La nueva gran apuesta minera de Rodolfo Suarez ya ingresó a la Legislatura

Fecha de Publicación: 16/11/2022
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El proyecto de Cerro Amarillo se presentó en el Senado durante la tarde de este viernes. El oficialismo confía en conseguir la ratificación por ley de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para avanzar con la exploración en el yacimiento de cobre de Malargüe.
Un día después de que el gobernador Rodolfo Suarez anunciara que enviaría a la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración del yacimiento de cobre de Malargüe ingresó al Senado. En 2014 hubo un intento de avanzar con este emprendimiento pero no se obtuvo el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo confía en que ahora conseguirá sin dificultades el respaldo de ambas cámaras y planifica un debate sin acelerar tiempos para su votación.
La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo en la tarde de este viernes a la Casa de las Leyes plantea concretamente la ratificación de la resolución conjunta de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental, por cual se otorga la DIA al proyecto Cerro Amarillo.
Se trata de un requisito legal para cualquier proyecto de minería metalífera ya sea en las fases de cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, tal y como lo establecen las leyes 7722 y 5961.
“Es un proyecto del Ejecutivo porque la ley manda que sea así. Cuando se presenta un proyecto minero, se establece que tienen que presentar toda la documentación para la DIA en el Ejecutivo y cuando los organismos encargados emiten el dictamen, tiene que ser ratificado por la Legislatura”, explicó a MDZ la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.
Durante la gestión del gobernador peronista Francisco “Paco” Pérez se buscó el aval legislativo para Cerro Amarillo, pero el proyecto fue rechazado. El argumento que esgrimió la oposición radical de ese entonces fue que todavía no se había terminado el relevamiento de glaciares en las cercanías del yacimiento de cobre.
“Lo que trababa este proyecto era el inventario de glaciares ordenado por la Ley nacional 25643, que estuvo listo recién en 2018. Con esta información se ratifica que Cerro Amarillo no tiene interferencia con glaciares y por eso los inversores privados deciden seguir adelante con los procesos administrativos correspondientes”, manifestó este viernes el asesor ad honorem de la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, quien a su vez es el titular de la empresa provincial minera PRC.
En tanto, desde el gobierno de Suarez enfatizan en que se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, es decir que prevé la utilización para la eventual explotación de ninguna de las sustancias prohibidas por esa norma, como es el caso del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Teniendo en cuenta que la propuesta ingresó recién este viernes por la tarde al Senado, todavía no se ha resuelto cómo será el recorrido que tendrá hasta su tratamiento en el recinto. Se espera que al inicio de la semana que viene se resuelva el giro a comisiones, las cuales podrían ser las de Ambiente y la Hidrocarburos, Minería y Energía.
En tanto, desde el oficialismo resaltan que no pretenden un tratamiento exprés para la iniciativa y que se votará cuando haya acuerdo. “No hay tiempos imperativos de que se vote antes de fin de año”, expresaron.
“La idea es que salga bien y que no haya dudas, que se entienda que es un paso importante para el desarrollo económico de la provincia, porque es un proyecto muy grande. Estamos tranquilos, porque no tiene ningún punto controversial. Cumple perfectamente con la Ley 7722 y es para una etapa de exploración, así que creemos que va a salir bien”, expresó la senadora radical Eisenchlas.
En este sentido, planteó que desde el Ejecutivo no han puesto ningún plazo perentorio para que sea tratado y advirtió que en todavía quedan pendientes varios proyectos para su votación en la Legislatura, como las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2023 en el Senado, el Mendoza Activa Eficiencia y la reciente Ley de Alfabetización que impulsó la DGE.
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