Dioxitek genera dudas en Formosa
09:27 | 
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Eco Sitio |
Instalación de planta de uranio atenta contra leyes argentinas
Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Formosa
La instalación de una planta procesadora de dióxido de uranio en Formosa, Argentina, viene causando preocupación. Después de ser expulsada de Córdoba, donde provocó una intensa contaminación ambiental, y recusada en tres ciudades, Dioxitek, empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), consiguió el apoyo del Gobierno de Formosa para su implantación en esa provincia.
Preocupada por la consolidación del equipamiento, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) decidió solicitar que el caso sea investigado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Defensoría del Pueblo, a fin de verificar cómo se gestaron esos proyectos y con qué fondos se pretende concretarlo. Si es necesario, la organización ambiental llevará la situación a la Justicia Federal.
La Funam también está realizando un alerta nacional e internacional sobre la grave situación institucional de la provincia, porque, si se concreta, la construcción de la planta de uranio será considerada ilegal. La iniciativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución local y el artículo 13 de la ley provincial 1060, legislaciones que prohíben la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de materiales radioactivos.
"Pronosticamos una dura batalla judicial que demostrará, finalmente, la ilegalidad del proyecto, pero Gildo Insfrán y Julio de Vido quieren que, cuando eso ocurra, la planta ya esté construida. Hasta finalizarán un puente secreto en la zona del proyecto, también ilegal, para facilitar su construcción”, denuncia Raúl Montenegro, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, se han mostrado como los principales interesados en la implantación del proyecto. Montenegro denuncia que Dioxitek fue expulsada de Córdoba por la contaminación provocada en barrios populosos; además, su proyecto fue rechazado en tres ciudades de la provincia de Córdoba y también en La Rioja y Mendoza. Sólo Formosa aceptó el proyecto, que está siendo llamado Nueva Planta de Uranio (NPU), a fin de desvincular su imagen de los perjuicios provocados en Córdoba.
El próximo 15 de julio, el Gobierno de Formosa realizará una audiencia pública para debatir el asunto. En una nota, la Funam critica la audiencia solicitada de improviso y denuncia la intención real de la iniciativa gubernamental.
"Está claro que el gobierno provincial busca aprobar el estudio de impacto ambiental realizado para esa planta, un estudio pésimo y con vacíos tan inaceptables como sugestivos. En ninguna parte figuran, por ejemplo, las normas de Formosa que prohíben su instalación, o los rechazos de localización que tuvo Dioxitek. Ni siquiera se menciona que las rutas del Chaco tampoco pueden ser utilizadas por camiones que transporten uranio natural, dióxido de uranio y otros residuos radioactivos de y hacia Formosa porque la Ley 3.902 de 1993 declaró el Chaco como provincia no nuclear”, denuncia la Fundación para la Defensa del Ambiente.
La construcción del Polo Tecnológico, donde estaría instalada la planta procesadora de dióxido de uranio, se puede convertir en un problema no sólo para Argentina. La región elegida para su implantación queda a sólo 10 kilómetros de la frontera con Paraguay. Según informaciones de periódicos argentinos, la Cancillería del país todavía no respondió a las ocho solicitudes del Congreso paraguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Fecha de Publicación: 17/07/2014
Fuente: Adital
Provincia/Región: Formosa
La instalación de una planta procesadora de dióxido de uranio en Formosa, Argentina, viene causando preocupación. Después de ser expulsada de Córdoba, donde provocó una intensa contaminación ambiental, y recusada en tres ciudades, Dioxitek, empresa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), consiguió el apoyo del Gobierno de Formosa para su implantación en esa provincia.
Preocupada por la consolidación del equipamiento, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) decidió solicitar que el caso sea investigado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y por la Defensoría del Pueblo, a fin de verificar cómo se gestaron esos proyectos y con qué fondos se pretende concretarlo. Si es necesario, la organización ambiental llevará la situación a la Justicia Federal.
La Funam también está realizando un alerta nacional e internacional sobre la grave situación institucional de la provincia, porque, si se concreta, la construcción de la planta de uranio será considerada ilegal. La iniciativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución local y el artículo 13 de la ley provincial 1060, legislaciones que prohíben la realización de pruebas nucleares y el almacenamiento de materiales radioactivos.
"Pronosticamos una dura batalla judicial que demostrará, finalmente, la ilegalidad del proyecto, pero Gildo Insfrán y Julio de Vido quieren que, cuando eso ocurra, la planta ya esté construida. Hasta finalizarán un puente secreto en la zona del proyecto, también ilegal, para facilitar su construcción”, denuncia Raúl Montenegro, profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nobel Alternativo.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, se han mostrado como los principales interesados en la implantación del proyecto. Montenegro denuncia que Dioxitek fue expulsada de Córdoba por la contaminación provocada en barrios populosos; además, su proyecto fue rechazado en tres ciudades de la provincia de Córdoba y también en La Rioja y Mendoza. Sólo Formosa aceptó el proyecto, que está siendo llamado Nueva Planta de Uranio (NPU), a fin de desvincular su imagen de los perjuicios provocados en Córdoba.
El próximo 15 de julio, el Gobierno de Formosa realizará una audiencia pública para debatir el asunto. En una nota, la Funam critica la audiencia solicitada de improviso y denuncia la intención real de la iniciativa gubernamental.
"Está claro que el gobierno provincial busca aprobar el estudio de impacto ambiental realizado para esa planta, un estudio pésimo y con vacíos tan inaceptables como sugestivos. En ninguna parte figuran, por ejemplo, las normas de Formosa que prohíben su instalación, o los rechazos de localización que tuvo Dioxitek. Ni siquiera se menciona que las rutas del Chaco tampoco pueden ser utilizadas por camiones que transporten uranio natural, dióxido de uranio y otros residuos radioactivos de y hacia Formosa porque la Ley 3.902 de 1993 declaró el Chaco como provincia no nuclear”, denuncia la Fundación para la Defensa del Ambiente.
La construcción del Polo Tecnológico, donde estaría instalada la planta procesadora de dióxido de uranio, se puede convertir en un problema no sólo para Argentina. La región elegida para su implantación queda a sólo 10 kilómetros de la frontera con Paraguay. Según informaciones de periódicos argentinos, la Cancillería del país todavía no respondió a las ocho solicitudes del Congreso paraguayo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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