Lago Escondido: promueven agilizar la causa del acceso
08:00 | 
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Piden intervenir por el acceso a Lago Escondido
Fecha de Publicación: 29/04/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Fecha de Publicación: 29/04/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los abogados ambientalistas quieren constituirse como "amigos del tribunal" en la causa que lleva más de nueve años sin definición para agilizar una solución definitiva.
Ante la prolongada indefinición del mandamus interpuesto por la senadora Magdalena Ordada para garantizar el libre acceso al Lago Escondido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió ser aceptado como "Amicus Curiaer" (amigos del tribunal) para dar nuevo impulso a la causa.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicial por el presidente de la organización, Enrique Viale, señala como "un verdadero retroceso jurídico" que "no se brinde debido cumplimiento" a las sentencia dictada en 2009 que ordenó a la provincia la reapertura del camino desde Tacuifi.
Esa decisión generó una extensa polémica pública que quedó empantanada incluso en el plano judicial con la presentación de caminos alternativos, disculpas de orden presupuestario y un sinnúmero de recursos pendientes de solución hasta la fecha.
Viale recordó que la sentencia "no hace otra cosa que revalidar la posibilidad de utilizar un simple camino preexistente ("Tacuifí"), y del cual los vecinos han venido haciendo utilización históricamente".
El abogado advirtió que "consolidar ese criterio jurídico constituiría un retroceso inaceptable en materia ambiental" y reiteró que "los lagos navegables, sus lechos y sus márgenes, pertenecen al dominio público del estado y, por tanto, todos los habitantes tienen un derecho de uso y goce sobre los mismos".
Los abogados ambientalistas buscan dar renovado impulso al expediente, que tuvo escaso avance tras la designación del juzgado Civil 3 como tribunal de ejecución de sentencia. "El hecho de restringir las condiciones de acceso al espejo de agua público Lago Escondido, permitiendo que sólo accedan al mismo montañistas aguzados o personas con altos recursos, importante tiempo disponible y guía especializada implicaría una importante discriminación hacia más del 90 por ciento de los habitantes de la República", señaló la organización.
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Ante la prolongada indefinición del mandamus interpuesto por la senadora Magdalena Ordada para garantizar el libre acceso al Lago Escondido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió ser aceptado como "Amicus Curiaer" (amigos del tribunal) para dar nuevo impulso a la causa.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicial por el presidente de la organización, Enrique Viale, señala como "un verdadero retroceso jurídico" que "no se brinde debido cumplimiento" a las sentencia dictada en 2009 que ordenó a la provincia la reapertura del camino desde Tacuifi.
Esa decisión generó una extensa polémica pública que quedó empantanada incluso en el plano judicial con la presentación de caminos alternativos, disculpas de orden presupuestario y un sinnúmero de recursos pendientes de solución hasta la fecha.
Viale recordó que la sentencia "no hace otra cosa que revalidar la posibilidad de utilizar un simple camino preexistente ("Tacuifí"), y del cual los vecinos han venido haciendo utilización históricamente".
El abogado advirtió que "consolidar ese criterio jurídico constituiría un retroceso inaceptable en materia ambiental" y reiteró que "los lagos navegables, sus lechos y sus márgenes, pertenecen al dominio público del estado y, por tanto, todos los habitantes tienen un derecho de uso y goce sobre los mismos".
Los abogados ambientalistas buscan dar renovado impulso al expediente, que tuvo escaso avance tras la designación del juzgado Civil 3 como tribunal de ejecución de sentencia. "El hecho de restringir las condiciones de acceso al espejo de agua público Lago Escondido, permitiendo que sólo accedan al mismo montañistas aguzados o personas con altos recursos, importante tiempo disponible y guía especializada implicaría una importante discriminación hacia más del 90 por ciento de los habitantes de la República", señaló la organización.
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