Legislatura: aprobaron la rezonificación de Costa Salguero, el barrio de lujo en Costanera Sur y diez torres más

Fecha de Publicación: 06/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: CABA


El paquete impulsado por el Gobierno de la Ciudad afectará a más de cien hectáreas del acceso al Río de la Plata, entre Costanera norte y Costanera sur. Los proyectos tuvieron también apoyo de UCR-Evolución, Coalición Cívica y el Partido Socialista.
El oficialismo porteño aprobó en la Legislatura la rezonificación de Costa Salguero para su privatización, el barrio de lujo del Grupo IRSA en Costanera Sur y diez torres más a construirse en diversos barrios de la Ciudad. En un súper jueves de proyectos inmobiliarios, Vamos Juntos (VJ) dio aprobación definitiva a la segunda lectura del paquete impulsado por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que entre costanera sur y costanera norte afectará a más de cien hectáreas del acceso al Río de la Plata. Además, el oficialismo dio el visto bueno a una ley de "regularización" de "obras en contravención", que la oposición catalogó como "blanqueo" de construcciones ilegales.  Ante una Legislatura vallada, la ciudadanía se movilizó (ver aparte) para denunciar “la sesión más escandalosa de los últimos 30 años”.

Costa Salguero
"Vende - ZonaPro. Larreta remata la costanera", decían los carteles que legisladores y legisladoras del Frente de Todos (FdT) mostraron sobre sus bancas durante las casi seis horas de debate. "Creo que estamos en la sesión más importante que nos tocará en nuestros mandatos, estamos discutiendo cien hectáreas sobre la costanera", alertó Matías Barroetaveña, legislador del FdT, al inicio de su discurso. Con 36 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo consiguió aprobar la rezonificación de las 32 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco, paso necesario para su privatización. Al PRO lo acompañaron UCR-Evolución, Coalición Cívica y el Partido Socialista. El FdT, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad se opusieron a los cuatro proyectos.
"Estamos tratando el correlato de una ley con fallos de primera y segunda instancia que declararon la inconstitucionalidad de la venta", recordó a su turno Lucía Cámpora (FdT). En octubre, la Cámara de Apelaciones ratificó que es inconstitucional otra norma que atañe a Costa Salguero, la que a fines de 2019 habilitó al GCBA a enajenar esos terrenos. La Justicia argumentó que VJ no cumplió con la doble lectura que la Constitución porteña establece para ventas de tierras de "dominio público", aunque al Gobierno aun le queda la instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Con esa ley frenada, teminada la campaña electoral, el oficialismo decidió avanzar igual con la rezonificación que modifica la normativa constructiva de esos terrenos públicos. En Costa Salguero, más del 22 por ciento del espacio quedó ahora destinado a la construcción de edificios de hasta 24 metros para viviendas, oficinas, hoteles, entre otros usos. "Sería bochornoso que ahora el TSJ esté preparando un fallo a medida", advirtió Cámpora sobre la posbilidad de que, aprobada la rezonificación, la Justicia de el visto bueno para la venta.
Al inicio de la sesión, Daniel del Sol (VJ), presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, había presentado el proyecto como una "recuperación" de tierras en el resto del predio, "creando espacios verdes con mixtura de usos que permitan hacer ciudad donde no la hay". Lo cierto es que en abril de este año debía vencer la concesión de la empresa Telemetrix, a cargo del predio hace 30 años, y los terrenos podrían haber vuelto a ser de acceso público en su totalidad. Sin embargo, ante el freno de la Justicia a la privatización, el GCBA decidió prorrogar la concesión hasta 2022. "Desaprovechamos la oportunidad histórica de sumar espacios verdes a una ciudad que sólo tiene 4 metros por habitante cuando debería tener al menos 12", dijo en este sentido Barroetaveña, y señaló que "hoy la costanera tiene cerca de 16 kilómetros de largo, el 58 por ciento es inaccesible y al 20 por ciento se accede con restricciones".  
Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, más de dos mil porteños se manifestaron en contra del cemento sobre la costa en la audiencia pública por la rezonificación. "Es preocupante que no tomen nota del hecho en materia de participación que significaron las audiencias. Hay un vasto sector de la sociedad que no está de acuerdo", sostuvo Javier Andrade (FdT), vicepresidente de la Comisión de Planeamiento. En noviembre, en tanto, el FdT y organizaciones sociales entregaron más de 53 mil firmas en apoyo a la Iniciativa Popular (IP) para crear un parque público. Al superar las 40 mil adhesiones, la Legislatura quedó obligada a debatir el proyecto cuando el TSJ termine de verificar las firmas. La aprobación de este jueves no impide que la IP sea tratada.

Costa Urbana
El proyecto "Costa Urbana" de IRSA quedó aprobado con los mismos votos a favor que el de Costa Salguero. Veinte legisladores (FdT, FIT y AyL) votaron en contra y se abstuvieron Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen, que habían rechazado Costa Salguero. En menos de medio año --el proyecto ingresó a la Legislatura el 20 de julio--, el oficialismo habilitó ni más ni menos que un nuevo barrio en la ciudad, frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente. Ahora, IRSA podrá levantar un barrio de más de 30 edificios de hasta 145 metros en el predio de 72 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors que compró hace 24 años.
Aunque el oficialismo promociona que el 67 por ciento del predio será destinado a un parque, los números finos marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de "espejo de agua". "Es el cauce del Río de la Plata. ¿Están dando como contraprestación algo del dominio público?”, preguntó Claudia Neira, presidenta de la Comisión de Espacio público, por la que llamativamente no pasó el proyecto. "Quieren un Estado que intervenga a favor de los grandes desarrolladores con negocios siderales. Lo hacen con IRSA que compró el predio a 50 millones de dólares y con esto los transforma en más de mil", añadió Barroetaveña.
Al inicio de la sesión se vivió una nueva escena de la interna UCR - PRO, cuando UCR-Evolución pidió una moción para reservar el convenio con IRSA. "Hay cosas que hemos recogido de la participación ciudadana que podemos seguir trabajando", anunció Martín Ocampo, quien enumeró nueve pedidos de modificación. Sin embargo, la moción solo fue acompañada por la oposición y no consiguió los votos necesarios. "Entonces adelantamos el voto negativo", dijo, nervioso, Ocampo. Cinco horas después, el propio legislador anunció que sí acompañarían el proyecto.
"De los nueve planteos que hicieron hay seis que no consiguieron", remarcó Andrade sobre la decisión de UCR. Un tres por ciento más de espacio cedido, garantizar baños públicos, ninguna modificación sustancial del proyecto original. Sin los votos de UCR, VJ no hubiera llegado a los 31 que necesitaba."Mucha rosca en la sesión, mucha movilización afuera. La gente se ha encontrado todo vallado, evidentemente Larreta defiende los intereses de la especulación”, subrayó Amanda Martín (FIT) sobre la concentración a las puertas de la Legislatura.
Del paquete de convenios que buscaba habilitar excepciones a la normativa de edificación para permitir nuevas torres, el oficialismo aprobó diez de los once previstos. "Están generando privilegio para los que se pueden sentar a negociar con ustedes. El único verde que le interesa a esta gestión son los dólares”, aseguró Barroetaveña. El convenio que se levantó proyectaba un edificio de 73 metros en Corrientes y Gallo, límite de Almagro y Balvanera. Las otras diez torres se aprobaron con 32 votos a favor y 26 en contra, ya que la Coalición Cívica rechazó el paquete.  
Por último, el oficialismo también avanzó con la ley de "regularización de obras en contravención". “Es un blanqueo general, con objetivo recaudatorio y sin importar el daño que hace a la ciudad", advirtió la legisladora María Rosa Muiños (FdT). La norma da facilidades de pago y financiación de multas a aquellas constructoras que excedieron en hasta 5 mil metros cuadrados la capacidad constructiva que establece el Código de Edificación. Hasta hoy, el límite estaba en cien metros.
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