La ley antiminera de Mendoza en debate
08:00 | 
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Eco Sitio |
La ley antiminera, otra vez en discusión
Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin querer, el Gobierno provincial abrió nuevamente el debate sobre la Ley 7.722, pero no para analizar su constitucionalidad, algo que resolvió la Suprema Corte de Mendoza en diciembre, sino por los alcances y las interpretaciones que se hacen de la norma por las tareas de saneamiento ambiental en la mina de uranio Sierra Pintada, trabajos que requieren el uso de sustancias tóxicas.
Es que mientras la Secretaría de Minería avanza con el "diálogo" para desarrollar una política minera para Mendoza, su par de Ambiente lo hará con la Declaración de Impacto Ambiental para solucionar los pasivos ambientales que dejó un proyecto de explotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) detenido desde 1995 y que, cuando se intentó poner nuevamente en producción, fue frenado por un amparo en Justicia Federal de San Rafael.
La sola discusión de la DIA (paso previo a las tareas de saneamiento ambiental debido a los residuos que quedaron en 1995) abre una serie de frentes que parecían cerrados, pero que traen a colación la "calidad" de la Ley 7.722, que más allá de que se confirmó su constitucionalidad tiene varios "grises" que ahora volverán a ponerse en el debate.
La cuestión es que técnicamente, por ejemplo, para solucionar los pasivos ambientales es necesario utilizar ácido sulfúrico, una de las sustancias que prohíbe expresamente la Ley 7.722 en los procesos mineros.
Allí se abre un debate jurídico que "sí o sí" volverá a poner sobre la mesa la norma, justo en el momento que la decena de empresas mineras que pidió la inconstitucionalidad prepara la apelación a la Corte Suprema de la Nación. La cuestión es que los caminos indican que para avanzar con la remediación se debería avanzar con una ley complementaria o, en su defecto, un decreto gubernamental.
Además, se abrirá -especialmente en el sur- el debate por la reapertura de Sierra Pintada, porque el amparo que existe se presentó ante la intención de la CNEA de reactivar el yacimiento, lo que la justicia detuvo, pero -a priori- sólo hasta que se remediara la situación del dique de cola -entre otros pasivos- que tiene agua con uranio.
Para el exministro de Ambiente y posterior titular de Energía y Minería de la provincia, Marcos Zandomeni (a quién le tocó conocer de conocer de cerca el caso de Sierra Pintada), "lo más importante es dar una solución ambiental, terminar con el problema, y la única forma técnica que se conoce es usando el ácido sulfúrico".
En conversación con MDZ, el exfuncionario dijo que más allá de las interpretaciones que se hagan de la norma, la solución es una sola y se deben buscar las formas para aplicarla.
Alternativas
Un punto claro es que -por ahora- no existe una solución técnica posible de eliminar el pasivo sin la utilización del ácido sulfúrico y a partir de allí se abren los caminos a las posibles soluciones.
El artículo 1 de la Ley 7.722 dice: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo"
Considerando el texto, hay una interpretación que indica que no se puede usar por la restricción de la Ley, mientras otra señala que es posible hacerlo porque la normativa no prohíbe el uso de ácido en el proceso de "remediación", sino de "explotación" y sus similares.
Esta última es la visión del diputado radical Gustavo Villegas (General Alvear), quien considera que es posible avanzar con el proceso de remediación porque la Ley dice claramente lo que no se puede hacer y limita las sustancias a los procesos productivos. "Lo que la ley no prohíbe está permitido", señaló en conversación con MDZ, aunque aclaró que todo avance va a depender de la Justicia Federal de San Rafael, que es la que debe autorizar cualquier movimiento al encontrarse vigente un amparo.
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Fecha de Publicación: 24/07/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Casi sin querer, el Gobierno provincial abrió nuevamente el debate sobre la Ley 7.722, pero no para analizar su constitucionalidad, algo que resolvió la Suprema Corte de Mendoza en diciembre, sino por los alcances y las interpretaciones que se hacen de la norma por las tareas de saneamiento ambiental en la mina de uranio Sierra Pintada, trabajos que requieren el uso de sustancias tóxicas.
Es que mientras la Secretaría de Minería avanza con el "diálogo" para desarrollar una política minera para Mendoza, su par de Ambiente lo hará con la Declaración de Impacto Ambiental para solucionar los pasivos ambientales que dejó un proyecto de explotación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) detenido desde 1995 y que, cuando se intentó poner nuevamente en producción, fue frenado por un amparo en Justicia Federal de San Rafael.
La sola discusión de la DIA (paso previo a las tareas de saneamiento ambiental debido a los residuos que quedaron en 1995) abre una serie de frentes que parecían cerrados, pero que traen a colación la "calidad" de la Ley 7.722, que más allá de que se confirmó su constitucionalidad tiene varios "grises" que ahora volverán a ponerse en el debate.
La cuestión es que técnicamente, por ejemplo, para solucionar los pasivos ambientales es necesario utilizar ácido sulfúrico, una de las sustancias que prohíbe expresamente la Ley 7.722 en los procesos mineros.
Allí se abre un debate jurídico que "sí o sí" volverá a poner sobre la mesa la norma, justo en el momento que la decena de empresas mineras que pidió la inconstitucionalidad prepara la apelación a la Corte Suprema de la Nación. La cuestión es que los caminos indican que para avanzar con la remediación se debería avanzar con una ley complementaria o, en su defecto, un decreto gubernamental.
Además, se abrirá -especialmente en el sur- el debate por la reapertura de Sierra Pintada, porque el amparo que existe se presentó ante la intención de la CNEA de reactivar el yacimiento, lo que la justicia detuvo, pero -a priori- sólo hasta que se remediara la situación del dique de cola -entre otros pasivos- que tiene agua con uranio.
Para el exministro de Ambiente y posterior titular de Energía y Minería de la provincia, Marcos Zandomeni (a quién le tocó conocer de conocer de cerca el caso de Sierra Pintada), "lo más importante es dar una solución ambiental, terminar con el problema, y la única forma técnica que se conoce es usando el ácido sulfúrico".
En conversación con MDZ, el exfuncionario dijo que más allá de las interpretaciones que se hagan de la norma, la solución es una sola y se deben buscar las formas para aplicarla.
Alternativas
Un punto claro es que -por ahora- no existe una solución técnica posible de eliminar el pasivo sin la utilización del ácido sulfúrico y a partir de allí se abren los caminos a las posibles soluciones.
El artículo 1 de la Ley 7.722 dice: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo"
Considerando el texto, hay una interpretación que indica que no se puede usar por la restricción de la Ley, mientras otra señala que es posible hacerlo porque la normativa no prohíbe el uso de ácido en el proceso de "remediación", sino de "explotación" y sus similares.
Esta última es la visión del diputado radical Gustavo Villegas (General Alvear), quien considera que es posible avanzar con el proceso de remediación porque la Ley dice claramente lo que no se puede hacer y limita las sustancias a los procesos productivos. "Lo que la ley no prohíbe está permitido", señaló en conversación con MDZ, aunque aclaró que todo avance va a depender de la Justicia Federal de San Rafael, que es la que debe autorizar cualquier movimiento al encontrarse vigente un amparo.
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