Venta de Costa Salguero y Punta Carrasco: ¿democracia ambiental o negocios inmobiliarios?

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: La Noticia Web
Provincia/Región: Capital Federal


Proponen 8 hectáreas de parque, 3 de playa y un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no dicen es que el resto será vendido para emprendimientos de lujo sacrificando este borde costero verde y público.
En los últimos días amanecimos con la feliz noticia que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires convalidó la iniciativa popular que propone un parque público en Costa Salguero y Punta Carrasco y confirmó que nuestra propuesta ciudadana cuenta con 53.709 firmas. Por eso, ahora la Legislatura deberá darle tratamiento a lo que propusimos los vecinos.
Ante la necesidad de dar respuesta a cuestiones ambientales, efectos del calentamiento global en zonas costeras, cuestiones de accesibilidad al espacio público y al contacto con el medio natural, política portuaria y aeroportuaria desde la ciudadanía hemos venido debatiendo estos temas, al menos que yo recuerde, desde 1990 y propiciando la recuperación de la costa como espacio verde y público. Así lo consagramos en 1996 en la Constitución de la Ciudad.
En el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad instituimos:”…Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación….” y que “En su carácter de corribereña …, la Ciudad tiene plena jurisdicción sobre todas las formaciones insulares aledañas a sus costas…” que “Serán consideradas como reservas naturales para preservar la flora y la fauna de sus ecosistemas…”.
Por su parte la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, aún vigente, dice en su art. 9, sobre Espacios públicos: “c) 4. Destinar a uso público a los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas” y en “6. a) Resolver el acceso franco de la población a la ribera”; “d) Preservar con carácter de patrimonio natural e impulsar el uso público de los tramos costeros que aún conserven características naturales” y “e) Preservar el perfil y/o silueta costera de los rellenos existentes”.
Como legisladora entre el 2010 y el 2014 me opuse a la privatización de espacios públicos y a la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios. Luego conformamos desde 2015 diferentes movimientos vecinales desde donde articulamos la resistencia a estos procesos. Desde allí participamos en todas las audiencias públicas, judicializamos muchos casos con variados éxitos y fracasos y organizamos marchas, movilizaciones, abrazos y eventos públicos y callejeros de lo más variados.
Recordemos además que después de varias décadas de proyectos frustrados para recuperar la relación con el río, uno de la Fundación Ciudad había contando con el apoyo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires -que integramos cientos de organizaciones de la sociedad civil- y que alcanzó el consenso para llegar a la Legislatura el 6 de mayo de 2020- aunque nunca logramos que se tratara-. Efectivamente al vencerse las cuestionadas, ilegales e irrisorias concesiones del Costa Salguero y Punta Carrasco éramos muchas las voces ciudadanas planteando la recuperación costera y la creación de un gran parque verde y público.
A pesar de nuestras movilizaciones, Larreta envió a la Legislatura un proyecto para hacer todo lo contrario. Participamos en una audiencia pública donde la mayoría abrumadora de los 7500 participantes inscriptos/as nos manifestamos en contra. El Ejecutivo y su domesticada Legislatura siguieron adelante. Por ello el rechazo de distintos sectores de la ciudadanía nos llevó a hacer uso del derecho constitucional y recurrir a la Ley N° 40, que regula el procedimiento de iniciativa popular. Y, el 9 de noviembre de 2021, organizaciones sociales, políticas, ecologistas, de DDHH y agrupaciones profesionales presentamos ante la Legislatura un proyecto que logramos fuera apoyado por un total de 53.709 firmas. A través del mismo, solicitamos la derogación de la ley que habilita la venta de Costa Salguero, y la creación de un parque público de acceso libre, gratuito e irrestricto en los predio de Costa Salguero y Punta Carrasco.
Como la transformación extractivista en la Ciudad no para, el 5 de diciembre de 2021, su mayoría parlamentaria  aprobó la segunda lectura de la ley (Ley 6289) permitiendo construir torres en esos predios sin escuchar el clamor popular en contrario.
Después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. La iniciativa popular cumplió con el procedimiento (“Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”) y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta ciudadana. No pueden seguir ignorando lo que dijimos en las calles y en las movilizaciones.
Paradójicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la misma tarde en la que el TSJ dictaba su resolución se sacaba fotos y subía a sus redes sociales lo que cínicamente llamen el “Plan integral de transformación y recuperación de la costa de la Ciudad para volver a disfrutar el río”. En su estilo disneyficado (donde “lo falso es real”) y gracias a su comunicación prestidigitadora, nos muestran que proponen 8 hectáreas de parque en Costa Salguero con un paseo de usos mixtos (lo que quiere decir que será un patio de comidas y shopping), 3 hectáreas  de playa y cierran con el chantaje moral de un memorial para las Víctimas de la AMIA. Lo que no muestran es que todo el conjunto en debate es de 63 hectáreas. Y que lo que no dicen es que el resto va a ser vendido para hacer torres y emprendimientos de lujo sacrificando la voluntad popular que defiende como un bien común este borde costero para que todo sea parque verde y público.
Una vez más la ciudadanía en defensa del ambiente y el Buen Vivir urbano ponemos en jaque a la democracia representativa cómplice del extractivismo urbano. Como ocurrió en Mendoza y en Chubut donde el pueblo salió a las calles sin grieta para enfrentar decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo contrarias a su voluntad y que generaban graves e irreversibles daños ambientales. El poder político debió volver atrás sobre sus pasos y revertir sus malas decisiones acorralado por la participación ciudadana.
Debería suponerse que la consagración constitucional de la democracia participativa en nuestra Ciudad debiera evitar que se generen esos conflictos. Sin embargo no es así. De nada valen los textos constitucionales y legales, si la política no se somete a sus reglas. Pero un resorte de reaseguro viene en nuestra ayuda: la iniciativa popular.
A pesar de los escollos que la reglamentación de esta ley plantea que lo han hecho de difícil e infrecuente práctica, en esta oportunidad logramos que funcione. Es la primera vez que se llegan a lograr las firmas suficientes y que el TSJ las convalida. Es un acontecimiento histórico para la participación directa. Ello no hubiera sido posible sin organización política. Un sector de la política escuchó el clamor ciudadano, se sensibilizó y se puso al frente del reclamo. Como debe ser.
Cuando la política escucha avanzamos. Cuando la política se cierra sobre si misma -sean cuales sean sus intereses o motivaciones- y se aparta de la voluntad soberana se quiebra hasta la esencia de la democracia. En estas tensiones estamos.
En la Ciudad, las señales de Larreta y sus acólitos no son buenas. Parecen seguir adelante con su plan privatizador, a pesar de nuestra iniciativa popular, edulcorándonos la venta que se viene marketineando como parque los patios traseros e intersticios de sus edificios de élite. De nuestra capacidad de movilización ciudadana y popular durante este año en el que deben tratar nuestra iniciativa dependerá si podemos torcer el rumbo y ganar la pulseada a los sectores del extractivismo inmobiliario.
En el ámbito nacional son aun pocos los buenos ejemplos de la política que asumen en serio la agenda ambiental y la democracia participativa. Algunos/as han comenzado a aceptar que deben deconstruirse, salir del modelo del falso “progreso” en base a un supuesto “desarrollo” depredador y empiezan a bosquejar algunas acciones para un desarrollo sustentable y sostenible.
Desde el ecofeminismo seguiremos construyendo conciencia ciudadana y apostando a cambiar la política para que escuche, como lo hicimos y logramos con la agenda de género.
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Avanza el Inventario de Humedales de la Cuenca

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


En el marco del acuerdo con el CONICET, continúan las tareas de campo planificadas en sitios de interés de la Cuenca y  personal del organismo se capacitó sobre sistemas de información geográfica para el estudio de humedales.
ACUMAR continúa con el desarrollo de tareas enmarcadas en el acuerdo con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para avanzar en el proyecto de investigación y desarrollo para la delimitación, caracterización y tipificación de los humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo, en el marco del Inventario Nacional.
Los equipos del organismo junto a representantes de las diferentes jurisdicciones que componen la Cuenca, de organizaciones de la sociedad civil y del CONICET visitaron, en lo que va del año, la Reserva Natural Bosques de Ciudad Evita, en La Matanza, la Reserva Natural, Integral y Mixta “Laguna de Rocha”, en Esteban Echeverría, terrenos en General Las Heras y otros puntos de interés aledaños.
En recientes salidas de campo, se convocó a especialistas del Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena – Instituto de Geomorfología y Suelos de la Universidad Nacional de La Plata para profundizar el estudio de los suelos. En tanto, por el interés que genera el trabajo que se está llevando adelante, se sumaron también otros organismos de gestión como el Instituto Nacional del Agua.
Estos relevamientos tienen como objetivo supervisar sitios representativos, realizar ensayos de suelo buscando rasgos que indiquen condiciones de anegamiento del suelo (hidromorfismo) a fin de ajustar la delimitación de los humedales, llevar a cabo mediciones de agua, tomar datos y registro de plantas indicadoras de humedales (hidrófitas) ya que poseen adaptaciones para vivir en ambientes con agua, y realizar tomas aéreas del paisaje para tener registros del mosaico de humedales a distintas alturas.

Hacia el Mapa de Humedales de la Cuenca
Este trabajo, que continuará durante los próximos meses, permitirá contar con mayor información y generar conocimiento de base sobre estas zonas ecológicamente estratégicas. Como resultado, se espera contar con el “Mapa de Humedales de la Cuenca”, que será un insumo para mejorar la gestión del organismo y los municipios que lo integran, ya que conformará una capa de datos georreferenciada de carácter público sobre los humedales de la Cuenca, ampliando así el repositorio de datos disponible en Sistema de Información de Ordenamiento Ambiental Territorial de ACUMAR (SIOAT).
Por ello, desde finales de marzo comenzó a dictarse la capacitación interna “Sistemas de información geográfica para el estudio de humedales” brindada por el director a cargo del proyecto de Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo del CONICET, Rafael Grimson.
Estos ocho encuentros semanales de 2 horas cada uno buscan fortalecer al personal del organismo que desempeña tareas de procesamiento de datos con sistemas de información geográfica y es responsable de capas del SIOAT a través de la incorporación de herramientas y conocimientos especializados que permitan mejorar y optimizar los esfuerzos y el trabajo que se lleva a cabo todos los días en el marco de las acciones para alcanzar el saneamiento de la Cuenca.
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El Gobierno nacional analiza presentar un proyecto para centralizar el manejo del agua

Fecha de Publicación: 30/04/2022
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Nacional


Este proyecto es impulsado por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien aprovechó el viaje a Israel para instalar el tema. Algunas provincias ya se mostraron en desacuerdo con la idea.
El Gobierno nacional anunció que está trabajando en un proyecto con el cual pretende centralizar el manejo del agua, y que el mismo esté bajo la órbita del Ministerio del Interior. La información proviene del propio titular de la cartera, Eduardo De Pedro, quien aprovechó la misión nacional hacia Israel para dar a conocer sus intenciones a varios de los gobernadores que se encuentran allí.
En el caso de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez –único miembro opositor de la comitiva – y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; se mostraron en contra de esta propuesta, que aún está en estudio.
Según medios nacionales, De Pedro mantuvo una reunión con algunos de los gobernadores peronistas que están en Israel y comunicó la idea que tiene en mente desde que comenzó su gestión al frente del Ministerio del Interior, en diciembre del 2019.
Luego de una charla que brindó Diego Berger, el director del área de asuntos internacionales de Mekorot, una planta central de filtrado que es la cuarta más grande del mundo, De Pedro sostuvo, que realizaron en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI, co-organizador del viaje), “un borrador de proyecto de ley de gestión centralizada del agua, y quisiéramos firmar un convenio de asesoramiento, para empezar a gestionar un sistema centralizado del agua en la Argentina”. Sin embargo, por ahora se difundieron pocos detalles de la iniciativa en ciernes.
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La criptominería pone en jaque al sistema eléctrico de Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La actividad se lleva el 22% del consumo total en la isla. El tendido está al límite, dice el gobierno provincial. Hay quejas por los subsidios.
Favorecida por las tarifas baratas, Tierra del Fuego se transformó en la capital de la minería de criptomonedas. Lo que podría ser una buena noticia genera una enorme preocupación en el gobierno provincial. La razón es que la actividad, casi sin regulación y con un clima apropiado para refrigerar los equipos, consume el 22% de la energía eléctrica de toda la isla. “Las 3 principales ciudades, Ushuaia, Río Grande y Tolhuin están al límite”, grafica Moisés Solorza, el secretario de Energía provincial.
Según un informe la distribuidora mayorista Cammesa, entre agosto y octubre, Tierra del Fuego consumió 40,2 megavatios, de los cuales 9,7 megavatios correspondió a empresas criptomineras. En el rubro destacan BitPatagonia (que se radicó en el territorio en 2018) y el grupo Leanval, que ensambla pequeños electrodomésticos desde 1967. No obstante, dicen que hay muchos particulares volcados a la actividad, atraídos por el bajo costo de crear nuevos bitcoins o ethereum, por citar las cripto más populares.
Tierra del Fuego es un lugar más que propicio para eso. Ocurre que la minería de criptodivisas requiere mucha cantidad de energía eléctrica para alimentar las granjas de servidores, computadoras y placas de video entrelazadas. Por ese motivo es que los lugares fríos resulta propicio para enfriar (casi sin costo) los equipamientos. El Estado Nacional subsidia las tarifas, pero la generación y el mantenimiento de la infraestructura corre por cuenta de la provincia.
“Tierra del Fuego no está en el SADI ( Sistema Argentino de Interconexión) y estamos gestionando insistentemente para sostener la energía instalada y el equipamiento heredado, que es casi obsoleto en su mayoría”, dijo Solorza a Clarín. El administración actual, que conduce Gustavo Melella, afín a la Casa Rosada, culpa al gobierno anterior (la peronista Roxana Bertone) por “fomentar la criptominería de manera irresponsable”.
La llegada del invierno preocupa a las autoridades. El temor es que el aumento del consumo eléctrico provoque interrupciones del servicio. Se trata de un insumo del que depende las familias y los fabricantes de celulares, televisores y aires, entre otros. Además de las grandes granjas productoras de criptos, “proliferaron las micromineras hogareñas y la falta de controles que se debieron establecer para fijar pautas y regular normas”, agrega el funcionario.
La mención no es casual. Muchos países, entre ellos China, India o Rusia, regularon la actividad por los altos riesgos energéticos. Hay otros que también tienen a la actividad en la mira, apesadumbrados por la enorme cantidad de electricidad que consumen las empresas del rubro.
Atraído por el contexto altamente favorable, BitPatagonia se instaló en la isla a principios de 2018 para producir bitcoins, cuya cotización llegó a rozar los US$ 65.000 la unidad. Hoy está apenas por debajo de los U$$ 40.000. Para mejorar los costos, BitPatagonia subalquiló un espacio en una de las plantas de Newsan, en Ushuaia, que cuenta con medidor propio. “Aparte nos calefacciona el edificio”, afirmaron desde el grupo empresario, que lidera Rubén Cherñajovsky.
Minar bitcoins equivale a imprimir dinero en el mundo real, con una diferencia. Sus impulsores sostienen que sólo habrá 21 millones de unidades y por eso suponen que su precio no parará de subir. La minería consiste en resolver complejos acertijos criptográficos, lo que sólo es posible con un gigantesco poder de cómputo. De allí las granjas y redes informáticas que se arman con el objetivo de acreditar criptomonedas. Para las empresas, la ecuación es costo (energía, sobre todo), beneficio (cobrar en criptomonedas).
En Tierra del Fuego hacen otras cuentas. Lo describe Solorza: “Usan la infraestructura instalada sin aportar nada por su uso y no pagan cánon por el uso de la red. Esto hay que ordenarlo, regularlo y creo que el Estado debe participar en la venta de servicios, con energía a precios justos y con el cobro de impuestos”, enumera.
El funcionario añade que todo esto está bajo análisis, lo mismo que el tendido eléctrico del que depende la población fueguina. En paralelo y por la alta inflación, las criptomonedas causan furor entre los argentinos.Un estudio reciente detectó que Buenos Aires, Córdoba y Quilmes son los tres distritos del país con mayor cantidad de operaciones. Lomas de Zamora y Berazategui los siguen de cerca.
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Aprueban el traslado de las elefantas Pocha y Guillermina desde Mendoza a Brasil

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Mendoza


Tras la aprobación y firma del permiso CITES, la madre y su hija viajarán a mediados de mayo al "Santuario de Elefantes Brasil", ubicado en las afueras de Cuiabá.
Los certificados necesarios para poder trasladar a las elefantas Pocha y Guillermina del exzoológico mendocino a un santuario en Brasil ya fueron aprobados por la cartera de Ambiente, informó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance.
Se trata de una madre y su hija, ambas alojadas en el exzoológico mendocino convertido en Ecoparque, que el Gobierno provincial busca trasladar a un "santuario de elefantes" ubicado en las afueras de Cuiabá, en el estado brasileño de Mato Grosso.
"El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó este martes los certificados de exportación CITES para que las elefantas asiáticas, residentes en el Ecoparque Mendoza, puedan comenzar su viaje hacia su nuevo hogar en el Santuario de Elefantes de Brasil", afirmó Mingorance en una nota de prensa publicada por el gobierno mendocino.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar porque el comercio internacional de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. Desde el Ministerio de Ambiente de la Nación ratificaron a Télam que "se firmó el permiso CITES", para trasladar a los animales.
En los últimos días, el Ministerio de Ambiente había informado su decisión de consultar a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) sobre la pertinencia de trasladar a dos elefantas de Mendoza a un área protegida privada en Brasil que no se encontraba registrada como santuario.
Desde Ambiente de Nación sostenían que la inexistencia de la categoría de santuario para el espacio de acogida constituye un llamado de atención y motiva la consulta para "no incurrir en una irresponsabilidad". La solicitud de la cartera a dicha unidad fiscal se efectuó en base a una inspección que realizó en febrero la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio al "Santuario de Elefantes Brasil".
En tanto, desde la secretaría de Ambiente, añadieron que "se aportó documentación que respalda la idoneidad y aptitud del Santuario de Elefantes de Brasil para recibir a todos los elefantes que aún se encuentran cautivos en Argentina".
Indicaron, además, que "como cualquier traslado internacional de animales protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la obtención de las numerosas autorizaciones resulta muy compleja e involucra vencimientos impostergables tanto por parte del país importador de animales (Brasil en este caso), como por parte del país exportador (Argentina en este caso)".
"Gracias a la movilización social y las gestiones técnicas y políticas emprendidas por el Gobierno de Mendoza, los CITES de exportación han llegado a Mendoza. Ahora, Pocha y Guillermina avanzarán hacia la próxima etapa de su viaje a Brasil, la cual consiste en la finalización del período cuarentenario fiscalizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la adaptación de cierre de puertas de sus cajas de transporte", añadió Mingorance.
El Gobierno de Mendoza y el Santuario de Elefantes de Brasil ya se encuentran coordinando el operativo logístico binacional, por lo cual las autoridades locales prevén que las elefantas comiencen su viaje a mediados de mayo.
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San Juan se suma al boom del litio: minera canadiense comenzó la exploración de un nuevo proyecto, que también disputa La Rioja

Fecha de Publicación: 29/04/2022
Fuente: EcoJornal
Provincia/Región: San Juan


Los Sapitos le abrió la posibilidad a San Juan de contar con un proyecto de litio, un mineral que hasta ahora se desarrolla solamente en Catamarca, Jujuy y Salta. Pero una zona del proyecto también se encuentra en La Rioja. Podría abrirse una nueva disputa entre los gobernadores Uñac y Quintela por un proyecto minero.
La minera canadiense Origen Resources comenzó la etapa de exploración del proyecto de litio Los Sapitos en la provincia de San Juan. Es un proyecto que en total tiene 47.000 hectáreas ubicadas en gran parte dentro de San Juan, aunque también abarca una zona de La Rioja. El año pasado el gobierno del riojano Ricardo Quintela le otorgó a la misma empresa minera un permiso para que también explore el área.
El inicio de los trabajos de exploración de Los Sapitos es toda una novedad ya que con este proyecto San Juan se suma al boom del litio, que hasta el momento tiene impacto solamente en Catamarca, Jujuy y Salta, las tres provincias que forman la parte argentina del Triángulo del Litio (junto a Bolivia y Chile), donde se encuentra la mayor reserva del mundo de este mineral. Origen Resourcesadquirió el 100% del proyecto en octubre de 2021 por US$ 50.000 y planea invertir US$ 200.000 en el primer año de los trabajos de exploración.

Exploración de litio en La Rioja
En noviembre del año pasado, un mes después de que Origen Resources adquiera el proyecto, el gobierno de Quintela le otorgó un permiso a la misma empresa canadiense para que también expanda la exploración sobre un área de 21.000 hectáreas en el oeste de La Rioja.
Al mismo tiempo, la gobernación de Sergio Uñac en San Juan mira con atención al proyecto porque Los Sapitos significa para esta provincia, con fuerte tradición minera, que pueda sumarse al boom del litio.
Ambas provincias tienen un antecedente reciente en disputas por un proyecto minero. En el norte de San Juan, limítrofe con La Rioja, también se encuentra el megaproyecto de cobre Josemaría, que acaba de obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental y se prepara para comenzar la construcción. A mediados del año pasado, la gobernación de Quintela tuvo la intención de disputarle a San Juan las regalías de Josemaría, que podría exportar por más de US$ 1.150 millones anuales. En esta oportunidad, la Casa Rosada prefirió apoyar los reclamos de Uñac para quedarse con los beneficios del proyecto minero.  

Exploración de Los Sapitos
Origen Resources, empresa con base en Vancouver, informó este miércoles que inició la “movilización de cuadrillas” a la zona para activar el programa inicial de exploración que “se centrará en obtener muestras representativas de salmuera y arcilla en las inmediaciones del salar Los Sapitos y en investigar la logística para trabajos geofísicos, de teledetección y de muestreo en el proyecto durante las próximas semanas”. La minera canadiense destaca que las características del proyecto Los Sapitos son similares a los desarrollos de que forman parte del Triángulo del Litio.
Blake Morgan, presidente de la compañía, señaló que «estamos entusiasmados de movilizar equipos a este distrito de litio emergente en Argentina. El proyecto Los Sapitos en la Argentina muestra características geológicas similares a los depósitos de litio en Nevada (Estados Unidos) y México. Origen Resources está bien capitalizado para financiar el programa de exploración como resultado de su éxito en su estrategia de inversión».
Además, el comunicado de Origen Resources afirma que “la tecnología de extracción para liberar litio de la arcilla ha mejorado mucho en los últimos años y ha brindado a los exploradores y productores otra vía para encontrar recursos que no se consideraban favorables hace apenas diez años”.
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Hidrovía Paraguay-Paraná: tres décadas de impactos socioambientales y de democracia ausente

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


La privatización del río Paraná comenzó en la década del 90 y se mantuvo con todos los y las presidentes. Nunca se contemplaron las opiniones de las poblaciones que viven en la región ni los impactos socioambientales. Tras una tibia mención de estatización, el gobierno nacional reforzó la vía privatizadora y dio la espalda a la participación ciudadana.
La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye en Argentina la infraestructura más importante para el desarrollo de los agronegocios, en especial el tramo Santa Fe-Océano. Actualmente, a través de esta vía navegable, nuestro país canaliza alrededor del 80 por ciento de las exportaciones y el 95 por ciento de las importaciones, siendo la provincia de Santa Fe el área más afectada.
La Hidrovía fue puesta en marcha durante la década de 1990 en el marco del Acuerdo Mercosur, y cobró mayor desarrollo durante el siglo XXI funcionando como un eje de la conocida Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa —iniciativa nacida en 2000 y que incluye a 12 países—).
El proyecto original abarca 3442 kilómetros, recorre los ríos Paraguay y Paraná desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay). Hasta el momento, no todos los tramos fueron desarrollados de manera completa ni todos los proyectos asociados a la misma han sido concretados.
Desde 1995 el emplazamiento de la Hidrovía en Argentina significó, de hecho, la privatización del río Paraná. En ese año se concesionaron las obras de acondicionamiento del río a cambio del cobro de peajes al consorcio Hidrovías S.A. conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Emepa. Inicialmente la concesión se otorgó por diez años y en 2010, luego de un proceso de negociaciones entre usuarios de la Hidrovía y el Estado, se extendió hasta abril del 2021.

La Hidrovía hoy: la participación ciudadana sigue ausente
El gobierno nacional lanzó en agosto de 2020 la propuesta de constituir una Agencia Federal de Regulación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que estaría integrada por las provincias ribereñas de los ríos Paraguay y Paraná (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) y por el Estado nacional. Asimismo, anunció la constitución de Hidrovía Sociedad del Estado, empresa pública que sustituiría al consorcio Hidrovía Sociedad Anónima, con el objetivo de recuperar la gestión estatal de la vía navegable y el cobro de peaje. En noviembre del mismo año, con el decreto 949/2020 el ejecutivo nacional se desentendió de la posibilidad de concretar la estatización e instruyó al Ministerio de Transporte a organizar y lanzar una licitación pública nacional e internacional para continuar con el régimen de concesión de obra pública por cobro de peaje y a riesgo empresario.
Sin embargo, la intención de contar con una mirada federal sobre el proceso de elaboración de pliegos de la licitación prevista se materializó en las reuniones del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH) durante febrero y marzo de 2021, en las que participaron los gobiernos nacional y de las siete provincias. También participaron como observadoras organizaciones sindicales, cámaras empresariales, instituciones universitarias y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Taller Ecologista (Rosario), Fundación Cauce (Paraná) y Fundación Humedales (CABA). Estas tenían la posibilidad de elevar propuestas a las comisiones de planificación estratégica y económica, de obras e infraestructura y de ambiente, que el CFH tomaría como insumos para la elaboración de pliegos, aunque sin carácter vinculante.
La propuesta presentada por Taller Ecologista, Cauce y Fundación Humedales —avalada por más de cincuenta organizaciones sociales y ambientales argentinas y de otros países de la región—, abarcó cuatro aspectos: garantizar el acceso a la información pública en todo lo concerniente a la gestión de la hidrovía; desarrollar estudios de impacto ambiental integrales con metodologías adecuadas a las complejidades de los ecosistemas y comunidades afectados por el proyecto y las obras, y llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica sobre la política de infraestructura y navegación fluvial en la Argentina; constituir el órgano de control previsto y nunca creado, que incluyera diferentes actores (no sólo los gubernamentales y empresariales); y asegurar la efectiva participación ciudadana en todos los procesos decisorios sobre la hidrovía.
Con el correr de los meses y ante cambios en la cartera nacional de Transporte, el proceso de cierta apertura y participación limitada iniciado por el Consejo Federal se fue desvaneciendo y tornándose nuevamente hermético. Con el decreto nacional 427/2021, el Ejecutivo otorgó la gestión de la vía navegable troncal a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP), ente estatal que hasta ese momento no contaba con competencias en obras de dragado y balizamiento en canales navegables y la facultó para realizar contrataciones directas y licitaciones cortas. Y mediante el decreto 556/2021 creó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, con sede en la ciudad de Rosario, con el objetivo de percibir el peaje como tarea primordial. Este organismo descentralizado del Ministerio de Transporte no incorporó a las organizaciones sociales en ninguna instancia de su estructura institucional, desatendiendo el rol de la participación ciudadana en la planificación y el control de vía navegable, fundamentalmente en sus aspectos socioambientales.
A esta falta de participación de organizaciones sociales, se suma la de las comunidades afectadas por esta infraestructura. En los últimos meses, vecinos de Villa La Rivera, situada en cercanías de los complejos agroportuarios del Gran Rosario (Santa Fe), vienen reclamando obras viales que ordenen el intenso tráfico de camiones que bloquea los accesos a la localidad. En Ramallo (Buenos Aires) organizaciones y vecinos se movilizaron al detectar la realización de obras de dragado en el paso de la Isla Las Hermanas, a la altura de esa localidad, sobre las que no disponían de información alguna.
En casi 30 años de funcionamiento de la Hidrovía, los sucesivos gobiernos no habilitaron canales de comunicación y de participación efectiva que se oriente a la democratización de las decisiones, que no incumben sólo al canal navegable sino a un amplio territorio asociado que sufre las consecuencias de sus dinámicas.

Los déficits ambientales de la Hidrovía
Para los intereses del mercado es importante separar la cuestión denominada “ambiental” (lo estrictamente biofísico) de la cuestión social, en aras de desarmar la conflictividad que este tipo de obras provoca en los territorios. Acorde a tal lógica, los estudios de impacto ambiental oficiales realizados desde los inicios de la concesión, siguieron métodos tradicionales de evaluación; es decir, se enfocaron en los procesos biofísicos sin contemplar la diversidad de implicaciones que la vía navegable posee en los territorios productores y procesadores de las commodities transportadas en barcazas y buques oceánicos.
No se realizaron evaluaciones de impacto ambiental integrales y rigurosas sobre el funcionamiento de la Hidrovía. Los estudios han sido parciales, por tramos de los ríos involucrados, y no contemplan aspectos relevantes vinculados con las poblaciones y los territorios afectados. En efecto, estos estudios se centran en aspectos biológicos y del medio biofísico (por ejemplo, población ictícola y microorganismos, calidad del agua, flora acuática), e impactos derivados de la navegación y de las obras de dragado; y utilizan metodologías basadas en recopilación de análisis y bibliografía de antecedentes, sin desarrollar investigaciones in situ (es decir, en el río) o de laboratorio.
Lo que los estudios disponibles omiten es la estrecha relación que existe entre la Hidrovía (y sus sucesivas profundizaciones), los impactos del avance de la frontera agropecuaria y la conformación de enclaves agroexportadores. Tanto los impactos de las actividades agropecuarias de escala industrial en los territorios y en la salud de las poblaciones, como los impactos que ha tenido el desarrollo de los complejos agroindustriales y portuarios del Gran Rosario no fueron contemplados en las evaluaciones de impacto oficiales.
Esta es una situación que pareciera se repetirá en el actual proceso licitatorio. Según información periodística reciente, la Administración General de Puertos firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Matanza para llevar adelante estudios de impacto ambiental de la Hidrovía que mostrarían el mismo déficit que los anteriores, al no contemplar los impactos socioecológicos territoriales.

Profundizar el modelo con más impactos negativos en el río y la sociedad
El recientemente lanzado Plan Argentina Productiva 2030 tiene entre sus objetivos duplicar las exportaciones y llevarlas de las actuales 87.000 millones a 174.000 millones.
Al ser la Hidrovía la principal infraestructura destinada a la exportación, esta meta exigiría la profundización del río para ampliar la capacidad de carga de los buques interoceánicos y facilitar su navegabilidad.
Luego de 27 años de funcionamiento de la vía navegable, y de los profundos impactos que el modelo agroexportador tuvo en el país, desde las esferas de decisión no se ha tomado ninguna medida que los contemple, muy al contrario, se pretende ampliar la navegación bajo una gestión privatista siguiendo esquemas de los 90, sin realizar evaluaciones y estudios ambientales adecuados. Por lo tanto, el plan implica profundizar el modelo, profundizar el río y profundizar los impactos sociales y ambientales en las poblaciones y los territorios.
Ante esta situación y en el marco del actual proceso de planificación de la futura vía navegable, incierto y con falta de claridad, objeto de numerosos lobbys y presiones por parte de actores económicos y gubernamentales (internacionales, nacionales, provinciales y locales), es que desde nuestras organizaciones sostenemos que es fundamental que el gobierno nacional y los provinciales garanticen espacios de participación ciudadana y el acceso a la información pública efectivos, de manera que la ciudadanía y las comunidades afectadas podamos intervenir en las decisiones que afectan nuestras vidas y las de nuestros ríos y territorios.
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El Gobierno anunció la implementación del etiquetado vehicular de eficiencia energética

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


La iniciativa tiene tiene como objetivos mitigar las emisiones de dióxido de carbono, impulsar la transición energética hacia combustibles con menor intensidad de gases de efecto invernadero, y tender hacia la incorporación de energías renovables
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentaron hoy la implementación efectiva del etiquetado de dióxido de carbono (CO2) y eficiencia energética vehicular comparativo para medios de transporte livianos.
La nueva etiqueta vehicular comparativa permitirá a la población conocer la tecnología de los automóviles y tiene como objetivos mitigar las emisiones de dióxido de carbono, impulsar la transición energética hacia combustibles con menor intensidad de gases de efecto invernadero, y tender hacia la incorporación de energías renovables de emisión cero en su ciclo de vida, como la electromovilidad y el hidrógeno verde.
El Ministerio de Ambiente nacional oficializó la medida a través de la Resolución N.º 383/21 de noviembre pasado, que estipula que los vehículos livianos deben contar, desde su fabricación e importación, con una etiqueta que permita cotejar aquellos productos más convenientes en términos de consumo y de menores niveles de emisión del CO2.
"Hoy venimos a anunciar una gran noticia que está inscripta en la acción ambiental en el marco de las consecuencias del cambio climático", dijo Cabandié durante el acto de lanzamiento en la sede de la cartera de Ambiente. "Proponemos estos etiquetados que tendrán alguna similitud con los etiquetados que hoy vemos en las heladeras", continuó el ministro, y agregó que las etiquetas "van a mostrar información en relación a cuántas emisiones van a medir los autos que estamos por comprar".
Según dispone la resolución, los fabricantes e importadores de vehículos automotores livianos deben exponer en salones y puntos de venta los modelos a comercializar incluyendo el etiquetado comparativo de eficiencia energética vehicular en el propio automóvil y en la bibliografía de a bordo, además de brindar esta información en el sitio web del comercializador. El cumplimiento de estos requerimientos será fiscalizado periódicamente por la cartera de Ambiente nacional y, en caso de verificarse infracciones, se aplicarán aquellas multas establecidas por la Ley n.º 24449 de tránsito.
"Esto también nos permite que las leyes de mercado nivelen para arriba en términos de que las automotrices van a procurar acciones concretas para fabricar autos con menos emisiones y mayor eficiencia energética", agregó Cabandié en diálogo con Télam.
Las categorías que se aplicarán a las etiquetas comparativas de cada grupo de modelos se definirán en base a las emisiones de CO2 g/km y contemplando seis notas identificadas por letras A+, A, B, C, D y E, donde la A + representará la más eficiente y con menor emisión de CO2, en tanto la E será la menos eficiente y con mayor emisión de CO2.
De la presentación también participó el ministro de Desarrollo Productivo, quien destacó que la nueva etiqueta vehicular representa uno de los "pasos que nos permiten avanzar en la transición ecológica". "Estamos profundamente convencidos desde el Presidente de la Nación y todo el gabinete, de que esta dicotomía entre producir y cuidar el ambiente es falsa. Tenemos que hacer las dos cosas", aseveró.
Entre los desafíos por delante, el ministro destacó la importancia de trabajar la matriz energética y de transporte, de manera tal que se vayan "reduciendo las emisiones de carbono y que se pueda -en un futuro no muy lejano- tener ya una transición completa hacia vehículos que sean completamente eléctricos y cuyo combustible este basado en energías renovables".
Sobre este punto, Kulfas señaló que el proyecto de ley de Promoción de Electromovilidad impulsado por el Poder Ejecutivo ya está en el Congreso y podría empezar en las "próximas semanas el debate público en comisiones".
En declaraciones a Télam, el funcionario precisó que el proyecto de ley fue "ampliamente discutido con los diferentes sectores de la sociedad argentina y tiene que ver con generar los incentivos para producir en el país vehículos eléctricos de cero emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, estimular a los consumidores a que compren esos vehículos".
Asimismo, expresó que el nuevo etiquetado comparativo de eficiencia energética está "absolutamente en sintonía" con los objetivos de "producir más y mejor y hacerlo en absoluto resguardo del ambiente".
"Esta resolución es parte de algo muy grande que es transformar a la Argentina en un país social y ambientalmente justo, que podamos realmente darle soluciones y poner de pie a la Argentina con un cuidado del ambiente como eje y centro de las políticas públicas", señaló.
La iniciativa forma parte de la implementación del "Proyecto Nacional para Combustibles y Vehículos Más Limpios y Eficientes en Argentina", que contó con financiamiento de la Unión Europea (UE) y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Global Fuel Economy Initiative (GFEI).
El etiquetado entrará en vigencia el 17 de mayo, al cumplirse los 180 días de publicada la resolución N.º 383/2021, y su ejecución depende la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, quien durante el acto destacó la "decisión de continuar con el compromiso no solamente de instalar en la agenda la cuestión ambiental, sino de dar los pasos correspondientes para que no se pueda volver para atrás".
Y añadió: "Estamos anunciando una decisión de gestión compartida conceptualmente entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, demostrando que las posibilidades de desarrollarnos con sustentabilidad y además con criterio nacional, en el sentido de darle todas las posibilidades al país para poder crecer económicamente, son posibles".
En la jornada también estuvieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Recomposición, Jorge Etcharrán de la cartera ambiental, la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Jacqueline Álvarez; la oficial del Programa de Pnuma, Verónica Ruiz Stannah; la directora de Energías Renovables de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, Gabriela Rijter; el presidente del Centro de Movilidad Sostenible de Chile; junto a técnicos y especialistas de cámaras y asociaciones vinculadas a la industria automotriz.
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Anuncian inversión de 500 millones de dólares para producir hidrógeno verde en Tierra del Fuego

Fecha de Publicación: 28/04/2022
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La empresa estadounidense MMEX Resources Corporation anunció una inversión de 500 millones de dólares en la provincia de Tierra del Fuego para producir hidrógeno y amoníaco “verdes”, a partir de energía eólica, en el marco de un proyecto que demandará dos años de desarrollo y generará 1.200 puestos de trabajo, informó hoy el Gobierno fueguino.
La propuesta de MMEX consiste en la instalación de un parque eólico en la ciudad de Río Grande (en el norte provincial) y de una planta de electrólisis para generar “55 toneladas de hidrógeno por día” lo que equivale a “una potencia de 160 megawatts”, comunicaron las autoridades provinciales a través de un parte de prensa.
El producto final, tanto de hidrógeno como de amoníaco, será “exportado a Europa y Asia, ya que de momento no hay demanda de hidrógeno en Argentina” y para aprovechar “la posición marítima estratégica de Río Grande y de la provincia en general”, precisaron.
El proyecto de inversión de MMEX fue presentado al gobernador Gustavo Melella por el presidente de la compañía, Jack Hans, y por el CEO de la firma, Nabil Katabi, durante un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial.
“Somos conscientes de las capacidades de nuestra provincia para avanzar en la industrialización de los recursos naturales, para que no sea solo el sitio de desarrollo de un polo electrónico, sino que se lo pueda acompañar con la instalación de nuevas propuestas productivas, con valor agregado y con el cuidado del medio ambiente, como es este caso”, explicó Melella en declaraciones oficiales.
En esa línea, el mandatario agregó que Tierra del Fuego “viene trabajando fuertemente en la búsqueda de proyectos que generen inversiones en energía verde” y que “sean una alternativa para la llamada transición energética”.
“Estamos abiertos a nuevas inversiones del sector privado. El Estado tiene que acompañar y respaldar estas opciones que van a significar, nada más y nada menos, que la generación de empleo, la industrialización de nuestros recursos naturales y el avance hacia la transformación de la industria”, remarcó el gobernador.
Por su parte Hans explicó que la empresa “está radicada en Houston, Estados Unidos, y desde hace muchos años trabaja con combustible y gas”, aunque “actualmente estamos enfocados en trabajar con energía sustentable y ser lo más verde que se pueda, teniendo en cuenta las condiciones del mundo en la actualidad”, detalló.
A su vez, mencionó que el proyecto toma un desarrollo ya realizado en Texas, en combinación con la empresa Siemens Energy, para la utilización de la tecnología que ahora se instalará en Tierra del Fuego.
“En Estados Unidos lo hicimos a partir de energía solar y aquí será con energía eólica, aprovechando las condiciones magníficas que tiene este territorio”, destacó el presidente de MMEX.
En tanto, Katabi ponderó que “las autoridades de la provincia se han dado cuenta del potencial de este recurso natural, y coinciden con lo que nosotros estamos haciendo en Estados Unidos y algunas otras partes del mundo, así como en el desarrollo e inversión que hemos realizado con Siemens para obtener la ingeniería necesaria”.
El CEO de la compañía estadounidense aseguró que en Río Grande “las condiciones de viento son de las mejores del mundo. Es un hecho que se está dando a conocer y creo que estamos bien avanzados comparados con otras iniciativas. También es cierto que para hacer cosas de este tamaño se necesita ingeniería específica y hay pocas empresas en el mundo que tienen esa capacidad”, resaltó.
Según Katabi, la firma ya terminó el estudio de prefactibilidad técnica del proyecto y avanza en la ingeniería para obtener el hidrógeno a partir del proceso de electrólisis.
“Con todos los datos resueltos, trabajaremos para poder tener todo listo en el plazo de dos años”, evaluó el CEO.
Este nuevo proyecto se suma al que prevé llevar adelante en la provincia de Río Negro la firma australiana Fortescue, con una inversión prevista superior a 8.000 millones de dólares.
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La energía eólica permitirá ahorrar u$s3.250 millones en combustibles

Fecha de Publicación: 27/04/2022
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Un informe de la Cámara Eólica Argentina (CEA) reveló que la generación eólica permitirá reducir compras al exterior de combustibles por u$s3.250 millones en 2022, un monto que cuadruplica al del año previo.
Según el estudio al que accedió Ámbito, entre 2016 y 2020, debido al desplazamiento del consumo de combustibles fósiles por la mayor oferta eólica, el ahorro en importaciones fue de más de u$s1.300 millones; y en 2021 el nivel de generación eólica permitió evitar pagos al exterior por u$s800 millones.
Para 2022, teniendo en cuenta la mayor generación producida por el sector y los mayores precios internacionales, este ahorro es cuatro veces mayor y alcanza los u$s3.250 millones.
Durante los meses de menores temperaturas, Argentina debe importar un promedio de 44 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) de gas, de los cuales 31 Mm3/d provienen del GNL, que se realizan por barco desde países como Qatar o Trinidad y Tobago; y por gasoducto, desde Bolivia.
Según el documento, la generación renovable eólica reduce de manera directa la dependencia al gas y al GNL importados: durante 2021 la generación producida por el viento aportó 14,8 TWh y de esta manera, se desplazaron 8,5 Mm3/d de consumo de combustibles, equivalentes al 20% de las necesidades durante el período invernal y al 33% del promedio anual.
“Garantizar las condiciones para un mayor desarrollo del sector eólico, y renovable en general, es crucial para lograr la fiabilidad del sistema, una mayor libertad energética, y una reducción de la dependencia al gas y GNL importados. Y además permitirá una mayor exportación de combustibles fósiles, generando un ciclo virtuoso para la economía del país”, afirmó el presidente de la CEA, René Vaca Guzmán.
A los actuales precios, el costo de combustible por cada MWh desplazado es superior a los 230 u$s/MWh, con lo cual más que triplica el costo de un MWh renovable. Por cada 100 MW eólicos de capacidad instalada, y a lo largo de su vida útil, Argentina ahorra 336 millones de dólares, multiplicando por tres la inversión inicial, concluyó la CEA.
Genneia, empresa socia de la cámara, ya anunció inversiones en los próximos dos años por u$s200 millones en parques de energía renovable. Los dos nuevos proyectos anunciados son el parque solar “Tocota III”, de 60 megavatios -MW- de capacidad instalada, ubicado en la provincia de San Juan; y el parque eólico “La Elbita”, de 103,5 MW de capacidad instalada, ubicado en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, la empresa fabricante de aluminio Aluar anunció que invertirá u$s130 millones para avanzar en la Etapa IV del Parque Eólico que posee a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. La nueva etapa del parque constará de 18 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia nominal, y sumará para diciembre de 2023 81 Mw de potencia a la actual producción de energía renovable.
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Estudio revela consecuencias genéticas en pacúes por los agroquímicos

Fecha de Publicación: 27/04/2022
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Se usa para eliminar plagas pero contamina el agua. Anticipan que queda abierta una línea de investigación en genética toxicológica.
Diferentes agentes químicos son empleados en los sistemas productivos con la finalidad de eliminar las plagas. Estos productos pueden alcanzar los sistemas acuáticos y entrar en contacto con sus diferentes organismos vivos: peces, anfibios; generando en ellos cambios genéticos de distintos grados. Lo que está planteado como una hipótesis fue corroborado por un estudio de investigación llevado adelante como parte de una tesis doctoral en el Instituto de Ictiología del Nordeste por Francisco Cowper-Coles.
El estudio que tiene como título técnico "Efectos del 2,4-D en Piaractus mesopotamicus a través de la frecuencia de aberraciones cromosómicas y el test de micronúcleos", no es otra cosa que el análisis de las consecuencias genéticas por efecto de un herbicida (2,4-D) sobre el pacú (Piaractus mesopotamicus).
De acuerdo con lo expresado por el doctor Cowper Coles, el trabajo aportó nueva información sobre la capacidad que tiene el herbicida evaluado, para promover errores en la replicación del ADN del pacú produciendo distintas mutaciones. Estas observaciones se dieron en concentraciones subletales del herbicida y en tiempos crónicos de exposición del pacú. Una concentración subletal es la que no genera la muerte de los individuos -en este caso los peces- pero que tienen vital importancia debido a sus posibles efectos en el material genético. Los estudios realizados por otros investigadores para evaluar el potencial genotóxico del 2,4- D fueron realizados por un máximo de hasta 96 horas con concentraciones muy superiores (25 ppm, 50 ppm y 75 ppm) capaces de producir un efecto agudo.
El contacto continuo de los peces al 2,4-D durante un largo periodo (70 días) como lo realizado posibilita apreciar los efectos de larga duración (crónicos). Mientras que las dosis utilizadas en este trabajo se encuentran muy por debajo de las utilizadas en otras experiencias (subletales).
La razón para la utilización de estas dosis radica en la posibilidad de evidenciar efectos que pueda tener el 2,4-D en pequeña dosis y un tiempo de contacto prolongado.

Por qué se estudian contaminaciones en peces como el Pacú
Los peces son particularmente blanco de la contaminación. Al ingerir sustancias contaminadas desarrollan alteraciones por bioacumulación. Por ese motivo son utilizados como modelos centinelas para evaluar la contaminación en ecosistemas acuáticos. Indefectiblemente, como es de suponer, esa contaminación termina afectando al ser humano.

Consecuencias genéticas visibles en los peces por acción del herbicida
Se encontraron alteraciones cromosómicas como gaps, quiebras, adhesividad, edomitosis y pulverización, sin embargo, estas pueden suceder -en bajas frecuencias- en células no expuestas a agentes genotóxicos. De ahí que el estudio evaluó si existen diferencias significativas entre los peces tratados con el herbicida y los no tratados (tomados como control). Se encontró que los peces tratados con diferentes concentraciones de herbicida se comportaron de forma diferente siendo significativas sus discrepancias. Tales diferencias se atribuyen a posibles variaciones ambientales en los meses de ensayo en dos años diferentes. En el ensayo con la formulación comercial, la concentración de 10 ppm mostró una respuesta significativa con su control, posiblemente se deba a las sustancias presentes en estas formulaciones. Los ensayos se realizaron con 2,4-D en formulación pura y comercial, arrojando importantes conclusiones.

Repercusiones en los peces por la acción herbicida
Se encontraron alteraciones cromosómicas como gaps, quiebras, adhesividad, edomitosis y pulverización, sin embargo, estas pueden suceder -en bajas frecuencias- en células no expuestas a agentes genotóxicos.
De ahí que el estudio evaluó si existen diferencias significativas entre los peces tratados con el herbicida y los no tratados (tomados como control). Se encontró que los peces tratados con diferentes concentraciones de herbicida se comportaron de forma diferente, siendo significativas sus discrepancias. Tales diferencias se atribuyen a posibles variaciones ambientales en los meses de ensayo en dos años diferentes. En el ensayo con la formulación comercial, la concentración de 10 ppm mostró una respuesta significativa con su control, posiblemente se deba a las sustancias presentes en estas formulaciones. "En el trabajo se pudo apreciar cómo las formulaciones comerciales que pueden tener otros compuestos, como subproductos de su producción industrial, tienen una mayor actividad clastogénica comparada con las formulaciones puras", dijo el investigador
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Denuncian que ya son más de 100 los proyectos mineros en Vinchina

Fecha de Publicación: 27/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: La Rioja


La Asamblea de Autoconvocados de Vinchina sostiene que hay más de 42 proyectos en la zona de la Laguna Brava. Exigen a la Provincia anular los permisos mineros.
La Asamblea de Autoconvocados de Vinchina denunció que en ese departamento del Oeste provincial hay más de 100 proyectos mineros autorizados por el Gobierno provincial.
La asamblea ambientalista -que exige la anulación de los permisos mineros y el retiro de las empresas que operan en la zona- sostuvo que desde diciembre pasado hasta la actualidad la Provincia incrementó la cantidad de permisos otorgados y que ahora son más de 100.
En enero pasado, la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina realizó bloqueos selectivos en Vinchina a camiones de las distintas empresas sindicadas como mineras y que operan en la región. En ese momento, los ambientalistas denunciaron que había 92 proyectos mineros en marcha. Ahora, la cifra habría superado los 100 permisos. "No solo que no se anularon los permisos mineros, sino que desde diciembre a la fecha hay más. Solo en Vinchina hay más de 100 proyectos mineros. A esto lo comprobamos porque salió en el Boletín Oficial", le comentó a La Rioja/12 Eve, una de las integrantes de la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina.
La ambientalista señaló que los bloqueos selectivos que se realizaron en enero se hicieron ante la falta de respuestas de la Provincia a los pedidos concretos de anulación de los permisos mineros. Antes de los cortes, la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina había presentado sendos pedidos formales ante la Secretaría de Ambiente y ante la Secretaría de Minería. En ningún caso hubo respuestas al pedido de cancelar los permisos.
Durante los cortes de enero, el gobernador Ricardo Quintela sostuvo que no habrá actividad minera en la provincia sin licencia social. Además, el mandatario había dicho que los vehículos que intentaron pasar y fueron bloqueados no hacen actividad minera, sino que estaban trabajando en obras viales. También había afirmado que su gobierno no aprueba la exploración minera en la zona de Vinchina.
"Los bloqueos de enero no lograron que se anulen los permisos. Lo que se logró fue que se suspendan por un tiempo los proyectos. Pero hoy el Gobernador sigue firmando permisos mineros desde diciembre a la fecha, está en los boletines oficiales", añadió Eve.
Eve sostuvo que ahora los camiones volvieron a la zona y que lo hacen por rutas alternativas para evitar ser bloqueados. "Entran por la zona de Guandacol. Por eso vamos a cambiar la modalidad, habrá bloqueos sorpresivos y cortes informativos en toda la provincia para que la población se entere de lo que está pasando con la megaminería", indicó.
“El Gobierno tiene que saber que el pueblo no le da licencia social. En Vinchina se juntaron más de 2.000 firmas en rechazo a la megaminería sobre una población total de 2.700 habitantes. La mayoría de la gente está en contra de la megaminería. Nuestras fuentes de agua y bienes comunes están en peligro ", aseguró la dirigente ambientalista.

Proyectos mineros
Desde la Asamblea de Autoconvocados de Vinchina se informó que entre los proyectos mineros más importantes en Vinchina y en otros departamentos de la provincia se destacan:
- KING TUT: es el proyecto de oro y cobalto más avanzado en Vinchina y está ubicado en la localidad de Valle Hermoso, sobre las sierras del Famatina. "Es una amenaza al río Valle Hermoso, única fuente de abastecimiento de agua del pueblo de Vinchina", alertaron los ambientalistas.
- TRANSPACIFIC MINERALS: La Asamblea sostuvo que esta empresa es titular del proyecto minero La Mula (en la Reserva Laguna Brava), incluido dentro del denominado "Triángulo del litio". Además, denuncian que hay más de 42 proyectos mineros en Laguna Brava. "La Reserva Laguna Brava conserva humedales andinos de alto valor biológico y hoy está amenazada con más de 42 proyectos", dijeron.
- QUEBRADA DE PEÑA NEGRA: Está ubicada en el departamento Villa Castelli. Según la asamblea, el yacimiento está activo y ya está instalado un campamento minero. "La quebrada está repleta de sitios de gran valor arqueológico", sostuvieron.
-HANAQ: La Asamblea sostiene que la empresa minera Hanaq Group Andes Mining cuenta con múltiples proyectos en la provincia y que los principales son: Cerro Delta (en la cordillera, cercana al cráter Corona del Inca y a la Laguna Brava) y Sierra de las Minas (en los llanos riojanos, Chepes).
- DEPARTAMENTO CAPITAL. Según informó la Asamblea, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reflotó a fines de 2021 el proyecto para continuar con la exploración de uranio en Las Cañas (zona de El Cantadero).
- UMANGO. La mina está ubicada en Villa Castelli y pertenece a la empresa minera UMG. "El yacimiento ya está activo y está impactando sobre una vega (brote de agua pura), cercana al proyecto", denunciaron.
-JOSEMARÍA. El proyecto se ubica al Norte de la provincia de San Juan, dentro de la Reserva Provincial San Guillermo, que está al lado de la Reserva Laguna Brava. "A solo 2 kilómetros de allí se encuentra el Glaciar El Potro, el más importante de la cordillera riojana, del cual nace el Río Blanco y que nutre con sus aguas a una parte de las provincias de San Juan y La Rioja", informaron.
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Gualeguaychú marchó contra la contaminación de las papeleras

Fecha de Publicación: 26/04/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos


La Asamblea Ambiental y vecinos de Gualeguaychú hicieron una nueva caravana al puente para exigir acciones a los gobiernos contra la finlandesa UPM-ex Botnia
Se realizó este domingo una nueva marcha al puente internacional San Martín para protestar contra la presencia de la fábrica de pasta de celulosa finlandesa UPM-ex Botnia en la costa de Uruguay frente a Gualeguaychú. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú advirtió que en el país vecino se radicarían más pasteras, sumando más contaminación, y expresaron expectativas ante la audiencia pública judicial convocada para junio.
Cientos de vecinos de Gualeguaychú y alrededores se concentraron en el refugio de Arroyo Verde, se movilizaron en autos hasta el cruce internacional y luego regresaron hasta la Costanera de la ciudad, donde leyeron una proclama referida a la historia y el presente del conflicto ambiental.
"Llevamos 18 años gritando al mundo que no aceptamos la contaminación traída por Finlandia a esta región. Volvemos para ratificar nuestro compromiso junto al pueblo uruguayo, de defender nuestro río Uruguay", anunciaron.
Los ambientalistas alertaron que en Uruguay, en Pueblo Centenario (en el departamento Durazno) "se está construyendo la segunda pastera de Botnia, UPM 2, cuyos efluentes recorrerán el cristalino río Negro y desembocarán en el río Uruguay, frente a las pesquerías en costa Uruguay Sur, a pesar de la lucha de varios colectivos uruguayos contra su construcción".
Además, advirtieron que la fábrica de la ex Botnia en Fray Bentos, frente a las costas entrerrianas, "aumentará la producción de químicos, a través de Kemira, para satisfacer las necesidades de insumos, los cuales serán transportados hasta la nueva pastera, por vía terrestre, con el riesgo que ello implica, violando una vez más el Tratado del Río Uruguay".

Responsabilidades públicas
La movilización ciudadana de Gualeguaychú apuntó a los poderes del Estado. "A nivel gubernamental se sigue dudando sobre la contaminación, nuestro gobernador (Gustavo Bordet) declaró en enero de este año que Botnia no contamina, desconociendo todos los estudios efectuados por las más altas autoridades científicas del país". Entre otras, citaron a las universidades de Buenos Aires, La Plata y Luján, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fueron presentados por Argentina ante la corte internacional de la Haya.
Y cuestionaron por deficientes los controles de contaminación que se le hacen a la pastera. "Vergonzosamente se sigue realizando un monitoreo viciado de nulidad, se le aceptan condiciones como que si no hay acuerdo entre las delegaciones de CARU Argentina y Uruguaya sobre los resultados estos no pueden ser publicados".
 "Hemos reclamado en infinidad de veces sobre este monitoreo mentiroso, pero los acuerdos binacionales de nuestros gobernantes terminan aceptando servilmente las condiciones impuestas", fustigaron.
También denunciaron que se ha modificado el digesto del río Uruguay, por parte de su Comisión Administradora, "otorgando mayores niveles de contaminación, para favorecer el funcionamiento y permitir mayor emisión de contaminantes a nuestro río y a nuestro aire por parte de estas plantas de celulosa".
Otro párrafo dedicaron a la derogación de la Ley de la Madera, que prohibía la exportación al Uruguay para evitar que se provea a Botnia. Desde que se derogó, durante el mandato anterior del gobierno de Bordet, "vemos salir de nuestra región y muy cerca rollizos de madera rumbo a Botnia, proveyendo de materia prima a una Empresa ilegal y contaminante", señalaron
En cuanto a algunos avances positivos en la disputa, mencionaron que el Municipio de Gualeguaychú, a partir de este mes colocará sensores de contaminación de aire, "un anhelo de esta Asamblea reclamado desde hace años".
Asimismo, valoraron: "nos reconforta, la decisión del juez Federal de Primera Instancia de nuestra ciudad que entiende en la causa sobre contaminación de Botnia. Esperemos que se logre hacer Justicia, que las autoridades de UPM cumplan con la convocatoria y que la CARU cumpla igualmente con el mandato judicial de presentar los documentos requeridos".
La marcha sucedió después de conocerse la convocatoria a audiencia pública realizada por parte del Juez Federal Hernán Viri, quien está a cargo de la causa por potencial contaminación que impulsó una denuncia presentada hace 16 años, en 2006, por el entonces gobernador Jorge Busti. La causa nunca terminó de sustanciarse en la Justicia.
El magistrado federal citó a la audiencia al intendente local, Martín Piaggio, quien ha respaldado la lucha ambiental de la comunidad de Gualeguaychú; el gobernador Gustavo Bordet, quien se ha inclinado durante su gestión provincial por acercar posiciones con el gobierno uruguayo; y el presidente de la delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay, José Lauritto, entre otras autoridades públicas de distintos poderes y estamentos.
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Fiscalizan varios predios por desmontes ilegales y encuentran una topadora escondida

Fecha de Publicación: 26/04/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


Al menos tres operativos de fiscalización forestal se realizaron en los últimos días en distintas localidades donde se constataron trabajos de desmontes sin correspondientes permisos.
Inspectores de la Dirección de Bosques constataron en un predio del Departamento Almirante Brown un desmonte sin permiso de unas 70 hectáreas. Se solicitó en consecuencia una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña, para ser llevada adelante por el Juzgado de Paz de Los Frentones.
Cuando ingresaron al predio, no se encontró la topadora con la cual se llevó adelante la tarea ilegal, se labró las actas correspondientes y se continúa la tramitación del expediente por infracción a la Ley 2079-R.
El segundo caso ocurrió en el Departamento 9 de Julio, predio en el que ya se habían realizado operativos por desmonte sin permiso en años anteriores. No estuvieron presentes el personal policial de la Comisaría de Las Breñas.
Al llegar al predio, los inspectores de Bosques y el oficial de Justicia, no pudieron acceder al predio. Sin embargo, finalmente lograron hacerlo y se constató la irregularidad y además encontraron dentro del predio una Topadora Caterpillar D6, de propiedad del dueño y presunto infractor, la que pretendía ser escondida en el monte. Se procedió al secuestro de la máquina y se labraron las correspondientes actas de infracción.
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Federovisky pidió controles exhaustivos antes de trasladar a dos elefantas de Mendoza a Brasil

Fecha de Publicación: 26/04/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Autoridades nacionales confirmaron que no hay "decisión de rechazar el pedido de traslado" de las dos elefantas a Brasil
El secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, afirmó hoy que la consulta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la Justicia sobre la pertinencia de trasladar a dos elefantas de Mendoza a un área protegida privada en Brasil que no está registrada como santuario se realizó para "no incurrir en una irresponsabilidad" y remarcó la importancia de ejercer "controles exhaustivos" sobre el establecimiento brasileño.
Las elefantas Pocha y su hija Guillermina viven en el exzoológico mendocino convertido en Ecoparque y el Gobierno provincial busca trasladarlas a un lugar privado denominado "santuario de elefantes" ubicado en las afueras de Cuiabá, en el estado brasileño de Mato Grosso.
La solicitud de la cartera de Ambiente a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) se efectuó en base a una inspección que realizó la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio en febrero al "Santuario de Elefantes Brasil".
"Visitamos el santuario, yo fui personalmente, y descubrimos gracias a la información que nos dio el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) que el santuario no está inscripto como santuario, sino que está inscripto en los registros del Ibama como criadero", explicó Federovisky a Télam.
Asimismo, detalló que una de las condiciones para el otorgamiento del certificado de traslado de acuerdo con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) es que "el sitio al cual se derive a ejemplares garantice que no haya reproducción de esos animales".
Además, indicó que la inexistencia de la categoría de santuario para el espacio de acogida constituye un llamado de atención y motiva la consulta para que "nosotros como Ministerio de Ambiente y las propias autoridades ambientales de Mendoza no incurramos en una irresponsabilidad de enviar los animales a un sitio que no garantiza su no reproducción y que, en todo caso, sea la Justicia que así lo determine".
"No hay ninguna decisión de rechazar el pedido de traslado. Lo que hay es el apego a la normativa y así como la provincia de Mendoza rechaza enviar las elefantas a algunos sitios que se han ofrecido para recibirlas en la Argentina por justamente considerar que no son santuarios en el sentido estricto del término, tampoco podemos hacer eso en Brasil", precisó el funcionario nacional.
Y, agregó: "El presunto santuario de Brasil que no está inscripto como santuario es una organización privada. Por lo tanto, los controles que hay que ejercer sobre ella tienen que ser exhaustivos, tal como se hace en la Argentina".
En este establecimiento ya se encuentra la elefanta Mara, que fue trasladada desde el Ecoparque porteño en 2020, pero cuando la comitiva del Ministerio de Ambiente visitó las instalaciones en febrero solo pudieron observarla "de lejos" y no tuvieron acceso a su historia clínica, indicó Federovisky.
Frente a la consulta a la Justicia por parte de la cartera nacional, el secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance, dijo a la prensa que ya tenían la documentación lista para el traslado seguro de las elefantas pero tuvieron que "generar un proceso de adaptación a los contenedores -donde viajarán- más largo de lo que estaba previsto con adiestradores internacionales y se venció el Cites de Argentina que ya había firmado el ministro (de Ambiente, Juan) Cabandié".
El funcionario añadió que volvieron a pedir al Ministerio de Ambiente las autorizaciones correspondientes para trasladarlas y no obtuvieron respuesta.
Al respecto, Federovisky aclaró a Télam: "Ahora la provincia pide otra vez el certificado Cites pero ocurre que en el medio entre que se venció el anterior y nos solicitan el otorgamiento de este, nosotros visitamos el santuario".
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Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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