Con la minería “de la cuna a la tumba”

Fecha de Publicación: 29/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


Uno mira en los países desarrollados que la minería se puede hacer siempre y cuando haya un control "de la cuna a la tumba" para resguardar el patrimonio climático y ambiental de nuestros bienes comunes.
Cerro Amarillo, flojo de papeles: Se ha puesto en discusión en la legislatura de Mendoza el proyecto minero Cerro Amarillo que busca desarrollar una mina de cobre, el mismo según informa el gobierno cumpliría con la Ley 7722, como si esta fuera la única Ley ambiental en la provincia. A las claras sale a la luz que en el apuro innecesario de intentar imponer la actividad minera están dispuestos a pagar cualquier costo, la declaración de impacto ambiental que presentaron, presenta grandes irregularidades ya que la duración de las mismas es de máximo 2 años y ésta que han llevado a la legislatura es la misma que fracasó en el 2014. Los cambios morfológicos y ambientales de la zona, el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del medio ambiente, justifican que la misma sea nula, de nulidad absoluta, que impide su tratamiento legislativo, hasta tanto se realice una nueva. Y de hacerse valer la mayoría legislativa, va a ser un conflicto a resolver por el Poder Judicial.
Las autoridades de la provincia promueven la megaminería, sin poner a funcionar Policía Ambiental Minera (P.A.M.) creada por la Ley 7.722, para que la misma pueda garantizar debidamente los recursos naturales de la provincias, teniendo especial énfasis en la tutela del recurso hídrico. Mendoza atraviesa la peor mega sequía de los últimos 50 años y este proyecto se encuentra emplazado en una zona donde existen reservas de agua que son importantes para nuestra provincia por la crisis extrema vinculada al recurso hídrico. Vemos con preocupación que todavía no existan certezas de convocar a profesionales y técnicos para que se expresen al respecto, esperamos que en el apuro no olviden la importancia del rol legislativo para transformarlo en una mera escribanía del Gobernador Suarez.
Desde el Partido Verde, tercera fuerza política de la provincia entendemos que este proyecto y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene graves falencias en el procedimiento lo que hace dudar de la transparencia del proceso y como férreos defensores de los bienes comunes, en estas condiciones vamos a rechazar el proyecto minero Cerro Amarillo, haciendo responsable al Poder Ejecutivo por incompetencia en la preparación técnica y legal del proyecto presentado. La 7722 no se toca y es solo una de las Leyes ambientales, cumplir con la 7722 no exceptúa de cumplir con toda la normativa ambiental que existe en nuestra provincia y la nación. Por otro lado vemos con preocupación que a pesar de que hemos marcado con insistencia que los entes de control no sirven en Mendoza y que no estamos en condiciones de cuidar ni las ripieras que socavaron el material de los dos puentes caídos de la Ruta 40 y que siguen poniendo en peligro los que han quedado en pie.
Presentamos la denuncia penal en el juzgado federal contra Vialidad Nacional, de todo lo investigado podemos saber qué actividad ininterrumpida de las canteras, y la inacción de la DNV respecto a la intimación a la Dirección de Hidráulica de la provincia y a la Dirección de Minería, para que cesen en la actividad irregular de dichas canteras aledañas; que están provocando daños graves en los cimientos, bases y estructuras de puentes; esto es lo que podría provocar nuevos derrumbes y posibles daños a miles de automotores que transitan diariamente”, desde el 05/03/21.
Otro ejemplo de la minería realizada sin control y sin cumplimiento de la remediación de los pasivos ambientales en su cierre es el caso de los 30 años que el emprendimiento minero Sierra Pintada dejó abandonado 14.000 kilos de uranio que actualmente se encuentran enterrados en las denominadas trincheras confinados en 5.223 tambores de 200 litros y disueltos en el agua almacenada por efecto de correntías, lluvias e infiltraciones en las antiguas canteras. Además, casi 1 millón de metros cúbicos de agua almacenada en las canteras con contenidos de uranio, radio y arsénico superiores a los límites admisibles.
Hace tres años se prometió empezar la remediación y no hemos visto avances concretos en los trabajos realizados, más que movimientos de camiones y tierra, sin dejar a los legisladores, como reclame en su momento, asistir al complejo a fin de tomar conocimiento “in situ” sobre los trabajos en la construcción de los diques para los líquidos del tratamiento y en el sistema de apertura segura de tachos correspondientes a la Fase1.  Seguiremos expuestos a que cualquier fenómeno meteorológico pueda causar un desastre ambiental por la dejadez e incompetencia de las autoridades de control.
Los legisladores del Partido Verde hemos avalado los proyectos de Ley que pusieron en funcionamiento los emprendimientos mineros de Hierro Indio y de Potasio Río Colorado (PRC), dado que los mismos fueron presentados y fundamentados correctamente y no exponían a la provincia a la contaminación del agua. No obstante rechazamos el intento de derogar la ley 7722 y también las modificaciones a la resolución 778/96 de DGI que facilita la contaminación del agua, por lo que más de 1450 empresas que no estaban en regla pueden estarlo mediante la nueva figura del "agente contaminante" y la ampliación de los límites de conductividad eléctrica. Por lo que el desarrollo minero en la provincia requiere importantes desafíos de política pública:
La necesidad de un fortalecimiento institucional de los mecanismos de control ambiental, cambiando la elección de funcionarios “a dedo del gobernador y sus legisladores”, por un sistema de concurso público donde prime la competencia y prestigio. Dotar de los recursos financieros necesarios para poder cumplir su rol, también acompañar sus dictámenes con los avales de institucionales de universidades y  auditoras externas
Dar solución a la conflictividad social que ha presentado los intentos de imponer proyectos de megaminería en la provincia, habla a las claras que se requiere mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Es imprescindible el trabajo con las ONGs ambientalistas y las asambleas del agua para dar aval social a los proyectos que tienen potencialidad de contaminación,  a lo largo de todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
- Verdaderos Ingresos Fiscales: en las condiciones fiscales actuales de la provincia la minería no constituye ni va a constituir una ampliación a la matriz productiva, ni generar mayores fuentes de trabajo, ni siquiera impactar en el PBG (producto bruto geográfico), incluso no se podría tener un fondo de garantía para hacer las remediaciones a los desastres y pasivos ambientales por las labores mineras abandonadas donde se involucra a las aguas ácidas, botaderos, bocaminas y relaves mineros.
Debemos lograr que sean reales los ingresos fiscales derivados de la minería y el diseño de un sistema impositivo adecuado, dado que dé el régimen actual del canon es irrisorio y desactualizado para la realidad que vive nuestro país, considerando además, que reviste gran importancia ya que determina la inversión mínima que debe realizar el concesionario y la modificación a la miserable suma que la Nación ha puesto como tome a las regalías con un tope a cobrar del  3% sobre el valor boca de mina del material extraído.  

Por Mario Vadillo, diputado provincial de Mendoza mandato cumplido y presidente del Partido Verde
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