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Atuel: pedirán que un corte de río sea delito ambiental
09:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
En la UNLPam, juristas proponen que el corte de un río configure un delito ambiental
Fecha de Publicación: 13/10/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Una comisión creada por la UNLPam propuso agregar al capítulo de delitos ambientales la interrupción de un río, porque esto ocasiona “verdaderos desastres humanos y ambientales” y “pone en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales”.
La Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, propuso incluir, en el marco de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional, el corte de un río, que genera la desertificación de una región, entre los distintos delitos ambientales, porque esas conductas provocan “refugiados ambientales, víctimas de estos procesos” que afectan al medioambiente. La comisión que creó la Universidad para analizar el anteproyecto envió en agosto el informe final y conclusiones, con esa sugerencia.
En el informe se menciona que la temática tiene profunda actualidad en la provincia, en referencia al viejo conflicto con Mendoza por el corte del río Atuel desde hace medio siglo. “Estas conductas provocan verdaderos desastres humanos y ambientales, provocando incluso en nuestro país y en nuestra provincia, particularmente, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”, advirtió.
La comisión coordinadora fue creada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la integraron representantes de los diferentes claustros: Guadalupe Bustos (estudiantes), Mariano Gette (graduados), Alejandro Osio (docente) y la coordinadora del área Derecho Público, Cecilia Bertolé. Analizaron el anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada hace dos años. En agosto, enviaron el informe final al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak, quien había pedido un aporte a la UNLPam.
El análisis comenzó 19 de junio de este año, con la conferencia-debate que encabezó Roberto Manuel Carles, coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto. También participaron Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de la Facultad. Luego, el 23 de junio, María Elena Barbagelata, exdiputada nacional por el Partido Socialista e integrante de la misma comisión, dio otra conferencia-debate. Finalmente, el 4 de julio se desarrolló un foro-debate, con comisiones temáticas.
Si bien la comisión de la UNLPam recibió propuestas de personas y organizaciones para elaborar el informe, rechazó varias y, finalmente, tuvo en cuenta e hizo propia la opinión que expresó Eduardo Aguirre, profesor de Derecho Penal II (también defensor general de la Provincia), que se vincula “a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos”.
Otro delito ambiental
En lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, en el informe final, la Facultad sostuvo que “debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma”.
El artículo del anteproyecto describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en cuanto se “contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”. Además, menciona que se agrava la conducta infractora si “tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural; impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas; provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas afectadas; causare daños directos a la salud de la población; provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad”.
La Facultad propuso que se agregue al artículo, en forma expresa, “una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado”.
“Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación del poder punitivo del Estado -se aclaró-, sino una adecuación típica y una correcta y detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”.
Propuestas rechazadas
Entre las propuestas que llegaron a la comisión de la UNLPam pero que no fueron recogidas en el informe final, figuraba la de un debate sobre el aborto (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito); una modificación a los delitos de trata propuesta por la campaña abolicionista; un aporte sobre “incidentes” de tránsito de la Fundación Estrellas Amarillas; y una serie de ideas del exministro e intendente destituido Juan Carlos Tierno, la de penalizar a los padres de menores que cometen hechos delictivos, entre otras.
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Fecha de Publicación: 13/10/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Una comisión creada por la UNLPam propuso agregar al capítulo de delitos ambientales la interrupción de un río, porque esto ocasiona “verdaderos desastres humanos y ambientales” y “pone en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales”.
La Universidad Nacional de La Pampa, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, propuso incluir, en el marco de la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno Nacional, el corte de un río, que genera la desertificación de una región, entre los distintos delitos ambientales, porque esas conductas provocan “refugiados ambientales, víctimas de estos procesos” que afectan al medioambiente. La comisión que creó la Universidad para analizar el anteproyecto envió en agosto el informe final y conclusiones, con esa sugerencia.
En el informe se menciona que la temática tiene profunda actualidad en la provincia, en referencia al viejo conflicto con Mendoza por el corte del río Atuel desde hace medio siglo. “Estas conductas provocan verdaderos desastres humanos y ambientales, provocando incluso en nuestro país y en nuestra provincia, particularmente, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”, advirtió.
La comisión coordinadora fue creada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la integraron representantes de los diferentes claustros: Guadalupe Bustos (estudiantes), Mariano Gette (graduados), Alejandro Osio (docente) y la coordinadora del área Derecho Público, Cecilia Bertolé. Analizaron el anteproyecto del Código Penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada hace dos años. En agosto, enviaron el informe final al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak, quien había pedido un aporte a la UNLPam.
El análisis comenzó 19 de junio de este año, con la conferencia-debate que encabezó Roberto Manuel Carles, coordinador de la comisión que elaboró el anteproyecto. También participaron Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de la Facultad. Luego, el 23 de junio, María Elena Barbagelata, exdiputada nacional por el Partido Socialista e integrante de la misma comisión, dio otra conferencia-debate. Finalmente, el 4 de julio se desarrolló un foro-debate, con comisiones temáticas.
Si bien la comisión de la UNLPam recibió propuestas de personas y organizaciones para elaborar el informe, rechazó varias y, finalmente, tuvo en cuenta e hizo propia la opinión que expresó Eduardo Aguirre, profesor de Derecho Penal II (también defensor general de la Provincia), que se vincula “a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos”.
Otro delito ambiental
En lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, en el informe final, la Facultad sostuvo que “debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma”.
El artículo del anteproyecto describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en cuanto se “contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”. Además, menciona que se agrava la conducta infractora si “tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural; impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas; provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas afectadas; causare daños directos a la salud de la población; provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad”.
La Facultad propuso que se agregue al artículo, en forma expresa, “una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado”.
“Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación del poder punitivo del Estado -se aclaró-, sino una adecuación típica y una correcta y detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación”.
Propuestas rechazadas
Entre las propuestas que llegaron a la comisión de la UNLPam pero que no fueron recogidas en el informe final, figuraba la de un debate sobre el aborto (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito); una modificación a los delitos de trata propuesta por la campaña abolicionista; un aporte sobre “incidentes” de tránsito de la Fundación Estrellas Amarillas; y una serie de ideas del exministro e intendente destituido Juan Carlos Tierno, la de penalizar a los padres de menores que cometen hechos delictivos, entre otras.
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Aalertan por el elevado nivel de arsénico en La Pampa
Advierten un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua del norte pampeano
Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Fecha de Publicación: 18/09/2014
Fuente: Noticias Ambientales
Provincia/Región: La Pampa
Una presentación realizada por el senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, alerta por un elevado nivel de arsénico en el servicio de agua potable de la zona norte de la provincia de La Pampa.
Se trata de una problemática de larga data que afecta la región cuyo proveedor es la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. de la localidad de Lincoln, y que se enmarca en una completa telaraña judicial ya que existe un desfasaje entre los niveles que considera tolerables en el Código Alimentario y la Ley Provincial de Aguas N° 1027.
En declaraciones a El Diario de La Pampa, Marino explicó que “en el año 2007 se había establecido en el Código Alimentario que si bien el límite tolerable de arsénico en el agua era de 0.05 miligramos por litro, debía disminuir a 0.01 miligramos al cabo de cinco años. Lógicamente en el 2012 no se alcanzó esa meta, con lo cual, se estableció que, hasta tanto no se cuente con los resultados del estudio de Hidroarsenicismo, el límite máximo seguiría siendo 0.05 miligramos”. Sin embargo, “el agua que nos llega a los pampeanos duplica ese límite”, advirtió.
Por la situación, el legislador apunta a la Empresa Aguas Bonaerenses S.A. ya que existe un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en la que la obliga a entregar agua que respete las especificaciones del Código Alimentario en la localidad de Lincoln. “Este fallo supone que la legislación provincial no puede colisionar con la nacional y, por ende, que aunque en La Pampa la Ley de Aguas permita niveles mayores, debemos adecuarnos y bajar los niveles de arsénico”, contó el senador.
En este marco, el proyecto del senador nacional del Frepam, Juan Carlos Marino, solicita al Ejecutivo Nacional que dé a conocer las acciones desarrolladas para asegurar la calidad del agua potable en el marco del estudio Hidroarsenicismo y Saneamiento Básico en la República Argentina y que se especifique qué plazos se manejan para alcanzar lo establecido por el Código Alimentario.
“Los pampeanos merecemos agua de calidad, no podemos seguir consumiendo niveles de arsénico tan altos”, remarcó Marino y aseguró que “el acceso al agua de calidad es un derecho humano básico que debe estar asegurado por el Estado. El hidroarsenicismo trae consecuencias a la salud por eso la solución debe ser urgente. Además, este problema conlleva un gasto extra para la economía familiar porque se debe recurrir a agua envasada”.
Finalmente, consideró que “la solución al problema existe, lo que falta es voluntad política de arreglarlo. Desde el Senado vamos a insistir con todas las herramientas legales posibles hasta que nos aseguren que las obras se están realizando”.
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Otro golpe para el Atuel: dos proyectos de minería
Atuel: polémica por un proyecto minero
Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El miércoles ingresarán a la Cámara de Diputados de Mendoza dos proyectos mineros para explorar hierro y cobre en el sur de la provincia. El primero se denomina "Hierro Indio" y es una propuesta de una empresa nacional de hierro, que busca reactivar un yacimiento trabajado hasta 1970 por Fabricaciones Militares, y el otro -más polémico- se llama "Cerro Amarillo" y apunta a la extracción de cobre a 60 kilómetros de Malargüe. Sería trabajado por una firma de capitales argentinos y norteamericanos, y según organizaciones ambientalistas es "inviable" ya que pone en riesgo un ambiente protegido como la Laguna del Atuel, según informó el diario San Rafael.
El periódico aseguró que el gobierno del justicialista Francisco Pérez está decidido a avanzar con ambas iniciativas a pesar del fuerte rechazo de distintos sectores de la población. De acuerdo al ambientalista Federico Soria, "la ley nacional 26639 (conocida como Ley de Glaciares) prohíbe la minería en ambientes glaciares y periglaciares", por lo tanto los proyectos "no son viables".
Soria añadió que "la Ley provincial 6045 prohíbe la minería en todas sus etapas dentro de las áreas naturales protegidas, ya que el objetivo de dicha norma es conservar los ambientes naturales que las conforman", y destacó el proyecto de "Cerro Amarillo se encuentra dentro de la reserva natural Laguna del Atuel", según la ley provincial 8516".
El ambientalista expresó que la aprobación de los emprendimientos mineros "afectaría directamente el patrimonio natural de todos los mendocinos protegido por leyes provinciales vigentes", a la vez que aclaró que "la ley provincial 8051 (de ordenamiento territorial) determina que las áreas naturales protegidas provinciales creadas en el marco de la ley 6045, son reconocidas como áreas sujetas a regímenes especiales y, por lo tanto, la pretendida intencionalidad de llevar a cabo explotaciones mineras en este patrimonio natural que pertenece a todos los mendocinos, constituye también un acto de violación a la Ley de Ordenamiento Territorial".
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Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El miércoles ingresarán a la Cámara de Diputados de Mendoza dos proyectos mineros para explorar hierro y cobre en el sur de la provincia. El primero se denomina "Hierro Indio" y es una propuesta de una empresa nacional de hierro, que busca reactivar un yacimiento trabajado hasta 1970 por Fabricaciones Militares, y el otro -más polémico- se llama "Cerro Amarillo" y apunta a la extracción de cobre a 60 kilómetros de Malargüe. Sería trabajado por una firma de capitales argentinos y norteamericanos, y según organizaciones ambientalistas es "inviable" ya que pone en riesgo un ambiente protegido como la Laguna del Atuel, según informó el diario San Rafael.
El periódico aseguró que el gobierno del justicialista Francisco Pérez está decidido a avanzar con ambas iniciativas a pesar del fuerte rechazo de distintos sectores de la población. De acuerdo al ambientalista Federico Soria, "la ley nacional 26639 (conocida como Ley de Glaciares) prohíbe la minería en ambientes glaciares y periglaciares", por lo tanto los proyectos "no son viables".
Soria añadió que "la Ley provincial 6045 prohíbe la minería en todas sus etapas dentro de las áreas naturales protegidas, ya que el objetivo de dicha norma es conservar los ambientes naturales que las conforman", y destacó el proyecto de "Cerro Amarillo se encuentra dentro de la reserva natural Laguna del Atuel", según la ley provincial 8516".
El ambientalista expresó que la aprobación de los emprendimientos mineros "afectaría directamente el patrimonio natural de todos los mendocinos protegido por leyes provinciales vigentes", a la vez que aclaró que "la ley provincial 8051 (de ordenamiento territorial) determina que las áreas naturales protegidas provinciales creadas en el marco de la ley 6045, son reconocidas como áreas sujetas a regímenes especiales y, por lo tanto, la pretendida intencionalidad de llevar a cabo explotaciones mineras en este patrimonio natural que pertenece a todos los mendocinos, constituye también un acto de violación a la Ley de Ordenamiento Territorial".
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Atuel: la CSJ acepta la demanda de La Pampa
La Corte aceptó la demanda pampeana por el corte del Atuel
Fecha de Publicación: 16/08/2014
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar la demanda presentada en mayo pasado por el gobierno de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el corte del río Atuel, aunque no consideró el pedido para que se establezca la restitución del cauce con un caudal fluvioecológico en forma inmediata. La decisión implica un primer avance para la postura pampeana y, en consecuencia, un traspié para los funcionarios y jurisconsultos mendocinos que decían que la Corte esgrimiría la "cosa juzgada" para rechazar esta nueva presentación pampeana.
La información fue confirmada por el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, en una conferencia brindada ayer por la mañana en su despacho, oportunidad en que recordó que el gobierno pampeano respondió el 2 de julio la información requerida por el máximo tribunal en el marco del juicio presentado por el abogado santarroseño Miguel Palazzani por el daño ambiental generado por el corte del río.
Lastiri comentó que el proceso judicial iniciado a partir de la presentación del gobierno de La Pampa del 16 de mayo "está avanzando rápidamente" en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agregó que las autoridades "no estamos pasivas en las gestiones, seguimos relevando el cauce del Atuel, donde todavía corre agua, para demostrar que desde el punto de vista hidrológico y ambiental es perfectamente posible, aún en las crisis hídricas, la posibilidad que haya un caudal ambiental para La Pampa".
La decisión de la Corte de aceptar la demanda pampeana ya fue notificada a las tres partes involucradas. En el caso de Mendoza, en calidad de demandada, y en el caso del gobierno nacional, como tercero. Así lo había solicitado La Pampa en la presentación de mayo, un texto elaborado por el estudio jurídico porteño Badeni, Laplacette, Cantilo y Carricart.
Lastiri comentó que en la semana pasada participó de un encuentro del Consejo Hídrico Federal donde se recibió información de distintos organismos nacionales, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Medio Ambiente y del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) del Ministerio de Agricultura, sobre la demanda del Atuel y varios estudios sobre el tema. Estos organismos habían sido notificados por La Pampa sobre su demanda contra Mendoza. En la reunión de la semana pasada, comunicaron sus respuestas al Cohife.
El tema de la demanda pampeana también se está analizando en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), comentó Lastiri, que es el delegado pampeano ante ese comité de cuenca. En la última reunión ordinaria, el delegado mendocino informó que su provincia está trabajando sobre este tema para responder ante la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado por LA ARENA, Lastiri informó que la Corte "no dio curso" a una parte de la demanda que solicitaba se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y se restituyera de inmediato el escurrimiento el río en nuestra provincia, debiendo hacerlo con un caudal fluvioecológico. El tribunal "no atendió ese punto", indicó el secretario hídrico.
Una obra polémica
El secretario Lastiri también se refirió a la polémica generada a partir de las intenciones de la provincia de Mendoza de avanzar con la obra Portezuelo del Viento para lo que solicitó al gobierno nacional que incluya la construcción en los convenios de colaboración bilateral que firmó con Rusia y China.
"La posición de La Pampa con respecto a Portezuelo es clara desde hace tiempo. Se trata de una obra que reclama Mendoza, prevista en el Tratado del Río Colorado, con derivaciones en el trasvase que fue pospuesto por esa provincia y en consecuencia dentro de Coirco se discute sobre la ejecución", comentó el funcionario.
Siguiendo en ese sentido, añadió: "El gobierno mendocino pospuso el trasvase y se terminó el proyecto para la aprobación de Coirco, pero deben determinarse tres cosas que están demoradas: quién maneja la presa, el estudio de impacto ambiental y de caudal mínimo, esos requerimientos se solicitaron ahora".
De esta forma, el gobierno pampeano cuestionó nuevamente a Mendoza indicando que si la obra de Portezuelo del Viento no avanza es porque el Ejecutivo cuyano no cumplió aún con varios pasos fundamentales ante el Coirco, un órgano con participación de La Pampa que ejerce cierta presión con la restitución del Atuel para aprobar la obra.
Ahora sí comenzó el segundo juicio
Con la decisión de aceptar la demanda pampeana -tal como había aconsejado la Procuración General de Justicia- ya se puede afirmar que comenzó y está en marcha el segundo juicio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel. El primero, iniciado en 1979 y concluido en 1987, determinó la "interprovincialidad" del río -algo que negaba Mendoza- pero favoreció a esa provincia al rechazar la "acción posesoria de aguas" que había presentado La Pampa y al otorgarle el derecho a regar casi 76.000 hectáreas con el agua del río, argumento que siempre esgrimió para negarle un uso compartido del recurso a nuestra provincia.
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Fecha de Publicación: 16/08/2014
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó tratar la demanda presentada en mayo pasado por el gobierno de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el corte del río Atuel, aunque no consideró el pedido para que se establezca la restitución del cauce con un caudal fluvioecológico en forma inmediata. La decisión implica un primer avance para la postura pampeana y, en consecuencia, un traspié para los funcionarios y jurisconsultos mendocinos que decían que la Corte esgrimiría la "cosa juzgada" para rechazar esta nueva presentación pampeana.
La información fue confirmada por el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Néstor Lastiri, en una conferencia brindada ayer por la mañana en su despacho, oportunidad en que recordó que el gobierno pampeano respondió el 2 de julio la información requerida por el máximo tribunal en el marco del juicio presentado por el abogado santarroseño Miguel Palazzani por el daño ambiental generado por el corte del río.
Lastiri comentó que el proceso judicial iniciado a partir de la presentación del gobierno de La Pampa del 16 de mayo "está avanzando rápidamente" en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agregó que las autoridades "no estamos pasivas en las gestiones, seguimos relevando el cauce del Atuel, donde todavía corre agua, para demostrar que desde el punto de vista hidrológico y ambiental es perfectamente posible, aún en las crisis hídricas, la posibilidad que haya un caudal ambiental para La Pampa".
La decisión de la Corte de aceptar la demanda pampeana ya fue notificada a las tres partes involucradas. En el caso de Mendoza, en calidad de demandada, y en el caso del gobierno nacional, como tercero. Así lo había solicitado La Pampa en la presentación de mayo, un texto elaborado por el estudio jurídico porteño Badeni, Laplacette, Cantilo y Carricart.
Lastiri comentó que en la semana pasada participó de un encuentro del Consejo Hídrico Federal donde se recibió información de distintos organismos nacionales, como la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Medio Ambiente y del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) del Ministerio de Agricultura, sobre la demanda del Atuel y varios estudios sobre el tema. Estos organismos habían sido notificados por La Pampa sobre su demanda contra Mendoza. En la reunión de la semana pasada, comunicaron sus respuestas al Cohife.
El tema de la demanda pampeana también se está analizando en el ámbito del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), comentó Lastiri, que es el delegado pampeano ante ese comité de cuenca. En la última reunión ordinaria, el delegado mendocino informó que su provincia está trabajando sobre este tema para responder ante la requisitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Consultado por LA ARENA, Lastiri informó que la Corte "no dio curso" a una parte de la demanda que solicitaba se ordene el cese del daño ambiental en el oeste pampeano y se restituyera de inmediato el escurrimiento el río en nuestra provincia, debiendo hacerlo con un caudal fluvioecológico. El tribunal "no atendió ese punto", indicó el secretario hídrico.
Una obra polémica
El secretario Lastiri también se refirió a la polémica generada a partir de las intenciones de la provincia de Mendoza de avanzar con la obra Portezuelo del Viento para lo que solicitó al gobierno nacional que incluya la construcción en los convenios de colaboración bilateral que firmó con Rusia y China.
"La posición de La Pampa con respecto a Portezuelo es clara desde hace tiempo. Se trata de una obra que reclama Mendoza, prevista en el Tratado del Río Colorado, con derivaciones en el trasvase que fue pospuesto por esa provincia y en consecuencia dentro de Coirco se discute sobre la ejecución", comentó el funcionario.
Siguiendo en ese sentido, añadió: "El gobierno mendocino pospuso el trasvase y se terminó el proyecto para la aprobación de Coirco, pero deben determinarse tres cosas que están demoradas: quién maneja la presa, el estudio de impacto ambiental y de caudal mínimo, esos requerimientos se solicitaron ahora".
De esta forma, el gobierno pampeano cuestionó nuevamente a Mendoza indicando que si la obra de Portezuelo del Viento no avanza es porque el Ejecutivo cuyano no cumplió aún con varios pasos fundamentales ante el Coirco, un órgano con participación de La Pampa que ejerce cierta presión con la restitución del Atuel para aprobar la obra.
Ahora sí comenzó el segundo juicio
Con la decisión de aceptar la demanda pampeana -tal como había aconsejado la Procuración General de Justicia- ya se puede afirmar que comenzó y está en marcha el segundo juicio de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel. El primero, iniciado en 1979 y concluido en 1987, determinó la "interprovincialidad" del río -algo que negaba Mendoza- pero favoreció a esa provincia al rechazar la "acción posesoria de aguas" que había presentado La Pampa y al otorgarle el derecho a regar casi 76.000 hectáreas con el agua del río, argumento que siempre esgrimió para negarle un uso compartido del recurso a nuestra provincia.
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Finalmente La Pampa demandó a Mendoza por el Atuel
La Pampa demandó a Mendoza en la Corte Suprema por el río Atuel
Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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Fecha de Publicación: 18/05/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple un fallo que declara al río de carácter “interprovincial” y acusa "un inmenso daño social en el noreste" pampeano.
La Pampa demandó hoy ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de Mendoza por el uso de las aguas del Río Atuel que, según un fallo del máximo tribunal de 1987, tiene carácter de "interprovincial".
La Pampa reprocha a Mendoza que no cumple este fallo, pero además que "ha sido la causante de un inmenso daño social en el noreste" de la provincia, una región "que fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río".
La demanda pampeana, que tiene unas 400 páginas más anexos, con más de 10 mil fojas y que fue presentada este mediodía, apunta a Mendoza, pero además cita como "tercero obligado" al Estado Nacional, al que le reclama por su "responsabilidad histórica en la negligente administración del complejo Los Nihuiles".
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La Pampa controla las zonas petroleras
Controlan las zonas petroleras
Fecha de Publicación: 09/04/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El subsecretario de Ecología de la provincia, Darío Mariani, y personal técnico de ese área visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo con el fin de analizar "in situ" la zona y tomar muestras de agua de los freatímetros instalados en el lugar.
El trabajo se realizó en el área "El Medanito" que explotan las empresas Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobrás Argentina SA.
Los freatímetros son perforaciones que permiten tomar muestras del agua del subsuelo y detectar si existe o no contaminación, ya sea por hidrocarburos o agua salada, provenientes de las perforaciones petroleras. Este trabajo se viene efectuando ininterrumpidamente desde hace siete años y en forma continuada se han venido sumando punto de control. En la actualidad, la red de control cuenta con más de cuarenta freatímetros distribuidos a toda el área donde se explotan hidrocarburos.
"Es de hacer notar que a la fecha en ninguno de los controles se ha detectado contaminación subterránea", remarcó la Subsecretaría.
Asimismo, el organismo procedió a liberar suelos que habían sido contaminados con hidrocarburos y que se sometieron a un tratamiento de biorremediación para su descontaminación. Esta decisión se tomó merced a los resultados que informó el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Del volumen total de suelos afectados, 3.482 metros cúbicos fueron tratados por la empresa Petrobras Argentina S.A. y 450 metros cúbicos por el consorcio empresario "Medanito Sur".
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Fecha de Publicación: 09/04/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El subsecretario de Ecología de la provincia, Darío Mariani, y personal técnico de ese área visitaron la zona petrolera de 25 de Mayo con el fin de analizar "in situ" la zona y tomar muestras de agua de los freatímetros instalados en el lugar.
El trabajo se realizó en el área "El Medanito" que explotan las empresas Petroquímica Comodoro Rivadavia y Petrobrás Argentina SA.
Los freatímetros son perforaciones que permiten tomar muestras del agua del subsuelo y detectar si existe o no contaminación, ya sea por hidrocarburos o agua salada, provenientes de las perforaciones petroleras. Este trabajo se viene efectuando ininterrumpidamente desde hace siete años y en forma continuada se han venido sumando punto de control. En la actualidad, la red de control cuenta con más de cuarenta freatímetros distribuidos a toda el área donde se explotan hidrocarburos.
"Es de hacer notar que a la fecha en ninguno de los controles se ha detectado contaminación subterránea", remarcó la Subsecretaría.
Asimismo, el organismo procedió a liberar suelos que habían sido contaminados con hidrocarburos y que se sometieron a un tratamiento de biorremediación para su descontaminación. Esta decisión se tomó merced a los resultados que informó el laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Del volumen total de suelos afectados, 3.482 metros cúbicos fueron tratados por la empresa Petrobras Argentina S.A. y 450 metros cúbicos por el consorcio empresario "Medanito Sur".
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El caso Atuel va a la Corte Suprema
Atuel: “El camino es la Corte Suprema”
Fecha de Publicación: 04/04/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Jorge dio un corte definitivo a cualquier tipo de acuerdo político con Mendoza por el corte del río Atuel. “Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora el camino es la Corte Suprema”, aseguró.
Sobre el rechazo del Senado mendocino al convenio firmado en el año 2008, Jorge dijo que “esto demuestra una vez más las actitudes que tiene Mendoza, donde desaprueba el acuerdo justo en este momento donde la Corte Suprema se ha abocado al tema del Atuel”.
- Mendoza quiere un nuevo acuerdo.
- Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora, el camino es la Sorte Suprema. Estamos a pocos días de hacer la presentación por parte del Estudio Badeni y allá vamos.
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Fecha de Publicación: 04/04/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Jorge dio un corte definitivo a cualquier tipo de acuerdo político con Mendoza por el corte del río Atuel. “Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora el camino es la Corte Suprema”, aseguró.
Sobre el rechazo del Senado mendocino al convenio firmado en el año 2008, Jorge dijo que “esto demuestra una vez más las actitudes que tiene Mendoza, donde desaprueba el acuerdo justo en este momento donde la Corte Suprema se ha abocado al tema del Atuel”.
- Mendoza quiere un nuevo acuerdo.
- Vamos a seguir en la Corte Suprema. Hemos dialogado todo lo que teníamos que dialogar. Ahora, el camino es la Sorte Suprema. Estamos a pocos días de hacer la presentación por parte del Estudio Badeni y allá vamos.
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Avanza la demanda contra Mendoza por el Atuel
Causa del Atuel: La Pampa fue notificada
Fecha de Publicación: 27/02/2014
Fuente: EL Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge y el asesor letrado de Gobierno, José Vannini, ya fueron formalmente notificados de la demanda que trata la Corte Suprema de Justicia, en la que se le pide a Mendoza un resarcimiento por el daño ambiental causado a partir del corte de ese curso hídrico.
Los funcionarios pampeanos se enteraron formalmente el caso el viernes pasado, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario. Esto significa que empezaron a correr los 60 días hábiles de plazo para que la Provincia fije posición en el expediente, de acuerdo a los planteos e interrogantes que formula el máximo organismo judicial.
En este marco, el gobierno provincial debe definir políticamente qué intervención hace en la causa: si se limita a responder los interrogantes de la Corte o aprovecha el espacio jurídico para hacer los planteos que pensaba articular en una nueva demanda, anunciada en setiembre y cuyo análisis quedó en manos del Estudio Badeni.
La causa avanzada en la Corte se inició a raíz de un planteo como ciudadano común que hizo el abogado Miguel Palazzani, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez. Nunca fueron consultados oficialmente por el gobierno pampeano respecto de la cuestión.
Ya habían empezado a correr los plazos para las otras partes, la Provincia de Mendoza y el gobierno central: Nación tienen que dar explicaciones acerca de lo que hizo o no hizo para el cumplimiento del convenio que se firmó en agosto del año 2008, y que no ha tenido aplicación porque en Mendoza ni siquiera se logró el aval legislativo.
En la conclusión del fallo, se le pide al Estado Nacional detalles de si ha otorgado “asistencia financiera a las provincias de La Pampa y Mendoza para la ejecución de las obras previstas y si ha constituido la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel, y, en tal caso, si se han cumplido las acciones contempladas en la cláusula décima de ese instrumento”.
La Corte cita al Estado Nacional solamente por su intervención en el acuerdo de 2008, dejando de lado cualquier referencia o posible intervención previa dentro del corte del río. Desde algunos sectores en La Pampa han reclamado al Gobierno Provincial que también incluya a la Nación en la demanda anunciada en septiembre, al entender que también tiene responsabilidad en el corte del caudal hacia La Pampa.
En los considerandos de la resolución del máximo tribunal -tal como informó El Diario- se deja sentado claramente el carácter de río interprovincial que le confieren a la cuenca hidrográfica del Atuel. Lo hacen citando el fallo de 1987, que resolvió la primera demanda que La Pampa presentó contra Mendoza por el corte del cauce. Incluso, esa interjurisdiccionalidad es lo que esgrime para que sea la Corte quien trate el tema.
Además, se cita al pleito a la provincia de La Pampa porque “la controversia le es común” ya que reviste “la condición de cotitular del río Atuel”, según señalan los jueces. La citación como tercero del Estado Nacional es en virtud de “la invocación del acuerdo suscripto con las provincias involucradas a los efectos de la realización de obras para solucionar el problema ambiental que se denuncia”.
En la ratificación de la citación a Nación y La Pampa para tomar parte dejan en claro que es para que “comparezcan a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderles”. Es decir, que nuestra provincia podría sumarse como codemandante.
Las cuestiones que La Pampa está planteando hacer formar parte de una demanda bien podrían ingresarse en este expediente que ya tiene un notable grado de avance y que la Corte Suprema ha resuelto definir por sí misma.
“Si algo distinto de lo que dice nuestra demanda quería hacer (La Pampa) con el nuevo juicio, procesalmente lo puede plantear en ese mismo expediente”, aseveró Gil Domínguez. “Cuando se presente, puede dar todos los argumentos que quiera y ofrecer la prueba que considere necesaria”, comentó.
De este modo, la Provincia podría ingresar en un análisis de su estrategia y revisar lo actuado y los pasos a dar. Hasta el momento, el gobernador instruyó para que el Estudio Badeni se haga cargo de una presentación formal ante la Corte, para lo cual los abogados están consultando a diversos sectores conocedores del conflicto e involucrados en la problemática.
Gil Domínguez redondeó: “La discusión de ahora en más es cómo el agua vuelve a correr en el río Atuel, esa es la discusión de este proceso: ya no se discute si debe llegar a La Pampa, sino cómo vuelve a correr”.
Los requerimientos a Mendoza que deben ser respondidos en el término de 60 días están separados en cuatro puntos. En uno de ellos, preguntan si el convenio suscripto en 2008 con Nación y La Pampa “fue ratificado por la Legislatura provincial o, en su defecto, cuáles fueron las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo para lograr ese propósito”.
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Fecha de Publicación: 27/02/2014
Fuente: EL Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El gobernador Oscar Mario Jorge y el asesor letrado de Gobierno, José Vannini, ya fueron formalmente notificados de la demanda que trata la Corte Suprema de Justicia, en la que se le pide a Mendoza un resarcimiento por el daño ambiental causado a partir del corte de ese curso hídrico.
Los funcionarios pampeanos se enteraron formalmente el caso el viernes pasado, de acuerdo a lo que pudo saber El Diario. Esto significa que empezaron a correr los 60 días hábiles de plazo para que la Provincia fije posición en el expediente, de acuerdo a los planteos e interrogantes que formula el máximo organismo judicial.
En este marco, el gobierno provincial debe definir políticamente qué intervención hace en la causa: si se limita a responder los interrogantes de la Corte o aprovecha el espacio jurídico para hacer los planteos que pensaba articular en una nueva demanda, anunciada en setiembre y cuyo análisis quedó en manos del Estudio Badeni.
La causa avanzada en la Corte se inició a raíz de un planteo como ciudadano común que hizo el abogado Miguel Palazzani, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez. Nunca fueron consultados oficialmente por el gobierno pampeano respecto de la cuestión.
Ya habían empezado a correr los plazos para las otras partes, la Provincia de Mendoza y el gobierno central: Nación tienen que dar explicaciones acerca de lo que hizo o no hizo para el cumplimiento del convenio que se firmó en agosto del año 2008, y que no ha tenido aplicación porque en Mendoza ni siquiera se logró el aval legislativo.
En la conclusión del fallo, se le pide al Estado Nacional detalles de si ha otorgado “asistencia financiera a las provincias de La Pampa y Mendoza para la ejecución de las obras previstas y si ha constituido la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel, y, en tal caso, si se han cumplido las acciones contempladas en la cláusula décima de ese instrumento”.
La Corte cita al Estado Nacional solamente por su intervención en el acuerdo de 2008, dejando de lado cualquier referencia o posible intervención previa dentro del corte del río. Desde algunos sectores en La Pampa han reclamado al Gobierno Provincial que también incluya a la Nación en la demanda anunciada en septiembre, al entender que también tiene responsabilidad en el corte del caudal hacia La Pampa.
En los considerandos de la resolución del máximo tribunal -tal como informó El Diario- se deja sentado claramente el carácter de río interprovincial que le confieren a la cuenca hidrográfica del Atuel. Lo hacen citando el fallo de 1987, que resolvió la primera demanda que La Pampa presentó contra Mendoza por el corte del cauce. Incluso, esa interjurisdiccionalidad es lo que esgrime para que sea la Corte quien trate el tema.
Además, se cita al pleito a la provincia de La Pampa porque “la controversia le es común” ya que reviste “la condición de cotitular del río Atuel”, según señalan los jueces. La citación como tercero del Estado Nacional es en virtud de “la invocación del acuerdo suscripto con las provincias involucradas a los efectos de la realización de obras para solucionar el problema ambiental que se denuncia”.
En la ratificación de la citación a Nación y La Pampa para tomar parte dejan en claro que es para que “comparezcan a tomar en la causa la intervención que pudiere corresponderles”. Es decir, que nuestra provincia podría sumarse como codemandante.
Las cuestiones que La Pampa está planteando hacer formar parte de una demanda bien podrían ingresarse en este expediente que ya tiene un notable grado de avance y que la Corte Suprema ha resuelto definir por sí misma.
“Si algo distinto de lo que dice nuestra demanda quería hacer (La Pampa) con el nuevo juicio, procesalmente lo puede plantear en ese mismo expediente”, aseveró Gil Domínguez. “Cuando se presente, puede dar todos los argumentos que quiera y ofrecer la prueba que considere necesaria”, comentó.
De este modo, la Provincia podría ingresar en un análisis de su estrategia y revisar lo actuado y los pasos a dar. Hasta el momento, el gobernador instruyó para que el Estudio Badeni se haga cargo de una presentación formal ante la Corte, para lo cual los abogados están consultando a diversos sectores conocedores del conflicto e involucrados en la problemática.
Gil Domínguez redondeó: “La discusión de ahora en más es cómo el agua vuelve a correr en el río Atuel, esa es la discusión de este proceso: ya no se discute si debe llegar a La Pampa, sino cómo vuelve a correr”.
Los requerimientos a Mendoza que deben ser respondidos en el término de 60 días están separados en cuatro puntos. En uno de ellos, preguntan si el convenio suscripto en 2008 con Nación y La Pampa “fue ratificado por la Legislatura provincial o, en su defecto, cuáles fueron las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo para lograr ese propósito”.
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Atuel: "Es tarde para dialogar"
Atuel: "Es tarde para dialogar", responden diputados a Mendoza
Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Fecha de Publicación: 12/02/2014
Fuente: La Arena (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Un documento legislativo dio cuenta del compromiso que toma la Cámara de Diputados luego de conocerse el fallo por el que la CSJ se declara competente y emplazó a la provincia de Mendoza.
Aunque la bancada del Frepam firmó el documento conjunto de la Legislatura provincial, apoyando lo que se considera el "nuevo escenario en la lucha por recuperar los caudales del río Atuel", fue más allá al consignar -en forma separada- que era necesario "apurar al Poder Ejecutivo Provincial para que inicie una nueva demanda a la Provincia de Mendoza y al Estado Nacional, más allá de las acciones y/o resultados que deriven del fallo motivo del documento".
Precisamente ayer la Cámara de Diputados difundió un comunicado firmado por su presidenta, Norma Durango; el vicepresidente Juan Pablo Morisoli, y los presidentes de cada uno de los bloques, Daniel Lovera (PJ), Carlos Bruno (Frepam), Sandra Fonseca (Frente Comunidad Organizada), Daniel Robledo (Pueblo Nuevo) y Darío Casado (PRO).
El texto refiere "a la buena noticia" de que la demanda que presentaron los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez, solicitando la distribución equitativa de los caudales del río Atuel en nuestra provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo respuesta favorable de parte del alto tribunal".
Dice el Poder Legislativo que se trata de un "gran paso, de máxima importancia para La Pampa que viene sufriendo desde hace 66 años el corte de las aguas del Atuel de forma unilateral por parte de Mendoza, situación agravada por la construcción del complejo los Nihuiles, por parte de la Nación en su territorio".
Antecedentes.
Agrega que "es muy importante el fallo de la Corte, ya que apoyándose en el convenio marco interprovincial del año 2008, en un todo de acuerdo al exhorto de la sentencia de la misma del año 1987, suscripto entre ambas provincias y la Nación, requiere una serie de informaciones a las tres partes involucradas, las cuales deben resolverlas en un plazo de sesenta días".
Recuerda el comunicado que nuestra provincia "siempre actuó en el marco de lo que la Corte mandó en su fallo original, que repetidas veces y en distintos gobiernos se celebraron convenios y protocolos de entendimiento, como así también formamos parte de la CIAI y delineamos en forma conjunta, proyectos y planes para restablecer el equilibrio fluvioecológico y ambiental, cuyos plazos y compromisos Mendoza nunca cumplió. El último incumplimiento fue el del convenio marco tripartito de agosto de 2008".
Fue la misma Cámara de Diputados la que sancionó por unanimidad la ratificación del convenio marco a los pocos meses de firmado, pero Mendoza nunca lo hizo. La Legislatura también sancionó por unanimidad una resolución por la que se solicitó al gobernador de La Pampa "que iniciara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza, para exigir un caudal del río Atuel para nuestra provincia, apoyándose en términos ambientales, de violación al derecho humano al agua y en la necesidad de recuperar y recomponer la desertización causada en nuestro oeste territoriano".
Compromiso.
Desde el Poder Ejecutivo se expresó también el compromiso de "seguir en la senda trazada desde hace años por otras composiciones de esta Cámara de Diputados, y a cumplir con lo que dijimos a pocos días de haber asumido el presente período de gobierno. Hoy ya es tarde para pensar en arreglos y comisiones interprovinciales. El no respeto a los plazos y a no cumplir con los compromisos asumidos los ha agotado totalmente".
Finalmente el texto firmado expresa que se ve "con esperanza el avance anunciado en el fallo de la Corte y confirmamos que fueron los responsables de este anacronismo hídrico-ecológico entre argentinos, optando por desarrollar el sur mendocino con riego, producción y energía, y como contraparte desertizar y despoblar el oeste pampeano".
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Terribles incendios forestales en La Pampa
Las hectáreas afectadas por el fuego ascienden a 420.000
Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El director general de Defensa Civil de La Pampa, Gustavo Romero, informó que en la provincia se quemaron hasta el momento unas 420.000 hectáreas, aunque agregó que actualmente la situación “está controlada”.
La situación está controlada, porque pudimos dominar el último incendio del campo ’La Luz’, ubicado a unos 140 kilómetros de Santa Rosa sobre la ruta 14, donde aún hay una cuadrilla monitoreando la zona”, comentó el funcionario provincial.
Después de confirmar que en La Pampa hasta el momento se quemaron 420.000 hectáreas, Romero agregó que la provincia sigue en alerta porque las últimas lluvias tampoco fueron generalizadas y que las zonas más peligrosas son las de Chacharramendi, Puelches, Casa de Piedra y Santa Isabel.
El director de Defensa Civil pampeano destacó, además, el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y que permitió en la última semana la presencia de brigadistas de Córdoba y de marinos especializados de Bahía Blanca en la provincia.
Con respecto a las 420.000 hectáreas que se quemaron en distintas zonas de La Pampa desde noviembre pasado, Romero remarcó que la media histórica es de 320.000 hectáreas y que “en los últimos años esa cifra avanzaba a alrededor de 80.000 hectáreas”.
En la última semana, dos personas murieron en la localidad de Chacharramendi al ser alcanzadas por los incendios que se produjeron en un campo de la zona, en el que trabajaban como encargados. “Eso marca la peligrosidad del fuego”, señaló Romero sobre la lamentable situación.
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Fecha de Publicación: 26/01/2014
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
El director general de Defensa Civil de La Pampa, Gustavo Romero, informó que en la provincia se quemaron hasta el momento unas 420.000 hectáreas, aunque agregó que actualmente la situación “está controlada”.
La situación está controlada, porque pudimos dominar el último incendio del campo ’La Luz’, ubicado a unos 140 kilómetros de Santa Rosa sobre la ruta 14, donde aún hay una cuadrilla monitoreando la zona”, comentó el funcionario provincial.
Después de confirmar que en La Pampa hasta el momento se quemaron 420.000 hectáreas, Romero agregó que la provincia sigue en alerta porque las últimas lluvias tampoco fueron generalizadas y que las zonas más peligrosas son las de Chacharramendi, Puelches, Casa de Piedra y Santa Isabel.
El director de Defensa Civil pampeano destacó, además, el funcionamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y que permitió en la última semana la presencia de brigadistas de Córdoba y de marinos especializados de Bahía Blanca en la provincia.
Con respecto a las 420.000 hectáreas que se quemaron en distintas zonas de La Pampa desde noviembre pasado, Romero remarcó que la media histórica es de 320.000 hectáreas y que “en los últimos años esa cifra avanzaba a alrededor de 80.000 hectáreas”.
En la última semana, dos personas murieron en la localidad de Chacharramendi al ser alcanzadas por los incendios que se produjeron en un campo de la zona, en el que trabajaban como encargados. “Eso marca la peligrosidad del fuego”, señaló Romero sobre la lamentable situación.
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Atuel: La Pampa quiere ir a juicio
Atuel: Jorge se reúne con los abogados por el juicio
Fecha de Publicación: 12/01/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Mario Jorge confirmó ayer la decisión de iniciar un juicio a Mendoza por el daño ambiental generado por el corte del río Atuel. Dijo que el envío del convenio de 2008 a la Legislatura cuyana no afectará la decisión ni los tiempos de nuestra provincia. Hoy viajará a Buenos Aires a reunirse con el estudio Badeni, al que encomendó la redacción de la demanda.
"Vamos a juicio", fue la enfática respuesta del gobernador ante la consulta sobre si las últimas acciones de Mendoza podrían afectar la decisión de presentar una demanda. "La decisión es ir a juicio y en eso estamos", remarcó.
Jorge formuló estas definiciones en una improvisada rueda de prensa que tuvo lugar ayer al mediodía luego del acto de entrega de ambulancias en la explanada de Casa de Gobierno. Respecto a la fecha de presentación de la demanda, indicó que la intención es acelerar el proceso ya que aún se encuentran "terminando de acopiar la información que se tiene".
"El tiempo que insuma ojalá que sea lo más corto posible", abogó el mandatario provincial.
Jorge contextualizó su decisión de avanzar con el juicio en la falta de respuestas que han tenido todos los intentos pampeanos para acordar un uso compartido del río por la vía del diálogo institucional. "Por disposición de la presidenta de la Nación (Cristina Fernández) tuvimos varias conversaciones con el gobierno de Mendoza en función del acuerdo firmado con el gobernador (Celso Jaque en agosto de 2008), que no fue aprobado por la Legislatura mendocina", recordó Jorge. Esas conversaciones comenzaron cuando Celso Jaque todavía era gobernador y continuaron durante la actual gestión, que tiene a Francisco "Paco" Pérez como titular del Ejecutivo cuyano. Los encuentros ocurrieron en el despacho del jefe de Gabinete, en ese momento Juan Manuel Abal Medina. "Se trató de dialogar, como marcó la sentencia de la Corte (Suprema de Justicia en el año 1987), pero no logramos los objetivos", señaló.
Convenio
Con la afirmación de ayer por la mañana, Jorge aventó la posibilidad de postergar o enfriar la decisión de ir a juicio a raíz de las últimas novedades del lado de Mendoza, principalmente la de enviar a la Legislatura el convenio de uso compartido del recurso firmado en 2008.
El último día de 2013, el gobernador Francisco Pérez entregó a la Legislatura de su provincia el acuerdo que su antecesor Celso Jaque y el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, habían firmado el 7 de agosto de 2008 respecto al uso compartido del río Atuel y que garantiza un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial.
La novedad se conoció luego que el justicialista Pérez recibiera en su despacho a una comisión especial de varios senadores cuyanos que trabaja para generar propuestas de consenso con La Pampa en el aprovechamiento de las aguas del río Atuel. Desde su rúbrica, el acuerdo había permanecido "cajoneado" en la Dirección General de Irrigación, organismo que con algunas acciones y muchas omisiones siempre se opuso a su ratificación legislativa.
Consultas
Lo que hasta el momento el gobernador Jorge no ha definido con claridad es si la demanda a presentar por el Estado pampeano apuntará también contra el gobierno nacional, como reclaman los bloques opositores y organizaciones ambientales vinculadas a la defensa del río.
Tampoco ha convocado a actores de nuestra provincia para opinar sobre la demanda e intercambiar opiniones que enriquezcan el texto. Este es un punto que preocupa a quienes siguen de cerca el tema del Atuel y que ven que esta falta de consulta a los especialistas locales pueda confabular contra el éxito de la acción judicial.
Jorge anunció su decisión de avanzar con una demanda contra Mendoza en la apertura del Congreso Pampeano del Agua realizado a fines de septiembre en Santa Rosa. Unos días después, reveló que desde hacía tiempo estaba en contacto con el estudio del constitucionalista Gregorio Badeni, a quien encomendó la tarea de elaborar el texto de la demanda.
Fuerte rechazo en Mendoza
Se sabe que en el sur mendocino no quieren escuchar ni una palabra de un posible acercamiento con La Pampa por el río Atuel, por eso no sorprende el fuerte rechazo que generó en distintos sectores de General Alvear la posibilidad de reflotar el convenio de 2008 que firmaron el entonces gobernador cuyano Celso Jaque y su par Oscar Jorge.
Referentes de sectores productivos junto con la Cámara de Comercio de General Alvear se pronunciaron primero por separado y luego se reunieron para unir sus voces en contra del acuerdo, que recién ahora sería enviado a la Legislatura mendocina ante el anuncio del Gobierno pampeano de iniciar un juicio en la Corte Suprema.
“Este convenio tiene que ser rechazado, ya que hay varias cosas que no nos dan garantías. No entendemos a quienes hemos votado, no entendemos qué están haciendo. No nos alcanza hoy el agua a nosotros y mucho menos para que llegue a La Pampa”, indicó Javier López, titular de la comisión Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de General Alvear.
“Inviable”
Por su parte, el titular local de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, reiteró las palabras de López al sostener que el convenio del 2008 “tiene que ser rechazado; si nosotros nos quedamos en silencio, vamos a darle la posibilidad a los legisladores que se equivoquen, y como no queremos que eso pase estamos dando nuestra opinión”.
Los diarios mendocinos reflejaron el encuentro y también publicaron las declaraciones de
Ariel Romero, presidente de la Cámara de Comercio, quien señaló que “el proyecto es inviable de punta a punta” en referencia al convenio.
“Hay que regar 75 mil hectáreas y del excedente entregar agua a La Pampa, pero hoy estamos muy lejos de eso, no se riegan ni la mitad y lo que se riega se hace mal. No hay nada que tratar y nos llama la atención que nuestros gobernantes no lo entiendan”, disparó.
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Fecha de Publicación: 12/01/2014
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobernador Oscar Mario Jorge confirmó ayer la decisión de iniciar un juicio a Mendoza por el daño ambiental generado por el corte del río Atuel. Dijo que el envío del convenio de 2008 a la Legislatura cuyana no afectará la decisión ni los tiempos de nuestra provincia. Hoy viajará a Buenos Aires a reunirse con el estudio Badeni, al que encomendó la redacción de la demanda.
"Vamos a juicio", fue la enfática respuesta del gobernador ante la consulta sobre si las últimas acciones de Mendoza podrían afectar la decisión de presentar una demanda. "La decisión es ir a juicio y en eso estamos", remarcó.
Jorge formuló estas definiciones en una improvisada rueda de prensa que tuvo lugar ayer al mediodía luego del acto de entrega de ambulancias en la explanada de Casa de Gobierno. Respecto a la fecha de presentación de la demanda, indicó que la intención es acelerar el proceso ya que aún se encuentran "terminando de acopiar la información que se tiene".
"El tiempo que insuma ojalá que sea lo más corto posible", abogó el mandatario provincial.
Jorge contextualizó su decisión de avanzar con el juicio en la falta de respuestas que han tenido todos los intentos pampeanos para acordar un uso compartido del río por la vía del diálogo institucional. "Por disposición de la presidenta de la Nación (Cristina Fernández) tuvimos varias conversaciones con el gobierno de Mendoza en función del acuerdo firmado con el gobernador (Celso Jaque en agosto de 2008), que no fue aprobado por la Legislatura mendocina", recordó Jorge. Esas conversaciones comenzaron cuando Celso Jaque todavía era gobernador y continuaron durante la actual gestión, que tiene a Francisco "Paco" Pérez como titular del Ejecutivo cuyano. Los encuentros ocurrieron en el despacho del jefe de Gabinete, en ese momento Juan Manuel Abal Medina. "Se trató de dialogar, como marcó la sentencia de la Corte (Suprema de Justicia en el año 1987), pero no logramos los objetivos", señaló.
Convenio
Con la afirmación de ayer por la mañana, Jorge aventó la posibilidad de postergar o enfriar la decisión de ir a juicio a raíz de las últimas novedades del lado de Mendoza, principalmente la de enviar a la Legislatura el convenio de uso compartido del recurso firmado en 2008.
El último día de 2013, el gobernador Francisco Pérez entregó a la Legislatura de su provincia el acuerdo que su antecesor Celso Jaque y el gobernador pampeano, Oscar Mario Jorge, habían firmado el 7 de agosto de 2008 respecto al uso compartido del río Atuel y que garantiza un mínimo de escorrentía permanente en el límite interprovincial.
La novedad se conoció luego que el justicialista Pérez recibiera en su despacho a una comisión especial de varios senadores cuyanos que trabaja para generar propuestas de consenso con La Pampa en el aprovechamiento de las aguas del río Atuel. Desde su rúbrica, el acuerdo había permanecido "cajoneado" en la Dirección General de Irrigación, organismo que con algunas acciones y muchas omisiones siempre se opuso a su ratificación legislativa.
Consultas
Lo que hasta el momento el gobernador Jorge no ha definido con claridad es si la demanda a presentar por el Estado pampeano apuntará también contra el gobierno nacional, como reclaman los bloques opositores y organizaciones ambientales vinculadas a la defensa del río.
Tampoco ha convocado a actores de nuestra provincia para opinar sobre la demanda e intercambiar opiniones que enriquezcan el texto. Este es un punto que preocupa a quienes siguen de cerca el tema del Atuel y que ven que esta falta de consulta a los especialistas locales pueda confabular contra el éxito de la acción judicial.
Jorge anunció su decisión de avanzar con una demanda contra Mendoza en la apertura del Congreso Pampeano del Agua realizado a fines de septiembre en Santa Rosa. Unos días después, reveló que desde hacía tiempo estaba en contacto con el estudio del constitucionalista Gregorio Badeni, a quien encomendó la tarea de elaborar el texto de la demanda.
Fuerte rechazo en Mendoza
Se sabe que en el sur mendocino no quieren escuchar ni una palabra de un posible acercamiento con La Pampa por el río Atuel, por eso no sorprende el fuerte rechazo que generó en distintos sectores de General Alvear la posibilidad de reflotar el convenio de 2008 que firmaron el entonces gobernador cuyano Celso Jaque y su par Oscar Jorge.
Referentes de sectores productivos junto con la Cámara de Comercio de General Alvear se pronunciaron primero por separado y luego se reunieron para unir sus voces en contra del acuerdo, que recién ahora sería enviado a la Legislatura mendocina ante el anuncio del Gobierno pampeano de iniciar un juicio en la Corte Suprema.
“Este convenio tiene que ser rechazado, ya que hay varias cosas que no nos dan garantías. No entendemos a quienes hemos votado, no entendemos qué están haciendo. No nos alcanza hoy el agua a nosotros y mucho menos para que llegue a La Pampa”, indicó Javier López, titular de la comisión Específica de Agricultura de la Cámara de Comercio de General Alvear.
“Inviable”
Por su parte, el titular local de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, reiteró las palabras de López al sostener que el convenio del 2008 “tiene que ser rechazado; si nosotros nos quedamos en silencio, vamos a darle la posibilidad a los legisladores que se equivoquen, y como no queremos que eso pase estamos dando nuestra opinión”.
Los diarios mendocinos reflejaron el encuentro y también publicaron las declaraciones de
Ariel Romero, presidente de la Cámara de Comercio, quien señaló que “el proyecto es inviable de punta a punta” en referencia al convenio.
“Hay que regar 75 mil hectáreas y del excedente entregar agua a La Pampa, pero hoy estamos muy lejos de eso, no se riegan ni la mitad y lo que se riega se hace mal. No hay nada que tratar y nos llama la atención que nuestros gobernantes no lo entiendan”, disparó.
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¿Se acerca un acuerdo por el Atuel?
Pérez busca otro acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 03/01/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El Gobernador enviará a la Legislatura el texto firmado hace cinco años por Jaque para su consideración, modificación y negociación con sus pares pampeanos. Así, se pretende destrabar un histórico conflicto.
El gobernador Francisco Pérez remitirá finalmente a la Legislatura el borrador del acuerdo firmado entre La Pampa y Mendoza el 8 de agosto de 2008 -hace más de 5 años- y que establece la división por mitades entre ambas provincias del agua que se logre recuperar evitando infiltraciones mediante obras de impermeabilización en el Sur mendocino financiadas por la Nación y las dos provincias.
Así lo acordó el lunes pasado durante una reunión con una comisión de senadores mendocinos de todas las bancadas encabezada por Guillermo Amstutz quien -a su vez- entregó un documento de trabajo técnico e histórico que considera de imposible cumplimiento el compromiso de "una escorrentía permanente" para La Pampa, salvo con el desvío del Río Grande al Atuel.
"Los ciclos históricos muestran un caudal decreciente por décadas en el Atuel, por lo que inclusive está en duda que se puedan regar en forma permanentes las 75 mil hectáreas a las que tiene derecho Mendoza previo dejar pasar agua para La Pampa", dijo el justicialista Francisco Cófano, de la línea Integración.
Es parte de la comisión que ha venido trabajando en los últimos seis meses junto a Amstutz (Unidad Peronista -camino al PJ-); Walter Sáenz (UCR); Alejandra Naman (Nuevo Encuentro); Guillermo Simón (Bloque Illia); Ernesto Corvalán (PD); Gustavo Cairo (Pro) y Gustavo Valls (Peronismo Federal).
Amstutz confirmó que "se ha generado un hecho muy importante que es la remisión a la Legislatura por parte del Gobernador del expediente del acuerdo firmado entre los gobiernos de Mendoza y La Pampa en 2008 para su consideración".
El proyecto ingresaría por mesa de entradas del Senado y recién comenzaría a recibir tratamiento en febrero próximo, a la finalización del receso legislativo. "El Gobernador busca que se reelabore el acuerdo buscando el consenso entre las legislaturas de las provincias involucradas en una forma más horizontal, más amplia, porque este conflicto lo tenemos que destrabar, tenemos que llegar a un acuerdo en la que las dos provincias ganemos", agregó Amstutz.
La reunión de Pérez con los legisladores se produjo tres días después de su encuentro con los ex gobernadores José Bordón, Arturo Lafalla y Julio Cobos, en el que solicitó el tratamiento legislativo dentro de los próximos seis meses de la modificación a la ley de Aguas que data de 1.884.
El acuerdo entre Mendoza y La Pampa siempre tuvo fuertes rechazos especialmente en General Alvear, donde una mayoría de productores -y todo el arco político departamental- se opone a dejar pasar agua a La Pampa, si antes no se completa el cupo mendocino de las 75 mil hectáreas irrigadas establecido por el fallo de la Corte Suprema de la Nación de 1.987 que declaró la interprovincialidad del río.
Inclusive un informe técnico de Irrigación considera necesario dejar suficientemente aclarado este punto a través de una "adenda"anexa al convenio. El acuerdo fue aprobado por la Legislatura pampeana hace cuatro años a pesar de la discusión que generó el hecho de tener que presupuestar obras a construir en Mendoza, fuera de La Pampa.
Había sido presentado por la presidenta Cristina Fernández y firmado no sólo por los gobernadores de La Pampa (Oscar Jorge) y Mendoza (Celso Jaque) sino también por los otros integrantes del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), los mandatarios de Neuquén (Sapag), Río Negro (Saiz) y provincia de Buenos Aires (Scioli), lo que dejaba expedita la vía para la construcción de la Presa Portezuelo del Viento como alimentadora del trasvase del Grande al Atuel en la zona cercana a Bardas Blancas.
Pasaron 5 años y ni Jaque ni Pérez enviaron el convenio a la Legislatura para su ratificación, lo que en su momento también involucró al polémico superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio. En La Pampa se acabó la paciencia y el gobernador Jorge anunció en agosto pasado que entabló demanda contra Mendoza por "daño ambiental". Pérez, por su parte, dijo que "soy incrédulo de los juicios entre provincias" porque "son el fracaso de la política", al tiempo que se pronunció por las negociaciones entre legisladores mendocinos y pampeanos.
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Fecha de Publicación: 03/01/2014
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
El Gobernador enviará a la Legislatura el texto firmado hace cinco años por Jaque para su consideración, modificación y negociación con sus pares pampeanos. Así, se pretende destrabar un histórico conflicto.
El gobernador Francisco Pérez remitirá finalmente a la Legislatura el borrador del acuerdo firmado entre La Pampa y Mendoza el 8 de agosto de 2008 -hace más de 5 años- y que establece la división por mitades entre ambas provincias del agua que se logre recuperar evitando infiltraciones mediante obras de impermeabilización en el Sur mendocino financiadas por la Nación y las dos provincias.
Así lo acordó el lunes pasado durante una reunión con una comisión de senadores mendocinos de todas las bancadas encabezada por Guillermo Amstutz quien -a su vez- entregó un documento de trabajo técnico e histórico que considera de imposible cumplimiento el compromiso de "una escorrentía permanente" para La Pampa, salvo con el desvío del Río Grande al Atuel.
"Los ciclos históricos muestran un caudal decreciente por décadas en el Atuel, por lo que inclusive está en duda que se puedan regar en forma permanentes las 75 mil hectáreas a las que tiene derecho Mendoza previo dejar pasar agua para La Pampa", dijo el justicialista Francisco Cófano, de la línea Integración.
Es parte de la comisión que ha venido trabajando en los últimos seis meses junto a Amstutz (Unidad Peronista -camino al PJ-); Walter Sáenz (UCR); Alejandra Naman (Nuevo Encuentro); Guillermo Simón (Bloque Illia); Ernesto Corvalán (PD); Gustavo Cairo (Pro) y Gustavo Valls (Peronismo Federal).
Amstutz confirmó que "se ha generado un hecho muy importante que es la remisión a la Legislatura por parte del Gobernador del expediente del acuerdo firmado entre los gobiernos de Mendoza y La Pampa en 2008 para su consideración".
El proyecto ingresaría por mesa de entradas del Senado y recién comenzaría a recibir tratamiento en febrero próximo, a la finalización del receso legislativo. "El Gobernador busca que se reelabore el acuerdo buscando el consenso entre las legislaturas de las provincias involucradas en una forma más horizontal, más amplia, porque este conflicto lo tenemos que destrabar, tenemos que llegar a un acuerdo en la que las dos provincias ganemos", agregó Amstutz.
La reunión de Pérez con los legisladores se produjo tres días después de su encuentro con los ex gobernadores José Bordón, Arturo Lafalla y Julio Cobos, en el que solicitó el tratamiento legislativo dentro de los próximos seis meses de la modificación a la ley de Aguas que data de 1.884.
El acuerdo entre Mendoza y La Pampa siempre tuvo fuertes rechazos especialmente en General Alvear, donde una mayoría de productores -y todo el arco político departamental- se opone a dejar pasar agua a La Pampa, si antes no se completa el cupo mendocino de las 75 mil hectáreas irrigadas establecido por el fallo de la Corte Suprema de la Nación de 1.987 que declaró la interprovincialidad del río.
Inclusive un informe técnico de Irrigación considera necesario dejar suficientemente aclarado este punto a través de una "adenda"anexa al convenio. El acuerdo fue aprobado por la Legislatura pampeana hace cuatro años a pesar de la discusión que generó el hecho de tener que presupuestar obras a construir en Mendoza, fuera de La Pampa.
Había sido presentado por la presidenta Cristina Fernández y firmado no sólo por los gobernadores de La Pampa (Oscar Jorge) y Mendoza (Celso Jaque) sino también por los otros integrantes del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), los mandatarios de Neuquén (Sapag), Río Negro (Saiz) y provincia de Buenos Aires (Scioli), lo que dejaba expedita la vía para la construcción de la Presa Portezuelo del Viento como alimentadora del trasvase del Grande al Atuel en la zona cercana a Bardas Blancas.
Pasaron 5 años y ni Jaque ni Pérez enviaron el convenio a la Legislatura para su ratificación, lo que en su momento también involucró al polémico superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio. En La Pampa se acabó la paciencia y el gobernador Jorge anunció en agosto pasado que entabló demanda contra Mendoza por "daño ambiental". Pérez, por su parte, dijo que "soy incrédulo de los juicios entre provincias" porque "son el fracaso de la política", al tiempo que se pronunció por las negociaciones entre legisladores mendocinos y pampeanos.
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Conflcto del Atuel: Nación no fijó posición
Nación dejó vencer el plazo: no fijó posición
Fecha de Publicación: 27/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente, prefirió mirar para otro lado: ante la exigencia de la Corte Suprema de Justicia para que fijara posición respecto del conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, el organismo nacional dejó vencer el plazo y no dio ninguna respuesta.
Esa ausencia, jurídica y políticamente todo un dato, se dio en el marco de la causa iniciada por los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez para que el máximo organismo judicial del país se ocupe del daño ambiental que genera el corte del río.
La Corte se está ocupando del tema y el silencio del Estado nacional, para Gil Domínguez, “era esperable”. El abogado aseveró: “La no respuesta es una clara respuesta, jurídica y política, con respecto a la postura del Estado federal sobre los intereses pampeanos: que no le interesa meterse en ese tema o por lo menos opinar en esta instancia”.
Durante una entrevista en www.radiokermes.com, Gil Domínguez consideró de todos modos como “bastante importante que oportunamente la Procuración haya dictaminado que es competencia originaria de la Corte el tratamiento de este tema; la circulación y el gran debate que se está generando entre todos los ministros para resolver la competencia originaria, el pedido de audiencia y de medida cautelar”.
Tres cuestiones
Gil Domínguez lamentó que “nunca hemos sido consultados institucionalmente” e hizo un análisis del abordaje que se ha hecho de la problemática en nuestra provincia, y en especial por parte de los gobiernos.
Dijo: “A mí siempre me llamó la atención la postura que tuvieron distintos gobiernos de La Pampa. Primero, decir que La Pampa había perdido el juicio (del año ’87), cuando claramente no se perdió, porque la Corte estableció que el río era interprovincial y las aguas debían ser compartidas de manera igualitaria, equitativa y razonable. Y sin embargo se insistía en que La Pampa ha perdido el juicio”.
“¿Por qué tomar una postura de derrota cuando en realidad jurídicamente La Pampa había ganado? -se preguntó retóricamente-. El problema era cómo hacer cumplir esa sentencia. La Pampa no perdió. Uno lee los fundamentos del fallo y lo comprueba: las aguas deben ser compartidas”.
Además, consideró que “una segunda cuestión es por qué nunca se hizo nada desde los distintos gobiernos, jurídicamente. Siempre se esperó que la vía política diera alguna solución, y es imposible. Mendoza es provincia preexistente, está río arriba, políticamente es imposible”.
“La tercera cuestión es por qué en esto que iniciamos con Miguel (Palazzani) nunca tuvimos un llamado, un diálogo, una apoyatura institucional. Desconozco las razones y no me gustaría conjeturar en vano. Pero es sorprendente eso y que algunas ONG no se hayan movilizado, quizá están esperando alguna mejor oportunidad procesal”, apuntó.
“Llama la atención”
En la causa, La Pampa está citada como un tercero interesado, por lo que -señaló Gil Domínguez- “se podría presentar, adherir, ampliar, hacer aportes probatorios. Me imagino que el Gobierno debe tener estudios permanentes y actualizados respecto de lo que sucede con el daño ambiental, pero eso no se hace, no se produce, no hay contactos”.
- ¿Qué salida hay a esta cuestión, entonces?
- La salida es que el proceso judicial, el amparo colectivo en marcha, produzca algunos frutos. El mínimo sería que se llame a una audiencia pública en la que Mendoza tenga que justificar no en términos políticos sino en términos jurídicos cómo es posible que en un lugar donde tiene que pasar un río se juegue al fútbol o se críen cabras. No es una discusión donde tenés que traer peritos o generar una gran cantidad de pruebas. Donde tiene que haber un río el cauce está seco, no hace falta ser experto para darte cuenta que hay un daño ambiental concreto. Las respuestas, si se dan, se van a dar en esta causa, en la que la Corte dirá si dicta una medida cautelar para que, por ejemplo, obligue a Mendoza a mantener el caudal fluvioecológico para mantener el ecosistema. Llama la atención la ausencia del Gobierno, que pudiéndose sumar con sus propios técnicos y abogados no lo hace y se mantiene en una posición como si tuviéramos que litigar, además de contra Mendoza, también contra La Pampa, cuando en realidad es nuestro aliado.
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Fecha de Publicación: 27/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente, prefirió mirar para otro lado: ante la exigencia de la Corte Suprema de Justicia para que fijara posición respecto del conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, el organismo nacional dejó vencer el plazo y no dio ninguna respuesta.
Esa ausencia, jurídica y políticamente todo un dato, se dio en el marco de la causa iniciada por los abogados Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez para que el máximo organismo judicial del país se ocupe del daño ambiental que genera el corte del río.
La Corte se está ocupando del tema y el silencio del Estado nacional, para Gil Domínguez, “era esperable”. El abogado aseveró: “La no respuesta es una clara respuesta, jurídica y política, con respecto a la postura del Estado federal sobre los intereses pampeanos: que no le interesa meterse en ese tema o por lo menos opinar en esta instancia”.
Durante una entrevista en www.radiokermes.com, Gil Domínguez consideró de todos modos como “bastante importante que oportunamente la Procuración haya dictaminado que es competencia originaria de la Corte el tratamiento de este tema; la circulación y el gran debate que se está generando entre todos los ministros para resolver la competencia originaria, el pedido de audiencia y de medida cautelar”.
Tres cuestiones
Gil Domínguez lamentó que “nunca hemos sido consultados institucionalmente” e hizo un análisis del abordaje que se ha hecho de la problemática en nuestra provincia, y en especial por parte de los gobiernos.
Dijo: “A mí siempre me llamó la atención la postura que tuvieron distintos gobiernos de La Pampa. Primero, decir que La Pampa había perdido el juicio (del año ’87), cuando claramente no se perdió, porque la Corte estableció que el río era interprovincial y las aguas debían ser compartidas de manera igualitaria, equitativa y razonable. Y sin embargo se insistía en que La Pampa ha perdido el juicio”.
“¿Por qué tomar una postura de derrota cuando en realidad jurídicamente La Pampa había ganado? -se preguntó retóricamente-. El problema era cómo hacer cumplir esa sentencia. La Pampa no perdió. Uno lee los fundamentos del fallo y lo comprueba: las aguas deben ser compartidas”.
Además, consideró que “una segunda cuestión es por qué nunca se hizo nada desde los distintos gobiernos, jurídicamente. Siempre se esperó que la vía política diera alguna solución, y es imposible. Mendoza es provincia preexistente, está río arriba, políticamente es imposible”.
“La tercera cuestión es por qué en esto que iniciamos con Miguel (Palazzani) nunca tuvimos un llamado, un diálogo, una apoyatura institucional. Desconozco las razones y no me gustaría conjeturar en vano. Pero es sorprendente eso y que algunas ONG no se hayan movilizado, quizá están esperando alguna mejor oportunidad procesal”, apuntó.
“Llama la atención”
En la causa, La Pampa está citada como un tercero interesado, por lo que -señaló Gil Domínguez- “se podría presentar, adherir, ampliar, hacer aportes probatorios. Me imagino que el Gobierno debe tener estudios permanentes y actualizados respecto de lo que sucede con el daño ambiental, pero eso no se hace, no se produce, no hay contactos”.
- ¿Qué salida hay a esta cuestión, entonces?
- La salida es que el proceso judicial, el amparo colectivo en marcha, produzca algunos frutos. El mínimo sería que se llame a una audiencia pública en la que Mendoza tenga que justificar no en términos políticos sino en términos jurídicos cómo es posible que en un lugar donde tiene que pasar un río se juegue al fútbol o se críen cabras. No es una discusión donde tenés que traer peritos o generar una gran cantidad de pruebas. Donde tiene que haber un río el cauce está seco, no hace falta ser experto para darte cuenta que hay un daño ambiental concreto. Las respuestas, si se dan, se van a dar en esta causa, en la que la Corte dirá si dicta una medida cautelar para que, por ejemplo, obligue a Mendoza a mantener el caudal fluvioecológico para mantener el ecosistema. Llama la atención la ausencia del Gobierno, que pudiéndose sumar con sus propios técnicos y abogados no lo hace y se mantiene en una posición como si tuviéramos que litigar, además de contra Mendoza, también contra La Pampa, cuando en realidad es nuestro aliado.
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Atuel: sigue el proceso judicial entre La Pampa y Mendoza
Un avance por el Atuel, otra retranca judicial
Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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Fecha de Publicación: 10/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Temas de la semana que se fue: la Corte Suprema pidiéndole una posición al gobierno nacional respecto del daño ambiental que Mendoza causa con el corte del Río Atuel; y otro arreglo del fiscal Amado en el contexto de un Poder Judicial cuestionado incluso por los defensores oficiales.
Una de cal...
La Corte Suprema de Justicia dio un paso histórico que beneficia los intereses de la provincia de La Pampa en la pelea para que le sean reconocidos los derechos que tiene sobre el Río Atuel, y que Mendoza se niega a hacer prácticos pese a las numerosas constancias legislativas, judiciales, institucionales y administrativas que no dejan lugar a dudas respecto de qué debe hacerse.
Durante la semana que se fue, se conoció que el máximo organismo judicial requirió un posicionamiento concreto de la Secretaría de Ambiente de la Nación en el marco del expediente donde se denunció el daño ambiental que perjudica a La Pampa, y que no fue motorizado por los gobernantes o los organismos oficiales de nuestra provincia sino por dos abogados en forma particular.
La presentación de Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez data del año 2010 y la decisión de la Corte pone más aún en evidencia el extraño comportamiento del gobierno pampeano, que tiene contradicciones consigo mismo y que pese a los anuncios de formalizar una presentación ante el máximo organismo judicial sigue retardando ese trámite.
El gobierno de Oscar Mario Jorge, en principio, apostó todas sus fichas a una salida diplomática, confiando en la negociación política pese a los claros signos que había de que en ese terreno el destino era el fracaso: ni siquiera alcanzó el convenio firmado en el año 2008 con presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Mendoza torciera un poco su brazo.
Cuando la sugerencia de los especialistas y la presión de numerosos sectores políticos y sociales se hizo insoportable, el gobernador anunció el inicio de una demanda: lo hizo en contexto preelectoral y sin dar detalles respecto de cómo sería exactamente ese presentación.
Desde entonces sólo ha pasado el tiempo y el Ejecutivo no concretó su compromiso, sino que encontró diversas razones con las cuales demorar la formalización del planteo: una de ellas fue la curiosa resolución de buscar constitucionalistas que representaran a la Provincia, para lo cual el gobernador viajó a Buenos Aires a entrevistarse con los gestores de reconocidos -y costosos- estudios de Abogacía.
Resulta llamativo, cuando no incomprensible, que el gobierno no se volcara a consultar a quienes ya habían hecho una presentación ante la Corte y habían tenido en el mes de setiembre la novedad de que el organismo estaba dispuesto a tratar el tema, independientemente de cuáles fueran después sus procedimientos.
Para beneficio de La Pampa, la diligencia de la propia Corte en el expediente que presentaron los abogados, puede en parte suplantar la larga ausencia oficial y poner la situación a resolución concreta, aunque de todos modos una cosa es que el daño ambiental sea de alguna manera resarcido por sus causantes y otra es que el río vuelva a correr del modo en que está establecido en numerosos espacios institucionales.
...y una de arena...
Durante la semana que se fue, un nuevo hecho de corrupción quedó oculto a los ojos de la población pampeana, ya que el fiscal de los arreglos -Jorge Marcelo Amado- les facilitó a dos involucrados en un fraude al Estado la posibilidad de no sentarse en el banquillo y acordar de modo tal que no tuvieran que pasar un solo día en la cárcel.
Tras el desplome del polideportivo de Ataliva Roca, lo que se derrumbó esta vez es la ilusión de los ciudadanos preocupados por la cosa pública que aspiraban no sólo a una sentencia de ocasión sino a conocer en un juicio oral y público cuál fue el modus operandi y cuál el papel de los involucrados (técnicos, políticos, etc), incluyendo el rol del entonces intendente Martín Borthiry, que logró zafar de brindar su testimonio, que le había sido requerido y que ofreció por escrito.
El arreglo de Amado -aceptado por los jueces, siempre veloces para aplicar la mano blanda en estos casos de guante blanco- impidió el esclarecimiento total del caso: el acuerdo implica condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para Juan Armando Velázquez (inspector del Ministerio de Obras Públicas) y Raúl Lechner (director técnico de la constructora Sol Obras).
En el primer caso, se lo responsabiliza de un fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, todo en concurso ideal por tratarse de un único hecho; en el segundo, por fraude a la administración pública como delito continuado, en concurso ideal con falsedad ideológica.
Lechner ya tenía prontuario propio, ya que había sido condenado por delitos de guante blanco a raíz de su tarea como funcionario en la Municipalidad de Puan.
Sol Obras fue una empresa privilegiada por el gobierno de Carlos Verna: su nacimiento y la cantidad de grandes obras que le fueron adjudicadas de modo inmediato generaron inmediatas y justificadas sospechas, además confirmadas cuando la firma abandonó numerosos emprendimientos iniciados en el interior de la provincia y dejó el tendal de deudas a sus proveedores y a cientos de trabajadores en la calle.
Los arreglos de Amado ya no constituyen novedad alguna y son más bien la norma ordinaria, pero no por ello debe dejar de señalarse que el mecanismo no está concebido para que los delitos de corrupción se tramiten de espaldas a la ciudadanía.
El Poder Judicial pampeano tiene un comportamiento contradictorio, que ha sido oportunamente advertido en esta semana que se fue por un grupo de defensores oficiales: el sistema luce contemporizador y amable, retardado y demorón con los delincuentes poderosos y acomodados, los que cometen estafas, fraudes y peculados; luce en cambio diligente para aplicar la mano dura -a veces incluso sin que haya pruebas- sobre quienes no tienen recursos económicos ni de otro tipo como para chicanear en los expedientes y aprovecharse de todas las trampas habidas y por haber.
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Atuel: piden la posición del estado nacional
Daño ambiental por el corte del Atuel: la Corte requiere una posición del Estado nacional
Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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Fecha de Publicación: 04/12/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: Nacional
La Corte Suprema de Justicia requirió formalmente la opinión de la Secretaría de Ambiente nacional, en el marco de la causa por daño ambiental que impulsaron los abogados Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani. “Es histórico, por primera vez el Estado nacional tendrá que fijar posición sobre el tema”, dijo a El Diario el abogado Gil Domínguez.
La Corte Suprema de Justicia le dio traslado al Estado nacional para que fije posición respecto del daño ambiental que le causa a La Pampa el corte del río Atuel.
El dictamen se da en el marco de la demanda que iniciaron dos abogados pampeanos, Andrés Gil Domínguez y Miguel Ángel Palazzani.
La medida del máximo tribunal del país se genera antes de que el gobierno provincial haya decidido la presentación de su propia demanda: hace meses que el gobernador Oscar Mario Jorge hizo el anuncio de que motorizaría esa presentación, pero por una cosa o por otra el trámite se fue demorando.
Más aún: una de las causales del retardo es el hecho de que el gobernador salió a la búsqueda de “constitucionalistas” que sustentaran la demanda que pretende presentar, aún cuando esta causa ya había sido atendida por la Corte y presentada por dos abogados.
El amparo contra Mendoza lo iniciaron Palazzani y Gil Domínguez y reclamaron, eventualmente, que se pidieran los posicionamientos de la Provincia de La Pampa y de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El hecho de que la Corte pida una opinión del gobierno nacional marca su interés en el asunto y ratifica el avance del expediente.
“Es histórico, porque es la primera vez que el Estado nacional tendrá que intervenir y dar opinión sobre este tema”, dijo en diálogo con El Diario el abogado Andrés Gil Domínguez.
Formalmente, la Corte le dio traslado al Estado nacional, notificándolo de la prueba documental para que manifieste qué opina sobre el tema y puntualmente sobre el daño ambiental que le provoca a La Pampa el corte del Río Atuel.
“Es realmente un pequeño gran paso histórico, porque en términos procesales le da trámite a la demanda y determina que el Estado tiene que fijar postur”, insistió Gil Domínguez.
La presentación formal se dio por el daño ambiental que padece, sobre todo, el oeste pampeano. La causa estuvo parada durante un par de años, pero tuvo un avance en setiembre de este año, cuando el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, retomó el expediente 732/10.
Ese expediente ingresó a la Corte el 13 de diciembre de 2010: está caratulado como “Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental”.
Mientras se gestaban estos avances, el gobierno provincial primero dudó y después demoró el inicio de otra causa judicial. El gobernador Jorge primero apostó todas las fichas a la vía diplomática o a la “negociación política”. Más tarde, y a partir de la exigencia de numerosos sectores políticos y sociales, anunció el inicio de una demanda, cuya presentación también fue postergándose.
Desde ya, Mendoza pretende la vía de la negociación. Incluso desafía desde el discurso: plantea que con la presentación en la Corte no pasará nada. La provincia cuyana tiene para su aprobación el convenio que se firmó en 2008, entre el gobernador Jorge, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador mendocino Celso Jaque. La Legislatura no respalda ese acuerdo.
La causa presentada en 2010 había sido tratada por la Procuración General en abril de 2011, cuando dio dictamen favorable para que la Corte analice el tema.
Puede ser un aporte clave en el expediente el fallo del año 1987, en que la Corte declaró al Atuel como “interprovincial”. La Procuración, justamente, dijo que la Corte debe intervenir porque el conflicto es “interjurisdiccional”.
Entre las solicitudes de Palazzani en su demanda, se incluye el reclamo de que los jueces dispongan “el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior” y que obliguen a Mendoza a tomar “las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto a los habitantes de dicha provincia (La Pampa)”.
El “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” que realizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa también es parte del expediente.
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Atuel: La Pampa quiere demandar a Mendoza
Conflicto por el río Atuel: la legislatura aprobó otro pedido para demandar a Mendoza
Fecha de Publicación: 31/08/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Los diputados votaron por razones de urgencia el segundo pedido en un año para que la provincia le haga juicio a Mendoza por el corte del río Atuel.
La legislatura provincial aprobó este jueves por unanimidad otro pedido para que el gobernador Oscar Mario Jorge presente una demanda judicial contra Mendoza en la Corte Suprema por el corte del río Atuel. Si bien el tema no estaba en el orden del día, el diputado del PJ, Juan Pablo Morisoli, exsecretario de Recursos Hídricos, adujo razones de urgencia.
Las declaraciones del gobernador mendocino, Francisco Pérez, sobre el pedido de financiamiento para avanzar en el trasvase del río Grande al Atuel a través de la obra Portezuelo del Viento habían encendido las alarmas la semana pasada.
Morisoli destacó la necesidad de iniciar una demanda ambiental contra Mendoza en reclamo de un caudal fluvioecológico. El gobierno inclusive encargó un estudio de los daños que realizó un equipo la Universidad Nacional de La Pampa, que inclsive cuantificó las pérdidas.
En agosto del año pasado la legislatura había aprobado un pedido similar al de este jueves. “El juicio no debe demorarse más”, consideró el diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray.
El reclamo de abandonar la inacción al gobierno de Jorge se votó por unanimidad. “Al Ejecutivo no le interesa este tema”, tiró durante el debate, ácido, el diputado vernista Martín Borthiry.
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Fecha de Publicación: 31/08/2013
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
Los diputados votaron por razones de urgencia el segundo pedido en un año para que la provincia le haga juicio a Mendoza por el corte del río Atuel.La legislatura provincial aprobó este jueves por unanimidad otro pedido para que el gobernador Oscar Mario Jorge presente una demanda judicial contra Mendoza en la Corte Suprema por el corte del río Atuel. Si bien el tema no estaba en el orden del día, el diputado del PJ, Juan Pablo Morisoli, exsecretario de Recursos Hídricos, adujo razones de urgencia.
Las declaraciones del gobernador mendocino, Francisco Pérez, sobre el pedido de financiamiento para avanzar en el trasvase del río Grande al Atuel a través de la obra Portezuelo del Viento habían encendido las alarmas la semana pasada.
Morisoli destacó la necesidad de iniciar una demanda ambiental contra Mendoza en reclamo de un caudal fluvioecológico. El gobierno inclusive encargó un estudio de los daños que realizó un equipo la Universidad Nacional de La Pampa, que inclsive cuantificó las pérdidas.
En agosto del año pasado la legislatura había aprobado un pedido similar al de este jueves. “El juicio no debe demorarse más”, consideró el diputado provincial del Frepam, Martín Berhongaray.
El reclamo de abandonar la inacción al gobierno de Jorge se votó por unanimidad. “Al Ejecutivo no le interesa este tema”, tiró durante el debate, ácido, el diputado vernista Martín Borthiry.
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La Nación quiere mediar acuerdo por el Atuel
Boudou anunció que el gobierno impulsa un acuerdo por el Atuel
Fecha de Publicación: 28/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Nacional - Mendoza - La Pampa
El vicepresidente de la Nación afirmó que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, están trabajando para que “pueda avanzarse en un arreglo" entre Mendoza y La Pampa por las aguas del río Atuel.
En declaraciones que publicó el diario La Arena de la vecina provincia, Amado Boudou aseguró que el conflicto por el río Atuel es una problemática que "le preocupa" a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, y que el gobierno nacional está dispuesto a intervenir para que se cumplan las resoluciones firmadas por ambas provincias, en alusión al acuerdo, que nunca se hizo público, firmado en 2008 durante la gobernación de Celso Jaque.
Al finalizar un acto oficial en el Salón Azul del Senado, Boudou hizo declaraciones acerca de la situación del río Atuel: "Por supuesto que es una preocupación que llegó a la Presidenta y en la que vamos a seguir trabajando. Es un tema que lo tiene el jefe de Gabinete (Juan Manuel Abal Medina), junto con el secretario de Medio Ambiente (Juan José Mussi), y del que se están ocupando".
El vicepresidente recordó que "hubo casi un acuerdo hace unos años, que se firmó en la provincia de Mendoza, y que después las tareas (que se habían previsto en el convenio) no pudieron, por distintos motivos, realizarse. Nosotros vamos a estar para que pueda avanzarse en ese tipo de arreglos y en sus concreciones", afirmó.
El conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza por la correntía del Atuel había llegado a oídos del presidente del Senado a través de tres miembros de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos de Santa Isabel. Los ambientalistas viajaron a la ciudad de Victorica a mediados de mayo, cuando Boudou se encontraba de visita para entregar computadoras en el marco del programa "Conectar Igualdad". Allí, le informaron acerca de la problemática y le reclamaron una mayor intervención del Estado central.
"No solo nos preocupa a nosotros el tema (del río Atuel) sino que, en la última reunión que hicimos en Victorica nos encontramos con un grupo de vecinos que llevan adelante una serie de acciones de concientización y que nos hicieron saber sus inquietudes", concluyó Boudou.
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Fecha de Publicación: 28/06/2013
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Nacional - Mendoza - La Pampa
El vicepresidente de la Nación afirmó que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, están trabajando para que “pueda avanzarse en un arreglo" entre Mendoza y La Pampa por las aguas del río Atuel.En declaraciones que publicó el diario La Arena de la vecina provincia, Amado Boudou aseguró que el conflicto por el río Atuel es una problemática que "le preocupa" a la presidente Cristina Fernández de Kirchner, y que el gobierno nacional está dispuesto a intervenir para que se cumplan las resoluciones firmadas por ambas provincias, en alusión al acuerdo, que nunca se hizo público, firmado en 2008 durante la gobernación de Celso Jaque.
Al finalizar un acto oficial en el Salón Azul del Senado, Boudou hizo declaraciones acerca de la situación del río Atuel: "Por supuesto que es una preocupación que llegó a la Presidenta y en la que vamos a seguir trabajando. Es un tema que lo tiene el jefe de Gabinete (Juan Manuel Abal Medina), junto con el secretario de Medio Ambiente (Juan José Mussi), y del que se están ocupando".
El vicepresidente recordó que "hubo casi un acuerdo hace unos años, que se firmó en la provincia de Mendoza, y que después las tareas (que se habían previsto en el convenio) no pudieron, por distintos motivos, realizarse. Nosotros vamos a estar para que pueda avanzarse en ese tipo de arreglos y en sus concreciones", afirmó.
El conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza por la correntía del Atuel había llegado a oídos del presidente del Senado a través de tres miembros de la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos de Santa Isabel. Los ambientalistas viajaron a la ciudad de Victorica a mediados de mayo, cuando Boudou se encontraba de visita para entregar computadoras en el marco del programa "Conectar Igualdad". Allí, le informaron acerca de la problemática y le reclamaron una mayor intervención del Estado central.
"No solo nos preocupa a nosotros el tema (del río Atuel) sino que, en la última reunión que hicimos en Victorica nos encontramos con un grupo de vecinos que llevan adelante una serie de acciones de concientización y que nos hicieron saber sus inquietudes", concluyó Boudou.
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El Atuel volvió a La Pampa
El Atuel ingresó a la provincia
Fecha de Publicación: 04/05/2013
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial informó ayer el río Atuel reingresó a La Pampa desde el pasado miércoles a través del arroyo de la Barda, con un caudal aproximado que oscila entre 3,5 y 4 m3 por segundo, alcanzando la lectura de escala a 0,80 metros.
La información se publicó ayer por la tarde en el boletín de prensa de Casa de Gobierno en base a los dichos del director de Políticas Hídricas de la Secretaría de Recursos Hídricos, Sergio Rodríguez, y de Hugo Bonet, aforador del organismo, quienes constataron que el miércoles ingresó nuevamente el río.
"El caudal aproximado oscila entre 3,5 y 4 m3/seg, alcanzando la lectura de escala a 0,80 m; en cuanto a la calidad físico-química presenta 1.500 mg/l de salinidad lo que la sitúa como agua apta para consumo ganadero", es el párrafo del escueto texto publicado.
Vale recordar que el 12 de abril pasado se generó una polémica cuando desde el gobierno pampeano salieron a desmentir al gobernador mendocino, Francisco "Paco" Pérez, respecto a que el escurrimiento mínimo hacia la provincia se estaba cumpliendo. "El agua todavía no llega a La Pampa", contestó en ese momento el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri.
Pérez había asegurado unos días antes que el mínimo de escurrimiento fluvioecológico para el río Atuel, acordado por La Pampa y Mendoza en 2008, estaba siendo respetado.
El mandatario cuyano afirmó hace unas semanas que se llegó a un escurrimiento natural que supera la escorrentía mínima de 4,5 metros cúbicos, y que "se está por encima de la expectativa histórica que han tenido ambas provincias".
Ante esto, el secretario Lastiri aseguró: "No se condice con la realidad del escurrimiento. Hasta la semana pasada, el río estaba llegando a Cochicó, la localidad mendocina inmediatamente anterior al límite con La Pampa".
Aseguró, además, que el convenio de 2008 no cuantifica el agua que debe llegar a la provincia, sino que solo hace referencia a una "correntía permanente", y que hasta ese momento desde el 2 de noviembre el río Atuel no corría en territorio pampeano. "En estas condiciones de escurrimiento, si el caudal fuera permanente con un mínimo de 6 metros cúbicos llegarían a La Pampa 4,5 metros cúbicos", agregó.
Caudal.
Lastiri también indicó que a través de un estudio de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se estableció que el caudal mínimo necesario para mantener las condiciones ambientales de lo que se puede considerar un río es de 4,5 metros cúbicos.
Además, dijo que en 2012 cuando corrió agua desde junio hasta noviembre, el caudal "llegó a los 3 metros cúbicos, pero nunca a los 4,5 necesarios", y que ante esta situación "el sistema actualmente está desactivado".
"Es probable que en pocos días más llegue el agua en forma permanente (algo que comenzó a cumplirse) hasta agosto, cuando Mendoza empiece a regar", agregó Lastiri, quien también advirtió que "hay una crisis hídrica aguda en toda la región".
Crecida en Casa de Piedra
El embalse de Casa de Piedra registró en los últimos días una importante crecida de 44 centímetros, una situación que se generó gracias a las abundantes lluvias caídas en Neuquén. "Como consecuencia de dichas lluvias, y en simultáneo con la reducción de la erogación por la condición de veda de riego, en la última semana (jueves 26 de abril y el jueves 2 de mayo) se registró un ascenso en el embalse Casa de Piedra de 44 centímetros, equivalente a 30 hm3 (30.000.000 m3 de agua)", informó prensa de Gobierno.
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Fecha de Publicación: 04/05/2013
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El gobierno provincial informó ayer el río Atuel reingresó a La Pampa desde el pasado miércoles a través del arroyo de la Barda, con un caudal aproximado que oscila entre 3,5 y 4 m3 por segundo, alcanzando la lectura de escala a 0,80 metros.
La información se publicó ayer por la tarde en el boletín de prensa de Casa de Gobierno en base a los dichos del director de Políticas Hídricas de la Secretaría de Recursos Hídricos, Sergio Rodríguez, y de Hugo Bonet, aforador del organismo, quienes constataron que el miércoles ingresó nuevamente el río.
"El caudal aproximado oscila entre 3,5 y 4 m3/seg, alcanzando la lectura de escala a 0,80 m; en cuanto a la calidad físico-química presenta 1.500 mg/l de salinidad lo que la sitúa como agua apta para consumo ganadero", es el párrafo del escueto texto publicado.
Vale recordar que el 12 de abril pasado se generó una polémica cuando desde el gobierno pampeano salieron a desmentir al gobernador mendocino, Francisco "Paco" Pérez, respecto a que el escurrimiento mínimo hacia la provincia se estaba cumpliendo. "El agua todavía no llega a La Pampa", contestó en ese momento el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri.
Pérez había asegurado unos días antes que el mínimo de escurrimiento fluvioecológico para el río Atuel, acordado por La Pampa y Mendoza en 2008, estaba siendo respetado.
El mandatario cuyano afirmó hace unas semanas que se llegó a un escurrimiento natural que supera la escorrentía mínima de 4,5 metros cúbicos, y que "se está por encima de la expectativa histórica que han tenido ambas provincias".
Ante esto, el secretario Lastiri aseguró: "No se condice con la realidad del escurrimiento. Hasta la semana pasada, el río estaba llegando a Cochicó, la localidad mendocina inmediatamente anterior al límite con La Pampa".
Aseguró, además, que el convenio de 2008 no cuantifica el agua que debe llegar a la provincia, sino que solo hace referencia a una "correntía permanente", y que hasta ese momento desde el 2 de noviembre el río Atuel no corría en territorio pampeano. "En estas condiciones de escurrimiento, si el caudal fuera permanente con un mínimo de 6 metros cúbicos llegarían a La Pampa 4,5 metros cúbicos", agregó.
Caudal.
Lastiri también indicó que a través de un estudio de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se estableció que el caudal mínimo necesario para mantener las condiciones ambientales de lo que se puede considerar un río es de 4,5 metros cúbicos.
Además, dijo que en 2012 cuando corrió agua desde junio hasta noviembre, el caudal "llegó a los 3 metros cúbicos, pero nunca a los 4,5 necesarios", y que ante esta situación "el sistema actualmente está desactivado".
"Es probable que en pocos días más llegue el agua en forma permanente (algo que comenzó a cumplirse) hasta agosto, cuando Mendoza empiece a regar", agregó Lastiri, quien también advirtió que "hay una crisis hídrica aguda en toda la región".
Crecida en Casa de Piedra
El embalse de Casa de Piedra registró en los últimos días una importante crecida de 44 centímetros, una situación que se generó gracias a las abundantes lluvias caídas en Neuquén. "Como consecuencia de dichas lluvias, y en simultáneo con la reducción de la erogación por la condición de veda de riego, en la última semana (jueves 26 de abril y el jueves 2 de mayo) se registró un ascenso en el embalse Casa de Piedra de 44 centímetros, equivalente a 30 hm3 (30.000.000 m3 de agua)", informó prensa de Gobierno.
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La Pampa tiene una nueva área protegida
Ñochilei Có, es la nueva área protegida en La Pampa
Fecha de Publicación: 26/04/2013
Fuente: Radio Don
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó en su última sesión -el día 25 de abril- la creación de una nueva reserva provincial denominada “Ñochilei -Co”.
El nombre proviene de un topónimo indígena que hace referencia a aguas mansas, que fluyen tranquilas. Representa una porción de los extensos bañados que el río Atuel, juntamente con el río Salado, formaban en nuestra Provincia. Posee una extensión de aproximadamente 40 mil hectáreas. La reserva ocupará una zona muy cercana a Paso de los Algarrobos. Los lugares de acceso lo constituyen las rutas provinciales N° 104 y 143”, explicaron fuentes oficiales.
El subsecretario de Ecología de La Pampa, Darío Mariani, señaló que luego de seis años de haber presentado el proyecto, finalmente “vemos con alegría” que el territorio protegido en nuestra provincia se incrementó con la creación de esta nueva área. Ñochilei Co constituye la octava reserva, pero es la primera en cuanto a superficie, ya que tiene 40 mil hectáreas. “Esto hace que estemos más cerca de la meta planteada a nivel provincial y nacional en cuanto al incremento de la superficie provincial protegida”, dijo.
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Fecha de Publicación: 26/04/2013
Fuente: Radio Don
Provincia/Región: La Pampa
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó en su última sesión -el día 25 de abril- la creación de una nueva reserva provincial denominada “Ñochilei -Co”.El nombre proviene de un topónimo indígena que hace referencia a aguas mansas, que fluyen tranquilas. Representa una porción de los extensos bañados que el río Atuel, juntamente con el río Salado, formaban en nuestra Provincia. Posee una extensión de aproximadamente 40 mil hectáreas. La reserva ocupará una zona muy cercana a Paso de los Algarrobos. Los lugares de acceso lo constituyen las rutas provinciales N° 104 y 143”, explicaron fuentes oficiales.
El subsecretario de Ecología de La Pampa, Darío Mariani, señaló que luego de seis años de haber presentado el proyecto, finalmente “vemos con alegría” que el territorio protegido en nuestra provincia se incrementó con la creación de esta nueva área. Ñochilei Co constituye la octava reserva, pero es la primera en cuanto a superficie, ya que tiene 40 mil hectáreas. “Esto hace que estemos más cerca de la meta planteada a nivel provincial y nacional en cuanto al incremento de la superficie provincial protegida”, dijo.
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Importante incendio forestal en La Pampa
La Pampa: 18 mil hectáreas afectadas por los incendios
Fecha de Publicación: 06/04/2013
Fuente: Redacción La Voz
Provincia/Región: La Pampa
Unas 18 mil hectáreas de vegetación fueron arrasadas por incendios forestales en La Pampa a lo largo de la última temporada de verano, informó el sábado Defensa Civil provincial, indicó la agencia de noticias DyN.
La dirección de Defensa Civil señaló, al finalizar los trabajos en la Base Operativa Transitoria (BOT), que hubo 38 focos ígneos en distintos puntos de la provincia durante la denominada temporada alta de Incendios Rurales de la provincia.
Según el comunicado del organismo a cargo de Gustavo Romero, las bases fueron "replegadas y el personal de la Dirección permanecerá de guardia en la Central Operativa de Santa Rosa".
A lo largo de esta última temporada, que abarca desde noviembre de 2012 hasta el 1º de abril, se indicó que se han detectado y controlado 38 focos ígneos en diferentes puntos de La Pampa, principalmente en el oeste provincial.
El fuego afectó en total a 18.100 hectáreas, de las cuales corresponden 8.816 de bosque nativo, 765 de matorral, 7.520 de pastizales y 1.007 de otras superficies.
En tanto, el inicio de las quemas fueron en un 53 por ciento de origen climático, 37 de carácter antrópico y 11 restante por causas desconocidas, señaló el organismo provincial.
Defensa Civil actúa con apoyo de las municipalidades, cuerpos de Bomberos Voluntarios y personal rural para realizar los trabajos de prevención y combate de incendios rurales.
"Se recuerda a la población que si observa una columna de humo avise inmediatamente desde un celular al número gratuito 101 para iniciar rápidamente la tarea de combate del fuego”, finalizó el parte de prensa.
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Fecha de Publicación: 06/04/2013
Fuente: Redacción La Voz
Provincia/Región: La Pampa
Unas 18 mil hectáreas de vegetación fueron arrasadas por incendios forestales en La Pampa a lo largo de la última temporada de verano, informó el sábado Defensa Civil provincial, indicó la agencia de noticias DyN.
La dirección de Defensa Civil señaló, al finalizar los trabajos en la Base Operativa Transitoria (BOT), que hubo 38 focos ígneos en distintos puntos de la provincia durante la denominada temporada alta de Incendios Rurales de la provincia.
Según el comunicado del organismo a cargo de Gustavo Romero, las bases fueron "replegadas y el personal de la Dirección permanecerá de guardia en la Central Operativa de Santa Rosa".
A lo largo de esta última temporada, que abarca desde noviembre de 2012 hasta el 1º de abril, se indicó que se han detectado y controlado 38 focos ígneos en diferentes puntos de La Pampa, principalmente en el oeste provincial.
El fuego afectó en total a 18.100 hectáreas, de las cuales corresponden 8.816 de bosque nativo, 765 de matorral, 7.520 de pastizales y 1.007 de otras superficies.
En tanto, el inicio de las quemas fueron en un 53 por ciento de origen climático, 37 de carácter antrópico y 11 restante por causas desconocidas, señaló el organismo provincial.
Defensa Civil actúa con apoyo de las municipalidades, cuerpos de Bomberos Voluntarios y personal rural para realizar los trabajos de prevención y combate de incendios rurales.
"Se recuerda a la población que si observa una columna de humo avise inmediatamente desde un celular al número gratuito 101 para iniciar rápidamente la tarea de combate del fuego”, finalizó el parte de prensa.
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