biofertilizante líquido generado.
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La desesperación obliga a wichis a beber agua contaminada

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Vienen reclamando un pozo desde hace años, pero deben abastecerse de una cañada donde mueren los animales.
"Estamos desesperados por el agua. Ahora con el calor de vuelta, la misma desesperación nos lleva a consumir al agua que sabemos que está contaminada y que sacamos de una cañada donde hay animales muertos". Las palabras del cacique Osvaldo Gómez de la comunidad wichi de San Ignacio, a 10 kilómetros de Santa Victoria Este, resultan el mismo repique de un pedido que se pierde en la burocracia estatal.
La comunidad, donde viven unas 60 familias wichi, viene reclamando la perforación de un pozo de agua desde hace años y pese a las promesas y proyecciones que se hicieron, aún no tienen solución, mientras las altas temperaturas se instalan nuevamente en la profundidad del Chaco salteño.
Una serie de desafortunadas circunstancias hizo que la situación en esa sufrida comunidad se torne dramática, ya que pese a que la zona estuvo en el radar del Gobierno nacional y provincial para la perforación de nuevos pozos, San Ignacio nunca pudo obtener el beneficios, aunque el cacique Gómez viene gestionado esa obra desde el año 2017.
En forma precaria, las familias de San Ignacio se abastecían con una manguera de dos kilómetro que llega desde El Tigre, otra comunidad que tiene pozo de extracción, pero cuya producción cayó a cero en las últimas semanas. No obstante, El Tigre tiene otro pozo de donde se abastece esa población, pero el suministro hacia San Ignacio se interrumpió en forma total.
Al conocer la difícil situación de San Ignacio, la Fundación Siwok hizo su aporte y perforó un pozo somero de 50 metros de donde la gente comenzó a proveerse, pero la salinidad es tan alta que ni siquiera los animales pueden tomar esa agua. "Estuvimos muy contentos con la obra de la fundación, pero la alegría nos duró poco porque el agua empezó a salir muy salada y no la podemos tomar. No se puede utilizar ni para lavar". Osvaldo envió a El Tribuno un análisis de laboratorio de la Cruz Roja Argentina donde se demuestra que el nivel salobre del agua es tres veces superior al máximo permitido en el Código Alimentario Argentino. "Lo que tenemos miedo es que el Gobierno se confíe en que la fundación ya nos hizo el pozo y se olvide de nuestro reclamo que todavía sigue", expresó.
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